Las organizaciones empresariales venezolanas bajo el gobierno de Hugo Chávez (1999-2007) ¿De la sociedad civil nacional a la internacional?

Nelly Arenas*

* Doctora en Ciencias Políticas. Profesora Titular del Área de Desarrollo Sociopolítico del Centro de Estudios del Desarrollo, Cendes, de la Universidad Central de Venezuela. Correo-e: narenas50@gmail.com 

Resumen

El trabajo examina las nuevas relaciones que el Estado venezolano ha venido estableciendo con las organizaciones empresariales viejas y nuevas. Se analiza el periodo que se inicia en 1999 con la elección de Hugo Chávez y termina en 2007 con su reelección. Venezuela ha experimentado un proceso de desplazamiento de las viejas organizaciones empresariales por otras nuevas, nacidas bajo el ala del proyecto chavista, gestándose una suerte de corporativismo estatal. En consecuencia, el Estado venezolano ha venido careciendo de contrapesos domésticos para la toma de decisiones económicas, ejerciendo ese papel la asociación que agrupa a los grandes conglomerados petroleros mundiales. Así, los equilibrios en materia de hidrocarburos provienen de una sociedad civil que no es nacional, sino internacional.

Palabras clave: Asociaciones empresariales / Corporativismo / Proyecto chavista / Sociedad civil

Abstract

This paper examines the new relationships established by the Venezuelan State with old and new business associations. It analyzes the period beginning with Hugo Chávez election to the Presidency in 1999 and ending with the re-election in 2007. Venezuela has witnessed a process of displacement of the old business associations by new ones born under the umbrella of the chavist project, giving rise to a sort of State corporativism. As a result, the Venezuelan State has lacked the domestic checks and balances needed for decision-making in economic matters, with this role being played by the association grouping the large international oil consortia. The balances concerning hydrocarbon thus come from a civil society that is not national, but international.

Key words: Business associations / Corporativism / Chavist project / Civil society

RECIBIDO: JUNIO 2009  ACEPTADO: AGOSTO 2009

Introducción

La llegada al poder de Hugo Chávez Frías en 1999 significó no sólo un rutinario cambio de gobierno, tal como Venezuela estaba acostumbrada a presenciar desde la reinauguración del sistema democrático en 1958, sino también el inicio de un proceso de transformaciones que ha tenido, entre sus expresiones, la emergencia de un conjunto de nuevos actores sociopolíticos y el desplazamiento de los viejos. Es este el caso de las agrupaciones empresariales. A lo largo de la gestión de Chávez se ha ido decantando la vocación de su gobierno de incentivar la creación de noveles organizaciones empresariales, leales al proyecto político del Presidente, y la disminución de las tradicionales, como la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción (Fedecámaras). Al mismo tiempo, el régimen ha dado señas de estar dispuesto a celebrar diálogos y concretar negociaciones con organizaciones cuyos miembros principales son grandes empresas transnacionales, como en el caso de la actividad petrolera. Este trabajo se propone examinar las nuevas relaciones que el Estado venezolano está perfilando con las agrupaciones de empresarios. Nuestra hipótesis de trabajo es que el régimen desplegó importantes esfuerzos para doblegar a las asociaciones empresariales de vieja data, creando o impulsando otras proclives a su interés, lo cual permite un mayor fortalecimiento del Estado en detrimento de la históricamente precaria sociedad civil venezolana. Estos esfuerzos apuntan, a nuestro juicio, a la implementación de un modelo de cuño corporativo de corte estatal. En paralelo, pareciera despuntar una suerte de sociedad civil internacional corporizada en los grandes conglomerados internacionales petroleros asociados capaces, gracias a su importancia estratégica para el país y para el régimen, de incidir en la política petrolera que este ha diseñado.

El texto se desarrolla en cuatro partes. En la primera se reconoce a las organizaciones empresariales como parte de la sociedad civil, tomando distancia de aquellos análisis que las excluyen de la misma; la segunda da cuenta de las relaciones entre el Estado y Fedecámaras, antes y después del acceso de Hugo Chávez al poder. La tercera examina el nacimiento de las más importantes agrupaciones empresarias surgidas al calor y al estímulo oficial; la cuarta y última muestra la experiencia de la Asociación Venezolana de Hidrocarburos (AVHI), organismo que agrupa a las empresas transnacionales petroleras, y sus vínculos con el Estado venezolano.

El empresariado organizado como expresión de la sociedad civil

De entrada, en este trabajo se asume que las organizaciones empresariales forman parte de la sociedad civil. Nos adelantamos con ello a descartar una postura que excluye, deliberadamente o no, al empresariado organizado de la sociedad civil, en nombre de su obvia vinculación con el mercado, olvidando la condición de heterogeneidad y pluralidad que la misma encierra. Esta exclusión pocas veces se hace manifiesta en la literatura, pero se produce de hecho si tenemos en cuenta que, cuando en esta se habla de sociedad civil, pocas veces se remite a este tipo de asociación. Es necesario tener claro que una cosa es el mercado, o la empresa entendida individualmente, y otra distinta las agrupaciones, cuyos fines son la defensa de sus intereses y la incidencia en las políticas públicas que las afectan.

En este sentido, compartimos la idea de C. Grzybowsky (2004:60), cuando reconoce en las organizaciones de propietarios y capitalistas al «núcleo duro» de la sociedad civil, deslindando de esta el espacio del mercado propiamente, en el cual se generan las estrategias privadas de organización para hacer posible la producción de bienes y servicios comerciales y financieros. La sociedad civil en este ámbito se expresará diferencialmente, entonces, en «las organizaciones de defensa colectiva de intereses, de formulación de visiones y propuestas y de incidencia política directa…» (ibíd.). Precisa Grzybowsky, además, que el concepto de sociedad civil no puede utilizarse más como categoría analítica simple, en vista de que esta se genera en el mismo proceso en que se construyen los sujetos históricos, en su variedad de identidades, intereses, propuestas y autonomía, mediante movimientos, luchas y organizaciones. En consecuencia, la sociedad civil está constituida, no sólo por los ya tradicionales movimientos y organizaciones sociales, campesinos, sindicales, etc., sino por «las poderosas organizaciones y asociaciones mediante las cuales se expresan los intereses de propietarios de todo tipo, latifundistas, agro-negocios, industriales, banqueros y comerciantes» (ibíd.).

Con estas precisiones por delante, pretendemos dejar claro que las organizaciones empresariales forman parte de la sociedad civil venezolana, a pesar de que el término es de data más reciente que ellas mismas. Como señala L. Salamanca (2003), en Venezuela la idea de sociedad civil, tal como se la concibe actualmente, se plantea desde los años setenta. Antes de esa década, indica, el discurso político venezolano no incorpora la noción de sociedad civil como ingrediente conceptual de pensamiento y acción políticos (ibíd., p. 132).

Fedecámaras y el Estado: principio y fin de las relaciones corporativistas

La pérdida del equilibrio

En Venezuela las asociaciones de interés empresarial resumidas en su órgano emblemático, Fedecámaras, han ido perdiendo progresivamente la fortaleza que las caracterizó tradicionalmente.¹ Este fenómeno no se produce sin repercusiones para la dinámica sociopolítica del país. Si, como indica A. Baptista (2004:302), entre las condiciones que posibilitaron universalmente la emergencia de la sociedad civil se cuenta la pérdida de autonomía económica por parte del Estado, lo cual establece un «equilibrio muy especial» entre el poder económico y el político, en Venezuela estos contrapesos, ya de por sí históricamente precarios, han dejado de existir. Efectivamente, en el pasado el Estado no tuvo contrapesos domésticos de verdadera importancia; su considerable autonomía económica le permitió una amplia capacidad de intervención que sólo se vio contrarrestada cuando tuvo que enfrentarse a las empresas concesionarias petroleras (Baptista, 2005:25). Habría que recordar aquí el «fifty-fifty» de 1948, fórmula a través de la cual el Estado y las empresas lograron un equilibrio en las ganancias arrojadas por la actividad petrolera, gracias a los acuerdos celebrados entre ambas partes. Este equilibrio se mantuvo hasta 1958, cuando la Junta de Gobierno decretó, por la vía del impuesto sobre la renta, una distribución del 60 por ciento a favor del Estado, desbaratando aquel balance. En adelante y hasta 1976, año de la nacionalización, el Estado profundizaría sus esfuerzos por revertir totalmente la situación, con lo cual los contrapesos ejercidos por las concesionarias desaparecerían absolutamente.

