¿Nosotros o ellos? Representaciones sociales, polarización y espacio público en Venezuela

Mireya Lozada*

* Directora del Instituto de Psicología y la Unidad de Psicología Política, Universidad Central de Venezuela. Correo-e: mireyaloza@gmail.com 

Resumen

Diez años después de asumir la Presidencia, la figura central sigue siendo Hugo Chávez y se mantiene la ilusión del cambio; pero para un sector de la población éste sólo es posible si Chávez deja el cargo, y para otro si lo conserva. Esta paradójica ilusión da cuenta de un agudo proceso de polarización y conflictividad sociopolítica que evidencia representaciones antagónicas de los grupos en conflicto. Caracterizado por un demarcamiento físico-simbólico de territorios y propuestas mutuamente excluyentes, este contexto tiene un alto impacto en el entorno. Además, aunque ha actuado como catalizador de la toma de conciencia, estimulado la participación, reforzado la identidad de distintos grupos y resignificado la política en diversos sectores sociales, la intensa confrontación social ha dificultado las posibilidades de dialogar y lograr acuerdos.

Palabras clave: Conflicto / Polarización social / Territorialización política

Abstract

Ten years after its inauguration, Hugo Chávez is still the central figure and the illusion of change remains. But for some sectors the one possibility of change is that he leaves office, and for others that he stays. This paradoxical illusion accounts for an acute process of polarization and sociopolitical clash that shows antagonistic mental representations of the groups in conflict. Characterized by a real-symbolic establishing of territorial limits and mutually excluding proposals, this context has a severe impact on the environment. Besides, although it has worked as a catalyst for political awareness, has boosted participation, reinforced the identity of different groups and resignified politics in several social sectors, the intense social confrontation has hindered dialog and agreements possibilities.

Key words: Conflict / Social polarization / Political territorization

RECIBIDO: OCTUBRE 2008  ACEPTADO: DICIEMBRE 2008

Venezuela: psicopolítica de una ilusión

Durante las dos últimas décadas en el contexto mundial se han agudizado y visibilizado conflictos socioeconómicos y político-institucionales cuyas causas estructurales son de vieja data. En América Latina estos conflictos se expresan con diferentes intensidades y modalidades en algunos países como Ecuador, Bolivia y Perú, dentro de la heterogeneidad de una región que comparte importantes referentes históricos y culturales.

Desafiados por las tensiones y contradicciones de la globalización, que agravan las ya extendidas desigualdades sociales, grupos y movimientos de distintos países de la región demandan reconocimiento, reivindican identidades invisibilizadas o marginadas, exigen viejos y nuevos derechos –sociales, económicos, políticos, identitarios, comunitarios, ecológicos, sexuales, religiosos–, y cuestionan profundamente los modelos de democracia formal.

En este contexto, donde diversos sectores sociales defienden una diversidad de posiciones en torno a modelos de democracia, de desarrollo, competencia por el control del aparato estatal, propiedad y administración de los recursos naturales, etc., también se producen representaciones antagónicas de los grupos en conflicto y procesos de polarización social, caracterizados por un demarcamiento físico-simbólico de territorios y propuestas mutuamente excluyentes, provocando una fractura del tejido social, distintas expresiones de violencia política y un progresivo deterioro de espacios de convivencia social, que limitan el manejo constructivo y pacífico de los conflictos, comprometiendo las posibilidades de profundización democrática en muchos países.

En Venezuela, hoy, diez años después de asumir la Presidencia, la figura central sigue siendo Chávez y se mantiene la ilusión del cambio. Sin embargo, para un sector de la población este cambio sólo es posible si Chávez deja la Presidencia y para otro sector si continúa en ella. Esta paradójica ilusión da cuenta de un proceso de polarización social que se ha agudizado en el país, en medio de un conflicto sociopolítico que si bien ha funcionado como catalizador de la toma de conciencia, estimulado la participación y reforzado la identidad de distintos grupos, también ha generado una intensa confrontación entre sectores opuestos políticamente, que ha dificultado las posibilidades de dialogar y lograr acuerdos en torno a asuntos de interés común. Así, este proceso de polarización social se agudizó especialmente durante el período 2000-2004, cuando distintas instituciones (educativas, religiosas, comunitarias, policiales, militares, mediáticas, académicas, etc.) y diferentes sectores sociales tomaron partido a favor o en contra de una de dos posiciones: gobierno u oposición.

Más allá del dilema «chavismo-antichavismo»¹ y de los factores de profundización del conflicto en momentos coyunturales (golpe de Estado 2002,² paro petrolero, referendos revocatorios, elecciones presidenciales, p.ej.), se destacan otros factores que explican la multicausalidad histórica y estructural de la crisis venezolana³ y entre los cuales figuran la profunda inequidad y exclusión social mantenidas durante más de cuatro décadas de democracia en el país, la pérdida de credibilidad de las instituciones, el descrédito de los partidos tradicionales y los límites del modelo rentista petrolero.

También otros factores adicionales han contribuido a agudizar la polarización: la confrontación de dos modelos de país, de desarrollo, de sociedad que defienden los sectores en conflicto y la violencia del discurso sostenido tanto por el Presidente de la República, como por los actores políticos de gobierno, oposición y los medios de comunicación estatales y privados, en espacios públicos tanto reales como virtuales.

