Análisis de la posición ideológica del gobierno ecuatoriano  en el contexto de la movilización indígena antiextractiva*

Barbora Vališková**

* Este artículo fue apoyado y financiado por el Proyecto institucional («Specifický výzkum») Investigación de la política latinoamericana II de la Facultad filosófica de la Universidad de Hradec Králové.

** Doctoranda en Ciencias políticas-estudios latinoamericanos en la Facultad de Letras de la Universidad de Hradec Králové en la República Checa.

Correo-e: barbora.valiskova@uhk.cz.

Resumen

Este artículo estudia la dimensión discursiva de la disputa entre el gobierno de Rafael Correa y el movimiento indígena ecuatoriano con respecto a la política minero-energética. Se examina principalmente el modo en que el gobierno justifica sus proyectos mineros ante los planteamientos de las organizaciones indígenas. Los discursos de los actores se analizan mediante el concepto del marco semántico de David Snow y Robert Benford y en relación con las propuestas ideológicas originales del gobierno. De esta manera se revelan las discrepancias entre las promesas preelectorales y la política real del Gobierno de Rafael Correa con respecto a la minería y a los derechos de los pueblos indígenas, lo que representa una contribución al debate sobre los verdaderos impactos de los gobiernos de la «Nueva Izquierda» en la política latinoamericana.

Palabras clave Ecuador / Movimiento Indígena / Extractivismo / Minería / Protesta

Abstract

The article explores the discursive dimension of the dispute between the government of Rafael Correa and Ecuadorian indigenous movement with respect to the mining policy. Firstly, the text explores the way the government justifies its mining (developmental) projects against the proposals of indigenous people. The discourses of main actors are analyzed through the concept of framing of David Snow and Robert Benford and in relation to the original ideological proposals of the government. In this way the text reveals the discrepancies between pre-election promises and real behaviour of the government of Rafael Correa with respect to the mining and the rights of indigenous people. Thus the article represents a contribution to the debate about the real impacts of the governments of the «New Left» on the content of Latin American policy.

Key words Ecuador / Indigenous Movement / Extractivism / Mining / Protest

Recibido:   MARZO 2015

ACEPTADO:  ENERO 2016

Introducción

Sumak Kawsay, «el buen vivir», se ha convertido en el lema del discurso político de los movimientos indígenas en América Latina y simboliza, con su acento en la protección de la naturaleza como la fuente de la vida y de la identidad de los ciudadanos indígenas, una alternativa al modelo capitalista del desarrollo. Este concepto se convirtió en el fundamento de un proyecto político - «la revolución ciudadana»- del político izquierdista Rafael Correa y le ayudó a conseguir el poder. Los planteamientos principales del programa fueron: por una parte, acabar con el neoliberalismo, porque bajo su hegemonía se otorgaban «desconsideradamente» las licencias de industria extractiva a las compañías extranjeras que no respetaban las necesidades de la naturaleza y de los habitantes locales; y por la otra, instalar un modelo participativo de democracia que incrementara la participación política de la «gente corriente». Estas visiones progresistas fueron con posterioridad incorporadas en la Constitución del Ecuador¹ y despertaron así las esperanzas de los pueblos indígenas² de ver fortalecer sus derechos con respecto al uso de las riquezas naturales encontradas en sus tierras,³ donde justamente se encuentra la mayor parte de las existentes en el país.

Sin embargo, el gobierno de Correa mantuvo la industria minera sin consultar mayormente a las comunidades indígenas y, según la opinión de algunos expertos, sus prácticas no se han diferenciado significativamente de las de los gobiernos neoliberales anteriores (Petras, 2012). Esta tendencia reanimó la movilización indígena, en el intento de reducir o detener los proyectos de la industria minera apoyados por el gobierno, para conseguir que se respeten sus derechos.⁴

El estudio del nivel discursivo del conflicto entre el gobierno de Rafael Correa y el movimiento indígena de Ecuador, en el campo de la política minero-energética, será el objeto central de este artículo. Se analizarán las reacciones de dicho gobierno en medio de la tensión entre los intereses de la política gubernamental de desarrollo y los derechos de los pueblos indígenas; también se contrastarán esas reacciones con respecto a los puntos de partida ideológicos del gobierno y en el contexto de la enmarcación⁵ de los requerimientos políticos por parte de las organizaciones indígenas en conflicto.

Esta investigación revela las discrepancias entre las promesas preelectorales (programa oficial) del gobierno de Rafael Correa y su discurso político real en relación a la industria minera y a los derechos de los pueblos indígenas. También contribuye con el debate sobre los impactos objetivos del llamado «gobierno de la Nueva izquierda» en el modo y contenido de la política latinoamericana.

Partimos de considerar, para esta reflexión, que la protesta política es una parte tradicional y vital de la democracia (Ólafsson, 2007; Gargarella, 2003), porque, en caso de que el sistema rechace las demandas sociales urgentes, la protesta ayuda, como instrumento extrainstitucional de la representación de los intereses, a extender el diálogo político. Desde este punto de vista la protesta política es uno de los derechos humanos básicos y así debería ser respetada por los gobiernos democráticos. El grado de tolerancia de los gobiernos hacia sus oponentes es significativo para revelar la calidad y funcionamiento real del régimen democrático respectivo.

La teoría de los marcos como el instrumento de análisis del conflicto entre el gobierno y el movimiento indígena respecto a la minería

Las interacciones entre el gobierno ecuatoriano y los pueblos indígenas durante las protestas anti-extractivas son analizados desde la perspectiva del conflicto de movimiento con el contramovimiento. Richard Gale define el contramovimiento como «una organización compleja o formal que hace esfuerzo opuesto a objetivos de un movimiento» (Gale, 1986: 202-203). En el caso de las protestas estudiadas, el gobierno de Rafael Correa personifica un contramovimiento puesto que es un oponente activo de las demandas de los pueblos indígenas movilizados. Con el objetivo de justificar sus políticas y a la vez debilitar los reclamos (requisitos) de sus oponentes, los representantes del gobierno utilizan distintas estrategias, es decir ponen sus argumentos en marcos significativos que puedan resonar en el contexto (económico, político y social) específico y así atraer el apoyo de la sociedad respectiva.

En este sentido, el concepto de enmarcación, que analiza con base en una lógica instrumentál los aspectos emocionales y simbólicos de la acción colectiva, capta los procesos de justificación de las políticas y actividades del gobierno en los conflictos interpretativos con sus oponentes, llamados la guerra de los marcos (Tarrow, 2011: 142-143). La lógica instrumental, entonces, apunta a la influencia recíproca de los marcos usados por los protagonistas del conflicto en el proceso de la interacción mutual. Eso quiere decir que los argumentos del gobierno se forman, parcialmente, en reacción al carácter de los marcos usados por los pueblos indígenas reclamantes.

En la concepción de David Snow y Robert Benford los marcos se definen como

los esquemas interpretativos que simplifican y condensan el ‘mundo externo’ por la opción selectiva y codificación de los objetos, situaciones, accidentes, experiencias y las secuencias de los actos dentro del contexto contemporáneo o pasado del protagonista con el objetivo de movilizar a los afiliados y votantes potenciales, obtener el apoyo del público y desmovilizar a los adversarios (Benford y Snow, 2000: 614).

Dicho en otras palabras «el marco» es una serie de convicciones y sentidos que provocan y legitiman las actividades y exigencias de las organizaciones de los movimientos sociales (Benford y Snow, 2000: 614). La enmarcación, por tanto, es un esfuerzo estratégico consciente de un grupo de personas para crear una comprensión del mundo externo compartida y así justificar sus demandas/políticas y motivar la acción colectiva (Oliver et al., 2003: 12; Benford y Snow, 2000: 614). Para ser exitosa, la enmarcación debe necesariamente identificar la injusticia existente y a un culpable potencial,⁶ proponer las alternativas (la solución) y razonar las actividades cuyo objetivo es la corrección de esa injusticia (Benford y Snow, 2000: 615; Tarrow, 2011: 145). Esto significa que el concepto de la enmarcación supone un protagonista activo que justifique su misión (el sentido de su existencia, objetivos, actividades) a través de la introducción de sus deseos en los «marcos» que son atractivos y de confianza para el público concreto. La enmarcación es una herramienta para expresar «lo que somos», «lo qué queremos» y «el por qué».

