Organizaciones civiles de desarrollo social y representaciones sociales en la Venezuela bolivariana*

César A. Barrantes A.

Resumen

Abordamos las representaciones sociales que un grupo de organizaciones civiles de desarrollo social han construido de sí mismas y de su papel en tanto actoras políticas en lo social. El escenario visualizado viene siendo significado como una tierra de nadie y de todos que está a la espera de ser formateada y corrida, tanto por las estudiadas como por el Estado y la sociedad venezolana a la cual aquellas pertenecen. En el discurso que hemos construido gravitan las siguientes preguntas: ¿Sobre qué valores descansa la participación de las organizaciones civiles de desarrollo social? ¿Bajo qué formas se produce esta participación? ¿Qué tipo de mediación o representatividad encarnan? ¿A qué problemática intentan responder? ¿Cómo construyen su relación con el Estado y el proceso de producción de ciudadanía en Venezuela?

Palabras clave

Organizaciones civiles de desarrollo social / Estado / Producción de ciudadanía / Representaciones sociales / República Bolivariana de Venezuela

Abstract

We examine the social representations that a group of civil organizations concerned with fostering social development have constructed for themselves and for their role as political actors in the social sphere. The scenario we visualize is understood as a territory belonging to no one and everyone at once, waiting to be formatted and run by the organizations under examination and the Venezuelan society to which they belong. The following questions are posed in the discourse we have constructed: on what values does the participation of social-development civil organizations rest? In what forms does that participation come into being? What kind of mediation or representation role do they play? What social problems do they address? How do they construct their relationship to the State and the process of citizenship development in Venezuela?

Key words

Civil organizations for social development / State / Citizenship development / Social representations / Bolivarian Republic of Venezuela

RECIBIDO: AGOSTO 2002

ACEPTADO: MARZO 2003

Introducción

Nuestra comunicación tiene como objetivo describir las representaciones sociales¹ que un grupo de actoras políticas en lo social, han construido de sí mismas y de sus relaciones con la crisis del estado² venezolano y la sociedad a la que éste y aquéllas pertenecen. Nos referimos a las seculares organizaciones sin fines de lucro, conocidas también como organizaciones privadas de derecho público y, desde hace dos décadas, denominadas organizaciones no gubernamentales o simplemente oenegés,³ a las cuales nosotros llamamos organizaciones civiles de desarrollo social (OCDS), nombre que quedó oficializado en el IX Plan de la Nación de la Cuarta República (Cordiplan, 1995).

No obstante que nos basamos en estudios anteriores (Barrantes, 1998; 1999), pero fundamentalmente en entrevistas estructuradas realizadas a inicios de 2000 a cinco expertos en OCDS y a quince representantes legales de éstas, nuestra comunicación es de carácter exploratorio. Por ello no ofrecemos descripciones detalladas de la heterogeneidad de nuestro objeto ni de los efectos específicos de las acciones de las estudiadas, tratando más bien de exponer una apreciación general del fenómeno que hoy ponemos en escena, sin pretender llegar a conclusiones contundentes.

El documento está integrado por dos apartados y una consideración final. En el primero, caracterizamos brevemente el escenario de la historia dentro del cual adquiere sentido nuestra investigación, el cual va de 1989 –año en que se inició la crisis terminal de la Cuarta República– a 2001 –tercer año del complejo parto de la República Bolivariana de Venezuela. En el segundo, damos cuenta del denominado boom de las oenegés que, como fenómeno politicosocial, irrumpió en el escenario nacional a partir de 1989-90, completando el apartado con las representaciones sociales de las estudiadas, que hemos diseminado de manera entrecomillada y en cursivas a lo largo del texto. Finalizamos con una consideración final cuyas respuestas sólo podrán ser construidas con las OCDS y los lectores.

Dadas las limitaciones de espacio, hemos reducido las notas, citas y referencias bibliográficas a las mínimas necesarias sin que, por ello, se afecte la comprensión del texto. 

El escenario principal de la historia

En 1989 se produjo en Venezuela una triple coincidencia como expresión de la crisis del estado desarrollista, bienestarista e intervencionista: el inicio del segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez, el segundo ciclo recesivo de la mayor y más larga crisis de la economía venezolana, y la fase terminal de la Cuarta República.

El reconocimiento de la anterior realidad, determinó que el gobierno de Pérez a contrapelo de la propaganda electoral del año anterior, implantara el programa económico de ajuste estructural (PAE) que llegó a conocerse como el tristemente célebre paquete neoliberal. Éste tuvo como meta flexibilizar, bajo el liderazgo del gran empresariado privado y el capital transnacional, la economía (Alonso et al., 1990), privatizar las empresas estatales, y por esta vía, abrir de manera irreversible la sociedad venezolana a la competencia de los mercados internacionales globalizados.

Al contrario del cálculo de la clase política, los tecnócratas y políticos de turno, con la puesta en marcha del PAE, lejos de recuperar la bonanza perdida durante el decenio anterior, se inauguró la fase terminal de la Cuarta República, cuyo desenlace fue su desplome en diciembre de 1998.

Los brutales impactos de la política económica abrieron al debate nacional temáticas cruciales en torno al estado; entre éstas las tres siguientes: 1) La relación clientelar, populista y partidocrática con sus propias instituciones y con la sociedad y la nación a las que pertenece. 2) El estilo rentista de resolver a realazos los problemas de la convivencia social y la satisfacción de necesidades sociales y sistémicas. 3) La discapacidad efectiva de producir y distribuir valores tangibles e intangibles, con criterios de eficiencia y equidad y una visión temporal de corto, mediano y largo plazos.

En consecuencia, la clase política se vio concitada a aceptar que el ensayo democrático y el sistema jurídico, político y cultural construidos a partir del derrocamiento de Pérez Jiménez, el Pacto de Punto Fijo (Síntesis, 1988) y el modelo industrial basado en la sustitución de importaciones y la renta petrolera, habían caducado y que sus promesas de bienestar y democracia se habían desvanecido tras una ilusión de armonía.

