A continuación, reconstruiremos brevemente la secuencia histórica de la revolución de las tecnologías de la información y, en última instancia, de la producción de software. La mayor parte de los investigadores de la tecnología señalan los avances en la microelectrónica, posteriores a la Segunda Guerra Mundial, como la condición necesaria para el surgimiento de las TICs y, por ende, del desarrollo de una industria de hardware y de software. Sin embargo, no fue sino hasta la década de los setenta que se difundieron masivamente y comenzó a acelerarse su desarrollo sinergético.

Castells señala la emergencia de una lógica informacional que no sustituye a la lógica industrial, sino que se superpone a ella y la condiciona. En esto hay coincidencia con los teóricos del capitalismo cognitivo, pues no se trata de una etapa que hace tabla rasa con la lógica anterior, pero las penurias del trabajo parecen quedar reducidas a aquellos puestos que siguen subsumidos en la lógica industrial, quedando exentos de tales penurias los nuevos tipos de trabajo, propios de la «lógica informacional». De aquí surge una «sociedad dual», caracterizada por una segmentación del trabajo tal que los puestos penosos aumentan, pero los calificados también, dando lugar a configuraciones de nuevo tipo, muy singulares y complejas que recién están comenzado a comprenderse.

La invención del microprocesador y las mini computadoras por Intel en 1972 facilitó el desarrollo de las computadoras a expensas de los grandes y caros mainframes (computadora central, grande, potente y costosa) de las empresas. El hardware va a dominar el sector hasta los años ochenta, donde comienza a tornarse favorable al desarrollo del software (Parthasarathy, 2004).

Desde allí en adelante, en Estados Unidos primero y luego en Europa, y en otros países, comienza a desarrollarse el sector de desarrollo de software aunque no hubiera un crecimiento simultáneo del sector de hardware; países como Irlanda, Israel e India se especializan en este sector y más recientemente en Sudamérica, Brasil y, en menor medida, Argentina. Casi siempre las iniciativas de estímulo al sector responden a políticas deliberadas de los Estados, más que a un surgimiento espontáneo, pero encuentran apoyo en un telón de fondo de prácticas sociales vinculadas al uso de las nuevas tecnologías.

La oferta de software y servicios informáticos en Argentina reconoce un origen temprano, en la década de los años 70, siendo uno de los primeros países de Latinoamérica en poseer una dotación de trabajadores informáticos relativamente abundante y calificada. A nivel académico, el desarrollo de la informática reconoce sus primeros pasos muchos años antes que las primeras empresas del sector, en la década de los años 50. En la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires –cuyo decano era el Dr. Rolando García, vicepresidente del recién creado Conicet–, el profesor Manuel Sadosky fue el impulsor de la compra de la primera computadora y de la creación de un instituto de matemática aplicada. Esta primera computadora fue adquirida a fines de 1958 e instalada en 1961 para que sirviera tanto para tareas científicas como de servicio para diversos usuarios. El Instituto de Cálculo comenzó a funcionar en 1960, dirigido por Sadosky, hasta el golpe militar de Juan Carlos Onganía, en 1966 (Jacovicks, 2004).

Los principales exponentes académicos de la informática coinciden en señalar la falta de una política de Estado en la materia como un problema estructural del sector en Argentina, sobre todo desde el golpe de 1966 hasta el retorno de los gobiernos democráticos en 1983, período cuando, en cambio, se desplegó sin mayores trabas en los países desarrollados.

Durante los años 70, los desarrollos significativos se hicieron a través de la inversión externa directa y en empresas nacionales, en los breves momentos de gobiernos democráticos, donde surgieron proyectos industriales para la construcción de equipos como Microsistemas en Córdoba y Técnica Erova y Fate en Buenos Aires, al tiempo que IBM se instaló para producir y exportar impresoras (Erbes, Robert y Yoguel, 2006:158).