Hay tres tipos básicos de marcos que corresponden a las funciones principales del proceso de enmarcación, descritos más arriba. En primer lugar, están los marcos diagnósticos, cuyo papel consiste en la identificación del problema y la atribución de la culpa. Los activistas así intentan presentar la situación no como natural, sino como causada por alguien (Benford y Snow, 2000: 616; Tarrow, 2011: 145). La parte integral del proceso de la enmarcación diagnóstica, entonces, son los marcos de la injusticia que identifican a las víctimas y a sus enemigos. En segundo lugar, se trata de los marcos prognósticos que proponen las estrategias para solucionar el problema identificado (la situación injusta). Además de la solución propia, la enmarcación prognóstica procura negar la legitimidad de las propuestas articuladas por los oponentes (contra-enmarcación). En tercer lugar, se encuentran los marcos de motivación que estimulan la acción colectiva. En este sentido los protagonistas del conflicto construyen motivos (justificación) para participar en la acción colectiva. Los motivos usados con más frecuencia son seriedad, urgencia, eficacia y adecuación. El potencial movilizador de los marcos depende no solo de los motivos sino también de sus varios atributos. Entre otros, podemos mencionar la resonancia del marco, que se basa en la credibilidad e importancia de los marcos individuales para el público concreto (Williams, 2004: 105). Por ejemplo, en el contexto de la sociedad que sufre de la escasez de servicios básicos, los marcos que acentuarían la seguridad social o económica serían necesariamente más atractivos para la gente corriente que los marcos que articularían los valores postmateriales (por ejemplo la igualdad de género, la protección del medio ambiente etc.).

La unidad de análisis y el origen de los datos

La lucha interpretativa entre el Estado por un lado y el movimiento indígena por el otro se analizará mediante un estudio interpretativo de casos en el nivel de las protestas concretas,⁷ que explícitamente reivindican la implementación efectiva de los derechos de los pueblos indígenas internacionalmente institucionalizados. La unidad de análisis consistirá en los marcos, comprendidos como esquemas interpretativos en el discurso (oral y escrito) de los protagonistas del conflicto.

Las protestas escogidas para el análisis fueron aquellas que provocaron debates intensivos, extendiéndose por su contenido más allá de los objetivos particulares del conflicto. Así, tocaron temas generales como la forma de la política minero-energética o la política del desarrollo. Esta representatividad temática de las protestas para nuestro estudio facilitó revelar una relación del gobierno hacia la problemática en general y no solamente la actitud específica en caso de un proyecto concreto.

La fuente principal de los datos fueron los medios locales, porque justamente a través de ellos los protagonistas de los movimientos sociales y las élites políticas en el mundo moderno intentan influir en la sociedad. El peligro de distorsión a causa de la elección de un medio en particular se minimizó porque la autora extrajo de ellos solamente citas textuales de los protagonistas, y no los comentarios de los periodista; estos últimos, en caso de una conexión del periódico con ciertos grupos de interés, podría poner en peligro la objetividad de los datos y los resultados obtenidos. A parte de la prensa local, el análisis se hizo también con los datos de fuentes tanto primarias como secundarias (prensa internacional, documentos de las organizaciones indígenas etc.).

Los puntos de partida ideológicos del gobierno de Rafael Correa⁸

El gobierno de Rafael Correa pertenece, según muchos autores, al campo de los llamados progresistas de la izquierda que propagan radicales cambios sociales, económicos y políticos asociados con el socialismo del siglo XXI (Andrade et al., 2011: 11; Petras 2012; Kennemore y Weeks, 2011: 267-268; Stefanoni, 2012: 51-52). Esta vinculación se puede apoyar en dos consideraciones o criterios.

Primero, el Presidente rechazó las políticas orientadas al mercado y prometió la ruptura definitiva con las prácticas de los gobiernos neoliberales.⁹ En este sentido, anunció que las demandas de las clases no privilegiadas serían atendidas, incluyendo las de los pueblos indígenas, en lo que se refiere a la justa redistribución de la riqueza nacional y al aumento de la participación de los ciudadanos en las decisiones públicas a través del modelo participativo de democracia.¹⁰ Para cumplir con estos planes se contaba, entre otras cosas, con la aprobación de la nueva Constitución y con los cambios en la industria minera; ante todo, con la nacionalización de los recursos energéticos y la renegociación de los contratos cuyos beneficios se debían canalizar hacia los programas sociales. En otras palabras, Correa había prometido acabar con la usurpación y devastación de la riqueza de Ecuador por parte de los «extranjeros». La revolución civil en Ecuador, que se convirtió en la encarnación de los cambios propuestos, simbolizó a su vez la conexión entre Correa y los movimientos sociales. Numerosos representantes de las clases sociales desfavorecidas depositaron sus esperanzas en este dirigente político.

El segundo criterio que justifica la caracterización de Correa como un progresista de la izquierda reside en su explícito compromiso de proteger la Madre Tierra (Pachamama). El lema de su campaña preelectoral, y a la vez insignia de este compromiso, fue la visión Sumak Kawsay que se refiere a la convivencia de los pueblos indígenas con la naturaleza en armonía (Alianza País, 2006: 10-12). En esta concepción resalta el respeto por los derechos de los pueblos indígenas, cuya cultura y existencia depende del medio ambiente, de la manera de vivir comunitaria¹¹ y del sistema colectivo de propiedad. Los recursos naturales se deben aprovechar de una manera que facilite su regeneración y así también su preservación para las futuras generaciones (Compare Pachamama Alliance, 2012). la naturaleza se debe explotar solamente hasta donde sea imprescindible para el «buen vivir» y no para una «vida de lujos» que privilegie el lucro característico del modelo económico capitalista.

Estas visiones deberían proyectarse al sector minero-energético mediante, por una parte, el fortalecimiento de los derechos de la gente (sobre todo de las comunidades indígenas) para participar en las decisiones sobre el uso de los recursos que se encuentran en sus territorios tradicionales (Alianza País, 2006: 11, 21) y, por otra parte, la subordinación de la industria minera a las necesidades de la naturaleza.¹² Correa rechazaba así la posibilidad de generar riquezas económicas en desmedro del medio ambiente y de la Madre Tierra, porque la naturaleza poseía un valor por sí misma.¹³

Correa demostró su interés por la defensa de la naturaleza cuando inició el salvamento del parque Yasuní. En este marco, su gobierno prometió renunciar a la explotación de la mina petrolífera Ishpingo, Tambococha y Tiputini (ITT), dejando el petróleo bajo la tierra a cambio de una compensación financiera a través del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) que aportaría el equivalente a la mitad de la ganancia que se habría recibido de realizarse aquellas explotaciones¹⁴ (Aguirre, 2010). A ello se sumó que Correa declaró que su objetivo era un desarrollo humanista y ecológicamente responsable.

La nueva Constitución como el fundamento de la Revolución Ciudadana

Uno de los primeros actos de Rafael Correa después de su elección como Presidente fue convocar una Asamblea Constituyente, con el fin de preparar una propuesta de nueva Constitución que incorporara sus visiones programáticas. La Constitución de Ecuador se elaboró bajo el control de los aliados del gobierno: los miembros del nuevo movimiento político de Correa, Alianza País (AP) recibieron la mayoría de los puestos en la Asamblea Constituyente. El documento final fue aprobado el 28 de septiembre de 2008 por casi dos tercios de los electores¹⁵ (Becker, 2012: 118).

La Constitución de Ecuador contiene muchos artículos en favor de los pueblos y comunidades indígenas y reconoce explícitamente sus derechos colectivos. Entre ellos destacan, sobre todo, el derecho a la propiedad comunitaria de la tierra y la competencia de articular sus propias prioridades en el área del desarrollo. Igualmente, la nueva Constitución de Ecuador incorporó el derecho de los pueblos indígenas a ser consultados en lo que se refiere a los planes de explotación o extracción de recursos naturales que se encuentren en su territorio y que les puedan afectar (art. 84).

La Constitución de Ecuador es revolucionaria en lo atinente a la naturaleza, al ser la primera en el mundo que hace de ella un sujeto de derechos. Dicho de otra manera, el texto constitucional de Ecuador protege los derechos de la naturaleza, además de los derechos tradicionales (derechos civiles, políticos y sociales) y colectivos. En este sentido contempla la obligación de prevenir la contaminación del medio ambiente, renovar la naturaleza degradada y manejar sosteniblemente las fuentes naturales.

En relación a los derechos de los pueblos indígenas y su potencial colisión con la política minera (de desarrollo) del gobierno, es fundamental destacar que ordena al gobierno tomar en consideración la opinión de la comunidad local en caso de que la decisión estatal pueda influir negativamente en el medio ambiente local (art. 86). Las provincias de Amazonas, en particular, tienen un régimen de protección especial con el objetivo de preservar la biodiversidad local, lo que compromete al gobierno de Ecuador a apoyar el desarrollo sostenible en estas regiones (art. 240).

