Educación superior para estudiantes con discapacidad

Education superior for the students with disability

Rocío Molina Béjar

Universidad del Rosario, Bogotá, Colombia rmolina@urosario.edu.co

RESUMEN

La investigación planteó la relación entre discapacidad, educación superior y política institucional, puso de manifiesto que a pesar de un marco políticamente legitimado de equiparación de oportunidades e inclusión educativa para las personas con discapacidad, el problema de negligencia con derecho a la educación superior de esta población es severo. Aquí la discapacidad se consideró como una condición resultante de diferentes factores, en los cuales interactúan lo social, lo cultural y lo epidemiológico. El estudiante con discapacidad es sujeto de exclusión del capital humano de la sociedad, por lo cual ve limitada su capacidad para aportar al desarrollo personal y social. La exploración de la realidad de la inclusión educativa en ámbitos universitarios buscó evidenciar la existencia o no de una política institucional que asegurara el ingreso, la permanencia y el egreso satisfactorio del estudiante con discapacidad y con ello se logre su autonomía y vida independiente.

Palabras clave: Discapacidad; educación superior; inclusión educativa; política institucional

ABSTRACT

This investigation raised the relation between disability and superior education and institutional policy. It showed that in spite of a frame politically legitimized of comparison of opportunities and educative inclusion for the people with disability, the problem of the negligence with the right to the superior education of this population is severe. Here the disability was considered like a resulting condition of different factors, where the social thing, cultural interact and the epidemiologist. The person with disability is subject of exclusion of the human capital of the society, thus she sees limited his capacity to contribute to the personal and social development. The exploration of the reality of the educative inclusion in university scopes looked for to demonstrate the existence or not of an institutional policy that assured the entrance, the permanence and the satisfactory debit of the student with disability and with it is obtained the autonomy and independent life.

Key words: Disability; superior education; educative inclusion, institutional policy

INTRODUCCIÓN

Universalmente se reconoce que la educación es un derecho básico, es el soporte que tiene la sociedad para consolidar el sistema político-democrático, y ofrecer garantías a todos. El derecho de la persona con discapacidad a la educación, no sólo se plasma en la Constitución Política de Colombia de 1991, en la Ley 30 de Educación Superior de 1990 y en la Ley 115 de 1994 (Ley General de Educación), sino en otros marcos legales. Tal es el caso, de las leyes 361 de 1997 que establece mecanismos de inclusión para la persona con discapacidad en todos los ámbitos humanos y la 324 de 1996, por la cual se crean normas a favor de la población sorda. El decreto 2082 de 1996 reglamenta también, la atención educativa a personas con discapacidad y un sinnúmero más de disposiciones normativas y legales amparan el derecho a la educación de las personas con discapacidad.

Aunque la política y reglamentación educativas para las personas con discapacidad en Colombia, han sido objeto de interés de diferentes actores políticos y de la sociedad civil por más de una década al presente, éstas se han restringido a los lineamientos para la educación básica primaria y secundaria, y no se han hecho extensibles al nivel superior (Díaz, 2003). Se ha olvidado que la esencia de acceder a este nivel de educación, es tener la oportunidad de desarrollar habilidades sociales, aumentar los conocimientos y cualificarse para ingresar al mundo laboral, y contribuir así de una forma importante al desarrollo e inclusión en la sociedad (Parra, 2003).

La investigación abordó la relación triangular entre discapacidad, educación y política institucional, en particular se exploraron y analizaron las iniciativas, los programas y las acciones que se llevan a cabo en las instituciones universitarias. Se desarrolló como un estudio exploratorio descriptivo que empleó como instrumentos la encuesta con el fin de evidenciar el conocimiento y accionar de los entes académico y administrativo, hacedores de la política, frente a la inclusión educativa del estudiante con discapacidad en el contexto universitario de Colombia.

La inclusión educativa se asume como una cuestión de derecho fundamental que, en primera medida, defiende el no segregar a ninguna persona de la educación en razón de su discapacidad y, segundo, la reconoce como una actitud que posibilita la participación de la población con discapacidad en igualdad de oportunidades.