Si bien la polarización ha ocupado una cantidad de espacios privados y públicos, generando un fuerte impacto individual y colectivo, es quizás en el espacio urbano donde mejor se aprecia la expresión social de este fenómeno. La polarización que ha dividido a las ciudades, regiones y estados del país en sectores, ghettos y feudos pro y contra gobierno, que ha dejado huellas materiales y simbólicas en familias, escuelas, comunidades, instituciones públicas y privadas, en espacios reales y virtuales, tiene un alto impacto en nuestro entorno. La memoria de la conflictividad social se inscribe en la ciudad, en sus calles, plazas, paredes, barrios y urbanizaciones. ¿Cuáles son sus características? ¿Qué representaciones e imaginarios sociales moviliza dicha polarización? ¿Cuáles son sus signos y significados? ¿Cómo se construye la conflictividad social en la memoria de lo urbano?

Más que responder estas interrogantes, intentaremos problematizar estas cuestiones desde una aproximación psicopolítica. Para ello se hará énfasis en los procesos de polarización, representación e imaginarios sociales⁴ que han contribuido a territorializar la conflictividad política en los últimos años en Venezuela.

Esta mirada psicosocial a las representaciones e imaginarios que se visibilizan y refuerzan en el conflicto se deriva del análisis de datos recogidos en Venezuela durante el período 2000-2005, en el marco del Programa Fortalecer la Paz, desarrollado en el país por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Centro Carter, en el cual fungimos como consultora,⁵ y en los proyectos de investigación que adelantamos en el Instituto de Psicología de la Universidad Central de Venezuela.⁶

Los datos se obtienen a través de distintos instrumentos y fuentes en espacios reales y virtuales –fuentes hemerográficas: prensa, comunicados, panfletos, cuestionarios y entrevistas, foros y chats de páginas web de opinión política–,⁷ y proceden de personas de clases sociales alta, media y baja, que defienden posiciones políticas diversas, pertenecientes a distintos sectores sociales: escolares, académicos, científicos, ONG, religiosos, mediáticos (privados, públicos y alternativos) militares, políticos y policiales.

Desde una aproximación analítico-discursiva, la información recolectada fue procesada con apoyo del programa cualitativo de datos, ATLAS/ti, que permite a partir de una categorización abierta, identificar unidades de información y construir redes semánticas.

¿Nosotros o ellos? Representaciones sociales y polarización

La polarización se evidencia cuando la postura de un grupo supone la referencia negativa a la posición del otro grupo, percibido como enemigo. Se trata de una compleja dinámica donde el acercamiento a uno de los polos arrastra no sólo el alejamiento, sino el rechazo activo del otro. Siete elementos caracterizan psicológicamente el proceso de polarización social sufrido por amplios sectores de la población venezolana a lo largo del conflicto:

1. Estrechamiento del campo perceptivo (percepción desfavorable y estereotipada del grupo opuesto que genera una visión dicotómica y excluyente: «nosotros-ellos»).

2. Fuerte carga emocional (aceptación y rechazo sin matices de la persona o grupo contrario)

3. Involucramiento personal (cualquier hecho afecta al individuo).

4. Quiebre del sentido común (posiciones rígidas e intolerantes suplantan la discusión, el diálogo o debate de posiciones diversas).

5. Cohesión y solidaridad al interior del propio grupo y conflicto latente o manifiesto entre grupos opuestos.

6. Familias, escuelas, iglesias, comunidades u otros espacios sociales de convivencia se posicionan en alguno de los dos polos de la confrontación.

7. Personas, grupos e instituciones sostienen las mismas actitudes de exclusión, rigidez o enfrentamiento presentes en la lucha política.

El impacto personal y social de esta polarización depende de una variabilidad de factores que van desde la ubicación geográfica de la población (capital, regiones), hasta variables de edad, sexo, estado de salud, cercanía o exposición con situaciones de violencia directa y problemas personales, familiares, comunitarios o institucionales existentes previamente.

Estos signos de polarización, que se agudizaron en Venezuela especialmente en un lapso de cuatro años (2000-2004), coinciden con algunas de las características referidas por Ignacio Martín-Baró⁸ (1986) luego de diez años de guerra civil en El Salvador.

Durante este período la violencia del discurso presidencial, de actores políticos, de adeptos de gobierno y oposición a través de los medios de comunicación estatales y privados, tanto en espacios públicos reales como virtuales,⁹ multiplicaron los estereotipos,¹⁰ las descalificaciones, la discriminación y la exclusión del otro (persona o grupo con postura política distinta) a través de referencias a la condición de clase, etnia, raza, opción sexual u otras características grupales o partidistas.

En las representaciones de los grupos sociales confrontados en Venezuela subyace una elaboración ideológica del conflicto y profundas diferencias socioeconómicas y culturales mantenidas y reforzadas por una desigual distribución de la riqueza a lo largo de más de cinco décadas de democracia. Estas diferencias, que en otros momentos históricos se han traducido en violentas manifestaciones sociales (p.ej. el «caracazo» en 1989), juegan un importante rol en el actual conflicto, generando consensos y semejanzas intragrupo y profundos disensos y diferencias intergrupos.

La polarización ha revelado una marcada distancia social, una percepción estereotipada de los grupos, una diferenciación que subraya diferencias ideológicas, pero también las características que en el plano subjetivo toma la exclusión, y las formas sutiles o grotescas de discriminación clasista, sexista, racista, que se expresan en una variedad de modalidades en manifestaciones de protesta o celebraciones grupales en el espacio público (pancartas, monigotes, grafitis, máscaras, bailes, música, etc.).