La protesta de los pueblos indígenas de Ecuador contra la política minera de Rafael Correa: principales motivos y protagonistas

«Les digo sinceramente a Sus Altezas que este pueblo es el más insolente que yo haya visto en todo el tiempo que he viajado a las Indias y me he ocupado de su conquista». Con estas palabras el capitán Hernando de Benavente describió a los pueblos indígenas de la tribu Chívar, con el nombre propio Shuar, en la carta dirigida al rey de España, el 25 de marzo de 1550 (Cox, 2010: 50). El atrevimiento de los Chívares ante la «conquista» española apareció de nuevo en las protestas contra el contrato de extracción de cobre en la provincia Zamora Chinchipe que se firmó entre el gobierno de Ecuador y una compañía china en mayo de 2012. Esta movilización indígena contra el proyecto conocido como Mirador¹⁶ es solamente una parte del ciclo de protestas más amplio contra la política minero-energética, que se aceleró en relación con la aprobación de la Ley Minera del 12 de enero de 2009.¹⁷

El principio del conflicto puede situarse hacia los años 2007 y 2008, cuando Rafael Correa, que hasta entonces rechazaba la producción minera, empezó a defenderla. Ello, junto con la entrada en operación de algunas compañías multinacionales en el país, provocó la movilización del movimiento indígena cuyo resultado fue la aprobación del llamado «Mandato minero». Este impuso una moratoria estatal a las actividades mineras hasta que se aprobara la nueva ley de la producción minera.¹⁸ Sin embargo, esa nueva ley fue rechazada por las principales organizaciones indígenas que afirmaban que la ley convenía a las compañías multinacionales y violaba la nueva Constitución de Ecuador. La Conaie,¹⁹ que es la organización de representación indígena más grande del Ecuador, convocó una manifestación para el 20 de enero de 2009 con el fin de anular la cuestionada ley. Además, esa organización presentó una petición frente a la Corte Constitucional para posponer la entrada en vigencia de la ley por ser inconstitucional, pero esa demanda fue rechazada en marzo de 2010 (Corte Constitucional, 2010). Una nueva serie de protestas estallaron en relación con el mencionado proyecto Mirador en marzo de 2012.

Aparte de la participación del gobierno de Rafael Correa como el proponente de la Ley Minera y del Conaie, como oponente de los planes minero-energéticos del gobierno tomaron parte otros protagonistas en el conflicto. Entre los oponentes podemos mencionar los representantes de la Confederación de los ciudadanos ecuatorianos de la nacionalidad Kichwa (Ecuarunari), el Frente Popular²⁰ y la Asamblea de los Pueblos del Sur. Los representantes de los pueblos indígenas solicitaron la anulación de la Ley Minera, el cumplimiento del Mandato Minero y la anulación del contrato firmado el 5 de marzo de 2012 (proyecto Mirador) (Conaie, 2012). La integración del movimiento indígena en la protesta contra la ley evidenció el apoyo de las protestas por la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras-Fenocin, cuya relación con Conaie se caracterizaba hasta entonces por una mutua desconfianza (CLOC, 2012; Trujillo, 2010: 17-18).

La minería: «¿ salvación de la economía ecuatoriana y de la estabilidad social o amenaza a la naturaleza?»

La convocatoria de las elecciones para la Asamblea constituyente que debía investigar las nuevas formas de regulación y limitación de la industria minera (Bebbington y Bebbington, 2012:17) reflejaba una ruptura declarada con las prácticas neo-liberales de los gobiernos anteriores respecto a la gestión de la economía y los recursos naturales, que se expresaban, por ejemplo, mediante una actitud desconsiderada hacia la naturaleza y hacia los habitantes locales.²¹ Sin embargo, a finales del año 2007, cuando la Asamblea empezaba a realizar su actividad, el Presidente Correa corrigió su postura hacia la minería y declaró:

Sabemos que hay principios fundamentales, éticos y morales, de respeto a la naturaleza, y nos adherimos totalmente a ellos, pero tampoco podemos caer en la ingenuidad de obviar el análisis costo-beneficio. ¿Quién puede estar a favor, por sí misma, de la minería a cielo abierto? ¿Quién ética y estéticamente puede estar de acuerdo que allí donde había bosque primario, haya ahora un pozo petrolero? Pero si esa mina tiene un valor presente de cien mil millones de dólares, si ese pozo tiene un potencial de veinte mil millones de dólares, tal vez lo inmoral sería lo contrario, perder, por visiones fundamentalistas, esa gran oportunidad para el desarrollo del país. No podemos darnos el lujo de ser tan ingenuos.²² (Correa, 2007a).

Correa compara posibles costos y beneficios de la industria minera con los daños potencialmente causados por la eliminación de la industria minera en el país, posibilidad que habrían sugerido algunos constituyentistas. Desde su perspectiva, el beneficio potencial de la industria minera es tan grande que permite justificar un grado de sacrificio de la naturaleza.

Con ello, la industria minera es legitimada con la típica argumentación de la efectividad porque se entiende como una gran fuente de ingresos financieros para el Estado. Desde el punto de vista de Correa el desarrollo de la industria minera es un medio para resolver los problemas más urgentes de Ecuador, entre los que incluye la pobreza y la miseria de un alto número de ecuatorianos: «Aquí está la oportunidad para salir de la miseria (…) para sacar de la pobreza a nuestro pueblo, sacar de la pobreza a los shuar, sacar de la pobreza al Ecuador (…) Dios nos ha premiado con abundancia de recursos naturales (…)» (Correa, 2011a).

Mediante esta enmarcación, Correa presenta una alternativa para solucionar uno de los desafíos más serios del Estado: «...vivir aprovechando racional, responsable, equitativa e inteligentemente los recursos que con tanta generosidad nos ha donado Dios y nuestra naturaleza».²³ Según el gobierno, precisamente la Ley minera propuesta es efectiva en el sentido de que asegura la utilización responsable de los recursos, lo que después pondrá en marcha el crecimiento económico del país.

La parálisis de la industria minera amenazaría, según Correa, tanto la sostenibilidad de la economía ecuatoriana como la estabilidad social: «Cerrar las minas, el petróleo, las canteras, eso es un suicidio social» (Correa 2008). Dice Correa que es absurdo estar al lado de una jarra de agua y al mismo tiempo morirse de sed o, utilizando sus propias palabras: «...murámonos de hambre al lado del banquete» (Correa, 2011b). El Presidente vincula así la seguridad social y económica de Ecuador con los ingresos que ofrece la industria minera.

El Presidente también presentó un análisis racionalista de los costos y beneficios del proyecto Mirador en el que repetidamente justificó ciertos impactos negativos de la minería superficial en la naturaleza, a cambio de un beneficio económico para el Estado:²⁴

Lastimosamente este primer proyecto es un proyecto a cielo abierto, que es bastante invasivo de la naturaleza, que durante la explotación significa un fuerte impacto, pero se puede recuperar hasta el noventa y cinco por ciento de ese impacto; pero no podemos dejar de ver el otro lado de los beneficios: más de dos mil millones de dólares de beneficio para el Estado solo en esas utilidades directas, que les decía, regalías establecidas por ley, doce por ciento de utilidades para desarrollo local, estas pequeñas comunidades recibirán más de mil millones de dólares. ¿Ustedes saben cómo eso transformará la vida de esas comunidades? (Correa, 2012a).

Pero los representantes de las organizaciones indígenas de Ecuador no están de acuerdo con esta argumentación, ya que según ellos la mayoría de los beneficios potenciales derivados de ese contrato pasará a las empresas multinacionales: «Del Proyecto Mirador (Zamora Chinchipe), que representaría aproximadamente veinte mil millones de dólares, sólo el 22% ingresará como renta al Estado mientras el 78% restante será para las transnacionales, pero nos dejará 681 mil millones de litros de agua contaminada» (Conaie, 2012).

Las organizaciones indígenas suelen hacer una comparación entre el proyecto Mirador y la colonización española, la cual iba unida al saqueo de la riqueza ecuatoriana, lo que intensifica la injusticia del proyecto y lo hace reprobable.²⁵ Según ellas, las empresas extranjeras quieren apoderarse de «...nuestro oro, nuestro cobre (...), igual que [los colonizadores] hace 520 años a cambio de espejos y ahora a cambio de regalías.» (Quishpe, citado en in El Comercio, 2012).

Pero Correa, al contrario, pasa a afirmar que las empresas multinacionales y su actuación en el país son beneficiosas para la nación ecuatoriana:

Por ejemplo, una de las criticas es que las transnacionales se van a llevar nuestros recursos. No, eso era con Gutiérrez, pues yo no soy traidor compañeros, los recursos se van a quedar aquí en el país, pero debemos ser inteligentes. Donde está nuestra capacidad para nosotros mismos explotar los recursos. (...) nos van a faltar seis u ocho años para lograr la experiencia, la capacidad tecnológica, para explotar directamente ciertos yacimientos, mientras tanto habrá que utilizar a las transnacionales, en beneficio del país, como lo hacen países como Cuba. Se puede utilizar a las transnacionales, tampoco caigamos en el extremismo ‘no a las transnacionales‘ (Correa, 2009a).

