Resumen

El presente artículo analiza la sociedad chilena desde 1990 hasta la actualidad, caracterizándola como una sociedad neoliberal avanzada. La conformación de este tipo de sociedad ha sido producto tanto de la acción política de la restructuración capitalista realizada por la dictadura militar del general Augusto Pinochet, como de las políticas desplegadas por los Gobiernos democráticos (1990-2007), que han profundizado, ampliado y consolidado el neoliberalismo en Chile. Una de las principales consecuencias de esta acción política e histórica de más de treinta años ha sido la constitución de nueva ciudadanía.

La conformación de la sociedad neoliberal avanzada en Chile ha coincidido con otros procesos históricos que la informan, la sustentan, la dinamizan y la influyen de distintas maneras. El influjo y encanto del pensamiento posmoderno, el impacto de la cuatro «ies» que integran la globalización (inversiones de capital en red, información en Internet, industria fragmentada e individuo global consumidor), la desaparición del socialismo real (la muerte de la esperanza igualitaria y libertaria expresada en el socialismo), el fin de la Guerra Fría y la constitución de un mundo internacional unipolar, el agotamiento de la democracia liberal representativa, entre otros procesos históricos, han tenido al interior de la sociedad chilena un fuerte y profundo impacto que, unido al proceso de restructuración capitalista iniciado en los años setenta por la dictadura militar, ha producido la versión nacional de la sociedad neoliberal del riesgo que describe Beck (1998).

Por cierto, se trata de la «versión chilensis» de la sociedad del riesgo en virtud de que la teoría de la modernización reflexiva o segunda modernidad ha sido construida a partir de la realidad histórica de la sociedades capitalistas modernas plenas (europeas o estadounidense). La «versión chilensis» correspondería a las sociedades del riesgo de la periferia.

En ese sentido, la sociedad neoliberal del riesgo periférica sería una versión incompleta, inacabada, muchas veces no más que una mala copia de la versión original. Agréguese a ello que todos los procesos de modernización desarrollados en América Latina en general, y en Chile en particular, no han logrado nunca romper con los lazos de dependencia que ligan nuestras sociedades periféricas con las centrales. Por esa razón, la sociedad del riesgo neoliberal chilensis es un híbrido en que se mezclan aún aspectos propios de la sociedad moderna industrial, es decir, de racionalización de la tradición, con elementos de la racionalización de la racionalización.

Siguiendo esta línea argumental habría entonces que apuntar que la sociedad neoliberal del riesgo no ha logrado superar ninguna de las polarizaciones, contradicciones y desigualdades heredadas de las modernizaciones anteriores. Diríamos que las ha redefinido pero no superado. Por tanto, el actual proceso histórico se caracteriza tanto por la continuidad como por la ruptura. Pero, también, por la novedad.

No obstante la condición periférica de la sociedad neoliberal del riesgo chilena, ella constituye la versión más avanzada de todas las existentes en la región latinoamericana. Por esa razón, se presenta como la que ha logrado superar o modificar las principales dimensiones sociales, políticas, económicas y culturales que caracterizaron la sociedad industrial sustitutiva. Unas de las transformaciones de mayor impacto entre los sujetos que habitan, conviven y existen en las sociedades neoliberales es el cambio en la percepción del «tiempo». Para los sujetos neoliberales no existe (no conciben) lo que Fernand Braudel (1989) denominó la «larga duración», es decir, el tiempo largo. Vivir en la sociedad neoliberal del riesgo avanzada es vivir en un cambio perpetuo, que gira sobre sí mismo. Es el tiempo corto o mediano, el acontecimiento o la coyuntura. Es el presente continuo. A diferencia de la modernidad industrial, especialmente, de la época del fordismo y del Estado social del bienestar, en donde todo tendía a la estabilidad y la perdurabilidad de lo estructurado, a la larga duración, en lo social, en lo político, así como en lo económico. En la sociedad del riesgo, en cambio, nada es estable, todo es mudable e inseguro, de ahí el riesgo. Todo es cambio rápido, la existencia no se construye para el futuro, sino para el presente, que es permanente. Si la modernidad industrial ofreció a la ciudadanía seguridad social, laboral y familiar, la sociedad «mercantil» del riesgo ofrece escasas seguridades en esos planos. Lo que ofrece son riesgos, inestabilidad e incertidumbre por doquier. De allí que un aspecto central de la sociedad neoliberal del riesgo sea la tendencia al «presentismo», o sea, la tendencia de los sujetos a vivir intensamente su y el presente y, a la vez, rehuir comprometerse en proyectos vitales de larga duración.