Hubo que esperar a los años 80 para que el retorno de los gobiernos democráticos volviera a poner en la agenda del gobierno la necesidad de impulsar al sector informático. En esta década se formularon, por primera vez, los lineamientos de una política de fomento para el sector de software, con el funcionamiento de la Comisión Nacional de Informática a partir de 1984. Ello permitió el desarrollo de proyectos propios con un programa de sustitución de importaciones y acuerdos de transferencia de tecnología con empresas transnacionales líderes del sector, orientadas al desarrollo tecnológico local, como IBM (fabricación de periféricos) y Olivetti (equipos de cálculo electromecánico) y otras empresas nacionales como Microsistemas SA (adaptación de equipos importados), Itron (microcomputadoras), Idat (microcomputadoras, manipulador de discos rígidos y terminales de video) Fimpar (microcomputadoras, manipulador de discos rígidos e impresoras), Fate (calculadoras), etc. (Azpiazu et al., 1986).

En esos mismos años, se firmó un acuerdo entre los gobiernos de Argentina y Brasil, y en enero de 1985 llegó a Buenos Aires una misión brasileña para sentar las bases de la cooperación en el área, lo que dio lugar al Programa Argentino Brasileño de Informática (PABI), en cuyo seno se desarrollaron las EBAIs. Se trataba de Escuelas de Verano, realizadas anualmente con sede rotativa en uno u otro país, donde una masa importante de estudiantes y recién graduados de las carreras informáticas accedieron a contenidos cercanos a la frontera tecnológica y tenían como objetivo contribuir con la creación de una masa crítica de investigadores, y la formación de una escuela de pensamiento regional en informática. (Aguirre y Carnota, 2004). Erbes, Robert y Yoguel señalan que estos programas ponían de manifiesto el menor desarrollo de las calificaciones de los trabajadores informáticos en el país y dan impulso a las mencionadas Eslai, pero ponían en evidencia el predominio del «modelo lineal de innovación en los ambientes académicos» con escasos nexos con el sistema productivo. En este modelo, «el rol de los recursos humanos dedicados a la investigación básica y aplicada es la generación de documentos, papers y patentes que son absorbidos aguas abajo y transformados en forma automática, en el sector privado, en desarrollos tecnológicos e innovaciones», lo que supone que el conocimiento fluye en forma automática desde el nivel teórico al aplicado, desconociendo que los incentivos en cada sector son de naturaleza diferente: prestigio y ascenso en la carrera académica del lado de la investigación, y obtención de ganancias extraordinarias (rentas tecnológicas) por el lado de la producción (Erbes, Robert y Yoguel, 2006:155).

Para este enfoque, los límites se relacionaban directamente con la falta de una política industrial adecuada por parte del Estado, ya que este «no cambió la orientación de sus compras de informática, limitando la entrada a proveedores nacionales y a otras empresas multinacionales, lo que afianzó la concentración del mercado» (Erbes, Robert y Yoguel, 2006:159). Esto se puso de manifiesto en el escaso éxito del régimen informático hacia finales de los años ochenta, donde sobrevivían solo cuatro de los quince proyectos aprobados en el segmento de las Pyme y que, además, eran controlados por grupos económicos locales (Microsistemas controlada por Perez Companc, ICSA controlada por Pescarmona, Autored y SSD compradas por la empresa trasnacional Psinet) (Aspiazu et al., 1990 citado por Erbes, Robert y Yoguel, 2006:160).

En el campo específico de la informática, así como de la tecnología en general, predominó un visión según la cual el conocimiento, incorporado mediante la importación de bienes de capital –como el software y el hardware–, se derramaría a la estructura productiva y a la sociedad en su conjunto mediante incrementos de productividad, asociados linealmente a la mera incorporación de estos bienes y servicios de mayor desarrollo tecnológico que los que se producían localmente (Erbes, Robert y Yoguel, 2006:160). Tanto esto fue así que las políticas tecnológicas mencionadas llevadas a cabo en los años 80 van a ser desmanteladas en este período.

No obstante, algunos investigadores destacan efectos en el sistema académico universitario de relevancia para el sector:

Según estimaciones de López, Chudnovsky y Melitsko, existían en el año 2000 alrededor de 500 empresas de software y servicios informáticos que empleaban cerca de 15.000 personas. En total facturaban casi 2.000 millones de dólares, donde la mitad correspondía a la venta de servicios informáticos, 350 millones de dólares a venta de software local y 650 millones de dólares a la venta de software importado. Aunque el grueso de la facturación correspondía a empresas extranjeras (66 por ciento) y de más de 50 empleados (80 por ciento), en Argentina la mayoría de las empresas era de capital nacional y contaba con menos de 50 empleados. Se trata, como vemos, de un mercado altamente concentrado de grandes empresas, filiales que distribuyen licencias de software desarrolladas en sus casas matrices, empresas de hardware que realizan también servicios informáticos y consultoras que implementan paquetes informáticos para bancos y grandes empresas (Chudnovsky, López y Melitsko, 2001).