Según el Presidente, estas empresas dotan a Ecuador del necesario know-how sin el cual no sería plenamente aprovechable el potencial de los recursos ecuatorianos. Ecuador todavía no tiene un nivel tecnológico propio lo suficientemente alto como para que pueda aprovechar todas las oportunidades que se le están ofreciendo. Desde este punto de vista, la utilización del conocimiento de las más hábiles empresas extranjeras mineras es efectiva en el sentido de que aportan inmediatamente al bien de la nación. El rechazo estricto de todas las empresas multinacionales es para el Presidente un extremismo irrazonable que carece de un análisis serio de costos y beneficios porque supondría unas enormes pérdidas económicas para el país.²⁶

Como respuesta a la defensa presidencial de las multinacionales, los activistas indígenas llaman la atención sobre la discrepancia entre las promesas del Presidente y su política real:

... en un primer momento el discurso del Presidente de la República fue nacionalista en el sentido de que deben ser las empresas estatales las que exploten los recursos naturales (...). Es así que, bajo el discurso de la eficiencia, se ha entregado la producción petrolera de los campos maduros de Shushufindi y Libertador, hasta ahora a cargo de Petroecuador, a las empresas transnacionales Schlumberger, Tecpetrol y Sertecpet hecho que no fue posible ni en la época neoliberal (Conaie, 2012).

En el contexto ecuatoriano, caracterizado por la impopularidad general de las recetas neo-liberales por sus impactos drásticos en las vidas de la gente,²⁷ la asociación con ellas significa una crítica muy fuerte. Las organizaciones indígenas se sienten traicionadas por el Presidente Correa puesto que, a pesar de su discurso nacionalista, está a favor de las empresas multinacionales que se llevarán, a costa de la ciudadanía ecuatoriana, la mayor parte de la riqueza del país. Alberto Cholango expresó el sentimiento de injusticia a ese respecto cuando declaró: «Queremos una patria de los ecuatorianos y no de las empresas transnacionales. (...) que quieren apropiarse de nuestros recursos naturales» (Cholango, 2012).

Correa rechaza²⁸ las acusaciones y afirma que, por el contrario, la política minera del gobierno es imprescindible desde el punto de vista de las necesidades de la población. Por tanto, quienes obstaculizan la explotación de los recursos naturales le hacen daño a los ecuatorianos, ya que: «quieren robarle a nuestra gente el pan de cada día» (Correa, 2012a). Lo que entonces está en juego es la seguridad de los habitantes del país, por lo que es legítimo rechazar las exageradas demandas contra la industria minera.

El Presidente igualmente desvela una paradoja en la actitud de las organizaciones indígenas reclamantes cuando estas, por un lado, rechazan la industria minera pero, por otro lado, utilizan sus frutos: «NO a la minería…y los que proclaman tanto aquello, ¿no usan lentes, relojes, anillos de matrimonio? ¿Ustedes no vinieron a esta reunión en un vehículo que viene de la minería?» (Correa, 2012a).

Según Correa la actitud de esas organizaciones es inmoral y egoísta puesto que, de triunfar, su rechazo obstinado le impediría a los habitantes de Ecuador el acceso a las ventajas de la edad moderna que utilizan los propios dirigentes de esas asociaciones indígenas. De este modo, Correa ataca las cualidades personales de sus oponentes.²⁹

Los representantes indígenas enfrentan los proyectos de extracción de Correa también con el argumento de la seguridad, en el sentido de la amenaza a las vidas humanas. Conaie llama la atención a la supuesta contradicción de algunos artículos de la cuestionada ley con el derecho básico de la gente ecuatoriana, asegurado constitucionalmente, del acceso al agua. El agua, según los pueblos indígenas, «constituye un elemento vital para la naturaleza y para la existencia de los seres humanos» (Conaie, 2008) y la ley minera amenaza el derecho fundamental para ese acceso porque supone su privatización.

El temor a los impactos negativos en la vida de los pueblos indígenas se refleja igualmente en la enmarcación indígena de la Madre Tierra (Pachamama) y de la naturaleza. Delfín Tenesca comenta en oposición a los proyectos mineros que: «La Pachamama tiene vida como los seres humanos, el agua corre por la Pachamama, por eso hay que defenderla, vamos a organizar una marcha para decir esto es la verdadera democracia, (...) porque el agua es vida» (Tenesca, 2011).

Tenesca³⁰ sugiere que la explotación minera superficial de la Madre Tierra la pone en peligro de muerte. Desde este punto de vista la Pachamama, junto con sus recursos acuáticos, es insustituible, no es comercializable y debe estar por encima de los intereses materiales del Estado, puesto que dota al planeta de vida.

Sin embargo, Correa considera la crítica indígena de la minería basada en la necesidad de proteger a la Madre Tierra como infundada, porque el peligro verdadero no es la industria minera, sino la extensión de la producción agraria. Las organizaciones indígenas, según Correa, basan su crítica solamente en suposiciones y no en un análisis serio:³¹

Luego nos viene un supuesto indigenismo, que dice que oponerse a la minería es defender a la Pachamama y es otra gran falsedad. Vean todos los estudios serios (...), porque es evidente (...), [que] el mayor peligro para nuestra selva amazónica no es el petróleo, no es la minería, es la expansión de la frontera agrícola, que se seguirá expandiendo, hagamos lo que hagamos si no damos alternativas de empleo e ingreso para los pueblos amazónicos; pero se sostienen esas barbaridades, esas mentiras (Correa, 2012a).

Correa luego desarrolla el argumento, con el que a la vez ataca las cualidades de los representantes indígenas («o son tontos, o no saben, o están mintiendo»). Para él, la industria minera no supone un problema (como declaran los líderes indígenas), sino que significa una solución, puesto que supondrá puestos de trabajo alternativos para la gente de la Amazonía, que permitirán reducir la agricultura y sus efectos medioambientales negativos. El proyecto minero del gobierno es –por ello– positivo, desde el punto de vista ecológico.

El argumento fundamental de Correa apunta a las pérdidas muy grandes derivadas del posible abandono de la industria minera. Según el Presidente, cada actividad humana que es imprescindible para la vida moderna tiene sus lados oscuros, lo cual no significa que tengamos que desecharla. Aquí el Presidente admite parcialmente la objeción de que la industria minera causa contaminación, en cierta medida, pero a la vez añade que: «Si cero es el nivel óptimo de contaminación, volveríamos, insisto, a la época de las cavernas: (...), no tendríamos nada» (Correa, 2012b).

La industria minera es, viéndola desde la perspectiva de Correa, una condición indispensable del progreso, progreso que es completamente positivo para toda la humanidad, puesto que ha prolongado notablemente la esperanza de vida, ha aportado innnumerables bienes y ha sacado al país de la pobreza de las épocas anteriores. Desde este punto de vista, cierto tributo –como la aceptación de los impactos medioambientales– es justificable o incluso hasta indispensable: «(...) probablemente el mundo tendría menos contaminación, pero la esperanza de vida sería de quince, dieciocho años» (Correa, 2012b). La industria minera representa, pues, un aporte para los habitantes de Ecuador y no es un factor de destrucción como afirman, según Correa, los «estafadores, demagogos y medioambientalistas ingenuos» que lo que quieren es promocionarse antes de las elecciones más que proteger al medio ambiente.³²

Correa, además, añade que la industria minera de hoy en día (a diferencia de la «de antes») no tiene que ser necesariamente perjudicial a la naturaleza, con lo cual apunta indirectamente a la falta de sentido de los argumentos indígenas: «Es falso el dilema del oro versus el agua. Podemos tener oro y, gracias a nuestra nueva Constitución, gracias a la Ley de Minería, en este caso podemos tener cobre, plata, oro y podemos tener agua» (Correa, 2012a). Según Correa la tecnología moderna logra arreglar los problemas que antes eran difícilmente superables, incluyendo también la contaminación de agua.³³

Los intereses de la nación versus los derechos de la minoría vulnerable: la cuestión del derecho a la consulta previa

El Presidente, intentando legitimar la propuesta gubernamental de ley minera, se había defendido –en otra ocasión– con el argumento de la justicia y apuntando que los que se oponían a esa ley eran, de hecho, una muy pequeña minoría: «(...) grupos que no sacaron ni el 2 % en las últimas elecciones, pero quieren imponer su agenda, nos hacen paros preventivos, porque el gobierno no obedece lo que nosotros decimos, (...). Aquí va a mandar el gobierno nacional, electo democráticamente» (Correa, 2008). Según Correa no es justo que una minoría imponga sus demandas a coste de los intereses de la mayoría que tiene su expresión en el gobierno elegido de manera democrática.³⁴ De hecho dice que es él quien adopta las principales decisiones políticas puesto que ese mandato le fue otorgado a base de unas elecciones competitivas y libres, mientras que la oposición perdió en las elecciones.³⁵ Además, identifica a las organizaciones indígenas como gente anti-progresista que pretende quitarle al Estado ecuatoriano la posibilidad de aprovechar los frutos del potencial progreso para lograr sus objetivos.³⁶