Históricamente, las relaciones del empresariado venezolano con el Estado han estado signadas por la estrecha dependencia de aquel con respecto al poder que este ha exhibido; poder que, como se sabe, deviene de los ingentes recursos rentísticos de los cuales el Estado venezolano ha dispuesto, y a partir de los cuales se ha hecho posible el dinamismo de la economía nacional a lo largo del tiempo. La fuerte vocación intervencionista del Estado, exacerbada por esa extraordinaria condición financiera, sirvió de catalizador a la organización de grupos empresariales ligados al comercio y la industria a mediados de los cuarenta, dando lugar al nacimiento de la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción, conocida comúnmente como Fedecámaras.² En 1946, la agremiación de los empresarios facilitó la creación, por parte del Gobierno, del Consejo de Economía Nacional, organismo de carácter consultivo cuyos miembros tendrían por tarea asesorar al Ejecutivo federal en todas las cuestiones de interés para el desarrollo de la economía nacional (Moncada, 1985:255). Este ente prefiguraba la arquitectura corporativista que, luego de 1958, con la reconquista del sistema democrático, se armaría en Venezuela a partir de la presencia formalizada de un conjunto de representaciones sociales en el seno del Estado, con facultad para influir en el diseño de las decisiones de orden público. Para J.C. Rey (1998:317), este fenómeno no tuvo un significado «meramente estatizante», sino principalmente «privatista», lo cual se tradujo en una penetración de los intereses particulares en las actividades inherentes al Estado.³ De cualquier modo, las organizaciones asociativas empresariales, representadas en Fedecámaras, desempeñaron un importante rol en la orientación de la política económica desplegada por el Estado venezolano durante las dos décadas posteriores a 1958.⁴

Esta influencia, sin embargo, declinó a mediados de los setenta, cuando el presidente Carlos Andrés Pérez disminuyó la representación corporativa en las estructuras del gobierno, reemplazándola con figuras provenientes de su partido conectadas con su persona directamente. Pero las causas de esta disminución de la representación empresarial no es imputable sólo a los designios de Pérez; también otros factores coadyuvaron en la ocurrencia de este fenómeno. Entre otros, la profunda fragmentación y diferenciación de intereses experimentada por el empresariado –obvia consecuencia de su expansión y complejización–, la cual conspiró en contra de la posibilidad de que el organismo siguiera tomando decisiones unificadas y elevara sus demandas a los entes decisores de forma más o menos consensuada. Debe mencionarse también la disminución de las capacidades productivas del empresariado venezolano, lo que tiene su correspondiente expresión en un ritmo de crecimiento de la economía nacional con fuerte tendencia hacia el descenso por casi tres décadas. Este último factor es de gran importancia, ya que abrió un enorme espacio a la actuación del Estado en materia de política económica, sin la contraparte que otrora desarrollara el gremio empresarial desde las estructuras corporativas correspondientes.

En todo caso, el marcado estatismo del gobierno de Pérez se tradujo en la determinación de la clase política de controlar más intensamente la dinámica económica. De allí que al empresariado se le negara la posibilidad de ingresar en las más atractivas esferas para la inversión, como el petróleo y la petroquímica, especialmente; e igualmente en los segmentos más interesantes de la industria metalúrgica, los cuales fueron dominados por el Estado o por grupos económicos afectos al Presidente (Pirela, 2005:701).

Esta situación fue percibida por Eddo Polesel, ex presidente de Fedecámaras, de la siguiente manera: «el aumento de los precios del petróleo que se generó a partir de 1973, así como la nacionalización, léase estatización de la industria petrolera, creó (…) un preocupante desbalance en el ya precario equilibrio de poder entre el sector público y el sector privado que desfavorecería las relaciones entre el Estado y la sociedad civil» (Polesel, 1995). Puede decirse que, en líneas generales, este fenómeno domina desde el primer gobierno del presidente Pérez hasta nuestros días. La presencia cada vez más lánguida del empresariado organizado en Fedecámaras en la toma de decisiones públicas de carácter económico, tal como quedó evidenciado cuando el Gobierno tomó la iniciativa de ingresar al Mercosur sin considerar la opinión de este gremio, como veremos más tarde, es un dato que refleja la pérdida de importancia del sector en el concierto nacional. De este modo es posible adelantar la idea de que, en el ámbito de la economía, el Estado venezolano se ha desempeñado en las últimas décadas sin esa «espina clavada permanentemente en el flanco del poder político» (Castillo Vegas, 2000:16) que debe ser la sociedad civil; en este caso, la que forman los agentes ligados a la actividad empresarial cuando se agrupan para defender sus intereses.

Gobierno versus Fedecámaras: fin del diálogo ⁵

Con la elección de Hugo Chávez Frías en diciembre de 1998, el sistema político venezolano fraguado a la luz de la reinstauración de la democracia, una vez derrumbada la dictadura de Pérez Jiménez, se desmoronaba bajo el peso de una profunda ilegitimidad. Esta desintegración del sistema se tradujo muy pronto en la emergencia de una nueva institucionalidad, cuya máxima expresión fue el diseño y aprobación de un nuevo texto constitucional en diciembre de 1999.

Durante la campaña electoral, los empresarios –en su mayoría– habían mostrado su desconfianza en relación con el potencial presidente y su proyecto. No obstante, frente a su arrolladora popularidad y su aceptación por la población, las organizaciones empresariales dieron una tregua pública a sus críticas y temores en los meses posteriores a la elección, para reexhibirlas en la oportunidad en la cual el recién electo mandatario presentara al país su proyecto constitucional. Entonces, el grueso del empresariado desarrolló una campaña en contra de la proposición presidencial, preocupados por los riesgos que la misma comportaba para la propiedad privada. Así, Vicente Brito, presidente de Fedecámaras para la época, señalaba que «La Carta Magna de Chávez legaliza las invasiones. El empresariado está preocupado por los planteamientos que contiene el proyecto entregado por el Presidente Hugo Chávez a la Asamblea Nacional Constituyente (…) [exigimos] que no se incorporen limitantes o cortapisas al derecho fundamental de la propiedad privada que todo ciudadano posee…» (El Universal, 23-08-1999, cuerpo 2, p. 1).

Ante esta posición, el Gobierno, en la voz de Luis Miquilena, mentor político de Chávez y presidente de la Constituyente, respondió: «Vendedores de baratijas es lo que son los miembros de Fedecámaras» (El Universal, 24-11-1999, titular).

Una ristra de enfrentamientos entre ambos sectores se extendió a lo largo de los tres primeros años de gobierno, crispando el ambiente empresarial. Así, una encuesta ordenada por Venamcham, la cámara que agrupa a empresarios americanos y venezolanos, reveló que el 91 por ciento de sus afiliados sentía temor de que en Venezuela se instaurara una dictadura (Tal Cual, 26-01-2001, p. 18).

La mejor muestra de la fractura del diálogo entre los organismos empresariales y el Gobierno fue la ausencia del Presidente en las tradicionales asambleas que cada año celebra Fedecámaras en algún estado del país. Téngase en cuenta que a estas convenciones concurrieron puntualmente cada uno de los mandatarios desde 1958 hasta 1998. Njaim y otros (en Urbaneja, 1991:23) han señalado que «el verdadero Consejo [en alusión al Consejo de Economía Nacional] lo constituyen las asambleas anuales de Fedecámaras donde los jefes de Estado y sus séquitos, ya sean en plan amable o agrio, se sienten obligados a asistir para anunciar los grandes lineamientos de la política económica». Sirva esta cita, entonces, para reflejar, por contraste, el abismo que se abrió entre el Gobierno y la máxima representación del mundo empresarial.

En un contexto como este llegamos a noviembre de 2001, mes que marca un parteaguas en las relaciones entre el Ejecutivo y el empresariado, cuando este último reaccionó fuertemente frente a la promulgación de cuarenta y nueve instrumentos jurídicos relativos a la esfera económica, sin que se le consultase. Según Fedecámaras, estos instrumentos afectaban intereses empresariales tales como la propiedad privada, la libertad de empresa, el derecho al trabajo y las inversiones nacionales y extranjeras (Fedecamáras en OIT, 2004). En virtud de estos factores, tres paros nacionales de corta duración tuvieron lugar en un período de poco menos de un año (entre diciembre de 2001 y octubre de 2002), convocados por Fedecamáras y la Central de Trabajadores de Venezuela, CTV. La inédita alianza de intereses históricamente contrapuestos se fundaba en la percepción compartida por ambos sectores del peligro que corría la democracia venezolana.⁶ Estas paralizaciones fueron justificadas por los empresarios remitiéndose a su inconformidad con la política económica, «el discurso divisionista del Presidente», «la necesidad de restituir la independencia de los poderes públicos», así como la de «restablecer un clima favorable a las inversiones» (El Nacional, 20-10-2002, cuerpo E, p. 1).

El golpe de Estado de abril de 2002 y la colocación del entonces presidente de Fedecámaras en la primera magistratura vinieron a complicar más las cosas para este organismo, una vez reinstalado Chávez en la presidencia. La ruptura de las relaciones Gobierno- Fedecámaras, con altos y bajos, marcó el escenario de ahí en adelante. Pero dicha ruptura no sólo se explicó por esas causas; otras razones también ayudan a comprender el alejamiento. Tales eran, según el empresariado, la ausencia total de diálogo social; reiterada fijación unilateral de decretos de inamovilidad laboral; y fijación unilateral de salarios mínimos. Asimismo, la organización se quejaba de que los entes oficiales hubiesen abandonado las reuniones tripartitas (Fedecámaras en OIT, 2004).

