1. Aclarando conceptos

Previo al debate y discernimiento acerca del propósito de la investigación, es necesario realizar una breve síntesis desde el enfoque teórico-conceptual sobre algunos elementos que subyacen al mismo objeto de estudio. En especial, en el tema de educación universitaria que a partir de la imposición de la globalización y el neoliberalismo como sistema político, económico y cultural cubre casi todo el espacio planetario. El sistema mundo desde lo socioeconómico a nivel global ha sufrido acelerados cambios, como consecuencia de la dinámica mercantil impuesta, en este mismo orden, la universidad debe gestionarse con la visión de generar oportunidades de inclusión, a la vez ofertar estrategias pedagógicas que incrementen las capacidades para generar conocimientos específicos.

Por otro lado, en las IEU han perpetuado el modelo de gestión en la docencia y en la investigación, así como en las formas de realizar el extensionismo universitario. De allí que, la conjunción de estrategias en la política educativa que determinan las condiciones del claustro o la institución, de manera individual o nacional, deben generar cambios urgentes. Asimismo, los entornos educativos pueden ser afectados por factores internos y externos, alterando los resultados en la producción de conocimientos en la universidad, lo que es su misión universal (^{Lopera Palacio, 2004}). Por ello, los cambios de tendencia de la globalidad deben ser observados con prontitud por los regentes y personal estratégico del sistema educativo, a propósito de efectuar las correcciones, evitando así desviaciones que impacten la producción intelectual.

Bajo estas consideraciones relacionadas con la producción educativa ^{Anunobi et al (2024)}, plantean que las instituciones de educación superior son afectadas por los constantes cambios socio políticos que ocurren en la modernidad, como: políticas educativas, planes educativos, financiación, diseño curricular, factores políticos ideológicos de la gobernanza, la sostenibilidad, la implementación del mismo currículo, hasta la contratación de personal docente y de investigación y, todos los actores actuantes. El cambio en la educación debe ser hiperdinámico a la par con el sistema mundo, ya sea modificando su política para reescribir el diseño curricular formulado. Siendo esta readaptación inexorable ya que deben generar cambios en función al requerimiento de la dinámica social.

Los Estados de Latinoamérica, han desvirtuado de cierto modo algunos conceptos relacionados con la gestión de la educación, para así lograr con eficiencia sus fines misionales. Uno de ellos, es el concepto de Política Educativa, asumido por ^Robertson como:

Un conjunto de ideas o valores sobre cómo debe ser la educación como institución social, es el conjunto de prácticas. Esto incluye a quién se enseña qué, cómo se enseña, y cómo deben regirse estas prácticas. La política educativa se refiere a la sustancia de la política: los objetivos declarados y las medidas adoptadas para alcanzarlos. También se refiere al proceso de formulación de la política y quién participa, lo que influye en el proceso de aplicación de la misma (2018: 37).

Está muy claro, que el autor propone una serie múltiple de variables que intervienen en su ejecución a fines de lograr la calidad educativa, que van desde qué, quien, cómo, para qué y por qué se enseña. Sin embargo, en los últimos años la gobernanza ha asumido y dado un peso importante al uso de tecnologías digitales como motor generador de la política educativa, mostrando así mayor interés y prioridad con la tecnología educativa, tanto en términos presupuestarios como discursivos (^{Dussel et al, 2023}). De allí que países como Brasil, Argentina, Perú, Uruguay, Paraguay y Venezuela han implantado programas de conectividad en sus sistemas educativos.

Si bien, las tecnologías digitales de avanzada sirven para resolver problemas de desigualdad socioeconómica en la educación, a través de la formación de capacidades digitales que mejoren la empleabilidad de los sectores más excluidos, no constituye el marco general de la política, más bien representa un elemento importante, como parte de ella. La política educativa en Latinoamérica debe involucrase en resolver las carencias y problema múltiples, como la inclusión, generar procesos formativos para el docente, abrir ventanas de acceso a la educación superior, resolver los problemas financieros de la educación, desprivatizando la educación sobre todo la universitaria, así como también reformas del currículo educativo para la formación de profesionales con sentido crítico direccionado a la producción intelectual (^{Paz Maldonado, 2023}), que también incluya la incorporación de tecnologías disruptivas para el servicio educativo.