Por el contrario, los representantes indígenas destacan que esa ley perjudica sus derechos colectivos, sobre todo el derecho a participar en los procesos de decisión que los afectan. La propuesta del gobierno supone el desarrollo de la industria minera superficial de los metales en los territorios indígenas originarios. Las organizaciones indígenas afirman, destacando el hecho de que los derechos colectivos están asegurados por la Constitución (artículo 57), que la supervivencia de su cultura está inseparablemente vinculada con la posibilidad de ejercer aquellos derechos. Esto, junto con el hecho de que dicha ley fue elaborada sin la posibilidad de que los pueblos indígenas se pudieran expresar, evidenciaría su ilegalidad:

Este proyecto de ley afectará nuestros derechos colectivos en lo que tiene que ver con la sobrevivencia de nuestras culturas, de nuestras tierras ancestrales, de nuestras tradiciones, (...) este proyecto de ley ha sido elaborado por parte del gobierno en común acuerdo con los representantes de las empresas mineras trasnacionales. Proceso en el que las nacionalidades y los pueblos indígenas han estado ausentes por la falta de voluntad política del régimen para buscar consensos sobre el tema (Conaie, 2008).

El movimiento indígena apela entonces al argumento de la seguridad en su concepción más amplia (la necesidad de comunidad, de sentido de pertenencia y de la posibilidad de desarrollarse con dignidad) y considera que la decisión del gobierno, de eludir la consulta, destruye claramente estas necesidades de los pueblos indígenas (Stone, 2002: 95).

Las organizaciones indígenas a la vez expresan su preocupación por la monopolización gubernamental de las decisiones en el sector minero-energético lo que amenazaría el desempeño de los derechos autónomos de los pueblos indígenas sobre la planificación y la organización territorial. Según Conaie, el gobierno mediante esta discutible ley intenta usurpar todas las competencias decisorias relacionadas con la planificación de proyectos mineros:

El Art. 5 del proyecto de ley en mención viola el Art. 100 No. 1, y Art. 279, 262, 263 y 264 de la Constitución (...) La Constitución en los Artículos señalados manda hacer planificación con participación ciudadana y de los gobiernos seccionales autónomos. Así como faculta a los gobiernos autónomos para formular los correspondientes planes de ordenamiento territorial; sin embargo el Art. 5 del proyecto señala expresamente que ‘el Ministerio Sectorial, definido por la Presidencia de la República, es el órgano rector y planificador del sector minero‘» (Conaie, 2008).

Ante esas objeciones, Correa expone diversos argumentos. En primer término, el Presidente cambia el sentido original de las enmarcaciones de las organizaciones indígenas, cuando reinterpreta su demanda para participar en el proceso de decisión como una pretensión de reservarse el derecho de vetar³⁷ a la industria minera, y al mismo tiempo apunta al peligro e injusticia de tal posibilidad:

... sería injusto para el resto de 13 millones de ecuatorianos esa capacidad de veto de unos cuantos que podrían impedir que Ecuador genere los tan necesarios recursos para su educación, para su salud, para su vialidad, para su infraestructura productiva, precisamente, para salir de esa economía extractivista y desarrollar otros sectores, así que hay que ser sensatos (Correa, 2008).

Correa considera absurda una situación en la que todo el Ecuador perdería recursos necesarios para su desarrollo por el desacuerdo de unos pocos. Se fija también en la inefectividad de las «demandas indígenas» en cuanto a la descentralización del proceso decisorio en el marco de la industria minera:

Hay muchos compañeros que se llenan la boca diciendo ‘somos antineoliberales, estamos contra esta derecha que tanto daño nos ha hecho‘ y caen en los juegos de la derecha, caen en los juegos del neoliberalismo que buscaba acabar con lo público, que buscaba acabar con el Estado y quieren atomizar ese Estado en centenas, miles, decenas de miles de pequeños unidades de decisión, imagínense cada comunidad decidiendo si se puede explotar petróleo, si se puede explotar minas o no (...) pretenden que la democracia participativa sea que todos participemos en todas las decisiones, nunca se va a hacer nada en este país. (Correa, 2008).³⁸

Según Correa, un Estado que tuviese que esperar el acuerdo de cada comunidad, acerca de si explotar o no petróleo y minerales, apenas funcionaría con efectividad. Además el Presidente asocia las demandas de los pueblos indígenas con los intentos de la derecha de desestabilizar al Estado y por ello cuestiona el objetivo declarado de la lucha de las organizaciones indígenas.³⁹

Por último, con el objetivo de demostrar armonía entre la actitud del gobierno y la Constitución ecuatoriana en el caso de la decisión sobre el proyecto Mirador, el Presidente reformula el sentido de la consulta previa: «Lo que establece la Constitución y los tratados internacionales con respecto a consulta previa es hacer convocatorias públicas y explicarle a la gente los impactos ambientales, puestos de trabajo, ingresos y si alguien no está de acuerdo, la Constitución da la atribución al Presidente de la República de tomar las decisiones pertinentes» (Correa, citado en Ecuador en vivo, 2012).

Al presentar su propia interpretación del sentido de las consultas previas, Correa cuestiona la fundamentación constitucional de las consultas reclamadas por las organizaciones indígenas, con lo que –obviamente– rechaza cualquier acusación de no haber cumplido con la Constitución. Desde el punto de vista de la definición del Presidente sobre las consultas previas, el proyecto fue aceptado por parte de los pueblos indígenas y la firma del proyecto fue entonces plenamente legítima.

Es verdad que Correa habla sobre la necesidad de superar el modelo económico minero, pero añade que, precisamente para eso, hay que utilizar los recursos de la industria minera. Sin ellos se pondría en riesgo incluso la misma supervivencia física de los habitantes de Ecuador:

Ecuador debe superar esa economía extractivista (...) superar el modelo extractivista significa que con el dinero de esa minería, con el dinero de ese petróleo (...) dar educación, dar salud, desarrollar talento humano (...) pero no como dicen algunos insensatos que superar el modelo extractivista es cerrar los pozos petroleros, cerrar las mimas y vámonos todos a España porque aquí no vamos a tener ni que comer (Correa, 2008).

Valoración de la (in)consistencia del perfil ideológico inicial de Correa con la política real de su gobierno

El análisis de los puntos de partida ideológicos revela que el gobierno progresista de Rafael Correa no prometía el final de la industria minera como tal, sino que prometía su subordinación a las necesidades de la naturaleza y a los derechos territoriales y autónomos de los pueblos indígenas y, también, una más justa redistribución de las riquezas derivadas de esa industria, y en especial la finalización de la entrega de las riquezas nacionales a manos extranjeras.

El problema, entonces, no reside en la propia continuación de la explotación, sino más bien en la posterior priorización de los proyectos de la industria minera frente a los derechos de los pueblos indígenas y la protección del medio ambiente, en caso de que ellos coincidan en una decisión pública. Si consideramos la incompatibilidad interna de las promesas progresistas, la tensión es inevitable: los programas sociales prometidos, los cuales deben arreglar las desigualdades sociales, dependen de los ingresos de la explotación minera y de los recursos naturales, que se hallan, en gran parte, en los territorios tradicionales de los pueblos indígenas, justo los que reclaman el derecho a decidir sobre tales recursos.

Pasaremos entonces a evaluar a continuación si (y, eventualmente, cómo) el gobierno progresista se desvió, en la dimensión discursiva, de sus anteriores promesas en cuanto a los derechos tanto de los pueblos indígenas como de la naturaleza, cuando ellas chocan con la política minero-energética gubernamental.

En ese marco, la presentación de un motivo relevante es un componente clave del proceso de justificación de las decisiones y políticas públicas. Rafael Correa señaló como motivación principal de su política de minería la lucha contra la pobreza. El afán de eliminar la pobreza, como el estímulo declarado que alimenta las actitudes políticas del gobierno, muestra los proyectos que este presenta como necesidades, lo que les puede dotar de credibilidad, en una situación en la que un porcentaje importante vive en condiciones de escasez material,⁴⁰ y a la vez puede justificar la desatención potencial del Presidente hacia otras promesas, por ejemplo, la de la protección de la naturaleza. Además de eso, la argumentación elegida corresponde con una prioridad básica de los progresistas de la izquierda para quienes la eliminación de la pobreza es el objetivo principal.