Marcos legales y experiencias inclusivas en educación superior en Colombia

En Colombia el marco legal internacional ha tenido implicaciones en la medida que el país está comprometido con el respeto a los derechos humanos; además, es firmante de las Normas Uniformes para la Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad de 1993. Según el Informe Regional de las Américas de agosto de 2004, presentado en la ONU, Colombia figura entre los 10 países calificados como “moderadamente incluyentes”, esto es, que realiza algunas acciones a favor de la inclusión de la persona con discapacidad en distintos ámbitos y da cumplimiento a las normas que, en materia de inclusión, se establecen en igualdad de oportunidades, se ha comprometido a realizar.

La Constitución Política de Colombia (1991)¹ protege a las personas con discapacidad. Lo expresado se refleja en el artículo constitucional 47 el cual señala que “se dará protección para las personas con disminución física, sensorial, psíquica” y el artículo 68 que “es obligación del Estado la erradicación del analfabetismo y la educación de personas con limitaciones físicas o mentales o con capacidades excepcionales” (Presidencia de la República, 1991). Así, la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad está políticamente legitimada.

Desde la promulgación de la Constitución Política en Colombia en 1991, el Estado ha trabajado políticas públicas relacionadas con la problemática de discapacidad y cuenta con un marco legal que ha buscado generar mayor compromiso y equidad social. Igualmente, se ha orientado a la protección de los derechos de las personas con discapacidad y ha fijado las obligaciones del Estado con esta población. Se generan, entonces, leyes, acuerdos, decretos y resoluciones que se pueden condensar así: en el aspecto educativo, y como normas generales para el acceso a la educación, aparecen la ley 115 de 1994 y la ley 361 de 1997, en las cuales se resalta la igualdad de oportunidades para la población con discapacidad.

Entre otros documentos que deben ser considerados están el del Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES) 2761, de enero 25, de 1995 como una política de prevención y atención a la discapacidad;² la ley 324 de 1996, por la cual se establecen normas a favor de la población sorda; el decreto 2082 de 1996, por el cual se reglamenta la atención educativa para personas con limitaciones o con capacidades o talentos excepcionales³ y la ley 361 del 7 de febrero de 1997, que establece mecanismos que favorezcan la integración de las personas con discapacidad.⁴ Específicamente, su artículo 8 va más allá del sólo proceso de admisión, para buscar disminuir las barreras socio-culturales que han permanecido históricamente hacia esta población y asegurar, dentro del proceso educativo, cultural y de formación integral, la información sobre el trato a la persona con discapacidad.

El marco enunciado soporta políticamente las acciones que han buscado ofrecer mejores condiciones educativas para la población con discapacidad. En Colombia, como en otros países, la legislación ha sido un primer paso hacia la participación de las personas con discapacidad en la construcción de una sociedad para todos. Aunque es evidente que en Colombia existen grandes dificultades en la operacionalización de la misma, aspecto que destaca Parra (2004) en su estudio, en el cual señala: 1) la falta de conciencia y voluntad política, 2) la escasez de recursos, la persistencia de creencias y prácticas intolerantes, negativas y excluyentes, 3) la escasa generación de proyectos educativos orientados a la inclusión educativa de las personas con discapacidad y 4) la débil vigilancia y control del cumplimiento de las decisiones. Por estas razones, es indudable que se restringen los esfuerzos para hacer frente a los problemas con el vigor y la determinación necesarios.

Al analizar los resultados sobre las tendencias de la población con y sin discapacidad, Parra (2004), estableció que en la educación básica primaria, la población con discapacidad culmina en una alta proporción su ciclo educativo, mientras que en secundaria disminuye el porcentaje de las personas que logran graduarse; esta tendencia se hace más notoria en el nivel de formación superior:

Si bien los registros reportados por Parra (2004), muestran que el acceso a la educación aún es incipiente, se espera que se incremente en los próximos años, debido a que, según la proyección hecha por el Ministerio de Educación y el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) en 2003, se tenían 20.000 estudiantes y para el 2005 se esperaban 66.000. Sin embargo, las cifras sobre población con discapacidad del DANE (2008) señalan que el 6,3% de la población colombiana presenta limitaciones permanentes, de este porcentaje, el 33,3% no tiene nivel educativo, el 29,1% tiene nivel de básica primaria incompleta; para el caso de la educación superior se encuentra que cerca del 2,34% tiene algún nivel (técnico, tecnológico o profesional, el 1% personas culmina sus estudios superiores y el 0,1%, han cursado postgrados.⁵

