Autonomía, democracia y universidad: El caso de la Universidad Central de Venezuela.

Universidad Central de Venezuela. Venezuela. abertonavas@cantv.net

La elección de la autoridad rectoral universitaria nace con el mismo origen medieval de la Universidad y ha sido, en los últimos novecientos años, el eje de innumerables discusiones y conflictos, internos y externos. Se trata de una afirmación incómoda para toda aquella tradición liberal y socialista que en los últimos dos siglos se ha auto-atribuido el protagonismo reformista en el ámbito universitario, desconociendo por ignorancia o por seguir intereses parciales y circunstanciales, un pasado demasiado rico y complejo como para satisfacer fácilmente sus precarias necesidades reales de comprender y explicar la realidad histórica con un sentido histórico.

La más antigua tradición referencial en términos de estatutos universitarios para nuestra Universidad Central es la Universidad de Salamanca, fundada por el Rey Alfonso IX en 1218, cuyo modelo anterior era la Universidad de Bolonia y que, ya para los tiempos de Alfonso X El Sabio (1221-1284) contaba con un marco legal contenido en las Siete Partidas¹, cuya Ley VI permitía a los estudiantes elegir al Rector o Mayoral del Estudio o Universidad. El Rector salmantino era elegido entre los estudiantes «generosos» o nobles, e implicaba una serie de obligaciones y costos que lo convertía en un cargo frecuentemente eludido por los potenciales aspirantes. Además, tenía que compartir el poder con el Maestrescuela, figura vitalicia que controlaba buena parte de la autoridad disciplinaria, secretarial y administrativa de la Universidad, replegando al Rector hacia un escenario de gobierno académico limitado por el poder de cancillería del Maestrescuela, fuertemente apoyado éste en la Iglesia y apenas compensado por la periódica intervención real, que regularmente salvaguardaba la autonomía de la Universidad frente a la desmedidas ambiciones de la Iglesia, la nobleza o los ayuntamientos.

El deterioro del gobierno rectoral estudiantil de las universidades españolas llevó paulatinamente a desplazar el ejercicio del cargo hacia catedráticos elegidos por el Claustro, siendo así y posteriormente, que para el siglo XVIII, cuando se funda la Universidad de Caracas (por Real Cédula de Felipe V en 1721) el cargo es ya plenamente ejercido por un profesor que, en el caso de la Real y Pontificia Universidad de Caracas, recayó en la persona del Dr. Francisco Martínez de Porras, designado el 11 de agosto de 1725 por el Obispo de Caracas Juan José de Escalona y Calatayud, atendiendo a sus méritos como antiguo colegial y Ex- Rector del Seminario de Santa Rosa de Caracas y, además, por cumplir con el requisito de ser Doctor en Teología y Maestro en Filosofía.

En el caso particular de la Universidad de Caracas, el Rectorado permanecería bajo la designación en poder del Obispado de Caracas hasta 1784, cuando por disposición del Rey Carlos III (1716-1788) se transfirió esta responsabilidad al poder electoral del Claustro Pleno de Doctores de la Universidad, limitándose el mandato a dos años y prohibiéndose la reelección rectoral, adelantándose con estas medidas en casi medio siglo a la ratificación de la autonomía electoral del Claustro en los Estatutos Republicanos de 1827. No se trataba de una medida aislada sino, mejor pensado, de un aspecto relativo a Venezuela en todo el marco general de las reformas borbónicas iniciadas desde tiempos de Felipe V (1683-1746) y profundizadas por Carlos III desde 1766, asesorado por notables figuras de la Ilustración española como Gregorio Mayans y Siscar (Profesor de la Universidad de Valencia), por el peruano Don Pablo de Olavide, por el Conde de Floridablanca, Aranda y muchos otros, quienes impulsaron diversos aspectos de una reforma universitaria orientada hacia potenciar las capacidades del poder real sobre la base de la racionalización y modernización de la educación, restando influencia social y política a las fuerzas tradicionales de la Iglesia y de la nobleza. En el caso de la Provincia de Venezuela, la apertura liberal de Carlos III no fue bien recibida por las castas dominantes, pues encerraba peligros potenciales al cuestionar el monopolio del acceso a la educación superior que impedía el ascenso social a pardos, blancos de orilla y otros sectores no privilegiados².

La visión de la política del Rey hacia Venezuela demostró no estar tan equivocada, al apuntar hacia debilitar el poder de las oligarquías ultramarinas, al verificarse desde 1808 en adelante el compromiso de ese «mantuanaje» criollo con la subversión independentista que se fraguó abruptamente entre 1810 y 1814, quienes amparaban sus privilegios heredados del siglo XVIII con una propuesta republicana, impopular y excluyente, que fue en buena medida causa de la caída de la Primera y Segunda República. El legado del Libertador Bolívar superó las limitaciones excluyentes de los primeros años de la República, quien apoyado en el Claustro de la Universidad de Caracas dirigido por el Rector Dr. José María Vargas, aprobó los Estatutos Universitarios de 1827, instrumento donde se ratificó la anterior disposición real de 1784, para la elección del rector en Claustro de Doctores, pero también liberándose

los requisitos de acceso al cargo, entre ellos permitiéndose la elegibilidad de los Doctores en Medicina y de los Doctores que no fuesen Catedráticos, conservándose muchos elementos de origen colonial, entre ellos la juramentación del Rector arrodillado y con las manos sobre los Santos Evangelios³.

