Tertiary Education for the Knowledge Society

[Educación terciaria para la sociedad del conocimiento]

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) acaba de publicar, en dos tomos, un estudio acerca del cual algunos autores no han escatimado elogios,1 considerándolo el más valioso y productivo realizado en la última década sobre los sistemas de educación superior. La misma publicación señala que este proyecto provee «probablemente el análisis más completo jamás llevado a cabo acerca de aspectos de política de educación terciaria a nivel internacional». Paulo Santiago y Karine Tremblay fueron los responsables del proyecto y de la preparación de este informe. Fue importante la colaboración de otras instituciones, como el Programa de Gestión Institucional de la Educación Superior (IMHE), y el Centro para la Investigación e Innovación Educacional (CERI), entre otros.

El estudio es el producto de un trabajo realizado a lo largo de tres años por la OCDE en veinticuatro países, de los cuales dos son latinoamericanos: Chile y México.² En él participó un gran número de especialistas en el área de la educación superior en el ámbito mundial. Adicionalmente, el proyecto se benefició de cientos de otras personas a través de comités nacionales, y consultores por país para los informes nacionales. Los equipos evaluadores visitaron ciento cincuenta instituciones de educación superior.

El contenido del estudio es extenso, en cuanto abarca las principales tendencias de los sistemas de educación superior de los países de la OCDE, registra las reformas que se han llevado a cabo en los últimos años y presenta orientaciones hacia el futuro. La justificación de esta iniciativa se fundamenta en la creciente importancia que tiene la educación superior en las agendas nacionales, así como su peso en la competitividad de las economías globalizadas, y la necesidad de difundir más democráticamente el conocimiento para el beneficio de toda la sociedad.

Un aspecto conceptual que incorpora este informe de manera contundente es el uso de «educación terciaria» en sustitución de «educación superior»,³ a la vez que diferencia «educación terciaria» de «educación post-secundaria», por considerar que esta última se refiere al rango de programas e instituciones que se ofertan después de completar la educación secundaria, orientados a programas vocacionales y para adultos. En este informe, la OCDE considera como educación terciaria a los programas que caen en los niveles 5B, 5A y 6 de la International Standard Classification of Education (Isced).⁴

Otro aspecto novedoso de este informe es su planteamiento del impacto de la educación terciaria, considerando beneficios privados y sociales. Vale la pena señalar que, aparte de los económicos (mayores salarios han sido reportados en numerosos trabajos en la mayoría de los países), se identifican beneficios privados no monetarios, de los cuales dan cuenta múltiples estudios reseñados en el informe. Entre esos beneficios se mencionan: mayor salud individual y familiar; mayor desarrollo cognitivo de los hijos, tamaño familiar más relacionado con la reducción de la pobreza, mayor eficiencia en el consumo, mayor capacidad de invertir mejor el dinero, mayor capacidad de disfrutar el ocio, mejores condiciones de trabajo, mayor capacidad de disfrutar las amenidades de la vida urbana. Asimismo se señalan los beneficios externos (sociales). Entre ellos: efectos en la salud, reducción de mortalidad infantil, incremento de la longevidad, mejoras en la salud pública. También se cita: mayor democratización y derechos humanos, en la medida en que la educación mejora las instituciones civiles; mayor estabilidad política, al haber mayor democratización y educación; reducción de la tasa de criminalidad; reducción de la pobreza y de la inequidad; influencias indirectas de mejoras ambientales; contribución al desarrollo de la I&D y a la difusión de la nueva tecnología.

En el capítulo «Setting the Right Course: Steering Tertiary Education» [Fijando el curso correcto: enrumbar la Educación Terciaria] se trata extensamente el tema de la autonomía institucional. Para ello se toma en cuenta autores que han escrito sobre el tema, entre los cuales J.G. Mora,⁵ quién define la autonomía como «el derecho de la institución de plantear sus propios objetivos y manejar sus propios negocios sin interferencia del Estado». Por otro lado, se distingue entre la autonomía de las instituciones individuales y aquella de su personal académico. El argumento es que, en algunos países, la relación autonomía institucional y autonomía individual se ha roto en los últimos tiempos debido a una disminución de la autonomía de los académicos en pro de la de las instituciones universitarias. También se señala la tendencia a distinguir entre dos tipos de autonomía: de procedimiento y sustantiva. La autonomía sustantiva es el poder de la institución académica como corporación académica de determinar sus propios objetivos y programas –o sea, el qué de la autonomía académica–. En términos prácticos, la autonomía sustantiva refiere a la autoridad de las instituciones para determinar su política académica y la de investigación, por ejemplo: currícula, programas, áreas de investigación, política de personal, y títulos otorgados. Por otro lado, la autonomía procedimental refiere a la autoridad de instituciones en áreas no académicas como el presupuesto, la gestión financiera, el personal no académico. Por último, también se señala que en algunos países la autoridad ha sido trasladada de las instituciones hacia unidades organizacionales como las facultades, lo cual complejiza la situación de la autonomía.