La política educativa debe estar dirigida primigeniamente, a la no vulneración del criterio básico del derecho a la educación, este constituye un precepto sujeto a legislaciones internacionales y nacionales, que contempla aspectos sociales, pedagógicos y curriculares, para luego considerar las condiciones reales de conectividad y uso de tecnologías emergentes a la población estudiantil y docente (^{Ortiz Portocarrero et al, 2023}). Los generadores de la política educativa deben hacer observancia desde un enfoque democrático, pues, ésta debe estar dirigida a una educación orientada a la calidad, a la imparcialidad y a la equitativa, como lo establece el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 de la Agenda Global (^{Muralidharan et al, 2022}), sin distingos económicos, raciales y religiosos necesarios para impulsar la calidad de vida.

Después de establecer claridad en la formulación de la política educativa y en el diseño curricular, otro concepto a rescatar es la planificación educativa, pues, esta definición está vinculada a la ejecución exitosa de la misma política. La planificación educativa, es un proceso sistemático y racional, logrado mediante el análisis de alternativas en una institución con el fin de lograr objetivos óptimos (^{Wahyu Syifa et al, 2021}). Cuando esta se ejecuta bajo un diseño preciso donde el balance de situaciones y contextos particulares concurran, todos junto a las variables de la política educativa, los objetivos se alcanzarán de manera óptima.

La planificación educativa permite la efectividad del proceso de enseñanza-aprendizaje, a partir de ella se construye una educación con calidad. Esta debe partir de los problemas identificados, para así enfrentar con visión estratégica la previsión de necesidades y soluciones de la institución, es decir, la planeación considera qué hacer, cómo hacer, para qué, con qué, quien y cuando se debe hacer algo (^{Carriazo Díaz et al, 2020}). La planificación educativa en las universidades, debido a su dinámica académica-investigativa está inmersa en las orientaciones futuras de la política de la educación superior de cada país, conmina a todos los actores universitarios y a la comunidad a apropiarse de ideales comunes para la construcción de una universidad productiva, que satisfaga las necesidades de la sociedad.

De acuerdo con los postulados de ^{Kevans Espinoza (2020:15)} «la dimensión pedagógica, es el objetivo central de la planificación educativa de las IEU pues a través de ella fluye el proceso de enseñanza-aprendizaje que desarrollan los docentes». El alto compromiso estratégico, la infraestructura, los recursos educativos, la formación docente, vinculación institucional con la sociedad, la supervisión de la gestión educativa, entre otros, son elementos y procesos requeridos para el éxito de la planificación educativa. Además, la planificación de la educación también es un catalizador que ayuda a la sociedad a cambiar para que se integre con los objetivos que han sido formulados por el Estado, también actúa en sentido contrario, pues si, la política cambia, la planificación educativa se adaptará para seguir caminos paralelos.

Ahora bien, cuando se aborda el tema de conceptualización del diseño del currículo educativo, este no solo debe ser atendido desde el enfoque epistémico, se debe adicionar también una definición desde el enfoque de la teoría critica, para luego sustentarse en su ejecución con la praxiología. La propuesta de conceptualización abordada en esta investigación es la perspectiva de ^{Rolon (2016:2)} quien considera al currículo educativo como «un proceso de construcción permanente, de innovación, de adaptación y flexibilidad que se nutre fundamentalmente desde la interdisciplinariedad, la investigación y la problematización de categorías que teóricamente son de dominio público», para que en su aplicación persistan dificultades de diverso orden.