Los esfuerzos han estado concentrados en la inclusión a los niveles de educación básica y media. El trabajo en el nivel universitario frente al ingreso es incipiente, igualmente, la pertinencia de los programas en razón de las necesidades de los estudiantes con discapacidad, la permanencia con calidad y el egreso efectivo. Para ello se requieren estrategias que disminuyan las barreras de tipo administrativo, tecnológico y financiero y que las instituciones de educación superior incorporen en su agenda acciones para dicha población. Se requiere que los entes gubernamentales responsables de la educación nacional impulsen la realización de convenios y programas con las administraciones territoriales, las universidades y las organizaciones no gubernamentales y la sociedad civil. De esta manera, uniendo esfuerzos, se logre: 1) conocer el número de estudiantes y 2) comprobar que la voluntad institucional es una realidad para la inclusión de los estudiantes en el ámbito universitario.

El objetivo de esta investigación no es dar cuenta del número de estudiantes en situación de discapacidad, incluidos en las instituciones de educación superior analizadas y su ingreso, permanencia y egreso, por tanto, el alcance de ésta es hacer una descripción de las acciones inclusivas en las universidades.

Adicionalmente, observando cifras del censo de 2005, según éste, el 6,4% de la población tiene algún tipo de discapacidad, lo cual significa que hay aproximadamente 2.640.000 colombianos en esta situación. Comparando estas cifras con las de Parra (2004), pueden afirmar que el problema, al igual que el número de habitantes con discapacidad, ha ido en aumento.

La variabilidad observada en las cifras sobre discapacidad de las fuentes citadas pone de manifiesto el problema de información y sistematización en Colombia.

MÉTODO

Esta investigación se realizó bajo la modalidad de un estudio exploratorio- descriptivo, con las siguientes etapas: 1) enunciación del problema, 2) selección de fuentes y de técnicas para recolección de datos, y 3) determinación de los tópicos de información que se adecuen al propósito del estudio. Los tópicos son: política institucional, programas y acciones en integración educativa, información y capacitación, proceso de admisión y registro y accesibilidad y tecnología.

La encuesta se diseñó con 11 preguntas, algunas tomadas del “Listado de identificación de barreras relacionadas con el ámbito de la educación superior”,⁶ otras inspiradas en las recomendaciones del Special Education Needs of Disability Act (SENDA, UK, 2002) y unas del estudio sobre “Condiciones de vida y necesidades de los estudiantes con discapacidad” (Alcantud, Ávila y Asensi, 2000). Estas preguntas incluyen elementos evidenciados en la literatura como necesarios para analizar la práctica de inclusión educativa en ambientes académicos.

La encuesta se consideró la técnica más apropiada porque es objetiva y permite hacer inferencias más allá de los datos. La encuesta fue revisada por tres expertos seleccionados como jueces del instrumento por su alto nivel docente e investigativo en discapacidad, ellos fueron: un fisioterapeuta, PhD en salud pública, una fonoaudióloga especialista en epidemiología y una fisioterapeuta magíster en antropología. Por lo anterior, la encuesta se considera fuerte en validez externa.

La técnica de recolección de la información fue desarrollada de manera personal y por correo. La modalidad de pregunta fue cerrada y abierta. La primera presentó a los encuestados dos alternativas de respuesta y la segunda, fue abierta y tuvo como ventaja la riqueza de la información.

Se establecieron tópicos de información derivados de la estructura de los instrumentos de recolección de datos que se adecuaron al propósito del estudio, ellos son: política institucional, programas y acciones en inclusión educativa, información y capacitación, proceso de admisión y registro y accesibilidad y tecnología.

● Política institucional. Se refiere a las disposiciones normativas inscritas en el plan de desarrollo o educativo de cada universidad, orientadas a la inclusión de los estudiantes con discapacidad. Autores como Naicker y García (1998), Alcantud, Asensi y Ávila (2000), Ainscow (2001), Arnaiz (2002), Asensi (2004) destacan la formulación de la política institucional como uno de los elementos centrales para lograr la articulación de programas y ejecución de los mismos.