El sector ha mostrado desde sus orígenes y hasta el fin de la convertibilidad una fuerte orientación hacia el mercado interno y una visible especialización en productos de software para la gestión empresarial. En relación al primer punto, Argentina se contrapone con otros países de «ingreso tardío» a la denominada Tercera Revolución Industrial, como India, Irlanda e Israel –los casos paradigmáticos de los años 90 en el sector software– que producen entre 4 y 10 veces más que Argentina y exportan más de tres cuartas partes de su producción, muy lejos del 3 por ciento que Argentina mostraba hacia el año 2000. Y muy lejos también de otros países latinoamericanos de menor desarrollo relativo como Uruguay y Costa Rica, que exportan más del 30 por ciento de la producción.

El ascenso relativo del sector a finales de la convertibilidad estaba más relacionado con ciertas contingencias específicas suyas a nivel mundial, que al desarrollo de capacidades innovativas propias. Como señala López:

Otro aspecto a destacar, que surge del trabajo de la Cepal sobre alrededor de 100 firmas del sector, es que el 65 por ciento de ellas fueron creadas después de 1990, siendo muy pocas las firmas fundadas antes de los años 80, fundamentalmente grandes firmas multinacionales de hardware y telecomunicaciones que proveían, además, software y servicios informáticos. En los noventa, el sector se caracterizaba por tratarse de ser dual, dominado por un pequeño número de empresas de gran tamaño, en su mayoría extranjeras, que comercializaban productos extranjeros y servicios informáticos a grandes clientes privados y públicos. Estas coexisten con un conjunto numeroso de empresas pequeñas de capital nacional, que se dedican al desarrollo de software local, como servicios informáticos que, básicamente, tiene como clientes a empresa Pymes sin un patrón de especialización claro; es decir, con un alto grado de diversidad de actividades, pero siempre, en mayor o menor medida, orientadas al software de gestión.

Con pequeños matices, esta caracterización seguirá en parte presente hasta la actualidad, con la salvedad de que surgieron posteriormente una gran cantidad de firmas pequeñas, al calor de la devaluación de la moneda, que se dedicaron al desarrollo y exportación de software gracias al diferencial de costos que, en términos internacionales, ofrece una mano de obra relativamente calificada con salarios bajos en dólares para la media del sector a nivel global.

La percepción de que Argentina contaba con ventajas para producir y exportar software estimuló que, desde el Estado, se buscara la manera de promover al sector con alguna medida de política industrial. Es así como comienzan a darse los primeros pasos para la sanción de la ley 25.922 de «Promoción de la Industria del Software».

Esta Ley se promulga a continuación de la ley 25.856 de diciembre de 2003, la cual asimilaba la producción de software a una actividad industrial, con el fin de que pudiese ser objeto de políticas de promoción industrial. Promulgada la ley de Promoción de la Industria del Software en agosto de 2004, unos años después, en julio de 2011, se va a prorrogar su vigencia hasta el año 2019, lo que evidencia la marcada inclinación del gobierno a desplegar políticas estatales favorables al desarrollo del sector.

Sin embargo, el trabajo no registrado y el empleo por cuenta propia bajo la figura del «monotributo» es muy importante para entender al sector. El empleo en negro se ha reducido del 26 al 9 por ciento entre 2004 y 2010, y se da sobre todo en las microempresas. Pero estas, a diferencia de otras ramas de la economía, pueden operar y competir exitosamente con las grandes y generar buenos empleos, pero no en grandes volúmenes, puesto que, como surge de estudios recientes, la mayoría de los trabajadores del sector lo hace en empresas más grandes. Buena parte de los empleados en estas microempresas están a título individual como empresas unipersonales, pagando el monotributo, por lo que su carácter asalariado se ve distorsionado. En los primeros años de la devaluación, ello no configuraba un gran problema, dada la alta demanda y los buenos salarios del sector, pero conforme esto se fue reduciendo, se produjeron fuertes tensiones que se expresan en la reciente formación de sindicatos para representar a los trabajadores. El 70 por ciento de los cuentapropistas pasó por la educación superior (tiene educación universitaria completa o incompleta); a diferencia de otros sectores, si bien el paso por la universidad es frecuente, la mayoría de los trabajadores no siente que debe finalizar la carrera universitaria para insertarse laboralmente (Míguez, 2011b). Como sabemos, las áreas de aplicaciones posibles del software son numerosísimas y el trabajo en las microempresas, aunque sea minoritario en términos cuantitativos, suele ser altamente calificado y vinculado a dinámicas diferentes a las del resto del sector