Los cambios que se observan en la organización de las familias, por ejemplo, son demostrativos de la constitución de la sociedad neoliberal avanzada del riesgo. Recordemos que la modernidad industrial tenía como requisito paradójico que se mantuviera un orden familiar premoderno o tradicional. El modelo establecía al hombre trabajando en el espacio de la producción industrial (trabajo retribuido) y a la mujer a cargo de la reproducción cotidiana de la fuerza de trabajo en casa (trabajo doméstico). Ambos espacios son los encierros de la sociedad industrial. En uno estaban los hombres y en los otros las mujeres, en compañía de los niños y las niñas, aunque estos están, también, en la escuela (otro de los encierros modernos). Las políticas asistenciales del Estado del bienestar y del keynesianismo reforzaban el mantenimiento de dicho modelo a través de estímulos económicos, sociales, culturales, educacionales. Sin embargo, todo esto comienza a cambiar como producto de la restructuración capitalista neoliberal, que pone fin a los procesos de industrialización, y con el acceso de las mujeres a la educación, por un lado, y la incorporación de las mujeres a la fuerza de trabajo, por otro (Tironi, 2005).

En la sociedad neoliberal del riesgo revientan las relaciones entre los sexos, las que estaban soldadas en la separación producción y reproducción, y que eran mantenidas a través de la familia con el apoyo de las políticas sociales del Estado del bienestar y de las políticas económicas del keynesianismo, especialmente, del pleno empleo.

La conjunción simultánea de la liberación de las mujeres de los roles tradicionales –con el desmantelamiento de las políticas keynesianas y del bienestar– y la implementación de las políticas neoliberales provocó la crisis de la familia, del matrimonio y de las relaciones de pareja, del amor, etc. Según Beck (1998), todo se volvió inseguro: la forma de convivencia, de quién hace qué trabajo, las nociones de sexualidad y amor y su inclusión en el matrimonio y en la familia. La institución de la paternidad se disgrega en padre y madre; la actitud de los hijos cambia con la intensidad de la vinculación, hoy son los últimos en irse de la casa. Todos estos cambios han redefinido en las sociedades neoliberales avanzadas las posiciones políticas conservadoras: lo característico del actual conservadurismo es y será por mucho tiempo la lucha por la «reunificación» de aquello que la crisis de la modernidad industrial disolvió. La reunificación del trabajo y vida; trabajo doméstico y trabajo retribuido; de las parejas, de padres e hijos. El discurso neoconservador en defensa de la familia, del control de los padres sobre la tutela de los hijos, el rechazo a los métodos de anticoncepción, entre otros, constituyen la nueva agenda valórica de los sectores políticos y sociales que miran con nostalgia el pasado reciente, es decir, el orden cultural y político moderno industrial.

Uno de los aspectos más relevantes de ese orden moderno era su condición de ser una sociedad del trabajo, especialmente, productivo industrial. La política social central del Estado era asegurar el pleno empleo, o sea, dotar a los ciudadanos de un trabajo remunerado, estable y continuo en el tiempo. Las biografías de los hombres se construían en torno a la experiencia laboral de larga duración, tanto en el trabajo retribuido como también en el matrimonio. La biografía de las mujeres se desplegaba en torno a la experiencia del matrimonio y a la crianza de los hijos, elementos constitutivos del trabajo doméstico. Con la instalación del neoliberalismo esa sociedad del trabajo industrial llega a su fin, puesto que tanto el trabajo retribuido es afectado por el desempleo industrial masculino, como el trabajo doméstico es afectado por el empleo femenino.

Se produce, de esa manera, un doble desempleo, lo cual provocará la crisis de la estructura familiar industrial. Esta crisis obliga a hombres y a mujeres (en nombre de la propia supervivencia material) a hacer de sí mismos el centro de sus propios planes de vida y de su propio estilo de vida.

En este sentido, la descomposición del modelo familiar industrial tiende a eliminar las pertenencias y la transformación de «sujetos colectivos» modernos industriales tales como las clases sociales, los partidos políticos, las organizaciones sociales comunitarias, e incluso los movimientos sociales, etc. Se instala el individuo solitario, desconectado de lo social y político, pero enchufado a los aparatos que lo conectan con la realidad virtual, imaginaria, global (v. García Canclini, 2004; Garretón, 2004; Sartori, 1998; entre otros).