Otro delicado asunto debe sumarse: la política agraria implementada por el Gobierno, así como las invasiones de tierras por parte de afectos al chavismo. Esta situación obligó a Fedecámaras a presentar a la opinión pública, en septiembre de 2005, un documento, denominado «Manifiesto empresarial», en el cual rechazaba la «‘agresión’ a la propiedad privada y demás formas legales de régimen de tenencia de la tierra» por parte del Ministerio de Agricultura y Tierras y el Instituto Nacional de Tierras. Consideraba que los procedimientos utilizados constituían un «atropello» al Estado de derecho y a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, a los enunciados de la Declaración Universal de los Derechos Humanos promulgada por la Organización de las Naciones Unidas y su capítulo en Venezuela. Remataba condenando «el abuso y la discrecionalidad» con la que actúan los funcionarios contra las empresas privadas, «empleando la Fuerza Armada Nacional como instrumento de intimidación», lo cual evidenciaba el propósito de «debilitar y someter a la empresa privada venezolana» (Fedecámaras, 2005:1-2).

El duro tono de estos reclamos cohabitaba en este tiempo, sin embargo, con una disposición por parte del empresariado a entrar en diálogos con el Gobierno. El triunfo del presidente Chávez en el referéndum revocatorio presidencial en agosto de 2004 obligaba a la búsqueda de la concertación, respondiendo al instinto de sobrevivencia de la organización empresarial. Esto puede explicar el lenguaje conciliador que el órgano adoptaría en los meses siguientes, en un intento por desandar el camino, revelando poca conciencia de la legitimidad de las acciones políticas acometidas. Decía su presidenta, por ejemplo, que «poco a poco la sociedad civil está entendiendo que nuestros gremios no pueden ser ni gubernamentales ni opositores (…) nuestras instituciones deben concentrarse en la defensa de sus intereses, que son los intereses del país»⁷ (El Universal, 22-07-2005, cuerpo 2, p. 2). Esta disposición anímica al entendimiento cristalizó en un par de encuentros entre el presidente de la República y la asociación empresarial, sin que los mismos se tradujeran en relaciones sólidas capaces de revertir la fractura entre ambos polos. Esto quedó claro posteriormente cuando la organización empresarial hizo de nuevo sentir sus quejas, como ocurrió en junio de 2006 en la oportunidad en que su nuevo presidente, José Luis Betancourt, denunció ante la OIT las políticas del Estado hacia el sector privado de la economía: mecanismos intervencionistas y adversos al libre mercado como la fijación unilateral de precios, la inamovilidad laboral y el decreto de solvencia laboral, el control de cambio, invasiones de tierras, el exceso de discrecionalidad por parte de funcionarios y el acoso a dirigentes gremiales (El Nacional, 14-06-2006, cuerpo A, p. 22). En este lapso, el lenguaje amenazante del Presidente llegó a su clímax en enero de 2006 cuando, en el marco de la instalación de la nueva Asamblea Nacional, ante las presiones de los productores de café en procura de un alza en los precios de este rubro, les anunció que el Gobierno podría quitarles las torrefactoras y nacionalizarlas «pues estamos mandando, es la ley del más fuerte» (Frontera, 7-01-2006, p. 5A).

Es en este contexto que puede entenderse que las asociaciones empresariales se hubieran mostrado dispuestas a librar una batalla contra el gobierno de Hugo Chávez desde la trinchera de la sociedad civil, volcada por la fuerza de los hechos hacia lo político. Salamanca (2003:153) señala que la nueva sociedad civil (refiriéndose a las organizaciones de nuevo cuño), la tradicional (en las que calzan las asociaciones como Fedecámaras) y los partidos políticos convergen en un mismo propósito: «la defensa del pluralismo asociativo y la democracia frente a un proyecto de unificación y cooptación asociativa por parte del Estado». Y agrega que los ataques del Presidente a todos los poderes sociales, tanto los históricos como los emergentes, llevó a estos últimos a salir de la esfera de lo social para ingresar en el territorio de lo político: «mientras la lucha política de la sociedad civil en los setenta y ochenta consistía en evitar el control partidista, la lucha política en la actualidad es por evitar la exclusión, el control e, incluso, la desaparición de esta modalidad de sociedad civil y su sustitución por una sociedad civil estimulada y dirigida desde arriba» (ibíd.). Aunque Salamanca se refiere a la nueva sociedad civil, la reflexión es absolutamente válida también para la vieja, es decir para Fedecámaras, aunque, como viéramos, a veces la asociación no se percibe como expresión de esta última.

Empresarios individuales sí, agrupados no

Esta marcada tendencia del Gobierno a aislarse de los gremios tradicionales, a no reconocerlos como interlocutores válidos tuvo, empero, su contrapartida en una cierta disposición a aceptar el diálogo y la negociación con los empresarios o con empresas individuales. Esta tendencia se patentizó cuando, a mediados de 2004, el Gobierno gestionó la asociación de Venezuela al Mercosur. En esa oportunidad, Wilmar Castro Soteldo, ministro del despacho de producción puntualizó que «se consultó con empresarios que representan a grupos económicos muy importantes del país como Polar y Monaca. Fedecámaras es un gremio, no una industria (…) no invitamos a gremios a discutir estos asuntos» (El Nacional, 14-07-2004, cuerpo A, p. 18). Frente a esta conducta, la presidenta de Fedecámaras para el momento, Albis Muñoz, se quejaba de la ausencia de institucionalidad, lo cual hacía que las relaciones y las acciones fueran muchísimo más particulares que contextuales. Según ella, la manera como el Gobierno había manejado la cuestión de Mercosur era la mejor muestra: una negociación unilateral, con muy poca participación del sector privado. A pesar de que el organismo contaba con una comisión de asuntos internacionales que estudia todo lo que tiene que ver con convenios internacionales, no había sido consultada. Señalaba Muñoz que, frente al reclamo del gremio, «la respuesta que obtengo es que se consultaron a las cinco empresas más grandes. Independientemente del peso específico que puedan tener esas empresas, lo que se detecta es que sólo el manejo del interés particular lo que cuenta y no el manejo institucional como debiera ser» (entrevista del día 29-07-2004).

Creemos que este fenómeno se produjo no sólo por la aversión ideológica que el Gobierno ha manifestado en contra del empresariado nacional agremiado, sino por las mismas condiciones que impone hoy la dinámica de un mercado más complejo y plural, el cual obedece a la lógica liberal, exigiendo arreglos menos atados a la «convencionalidad corporativa», como ha indicado J. Lanzaro (1998:44).

De modo que con los inicios del siglo XXI se presenciaba la evaporación del modelo moderadamente corporativista que tuvo vida en la Venezuela de las décadas siguientes a la reinauguración del sistema democrático en 1958, pero también, al mismo tiempo, una pérdida total de fortaleza de la ya frágil sociedad civil con la cual contaba el país, al menos en su núcleo más tradicional.

El proyecto chavista: la creación de una sociedad civil empresarial a la medida

Tal como señala Gómez Calcaño (2005:23), «la larga tradición venezolana de promover organizaciones de base desde el poder ha encontrado continuidad en el actual Gobierno». Efectivamente, el proyecto chavista desplegó desde un inicio importantes esfuerzos por armar una «sociedad civil» a su imagen y semejanza. En su interés de encuadrar toda práctica social en los moldes de su proyecto, el presidente Chávez asimiló la sociedad civil con su revolución y con la masa de su electorado: «La sociedad civil, en su mayoría (…) es revolucionaria, y está impulsando este proceso (…) ¿Quién votó aquí? ¿Qué sociedad votó? ¿No fue la sociedad civil? ¿De dónde salieron los casi cuatro millones de votos (…) indicando el camino?» (ibíd.).

Este es el espíritu que también parece haber privado en el chavismo para impulsar la organización de asociaciones corporativas; entre otras, de empresarios. A fin de debilitar aún más las ya débiles agrupaciones históricas como Fedecámaras, el Gobierno se dispuso a crear un conjunto de organizaciones empresariales cuyo común denominador era la lealtad al proyecto del Presidente.⁸ Fue esto lo que nos indicó el diseño de asociaciones como Empresarios por Venezuela (Empreven) o la Confederación Nacional de Agricultores y Ganaderos de Venezuela (Confagán).

La primera de estas organizaciones se conforma en el año 2000 gracias a la iniciativa de Alejandro Uzcátegui, otrora figura desconocida en el mundo empresarial venezolano. Según palabras de su fundador, Empreven es una organización con sentido nacionalista que busca consolidarse «como el nuevo centro de la organización de todos los nuevos emprendedores y los microempresarios» (Qué es Emprevén, tríptico informativo). Cuenta esta agrupación, según palabras de Uzcátegui, con 70.000 miembros y tiene capítulos en 18 estados y 72 municipios.

Confagán, por su parte, se creó posteriormente. Se inició con un acto de juramentación ante el Presidente en el año 2002 y de ella formaban parte, de acuerdo a sus voceros, más de 25.000 productores del campo. Según uno de sus representantes, la Confederación «dará la oportunidad de acceder a los créditos, a las tierras y lograr el apoyo decidido del Gobierno nacional a través de sus ministerios de agricultura y tierras; y de planificación y desarrollo» (www.eluniversal.com, 27-11-2002).