● Programas o acciones de apoyo para estudiantes con discapacidad. Hacen referencia a los apoyos o conjunto de acciones que atienden las necesidades académicas, culturales, de convivencia y laborales del estudiante con discapacidad en las universidades. El señalamiento sobre los apoyos al interior de las instituciones representado en acciones o programas, redunda en el bienestar de la población con discapacidad y mejora las condiciones de aprendizaje. Autores como Van Acker (1996); Naicker y García (1998); Weiner (1999); De la Puente (2002); Ainscow (2001); Verdugo (2003), y Asensi (2004) así lo expresan.

● Proceso de selección y registro. El primero se refi ere a las estrategias o los mecanismos considerados para el cumplimiento de los requisitos de ingreso en igualdad de oportunidades a todos los estudiantes-aspirantes y, el segundo, se relaciona con la forma de registro sistemático del número de estudiantes con discapacidad y sus datos. Arnaiz (2002); De la Puente (2002), y Parra (2004) destacan la importancia de este proceso.

● Conocimiento y formación en inclusión educativa. Incorpora los niveles de formación e información de la comunidad universitaria (docentes, administrativos, directivos, estudiantes) sobre la discapacidad y la inclusión educativa de personas a la educación universitaria. Para Ginè (1998), Ainscow (2001), Macotela (2003), Soto (2003), un proceso de inclusión implica una experiencia de toda la comunidad educativa para lo cual debe tener conocimiento y formación.

● Accesibilidad y tecnología. Se refi ere a los apoyos necesarios para funcionalidad e independencia de la persona con discapacidad en el ámbito educativo (movilización, soporte en los procesos de aprendizaje, adecuación del entorno físico, etc.). Este tópico para Ainscow (2001), Cañedo (2003) y Asensi (2004) optimizan las capacidades de los estudiantes con discapacidad y promueve un mayor bienestar.

Población

Las universidades convocadas a nivel local (Bogotá) fueron la Universidad INCCA, Universidad Distrital, Universidad Central, Universidad de los Andes, Universidad Pedagógica, Universidad Manuela Beltrán, Universidad Nacional de Colombia, Instituto Tecnológico INPAHU, Universidad de la Sabana, Universidad Javeriana y Universidad de la Salle.

Las universidades convocadas a nivel nacional fueron: Universidad Autónoma de Manizales, Universidad de Antioquia, Universidad Javeriana de Cali, Universidad Nacional de Medellín, Universidad Santiago de Cali, Universidad del Quindío, Universidad Católica Popular de Risaralda, Universidad Libre seccional Pereira, Universidad del Valle, Universidad del Cauca, Universidad de Santander y Universidad de Ibagué.

RESULTADOS

De las 11 universidades convocadas, 9 respondieron la encuesta. A continuación, el cuadro 2 presenta el resumen de lo manifestado.

Es importante aclarar que tanto en las universidades locales como nacionales, la encuesta fue respondida por una persona; para mayor fiabilidad, se constataron las respuestas vía telefónica directamente con otra, ya fuera administrativo o docente de la universidad. Las respuestas telefónicas podrían alterar algunos resultados con respecto a la encuesta, según tuviera conocimiento de las acciones inclusivas.

A nivel local se presenta una descripción un poco más amplia de las acciones realizadas por diferentes universidades. Dicha información ha sido tomada de presentaciones en eventos o escritos cortos. A continuación, algunas de ellas.

La Universidad Pedagógica Nacional es reconocida como una de las instituciones que incluye población con discapacidad. Desde hace tres años desarrolla su proyecto a través del Departamento de Educación Especial, para la inclusión de personas sordas. Es el llamado “Semestre 0”, el cual es un espacio previo al ingreso de las carreras universitarias, donde se consolidan conocimientos, aprendizajes y sistemas de comunicación para dar paso a la selección de cualquiera de los programas que ofrece la Universidad. Las acciones de asesoramiento, apoyo y provisión de recursos tecnológicos continúan durante el proceso académico.