La mayor fragilidad de la familia moderna industrial se expresa en la caída de la tendencia al matrimonio, el aumento de las separaciones, los divorcios y la convivencia, la crisis de la paternidad/maternidad, el aumento de los hogares a cargo de una mujer, la caída de la fecundidad y el aumento de los hogares unipersonales, etc.

El análisis, brevemente, de algunos de los aspectos antes mencionados en las cifras arrojadas por el censo poblacional del año 2002 y su comparación con el censo del año 1992 no indican que las tendencias predominantes de la sociedad del riesgo neoliberal sean ampliamente marcadas en la sociedad chilena.³ Las cifras muestran, por ejemplo, que la categoría casado/a se mantiene como predominante, aunque su porcentaje descendió del 51,8 por ciento en 1992 al 46,2 por ciento en el año 2002; los solteros y viudos mantienen casi los mismos porcentajes entre ambos censos; sin embargo, las categorías separados y, en especial, conviviente o pareja, experimentan un alza importante, tal como puede observarse en el cuadro 1.

En relación con el tema del matrimonio, o de los casados, digamos que en la sociedad del riesgo neoliberal predomina el individualismo, el hedonismo, y el principal compromiso social de los sujetos es la privatización de sus vidas individuales. Por esa razón algunos autores estiman que se trata de una sociedad dominada por el narcisismo. Todo ha cambiado, hasta el amor. Lo cual no es una cosa menor, pues afecta directamente el matrimonio y la familia. Se ha pasado del amor romántico al amor confluente.

En términos tradicionales, en el matrimonio predominaban los lazos de cooperación y colaboración entre los esposos; al compartir la responsabilidad de sostener la alianza, el patrimonio familiar, el amor romántico contribuía a consolidar la alianza y a proyectarla en el futuro. La concertación matrimonial, el enlace, la unión de dos sujetos, constituía el punto de partida para la construcción de un proyecto de vida, en el cual el amor romántico era una apuesta destinada a controlar y dar sentido al futuro: «contigo pan y cebolla».

El matrimonio moderno industrial tenía como base espiritual el amor romántico, y como base material el trabajo retribuido y el trabajo doméstico por un lado, y la acción del Estado social, la base política, por otro. En cierta forma, el éxito del proyecto familiar estaba asegurado en la medida en que esas bases funcionaran, y en gran parte así fue.

En cambio, en la sociedad neoliberal avanzada los cambios acaecidos han alterado las bases amorosas, materiales y políticas del matrimonio industrial. En general se pueden identificar cinco cambios que estarían afectando a la estructura tanto familiar como matrimonial.

Primero, la prolongación de la esperanza de vida ha alterado el tejido biográfico, especialmente de las mujeres. En décadas anteriores el tiempo que duraba la vida de una mujer bastaba para traer al mundo y educar el número de niños supervivientes «deseados» socialmente; hoy por hoy, los deberes maternos acaban a los cuarenta y cinco años. Vivir «para los hijos» hace mucho tiempo que dejó de ser un objetivo existencial de las mujeres. Este vivir se ha convertido en una fase pasajera, relativamente corta, liviana, puesto que el número de hijos también ha disminuido. La tasa de fecundidad, por ejemplo, tuvo una significativa reducción entre el censo 1992 y el censo de 2002: de 135,3 por mil pasó a 96,52 por mil, con una variación de menos 38,78. Por lo tanto, las mujeres tienen por término medio tres décadas de «nido vacío». De manera que actualmente la sociedad chilena tiene más de un millón y medio de mujeres en la «mejor edad» que viven en comunidad postmaterna, a menudo sin una actividad concreta que llevar a cabo.

En segundo lugar, los procesos de modernización neoliberal han restructurado el trabajo doméstico, especialmente como resultado de los procesos técnicos de racionalización que pasan a este campo. Numerosos aparatos, máquinas y ofertas de consumo descargan y vacían el trabajo. Se ha producido la «descalificación del trabajo doméstico». En efecto, un ejército de aparatos electrodomésticos inunda el mercado destinado a aliviar a las mujeres, pero no sólo a ellas, sino también a los hombres, así como también a las trabajadoras y los trabajadores del servicio doméstico, en sus tareas hogareñas. Según el censo 2002 el 78,7 por ciento de los hogares nacionales posee lavadoras, el 41,4 por ciento secadoras/centrífugas y el 82,1 por ciento refrigeradores, aparte de microondas, jugueras, batidoras, etc., lo que genera una mayor cantidad de «tiempo libre» a las dueñas de casas, que potencia la salida hacia el trabajo profesional extra-doméstico.