En muchos países de Latinoamérica insisten constantemente, que lo importante del diseño y evaluación de currículo educativo debe ser su centralidad en la eficiencia del proceso, en el control y cumplimiento de resultados, además existe un desconocimiento generalizado por parte de estudiantes y docentes acerca del currículo educativo -solo se publicita la malla curricular de las carreras- quedando siempre restringido la socialización de este (^{Villalaz Castro et al, 2020}). En este mismo orden de ideas, las instituciones universitarias deben ejecutar acciones publicitarias internas y externas, tanto del diseño, la gestión, así como en la evaluación del currículo. Estas acciones deben ser consecuentes con fundamentos praxiológicos para la efectiva puesta en marcha, potenciando el proyecto curricular, observando sus efectos en los continuos cambios sociales.

El currículo educativo, permite contar con herramientas pedagógicas para enfrentar los continuos cambios de la globalización, este debe estar diseñado con roles emergentes, así se constituye en un elemento clave del desarrollo humano en entornos transformacionales. Uno de los criterios de diseño del currículo educativo es la flexibilidad, pues, es necesario para enfrentar los cambios acelerados en las necesidades de conocimiento y ante el avance de las tecnologías emergentes. Dentro del currículo flexible se incorporan practicas didácticas y evaluativas flexibles, debido a que, estas promueven el auto conocimiento, la autonomía, la responsabilidad en la secuencialidad adaptativa del estudiante (^{Salinas Ibáñez et al, 2022}). Los constructos de aprendizaje en la actualidad requieren motricidad individual en el estudiante, para el desarrollo motivacional de sus aspiraciones, el currículo flexible lo permite.

El concepto de política en la educación se incluye en la investigación como referencia de la vinculación de la gobernanza política-ideológica con intervención en la gestión y en la autonomía universitaria, observándose de esta manera una clara diferencia entre política educativa ya conceptualizada y política en la educación. En las universidades autónomas en Latinoamérica, en general existen formas de gobierno vinculadas a la democratización educativa, están enfocadas en dos perspectivas, una, interna, que alude a la capacidad de las universidades de gobernarse a sí mismas, y la segunda constituyen los co-gobiernos representados por autoridades, estudiantes y sociedad (^{Mas Rocha, 2022}), estas perspectivas están presentes siempre en la toma de decisiones trascendentales para el funcionamiento educativo.

Un tercer elemento se agrega en la gestión universitaria, es la instauración de proselitismo político-ideológico en la universidad por el sistema de gobernanza actual, incidiendo en la reformulación de políticas educativas. Un ejemplo histórico de esta aseveración representó la intromisión de los gobiernos en la época de la guerra fría, en la cual inscribieron su política en oposición a las ideas de insurgencia en contra del stablishment, intervinieron universidades, depuraron cuerpos docentes, limitaron matriculaciones, cerraron carreras y prohi bieron la práctica política en las IEU (^{Millán et al, 2022}). En la actualidad la universidad latinoamericana -a pesar del legado de Córdoba- aún está sujetas a intervención estatal, mediante la creación de organismos reguladores de la política y el currículo educativo.

2. Razones para planificar la educación universitaria en un entorno cambiante

La planificación de la educación está circunscrita en dos grandes dimensiones organizacionales, una, la planificación estratégica y táctica derivada de la política educativa que dictamina el Estado-Nación y la otra dimensión, está referida a la planificación operativa de la docencia, investigación y extensión universitaria, es decir, al acto pedagógico e indagativo. Aquí existen factores que generan procesos cambiantes que son encausados desde diferentes direcciones, principalmente desde la política educativa reformulada mediante la intromisión de elementos políticos adversos al modelo educativo en marcha y la otra, considerada externa, es de acuerdo al desenvolvimiento de la dinámica productiva ante las exigencias sociales y económicas propias de la globalidad.

La propia planificación educativa debe ser capaz de reducir los problemas políticos, que se derivan del carácter filosófico e ideológico de la gobernanza de turno, por ello, la planificación educativa en un mundo cambiante no debe politizar sus acciones (^{Yániz Álvarez, 2006}). Por otro lado, la dirección de co-gobierno universitario compartida enfrenta estilos, ideologías y formas políticas de actuación, por ello las decisiones consensuadas por los consejos superiores o consejos universitarios deberán tener piso financiero y político. Por lo tanto, las decisiones colectivas en la planificación educativa son actos de reflexión con multienfoque, donde se extraerán y utilizarán las oportunidades en pro del beneficio social.