La conformación de los imaginarios de la modernidad y la ideología del mestizaje y el mito de la democracia racial (Herrera, 2004) muestran la imagen del venezolano como mestizo y habitante de una naturaleza virginal que invisibiliza las culturas dominadas y niega también el «racismo oculto en una sociedad no racista» (Montañez, 1993).

La visibilización de formas de racismo y clasismo, que relativiza la noción de integración sin secuelas producto del mestizaje, echa por tierra la «ilusión de armonía» (Naim y Piñango, 1984) sostenida por el discurso público y la democracia representativa en Venezuela durante décadas.

La modernidad y con ella los significados instituidos de desarrollo, igualdad, justicia y equidad han develado su inconsistencia en una sociedad marcada por la marginalidad, la exclusión, la injusticia, la desigualdad, la impunidad y la dependencia de centros de poder económico y político trasnacionales.

La densidad simbólica de la democracia venezolana, al igual que la ilusión de desarrollo, como imaginario de integración económica, social y cultural, que se implantó en Venezuela y en otros países del eufemístico «Tercer Mundo», no logró encarnar en un proyecto político, ni en una comunidad que cristalizara las necesidades de pertenencia, arraigo e integración social de la ciudadanía venezolana. Para Miguel Ángel Contreras (2004) los niveles de exclusión y el descrédito de las instituciones durante las últimas décadas impulsaron paradójicamente una transformación de la esfera pública, que busca un consenso capaz de construir un nuevo imaginario social inclusivo donde se resignifiquen y articulen representaciones de ciudadanía y proyecto político.

La diferenciación y confrontación entre dos sectores sociales que gestan en el actual conflicto se representan para Y. Salas (2004) en dos tipos de ciudadanía, una revolucionaria y otra de resistencia, que se corresponden respectivamente con dos tipos de sujetos sociales «pueblo» y «sociedad civil».¹¹

Esta auto-representación de los grupos se corresponde de una parte con la «fusión-identitaria» líder-pueblo existente entre mayorías populares y Chávez (Silva, 1999), y la identificación de los sectores medios y altos con la categoría sociedad civil, la cual orientó las prácticas de esos actores sociales en contextos nacionales y trasnacionales durante las últimas décadas (Mato, 2004).

Además de esta marcada diferenciación, en las representaciones de los grupos en conflicto se destacan algunos elementos comunes:

• Diferenciación intergrupal: identidad del propio grupo construida desde la diferenciación del otro-enemigo.

• Identidad de sí mismo y el otro definidos a partir de referencia al líder: chavistas y antichavistas.

• Ausencia de significados compartidos.

• Resignificación y atribución de significados de discurso y acción del otro, a partir de representaciones estereotipadas de clase, sexo, raza, etnia, etc.

• Dificultad o ausencia de diálogo.

• Clima de sospecha y desconfianza.

• Referencia acusatoria a acciones del pasado ejercidas por el grupo contrario.

• Negación del otro como adversario político o interlocutor válido.

• Privilegio de juicio moral.

• Exacerbación emotiva y violencia discursiva.

• Sobrevaloración de poder y acción del grupo opuesto políticamente.

• Sobrevaloración o desvalorización de las bases sociales representadas por cada grupo: mayorías-minorías.

Esta percepción estereotipada de grupos opuestos dificulta las posibilidades de dialogar, de llegar a acuerdos a partir del debate de ideas y propuestas de solución a asuntos de interés común. Desaparece así la base para la interacción cotidiana, ningún marco de referencia puede ser asumido como válido para todos, los valores dejan de tener significado colectivo y se pierde incluso la posibilidad de apelar al «sentido común», pues se encuentran cuestionados los presupuestos mismos de la convivencia.

El sufrimiento ético-político (Sawaia, 1998) que deriva de esta confrontación entre bandos opuestos exige un análisis que trascienda el énfasis patologizante con acento individual y reconozca las realidades histórico-culturales y las consecuencia de la experiencia colectiva de polarización social y violencia política.

La polarización social fractura el tejido social a la vez que favorece la naturalización y legitimación de la violencia. Ante una situación de conflicto sociopolítico prolongado como el confrontado en Venezuela, la población sufre un proceso de cambios que trastoca su vida, asumiendo como normal, natural o habitual lo que no lo es. Ante la avalancha de sucesos de agresión, muerte y destrucción material o simbólica se transforma en cotidiana la convivencia con la violencia, y en este proceso de internalización se trastoca tanto la identidad del individuo como sus relaciones sociales.

En este proceso cada sector, según la información que obtenga (medios, rumores, etc.) o su implicación en los acontecimientos, construye su propia concepción de lo que ocurre, incrementa su hermetismo como colectivo y percibe a los grupos externos como amenaza. El temor a ser atacado, a ser blanco de ataque, genera una angustia que transforma el actuar del grupo o la persona llevándolo a defenderse o atacar para «salvarse», donde el lema explícito o implícito es: «el otro es el enemigo» (Lozada, 2004b).