Sin embargo, la «descalificación del trabajo doméstico» no implica la liberación de las mujeres chilenas de este trabajo, sino más bien la interrelación del mismo con el trabajo retribuido femenino. Esto significa que la mujer asume tanto la tarea doméstica como el trabajo retribuido. En otros casos se produce una delegación del trabajo doméstico en otros miembros del núcleo familiar, como pueden ser hijos o hijas; por lo general, en una hermana o la abuela. Pero también están las guarderías infantiles, el kindergarten o las «nanas» que asumen el cuidado de los hijos de las madres que trabajan. De acuerdo con las cifras del censo 2002, se podría sostener que la delegación de funciones en otros miembros del grupo familiar, como la mezcla de trabajos en la mujer, es la solución más extendida en la sociedad chilena, dado que tan sólo el 1,4 por ciento de los hogares nacionales declara tener una «asesora del hogar».

En tercer lugar, la caída de la tasa de fecundidad revela que los hijos y la maternidad ya no son un destino natural del matrimonio o de las mujeres. Además esto se une al principio de los hijos deseados o de la maternidad querida. Exceptuando el embarazo adolescente, las mujeres de la modernidad neoliberal, al contrario de sus madres e incluso de sus abuelas, pueden codeterminar, consensuar o confluir con su pareja el sí, el cuándo y el número de hijos. Esto, especialmente, gracias a la extensión y masificación de los métodos anticonceptivos. Al mismo tiempo, la sexualidad femenina es liberada del «factum de la maternidad» y puede ser descubierta y desarrollada conscientemente contra las normas masculinas. De ahí que el número de hijos haya disminuido significativamente de una década a otra, reduciendo con ello el número de integrantes de la familia nuclear.

Los hombres y mujeres de la modernidad neoliberal se unen para estar juntos, para evitar la soledad, pero no necesariamente para procrear, para criar hijos o para realizarse en los hijos. Por lo general, aunque aún no es algo muy extendido en la sociedad nacional, los hombres y mujeres que se «emparejan» traen sus propios hijos. Los hijos comunes eran el producto del amor romántico. Mientras que los hijos tuyos y los míos y los nuestros (en algunos casos) son propios del amor confluente.

En cuarto lugar, el aumento de las separaciones, de las anulaciones, así como de la «convivencia», en una década, remite a la fragilidad del sustento matrimonial y familiar, como se muestra en el primer cuadro. Estos aumentos parecen más el efecto que la causa de la aparición del amor confluente, contingente, activo, que rehúye las expresiones «sólo», «único» y «para siempre» a la vez que rechaza el modelo heterosexual como única imagen de pareja. A la inversa del amor romántico, el amor confluente no espera la validación del yo en la presencia del otro, no es necesariamente monogámico e introduce el ars erótica en el seno de la relación conyugal, que se mantiene «hasta nuevo aviso». El matrimonio pasa a ser una institución devaluada, que perdura en la medida en que contribuya a la satisfacción emocional. Mientras tanto la descendencia pasa a ser vista como un «elemento inercial», un impedimento para la separación, antes que un motivo de consolidación del vínculo conyugal. Actualmente, rotas las diferencias de roles, el matrimonio deja de verse como una institución imprescindible para la planificación del futuro de las personas. La fecha del casamiento deja de ser importante dentro de las efemérides del calendario personal, afirma con no poca ironía Anthony Giddens (2001). Ya no se espera completar la identidad del yo en la consumación de una relación «de por vida».

La «convivencia» expresa el amor confluente. Pero también expresa la revalorización de un «yo» narcisista y hedonista de los individuos de la sociedad del riesgo. De allí que Alain Touraine (1997) se pregunte si podremos «vivir juntos». Los narcisos (hombres y mujeres) rechazan los compromisos afectivos justamente por el peligro potencial de sufrimiento y de dolor que convocan tanto el vínculo amoroso como los compromisos de largo plazo. La baja de la tasa de natalidad observada en el censo 2002 es una indicación certera de las dificultades que tienen las nuevas generaciones para afrontar los riesgos de una relación comprometida. Más aún cuando las políticas implementadas por el neoliberalismo han retirado las bases materiales y políticas que posibilitaban que los ciudadanos y ciudadanas de la modernidad pudieran asumir con cierta seguridad los riesgos de la vida matrimonial. El lema de la sociedad del riesgo neoliberal es «arréglatelas como puedas».