Los rasgos más resaltantes del escenario principal de la historia nacional, a fines del decenio de los ochenta en Venezuela, que no desarrollamos aquí por razones de espacio, eran esquemáticamente los siguientes: 1) La pugnacidad entre las fracciones de la clase política había llevado a una situación en la que el obstruccionismo recíproco había adquirido una peligrosa centralidad que amenazaba con acelerar el recalentamiento del sistema político y social. 2) Los actores corporativos: empresarios, partidos, Iglesia católica, sindicatos, burócratas y tecnócratas estatales y civiles de diversos niveles, y los militares, continuaban pugnando por preservar los términos del intercambio puntofijista como si la sociedad aún fuera la misma de treinta años atrás. En este sentido, la otrora fabulosa renta petrolera seguía siendo considerada como inagotable cornucopia de la que unos más, otros menos, querían seguir extrayendo y distribuyendo, directa o mediadamente, legal mas no siempre legítimamente, gratificaciones tangibles e intangibles sin que éstas dejaran de seguir ilusoriamente goteando, paternalista y clientelarmente, hacia las clases subalterno-populares. 3) La ausencia de una voluntad de fortalecimiento y autonomización de la sociedad civil, correlacionaba con la persistencia de la clase política a seguir ejerciendo el poder más por el peso de sus maquinarias electorales, la maniobra cortoplacista, la concertación cupular y el acuerdo a puerta cerrada, que por la transparencia, legitimidad y representatividad popular de sus líderes. 4) De espaldas al aumento de las frustraciones que las grandes mayorías populares venían acumulando desde hacía varios años, las organizaciones cupulares, desvinculadas de la representatividad colectiva, continuaban pugnando por seguir siendo los exclusivos canales de participación controlada y de asignación de identidades y gratificaciones funcionales a una política populista y clientelar de masas, en condiciones estructurales en que el estado ya no tenía capacidad financiera para seguir activando los mecanismos de concertación cotutelada por las jerarquías de la Iglesia católica, los empresarios y los partidos. 5) Los dinamismos que podían preanunciar avances sustantivos hacia la definición de un nuevo estilo de desarrollo capitalista, así como las que podían potenciar la construcción de una sociedad democrática, activamente participativa y justa, se encontraban bloqueados.

Los síntomas perversos de dicha fase terminal, extraídos de la amplia literatura existente, fueron los siguientes: deterioro progresivo de la calidad de vida de la población, incremento de los índices de la pobreza, turbulencia politicosocial, protesta popular (Bisbal y Nicodemo, 1992; López Maya, 1999), aumento de la represión policiacomilitar, incremento abrupto y exacerbado de la complejidad societal, imprevisibilidad institucional, deslegitimación del sistema político e ingobernabilidad, estanflación, corrupción politicoadministrativa e impunidad, inseguridad individual, social, pública, alimentaria y jurídica y desencanto generalizado por las promesas que no cumplió el proyecto modernizador ni la democracia, tal como se practicó entre 1958 y 1998.

Este período registró los siguientes hitos cruciales que aún hoy mantienen su impronta en el imaginario político de los venezolanos, a saber: 1) La violenta explosión popular conocida como el Caracazo, sangrientamente reprimida entre el 27 de febrero y el 4 de marzo de 1989. 2) El abstencionismo sin precedentes en las primeras elecciones directas de alcaldes y gobernadores, celebradas tardíamente en diciembre de 1989. 3) Los fracasados golpes militares del 4 de febrero y del 27 de noviembre de 1992. 4) El castigo que el electorado le propinó al partido de gobierno en las elecciones regionales del 6 de diciembre de 1992. 5) La destitución del presidente Pérez en 1993, por haber decidido la Corte Suprema de Justicia someterlo a un antejuicio de mérito por el supuesto uso indebido de la partida secreta del Ministerio de Relaciones Interiores de Bs. 250.000.000. 6) El sometimiento al antejuicio del ex presidente Lusinchi por un supuesto delito similar al de Pérez. 7) El segundo castigo electoral que el pueblo le propinó al partido de gobierno en las elecciones nacionales del 5 de diciembre de 1993. 8) La quiebra de dieciocho bancos privados a comienzos de 1995 y la intervención estatal de éstos.

El desplome final del régimen puntofijista a los cuarenta años de su instauración, se vio significado por la abrumadora victoria electoral de Hugo Chávez en diciembre de 1998. Este hecho marcó el inicio de una nueva época en Venezuela signada por un proceso inédito de tendencial protagonismo ciudadano que, en lo inmediato, tuvo tres cristalizaciones cruciales: 1) La aprobación, mediante amplio consenso por referendo popular de diciembre de 1999 –el primero en la historia latinoamericana–, de la Constitución política de la República Bolivariana de Venezuela y la consecuente derogación de la de 1961. 2) En el transcurso de 2000-2001, los procesos electorales mediante los cuales se eligieron y relegitimaron todos los poderes de la novel República Bolivariana. 3) El proceso electoral que, bajo la coordinación del Consejo Supremo Electoral, por primera vez en la historia latinoamericana, permitió elegir en 2001 mediante voto secreto y universal a los directorios de las federaciones sindicales del país.

Dicha nueva época está significando, al menos, un reacomodo no resuelto de clases sociales y de sus correlaciones de fuerza, y un cambio en el conjunto de las necesidades (carencias y aspiraciones) sociales, en el estilo estatal de resolución de problemas humanos y sistémicos y en el modo de producción, circulación y consumo de valores tangibles e intangibles de cambio y de uso.

Pero, fundamentalmente, ha implicado la implementación a marcha forzada de una larga y difícil forja del estado nacional, cuya integralidad deberá pasar necesariamente por la resignificación exitosa de las instancias formales e informales de los momentos co-constitutivos de la sociedad venezolana, considerada ésta en su conjunto más inclusivo y plural: la sociedad civil, el régimen político, el sistema de partidos, el escenario electoral, la nación, el mercado y el estado mismo.

Dicha forja está pasando por una fase –esperamos que más de mediano que de largo plazo– de recentramiento político-estatal, cuyo efecto más inmediato pareciera ser, por un lado, la desaceleración de los efectos desintegradores del proceso sociopolítico actual y de la reforma formal del estado, tal cual se comenzó a practicar, con más contramarchas que marchas, durante el último decenio del siglo pasado y, por otro lado, el afloramiento de inestabilidades, incertidumbres y antagonismos propios del reacomodo de los poderes de clase.

Recapitulando, la neonata República Bolivariana de Venezuela no puede considerarse más que en incipiente, ambivalente y frágil proceso de instauración y consolidación, en especial si consideramos que las salidas a las crisis y las innovaciones democráticas están determinadas no sólo por los propios términos que las suscitan, sino también porque –al decir de Aricó, citado por Mayorga (1988:141)– somos «prisioneros de nuestras formas de pensar», oír, hacer, sentir y soñar, que son las mismas que condujeron a las circunstancias que se desean superar, sea el viejo sistema de relaciones sociales de hondas raíces ideológico-simbólico-culturales en la historia venezolana (Herrera Luque, 1991; Britto García, 1988, 1989; Dávila, 1992) que, resistiéndose a ser olvidado, continúa prolongándose y dando coletazos desde el pasado y en cuyo ínterin se viene suscitando una constelación de síntomas morbosos y anómicos pletóricos de puntos de estrangulamiento, turbulencias y entropías, a veces insospechadas.

Las organizaciones civiles de desarrollo social

La figura jurídica de las OCDS fue establecida a inicios del siglo pasado en Venezuela. No obstante, al contrario de otros países, aún no contamos con una legislación única sobre ellas, aunque sí con regulaciones específicas para cooperativas, partidos políticos, iglesias, sindicatos, asociaciones de vecinos, fundaciones y corporaciones, cuyos controles dependen del poder judicial y no del poder ejecutivo.