Desde un comienzo, la informática pasó del ámbito académico a mejorar los sistemas de información corporativos y luego la comunicación, primero entre los propios investigadores para posteriormente extenderse al resto de la sociedad. La diversidad de trabajos posibles hace que debamos establecer algunas áreas de referencia, que no agotan el amplio espectro de posibilidades, pero que delimitan buena parte de las tareas realizadas por los trabajadores informáticos.

En general, en el software existe un área de investigación básica y múltiples áreas donde se desarrollan diferentes aplicaciones. La primera se desarrolla en las universidades y también en instituciones de investigación de grandes firmas multinacionales o de grandes empresas de software. Estas actividades suelen estar concentradas en los países desarrollados, sobre todo en Estados Unidos, donde tienen sus casas matrices las grandes empresas y además existen las instituciones de estandarización.

Por su parte, las aplicaciones del software nos permiten delimitar amplias áreas de trabajo que podemos agrupar en las siguientes grandes categorías: desarrollo de software (a medida o paquetizado), desarrollo de videojuegos, infraestructura de software y la seguridad informática. El desarrollo de software es la escritura de líneas de código, instrucciones basadas en un lenguaje que hacen las aplicaciones puntuales como un sistema de facturación, un sistema de gestión, mantenimiento y mejoras funcionales. El software puede ser a medida del cliente o paquetizado, como sucede en empresas de todos los tamaños. El software a medida del cliente es el que requieren la mayor parte de las empresas; sin embargo, algunas firmas se especializan en la provisión de sistemas informáticos corporativos que permiten una administración del flujo de la información, con independencia de las singularidades del contexto institucional de cada país.

El desarrollo de videojuegos es un segmento muy singular de la producción de software que requiere gran creatividad y toma elementos cercanos a la llamada «industria del entretenimiento». En Argentina su desarrollo es reciente, pero crece aceleradamente. Los informáticos que trabajan en este rubro son muy pocos en términos comparativos con el resto del sector, pero presenta muchas diferencias con el desarrollo de software tradicional. Pero el software no se limita a estos sino que hay desarrollos singulares ligados a otros sectores como el industrial, las telecomunicaciones, la nanotecnología, la biotecnología, así como desarrollos singulares de contenidos de todo tipo, como páginas Web, software de simulación, etc.

También tenemos el trabajo de infraestructura de quienes se dedican a mantener los sistemas a nivel de los servidores, la seguridad de acceso físico y lógico, refrigeración, perfomance del hardware, es decir, más en relación con el hardware e infraestructura básica, servicios de mail, altas, bajas, modificaciones de usuarios. Relacionado con la infraestructura está la seguridad de los sistemas informáticos, sobre todo de las empresas del sector financiero.

La demanda de las empresas argentinas se concentra sobre todo en software de gestión, paquetizado o a medida. Pero también existen productos menos tradicionales como ciertos tipos de software especiales, así como otros productos destinados fundamentalmente a la exportación, como los videojuegos. En el caso de estos últimos, estamos ante una rama muy incipiente y orientada fundamentalmente al mercado externo.

Los gobiernos de la dictadura militar iniciada en 1964 estaban preocupados con el desarrollo tecnológico del país como estrategia de modernización e independencia. En diciembre de ese año fue creado el Serviço Federal de Processamento de dados (Serpro), para agilizar la administración pública y se convirtió, posteriormente, en la principal empresa estatal de producción de software y una de las mayores del país.

En ese período fueron apoyados proyectos en la Universidade de São Paulo (USP) y en la Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio), con apoyo de la Marina de Guerra interesada en nacionalizar los equipamientos de electrónica a bordo. En 1974 fue creada una empresa estatal para la fabricación de computadoras, la Cobra, utilizando los resultados del proyecto G-10, desarrollado por profesores de la USP y la PUC-Rio.