Planificar entonces, consiste en hacer uso de formas eficientes de diferentes estrategias para diseñar y desarrollar con éxito la enseñanza en las universidades. En el mismo orden, la planificación educativa del acto pedagógico enfrenta exigentes retos, puesto que, deberá hacer uso de recursos y criterios validos provenientes de la política y de la planificación estratégica en nivel superior, siendo esta cambiante por factores de la gobernanza pública o privada, entonces, la función docente se ve intensamente afectada por estos cambios y necesitará reforzar una nueva conceptualización de la estrategia a usar (^{Yániz Álvarez, 2006}). Es así como el concepto de acción eficiente en materia educativa es complejo y difícil para el logro.

Ante tal complejidad ^{Huaman Auccapuri et al, (2021:2563)} en su dialéctica investigativa, se pronuncia por una planificación curricular que incluya el entorno cambiante, «que sea adaptativa y flexible, que los resultados de la planificación sean de relevante impacto social, para que los formando sean profesionales críticos, pensantes y de alta formación integral, educados con recursos tecnológicos y científicos mediante nuevas estrategias didácticas». La planificación es la herramienta praxiológica de la gestión educativa donde se definen elementos estratégicos a corto, mediano y largo plazo, derivados del diagnóstico exploratorio de las necesidades de la sociedad y del mismo contexto universitario (^{Guerrero Pulido, 2018})

Ante el gran volumen de información, que se maneja actualmente en la era del conocimiento, la planificación educativa deberá ser de carácter proyectual para pedagogías colaborativas, necesitará entonces, entornos virtuales, sean e-learning o b-learning formando un vínculo entre la misma experiencia educativa y consideraciones de diseños para enriquecer el aprendizaje (^{García Rotger et al, 2024}). La planificación curricular para el aprendizaje colaborativo aumenta la motivación y participación del estudiante mediante técnicas docentes innovadoras (^{Gregorio-Sainz et al, 2021}), fomentando valores colectivos y el trabajo en equipo.

La formación universitaria obedece a objetivos concretos, es intencional y terminal, se egresa preparado como un actor social productivo, requiere de planificación a distintos niveles para asegurar la calidad educativa. Los individuos en formación se caracterizan por ir creando competencias, aptitudes y habilidades en su área a través del desarrollo de la conciencia (^{Kryshtanovych et al, 2023}). La planificación educativa es perfectible, puede evolucionar en la gestión durante la ejecución. ^{Bolívar (2008)} señala, que la calidad educativa es una variable en crecimiento, depende de la mejora en la técnica de la planificación educativa, por tanto, se sitúa en un eje crítico del proceso de gestión institucional universitario.

La clave principal para hacer una buena práctica docente e investigativa universitaria es la planificación, pues permite vincular el aprendizaje colaborativo y la innovación, siendo que cuando se planifica se desarrolla el pensamiento estratégico (^{Álvarez et al, 2012}). Cuando el sistema educativo universitario de un país desea potenciar su posición de calidad para generar productividad y bienestar social o cuando una universidad en particular requiere ser competitiva a nivel de estándares globales, necesitan incorporar una mayor orientación al mercado en su proceso de planificación estratégica educativa (^{Conway et al, 1994}:29) para adquirir una ventaja competitiva sobre sus rivales.

3. Influencia de la política en la educación universitaria

Las universidades son instituciones políticas, puesto que, se derivan de la política educativa de los Estados como de los Derechos Universales. Los actores que hacen vida dentro de ellas expresan sus diferentes visiones y proyectos diferenciados, con un mismo fin generar, construir y transmitir conocimientos (^{Ordorika, 2014}). Las sucesivas crisis en el ámbito político, económico y social, históricamente han puesto a las universidades a participar, como forma de contribución en pleno, las IEU han mejorado la situación de muchas personas con prácticas política y también apolítica de índole comunitario, fortaleciendo constantemente el tejido social (^{Villasmil Espinoza, 2023}), apropiándose así de manera institucional de liderazgos emergentes muchas veces no partidistas.