Para ese momento, no estaban claros los efectos que la creación de Emprevén tendría sobre Fedecámaras en términos de captación de sus miembros, pero desde un inicio se evidenció que aquella tenía puerta franca a las instancias gubernamentales, y su estrecha convivencia con el liderazgo chavista estuvo fuera de sospecha. Confagán se erigió en corto tiempo en la voz más importante, en cuanto a lo que a aparición pública se refiere, de los agricultores y ganaderos, en detrimento de la antigua Federación Nacional de Ganaderos (Fedenaga), asociada a Fedecámaras. En efecto, esta organización fue excluida del Consejo Agropecuario, órgano en el cual se apoyan las políticas dirigidas al campo, presidido por el Ministro de Agricultura y Tierras, lo cual diera lugar a una querella presentada por Fedecámaras ante la Organización Internacional de Empleadores (OIE) (v. en www.oit.org.pe, 2005). El alegato del organismo cúpula de los empresarios se fundamentaba en que la representatividad de Fedecámaras estaba siendo ignorada en la práctica por el Gobierno, el cual mantenía un diálogo intenso en el sector agropecuario con Confagán; sin embargo, en ese sector las organizaciones de Fedecámaras (Convocar y Fedenaga) representaban al 95 por ciento de las empresas ganaderas. Confagán y otras organizaciones patronales afines al Gobierno, insistía Fedecámaras, «son organizaciones paralelas que el Gobierno promueve o favorece entre otras cosas con la concesión de créditos e inclusive diseña su estrategia» (OIT, 2004).

En ese mismo documento los empresarios denunciaban la creación de cámaras paralelas a las afiliadas a Fedecámaras en el estado Carabobo, donde operaban en el cuartel militar; en el Zulia, donde las reuniones de consulta o negociación se realizaban entre «cámaras bolivarianas» y «sindicatos bolivarianos», cuyos miembros son «militantes políticos pagados por el Gobierno» y funcionan en una dependencia del Estado; en Sucre, donde se conformó otra cámara paralela con apoyo oficial y el gobierno regional (afecto al chavismo para el momento) no reconoció la cámara registrada en Fedecámaras.

Pero las acciones decisivas en este sentido se concretaron a finales de 2006, cuando el presidente y fundador de Emprevén anunció la apertura de un proceso de inscripciones por parte de los dispersos gremios empresariales afectos al régimen, con miras a conformar la confederación de empresarios, productores y agricultores bolivarianos. Uno de los propósitos de esta nueva agrupación sería, según Uzcátegui, juntar los distintos intereses dispersos de los emprendedores bolivarianos: «hemos llegado a la conclusión de que separados, como estamos, es muy difícil representar y ser los voceros del empresariado venezolano (…) vamos a buscar la unidad de tantas organizaciones empresariales para poder tener fuerza» (El Mundo, 28-11-2006, p. 10). Otra de las intenciones de la nueva asociación sería acabar con la hegemonía de Fedecámaras: «viene la batalla verdadera por el poder gremial empresarial. Esperamos que se acabe la dictadura de 50 años que ha tenido Fedecámaras como vocero de los empresarios (…) Fedecámaras continúa siendo el poder, y nosotros vamos a tratar de que esas cámaras se afilien a nuestra organización (…) Una vez que acepten formar parte de la nueva confederación los vamos a precisar, los vamos a poner en tres y dos: o corren o se encaraman» (ibíd.).

Eventos como estos apuntaron hacia la conformación de una suerte de corporativismo cortado y cosido desde arriba, dominado por los intereses del Estado, que en este caso deben entenderse como los de un proyecto, el que encarna el presidente Chávez. Si bien las nuevas coordenadas del mercado tienden a imponer nuevos arreglos, más individualizados y menos corporativizados, como se ha dicho arriba, la naturaleza estatista del régimen chavista y su afán por copar todos los espacios sociales explican su necesidad de crear sus propias organizaciones empresariales. En este sentido, en un trabajo anterior (Arenas, 2005) aventuramos la idea de que en Venezuela se estaba conformando una especie de corporativismo estatal, el cual, como ha sostenido Schmitter (1998:83), se enmarca en sistemas capitalistas atrasados, neomercantilistas y autoritarios.

No obstante, la arquitectura de este nuevo corporativismo no replicó, en el período trabajado, las estructuras formalizadas que tuvieron vida en las primeras dos décadas del sistema democrático, una vez derrocado Pérez Jiménez.⁹ En ese lapso, las distintas instancias ligadas a la política pública en materia económica institucionalizaron la presencia del sector privado en el seno de cada una de ellas. Por esta razón puede hablarse entonces de la existencia de una suerte de corporativismo informal en el período que nos ocupa en esta investigación, con tendencias probables a su formalización en el futuro dependiendo de las necesidades estratégicas del régimen.

El mundo de la economía social como complemento; más Estado, menos sociedad

Este esfuerzo del nuevo liderazgo por crear agrupaciones empresariales a su medida se complementó desde 2004 con el diseño de un modelo cooperativista de economía, así como con el impulso a los «núcleos de desarrollo endógeno» y las «empresas de producción social» (EPS).¹⁰ Estas últimas, creadas mediante decreto presidencial de diciembre de 2005, se constituyeron a través de un holding que habría de manejar las empresas ya constituidas. Así, la Compañía Nacional de Industrias Básicas, CA, con un capital accionario de 18.000 millardos, adscrita al Ministerio de Industrias Básicas, asumió la responsabilidad de supervisar y controlar dicha modalidad de empresa. A ello se le sumó el fondo creado por Petróleos de Venezuela, Pdvsa, también destinado a ese fin (Guerra, 2006:91). La filosofía que orientó el diseño de tales emprendimientos fue la de moldear los mecanismos que habrían de hacer posible la sociedad socialista del siglo XXI en Venezuela ideada por el presidente Chávez, en la cual, se supone, predominaría la propiedad colectiva. Sin embargo, tal como apunta J. Guerra, refiriéndose específicamente a las EPS, «Aparte de tratarse de un esfuerzo financiero inicial de envergadura, esto sugiere que el Estado tendrá el control de las EPS, lo que cuestiona su presunto carácter de unidades de producción alternativas al modelo de capitalismo de Estado, donde la propiedad reposaría en manos de sus trabajadores asociados». Para Guerra, en la medida en que el Estado concentre en sí mismo, o por medio de «estructuras interpuestas» y asociaciones, factores de producción como la tierra y el capital, y determine los precios por la vía de regulaciones oficiales, irá incrementando su vocación de hacerse con todos los espacios «porque la independencia y separación del poder económico del poder político permite que el primero actúe como una especie de contrapeso frente a la tendencia autoritaria de este último y ello contradice la esencia del proyecto que se intenta edificar en Venezuela» (Guerra, 2006:51).

Esta situación habría de afectar, según el mismo autor, a lo que resta del sector privado, en tanto que este debió competir en condiciones adversas con las empresas públicas y las cooperativas, que en ese lapso gozaron de amplia disponibilidad de créditos a tasas subsidiadas, transferencias directas del presupuesto nacional, exoneraciones fiscales y compras gubernamentales, asegurando la colocación de sus productos, al margen de su precio y de su calidad (El Universal, 4-04-2005, cuerpo 1, p. 20). Este, sin embargo, no era un problema para el Gobierno, empeñado como estaba y sigue estando en la constitución de una nueva economía en los moldes del socialismo. Este nuevo modelo debe tener como norte la solidaridad y no la competitividad, tal como el mismo Presidente ha sostenido en numerosas oportunidades.

Desde las primeras menciones al socialismo del siglo XXI un fuerte componente moralista ha estado presente, conectándose, a nuestro juicio, con el ideario de los socialismos clásicos de vertiente marxista. Chávez planteó que las EPS y las cooperativas eran una alternativa al capitalismo, conforme a la idea de que «el capitalismo es perverso, el capitalismo sigue siendo el diablo» (Chávez en www.aporrea.org, 8-06-2006) y esas formas empresariales no deberían tener como objetivo el lucro: el «socialismo a la venezolana» debe contraponerse al «veneno capitalista, al veneno del egoísmo, de la ambición de riqueza y de la competencia» (Chávez en Pirela, 2005:716). En este sentido, el proyecto de sociedad que oferta el Presidente calza en los cánones de las sociedades ideocráticas –las sociedades marxistas son ideocracias–, las cuales se expresan en regímenes que no se contentan con cumplir una función social, sino que «persiguen un orden moral, el predominio de la virtud sobre la tierra», como ha indicado E. Gellner (1996:153). Pero, puntualiza este autor, las sociedades industriales son en sí mismas sociedades en las que la actividad económica es primordial. Según Gellner,

Sujetarla[s] a la virtud pretender que el regateo es inapropiado e inmoral y que la desigualdad es inherentemente injusta, equivale a sujetarla[s] a constreñimientos que resultan incompatibles con su naturaleza (…) La unificación de la economía en una única organización y su fusión en la jerarquía política e ideológica no sólo resulta muy ineficiente, sino que también conduce al autoritarismo y a la mentira. Permitir la existencia de una zona económica independiente equivale a abrir una brecha en el sistema autoritario, dada la importancia de la economía. Privar a la sociedad civil de una base económica independiente equivale a ahogarla, dada la inevitabilidad de la centralización política. (Ibíd.).