En 1976 comienza un segundo momento de esta historia, con la creación de una industria nacional y la creación de una «reserva de mercado», regulada en 1977 con la fundación en 1979 de una Secretaria Especial de Informática (SEI), controlada por los militares, y hecha efectiva por la Ley Federal nº 7.232/84, la cual estableció por ocho años un incentivo a la formación y especialización de cuadros para la transferencia y la producción de tecnologías de montaje microelectrónico, arquitectura de hardware, desarrollo de software básico y de soporte (Tauile,2001).

Dicha ley posibilitó la formación de grupos nacionales en la fabricación de hardware, los cuales se mantuvieron hasta la apertura económica de la década siguiente, protegidos de la competencia de los grupos internacionales, además de las variadas críticas y denuncias de formación de carteles, quiebras de patentes por esos grupos y obsolescencia tecnológica. Fuera de estas, fueron pocas las inversiones en el desarrollo de software. En 1986 fue fundada la Associação Brasileira das Empresas de Software y en 1987 fue promulgada la Ley Nº 7646/87, la primera Ley de Software. En 1991 fue aprobada la nueva ley de informática en el congreso nacional buscando atraer capitales extranjeros para el sector, pero fue dejada sin efecto en 1992, con el final del periodo previsto para la reserva del mercado (Tauile, 2001; Potengy e Castro, 2000).

Con la finalización del período de «reserva de mercado» la industria de hardware nacional prácticamente desapareció y se instalaron en el país empresas montadoras internacionales. La producción de software se volvió a dedicar a procesos de automatización bancaria y equipos de telecomunicaciones. Esto ha cambiado la capacidad técnica requerida, que se va a orientar ahora más decisivamente hacia la producción de software y procesamiento, con implicaciones en el empleo del sector (Bridi, 2014).

En 1993, dentro del Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade (PBQP) creado en 1990, fue conformado un subcomité para velar por la calidad del sector de software con la participación de empresas, gobierno y universidades. Dicho subcomité estaba orientado a incentivar el uso de herramientas, modelos y prácticas de gestión para volverlo competitivo interna y externamente. A partir de entonces, fueron realizadas investigaciones en el área que resultaron en medidas tales como la eliminación del SEI y el control por parte del Ministerio de Ciência e Tecnologia (Câmara dos Deputados do Brasil, 2007).

Con la apertura del mercado, el crecimiento del uso de los microcomputadores y la llegada de internet, el sector se fue dinamizando. En 1998 fue aprobada una nueva ley de software 9609/98, protegiendo a los autores y empresas que lo comercializaban y en 2004 paso a ser considerada prioritaria en el desarrollo industrial y de servicios (ABES- http://www.abessoftware.com.br/a-abes/historia ). 

En 2014, Brasil ascendió al octavo lugar en el mercado mundial del software y servicios, considerando apenas el mercado interno. El mercado mundial registraba un valor de 1.067 mil millones de dólares y Brasil poseía un mercado interno de 25,2 mil millones. En el ámbito latinoamericano, Brasil era el principal mercado seguido por México y Argentina (ABES, 2015).

La industria brasileña de software y servicios de tecnología de la información (IBSS) está compuesta por las siguientes actividades, utilizando la clasificación de CNAE (Clasificación Nacional de Actividades Económicas):

Los datos de Softex (Associação para Promoção da Excelência do Software Brasileiro) (2012) señalan que la mayoría de las empresas (cerca del 96 por ciento) emplean hasta 19 personas, siendo la media de 4 trabajadores por empresa, considerando las microempresas y empresas pequeñas con un único socio. Cerca del 3,3 por ciento emplean entre 20 y 99 empleados y, apenas un 0,4 por ciento, más de 100 empleados. Sin embargo, estas representan el 54,0 por ciento de las ganancias del sector y cerca del 44,6 por ciento del total de asalariados. Ellas son las llamadas «fabricas de software». Las demás, 96 por ciento, son pequeñas y medianas empresas distribuidas por todo el país, dirigidas a la producción de software paquetizado, por encomienda (Softex, 2012). En 2009, el número de personas ocupadas en el sector, entre socios y asalariados fue de 447.020. Ese número deja afuera a los llamados «servicios de terceros y personas jurídicas» (PJs), e incluyen un número en reducción, los trabajadores de cooperativas de trabajo, que pasaron de 7.232 en 2003 a 1.370 en 2009, en función de la mayor fiscalización de las secretarías de trabajo del Ministerio Publico del Trabajo sobre esas cooperativas. La tercerización es el procedimiento habitual en esas empresas como forma de reducción de costos.