El «arréglatelas como puedas» apunta en la dirección del creciente proceso de individualismo que experimentan los sujetos de la sociedad neoliberal, cuya expresión es la soledad. Según las cifras del censo del 2002, el aumento de los hogares unipersonales fue de un 76 por ciento desde 1992, siendo las mujeres las que lideran el alza: si bien los datos del censo señalan que el hogar con jefatura masculina sigue siendo el mayoritario –el 68,5 por ciento de los hogares–, la jefatura de hogar femenino aumentó con respecto a 1992 en 6,2 puntos porcentuales, avanzando del 25,3 por ciento en 1992 al 31,5 por ciento en el 2002.

La actividad política, en general, y la democrática en particular, así como la democracia liberal representativa en las sociedades neoliberales avanzadas, atraviesan por un proceso de crisis que empuja dicha actividad hacia «la baja», mientras la actividad mercantil, el individualismo, el conformismo, la desigualdad social y la fragmentación ciudadana, la desprotección social y los riesgos van «en alza». En ese sentido se puede sostener que mientras más se consolida una sociedad neoliberal, más innecesaria resulta la política, especialmente la democrática, y la actividad de la democracia liberal representativa como régimen político pierde validez e interés para importantes sectores de la ciudadanía; quedando ambas actividades (la política y la democracia) en manos de los traficantes de la palabra y el poder, o sea, de las elites políticas (Maestre, 1994). La actividad política representativa, por ejemplo, queda encapsulada y monopolizada en los partidos políticos «conformes con el sistema», los que tienen, a su vez, el control y la dirección política de la sociedad (Gómez Leyton, 2003a). En un escenario como este, la ciudadanía opta por retirarse a los espacios privados y automarginarse de toda participación social y política. De manera que la política institucionalizada se vuelve más elitista, la separación entre la ciudadanía y la clase política es cada vez mayor, provocando una profunda incomunicación entre ambos actores y sujetos de la democracia. Por esa razón, la actividad política neoliberal se vuelve estéril, se transforma en lo que Tomás Moulian, denomina «la seudopolítica».⁴

La constitución de la ciudadanía neoliberal –que no se condice con el desarrollo y cierta ampliación y fortalecimiento experimentados por las organizaciones sociales de la sociedad civil durante la dictadura militar (1973-1990)– es el resultado del mantenimiento, ampliación y profundización del neoliberalismo por parte de los Gobiernos de la Concertación de Partidos Políticos por la Democracia que han conducido la sociedad chilena desde 1990 hasta la fecha. No es que las organizaciones sociales de la sociedad civil hayan desaparecido o que no se manifiesten con relación al Gobierno o al Estado o al mercado, sino más bien que ellas han experimentado un vaciamiento ciudadano similar al de las organizaciones políticas, especialmente los partidos. Este vaciamiento social y político se explica por la deconstrucción que experimenta el modelo tradicional de ciudadanía inducido por el neoliberalismo. Lo que ha llevado a la fragmentación de la ciudadanía y a la mutación de sus compromisos políticos y cívicos (Gómez Leyton, 2006a).

La ciudadanía neoliberal se expresa fundamentalmente en el surgimiento y constitución de una ciudadanía política fragmentada cuya principal característica es la desvinculación de la política y, especialmente, de la política democrática. En la actualidad es posible identificar en la sociedad chilena cuatro tipos de ciudadanos políticos, a saber: a) los tradicionales, b) los no electores, c) los no políticos y d) los subpolíticos.

Los ciudadanos tradicionales son aquellos que conciben la ciudadanía política tal como se practicó durante el siglo XX. Es decir, son esencialmente ciudadanos electores; para ellos la participación en los actos electorales es la mayor y más acabada manifestación de su responsabilidad cívica y política. Tienden a militar o simpatizar con algún partido político, pero sin mayores compromisos ni involucramiento activo en la acción política partidista. Su compromiso cívico fundamental es asistir a los distintos actos electorales a que son convocados. El sufragar es un tipo específico de salida al espacio público desde sus espacios privados: el hogar o su trabajo.