Si bien, la política educativa y los políticos de la gobernanza en los países de Latinoamérica en los últimos 50 años han ejecutado cambios sustanciales impulsando y desarrollando acciones, aun no se ha avanzado en forma íntegra en materia de desigualdad de oportunidades e inclusión en el sector educativo para la construcción de sociedades democráticas justas (^{Buendía et al, 2024}). Por otro lado, las legislaciones promulgadas referidas a leyes de educación universitaria en los últimos años han evidenciado una rotura de la autonomía de las universidades públicas. En países como Perú, la promocionada reforma universitaria, a través de la Ley Universitaria N° 30220, promulgada en el año 2014, afecta y vulnera los principios de la autonomía universitaria (^{Gallegos Ruíz, 2019}). De hecho, la Ley propone la legalidad para ejecutar intervención desde el Estado- Gobierno a la universidad.

Recientemente otros países de la región, como Chile, Colombia, Ecuador y Paraguay promulgaron leyes y otras reformas normativas al sistema de educación superior, estas fueron anunciadas con estándares publicitarios confusos, anteponiendo acciones como acceso a la educación, desigualdad, calidad educativa. Sin embargo, la evidencia y el transcurrir de los años mostró que los Estados de estos países decontruyen el concepto de autonomía universitaria para generar más poder y control sobre las IEU (^{Moreno et al, 2020}. El mercado y el neoliberalismo económico han sido también un significativo participante, mediante la privatización progresiva de la universidad, el cual es un hecho aún en proceso.

Usualmente, las burocracias gubernamentales, la partidocracia política y los factores económicos de poder, han venido poco a poco controlando el sistema educativo universitario, no solo considerando la educación como un activo mercantil, también con las propuestas currículos acríticos, haciendo uso de legislaciones referidas a modelos académicos liberales. En Latinoamérica el debate universitario ha desviado un poco la dirección, hoy día la gobernanza reflexiona poco sobre la universidad emergente y critica, aquella que es capaz de generar constructos intelectuales a partir de investigación, generación de conocimiento e innovación para beneficio de la colectividad. Más bien el pensamiento está dirigido a la privatización de la educación superior.

La realidad es que a la universalidad y la autonomía universitaria como conceptos teóricos y praxiológicos obtenidos en la reforma de Córdoba, se han ido desvaneciendo en los sistemas educativos universitarios de Latinoamérica. La voracidad por capturar mercados matriculares ha aumentado, para obtener ganancias sustanciales ha degradado estos conceptos, encubierto con, proyectos de singular entonación, que independientemente de su realidad teleológica, ha provocado el descuido de la calidad educativa, expresados en la poca formación de docentes e investigadores (^{Lopera Palacio, 2004}). En las IEU se han observado la perdida de la integridad académica, desde los enfoques conductuales estudiantiles y del profesorado, así como también de la calidad investigativa estudiantil.

Algunos investigadores de la región, como ^{Ganga Contreras et al (2015)} han concluido que se ha desvirtuado la gestión universitaria desde la concepción propia de entidad estatal o privada, perdiendo efectividad en los mecanismos de control y seguimiento en la gestión administrativa-académica, siendo factor determínate, la pérdida de la calidad educativa. Es decir, no solo la influencia política-ideológica ha distorsionado la universidad actual, también la gestión universitaria interna ha decaído, propiciada por los directivos universitarios, estos parecen sumergidos en el caos de cambios de políticas públicas, intervención estatal y los problemas propios de la desgatada globalización.