La Universidad de Caracas había sido actor principal y superior en el proceso de construcción inicial de la República sin haber caído por ello en el triste papel de muchos militares que no tardaron en cobrarle a la nación el capital y los intereses acumulados por sus sacrificios patrióticos. Dolorosamente, ya bien entrado el proceso republicano, el gran jefe liberal Doctor y General Antonio Guzmán Blanco, apoyándose en un ejercicio tiránico que ya venían desarrollando desde 1848 los hermanos José Tadeo y José Gregorio Monagas, puso la bota sobre la Universidad y, además de despojarla de sus bienes patrimoniales y rentales, terminó de liquidar la autonomía universitaria suprimiendo los procesos electorales rectorales, retornándose al mecanismo de la designación por voluntad presidencial, con lo que se borraba una conquista del siglo XVIII ratificada por el Libertador en 1827. Así, y durante 65 años, las tiranías «liberales» de los generales Guzmán, Crespo, Castro y Juan Vicente Gómez, mantuvieron a la Universidad venezolana alejada del libre ejercicio de la autonomía consagrada desde tiempos medievales.

Movimientos renovadores y reformistas, como el iniciado en Córdoba desde 1918, que implicaban un reclamo en favor del cogobierno, la autonomía democrática y la pertinencia social de la Universidad, apenas se sintieron en Venezuela con movimientos estudiantiles y conspirativos que fracasaron ante el peso de una brutal represión entre 1919 y 1928, haciéndose con ello un daño estructural al desarrollo del proceso educativo venezolano, que tuvo que esperar hasta la década de 1940 para reiniciar un tímido proceso de recuperación

de la menguada autonomía universitaria.⁴ Tal vez fue con la aprobación del Estatuto de las Universidades por la Junta Revolucionaria de Gobierno, presidida por Don Rómulo Betancourt (ex-dirigente estudiantil del proceso de 1928), cuando se comenzaron pasos firmes hacia la recuperación del cogobierno y la autonomía universitaria, así como la apertura del acceso masivo a la matriculación en las viejas facultades y otras nuevas como la de Filosofía y Letras.⁵ Este proceso permaneció violentamente suspendido desde el golpe militar del 24 de noviembre de 1948 que derrocó el gobierno democrático del maestro Don Rómulo Gallegos, hasta la caída de la dictadura militar del General Marcos Pérez Jiménez el 23 de enero de 1958, siendo a finales de este año cuando se reestableció la democracia universitaria en paralelo con la recuperación del régimen electoral legítimo a nivel nacional, siendo actores fundamentales de este proceso los rectores Dr. Francisco De Venanzi y Dr. Jesús María Bianco hasta el año de 1970, cuando la intervención militar de la Universidad Central de Venezuela bajo el régimen del Dr. Rafael Caldera interrumpió nuevamente la dinámica electoral universitaria hasta 1972, cuando el Dr.

Rafael José Neri fue electo Rector por votación de la comunidad académica de la UCV. Desde 1976 en adelante se ha conservado la continuidad y el hilo institucional universitario con la elección del Dr. Miguel Layrisse en dicho año, siguiendo el Dr. Carlos Moros Ghersi en 1980, el Dr. Edmundo Chirinos en 1984, el Dr. Luis Fuenmayor Toro en 1988, el Dr. Simón Muñoz Armas en 1992, el Dr. Trino Alcides Díaz en 1996, el Dr. Giussepe Giannetto en el 2000 y el Dr. Antonio París en el 2004. Todos ellos logrando superar difíciles momentos y amenazas internas y externas a la Universidad, permitiéndose con ello conservar la estabilidad y continuidad institucional hasta el presente año de 2008.

Notas

1 Las Siete Partidas del Rey D. Alfonso El Sabio. Madrid, Real Academia de la Historia, 1807.

2 Domínguez Ortiz, Antonio. Carlos III y la España de la Ilustración. Madrid, Alianza Editorial, 2005.

3 Los Estatutos Republicanos de la Universidad Central de Venezuela (Compilación y estudio del Dr. Ildefonso Leal) Caracas, Rectorado de la UCV, 1983.

4 Tünnermann, Carlos. Historia de la Universidad en América Latina. Caracas, UNESCOIESALC, 1999.

5 Navas B., Alberto. Una aproximación a la historia de la fundación de la Facultad de Humanidades y Educación de la Universidad Central de Venezuela 1946. Caracas, Fondo Editorial FHE, 2006.