Pero, además, estas formas de economía dieron muestra desde un principio de no permitir la posibilidad de conformación de sujetos colectivos que canalizaran las energías sociales –como los que en el pasado hicieron posible, por ejemplo, la estructuración de sindicatos–, dada la dispersión de los agentes que las ponen en marcha. En el caso de las cooperativas, el desmembramiento de un proceso de trabajo que antes era llevado a cabo por individuos en condiciones similares y concentrados en un mismo espacio físico, para ser ejecutado ahora por una pléyade de pequeñas asociaciones autónomas y desvinculadas entre sí, implicó comenzar a eliminar la posibilidad de la actuación colectiva. Con ello se tendía a frenar la posibilidad de los trabajadores de actuar en procura de mejores condiciones de trabajo y de vida, lo cual supone la desaparición de la actividad sindical, como han argüido C. Iranzo y J. Richter (2005:671). Esto quiere decir, en otras palabras, que la economía que el proyecto chavista intentó fraguar desde estos esquemas camina en sentido contrario de lo que implica la sociedad civil: autonomía y organización de intereses comunes. Las cooperativas y, en general, las EPS nacieron sujetas al Gobierno y a su ideología con muy poco margen disponible para avanzar en el sentido de crear organizaciones fuertes e independientes del Estado. Según Iranzo y Ricther, a diferencia del resto de América Latina, las cooperativas en Venezuela se crean en el sector público y la posibilidad de registrarlas y obtener créditos para su desenvolvimiento se sujeta a las vinculaciones partidistas de los aspirantes. De allí que la economía social que el Gobierno intenta consolidar nació partidizada, y en vez de robustecer a la sociedad la ha ido debilitando.

El gobierno de Chávez y los actores transnacionales de poder económico: ¿sí al diálogo?

Conviviendo con las tendencias que acabamos de presentar, se fue desarrollando una dinámica entre el Gobierno y asociaciones empresariales no tradicionales, más conectadas con intereses foráneos que nacionales.

Esto tampoco es casual. Ciertamente esa tendencia se insertaba en las transformaciones que ya estaban teniendo lugar en América Latina en el terreno de las vinculaciones de los Estados nacionales con grupos sociales de poder. Según F. Calderón, el Estado nación comenzó a cambiar de rol, reestructurando sus alianzas en las últimas dos décadas. Por un lado, fracturó los acuerdos tradicionales con los sectores populares organizados, los sectores medios y los grupos empresariales nacionales, los cuales constituyeron su plataforma de legitimidad en el pasado; por el otro, se alió con actores empresariales más concentrados y con empresas transnacionales (Calderón, 2004:193).

Como bien se sabe, las viejas alianzas del Estado latinoamericano se produjeron en el marco de lo que M. Cavarozzi (1993) denominó «matriz estadocéntrica», en la cual se imbricaron el Estado, el sistema de representación (partidos, sindicatos) y la base socioeconómica de actores sociales mediados institucionalmente por el régimen político, según ha puntualizado M. Garretón (1994).

La estrategia neoliberal adelantada por los Estados latinoamericanos en los años noventa hizo presumir el fin de dicha matriz, toda vez que aquella estrategia suponía el desprendimiento del Estado de los actores, entre ellos los empresariales, los cuales debían caminar en adelante sin las muletas que proporcionaban los recursos públicos. Pues bien, esto parece haber funcionado para el caso de los empresarios nacionales que no lograron ubicarse en la punta de los procesos de acumulación de capital; es decir, la franja de capitalistas más decaídos. De allí que podamos acompañar la idea de que se dio paso a una etapa en la cual «se agota una matriz Estadocéntrica, más heterogénea y policlasista en su intervención, y se inicia la construcción de una nueva matriz, también Estadocéntrica, pero más homogénea y estrecha en cuanto a los intereses sociales que preserva con su intervención» (Osorio, 2004:173; cursivas del original). De acuerdo con J. Osorio, se estaría produciendo en América Latina una «neooligarquización» del aparato estatal con «coro electoral». Y encuentra una paradoja en que, mientras esto ocurre, el Estado, gracias a los procesos electorales que se experimentan, se presenta como el «Estado de todos» (ibíd., p. 178).

De modo que, como indica A. Flores Andrade (2006:167), «si bien existe un discurso que puede parecer peligroso para la continuidad de las políticas económicas del consenso de Washington, la realidad es que aun los presidentes considerados de izquierda, como Chávez y Luiz Inácio Lula da Silva, han cumplido sus compromisos económicos internacionales, como el pago de la deuda, y siguen la lógica del mercado mundial». En el caso específico de Venezuela, el gobierno de Chávez repitió una política ortodoxa en materia fiscal y monetaria, elevó la presencia del capital transnacional y reprodujo el ciclo de importaciones a bajo costo para satisfacer la demanda del mercado doméstico (Ramírez Gallegos, 2006). En esta perspectiva, Alain Touraine ha señalado que «el mantenimiento de una retórica fuertemente nacionalista y revolucionaria es uno de los principales obstáculos con que tropieza el desarrollo en los países latinoamericanos» y añade que constantemente se desarrolla con mucha fuerza un «nacionalismo epidérmico» del cual es necesario preguntarse si no es el «complemento retórico de una dependencia rechazada como principio y aceptada de hecho» (Arenas, 2001:192). Aunque Touraine no menciona el nombre del Presidente venezolano en su texto, todos sabemos que Chávez sintetiza, como ningún otro líder latinoamericano y acaso mundial, un discurso de este tipo. Refiriéndose a los populismos de última generación, P.A. Taguieff ha indicado que la ruptura con el pasado exigida por estos requiere un nuevo consenso en torno de dos polos: el mercado y la preferencia nacional; empero, mientras la lógica del liberalismo económico es la globalización, el proteccionismo privilegia lo nacional. Esta tensión «entre los dos proyectos del nacional populismo autoritario se traduce torpe y hasta contradictoriamente en las posiciones programáticas. Nacionalismo o globalización: el dilema reaparece dentro del espacio doctrinal del nuevo populismo» (Taguieff, 1996:60).

Esto es lo que ha ocurrido con el gobierno de Chávez. Un discurso exacerbadamente nacionalista y antiliberal debe ser confrontado con una acción que no consigue fácilmente el modo de acoplarse a la retórica. Este desencuentro queda muy bien recogido en la apreciación de Renaud Vignal, director para las Américas de la cancillería francesa, cuando señaló que «Chávez tiene un discurso muy radical, pero en sus relaciones de cada día con las empresas marcha muy bien (…) Chávez es un socio leal y confiable» (Arenas, 2001:194). Efectivamente, desde un inicio, Chávez se mostró como un socio «confiable» con las grandes transnacionales petroleras radicadas en el país. La consolidación del proyecto revolucionario chavista que presenciamos en la actualidad se colocó en el marco de un contexto económico que apunta hacia territorios extranacionales, orientándose a saturar todos los espacios de inversión con propiedad pública fuertemente amarrada tecnológicamente a las empresas multinacionales (Pirela, 2005:716). A pesar de su vehemente discurso antiimperialista, el Presidente no se ha deshecho de las mismas, formalizando más bien las reglas de juego con ellas, mostrando un sentido altamente pragmático a la hora de sus ejecutorias decisivas. Con ello, el Presidente y su gobierno demostraron que, a pesar del alto componente ideocrático del régimen, este era capaz de saltar por encima de sus principios ideológicos a la hora de garantizar la explotación de los recursos que hacen posible la captación de la renta en el mercado petrolero internacional.¹¹ Para ello fue necesario conciliar con estos consorcios en la mesa de negociaciones. A tales efectos entró en diálogo con la Asociación de Hidrocarburos de Venezuela (AVHI), constituida en su mayoría por las grandes empresas que operan en el país la explotación del recurso petrolero.

Qué es la AVHI

Para 2006 la Asociación Venezolana de los Hidrocarburos afiliaba a 22 (originalmente eran 26) empresas ligadas a la actividad petrolera, las cuales constituían el principal conjunto privado inversionista en Venezuela.¹² Su membresía está conformada por las más grandes empresas de exploración y producción de petróleo y gas natural en el mundo. En ella se encuentran los conglomerados con mayor capacidad tecnológica, operativa, gerencial y financiera del planeta (www.avhi.org/macroeconomica.htm). Fue creada en el año 2003¹³ y se definió como una asociación civil «autónoma de carácter privado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que carece de todo ánimo de lucro o fin económico y se eximirá de participar en actividades de naturaleza política». Su visión se encamina hacia el diseño de «una institución sólida que sea respetada por los poderes públicos, la industria y la sociedad civil por su contribución al mejoramiento del clima de inversiones y por su impacto positivo en el desarrollo sostenible de la nación» (www.avhi.org). Su objetivo asociativo es la promoción y el fomento de la inversión privada, nacional y extranjera, en la industria venezolana de los hidrocarburos. En este sentido, la AVHI podrá:

a) proponer iniciativas encaminadas al establecimiento de condiciones propicias para el desarrollo de actividades empresariales y de inversión en la industria venezolana de los hidrocarburos, bajo un ambiente de estabilidad, confianza y seguridad jurídica;

b) contribuir a la formación e implementación de políticas públicas orientadas al desarrollo integral de la industria de los hidrocarburos, próspera, eficiente y competitiva;

c) estimular la participación nacional en toda cadena de valor de la industria de los hidrocarburos bajo criterios de eficiencia económica, responsabilidad social, conservación ambiental, desarrollo sostenible, y

d) promover y divulgar el valor y significado de las actividades empresariales y sociales del conjunto de sus miembros y su contribución positiva al desarrollo del país (www.avhi.org).