Otro de los temas tratados es el de la equidad, tomando en cuenta que asegurar el acceso, la participación y el rendimiento debe basarse solamente en habilidades innatas individuales y esfuerzos por el estudio. Por tanto, se debe garantizar que la entrada y permanencia en este nivel no sea el resultado de circunstancias personales y/o sociales, incluyendo factores tales como estatus socioeconómico, género, origen étnico, estatus de inmigrante, lugar de residencia, edad o discapacidad. El informe considera que la educación terciaria debe crear también mecanismos para revertir los efectos de oportunidades educacionales desiguales, y garantizar igualdades también para los graduados que buscan trabajo por la primera vez; esto es, que no haya privilegios heredados. En general el objetivo de equidad objetiva en educación terciaria se lograría cuando la población estudiantil refleje de cerca la composición de la sociedad como un todo.

La internacionalización es otra de las dimensiones tratada también exhaustivamente, por considerarla una de las transformaciones cruciales de la educación terciaria en los países desarrollados en las últimas dos décadas. El informe recoge la definición de Jane Knigh donde establece diferencias claras entre internacionalización y globalización: «globalización es el elemento catalizador, mientras la internacionalización es la respuesta, y esta debe ser una respuesta proactiva». El informe plantea las diferentes formas de internacionalización:

• convergencia de los sistemas de educación terciaria y acuerdos de reconocimiento internacional (como en la declaración de Boloña);

• programas con contenidos internacionales;

• movilidad de los estudiantes, profesores e investigadores;

• movilidad a través de las fronteras (educación transnacional).

La complejidad que ha adquirido la internacionalización de la educación terciaria, no solamente por la diversidad de formas que toma, sino por la diversidad de principios subyacentes que maneja, así como por las tendencias, lleva consigo muchos desafíos para las políticas en esta área. Estos desafíos se orientan a optimizar el flujo de la movilidad; atención a la equidad del acceso internacional de la educación; protección de los estudiantes por una educación de calidad, y monitoreo de la circulación de talentos.

Otros temas que toca el informe son: aseguramiento y mejoramiento de la calidad, la carrera académica, adaptándose al cambio, y estrechando vínculos con el mercado de trabajo.

Al final de cada uno de los capítulos se dedica un apartado a «orientaciones para el desarrollo de políticas futuras», donde se plantean sugestiones de políticas, basadas en los estudios que existen al respecto, así como las experiencias positivas encontradas en los países. Por ejemplo, en el capítulo dedicado a mejorar el rol de la educación terciara en la investigación y la innovación se presenta una serie de orientaciones o sugestiones como las siguientes:

• mejorar la difusión del conocimiento antes que fortalecer la comercialización a través de derechos de propiedad intelectual;

• mejorar y ampliar los canales de interacción y la colaboración inter-institucional;

• movilidad más rápida entre el sistema de investigación y de innovación;

• desarrollar políticas tanto para la movilidad internacional como para la movilidad inter-nacional, para lo cual hay que crear políticas que se focalicen en construir atractivos ambientes de investigación en las instituciones terciarias, que incluyan infraestructuras con calidad;

• mejorar las perspectivas de las carreras del investigador;

• monitorear la oferta y demanda de recursos humanos: identificar y asegurar las habilidades para la innovación;

• mantener una adecuada infraestrutura para la investigación;

• usar el sector de educación terciara para fomentar la internacionalización de R&D;

• proveer una perspectiva de largo alcance a las políticas de investigación e innovación;

• evaluar y coordinar instrumentos de política a través del sistema de investigación e innovación.