Dichas normas son a veces inconexas, heterónomas y ambiguas en virtud de que se encuentran dispersas en una diversidad de decretos y leyes que no han sido puestos a tono con la Constitución de 1999,⁴ expresando en algunos casos la desconfianza miope de los legisladores del régimen anterior (González, 1998:25), lo cual, sumado a la inexistencia de un registro único, de estímulos tributarios y controles en el procedimiento de la legalización, son factores que no contribuyen a la transparencia del aglomerado de OCDS.

En nuestro país el conocimiento de éstas es aún incipiente, razón por la que sólo existen directorios y listas parciales en organizaciones civiles (Cisor, Cesap, Socsal, Pro-Calidad de Vida y Dividendo Voluntario para la Comunidad) y oficiales (Ministerio de Planificación, INE) algunos de los cuales mantienen convenios con aquéllas (ministerios de Salud y Desarrollo Social, Ambiente y Recursos Naturales no Renovables, Educación,Cultura y Deportes, Ciencia y Tecnología, y Fundación del Niño).

Asimismo, existen sólo seis estudios exploratorios realizados con muestras pequeñas y estudios de casos referidos a áreas específicas (Cartaya, 1993; Navarro, 1994; García y Roa, 1997; Machado, 1997; Cisor, 1997a; Barrantes, 1998, 1999). Significando un avance en cuanto a la cobertura de las mismas, contamos tres estudios clasificatorios por actividad, realizados con muestras nacionales: Cisor (1997b) con 1.116, Socsal (1999) con 1.007, y González (1998) con 24.628 organizaciones.

En algunos aspectos la historia de las OCDS se ha entreverado, marginal y casuísticamente, al desarrollo del sistema político, del movimiento popular y la sociedad en general, pero no porque fueran consideradas actoras con voz propia, sino porque estuvieron implicadas como no-historia, silencio o no-palabra. Es la razón por la que algunos de sus rasgos pueden ser seguidos a través de una que otra ventanilla abierta por historiadores y sociólogos que estudiaron diversos momentos del siglo XX venezolano (López Maya, 1984, 1999; Lander, 1995a;b; García y Roa, 1997).

La ausencia de estudios ha conducido a afirmaciones equívocas, tales como que las OCDS son un fenómeno propiamente democraticorrepresentativo y, más específicamente, de la crisis terminal de la Cuarta República (Navarro, 1994; Machado, 1997).

Al denominarlas OCDS (Barrantes, 1998) e integrarlas –conjuntamente con las organizaciones gubernamentales de desarrollo social (OGDS)– en la categoría genérica de organizaciones de desarrollo social (ODS), compartimos la opinión de diversos autores de que la denominación no-gubernamental ostenta un sentido negativo en tanto define a aquéllas por lo que no son. Según una opinión generalizada en algunos sectores académicos, gerenciales y políticos, las denominadas oenegés son no oficiales, no corruptibles, no burocráticas, no opresivas y no ineficientes; ello en magnificado antagonismo con el supuesto carácter genéticamente ineficiente, burocrático, opresor y corruptible de los aparatos político-administrativos a los que es reducido el estado venezolano.

...las oenegés por ser privadas son buenas y tienen todas las virtudes de la democracia, y el estado y los partidos siempre son malos y corruptos...

Asimismo, el término sin fines de lucro significa que, a diferencia de la empresa privada, el desiderátum de las OCDS no es la ganancia económica; sin embargo, los juegos lingüísticos de muchos oenegeistas magnifican su afinidad con la racionalidad empresarial, en virtud de lo cual las inversiones sociales realizadas por aquéllas son consideradas, si bien sin fines de lucro, fundamentalmente sin fines de pérdida.⁵

A diferencia de los nombres con que se les identifica, el de OCDS expresa un sentido proactivo, porque las define ya no por lo que no son, sino por lo que son en referencia a su ámbito constituyente: la sociedad civil y a un concepto genérico de desarrollo social y de promoción del bienestar individual-colectivo de la población.

Las OCDS como actoras politicosociales

Las OCDS son actoras políticas en lo social; muchas de ellas noveles e influyentes protagonistas de la búsqueda institucional de satisfactores de una constelación de situaciones carenciales que afectan a individuos, familias y organizaciones.

Claro que son actoras políticas; que no lo quieran reconocer es otra cosa. Que se hayan querido erigir en agentes apartidistas y apolíticas es otra cosa, pero incluso esas que se erigen en sociedad civil pura, impoluta y desideologizada le hacen un gran juego al neoliberalismo, aunque prediquen lo contrario. Lo que pasa es que eso ha sido parte de la antipolítica, un discurso apolítico para hacer juego político...

Su presencia pública –que ya venían teniendo desde décadas anteriores, aunque de manera silenciosa o, al menos, no difundida por medios masivos– adquirió sentido en el marco de la crisis terminal de la Cuarta República. Es lo que conocemos como el boom de las oenegés, cuya notoriedad se vio publificada –gracias al cabildeo comunicacional de muchas de ellas– por los medios de difusión masiva, que magnificaron sus capacidades de gerenciamiento, autonomía antiestatal, civilidad, democratismo, eficiencia, flexibilidad organizacional y diversidad de servicios prestados en una multiplicidad de ámbitos.⁶

Dicho boom ha llevado a una idea equívoca que reduce la sociedad civil a las denominadas oenegés, que son conocidas en virtud de sus posibilidades de acceso a los medios de difusión masiva. Tal es la representación social del gerente de una OCDS empresarial:

La gente piensa que sociedad civil son las oenegés que conocen, la sociedad civil también tiene muchas otras formas de expresión, por ejemplo, en Venezuela hay 240 cooperativas que dan créditos a microempresas, y no las conoce nadie, y están vivas y trabajando, bueno, 240 familias, no pagan páginas en el periódico, pero son sociedad civil organizada.

Con esta base mediática –reforzada por la relevancia adquirida por algunas asociaciones civiles, especialmente de clases media y alta (Lander, 1995a; García y Roa, 1997) que siguen ostentando alto honor social y autonomía financiera–, las OCDS advinieron al escenario nacional autorreputadas como intermediadoras eficientes, transparentes e impolutas entre el estado y la sociedad civil.