Como puede apreciarse, la AVHI es una organización civil que procura incidir en las políticas públicas conectadas con el sector petrolero, sin comprometerse en actividades ligadas a la dinámica política nacional; todo lo contrario de lo que había sido la práctica reciente de Fedecámaras.

A nuestro juicio, esta incidencia de la AVHI es lo que ocurrió, aunque con muy bajo perfil y a contracorriente de la retórica anticapitalista del presidente Chávez. En efecto, si se rastrean las posturas y discursos de este organismo, es posible identificar una gran disposición por parte del Gobierno de lograr entendimientos con él. Así, en julio de 2004 se celebró el evento «El Presidente habla con los empresarios», en el que el presidente ejecutivo de la AVHI desarrolló una importante alocución. La estrechez en las conexiones entre el Gobierno y la asociación queda patentizada cuando su principal vocero señala que las relaciones entre Pdvsa y sus socios han sido

… muy fluidas, francas y constantes. Hay un comité conjunto entre la AVHI y Pdvsa-Corporación Venezolana Petrolera, en el cual se ventilan todos los temas de políticas públicas. No sólo hemos trabajado en el ámbito del negocio mismo, sino también en materia de desarrollo sostenible (…) dentro de ese contexto desarrollamos la estrategia de apoyo al desarrollo nacional. Además hemos examinado los diferentes proyectos y tenido la oportunidad de mostrar nuestras opiniones y criterios sobre como viabilizar el Plan de Negocios 2004-2007 de Pdvsa… (www.avhi.orgdetallenoticia).

Dentro de ese mismo espíritu deben entenderse las palabras del ministro de Energía y Petróleo y presidente de Pdvsa, Rafael Ramírez, cuando en enero de 2005 anunció la creación de comisiones de trabajo entre ese ente y la AVHI, para estudiar las posibilidades de negocios con esta. En esa oportunidad el Ministro señaló que «el contacto permanente, la discusión y la interacción con nuestros socios nacionales e internacionales es un factor fundamental para el éxito de los planes de expansión de la industria petrolera con un plan de negocios muy ambicioso lleno de potencialidades y posibilidades, sustentado en nuestras reservas, nuestras capacidades y en nuestra posición en el mercado petrolero internacional» (www.pdvsa.com).

De las citas se desprende la disposición que muestran las partes para arribar a entendimientos que favorezcan a ambas. Para la AVHI pareciera claro que más allá de las amenazas que profiere el presidente Chávez contra el Gobierno de los Estados Unidos está la necesidad del Gobierno venezolano de encarar la exigencia de inversiones a futuro.¹⁴ En efecto, Venezuela deberá hacer frente a los retos de la industria so pena de que la misma colapse. De allí que, frente al Presidente, en el acto arriba mencionado, Grisanti señaló que la industria petrolera venezolana enfrentaba enormes desafíos ante el futuro promisorio del mercado energético y petrolero mundial. El planeta necesitará 300 millones de barriles diarios (MMB/D) de petróleo equivalente en 2020, de los cuales 180 MMB/D corresponderán a petróleo y gas, lo que implica más de 50 MMB/D adicionales, indicó Grisanti. Y dirigiéndose directamente al Presidente le señaló que:

En un ciclo normal de inversiones, Señor Presidente, eso es ya. Para alcanzar una producción de petróleo y gas de tal magnitud, el mundo requiere US$ 200 millones anuales hasta 2030. Venezuela puede captar una parte substancial de esa inversión. La competencia por la captación de capitales es y será más intensa (…) En este contexto, saludamos el anuncio del Ejecutivo nacional de eliminar el Impuesto a los Activos Empresariales, lo cual, unido a otras medidas integrales de estímulo a la inversión contribuirá a afirmar la confianza de los inversionistas. (Grisanti, analítica.com, agosto de 2004, pp. 3-4).

Como vemos, para la AVHI el problema a resolver era hacer viable el nuevo ciclo de inversiones bajo condiciones de «flexibilidad y competitividad» (ibíd., p. 6). Para esto la asociación se comprometía a involucrar en los nuevos planes al conjunto de los actores sociales y económicos: «Tenemos un reto titánico fundamental, el cual es que todos los actores: Gobierno, industria y sociedad civil acometan el nuevo ciclo de inversiones. La AVHI cumple el rol de buscar consensos, plantear soluciones (...) tanto con la sociedad civil como con el Ejecutivo nacional y Pdvsa».

Las empresas mixtas: la cristalización de los entendimientos

La «fluidez» en las relaciones entre el Gobierno y la AVHI tuvo su resultado en los entendimientos que dieron lugar a la creación de las empresas mixtas.¹⁵ Efectivamente, en enero de 2006, el presidente de la asociación señalaba que:

Hemos hecho sugerencias que han sido acogidas por el Ministro de Energía y Petróleo y va a haber una audiencia pública (…) donde vamos a participar, creemos que se va a consolidar la seguridad jurídica del país, se va a asentar un nuevo ordenamiento jurídico que va a dar mayor seguridad y no va a ser objeto de cuestionamiento en el futuro (…) eso no implica que no haya diferencias pero lo importante es el diálogo, la interlocución sistemática, la búsqueda de consensos y la apertura de vías alternativas sobre la base del nuevo ordenamiento jurídico (www.avhi.org/detallenoticia, enero de 2006).

En abril de 2006, el Estado y las transnacionales petroleras asociadas en la AVHI cristalizaron la creación de estas empresas en el marco de un gran despliegue publicitario por parte del Gobierno, anunciando que a partir de ese momento Venezuela avanzaba «hacia su plena soberanía petrolera». «Las empresas mixtas forman parte del Plan Siembra Petrolera y este servirá para cancelar una deuda social gigantesca, porque la renta derivada de los recursos naturales tendrá que seguirse convirtiendo en progreso, en bienestar, en felicidad, en vista de que para este Gobierno bolivariano el pueblo es dueño de los hidrocarburos» (prensa nacional del 2 de abril de 2006). El día fue proclamado por el presidente Chávez como «día histórico» en el que «se puso en marcha un proyecto nacional»: «le estamos diciendo al mundo que no es incompatible un proyecto nacionalista y revolucionario con la presencia de dignas empresas internacionales y del sector privado nacional siempre que haya voluntad» (El Nacional, 1-04-2006, cuerpo A, p. 16).

Los acuerdos habían rendido sus frutos si tomamos en cuenta que dieciséis empresas responsables de la operación de veinticinco campos aceptaron la nueva fórmula. De las empresas operadoras que estuvieron de acuerdo en negociar las migraciones, solo dos se retiraron (Quirós Corradi, El Nacional, 16-04-2006, cuerpo A, p. 15). De este modo ambos polos del negocio obtenían provecho: el Gobierno garantizaba la continuación del modelo rentista gracias al cual le es posible, en gran medida, mantener el apoyo popular, y las empresas, por su parte, el establecimiento de una plataforma jurídica capaz de proporcionarle mayor seguridad a sus inversiones. Con esta fórmula, las empresas dejaron atrás su estatus de contratadas para la prestación de un servicio, convirtiéndose ahora en socias propietarias. La mayoría del universo accionario (60 por ciento) en manos del Estado, no obstante, le permite al liderazgo chavista blandir con éxito su discurso nacionalista, no sólo en el plano doméstico, sino también en el internacional.

Sin embargo, no pocas reservas se observan en la directiva de la Asociación con respecto al modo como la Asamblea Nacional instituyó la empresa mixta. De acuerdo a Grisanti (en entrevista reseñada), este órgano otorgó «una enorme discrecionalidad al socio mayoritario, que va más allá de lo que se estila universalmente hablando». La empresa mixta es una especie de «matrimonio por conveniencia con la esperanza de que ese matrimonio funcione (…) pero la AVHI quiere dar el beneficio de la duda y apostar al éxito». Sostenemos la idea de que por más importante que sean los principios ideológicos en el imaginario del régimen, pesa mucho la alta importancia de los consorcios internacionales en la extracción de renta, sin lo cual el proyecto chavista no será viable. De allí que la moral anticapitalista del proyecto no afectará las dinámicas socioeconómicas que mueven al capital petrolero internacional en su expresión venezolana.

Sociedad civil nacional versus sociedad civil internacional

Más allá de las reservas mostradas por el presidente de la AVHI, queda claro que el único actor consultado fue esta asociación, dejando ver que el régimen reconoce como interlocutor legítimo a las empresas transnacionales agrupadas en la organización de marras, al contrario de lo que observamos cuando de las asociaciones históricas se trata. Tal como indica Guerra (2004:7), «la línea es privilegiar al capital internacional, el cual no tiene arraigo interno ni principios nacionales que defender». En realidad, el proyecto chavista, aunque de corte nacionalista, no incorpora a los grupos nacionales empresariales en su campo de interés, a menos que estos le sean leales, como exigen los Gobiernos populistas con poco sentido de la pluralidad política.¹⁶ Todo lo contrario, el Gobierno parece desinteresarse de los destinos de los empresarios tradicionales, como lo demostró la compra, en el año 2000, de la emblemática empresa nacional Electricidad de Caracas por parte de la AES, empresa transnacional estadounidense. La estatización posterior, tanto de esta empresa como de la compañía telefónica venezolana (CANTV), y los anuncios de nuevas estatizaciones,¹⁷ ahogan aun más las posibilidades de acción del capital privado nacional, en beneficio del Estado, que re-emerge como directo inversor capitalista.