Esto se ve agravado por la distorsión de atribución: a la otra parte se le atribuyen la peor de las intenciones y aquellas acciones desmedidas del propio bando se perciben invariablemente como respuestas a las amenazas o agresiones del contrario. En fin, se justifican las propias acciones violentas (p.ej., armarse o buscar instrumentos de defensa ante el posible ataque de grupos opuestos) como respuesta a la violencia que se anticipa, la que desencadena el miedo.

Se produce así la transformación de valores como solidaridad, justicia, esperanza, paz, verdad, confianza, dignidad, ética, por aquellos contrarios que se cree permiten alcanzar el equilibrio y mantener la persona a salvo. «Paradójicamente, se cree que la situación ‹más segura› es la de aquellos que se encuentran en el vértice de los dos polos. Sin embargo, son estas situaciones las que entrañan mayor peligro objetivo, las que llevan a asumir mayores riesgos en la confrontación» (Martín-Baró, 1983:12).

En este contexto de amenazas y agresiones, de negación y rechazo del oponente, de expresiones masivas de descontento, aunado a la percepción de inutilidad de las formas de manifestación cívica y de creciente impunidad, se cierra el espectro de perspectivas políticas no violentas, aumenta la desconfianza en el sistema democrático y la desesperanza respecto a las vías pacíficas de resolución del conflicto. En este proceso de naturalización y legitimación de la violencia, tanto instituciones estatales como sectores sociales que defienden diferentes posiciones políticas pueden llegar a justificar la violación de los derechos humanos, la ejecución de homicidios, torturas, juicios populares, golpes de Estado, y la guerra puede convertirse en un fin en sí mismo.

En fin, la polarización social, que parece erigirse y extenderse como mecanismo de poder y control sociopolítico a nivel mundial, tiene profundas consecuencias:

• Fractura el tejido social.

• Territorializa el conflicto y destruye espacios de convivencia social.

• Afecta relaciones y dinámicas familiares, laborales, comunitarias, institucionales.

• Obstaculiza el manejo democrático y pacífico de los conflictos.

• Contribuye a incrementar la escalada de violencia política.

• Genera un fuerte impacto psicosocial.

• Produce daños patrimoniales y urbanos.

• Naturaliza y legitima la violencia.

• Estimula la adquisición de armas por parte de la población.

• Reduce las actividades recreativas y de esparcimiento en espacios públicos debido a la inseguridad y al clima de tensión imperante.

• Construye representaciones del conflicto y sus actores sobredimensionadas mediáticamente.

• Invisibiliza la histórica y compleja causalidad estructural de los conflictos sociopolíticos (exclusión, pobreza, desempleo, corrupción, agotamiento del modelo político tradicional, etc.).

• Privilegia la gestión del conflicto y su solución en los actores políticos en pugna, excluyendo al resto de los sectores sociales.

• Constituye un eficaz mecanismo de poder y control social y político.

Huellas urbanas de la polarización

Además del impacto social señalado, la polarización revela la emergencia, utilización y explotación política de valores, creencias, símbolos y mitos del imaginario social, expresados en una multiplicidad de espacios sociales, públicos, privados, reales, virtuales, corporales y territoriales, y a través de discursos verbales e icónicos de gran fuerza simbólica.

Durante los últimos años el discurso público tanto de actores políticos de gobierno y oposición como de sus seguidores ha reivindicado y resignificado una serie de referentes simbólicos militaristas, religiosos y revolucionarios que movilizan un juego de identificaciones y oposiciones, de pasiones y deseos, de encuentro y desencuentro en los niveles intra e intergrupal (Lozada, 2008).

Estos imaginarios aparecen asociados a la historia política de Venezuela, Latinoamérica y el mundo. Encontramos representaciones antagónicas de Venezuela, del conflicto, sus causas y salidas, del modelo de democracia, de desarrollo, de la política y sus actores, de la ciudadanía, de la sociedad civil y el pueblo, de lo local y nacional, de lo trasnacional y lo global.

En este contexto, los discursos y estrategias de acción, defensa y ataque utilizadas por distintos sectores pro y contra gobierno en distintos espacios públicos (calles, plazas, barrios, urbanizaciones, etc.) subrayan significados asociados a conquista, batalla, guerra, que reivindican la visión militar, mítica, libertadora y legitiman la violencia¹² como medio para la defensa de intereses ciudadanos.

Igualmente, estos imaginarios legitiman una concepción «heroico machista» en el quehacer político, el cual reproduce el discurso republicano en el tratamiento oficial y cotidiano de «ciudadanos» o «compatriotas», que expresa una versión modernizada de lo heroico, con el tratamiento de «camaradas» y «combatientes», que se desprende de un imaginario fundador de heroicidad, donde la política es entendida como combate y sus opciones reducidas a triunfos o derrotas (Valdivieso, 2004).

Estas acciones, además de provocar daños a estructuras físicas (inmuebles, calles, plazas, paseos peatonales), provocar contaminación ambiental (ruido, humo, basura) y violentar los derechos ciudadanos de libre acceso y circulación, seguridad pública, recreación, esparcimiento y paz, contribuyen también a exaltar una cultura heroica, de violencia, de trauma y gloria que afecta la convivencia democrática y el respeto a los derechos humanos.