Lo anterior, mediado por actores globales multilaterales y bilaterales, gubernamentales y privados, pero fundamentalmente por la oferta estatal de créditos blandos y por la convocatoria apresurada y selectiva que, a comienzos de 1990, privilegiaba a las OCDS más experimentadas, exitosas y mayormente conocidas por el funcionariado oficial. Ello a los efectos de que se incorporaran en calidad de operadoras del proceso social –ampliado por el incremento abrupto de la demanda popular provocada por el ajuste estructural– de producción, distribución y consumo de los valores de cambio y de uso objeto del conjunto descoordinado de programas asistenciales, compensatorios y focalizados a los que fue reducida la política social hasta 1999 (Carballo, 1999; Pulido, 1999; González, 1997).⁷

Dicha convocatoria se vio determinada por una tríada de sucesos de diverso nivel: 1) La ofensiva neoliberal y sus propuestas de desmantelamiento del intervencionismo del estado desarrollista latinoamericano y, particularmente, venezolano, que ya se mostraba insoslayablemente discapacitado para satisfacer las necesidades básicas de amplios agrupamientos poblacionales. 2) El optimismo generado por la elección uninominal de gobernadores y alcaldes en diciembre de 1989: la única cristalización tardía –lograda con el concurso de diversos actores sociales entre los cuales se contó un grupo de organizaciones vecinales de clase media– del proceso de descentralización político-administrativa del estado venezolano decretado en 1984. 3) Pero, fundamentalmente, por la abrupta implosión del sistema político-económico, producida por la deslegitimación y discapacidad de gobernación de la clase política, cuya dramática manifestación fue la rebelión popular conocida como el Caracazo, la cual fue sangrientamente reprimida por las fuerzas policiaco-militares entre el 27 de febrero y el 3 de marzo de 1989.

Este hito marcó el inicio de la crisis terminal de la Cuarta República. En consecuencia, el estado intentó, pesadamente y a marcha forzada, reconducir sus relaciones consigo mismo, con el sistema político, la nación, la sociedad civil y con sus propias instituciones. En consecuencia, los heterogéneos y contradictorios significados de su otrora imperativo e indiscutido papel de satisfactor diferencial de carencias y aspiraciones, comenzaron a ser delegados –parcialmente y tras una cadena de marchas y contramarchas, encuentros y desencuentros– en OCDS.⁸

Lo anterior no implicó la posibilidad –quizá porque, como se deriva de Barrantes (1998), no lo percibieron como necesidad o porque ésta se vio mediatizada por discapacidades, ambivalencias y desconfianzas mutuas durante el decenio pasado– de que tanto éstas como aquéllas realizaran un trabajo asociado con derecho a coparticipar en las instancias decisorias oficiales y en el rendimiento de cuentas mutuas; tampoco significó que las OCDS se descentraran a sí mismas ni que dieran rienda suelta al poder de sus beneficiarios, de forma tal que éstos pudieran apropiarse de sus derechos ciudadanos en la práctica misma de su participación activa en la gestión, control y evaluación de los servicios recibidos.⁹

En Barquisimeto cuando los beneficiarios...quieren compartir la administración de los recursos, la oenegé intermediaria los frena y les dice «la participación es para que me reciban la arepa, no para que se metan en el programa que está a mi cargo». Se repite el patrón vertical al que estamos acostumbrados.

Dada las normativas crediticias de las ocds...éstas coartan (a) los (beneficiarios), ya que éstos no pueden participar directamente en la administración de los recursos.

En la actualidad, según se desprende de las representaciones sociales anteriores, esta situación parece no haber variado aunque las relaciones de las OCDS con el estado se encuentran atravesando un período de nuevos alejamientos y desencuentros, como veremos más adelante.

La macroesfera pública

Como ya mencionamos, la implosión del sistema político y la retracción política y financiera del estado venezolano a partir de 1989, dejaron a la intemperie un ancho y profundo campo que algunas OCDS comenzaron a llamar lo público –a veces adjetivado de no estatal o civil– pero también tercer sector de la economía y sector de economía social, popular, solidaria o pública; asimismo, sector de oenegés, polo asociativo y, siguiendo la nomenclatura norteamericana y los razonamientos económicos aplicados a lo social, sector privado no lucrativo (Cisor, 1997a; González, 1998).

Mediante dicho campo, los partidos políticos y sus cúpulas de poder a las que grupos empresariales, sindicales, eclesiales, militares y académicos no eran totalmente ajenos, habían construido los complejos entramados de sus relaciones clientelares, populistas y corporatistas con la sociedad venezolana. Escapando a los controles de la justicia y la democracia, instauraron lo que en los años de mayor auge e impunidad de la corrupción político-administrativa se dio en llamar los entornos íntimos del estado venezolano.

Como decía Cabrujas, Venezuela es un campamento donde la institucionalidad es muy débil, la burocracia es según convenga y cada quien quiere extraer lo que más pueda...al final la ministra es comadre mía...los personalismos funcionan también cuando vas a un periódico o a una industria...

Se trataba, pues, de una virtual tierra de nadie cuyo costo de oportunidad más relevante era, en palabras de uno de los especialistas en OCDS entrevistados, la «liberación de la sociedad civil, la economía y la política de la intervención del estado» mediante la iniciativa privada y, por esta vía, constituir a aquélla en una promisoria tierra de todos los venezolanos, dentro de la que se destacaría el mercado jurídicamente liberado, pero en especial la noción del trabajo social corporativamente organizado,¹⁰ fundamento del liderazgo gerencial y politicosocial de las OCDS.

Las oenegés somos una especie de trabajadoras sociales corporativas bajo las condiciones que están planteadas en Venezuela.

Es así que éstas se constituyen en empresas sociales de alta productividad: si bien sin fines de lucro, fundamentalmente sin fines de pérdida, lo que equivale a no descuidar en modo alguno la capacidad de acumulación y reinversión: condición sine qua non de su desiderátum de autonomización financiera del estado, mas no necesariamente de las entidades privadas extranjeras y multilaterales.

En virtud de lo anterior, la representación social siguiente de uno de los especialistas entrevistados –condensando inintencionalmente el sentido de varios de nuestros cooperantes– da cuenta de un escenario que parecía posible para las OCDS, en especial las de mayor tamaño, antigüedad y autonomía financiera,

...conforme el estado venezolano evidenciara su incapacidad para satisfacer las crecientes demandas sociales, ellas irían posicionándose de espacios y sembrando en ellos su función de utilidad social; asimismo, poniendo a prueba su naturaleza gerencial, podrían ir asumiendo las funciones de bienestar, desarrollo y asistencia social que el estado y sus instituciones ya no podrían cumplir por sí mismos.

Según esta representación, lo público ya no es un problema de gasto social que, realizado a fondo perdido, morigera y, eventualmente, mejora la situación social de los pobres al margen de toda potenciación del consumo productivo y de la producción de ciudadanía, sino un sector abierto a los emprendimientos sociales y a las iniciativas privadas (individuales y empresariales), lo cual implica la transformación semántica del asistencialismo en inversiones productivas al servicio del incremento cualitativo de la situación económica de la ciudadanía consumidora, abriéndole nuevas fronteras al mercado y, por ende, a las inversiones del capital.

Para algunas oenegés, la prestación de servicios dejaba de ser un fin en sí mismo para constituirse en instrumento de un proyecto –más bien diríamos de un imaginario político– de organización social caracterizable por un estado mínimo, un expansivo sector privado no lucrativo, un dinámico sector económico productivo y un mercado que permitiera realizar la motivación al logro y la ciudadanización de cada quien.