Los ciudadanos «no electores» son ciudadanos y ciudadanas que se encuentran inscritos en los registros electorales, pero que tienen un comportamiento político electoral abstencionista. No sienten mayor apego por la actividad política electoral ni partidaria. En este grupo se encuentran los no electores activos y los congelados. Los primeros son los que votan en blanco o anulan su voto, es decir, concurren y participan en los actos electorales, pero no eligen. Los segundos no asisten a todos los actores electorales, sino que concurren y votan en determinadas elecciones, especialmente en las presidenciales. Difícilmente van a votar en las elecciones parlamentarias o municipales. Es decir, congelan o suspenden su ciudadanía política entre una elección y otra. Son menos comprometidos social y políticamente que el grupo anterior.

Los ciudadanos no políticos son aquellos que han renunciado voluntariamente a su condición de ciudadanos políticos. Para tal efecto no se inscriben en los registros electorales. Rechazan la política, los partidos y la clase política. Son ciudadanos despolitizados e irresponsables, políticamente hablando. Son los menos comprometidos socialmente.

Los ciudadanos subpolíticos son todos aquellos que pueden ser ciudadanos políticos activos (es decir, están inscritos en los registros electorales) o no electores (abstencionistas activos o congelados) o también no políticos, pero que son activos ciudadanos en los espacios subpolíticos de la democracia neoliberal. Trabajan en los espacios no institucionalizados de la política democrática. Son críticos activos de la democracia liberal representativa. No rechazan la política, todo lo contrario, son cien por ciento, políticos. Por lo general, son ex militantes, ex combatientes de los sesenta o de los ochenta, altamente comprometidos con el cambio social actual: son defensores del medio ambiente, críticos del mercado; en ellos la crítica es todo. Son constructores de experiencias democráticas participativas y directas en el ámbito de los espacios locales. Son la inmensa gran minoría de ciudadanos activos en la subpolítica democrática. Ellos apuestan por la democracia radical y participativa.

De estos cuatro sectores ciudadanos el único que se encuentra actualmente representado en el Parlamento son los ciudadanos tradicionales. Sin embargo, ello no quiere decir que esa representación sea óptima. Si bien ellos constituyen alrededor del 55 por ciento de la población con derechos políticos activos y son la base de apoyo político electoral de la democracia actual, el avance sistemático de los «no electores», especialmente de los «no ciudadanos políticos», y el crecimiento lento aunque sostenido de los ciudadanos subpolíticos cuestionan profundamente el tipo de ciudadanía construida en los tiempos del libre mercado.

Una ciudadanía política fragmentada no contribuye al desarrollo de una democracia sólida, incluyente y participativa; todo lo contrario, permite que la democracia sea una democracia de los políticos más que de la ciudadanía. Las luchas ciudadanas durante la dictadura se hicieron en torno a la idea de que había que procurar alcanzar una democracia con una ciudadanía poderosa. Esas luchas fracasaron abiertamente, pues lo que hoy encontramos es la pobreza política ciudadana. El ciudadano ha sido reducido sólo a la expresión de votar (Gómez Leyton, 2003a, 2004b).

Ahora bien, frente a este «ciudadano pobre» políticamente, el neoliberalismo ha construido los «ciudadanos ricos» mercantilmente hablando. La existencia de sociedades como democracias neoliberales avanzadas supone la constitución de una «sociedad abierta», es decir, donde ambas, sociedad y democracia, se estructuran a partir de una economía de libre mercado. Y en donde el Estado se ve reducido a lo que algunos han llamado el «Estado mínimo», especialmente por la no intervención en el proceso productivo y económico semejante al desarrollado por el estado keynesiano. Evidentemente, el Estado neoliberal no es de ninguna manera débil, ni mínimo, todo lo contrario, es una forma estatal muy poderosa y está muy activo en el control y mantenimiento de la sociedad neoliberal (Gómez Leyton, 2002, 2006c, 2006e).

Advirtamos que la conformación de una economía dirigida por las fuerzas del mercado fue posible por la acción del Estado bajo el control de la dictadura militar. La configuración de la economía neoliberal es producto de la acción del Estado, el cual potencia la constitución de un ciudadano esencialmente económico, en vez de político y social, como lo hizo el Estado social keynesiano (Gómez Leyton 2006c, 2006e).