Para María Pilar García-Guadilla (2003:11) en Caracas, las luchas por la democracia y más concretamente, por la denominada «democracia participativa» se han polarizado, creando feudos y ghettos urbanos. Así,

la territorialización de los conflictos políticos, la aparición de espacios altamente segregados, la pérdida de libertad para desplazarse en la ciudad dado el alto riesgo de ser identificado con el «otro», el creciente deterioro de los servicios y calidad de vida de los ciudadanos y el surgimiento de los espacios del miedo y de la violencia, han conducido a la pérdida del derecho a la ciudad.

Esta territorialización de la polarización es para Margarita López Maya (2003) una nueva fase –la más radical y violenta– de la demarcación bipolar de los espacios urbanos venezolanos que se viene desarrollando en nuestro país desde hace décadas, y la cual da cuenta de un patrón de distribución desigual del territorio y sus riquezas. El empobrecimiento progresivo de los venezolanos ha ido configurando los paisajes urbanos de nuestras ciudades, confinando en los barrios a los sectores de menos recursos y en las urbanizaciones –protegidas con vallas y vigilancia– a las clases medias y altas.

El imaginario social, que teme la respuesta social ante tales niveles de marginalidad y exclusión –«cuando bajen los cerros»–, es instrumentalizado políticamente, especialmente en el discurso presidencial, donde el pueblo es en ocasiones utilizado como «perro bravo» para amenazar a sus opositores. Este fantasma, que en otros momentos históricos se ha traducido en signos visibles en las principales ciudades del país (caracazo), tiene un importante rol en el actual contexto, generando profundas divisiones y desconfianza mutua entre los grupos opuestos, Estos tienden a ser ubicados en un sector u otro de la ciudad de Caracas. En el sector este (clase alta y media alta) la oposición, y en el oeste (clase baja y media baja) el chavismo, aun cuando cada sector reivindique la presencia de sus adeptos en distintos lugares de la ciudad.

Esta demarcación territorial, privatización de espacios públicos, marcaje simbólico de lugares da cuenta de la acción colectiva y se despliega en marchas, manifestaciones y otras actividades grupales convocadas por cada sector político. Entre sus expresiones, signos y huellas en el nivel urbano, especialmente en la ciudad de Caracas, se encuentran:

• Apropiación privada de espacios públicos en la ciudad capital: plaza Altamira, plaza Bolívar, Puente Llaguno, Pdvsa Chuao, Pdvsa La Campiña.

• Ocupación e invasión de edificios, apartamentos, oficinas, terrenos, etc., de propiedad pública y privada.

• Marchas y contramarchas en lugares de la ciudad identificados como chavistas u opositores –demarcados simbólicamente a través del color rojo y negro o azul respectivamente–, que en muchos casos derivaron en confrontaciones, heridas y muertes de personas pertenecientes a los dos sectores.

• «Tomas», «conquista o reconquista» de sectores de la ciudad generalmente asociados a sectores políticamente contrarios («catiazo» y «petarazo», p.ej.).

• Desarrollo de planes de «desobediencia», «contingencia», «defensa comunitaria» que incluyen: adquisición de armas y entrenamiento en estrategias de defensa-ataque para su uso en caso de una eventual confrontación; instalación de campamentos; trancazos de calles y autopistas; construcción de barricadas recurriendo a la tala de árboles; quema de cauchos y basura; cacerolazos, pitazos y apagones de luz.

• Ocupación de avenidas, autopistas y plazas (avenida Bolívar, distribuidor Altamira, p.ej.) con tarantines, mercados y tarimas para realizar operativos políticos, ventas de alimentos, cedulación, eventos deportivos o celebraciones con artistas y grupos musicales.

• Ocupación privada de espacios públicos para la venta de banderas, insignias, vestimenta, etc., por simpatizantes de los dos sectores políticos.

• «Control» armado de sectores y parroquias de la ciudad, de parte de colectivos u otras formas de organización.

• Saqueos a negocios y propiedades.

• Daños al patrimonio tangible e intangible de la ciudad (bulevares, plazas, calles, universidades (Universidad Central de Venezuela. Patrimonio Cultural de la Humanidad, p.ej.).

• Atentados y auto-atentados a personas y propiedades públicas y privadas.

• Agresión y hostigamiento en lugares públicos o en sus hogares a funcionarios estatales y sus familias.

• Agresión en lugares públicos y privados a representantes de oposición.

• Ataques o medidas intimidatorias en sedes de medios de comunicación y partidos políticos.

• Desabastecimiento de distintos recursos: luz, gasolina, agua, gas, alimentos, medicinas o llamados al abastecimiento como mecanismo de previsión ante posibles huelgas, paros o golpes de Estado, con la consecuente conducta colectiva de pánico, confrontaciones, incertidumbre y aglomeración en sitios públicos.

• Construcción de altares en Plaza Altamira y Puente Llaguno de Caracas, con figuras del santoral cristiano u otras religiones.

• Confrontación de creyentes en marchas, recorridos o desfiles de personas frente a imágenes de vírgenes que «destilan aceite o lloran sangre».

• Bendición con agua bendita desde un camión cisterna a miles de manifestantes en una marcha en una autopista capitalina.

• Utilización de antorchas y velas en manifestaciones públicas, con consecuentes destrozos o daños a espacios urbanos.

• Destrucción de iglesias y robo de imágenes religiosas.

• Daños a la obra de María Lionza¹³ en medio de la confrontación por su restauración y reubicación.

• Segmentación y criminalización de estados, ciudades, pueblos, etc., del país identificados como «enclaves chavistas u opositores».