Correa aprovechó también el discurso de la modernidad, lo que se reflejó tanto en su alabanza hacia las nuevas tecnologías que, según él, son capaces de resolver los problemas ambientales de la minería, como en su confianza en la utilidad de la actuación de las empresas multinacionales en el país. Con respecto a las tensiones internas entre la comprensión indígena del desarrollo –que respeta a las tradiciones arraigadas en la historia y en la naturaleza– y el concepto modernista, es obvio que la inclinación del Presidente hacia la retórica modernista significa un desvío real con respecto a sus ideas preliminares. Desde una perspectiva puramente económica, cuando la naturaleza es percibida con el prisma de su valor económico y no como un valor por sí misma, la concepción indígena sumak kawsay, que constituía la parte principal del proyecto político original de Correa, se convierte en una visión reaccionaria.

Este cambio de posición se refleja muy bien en la relación del Presidente con las empresas multinacionales. Mientras que, antes de ser elegido, Correa luchaba junto con el movimiento indígena ecuatoriano en contra de los métodos de los gobiernos neo-liberales vinculados con las empresas multinacionales y prometía poner fin a esas prácticas (Robinson 2011), durante su mandato cambió su posición cuando declaró que esas empresas pueden ser favorables para Ecuador, puesto que aportan un know-how necesario, que hasta ahora ha faltado en el país (véase Correa, 2009a). Además, Correa calificó como extremista a la lucha indígena contra las multinacionales, una lucha en la que antes también tomaba parte.

El alejamiento del Presidente de sus principios ideológicos iniciales se nota en su tendencia a justificar sus políticas mediante un análisis de costos y beneficios, que sobrevalora las aportaciones de la industria minera, mientras que margina sus impactos medioambientales.

Correa por ejemplo, y en contradicción con sus puntos de partida ideológicos, aceptó ciertos daños a la naturaleza causados por la industria minera a cambio de los beneficios económicos que ella le traería al Ecuador.⁴¹ En su discurso también está presente la desconfianza hacia los medioambientalistas, hecho que se expresa en la utilización de una retórica ofensiva por parte del Presidente:⁴² los ve como obstáculos al desarrollo y los acusa de falsificación intencional de datos.⁴³

Sin embargo, el parcial cambio ideológico de Correa fue compensado por las enmarcaciones que prometen una industria minera responsable. La minería responsable con la naturaleza se convirtió en la consigna legitimadora del Presidente, con el fin de rebatir los argumentos medioambientalistas que estarían basados, no en un pensamiento razonable, sino más bien en emociones que describen a priori a la industria minera como mala.⁴⁴ Según Correa «la minería correctamente manejada [es] positiva» (Correa, 2012a). De esta nueva manera, se refleja en la argumentación del Presidente progresista la obligación de proteger a la naturaleza.

La cuestión de la justicia de las políticas del gobierno: choque de dos perspectivas

La justicia, como otra herramienta del afán legitimador del discurso del Presidente, adoptó diferentes formas. La primera de estas formas tuvo que ver con el proyecto mismo. A este respecto, los intereses del conjunto (nación) fueron superpuestos por el Presidente sobre los derechos comunitarios de los pueblos indígenas.

Como la motivación principal de su política, Correa destacaba el afán para facilitar el acceso a la riqueza nacional a toda la gente del país. Las referencias al bien público causan que la enmarcación resuene más y que sea más aceptable para un espectro más amplio de los electores (Snow y Benford, 1988: 202). El énfasis en el bien general que podrían propiciar las políticas mineras tenía también el potencial propósito de cubrir la desvinculación de Correa con respecto a algunas de sus promesas pre-electorales (las consultas previas o la autonomía de las comunidades indígenas en cuanto a los recursos hallados en su territorio), puesto que teóricamente sus políticas no favorecen a nadie en particular (serán de provecho para todos), por lo que la oposición a ellas resultaría irracional. Los que se oponen a tales políticas afectarían no sólo sus propios intereses (si aceptamos la premisa de que el interés de cada uno es prosperar) sino que también estarían impidiendo el desarrollo de todos los demás, lo que los convierte indirectamente en egoístas y en frenos al progreso.

El segundo tipo de argumento se refiere a la justicia del proceso decisorio, puesto que las organizaciones indígenas le reprochaban al gobierno la negligencia del proceso de consultas en cuanto a las políticas que puedan afectar sus vidas (Convención 169 OIT,1989). Esta crítica se refería a la obligación del Presidente de abrir la participación de los ciudadanos al proceso público de decisión y de atender el derecho indígena a consultas previas, tal como había sido establecido en la nueva Constitución ecuatoriana. El Presidente reaccionó insistiendo en su afán por el bien público: desde el punto de vista mayoritario consideraba injusto que un pequeño grupo impusiera sus demandas particulares. De esta manera, Correa intentaba justificar su inconsistencia con sus propios puntos de partida ideológicos por la necesidad de ceder ante los intereses de la nación (compárese por ejemplo con Correa, 2008).

Una demostración del cambio de Correa fue la convergencia de su discurso legitimador con los argumentos modernistas que relativizan la nocividad de la minería respecto a la naturaleza y también su defensa de la presencia de las empresas multinacionales en el marco de la industria minero-energética. En la tabla 1 se expone un panorama de las (in)consistencias entre las prioridades preelectorales del discurso de Rafael Correa con respecto a sus planteamientos en el contexto de la movilización de los pueblos indígenas contra los proyectos mineros del gobierno.

Conclusión

Este artículo analiza la interacción entre el gobierno y las organizaciones indígenas en el marco de la lucha entre interpretaciones en conflicto acerca de la política minero-energética, con el fin de examinar si –en el nivel discursivo– el gobierno de Rafael Correa se desvió de su posición ideológica original cuando pretendió armonizar los intereses confrontados entre el desarrollo de la política energético-minera, por un lado y los derechos indígenas por el otro. Con este propósito, se examinó el nivel discursivo del conflicto entre el gobierno y los pueblos indígenas en el caso de dos ciclos de protestas (la Ley minera y el proyecto Mirador). Las enmarcaciones legitimadoras del gobierno, utilizadas en reacción a las protestas indígenas, han sido luego comparadas con el programa oficial original, es decir con el discurso pre-electoral del Presidente.

A partir del análisis, es obvio que algunas visiones del Presidente fueron, por lo menos parcialmente, reflejadas en las enamrcaciones del gobierno. Por ejemplo, el compromiso de los progresistas de proteger a las clases sociales más débiles tuvo su reflejo en la presentación de la industria minera o, más exactamente, del proyecto Mirador como una necesidad para mantener la estabilidad social y económica del Estado. Según las palabras de Correa, la desactivación de la industria minera amenazaría directamente la vida de los ciudadanos ecuatorianos, lo que evidencia la asociación que hizo el Presidente entre ese proyecto y la posibilidad de acceder al pan cotidiano. En este punto, las enamrcaciones legitimadoras del gobierno, utilizadas en reacción a las actividades movilizadoras de las organizaciones indígenas, corresponden con la línea oficial ideológica de Rafael Correa.

No obstante, en otros campos se constatan notables discrepancias entre las promesas electorales del Presidente y su política real, sobre todo cuando se trata de los derechos de los pueblos indígenas. El mayor desvío de su perfil ideológico inicial se puede apreciar en su aceptación de las empresas multinacionales como participantes importantes de la industria minera ecuatoriana. Antes de su llegada a la función de Presidente del Ecuador, Rafael Correa se comprometió, junto al movimiento indígena, a la lucha contra las empresas multinacionales y sus métodos que «roban a los ecuatorianos sus riquezas», y prometió acabar con la entrega de las riquezas a manos de extranjeros. En contradicción con este compromiso, Correa planteó el argumento de la efectividad económica de las empresas mineras extranjeras para el desarrollo económico y tecnológico del Estado ecuatoriano. Su análisis de las ventajas de la minería se limitó exclusivamente a los costos y beneficios de carácter económico y carecíó de la reflexión sobre otras dimensiones destacadas por el movimiento indígena como, por ejemplo, la amenaza que representa, para la cultura o para la existencia misma de los pueblos indígenas, la violación de sus derechos territoriales y autónomos.

 La transformación del discurso de Correa respecto a su perfil ideológico original es visible también en su justificación parcial de los impactos de la minería en la naturaleza. El Presidente destaca la rentabilidad económica del proyecto para el pueblo ecuatoriano y el presupuesto estatal, ignorando así la argumentación indígena enfocada en las preocupaciones sobre el peligro directo para las vidas humanas, como consecuencia de la explotación y contaminación de las reservas de agua. Según Correa el beneficio de la industria minera predomina sobre las pérdidas que de ella se derivan por daños a la naturaleza, con lo cual estas pérdidas son presentadas, hasta cierto punto, como justificables.