El Instituto Tecnológico INPAHU ha recibido a cuatro estudiantes sordos para realizar sus estudios en Realización y Producción de Televisión. Una de las acciones que ha facilitado la permanencia de estos estudiantes es la contratación como docente de un intérprete de lengua de señas, por parte de la referida institución

De otra parte, se encuentra la experiencia de la Universidad Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, específi camente en la Facultad de Rehabilitación y Desarrollo Humano, la cual se centra en este momento en el aspecto académico. Como primera medida, promovió la cátedra de Discapacidad y Sociedad dentro de los contenidos de un núcleo común en el plan básico de asignaturas, y como segunda medida se destaca la existencia del grupo de investigación denominado Rehabilitación e Integración Social de la Persona con Discapacidad, reconocido por Colciencias, en 2003 –fue reconocido en categoría A1, en 2008–. Los proyectos de investigación formativa como opción de grado de los estudiantes y los de investigación formal dirigidos por los profesores, se articulan a los ejes temáticos: Estado y políticas públicas de la discapacidad, Discapacidad y sociedad y Tecnología en discapacidad. De forma semejante, la Facultad de Jurisprudencia de la misma Universidad, a través del grupo de investigación de Derechos Humanos, trabaja de manera sistemática en la orientación, motivación y movilización de las personas e instituciones en pro de los derechos humanos, para garantizar la calidad de ciudadanos a la población con discapacidad.

En este sentido, la Universidad del Rosario así lo ha entendido, prueba de ello, además de lo anterior, es la participación en la Red Colombiana y la Red Latinoamericana de Universidades por la discapacidad, y la reciente creación de IncluSer, la ofi cina de apoyo para el estudiante con discapacidad.

Por último, la Universidad Nacional de Colombia, entidad que propuso la primera Maestría en Discapacidad e Inclusión Social en el país, desarrolla diferentes líneas de investigación sobre esta temática. Cuenta con la cátedra de contexto “Discapacidad y Sociedad” liderada por la Facultad de Medicina; además, la creación del Instituto de Discapacidad y Desarrollo Humano (IDDH), la Ofi cina de Registro del Departamento de Admisiones, el Programa de intervención Temprana en Factores de Riesgo en los cuales se considera de manera especial la discapacidad y el avance respecto a la tecnología adoptada en la biblioteca para invidentes y sordos.

Se observa que las universidades del Estado o públicas son las que han adelantado en el proceso de inclusión: universidad Nacional y Universidad Pedagógica.

La respuesta de las universidades a nivel nacional no fue la esperada. A continuación en el siguiente cuadro los resultados.

Se resalta la Universidad de Antioquia, de Medellín, la cual muestra que desde fi nales de los ochenta, recibe en sus aulas a personas con limitación visual. A pesar de las difi cultades que generó la presencia de los estudiantes, pues ni la universidad, ni los docentes tenían conocimiento de procesos de inclusión en la actualidad cuenta con 14 alumnos (2006). Las principales acciones han sido: a) la aplicación del sistema de admisión con asistencia de un docente de acuerdo con el área, b) el programa “Guías culturales”, conformado por un grupo de jóvenes que les dan a conocer el campus universitario, c) acceso a tecnología de punta a través de los computadores y software, lectores de pantalla y una impresora en Braille, d) accesibilidad en espacios físicos, e) lectores voluntarios (170) y f) monitores pagos por la Universidad. Tiene 8 años de experiencia en el trabajo de inclusión, está evidenciando un proceso con resultados positivos en el cual la gente es conocedora de sus derechos y oportunidades.

Aquí, como en los resultados locales, las universidades públicas cumplen con acciones inclusivas: Universidad de Antioquia y Universidad del Valle, y Seguramente existen otros esfuerzos institucionales, nacionales y locales en la educación inclusiva de los estudiantes con discapacidad que no han sido documentados y que, por tanto, no pueden ser referenciados ni evaluados. Se continúa indagando en esta materia para dar cuenta de acciones más amplias y recientes.

Cabe mencionar que para Colombia es clara la importancia que tiene capitalizar los avances y internacionales en materia de educación inclusiva para las personas con discapacidad que acceden a la educación superior e irlos apropiando a la política institucional de cada universidad ya que el Ministerio de Educación, en especial el Viceministerio de la Educación Superior, en el marco de la promoción de la política, acceso, permanencia y culminación de los estudios en educación superior de la población con discapacidad en condiciones de equidad, ha aunado esfuerzos con instituciones que trabajan con esta población, con el fi n de fi jar compromisos nacionales en correspondencia con los acuerdos internacionales en materia de inclusión, especialmente, con la declaración

dada en el “Primer seminario regional sobre la integración de las personas con discapacidad en la educación superior en América Latina y el Caribe” fi rmado en Caracas en diciembre del 2006 y el cual claramente explicita que las universidades públicas y privadas deben haber incorporado contenidos y prácticas relacionados con la discapacidad para ser acreditadas. En este documento se enuncian elementos constitutivos de una universidad que transita a ser inclusiva. Desde luego que aluden a los 5 tópicos de información de esta investigación: política institucional, programas y acciones en inclusión educativa, información y capacitación, proceso de admisión y registro y accesibilidad y tecnología, pero en forma más detallada.