• Amenazas y confrontación grupal intra e inter grupos ante propuesta presidencial de la Ley Orgánica para la Planificación y Gestión de la Ordenación del Territorio.

El desafío ético-político: construir ciudadanía y democratizar la convivencia urbana

La búsqueda de diversas formas organizativas, de nuevas identidades y ciudadanías plurales en el contexto del conflicto sociopolítico venezolano de los últimos años ha dado lugar a una presencia y una fuerza emergente, diversa, expandida, en una multiplicidad de espacios urbanos a través de discursos verbales e icónicos de gran fuerza simbólica.

Sin embargo, esta participación social renovada en la esfera pública se acompañó de una demarcación territorial, agudizada por los procesos de polarización social, que ha dejado sus huellas en la ciudad. Así, sus calles, muros, paredes, casas y edificios están cargados de signos y sentidos, mundos de significados y rivalidades que se desplazan de un grupo a otro, fronteras espaciales y territoriales que se acrecientan, mientras paradójicamente se diluyen los bordes de lo público y lo privado.

Especialmente Caracas, espacio privilegiado de la lucha por el poder, refleja la carga de símbolos, imágenes, mitos, creencias, representaciones que impulsan hacia posturas extremas de uno y otro signo, y muestra la fractura de universos simbólicos compartidos. La segregación socio-espacial se ha exacerbado y Caracas «es hoy una ciudad sitiada, dividida y polarizada socialmente y altamente segregada desde el punto de vista espacial y de desempeño de las actividades» (García-Guadilla, 2003:13).

La desconfianza y la negación del otro que supone la polarización resquebrajan los cimientos de la convivencia, lo cual entraña un agotador clima de tensión socio-emocional, donde la violencia encuentra campo fértil. La presencia de fisuras en la estructura de sentido y el intercambio de significaciones que hacen posible la vida social, lleva a la confrontación más que a la acción común, imponiéndose la violencia simbólica de las ideologías.

La comprensión geopolítica, económica y socio-cultural de dicho conflicto exige entonces reconocer la fuerza simbólica de representaciones e imaginarios sociales que agudizan la polarización social. Estos imaginarios se sitúan en el campo de fuerzas que organiza el sistema social, donde sectores del chavismo y oposición se reconocen en lugares antagónicos desde donde se niegan, excluyen y desconocen mutuamente, lo que provoca una ruptura en los consensos propios a la realidad sociopolítica que supone un sistema establecido, afectando los patrones de convivencia que requiere la vida ciudadana y la construcción de un orden simbólico que da sentido y dirección a la vida en común.

El fenómeno de la polarización parece indicar que hay factores objetivos y subjetivos que impulsan hacia posturas extremas de uno y otro signo, pero también muestra las posibilidades de rescatar los elementos simbólicos e imaginarios sociales compartidos para alcanzar consensos entre los grupos confrontados. Se trata, pues, de reconocer las diferencias, los conflictos, sus fronteras y horizontes, el manejo constructivo, democrático y pacífico de los mismos, a la par de reivindicar la política como negociación de la diversidad en su espacio natural de aparición, en lo público, en la experiencia cotidiana de los ciudadanos.

Esto supone un desafío ético-político que invita a construir prácticas ciudadanas y acciones colectivas comunes que permitan la reconstrucción del tejido social y urbano fragmentado por el conflicto, y la creación de formas de conmemoración o símbolos unificadores en distintos lugares de la ciudad que constituyan una reafirmación ética en la defensa de los derechos humanos, del reconocimiento del otro y la abdicación a la violencia (Martín Beristain y Páez Rovira, 2000).

De allí la urgencia de definir políticas públicas que permitan evaluar el impacto urbano y ambiental causado por la territorialización del conflicto y aquellas que permitan reducir la segregación socio-espacial, ampliando la experiencia democrática en la ciudad, la autoorganización, autonomía y empoderamiento de los ciudadanos, incentivando movimientos sociales comprometidos con la participación ciudadana, el reconocimiento del otro y la preservación de espacios de convivencia pacífica y democrática.

Muchas de estas iniciativas y propuestas requieren de tiempo y escenarios propicios que permitan la distensión y el fin de la polarización. Sin embargo, es necesario favorecer la construcción de estos espacios a través de iniciativas que faciliten algunas claves en la interacción, consenso y diálogo entre grupos que defienden diferentes posiciones políticas y participan activamente en la vida política del país. Para ello, obviamente se requiere, de una parte, reconocer y evaluar el avance significativo de la participación ciudadana en los últimos años en el país, considerando la multiplicidad de sujetos, espacios e instancias donde se ha expresado dicha participación en la gestión local (consejos locales de planificación, mesas técnicas de agua, comités de tierras urbanas, cooperativas, asambleas de ciudadanos, consejos comunales, etc.), y de otra parte, una mirada autocritica de los grupos en conflicto que reconozca el carácter antidemocrático de algunas de sus acciones, que en el marco de la defensa de derechos ciudadanos muchas veces legitiman estrategias violentas, autoritarias e insurreccionales.

Se trata pues de un largo y arduo trabajo de educación ciudadana que permita desarrollar acciones colectivas comunes tendientes a la despersonalización y contextualización socio-histórica del conflicto; la transformación de las representaciones de sí y del otro; la construcción de nuevas metáforas y discursos mediáticos no polarizados; la reivindicación de imaginarios sociales y universos simbólicos compartidos; el abordaje del impacto psicosocial del conflicto y la reparación social.