Con el objetivo de reducir los impactos derivados del cambio de posición en cuanto a la protección de la naturaleza, Correa empezó a relativizar los efectos ecológicos negativos de la industria minera, tanto con la referencia a las tecnologías modernas como mediante la descripción de los argumentos medioambientales como fábulas e imaginaciones románticas de un grupo de fundamentalistas. Pero, por otro lado, Correa efectivamente admite la existencia de problemas ecológicos, puesto que se comprometió a promover una industria minera responsable. A este respecto hallamos, por lo menos parcialmente, una expresión de sus promesas electorales de proteger a la naturaleza, consagradas luego también en la nueva Constitución ecuatoriana.

Correa se desvió de su discurso pre-electoral y de sus principios ideológicos iniciales también en el campo de los derechos de los pueblos indígenas, al interpretar la demanda indígena sobre el derecho a las consultas respecto al proyecto Mirador como una injusticia hacia el resto de la ciudadanía ecuatoriana. Según el Presidente, la demanda de las consultas sobre el proyecto o en general sobre la industria minera no sólo es injusta (imposición de los intereses de una minoría a costa de los intereses nacionales mayoritarios), sino también inefectiva y llama la atención sobre la discrepancia entre la descentralización del proceso decisorio con la necesidad político-económica de actuar rápido. Estas expresiones no corresponden con la visión original de Correa sobre la democracia participativa y con su compromiso pre-electoral orientado a aumentar la influencia de los ciudadanos corrientes en el proceso decisorio público.

En general, podemos constatar que en muchos aspectos la política real del gobierno del Presidente Correa se desvió notablemente de sus compromisos electorales. Estas discrepancias fueron moderadas con la frecuente referencia al afán de justicia social y a la mejora de la vida de los ciudadanos ecuatorianos, en el sentido de la reducción de la pobreza, que eran también pilares importantes del programa progresista.

Notas:

¹ La Constitución de Ecuador, en la que la naturaleza se considera como sujeto de la protección legal, fue aprobada por casi dos tercios de la la Asamblea Constituyente en septiembre de 2008 (Becker, 2012: 118).

² El término «pueblos indígenas» se refiere a los pueblos que habían poblado el hemisferio occidental antes de la llegada de los europeos.

³ A pesar de que estos derechos de los pueblos indígenas están sujetos a la protección legal internacional (Convención 169 de la OIT y Declaración de la ONU del año 2007) y de que Ecuador aceptó esta protección a través de la ratificación de esa Convención, en la política práctica diaria esos derechos se ignoran o se eluden.

⁴ Las estimaciones sobre el tamaño de la población indígena en Ecuador divergen dramáticamente. Según el Censo desarrollado por el INEC en 2010, la población indígena creció, con respecto al censo de noviembre 2001, de 830.418 personas que se identifican como indígenas a 1.018.176 personas, representando 7 por ciento del total de la población nacional (INEC 2010). Pero, otras muy contrastantes estimaciones sobre el porcentaje de los pueblos indígenas ecuatorianos, usadas por científicos y agencias internacionales, oscilan entre 15 y 45 por ciento de la población nacional total (Van Cott 2007: 107-108).

⁵ Bajo el término de enmarcación se entiende, en este trabajo, la introducción de los objetivos, requisitos o políticas de los protagonistas en marcos de significación amplios con el propósito de su legitimación y para la obtención de apoyos. Más detalles respecto al concepto de enmarcación de David Snow y Robert Benford en la parte teórica.

⁶ Primero la gente tiene que definir su situación como injusta y a la vez como cambiable para poder movilizarse (Tarrow, 2011: 145; Císař, 2004: 57).

⁷ Se trata de la protesta de los pueblos indígenas ecuatorianos contra la Ley de minería y el proyecto Mirador, respectivamente, contra la explotación minera a gran escala.

⁸ Durante la descripción de los puntos de partida ideológicos del gobierno, nos centraremos exclusivamente en los aspectos que son relevantes para la orientación temática del trabajo; es decir la relación del Presidente hacia el neoliberalismo, la industria minera y los pueblos indígenas, especialmente si se trata de sus derechos territoriales y de la consulta previa.

⁹ Durante la ocasión de su ascensión al poder después de su reelección el 10 de agosto de 2009, Correa destacó como un objetivo de la revolución civil la ruptura con el «(...) perverso Consenso de Washington, con sistemas económicos que solo generaron más miseria y desigualdad» (Correa, 2009b). Además, declaró que distintos grupos étnicos, entre los cuales mencionó a los pueblos indígenas, afro-ecuatorianos, mestizos, etc., fueron discriminados por los gobiernos anteriores «en definitiva, de quienes son el motor de la historia: los seres humanos, que jamás volverán a ser víctimas de la maquinaria neoliberal y del capitalismo salvaje» (Correa, 2009b).

¹⁰ Véase, por ejemplo, el Plan gubernamental Alianza País para los años 2007-2011 o El plan nacional para el buen vivir en los cuales se establece como uno de los objetivos principales del gobierno un modelo participativo de democracia: «La participación ciudadana es un derecho. La planificación participativa se inspira además por la valoración ética de la posibilidad de un ejercicio democrático de encuentro de intereses particulares (...) La elaboración participativa de este Plan responde a un proceso sostenido de consulta que inició con la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2010.» (Plan Nacional para el Buen Vivir 2009- 2013; Alianza País, 2006: 20).

¹¹ En este punto el concepto de «buen vivir» (sumak kawsay) está en oposición directa con la percepción occidental individualista de la vida (bienestar), la vida separada de la naturaleza y basada en la acumulación de bienes materiales (Tortosa, 2009).

¹² El rechazo de la mercantilización depredadora de la naturaleza se expresa por ejemplo en el Plan nacional del desarrollo (SENPLADES, b.r.: 8).

¹³ Véase el siguiente fragmento del programa gubernamental: «Los medios y los instrumentos tienen que llevarnos a un fin compartido: un buen vivir en armonía con la naturaleza!» (Alianza País, 2006: 11).

¹⁴ Es necesario mencionar que esa iniciativa se suspendió por la decisión del mismo Correa, quien en enero de 2010 rechazó el acuerdo, negociado durante largo tiempo, con PNUD, Alemania, España y otros países que tenían que pagar como compensación a la renuncia de la explotación. Este cambio de posición la justificó Correa por la inflexibilidad del ministro alemán y por las condiciones demasiado rígidas en lo que se refiere al empleo del dinero que se obtendría por dicho acuerdo (Bebbington y Bebbington, 2012: 18).

¹⁵ El texto de la Constitución puede consultarse en: http://pdba.georgetown.edu/Constitutions/Ecuador/ecuador08.html (Political Database of the Americas, 2011).

¹⁶ Se trata del primer proyecto de minería para la explotación de metales en Ecuador que tiene por propósito explotar el cobre a gran escala. La mina Mirador se encuentra en la provincia Zamora Chinchipe en el suroeste de Ecuador, en la sierra El Cóndor, cerca de la frontera con Perú (Cox, 2010: 55).

¹⁷ La ley establece reglas nuevas para los protagonistas en el marco del sector minero-energético mientras que lo principal es la apertura de la oportunidad de la explotación a gran escala de los minerales (Registro Oficial, 2009).

¹⁸ El mandato entre otras cosas prohibía los monopolios y sus prácticas, contaminación de las fuentes hidrológicas, ponía limitaciones para la explotación en las áreas protegidas y suspendió el vigor de las concesiones que no cumplían las condiciones impuestas por la ley (Cox, 2010: 55; Guaranda Mendoza, b. r.).

¹⁹ El nombre oficial es la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (véase Conaie website). Esta organización está compuesta por tres federaciones regionales – Confeniae (representa a los indígenas de la Amazonía ecuatoriana); Ecuarunari (representa a los indígenas de la Sierra ecuatoriana) y Conaice.

²⁰ El Frente Popular cubre varias organizaciones, concretamente UNE, FEUE, FESE, CUBE, Cucomitae, UGTE, Confemec, JRE a UCAE.

²¹ Compárese ello con las prioridades oficiales del gobierno de Correa, presentadas en la declaración de programa en Alianza país: «Con varios grupos sociales hemos unido esfuerzos para luchar en contra de los procesos impulsados por los intereses mezquinos de las mafias corporativas en detrimento de la mayoría de ecuatorianos, como el mal llamado Tratado de Libre Comercio (TLC) con los Estados Unidos, que es una propuesta depredadora de la vida misma en tanto anuncia la profundización del modelo neoliberal y una creciente sumisión antiética del ser humano al poder monopólico del capital y a las empresas transnacionales, amenazando, además, las posibilidades de una integración regional en el sur.» (Alianza país, 2006: 14).

²² Esta argumentación de Rafael Correa, en comparación con la declaración anterior, resulta paradójica: «Soñamos(...) un país en donde no sea posible la mercantilización depredadora de la Naturaleza, en la que el ser humano es una parte más de ella y no un factor de destrucción.» (Senplades, b.r.: 8). Estas contradicciones están dadas por la incompatibilidad inherente de algunas prioridades de programa de Correa: por un lado, el apoyo a los programas sociales que en gran parte dependen de los ingresos de la industria minera y, por el otro, la protección de la naturaleza y de los derechos territoriales de los pueblos indígenas.