¿Puede estar esto indicando que el poder económico del Estado no tiene contrapesos por parte de una sociedad civil nacional? Así es. Los contrapesos provienen de una sociedad civil que no se ubica dentro, sino afuera.¹⁸ A. Baptista ha señalado que en el pasado la sociedad civil era transnacional, pues las concesionarias petroleras se encargaban de contrabalancear al Estado y evitar que este fuera arbitrario (ese, sin duda, fue el sentido de equilibrio que comportó el fifty-fifty). De manera que, sostiene Baptista, esto genera una tensión entre una sociedad civil económica que es internacional y un Estado que aspira cada vez más a ser local. Creemos que dicha tensión puede relajarse, sin embargo, en el plano del imaginario colectivo, a partir de una base discursiva que insiste en la afirmación nacional, muy bien conducida por el chavismo y por Chávez en particular. Si tenemos en cuenta que uno de los pilares básicos de las identidades políticas en Venezuela es el nacionalismo, como ha mostrado R. Dávila (1996), fundado sobre nuestra condición de país petrolero, se comprenderá cuán eficaz puede resultar el recurso retórico en una parte considerable de la población. Los acuerdos reales con los grandes conglomerados petroleros serán solapados en el discurso¹⁹ y en su lugar se instalará la idea de que las prácticas revolucionarias no se riñen con el rol que en el nuevo esquema tendrán los consorcios internacionales. La revolución populista de Hugo Chávez necesita, cada vez con más vigor, el concurso de los mismos: la debilidad del Estado para asumir las actividades petroleras, en vista de lo oneroso que resultan, tornan indispensable su presencia. Sin la participación del capital transnacional no habrá muchas posibilidades de seguir obteniendo renta, y sin renta no es posible el gasto público, a partir del cual pueden sostenerse las clientelas políticas sobre las que se asienta el régimen.²⁰

En este juego de dos grandes no parece haber lugar para terceros anémicos. Queda claro que el empresariado nacional representado en Fedecámaras tiene muy poco espacio, por no decir ninguno, dentro de él. Con esto ratificamos la idea de que la sociedad civil nacional, en su vertiente correspondiente al interés económico, tiene angostos los márgenes para contrabalancear el inmenso poder que exhibe el Estado. Ese lugar lo han tomado los consorcios internacionales vinculados a la actividad petrolera, a pesar de la retórica que constantemente se despliega en su contra.

Conclusiones

Del texto anterior, limitado al período 1999-2007, pueden desprenderse las siguientes conclusiones preliminares:

• La toma del poder por parte de Hugo Chávez ha significado para Venezuela el inicio de un proceso de transformaciones sociopolíticas que incluye el desplazamiento de las organizaciones empresariales históricas, sintetizadas en su órgano cúpula, por otras leales al proyecto que el Presidente lidera. En este sentido estaríamos en presencia de un proceso de circulación de elites que, en este caso, remite a su expresión empresarial organizada.

• Este desplazamiento ha sido facilitado por las debilidades estructurales acumuladas por la economía venezolana, así como por la complejización y diferenciación de intereses en el seno de la principal asociación empresarial venezolana, Fedecámaras, a lo largo de las últimas décadas.

• Con ello toca fin un modelo de concertación corporativa que se había instalado en Venezuela con el retorno del sistema democrático en 1958, el cual tenía entre sus vértices fundamentales al empresariado organizado en dicha asociación.

• En su lugar se ha apreciado una tendencia por parte del régimen a favorecer los diálogos puntuales con empresas o empresarios individuales, al tiempo que estimula y, más aún, crea organizaciones empresariales que le son afectas, perfilando una suerte de lo que, provisoriamente, pudiéramos encuadrar en un tipo de corporativismo de corte estatal, no formalizado todavía.

• Con ello el poder del Estado se reconcentra aún más, en detrimento de la sociedad civil, la cual luce cada vez más débil y precaria; de tal modo, entonces, que el Estado actúa sin contrapesos nacionales en la toma de decisiones que afectan la economía.

• No ocurre lo mismo, empero, cuando de factores extranacionales se trata. El altísimo valor estratégico que tiene para la existencia del país y para el propio proyecto chavista la variable petrolera, explica las razones por las cuales el único actor que este ha reconocido como legítimo y válido para celebrar acuerdos en materia de política de hidrocarburos es la AVHI, organización que aglutina a los grandes consorcios petroleros internacionales.

• Teniendo en cuenta un contexto como este, es posible concluir que el Estado sólo ha tenido como contrapeso a su extraordinario poder una especie de sociedad civil internacional, representada en aquella asociación.

• Por último, este cuadro parece apuntar hacia la configuración de un modelo socioeconómico estructurado por tres actores fundamentales, a saber: el Estado, las grandes transnacionales petroleras y una franja de empresarios menores ligados a actividades económicas adosadas al Estado y leales al proyecto político presidencial. En un modelo de este corte no es posible vislumbrar lugar para una sociedad civil económica nacional fuerte e independiente del Estado.

Notas:

¹ No es ajena a esta debilidad una predisposición de la sociedad contra el empresariado, según la propia percepción de los hombres y mujeres de empresa agrupados en Fedecámaras, plasmada en un documento discutido en el marco de la LXI Asamblea Anual de la asociación, en el cual se sostiene que: «la sociedad ha permitido e incluso celebrado que el Estado se adueñe de las ventajas competitivas de la nación» (El Universal, 2-2-2005).

² Así, uno de los fundadores de la asociación , el señor José Giacopini Zárraga, señalaba en los primeros días de existencia de la agrupación que «[esta organización empresarial] está llamada a estructurar en un todo homogéneo las principales fuerzas vivas del país y a sincronizar su funcionamiento, ya que su objetivo primordial es la constitución de la Federación Venezolana de Cámaras de Comercio y Producción, organismo que será de importancia vital (…) pues contribuirá a crear entre productores y comerciantes nacionales un concepto de clase que les permitirá consecuencialmente una mejor defensa de sus intereses (…) frente a un intervencionismo creciente a diario…» (La Esfera, 19-07-1944 ). Arturo Uslar Pietri, pocos años antes, parecía tener claro este problema: «El Estado interviene, y está interviniendo en nuestra vida económica, porque nuestra vida económica no es sino un reflejo de la riqueza del Estado» (en Baptista, 2004:316). En todo caso, Fedecámaras nace como expresión del esfuerzo que despliega la sociedad civil venezolana en el marco del estallido de organizaciones asociativas que emergen a la luz en el año 1936, apenas expira Juan Vicente Gómez y cesa el estrangulamiento que su dictadura imponía a la nación.

³ Puede explicarse este fenómeno teóricamente a partir de lo que P. Schmitter (1998:83) ha denominado «corporativismo societal», en el cual las asociaciones de interés, como la del empresariado organizado en este caso, son «autónomas y penetrantes». Este tipo de corporativismo, propio de sociedades pluralistas y democráticas con sistemas de partido abiertos, revela según este autor que el Estado moderno, cuya misión autorizada en el contexto del capitalismo es la de regular e integrar, necesita «la agregación previa de opiniones, la capacidad contractual y la legitimación participativa, que sólo pueden proporcionar los monopolios de la representación, singulares, jerárquicamente ordenados y consensualmente dirigidos» (ibíd., p. 88).

⁴ Salvo en lo que tuvo que ver con algunas medidas de política petrolera, con respecto a la cual el Estado actuó desoyendo las opiniones de Fedecámaras; por ejemplo en la política de «no más concesiones» decidida en 1959, a la cual se opuso férreamente el organismo. Recordemos que a partir de ese año las concesionarias petroleras constituyeron una cámara que se afilió a Fedecámaras, razón por la cual es lícito pensar que el organismo compartía las posturas de las empresas, aunque esto no se asumiera explícitamente.

⁵ Esta y la próxima sección reproducen parte del trabajo de Arenas, 2005.

⁶ Mucho, y desde variadas fuentes, incluyendo la de los mismos gremios, se ha comentado sobre esta cuestión ya en sentido positivo, ya en sentido negativo. En este último, se ha argumentado que en los dos casos, los gremios abandonaron sus particulares intereses para entregarse a la lucha política militante propiamente; sin embargo, E. Laclau (2005:140-141) aporta elementos que permiten mirar de otra manera este asunto cuando habla de la «relación de contigüidad» que puede existir entre lo «singular» y lo heterogéneo, pudiéndose producir un «desplazamiento retórico» cuya función es «emancipar un nombre de sus referencias conceptuales unívocas»; lo que implica, entre otras cosas, la creación de una «homogeneidad equivalencial». Traducido al problema que nos ocupa, esto significa que los intereses sectoriales de ambos gremios («particularismo diferencial», de acuerdo a Laclau) encontraron en la necesidad de velar por la pervivencia de los valores democráticos una razón, no sólo para construir una alianza atípica, sino también para abandonar la agenda ordinaria de intereses particulares. Así, tanto los sindicatos como el gremio empresarial se emanciparon de sus marcas históricas unívocas para fundar temporalmente una identidad que desbordaba las suyas alrededor del significante democracia, dada la incapacidad del sistema de partidos tradicional para hacerle frente a las acechanzas que la misma sufría.