Paralelamente, estas acciones requieren el desarrollo de un modelo de democracia inclusivo y participativo que fortalezca las instituciones, asuma la lucha contra la violencia, impunidad, exclusión, pobreza, entre otras urgentes problemáticas sociales, y defienda los derechos humanos en su visión integral e interdependiente, que contempla los derechos económicos, sociales, culturales, civiles, políticos y de los pueblos. Ello implica construir un nuevo ideal de desarrollo urbano comprometido con los derechos humanos, la justicia, la equidad, el desarrollo sustentable, respetuoso de la diversidad de las nuevas identidades.

Se trata de educar en y para la ciudadanía, desde la reconstrucción crítica de nuestra memoria histórica, la sistematización de los saberes sociales y multiplicidad de experiencias ciudadanas vividas en este periodo, como desde los procesos simbólicos implicados en la construcción democrática del espacio público. Se trata de construir un país donde se produzcan cambios sociales, económicos y políticos basados en los principios de inclusión, justicia, equidad y paz; que nos permitan recuperar la confianza en las instituciones democráticas y ahuyentar las amenazas del populismo y autoritarismo y su expresión en líderes mesiánicos, sean estos militares o civiles.

Son tiempos de asumir el desafío histórico de la política entendida como vivencia cotidiana, tiempos para recrear y significar el imaginario nosotros, con sentido y norte de futuro común. Se trata de asumir nuestro mayor desafío ético-político: crear ambientes, proyectos, programas, que permitan llegar a acuerdos sobre asuntos de interés común, donde participen sectores mayoritarios y minoritarios del país; y a la par, desarrollar acciones ciudadanas comprometidas con la paz, la defensa de los derechos humanos, el reconocimiento del otro y su diversidad, que garanticen la preservación de espacios de convivencia pacífica y democrática.

En fin, se trata de construir ciudadanía en contextos de compleja y dinámica diversidad cultural y socio-política. Es esa alma colectiva la que debemos reconocer en la calle, en los espacios urbanos, en la experiencia democrática de la ciudad, en sus fronteras y horizontes, es ese el espíritu de la calle; es allí donde debemos construir su conciencia ética.

Notas:

¹ Un sector tal vez mayoritario, pero de poca visibilidad pública, que se ubica al margen de este esquema maniqueo de la polarización, permanece aún a la espera de un espacio de debate y diálogo entre sectores políticamente contrarios en torno a las problemáticas más urgentes que confronta el país. Las encuestas reconocían en el año 2005 un sector denominado «Ni-Ni» (ni con el gobierno, ni con la oposición) que representaba aproximadamente un 51 por ciento de la población, 37 por ciento de sectores chavistas y 11 por ciento de oposición (Interenlaces, marzo, 2005).

² Ante las estratégicas retóricas y jurídicas que calificaron de «vacío de poder» o «rebelión militar» los eventos ocurridos en Venezuela en el período comprendido entre el 12 y 13 de abril 2002, suscribimos la posición del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea, 14-8-2002), que expone los siguientes argumentos para sostener que se trató de un golpe de Estado: «a) El Presidente fue presionado por sectores militares (es decir, por quienes administran el monopolio de la violencia estatal); b) pese a que el comandante general Lucas Rincón notificó que el Presidente había renunciado, nunca se mostró su renuncia firmada y, por el contrario, altos funcionarios públicos denunciaron que no lo había hecho; c) en el caso (no probado) de que hubiera renunciado (hecho que, por haber ocurrido bajo coacción era ilegítimo), constitucionalmente le correspondía al Vicepresidente sustituirlo; d) el Presidente fue detenido e incomunicado, ilegal y arbitrariamente, por funcionarios militares sin que se hubiera realizado el procedimiento político y judicial establecido en la Constitución; e) el decreto mediante el cual se autoproclamó Presidente de la República el empresario Pedro Carmona Estanga, derogaba, además, la Constitución y los nombramientos de funcionarios electos por votación popular y los Poderes Ciudadano y Judicial; f) se produjeron acciones represivas contra funcionarios y simpatizantes del oficialismo, así como contra instituciones oficiales».

También vale la pena subrayar algunas opiniones recogidas en el aviso de prensa firmado por destacados representantes de la sociedad civil venezolana, saludando el golpe de Estado del 12 de abril de 2002 (El Nacional, D-5, 13-4-2002): «La sociedad civil saluda el renacimiento de la República de Venezuela». «Referéndum revocatorio presidencial o dictadura constitucional». Aviso de prensa llamando a la insurrección e irrespeto de la Constitución, publicado por el Bloque Democrático (El Nacional, A-6, l3-2-2004).

³ Ver Ellner y Kellinger, 2003; García-Guadilla, 2003, Lozada, 1999; Medina y López Maya, 2003.

⁴ Con Cornelius Castoriadis (1975), quien reivindica la potencialidad heurística de la noción, Jean-Jacques Wunenburger (2003:28-29) señala cuatro grandes líneas de reflexión en torno al imaginario que, a pesar de sus divergencias, pueden vislumbrarse en autores como Bachelard, Levi-Strauss, Durant y Ricouer:

«1. El imaginario, que revela el poder simbólico de la imaginación, obedece a una ‹lógica› y se organiza en estructuras donde se pueden formular ciertas leyes. El imaginario aunque se inscribe en infraestructuras (cuerpos) y superestructuras (significaciones intelectuales) es obra de una imaginación que es en gran parte independiente de los contenidos de la percepción empírica.