²³ Se trata de una parte de la declaración del Presidente dirigida al pueblo ecuatoriano de 19 de enero 2009 cuyo objetivo fue, entre otros, argumentar a favor de la necesidad de la Ley minera (Correa, citado en La Hora, 2009).

²⁴ Pero, las principales prioridades de la Alianza País son contradictorias con el análisis racional (puramente económico) de costos y beneficios presentado luego por Correa en relación con la subscripción del proyecto Mirador, puesto que reconoce, aparte de las razones económicas, también los valores morales y sociales: «En consecuencia, el desarrollo comprende, más que el incremento de la riqueza, la expansión de las capacidades, garantizando la satisfacción de las necesidades intrínsecas del ser humano. ¡Esto es lo que nosotros y nosotras perseguimos!» (Alianza País, 2006: 16).

²⁵ La existencia de la analogía entre la industria minera moderna y la colonización en el sentido de la violación de los derechos (territoriales) de los pueblos indígenas y de la Madre Tierra está presente en el discurso de Marlon Santí, cuando el año 2010 habló sobre la Ley minera en la Asamblea nacional: «(...) creemos que esa ley que impulsaron para saquear nuevamente al país, para saquear los recursos naturales de los ciudanos ecuatorianos no es dable en los actuales momentos» (Santí, 2010).

²⁶ Compárese esta argumentación con las promesas preelectorales de Correa acerca de la lucha contra el capital transnacional, lo que revela una paradoja en el discurso presidencial: «Somos la tendencia progresista, la tendencia que en este momento histórico cuestiona a las políticas neoliberales y las privatizaciones que han beneficiado al capital transnacional, y a las mafias de compadres y ‘dueños del país‘» (Alianza País, 2006: 14).

²⁷ Como ejemplo de los gobiernos neoliberales están los de Abdalá Bucaram Otíz (96- 97) o de Lúcio Gutiérez (Becker, 2012: 120; Labandeyra, b. r.).

²⁸ Para comparar, véase la declaración de Correa sobre la subscripción del proyecto Mirador: «Sí, lo que nos interesa son ustedes, la gente, no las transnacionales, no los intereses foráneos; nos interesan ustedes» (Correa, 2012a).

²⁹ Este tipo de argumento se repiten en los discursos del Presidente: «No nos dejemos engañar por los demagogos, por los charlatanes. Por la gente que por ficciones no quiere minería. Vamos a sus casas. Metámonos a ver si no tienen tenedores, cuchillos, si no usan lentes, si no tienen relojes, si no hay ascensor, si no cogen el bus, el taxi y si lo hacen son unos inconsecuentes. ¿Cómo pueden decir onon a la minería?» (Correa, 2012b).

³⁰ Es el Presidente de Ecuarunari, una sucursal local de la organización central de Conaie, quien junta a los indígenas Quechua que hablan el idioma Quichwa. El nombre original de la organización es: «la Confederación de los Pueblos de la Nacionalidad Kichwa del Ecuador» (Ecuanuari, 2012).

³¹ Cf. por ejemplo la Manifestación de Correa: «Es un absurdo estar sentado sobre centenares de miles de millones de dólares y por romanticismos, novelerías, fijaciones, que sé yo, decir no a la minería» (citado en Bebbington y Bebbington, 2012: 18).

³² Compárese con la expresión de Correa sobre los protestas indígenas contra la minería a gran escala: «¿Cómo no creer que sin ningún argumento dicen NO a la minería, como un discurso, tan solo para ganar las próximas elecciones?» (Correa, 2012a).

³³ La argumentación modernista de Correa, basada en la ilimitada fe en el beneficio del progreso científico-tecnológico, está obviamente presente en las palabras con las que intentó desmentir la crítica indígena acerca de que el proyecto Mirador tendría un impacto negativo en los recursos ecuatorianos de agua: «Y luego vienen los deshonestos que no hacen nada más que mentir (...) que si aprovechábamos la minería, se perjudica el agua, y esto es otra falsedad. Las nuevas técnicas mineras de la minería a gran escala precisamente, permiten reciclar el agua» (Correa, 2012a).

³⁴ Véanse, por ejemplo, las palabras de Correa, reaccionando ante la demanda de los pueblos indígenas, sobre intervenir en la planificación y realización de los proyectos mineros: «... ¿para qué hay un Estado que haga representación de todos nosotros, para qué hay un gobierno democráticamente electo, representante de todos nosotros‘» (Correa, 2008).

³⁵ Tal argumentación por lo menos no corresponde ideológicamente con el artículo 57, párrafo 7 de la Constitución ecuatoriana, piedra fundamental de la revolución ciudadana, artículo que explícitamente reconoce el derecho de los pueblos indígenas a la consulta previa, libre e informada sobre el tratamiento de los recursos no renovables hallados en su territorio (art. 57 párrafo 7).

³⁶ En relación con las protestas contra el proyecto Mirador, Correa proclamó, apuntando a la oposición indígena, que su objetivo es: «(...) desestabilizar al gobierno con acciones de hecho, fuerza, violencia para imponer su agenda de minorías». Y añadió que la mayoría de los ciudadanos ecuatorianos «tenemos el derecho a la resistencia al capricho de unos pocos que nos quieren anclar en el pasado» (Correa, 2012a). En esta enmarcación, las organizaciones indígenas son identificadas claramente como el freno del progreso de Ecuador.

³⁷ Correa al respecto dice que: «Alguna vez quisieron imponer argumentos o visiones bastante cuestionables, por ejemplo ‘las comunidades pueden decir no‘ lo que se llama el consentimiento previo, la Constitución actual, los tratados internacionales hablan de consulta previa no de consentimiento previo» (Correa, 2008).

³⁸ Sin embargo, en la declaración oficial del programa de gobierno, las consultas y la participación ciudadana son vistas como un fenómeno claramente deseable para la democracia ecuatoriana: «A través de la democracia activa –con tantas consultas populares como sean necesarias– se abordarán cuestiones cruciales como el TLC e incluso aquellos asuntos que no logren una mayoría calificada en la propia Constituyente» (Alianza País, 2006: 21) «...Esto quiere decir que pensamos en todos los sectores de la sociedad ecuatoriana, particularmente en los sectores populares, en los desposeídos, en los marginados, pero no sólo como sujetos pasivos, sino como protagonistas en este proceso de cambio, para que desde ahora puedan adueñarse del presente y sobre todo de su futuro» (Alianza País, 2006: 11).

³⁹ La justificación de la realización del proyecto por parte del Presidente, a pesar del desacuerdo de las comunidades indígenas, relativa a la ineficiencia de la descentralización del proceso decisorio en forma de consultas, va claramente en contra de su posición original. Véase por ejemplo un trozo del programa publicado en Alianza País: «Una parte sustancial de una reforma del Estado tiene que ver con la descentralización y las autonomías. La idea es dar a los gobiernos locales y seccionales un mayor papel en el proceso de desarrollo, de movilizar capacidades y recursos de toda índole no utilizados por las trabas derivadas del centralismo» (Alianza País, 2006: 18).

⁴⁰ Según la base de datos Index Mundi, 28,6 por ciento de los habitantes de Ecuador vive en la pobreza (Index Mundi, 2012). Tratando de describir la medida de la desigualdad social, el coeficiente GINI mide la discrepancia que hay entre la distribución de los ingresos y gastos entre individuos o hogares en el marco de la economía y la redistribución equilibrada. La cifra del coeficiente GINI fue en el año 2008 de 50,6 (WB, 2008).

⁴¹ Véase un fragmento de su declaración sobre el proyecto Mirador: «es claro que si queremos prosperar, toda actividad humana tiene cierto impacto en la naturaleza» (Correa, 2012a).

⁴² Correa identificó al izquierdismo y al ecologismo infantil como las amenazas más graves para el proyecto (Correa, citado en Hoy, 2009a). En el contexto de otra protesta, Correa utilizó el label terrorismo: «Los ecologistas son extorsionadores. Las comunidades no son las que protestan sino un grupo de terroristas» (Correa, 2007b).

⁴³ Las enmarcaciones del Presidente señalaban que los pueblos indígenas son manipulados intencionalmente por los medioambientalistas y que así son, de hecho, rehenes de sus intereses particulares. De su interpretación se deriva que el objetivo real de los medioambientalistas no es la protección del medio ambiente, sino la política y el poder. (Más detalles al respecto en el punto anterior).

⁴⁴ A ello se suman otras declaraciones de Correa como la siguiente: «…es absurda la oposición a la minería cuando es una actividad necesaria, que cuenta con una ley con controles ambientales estrictos» (Correa, citado en Agencia Púlsar, 2009).

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