La ciudadanía, por tanto, no se realiza en el acto de la participación política o cívica, ya sea en el partido, en el acto electoral o en la organización social de la sociedad civil, sino en el acto de consumir. Se es ciudadano en la medida que se participa en el mercado. De ahí que el sociólogo Tomás Moulian, analizando la sociedad chilena hace ya diez años, haya descrito la existencia del ciudadano credit-card o ciudadano consumista (Moulian, 1997).

A este ciudadano credit-card lo encontramos, por cierto, en la mayoría los países democráticos en donde se ha instalado y desarrollado la economía neoliberal de mercado. Podemos preguntarnos si este ciudadano se interesa por la democracia o por la política; en otras palabras, si se compromete con la sociedad civil. En términos amplios, la respuesta es negativa. Por lo general, la ciudadanía credit-card es una forma de despolitización de la ciudadanía democrática, política y cívica. Ya no se concibe la política como posibilidad de deliberación y de liberalización; por tanto, la interrogación crítica no existe, fundamentalmente porque el consumo vía el crédito se ha transformado en un formidable factor de disciplinamiento social y político. La participación es plenamente mercantil, ya no se busca la integración a través de los canales políticos sino, esencialmente, de los mercantiles. En la medida que este ciudadano comete la falta de dejar de pagar, su ciudadanía se desvanece. El mercado lo expulsa. Lo reduce a una ciudadanía exclusivamente política, pobre. Es alguien que ha perdido la posibilidad de acceso a una extensión casi mágica de sus posibilidades y poderes para volver a ser nadie. Vuelve a ser un otro tipo de «cliente», aquel que depende totalmente de los vaivenes de la política. Sin embargo, no se realiza en ella. La rechaza, la niega. En ese acto, se niega a sí mismo como ciudadano. La política pierde sentido, pues ella no lo vincula con el mercado. No puede, por lo tanto, construir su proyecto de vida. Los proyectos de vida de los ciudadanos «credicales» ya no tienen como referencia la política en su sentido moderno, es decir, como construcción colectiva del futuro; su referencia directa es el mercado. Es allí donde los ciudadanos y ciudadanas, transversalmente, eligen los medios que les permiten su realización social, económica y cultural. Por consiguiente, no necesitan de la política de carácter redistributiva como la desarrollada durante la época del Estado del bienestar. La política pierde su centralidad y, por consecuencia de aquello, también los mecanismos de la democracia representativa, como, por ejemplo, las elecciones. Eso explica la creciente no participación política electoral y social que se observa en la sociedad chilena, el des-compromiso ciudadano y el vaciamiento de las organizaciones de la sociedad civil.

La existencia y masividad del ciudadano credit-card ha reemplazado en forma mayoritaria al ciudadano político-partidista-social-cívico. En términos simbólicos actualmente es más importante poseer o acceder a una «tarjeta de crédito» (master card, visa o cualquier otra) que poseer el «carnet del partido» o la cédula de votante. Por lo tanto, a este nuevo ciudadano no le interesa mayormente la competencia política en cuanto esta pone en conflicto distintos proyectos históricos de sociedad. Su interés principal es el mantenimiento del status quo político, económico, social, pero necesariamente, cultural. Por ello, políticamente definida, la ciudadanía crediticia-mercantil es conservadora y al mismo tiempo despolitizada. Produciendo una democracia y una sociedad civil: mercantil, conservadora y desmovilizada (Gómez Leyton, 2002, 2006c; Hopenhayn, 2005).

La ciudadanía social neoliberal

La fragmentación de la ciudadanía en su dimensión social se va sostener en tres ejes centrales de la sociedad neoliberal avanzada: la propiedad (individual), el consumo (en sus distintas subespecies) y la autoorganización (colectiva). Esto nos permite identificar tres tipos de ciudadanos sociales: el propietario o patrimonial, el consumidor-usuario y el colectivo-participativo.⁶

La forma que adoptó el proceso de privatizaciones durante la dictadura militar pinochetista, la conformación de mercados monopólicos y la misma presencia de la dictadura limitaron severamente la emergencia del ciudadano-usuario. Ello explica que sólo en democracia los derechos de los consumidores comienzan a ser considerados como parte de los derechos de los ciudadanos, al tiempo que se constituyen las primeras organizaciones de consumidores. Actualmente existen diecinueve a lo largo y ancho del país, destinadas a defender los derechos de los consumidores-usuarios. Cabe señalar que antes que garantizar el escenario apropiado para la gestación de un hipotético «control ciudadano», ejercido por el consumidor-usuario, la dominación política neoliberal se encargó de proclamar su existencia virtual, asegurando, al mismo tiempo, su inviabilidad empírica. En los hechos, la virtualidad del consumidor-usuario fue compensada por la ostensible centralidad que adquirió el consumidor puro, imagen impulsada por el modelo neoliberal dictatorial.