2. La imaginación es una actividad a la vez connotativa y figurativa que transciende aquello que la conciencia elabora bajo el control de la razón abstracta o digital.

3. El imaginario es inseparable de obras mentales o materializadas, que sirven a cada conciencia para construir el sentido de su vida, sus pensamientos y acciones. En este sentido, las imágenes visuales y lingüísticas contribuyen a enriquecer la representación del mundo o elaborar la propia identidad.

4. El imaginario se presenta como una esfera de representaciones y de afectos profundamente ambivalente. Así, puede ser una fuente de errores e ilusiones. Su valor no reside solamente en sus producciones, sino en el uso que de ella se hace. La imaginación obliga entonces a formular una ética, una sabiduría de las imágenes».

En fin, los imaginarios sociales estructuran la memoria histórica, la experiencia social y construyen la realidad. Sin estas formas simbólicas, cargadas de significados y sentidos comunes compartidos, es difícil sostener los sistemas de racionalización ideológica en una sociedad donde la diversidad cultural y las distintas formas de exclusión reinterrogan permanentemente los discursos universalistas de democracia, igualdad y justicia.

5 El programa formó parte del proyecto de mediación política y social llevado a cabo por estas instituciones en Venezuela en el marco del conflicto. Entre las actividades realizadas destacan: talleres, foros y seminarios públicos, consultorías, cursos de formación y acciones concretas en mediación y manejo de conflictos con distintos sectores sociales.

⁶ Dichos proyectos se adscriben al eje problemático: democracia, espacio público y vida cotidiana.

⁷ Los datos obtenidos en espacios virtuales forman parte de un macro proyecto de investigación denominado «Psicopolítica de la cibercultura», también desarrollado en el Instituto de Psicología de la UCV. Ver Lozada, 2004a; también: www.globalcult.org.ve. 

⁸ En noviembre del año 1989, el psicólogo social Martín-Baró murió asesinado por los escuadrones de la muerte, junto con otros cinco jesuitas, en la Universidad Centro Americana José Simeón Cañas, donde ejercía funciones de vicerrector.

⁹ El conflicto político que lucha por el poder y control social en las calles e instituciones públicas y privadas en Venezuela en los últimos años libra también su batalla en el espacio virtual. En una multiplicidad de páginas de opinión política en la red, se revela la desconfianza y el cuestionamiento a la legitimidad del otro como interlocutor válido. En general, los internautas no operan en el ámbito de la argumentación o la retórica, la violencia discursiva en la red está menos determinada por su coherencia racional que por la intensidad de la carga emocional que moviliza. Tal como afirma William Mitchell (1996), la red elimina la dimensión tradicional de la legibilidad cívica y libera del lazo moral. Así, amparados en el anonimato, adeptos u opositores multiplican los estereotipos y la discriminación y exclusión del otro a través de insultos, uso de la sátira, ironía y descalificación, que se hacen extensivas a allegados y familiares del «otro-enemigo» (Lozada, 2004b).

¹⁰ Algunas de las expresiones que han sido utilizadas para referirse al Presidente de la República y a sectores pro-gobierno son: chaburro, poseso, Esteban de Jesús, lumpen, chusmas, hordas, turbas, tierrúos, círculos infernales, piazo e’loco, indios, macacos, mono tarifado, chabestias, tarados comunistas, mamarracho oficialista, pichón de Chávez, etc., y algunas de aquellas utilizadas para referirse a personeros y sectores pro-oposición son: escuálidos, escuacas, opusgay, cúpulas podridas, talibanes, golpistas, ignorantes, mercenarios, fascistas, conspirativos, zombies, sifrinos, nazi de pacotilla, escorias burguesa, pitiyanquis, vende patria, parásitos, oligarcas, etc.

¹¹ Es notoria la apropiación de lo público y la lucha de los dos sectores en conflicto por el capital simbólico en ese espacio. En este contexto, el desplazamiento de los sectores medios desde los intereses particulares y sus espacios de poder a la esfera pública, lo que denomina L. Barrios (2004) «la salida del paraíso», juega un importante rol en la resignificación de lo político en dicho sector.

¹² «La violencia tiene, por tanto, una doble dinámica: se transforma en instituciones (normas y leyes) o se vuelca hacia lugares del imaginario (rituales y cultos) que provocan, simbólicamente, una liberación de las agresiones que la vida social reprime» (Blair, 1999:116).

¹³ La figura mítica de la escultura de María Lionza, ubicada en medio de una céntrica autopista de la capital, no quedó al margen del conflicto. Una inmensa pancarta con el letrero «llevátelo» fue colocada sobre la obra, en medio de la lucha de intereses políticos entre instituciones estatales y privadas. En espera de la decisión de la organización que asumiría la restauración de la obra, la escultura cedió partiéndose por la cintura en dos mitades, lo que contribuyó a nutrir los imaginarios del sincretismo religioso que ella convoca. La «Corte del Poder Criollo», mezcla de razas, fuerza de independencia y libertad que ella simboliza sirvió para alimentar miedos y deseos colectivos, retaliaciones y castigos, así como divisiones entre sus creyentes.

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