Los números mencionados se refieren exclusivamente a las empresas de producción de servicios de tecnología de la información (TI). Otras empresas desarrollan software y servicios como actividades complementarias a las actividades principales, en el comercio, el agro, la industria y la administración pública, manteniendo sectores y departamentos específicos para esas actividades. Son las llamadas Nibss, donde N significa «no», «no industria de software y servicios». En 2010, esas empresas empleaban 364.249 trabajadores, lo que sumado a los trabajadores de las IBSS da un total de 811.269, una cifra aproximada dado que los datos se refieren a años diferentes (2009 y 2010).

Los trabajadores de software y servicios incluyen a las siguientes ocupaciones conforme la CBO (Clasificación Brasileña de Ocupaciones): directores de servicios de informática; gerentes de tecnología de información; ingenieros en computación; administradores de redes; sistemas de bancos de datos; analista de sistemas computacionales; técnicos de desarrollo de sistemas y aplicaciones; técnicos en operaciones y monitoreo de computadores; técnicos de telecomunicaciones; operadores de redes de teleprocesamiento y afines; operadores de equipos de entrada y transmisión de datos (Softex,2012:134).

La diversidad de formación de estos trabajadores puede ser vista a partir de la selección de cursos superiores considerados de interés para el sector. Además de las áreas consideradas el core, como Ciencias de la Computación, Ingenierías, Electrónica y Automatización, Procesamiento de Información (análisis de sistemas y procesamiento de datos), se dictan cursos de Técnicas Visuales y Producción Multimedia, Biblioteconomía Información y archivos, Matemática, Comunicación Social, Comercio y Administración, Contabilidad, Lingüística, Traducción, Economía, Derecho, entre otros (Softex, 2012).

La fuerza de trabajo de las IBSS es mayoritariamente joven. Cerca del 51 por ciento tiene entre 18 y 29 años de edad, y 42,4 por ciento entre 30 y 49 años. Apenas un 6,7 por ciento tiene 50 años o más, y generalmente ocupan cargos de dirección. Curiosamente, 0,2 por ciento son trabajadores de hasta 17 años lo que puede indicar la presencia de los «gênios de garaje» que son contratados a partir del desarrollo de aplicativos, juegos y otras actividades características. Esa generación «Y» está presente en todas las actividades del IBSS, lo que puede ser atribuido a su identificación como actividad con características vistas como positivas y, en cierta medida, generacionales, como innovación, flexibilidad y movilidad. No son mayoría en aquellas actividades que exigen mayor «seniority» o experiencia, como las consultorías, el tratamiento de datos, proveedores de servicios de aplicación y hospedaje en internet. Se destaca también la presencia de instituciones públicas en el tratamiento de datos, lo que explica la presencia de trabajadores, más estables, con más de 50 años.

En cuanto a la escolaridad, 25,6 por ciento de los trabajadores tenían hasta el nivel medio completo y el 22 por ciento el superior incompleto. Cerca del 51,7 por ciento tenía finalizada la enseñanza superior y 0,6 por ciento eran posgraduados. Estos porcentajes indican trabajadores altamente escolarizados, sin embargo no necesariamente con enseñanza superior, dado que el 47 por ciento estaba por debajo de esa titulación. De cualquier forma, los trabajadores con enseñanza superior son mayoritarios en casi todas las empresas dirigidas al software a medida, software no paquetizable, consultoría en TI, y soporte técnico. Los trabajadores con enseñanza superior incompleta eran mayoría en la reparación de computadoras y periféricos, 68,1 por ciento (siendo 45,8 por ciento con enseñanza media); portales, proveedores de contenido, 55,2 por ciento tratamiento de datos, proveedores de servicios de aplicación en la internet, 59,8 por ciento; y software paquetizable, 54,5 por ciento. Los trabajadores ocupados en la Nbiss siguen esos mismos porcentajes con pequeñas variaciones.