En el caso específico del sistema educativo universitario en Perú, la intromisión de los organismos de la gobernanza ha preocupado a los actores de educación superior, debido a que ha, irrumpido la autonomía universitaria (Velásquez Benites, 2020). A manera de ejemplo, recientemente la ^{Superintendencia Nacional de Educación Universitaria-SUNEDU} en una nota de prensa, afirmó que la autonomía universitaria, respaldada por la Ley 31520, no es absoluta, debe ejercerse dentro de los parámetros normativos (2023). Otro caso ejemplarizante, fue el ocurrido en el año 2016 donde la actuación inconstitucional de la SUNEDU con la Universidad Nacional Federico Villarreal al emitir la Resolución Administrativa N° 963-SUNEDU-2016, en la cual declara improcedente el registro de la firma de 13 Decanos de la universidad, además de formular una denuncia penal cuando fueron designados estos docentes en cargos administrativos (^{Mendoza La Rosa, 2019}), dicha actuación marcó pauta, confirmándose la vulneración de la autonomía universitaria configurando la política intervencionista de Estado peruano.

4. Futuro del sistema educativo universitario

Las exigencias de la sostenibilidad planetaria, la inclusividad, la nueva forma de políticas multipolares y los nuevos enfoques pedagógicos curriculares demandan nuevos esquemas de políticas en ciencia, tecnología e innovación, así como también nuevos modelos de prácticas científicas y tecnológicas transformacionales en la gestión académica-investigativa universitaria (^{Núñez Jover et al, 2020}). El Instituto de Educación Superior para América Latina y el Caribe-IESALC de la UNESCO, durante el año 2021, realizó un proyecto de consulta continental sobre el futuro de la educación universitaria, concluyendo que las estructuras de las instituciones de educación superior se deberán adaptar a las necesidades y características de los alumnos para asegurar la inclusión y no al contrario, declarando esta, como un derecho humano, que necesariamente sean efectivamente centros para la creación, debate y difusión de saberes críticos (^{Lázaro Lorente, 2022}).

La universidad latinoamericana del futuro debe signar en su discursiva, preceptos de democracia, libertad, autonomía y autoeficacia política. En este sentido, las IEU juegan un rol de primera línea en las decisiones de la sociedad, los actores en juego deben considerar que sus acciones académicas, de investigación y extensión tendrán efectos sobre lo que ocurra o pudiera ocurrir, con lo que se llegaría a incrementar el involucramiento de la universidad en las decisiones trascendentales de la sociedad (^{González Urdaneta, et al, 2017}). Es decir, la universidad debe participar ineludiblemente en la generación de la política educativa, no debe ser solo un actor ejecutante de ella, esto origina una percepción de mayor eficacia política.

La universidad del futuro es un asunto de olvidar la fraseología y la discursiva retórica, para ir a la praxis de saldar su deuda histórica con la comunidad, vinculando los proyectos educativos mediante planificación estratégica con la propuesta educativa de libertad y oportunidades para todos (^{Gómez Calero et al, 2020}). Es urgente formar al docente universitario para la sostenibilidad y la participación política, para generar en los formandos la conciencia y la sensibilización de la sostenibilidad planetaria (^{Gutiérrez et al, 2022}) y que su voz activa sea tomada en cuenta en las decisiones sociales y políticas de la comunidad y del Estado.

La producción científica e intelectual de la universidad latinoamericana, debe girar en torno al racionalismo moderno social mediante la descolonización intelectual, debe ser de producción para el provecho autóctono de la interculturalidad propia de la región (^{Maquillaza Sánchez, 2024}). No debe ser instrumento del eurocentrismo como forma de delegación de la producción científica universitaria. El racionalismo endógeno sugiere que los problemas políticos, sociales y ambientales de la región se resuelvan a partir de nuestros constructos científicos y la universidad nuestraamericana es un actor indispensable. Pues, la construcción de competencias socioambientales generará una vinculación con el entorno natural, además que promueve valores, actitudes y comportamientos sostenibles (^{Cornejo Valdivia et al, 2024}). Es decir, desde nuestra universidad debe egresar el profesional ético, lleno de valores y competencias enmarcadas en la lucha para evitar la catástrofe global, asegurando así la participación en la solución de los grandes desafíos.