El declive inevitable de la figura del «consumidor puro», asociada al dispositivo de dominación pinochetista, nos advierte sobre la importancia estratégica que adquiere en la actualidad el ciudadano consumidor-usuario. En ese sentido, la primera condición para la emergencia de este es que se restituyan o se establezcan nuevas capacidades estatales para fiscalizar, supervisar y regular la acción del mercado, así como el fortalecimiento y capacidad de autodeterminación de las propias organizaciones de consumidores.

Por lo tanto, vale la pena preguntarse si la condición de posibilidad del consumidor-usuario no abre nuevas oportunidades y desafíos ciudadanos, en la medida en que su potencial realización puede colocar en el centro la discusión sobre las bases de un nuevo pacto social. Tengamos en cuenta que su «realización» interpela tanto al Gobierno como al mercado. Un ejemplo de ello fue la protesta de los ciudadanos-usuarios-estudiantes que demandaban un mejor servicio educativo, a través del mejoramiento de la calidad de la educación (v. nota 7).

No hay que olvidar que el espacio del ciudadano-usuario es más elástico de lo que muchos suponen, ya que la cuestión de los servicios recorre transversalmente la sociedad, al tiempo que, como de costumbre, afecta de manera más severa a los sectores económicamente más vulnerables.

Desde estos sectores sociales se configura el tercer tipo de ciudadanía neoliberal: la asistencial-participativa. Esta, lejos de prescindir del Estado, señala su omnipresencia, aunque mediada por diferentes tipos de organizaciones sociales de la sociedad civil, especialmente las ONG. A través de la articulación entre políticas sociales focalizadas y redes de organizaciones comunitarias, el Estado neoliberal se instala en el territorio natural de los movimientos sociales poblacionales o urbanos y desde allí desarrolla una dinámica de ampliación y socialización de esos sectores para integrarlos plenamente en la sociedad neoliberal; mostrando con ello que su función no sólo apunta a la gestión de las necesidades básicas, sino, de manera general, a controlar la existencia y la reproducción de la vida de los sectores populares y de los sectores populares pobres.

La autoorganización de estos últimos no sólo asume un carácter unívocamente funcional a la dominación y a la reproducción de la hegemonía neoliberal: hay que señalar que esa organización social colectiva también es, por un lado, un imperativo impulsado desde arriba con claros objetivos de control social, pero por otro lado es el resultado de las luchas «desde abajo». Estas organizaciones logran desarrollar nuevas formas de participación mediante la autoorganización territorial y el desarrollo de prácticas sociales de carácter comunitario y solidario, lo cual les permite reconstituir identidades sociales y re-significar los espacios locales. Pero no necesariamente alterar las bases de la dominación neoliberal.

Aunque las nuevas e incipientes formas de participación ciudadana popular se han convertido en el espacio de producción de movimientos sociales innovadores, esta forma de ciudadanía se emparenta con la acción social y política de los ciudadanos sub-políticos a los que nos referimos más arriba, que tienen escasa o nula incidencia en el sistema político imperante en la sociedad neoliberal avanzada.

La reformulación de la relación entre Estado, mercado y sociedad civil que se tradujo en un severo retroceso de los derechos sociales, económicos, civiles y políticos creó las estructuras políticas de oportunidades para la conformación de una nueva forma ciudadana: la ciudadanía neoliberal, que constituye el eclipse del modelo de ciudadanía social y colectivo instalado con el desarrollo capitalista industrial (Gómez Leyton, 2006c, 2006e).

Todo lo anterior nos permite caracterizar la sociedad chilena como una sociedad neoliberal avanzada. En ella la mayoría de las fuerzas sociales y políticas han aceptado y adoptado el neoliberalismo. No hay mucho espacio para el cuestionamiento de lo existente. Todas y todos son «neoliberales» en Chile, sean de derecha, centro o izquierda (Gómez Leyton, 2002, 2004b, 2007).