⁷ Se refería al sector de la sociedad venezolana opositor, el cual veía en la asociación un aliado en las jornadas que ha librado en contra del Gobierno. Nótese cómo la presidenta de Fedecámaras habla como si los gremios no formaran parte de la sociedad civil, como si esta le fuera ajena. A nuestro juicio, este discurso puede ser muestra de la propia debilidad constitutiva de esta organización en su identidad civil, de cara al inmenso poder estatal.

⁸ Para el Presidente existen empresarios «verdaderos» y otros que no lo son. Es con los primeros con quienes desea forjar alianzas siguiendo la óptica amigo-enemigo que ha distinguido su discurso: «este Gobierno es aliado de los empresarios verdaderos, los que quieren producir, los que quieren trabajar en alianza estratégica con el Gobierno y con los trabajadores. No con los empresarios explotadores, no con los proimperialistas» (www.aporrea.org 10-5-2005).

⁹ Para un análisis detallado de este fenómeno véase Combellas, 1999.

¹⁰ Los núcleos de desarrollo endógeno fueron concebidos como espacios históricos, geográficos y culturales a partir de los cuales se genera una actividad productiva capaz de hacer posible «el autosostenimiento del consumo en nuestra sociedad, principalmente en materias básicas como alimentación, vestido, calzado. Y más adelante innovación tecnológica (…) dentro de esto no queremos que solamente sea la iniciativa individual privada la que motorice este nuevo modelo de desarrollo endógeno, sino que sean fundamentalmente, formas cooperativas las que tengan el protagonismo principal en el desarrollo de este modelo» (Elías Jaua en htpp://laberinto.uma.es). Para el ministro Jaua, el cooperativismo debía ser un proyecto de vida en el que «la persona debe abandonar conductas, actitudes y expectativas aprendidas en el seno de una sociedad que recompensa la competitividad y el protagonismo individual» (www.socialwatch.org/es). Por su parte, las EPS son «unidades de producción comunitarias (…) y tienen como objetivo fundamental generar bienes y servicios que satisfagan las necesidades básicas y esenciales de la comunidad y su entorno (…) privilegiando los valores de la solidaridad, cooperación, complementariedad, reciprocidad, equidad, sustentabilidad, ante el valor de rentabilidad o ganancia…» (Guerra, 2006:86).

¹¹ Así, las medidas de nacionalización anunciadas por el Presidente en enero de 2007 involucraban a sectores muy importantes de la economía nacional como la telefonía y la electricidad, pero no a la médula de la misma, la actividad petrolera. Salvo las destinadas a asumir el control pleno que mantenían las empresas en la Faja del Orinoco, las reglas de juego diseñadas para la constitución de las empresas mixtas, de las cuales hablaremos más adelante, se mantenían tal cual. De modo pues que las compañías que operaban en la Faja pasaron a formar parte de la fórmula mixta.

¹² Según su presidente, el señor Luis Xavier Grisanti, las inversiones del conjunto de las empresas agrupadas en la asociación ascendían en el año 2003 a más de 25.000 millones de dólares americanos y la producción se ubicaba en un millón de barriles diarios ( Grisanti, 2004 en analitica.com). Si se tiene en cuenta que la producción total de barriles diarios es de 3.500 millones, aproximadamente, podremos darnos cuenta de la magnitud de la importancia que estas empresas tienen para la actividad petrolera venezolana, y en consecuencia para el Estado rentista.

¹³ En realidad la asociación es heredera directa del Comité Petrolero Internacional, organización que surge en el marco de la apertura petrolera que se inicia en 1992, en el seno de la Cámara Venezolano-Americana (Venamchan). La incorporación de empresas dedicadas a la explotación de los hidrocarburos de procedencia distinta a los Estados Unidos (europea, por ejemplo) obligó a la constitución de un organismo panpetrolero que rebasara el estrecho marco binacional. Una importante razón debe agregarse: la necesidad de estas empresas de contar con una vocería propia en lo que fue el proceso de conformación de un nuevo régimen jurídico petrolero nacional concretado en el año 2001 (según L.X. Grisanti en entrevista celebrada el día 20-12-2006). Para una visión en perspectiva de la apertura petrolera puede verse, entre otros, Espinasa, 1996; Mommer, 2003.

¹⁴ Ante las amenazas por parte del presidente Chávez de suspender el suministro de petróleo a Estados Unidos, la AVHI señaló que «se atiene a los pronunciamientos del Ministro de Relaciones Exteriores, Alí Rodríguez Araque, y el de Energía y Petróleo, Rafael Ramírez, en cuanto a que Estados Unidos es nuestro principal mercado, y no está en duda la seguridad de Venezuela como suplidor seguro y confiable» (Grisanti en www.avhi.org.detallenoticia, 2004).

¹⁵ Con la nacionalización del petróleo el 31 de diciembre de 1975, las empresas concesionarias que llevaban a cabo la producción petrolera debieron abandonar las operaciones. En adelante, el Estado venezolano asumió totalmente las riendas de la actividad en la figura de la empresa Pdvsa. Sin embargo, el artículo V de la ley de nacionalización había previsto la posibilidad de que el Estado, mediante autorización del Congreso, pudiera realizar asociaciones con entes privados, cuando así lo dictara la conveniencia del interés público. Es esta provisión lo que explica la presencia de las empresas transnacionales en los convenios operativos que concretara el presidente Rafael Caldera a partir de 1992, en lo que se ha conocido como la «apertura petrolera». La creación de las empresas mixtas se enmarca en este contexto. Con la firma de la ley que las creaba, las compañías petroleras debían migrar desde los convenios operativos hacia este nuevo esquema de operación.

¹⁶ Recordemos que los regímenes populistas históricos en América Latina fundaron en gran medida su legitimidad en el respaldo que fueron capaces de construir por parte de los grupos empresariales ligados al campo y a la industria, sobre todo a esta última. De allí que su carácter nacionalista incluía la presencia de los grupos económicos nacionales. No obstante, es bueno tener presente que en los primeros años del peronismo, la Unión de Industriales Argentinos (UIA) se enfrentó al Gobierno al negarse a convertirse en una central empresaria oficialista, lo que trajo como consecuencia su intervención por siete años y los intentos de liquidarla por parte de Perón (Schvarzer, 1991). Esto quiere decir que, si bien los nacionalismos incorporaron en una sola matriz a los grupos empresariales, en el caso de los populismos autoritarios esta incorporación se dio con costo muy alto para su naturaleza en tanto que sociedad civil.

¹⁷ Preferimos hablar de estatizaciones y no de nacionalizaciones en vista de que este último concepto alude a la propiedad que a partir del acto adquiere la nación. No es así, sin embargo: no son los nacionales quienes asumen las riendas de la producción, sino el Estado, el cual actúa teóricamente en nombre de la nación.

¹⁸ Si bien en la AVHI aparecen empresas ligadas a la actividad petrolera de proveniencia nacional, el verdadero peso lo tienen los grandes consorcios petroleros del mundo. En realidad estos consorcios nunca se organizaron solos, es decir sin la presencia de capitales nacionales. Antes de que se produjera la nacionalización petrolera, las concesionarias formaban una cámara más dentro de Fedecámaras y en casi todas las ocasiones las empresas se hacían representar vicariamente. No eran ellas las que elevaban sus quejas o peticiones al Gobierno, sino Fedecámaras. No es casual que en la actualidad los consorcios hayan prescindido del organismo que más simbólicamente representa al empresariado venezolano: su debilidad frente al poder del Estado lo convierte en un espacio irrelevante.

¹⁹ Es útil recordar aquí que los arreglos que precedieron a la nacionalización petrolera se insertaron en un amplio debate público, cuyo epicentro se localizó en el Congreso, irradiando al resto del espectro sociopolítico nacional. En este caso no ocurrió lo mismo y las tratativas que dieron lugar a la creación de las empresas mixtas no fueron producto de diálogos y negociaciones entre actores, ni los arreglos con las transnacionales fueron ventilados públicamente. Esto podría estar indicándonos que el Estado venezolano, con las variantes del caso, replica lo que Osorio (2004) y Calderón (2004) señalan para América Latina en general.

²⁰ Así, el año 2006, en el que se celebraron elecciones presidenciales optando el presidente Chávez por la reelección, ha sido reconocido por los investigadores como el año en el que el gasto público registró los más altos índices en la historia del país. En ese año los niveles de gasto se elevaron por encima del 38 por ciento del PIB, en contraste con el 36 por ciento correspondiente a 1974, año emblemático del auge rentístico que experimentó el país en la primera mitad de la década de los setenta (cifras tomadas de El Nacional, 13-12-2006, cuerpo A, p. 20).

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