Con esta representación social, coincidente en varios sentidos con las de otros cooperantes, uno de los especialistas entrevistados introdujo el verdadero significante del trabajo social corporativo realizado por las OCDS: lo político, pero no en el sentido fuerte de los partidos políticos y la lucha por el poder del estado,¹¹ sino en el de la gestión articulatoria de los mundos de vida, de la satisfacción de necesidades sociales y de la construcción de identidades al horizonte normativo de la globalización, cuyo punto de llegada es el mismo que el de partida: la sociedad liberal industrial y su valor esencial, el individualismo competitivo.¹²

Estrategias de posicionamiento

Los posicionamientos que las OCDS han realizado en la macroesfera pública –conjunto de campos significados por la política en tanto carácter profundo de la sociedad civil–, se han visto mediatizados por varias razones; entre éstas las siguientes: 1) El temor a las tentaciones autoritarias y corporatistas ha concitado a algunas a representarse a sí mismas como exclusivamente técnicas, administrativas, profesionales, y apolíticas en el sentido de apartidismo y neutralidad respecto de la lucha política realizada por los actores fundamentales interesados en detentar los poderes del estado. 2) Los dispositivos político-estratégicos con que algunas se han dotado, las asemeja a grupos de presión que se fundan en la práctica del cabildeo y las relaciones de influencia. 3) La orientación al trabajo social corporativo, es decir, la venta de sus servicios, las compulsa a la dependencia de fuentes de financiamiento especialmente privado nacional, internacional y multilateral, a la adopción de criterios de eficiencia en el uso de sus recursos escasos y la búsqueda de clientelas con capacidad de pago.

Es importante no partidizar...sí politizar la práctica social de las OCDS, (para) la comprensión de la necesidad de generar sus propias formas de poder y conquistar no el poder, sino, poderes en plural (capacidades, facultades), y de darse cuenta de que el poder no es cochino per sé, prurito convertido en discurso maniqueo en la última década...

(Como) las trasnacionales, grandes empresas, grandes bancos,...no nos metemos en la política chiquita...nuestra oenegé es muy profesional. Tenemos posiciones muy claras y determinantes. Los modelos de desarrollo sostenible implican posiciones de principios, forman parte de nuestra misión. Pero no participamos de la política diaria.

De las representaciones anteriores podemos deducir que las OCDS en su mayoría no se encuentran partidizadas, no obstante que muchas de ellas se sienten identificadas con doctrinas y prácticas de partidos políticos que, en determinados momentos, asumen y defienden. Esto no significa que no tengan una imagen-objetivo de su propio desempeño histórico, ya que mediante estrategias de posicionamiento han ganado poder no siempre ajeno a los intereses partidistas y mediáticos.

En las siguientes podemos ver, por ejemplo, que una oenegé, Primero Justicia, constituyó el partido político de su mismo nombre, al igual que otras fundan empresas económicas y consorcios financieros en cuya asamblea de socios gravitan, al menos, los miembros de mayor influencia de las OCDS de que se trate. Claro está, considerando que la misión principal de éstas no es partidizarse, empresarializarse o comercializarse, sino prestar servicios que tiendan a autonomizar y facultar a los sujetos de carencias.

...Política en el sentido del sistema político la hacemos mal como oenegés, porque la misión no es ésa, aunque algunas están haciendo política partidaria, como Primero Justicia..., pero ésta no creo que marca lo que debe ser la ruta de la sociedad civil organizada.

Los partidos son esenciales, pero su papel no lo veo para las oenegés. No lo saben hacer, no están hechas para eso. Cuando se salen de lo técnico y apuntan a lo ideológico-político, pierden los papeles.

La (inexistencia de) una oposición política nacional, ha llevado a algunas a jugar un papel que no les corresponde. Ellas no son oposición política, aunque defiendan lo que piensan que el gobierno les está quitando...

Según lo anterior, la racionalidad de los regímenes económico y de partidos es considerada como ajena a la naturaleza de las OCDS –en especial de las que se autorreputan como técnicas, profesionales, apolíticas y apartidistas; ello no significa que su participación en la lucha por los poderes del estado sea un deseo que efectivamente algunas prefieran reprimir, en especial en estos tiempos cuando el sistema político se encuentra pulverizado y la tentación autoritaria está a flor de piel de algunos sectores sociales. Tampoco implica que su contribución al incremento general de la tasa de ganancia no pueda ser realizada de manera indirecta, pues jurídicamente están facultadas para crear todo tipo de entidades (partidos y empresas inclusive) lícitas a fin de asegurar el cumplimiento de sus desiderata.¹³

...algunas se han convertido en consorcios que ellas mismas denominan oenegés cúpula o paraguas porque cobijan a decenas o centenas de otras oenegés.

La producción de ciudadanía

De acuerdo con los pocos estudios realizados en el país sobre OCDS, podemos afirmar que éstas se nos vienen presentando –dentro del marco de la Constitución de 1999, de un régimen sociopolítico y económico enrarecido por la pulverización de los partidos políticos especialmente de oposición, de nuevas concepciones de política social y nuevos protagonismos ciudadanos– como prestadoras de servicios de capacitación y asistencia social, rehabilitatoria, técnica y crediticia y como operadoras de un modelo específico de política social: el compensatorio y focalizado propio del estado rentista-bienestarista-asistencialista en su momento de crisis agonal.

Es la razón por la cual las acciones programáticas de aquéllas parecen expresar una tensión semántica entre los procesos de facultamiento social o construcción de poderes autonómicos de base, implicados en la ciudadanización de la macroesfera pública, y el lenguaje según el cual ésta es reducida a un virtual sector social privado no lucrativo cuyas actoras privilegiadas son las denominadas oenegés de mayor solvencia económica y mediática.

Un ejemplo de lo anterior es el hecho de que cuando llegó el momento de la firma de los convenios financieros a partir de 1990, aquéllas –en especial la mayoría que no tenía experiencia en el ámbito de la cooperación nacional e internacional y cuya única fuente de financiamiento pasó a provenir del estado¹⁴– se vieron concitadas a instaurar dispositivos de control de gestión física y financiera, tendentes a satisfacer más los términos contractuales con los prestamistas oficiales, privados, extranjeros y multilaterales que las necesidades de ciudadanización de los usuarios de sus servicios.

Ahora bien, en referencia a las representaciones sociales de las OCDS, pareciera que la producción de ciudadanía es considerada una portentosa tarea que le corresponde al estado integral-nacional o, lo que es lo mismo, a la sociedad venezolana considerada en su conjunto más inclusivo.

La producción de ciudadanía...se tiene que gestar desde una educación familiar y escolar integral y con una política sociocultural dirigida a la sociedad civil, donde el venezolano adquiera, defina y revalore su identidad y su sentido de pertenencia.

Es así que las OCDS son –apenas– unas de las tantas actoras involucradas que, por lo demás, ostentan como su mayor debilidad la dependencia financiera, lo cual incide directamente en su baja efectividad para influir, de manera decisiva y sin los condicionamientos de los prestamistas ni los determinismos de su propia sobrevivencia, en los diversos momentos del proceso de ciudadanización de la macroesfera pública.