A continuación, se presenta los elementos constituidos de la Universidad inclusiva:

● Políticas en el PEI;

● Política de Bienestar universitario;

● Adaptaciones curriculares;

● Personal Capacitado;

● Voluntariado;

● Oficina Coordinadora;

● Capacitación;

● Accesibilidad Tecnológica para Limitación Motora;

● Ayudas para limitación Visual;

● Ayudas para limitación Auditiva;

● Accesibilidad física:

● Campus.

● Señalización.

● Transporte.

● Parqueadero.

● Interprete para sordos

● Transporte dentro de la Universidad;

● Biblioteca;

● Investigación o Grupos;

● Asignaturas en Pregrado;

● Registro de Estudiantes;

● Exámenes de ingreso adaptados;

● Becas, y

● Programa de Inclusión Laboral.

Es necesario informar que la investigación no se detiene y por ello se encuentra en proceso de tabulación y análisis un proyecto investigativo que da cuenta (2009) de la reciente implementación de un mayor número de acciones inclusivas enmarcadas dentro de Programa de apoyo en las instituciones de educación superior como lo indica la literatura internacional. A continuación se describen los resultados desde los tópicos seleccionados previamente.

Teniendo en cuenta que para lograr un sistema inclusivo se requiere según Porter (1997), Ainscow (2001), Naicker y García (1998) y Alcantud, Avila y Asensi (2002) de un liderazgo visionario en la programación y las políticas globales, la política institucional en discapacidad, las universidades nacionales y locales de Colombia, debe contar con el concurso de las diferentes instancias de las mismas y, especialmente, de aquellas conocedoras de la inclusión educativa de manera que la responsabilidad sea compartida, conocida y se enmarque en el Proyecto Educativo Institucional (PEI), de manera que se cuente con un respaldo institucional.

Respecto a programas y servicios que propendan por la inclusión es importante reconocer que las instituciones, como lo han sugerido autores como Naicker y García (1998), Arnaiz (2002), Verdugo (2003) y Díaz (2003), deben propender porque sus estudiantes no sólo reciban apoyos sino que participen activamente en las decisiones, soluciones, alternativas y políticas que les puedan generar bienestar en su vida universitaria.

Cuando se habla de sistema de registro De la Puente (2002), Arnaiz (2002), Parra (2004) destacan como una medida que orienta el acompañamiento del estudiante para facilitar su inclusión con autonomía en el contexto de las universidades. Sin embargo, es necesario insistir en que esta acción debe estar articulada con los demás acciones y programas que se lleven a cabo en la universidad para facilitar en acompañamiento de los estudiantes, de lo contrario sólo se quedaría a lo sumo en una medida de monitoreo.

Todos los participes del estudio encontraron el tópico de formación y conocimiento como relevante, porque el trabajar en la formación en discapacidad e inclusión educativa desde la interdisciplinariedad como lo plantean Naicker y García (1998), Ainscow (2001), Tolchinsky (2001), De la Puente (2002), permitirá pensar estos temas desde escenarios distintos y formular soluciones conjuntas por parte de toda la comunidad académica.

La accesibilidad física y tecnológica es un reto que tan sólo se logra manteniendo una designación presupuestal para la adquisición de tecnología y adecuación de instalaciones, de forma como dicen Ainscow (2001) y Cañedo (2003), y se les de un uso más efi ciente de los recursos y se puedan incorporar formas de aprendizaje que optimicen las capacidades de la persona.

CONCLUSIONES

Es necesario pensar que a pesar del marco legal existente para la educación de las personas con discapacidad, las acciones en el nivel superior o universitario son casi nulas y que no todas las instituciones se encuentran comprometidas con la inclusión educativa de las personas con discapacidad.