Muchas oenegés han contribuido a crear ciudadanías barriales y comunitarias, ciudadanos de segunda y sujetos de necesidad que no se constituyen en sujetos de derecho y de justicia, pues con paliativos no se construyen articulaciones con la venezolanidad.

Es un proceso largo que no les corresponde plenamente pero tienen que hacerlo; no todas lo han hecho bien...considerando su imagen de eficiencia y experticia.

En este sentido, las representaciones sociales de nuestros cooperantes nos permiten afirmar que, en esta larga agonía transicional no resuelta, las OCDS no han dado muestras de estar habilitadas para descentrarse a sí mismas, ir al encuentro del estado y dotarse de mecanismos participatorios, de forma tal que sus respectivas poblaciones cautivas puedan tener posibilidad de, al menos, opinar sobre la oferta de bienes y servicios de aquéllas.

Algunas son muy verticales con su clientela, llevándoles una ayuda, un crédito, una arepa o una casa; (los clientes) se asumen como beneficiados (a quienes) les está dando una dádiva alguna oenegé buena que incluso catequiza con los recursos del estado. Esto es reforzar la anticiudadanía, el mesianismo, la docilidad.

Le exigen al estado y a los partidos democracia, transparencia y deferencia, pero muchas no son democráticas ni transparentes ni creen en partidos, aunque más de una quiere serlo.

Pareciera derivarse de las representaciones hasta aquí transcritas, un acotamiento acorde con el discurso político e ideológico hegemónico venezolano, según el cual la sociedad civil es lo que no pertenece al estado ni a lo popular, sino a las clases que, siendo portadoras de civilidad, modernidad y conocimiento tecnocientífico, se desidentifican de la supuesta barbarie e incivilidad que caracterizan a los amplios agrupamientos sociales que integran la categoría pueblo.

Yo no soy muy optimista en el papel que juegan las oenegés en el corto plazo...no las veo organizándose como movimiento social...de clase media, mucho menos de carácter popular. No veo posible que se organicen como contrapeso al poder absoluto y centralizador...dado el proceso de fragmentación instaurado desde hace años...

En consecuencia, en el discurso de algunos sectores de OCDS pareciera estar implicada la diferenciación y toma de distancia respecto de las organizaciones populares o de base, lo cual tiene sentido en especial si consideramos que, desde hace varios lustros, lo popular viene siendo política e ideológicamente devaluado y desconceptualizado, en virtud de que al pueblo se le asignan como rasgos exclusivos los propios de la cultura política venezolana, de la cual las OCDS son también usufructuarias para bien o para mal: el clientelismo, el paternalismo, el populismo y el rentismo.

Lo anterior no ha sido obstáculo para considerar a las organizaciones populares como objeto natural de la intermediación y mercado social para el consumo de los servicios de las OCDS.

La pluralidad (nos) permite el debate y la inserción en realidades comunitarias concretas: las de sus organizaciones y sus representantes, porque no queremos replicar a las oenegés, que son una implicación muy superficial en la realidad que intentan intermediar.

(Mantenemos la) condición de igual con las organizaciones populares; no las vemos como beneficiarias, clientes u objetos utilitarios porque...nos enriquecemos mutuamente respetando la diferencia de roles.

Sin embargo, las representaciones sociales anteriores apuntan a señalar una diferencia sustantiva en la actual relación OCDS-organizaciones populares con respecto a la práctica del decenio de los noventa: la horizontalidad respetuosa de las diferencias entre actoras sociales que tienen como misión diferencial la constitución de sujetos ciudadanos, autonómicos y democráticos. 

Relación con el estado

La relación del estado con sectores importantes de OCDS durante la fase terminal de la Cuarta República, no siempre fue transparente ni plenamente satisfactoria; más bien, ateniéndonos a diversas investigaciones, fue tensa, ambigua, asincrónica, ambivalente y signada por desencuentros y sospechas mutuas (García, 1991; Navarro, 1994; Lander, 1995a, 1885b; Machado, 1997; Cisor, 1997a; García y Roa, 1997; Barrantes, 1998, 1999).

Así lo testimonian las representaciones sociales de dos directivos de OCDS populares de Caracas y Barquisimeto:

Durante CAP II, les faltó asertividad para relacionarse con el estado y más de una abusó de su buena fe en el ámbito de las microempresas y las ferias de consumo popular...Caldera optó por buscar otro tipo de organizaciones...que tuvieran un perfil distinto a las oenegés...más confiables y funcionales a la política establecida por el partido oficial...

...el ministro de la Familia de Caldera II temía darle importancia a las casi mil oenegés con las que mantenía convenio para administrar los hogares de cuidado diario; temía que se le sindicalizaran y pusieran contra la pared al gobierno...no era una relación de socios, sino utilitaria...y en muchos casos desleal con el estado.

Como matiz del sentido anterior, la representación social construida por otros cooperantes es que durante los noventa, un número considerable de OCDS se sujetó de manera ambivalente a la política oficial, perdiendo de vista sus objetivos primigenios, en especial los cientos que fueron creadas por partidos, organismos oficiales y allegados a los entornos íntimos de los gobiernos, con el afán de captar recursos, evadir impuestos y abaratar los costos de sus actividades empresariales.

Para obtener financiamiento dejaron de lado sus objetivos y aceptaron las pautas de los gobiernos, perdiendo autonomía...

Muchas no se crearon (para) beneficio de la población, sino totalmente lucrativas, cayendo en actos de corrupción.

En cuanto a las discapacidades del estado venezolano, descritas en el apartado referido a la macroesfera pública, algunas representaciones sociales apuntan a significarlas como síntomas de la desaparición o minimalización de aquél y como señal de que la hora de la sociedad civil –ya autonomizada de la política al influjo de las fuerzas del mercado– había llegado y, con ella, la virtual hegemonía oenegeista tecnoexpansiva a la cual debían ser integrados, tanto el estado como los agrupamientos populares.

En este sentido, varios entrevistados coinciden en la representación social de que algunos sectores de OCDS adoptaron estrategias de incremento de sus variables de libertad, poniendo más énfasis en las debilidades del estado que en las fortalezas de sí mismas, lo cual las llevó a magnificar el poder corruptor y opresor de aquél y a ocultar sus propias debilidades e intereses particulares.

Se sintieron fuertes frente a las debilidades del estado y muchas oenegés quisieron aprovecharse de la oportunidad...para trabajar en función de su interés particular de hacer girar toda la sociedad alrededor de sus propios valores, de la globalización y de la clase media...

...desconcientizaron que hay muchas oenegés que son tan o más corruptas, ineficientes y explotadoras que el estado y los empresarios, e incluso las más importantes...se transformaron en máquinas de hacer dinero.

En contraste, otras representaciones sociales dan cuenta de que, si bien algunas OCDS preponderantes mantienen una franca posición antigubernamental, diversos sectores persisten en reivindicar y revalorar su derecho a la transparente, libre, efectiva, no condicionada y no subalternizada intermediación pública, no en el área estatal, sino civil.

El valor que tenemos:...Honestidad de caja registradora, nos contratan y hacemos el trabajo tal como se ofreció y lo esperábamos. Una práctica...en los noventa, era captar recursos y al final no hacer lo ofrecido...Eso nos parece deshonesto y no lo compartimos.

Nuestros fundadores (a mediados de los ochenta) se dieron cuenta de que parte del origen de los problemas urbanos estaba en el sistema político,...Así hicimos campañas de opinión pública y lobby en el Congreso (con) una visión...de influencia en lo político, aunque (con la) misión general (de) promover la libertad de acción en todas las esferas...

...no fuimos ni somos progobierno, prooposición, ni propartido específico, sólo propartidos...No caemos en el trabajo social que legitima partidos, como en la Cuarta República.

Es importante señalar que, actualmente, presenciamos una tendencia al rebasamiento de la misión primigenia de algunas OCDS, especialmente coincidentes con intereses de medios de difusión masiva y con el protagonismo partidista antigubernamental. Ello, en circunstancias en que los esfuerzos del gobierno no han sido eficientes ni totalmente suficientes para establecer reglas claras –aun entre las que apoyan al proceso sociopolítico bolivariano–, a los fines de sentar corresponsabilidades sobre la base de deberes y derechos, como bien lo enfoca la representación social siguiente:

La corrupción de muchas es patente y ocurrió con el Fondo Único Social, cuyo millardiano presupuesto fue ejecutado mediante convenios con oenegés, algunas creadas recientemente en condiciones que hicieron inviable la contraloría de los dineros que eran para los pobres. Se robaron más de dos mil millones de bolívares y la prensa le echó la culpa al gobierno. Como se quejaban de que la Cuarta República abusó de ellas, que no les pagaban a tiempo, que los trámites eran excesivos, etc., Chávez les creyó y cayó de ingenuo.

Lo anterior pareciera dar cuenta de una condición del estado venezolano que debemos tener en cuenta para estudios de mayor profundidad. En este sentido –y sin que ello implique en modo alguno nuestra adscripción a las teorías de la confabulación y del poder suma cero– adquiere relevancia la pregunta de si las fortalezas de las OCDS correlacionan inversamente con las debilidades del estado o si las debilidades de aquéllas están implicadas en las fortalezas de éste.

A ello apunta la representación social de uno de nuestros entrevistados, para quien el gobierno se encuentra enfrentado al dilema siguiente:

...delega(r) en oenegés, en las cuales poco cree por la corrupción de muchas de ellas, o si ejecuta de manera directa a sabiendas de que su capacidad está estrangulada por los sindicatos y la cultura del tortuguismo, y se le hace difícil ejecutar y controlar la gestión de sus políticas.

Pero más allá de esta disyuntiva, a la anterior representación social subyace una imagen políticamente disminuida de las OCDS, a causa de una combinatoria de factores cruciales, antes enumerados. Entre éstos el cambio de las reglas del sistema político y, por lo tanto, de las formas de hacer política (cabildeo inclusive); asimismo, la inviabilidad de constituir la macroesfera pública en un sector privado no lucrativo de corte oenegeista, tal como algunos sectores esperaron que sucediera dentro del marco de las políticas neoliberales del decenio pasado.

Como consecuencia, el posicionamiento de espacios y la consolidación de otros que las OCDS pudieran haber ganado en el decenio anterior, pareciera que se han visto deprimidos.

...ganaron espacios y conquistas importantes en los noventa pero están perdiéndolas dentro del marco de la centralización y concentración del poder.

Uno de los muchos espacios que...no hemos ocupado es la organización de los consumidores, que no puede depender...ni del estado ni de las empresas.

...se fue(ron) debilitando cuando algunas perdieron su perfil y se involucraron en la política cortoplacista y personalista.

Lo anterior coincide con la percepción de que a inicios de 1999 comenzó a ser difundido un discurso que comenzó a propiciar la creación de OCDS alternativas a las denominadas oenegés, aunque muchas veces de manera no muy distinta a la convocatoria de la primera mitad de los noventa, para que –desde adentro y desde abajo, canalicen procesos de transformación social y autosustentabilidad popular.

En Lara se ve más este deslinde, instancias de articulación que se generaron a inicios de los 90, no son las mismas de hoy ni son de la misma tendencia ideológica...Ha habido cambios...en esa autopercepción neoliberaloide que aún se mantiene entre algunas oenegés.

En estos últimos años hay nuevas organizaciones como la nuestra, que se han propuesto objetivos más politizados de manera consciente...comprometidas con la autosustentabilidad de los procesos locales y populares.

Ello en circunstancias en que el estado venezolano muestra una tendencia a la rearticulación de los circuitos de acumulación de poder político, económico y simbólico y de cambios en la correlación de las fuerzas sociales.

Consideración final

El trabajo presentado nos revela la importancia del heterogéneo universo de las OCDS y las significaciones e imágenes que éstas producen y socializan en sus realidades específicas.

Hemos dado cuenta de algunos aspectos relevantes de las representaciones sociales aportadas por nuestros cooperantes, pero han quedado implicadas múltiples interrogantes –entre las cuales retomamos las preguntas generadoras del presente trabajo– cuyas respuestas requerirán, tanto de investigaciones exhaustivas como de experiencias empíricas con OCDS.

Lo anterior, en circunstancias históricas en que el estado venezolano se encuentra fraguando un proceso inédito y, posiblemente de largo plazo, de reconstitución de los circuitos de poder y de las fuerzas sociales, lo cual podría significar la eclosión de nuevos actores que se propongan hacer lo que aquéllas hacen o están dejando de hacer, en especial respecto de la potenciación de procesos sinérgicos de facultamiento ciudadano y autonomización de conciencias.

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Notas

* Forma parte de una investigación financiada por el Consejo de Desarrollo Científico y Humanístico de la Universidad Central de Venezuela. Mi agradecimiento a Ruth Cartaya, Leonardo Pizani, Heiber Barreto, Beatriz Bermúdez, Luis Quintana y Luis Gómez por sus valiosas contribuciones.

1 Entendemos por ellas las ideas, pensamientos, imágenes, concepciones, percepciones, visiones y nociones de los sujetos sociales acerca de sus relaciones intersubjetivas, es decir, consigo mismos, con los otros y con la realidad socialmente construida. Con Mato (2000, 2000a) y Mora Martínez (1998) decimos que la idea tiene tres hitos bibliográficos salientes en su genealogía: la formulación que en 1912 hizo Durkheim sobre las representaciones colectivas, la que en 1965 presentó Althusser, y la que Moscovici (1979) realizó en 1961 sobre representaciones sociales. Según este último, su concepto tiene tres influencias básicas: la etnosicología de Wilhelm Wundt, el interaccionismo simbólico de George H. Mead y el concepto de representaciones colectivas de Émile Durkheim. Para otra perspectiva, ver Ibáñez (1996a;b, 1989).