De igual manera, se plantea la importancia de promover la cultura en el respeto a la diversidad y el reconocimiento de los estudiantes como sujetos, donde toda la comunidad, especialmente la conocedora en inclusión, para que se interactúe bajo estas premisas, ya que sólo así se podrá evidenciar con los cambios de actitud de los miembros de la comunidad, con el compromiso y la responsabilidad para lograr la inclusión de la población con discapacidad en la universidad.

De allí que se requiere trabajar porque las acciones inclusivas en discapacidad no sean el resultado de intenciones particulares y transitorias de quienes tienen ingerencia en la normatividad institucional sino que sean un asunto explícito en la política institucional y un trabajo de la comunidad académica (administrativos, docentes y estudiantes). En este sentido, se mencionan dentro de estas acciones las siguientes:

● Considerar los departamentos de bienestar universitario o sus equivalentes de las instituciones como uno de los entes académicoadministrativo fundamentales para la inclusión de estudiantes con discapacidad en el ámbito universitario, en tanto que el bienestar es un asunto individual y colectivo.

● Organizar redes universitarias para socializar acciones y promover el proceso de inclusión de estudiantes con discapacidad a las instituciones universitarias.

● Acoger la disposición del “Primer seminario regional sobre la integración de las personas con discapacidad en la educación superior en América Latina y el Caribe” realizado en la ciudad de Caracas (Venezuela), en diciembre 12 del 2005, el cual recomendó que la accesibilidad para personas con discapacidad sea requisito para acreditación universitaria. Decisión centrada especialmente en el diseño de planes estratégicos de acción que lleven a la práctica la valoración de la diferencia y la diversidad, así como el respeto de la dignidad de las personas con discapacidad como principios inseparables de la labor educativa.

Por último, es relevante señalar que, como todo proceso, el de la inclusión es lento, pero el respeto a la diversidad es una exigencia y las sociedades modernas deben tender a una democracia inclusiva y hacia una cultura de la diversidad. Las normas, las instituciones y las políticas son legítimas para la discapacidad. La discapacidad es un asunto de todos y la inclusión de las personas con discapacidad a la educación es una alternativa a futuro para la sociedad.

Una universidad incluyente será mejor en la medida que considere las diferencias como oportunidades mas no como problemas, haga uso efi caz de los recursos disponibles para apoyar el aprendizaje, utilice como punto de partida las prácticas y conocimientos existentes y desarrolle un lenguaje común dentro de la comunidad académica (Ainscow, 2001).

Notas

1 Congreso de Colombia. Constitución política de Colombia, Julio 6, por la que se decreta, sanciona y promulga la Constitución Política de Colombia. Bogotá: El congreso; 1991.

2 Se creó el Comité Consultivo de la Discapacidad que ha venido asesorando al gobierno en una cultura de respeto por la dignidad y mejoramiento de la calidad de vida de esta población. Sus líneas de acción han sido cinco: sensibilización sobre el respeto a los derechos de las personas con discapacidad, mejoramiento de los servicios de rehabilitación funcional, desarrollo de iniciativas de integración económica, apoyo a iniciativas de integración social y desarrollo de investigación y capacitación. Las perspectivas del CONPES estuvieron orientadas a fortalecer las Redes de Apoyo regionales, los acuerdos de cooperación internacional, la formación de recursos humanos con el fin de garantizar que los esfuerzos realizados permanecieran como prioridad de la participación en relación con las personas con discapacidad.

3 Este Decreto señala acciones puntuales hacia una Universidad Integradora. Entre esas acciones están los servicios de apoyo especial de tipo pedagógico, terapéutico y tecnológico que crean las condiciones para desarrollar integralmente las potencialidades, satisfacer necesidades y alcanzar valores humanos, éticos, intelectuales, culturales, ambientales y sociales.

4 Esta Ley dice en su artículo 10 que el Estado garantiza a las personas con discapacidad el acceso a la educación desde el nivel básico hasta el nivel profesional, y entre los mecanismos que favorezcan la integración proponen: la formación de los docentes, la dotación de materiales educativos y el establecimiento de metodologías entre otros.

5 DANE. Porcentajes de personas con Discapacidad que Acceden a la Educación Superior Regular. 2005 En: http://www.dane.gov.co Consultado 19 Febrero de 2008.

6 Traducidas por la profesora Marisol Moreno Angarita, directora del Instituto del Desempeño Humano y la Discapacidad de la Universidad Nacional.

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