2 Igual que lo hacemos con términos como país, nación, sociedad, Dios, escribimos el término estado con minúscula en consecuencia con nuestra concepción intersubjetiva y no esencialista de las realidades de cambio y de uso, tangibles e intangibles socialmente construidas. Con esto significamos que nuestro uso del idioma castellano se atiene a las recomendaciones –no legalistas, vinculantes ni impositivas por lo demás– de la Real Academia desde hace no menos de cincuenta años.

3 Por opción ideológica utilizamos el recurso onomatopéyico –con lo cual contribuimos a la creación de nuevos términos castizos– y no el extranjerismo de ONG’s, cuyo apóstrofe remite a otra estructura idiomática.

4 No obstante las limitaciones de esta legislación, en el ámbito estadal podemos mencionar un hecho jurídico pero fundamentalmente sociopolítico, que no llegó a ser implementado ni replicado a causa de los cambios electorales y políticos que culminaron con la instauración de la República Bolivariana. Se trata de la Ley de Planificación y Participación de la Sociedad Civil en la Gestión Pública del Estado Lara de 5 de julio de 1997, en cuyo artículo 6 se estipulaba la participación de la sociedad civil, reducida a las denominadas oenegés, en las diversas fases del proceso de planificación de la gestión pública.

5 Un ejemplo de eficiencia programática y de acumulación económica, tomado de Barrantes (1999), es el Banco para la Gente Emprendedora (Bangente). Éste es la cristalización más importante de la asociación estratégica liderada por el Grupo Social Cesap, a través del Grupo Sinergia, integrada por representantes de la Fundación Mendoza, la Fundación Vivienda Popular y el Centro Empresarial «Fundes-Venezuela», con la asistencia financiera de la Corporación Andina de Fomento, la Fundación Internacional Gateway, Profund International, el Banco del Caribe y el Fondo Multilateral de Inversiones del Banco Interamericano de Desarrollo. El capital accionario inicial de esta empresa financiera fue de Bs. 1.200.000.000 de 1998.

6 Vgr. filantropía, asistencia y rehabilitación, especialmente sicológica, neurológica, fisiológica y ortopédica, creadas por curas, monjas y mujeres caritativas de clases media alta y alta; cultura y ciencia elitescas; economía y política liberales y vida vecinal, especialmente de clase media profesional; administración de justicia, penitenciarismo y justicia de paz; inversión en infraestructura física (obras colectivas, comunitarias) y en capital social (promocionales, sociorganizacionales e instruccionales, asistencia jurídica, crediticia y tecnológica, gestión local) y humano (educación, salud, alimentación, vivienda); defensa de derechos (animales, ambientales, humanos).

7 Según Socsal (1999), la concentración de actividades de las oenegés era la siguiente: educación (21 por ciento); salud (14,2 por ciento); apoyo al desarrollo (14 por ciento); cultura y arte (10,3 por ciento); deporte y recreación (8 por ciento); generación de ingresos (7,3 por ciento); derechos civiles (6,2 por ciento); medio ambiente (5,9 por ciento); servicios básicos e infraestructura (5 por ciento); religión (4,6 por ciento); ciencia y tecnología (3,8 por ciento). Para Tabúas (1995), «La mayor parte de las ongs...se dedican a la educación (21 por ciento), infancia y juventud (18 por ciento) y economía popular (15 por ciento), justamente...tres áreas críticas del país».

8 También en OGDS, pero de ellas no daremos cuenta por no formar parte de nuestro objetivo. Sólo diremos que los institutos y corporaciones autónomas, los gobiernos estadales y locales, y las fundaciones y corporaciones adscritas a ministerios, gobernaciones y alcaldías, no siempre estuvieron en capacidad de asumir la transferencia de competencias ni de administrar con eficiencia y eficacia los pocos programas delegados por el poder central, y que sus propias debilidades fueron un factor que no les permitió llegar a experimentar procesos reales de decentramiento de su matriz estadocéntrica, de dotación de dispositivos estratégicos y operativos, ético-políticos (dispositivos de deliberación, consulta y codecisión despartidizada) y tecnológicos ni del deseo del otro, a fin de habilitarse en la práctica misma de ir al encuentro de los sujetos que encarnan la sociedad venezolana (para un estudio de caso, ver Barrantes, 1997).

9 Una de las muchas tensiones semánticas de las representaciones sociales de las OCDS señaladas por Cisor (1997a:33), es la de que, por un lado, éstas «mantienen relaciones paternalistas con la población (y) acapara(n) los recursos y el know how. Así aseguran el mercado y mantienen cautivos a los clientes» y, por otro, «reivindican el derecho de la población a ser actor (sic) o a moldear la oferta de bienes y servicios...».

10 Para quienes no son trabajadores sociales, este término se refiere a la actividad no profesional que se realiza para beneficio de los vulnerados por los altibajos de la tasa de ganancia. En la lógica de esta representación social, dicha actividad es gratuita porque quienes se dedican a ellas cuentan con rentas propias son asalariados del estado o militantes de religiones. El adjetivo corporativo introduce un sentido distinto que se refiere siempre al tiempo que se dedica a beneficiar al prójimo, pero esta vez gracias a la iniciativa privada de cada emprendedor individual y colectivo –vgr. las OCDS– en virtud de lo cual se debe obtener una rentabilidad social o ganancia mínima que permita recuperar los recursos invertidos o, mejor, acumular fondos de trabajo cuando no capitalizar con el afán de financiar alianzas estratégicas, nuevos proyectos y la ampliación de las coberturas de los existentes. Ver cita 7.

11 Sentido que no es estático en modo alguno, pues no siempre se sabe a ciencia cierta cómo, dónde y cuándo la mediación deriva en mediatización, el condicionamiento en determinación, el fenómeno en esencia, la connotación en denotación, y viceversa, de manera tal que no siempre es fácil diferenciar matices, especialmente en zonas multifronterizas inestables entre lo social, lo económico, lo cultural, lo político, la política, etc. (sobre la relación estado-sociedad civil, lo público y lo privado y amplias referencias al papel de las OCDS, ver Cunill, 1995, 1997; Magallanes, 1995, 1997; García Guadilla y Roa, 1997; Machado, 1997).

12 «...entre nuestras estudiadas no se evidencia una concepción de política en el sentido de la transformación de las estructuras societales, las movilizaciones masivas y la satisfacción de necesidades colectivas, tal como se entendía en los decenios sesenta y setenta, sino una noción de política light resementizada por (el) discurso economicista, financista y tecnocrático» (Barrantes, 1998:30).

13 Ver nota 7.

14 La noción de política de las OCDS «se ve expresada en las estrategias de sobrevivencia desplegadas por la gran mayoría [cuya] condición vital [es] la búsqueda compulsiva de fuentes de financiamiento,...la adopción de criterios de eficiencia («antes que servir tenemos que sobrevivir para poder servir») en el uso de sus recursos escasos y...la práctica del cabildeo o lobbysmo público y privado» (Barrantes, 1998:30).