La rotación de esos trabajadores es alta (31,5 por ciento), perdiendo apenas con el sector de la construcción civil. La rotación es mayor en las pequeñas empresas. Considerando el período 2007-2009, el porcentaje fue del 99,4 por ciento entre las empresas con hasta cuatro empleados, siendo que disminuye, sin embargo, con una media bien alta, conforme el tamaño de las empresas: 40,2 por ciento de las empresa de 5 a 99 empleados y el 30,7 por ciento de las empresas con más de 100 empleados. Esta rotación es atribuida al crecimiento del mercado en el período, por la competencia entre empresas, por la atracción del sector público, por el emprendimiento presente en el sector y por la tendencia de esos trabajadores a buscar abrir su propia empresa (Softex, 2012:294).

Vale insistir que estos datos se refieren a trabajadores formales, asalariados, sin considerar el porcentaje de PJs y otros vínculos que no fueron captados por la investigación de Softex, principalmente en las pequeñas empresas.

Los sectores relacionados con el software y el hardware en Argentina y Brasil datan del período desarrollista. Mientras que en Argentina tuvo un desarrollo inicial débil con el origen de la Sadio, no va a ser hasta los años ochenta cuando comienza a tener cierta visibilidad. En 1982 surge la Cámara de Empresas de Software (que en 1990 será la Cessi) y en 1984 se crea la Comisión Nacional de Informática, en el marco de la cual se celebran numerosos acuerdos de transferencia de tecnología con empresas transnacionales. También en 1985 se crea la Eslai y se establecen acuerdos de colaboración con Brasil, pero el sector recién en 1990 comienza a tener cierta relevancia con la creación de la Cessi. En Brasil, en cambio, muy tempranamente el gobierno militar crea en 1964 la Serpro, el Servicio Federal de procesamiento de Datos e intenta dar protección al sector para que produzca hardware. En 1974 una empresa estatal fabrica la computadora Cobra así como la SEI, controlada por los militares. En 1986 se crea la asociaron brasilera de Empresas y al año siguiente se promulga la primera Ley de Software en Brasil.

Se trata de los dos países que hicieron algún esfuerzo en esa dirección en Sudamérica e, incluyendo a México, en toda América Latina. Sin embargo, sólo Brasil alcanzó a producir hardware propio basado en una industria nacional, lo que se fue haciendo más difícil con el final del período de protección en 1992.

Coincidiendo con el avance del desarrollo de software en el mundo, en la década de 1990 se produce el despegue definitivo del sector en Brasil, mientras que en Argentina ello deberá esperar a los años 2000, cuando el avance de las calificaciones laborales presentes en los trabajadores del sector se combine con una moneda local devaluada y se presenten oportunidades de exportación significativas. Entre 1987 y 1998, se sancionaron en Brasil tres leyes de software mientras que en Argentina recién en 2003 se promulga una ley que la va a considerar una actividad industrial y en 2004 se sanciona la primera ley de software, que va a ser sucesivamente renovada.

La diferencia entre el tamaño del sector en ambos países es significativa ya que en el caso de Argentina alcanzaba en 2011 los 38.000 empleados mientras que en Brasil superaba el millón de trabajadores. En ambos casos quedan sin incluir trabajadores que lo hacen en el marco de una relación laboral encubierta, bajo el régimen del Monotributo en Argentina o de los PJs en Brasil.

Considerando los trabajos registrados se encuentra una similitud importante en cuanto al porcentaje total de trabajadores que lo hacen en empresas grandes. En 2011 en Argentina, el 66 por ciento de los trabajadores se desempeñaban en empresas de más de 40 empleados, mientras que, en Brasil, el porcentaje de trabajadores en las llamadas fábricas de software alcanza el 50 por ciento del total. Con la salvedad de que estas grandes empresas representan en Brasil apenas el 0,4 por ciento del total, siendo el 96 por ciento de ellas empresas de menos de 19 trabajadores.

En Brasil, el 70 por ciento de los trabajadores están registrados, mientras que en Argentina se está avanzando en la formalización, al mismo tiempo que la tercerización impone lógicas formalmente legales, pero que no reflejan la situación real de trabajo como el caso de los trabajadores obligados a facturar como monotributistas.

En suma, se trata de dos países latinoamericanos donde el sector ha tomado cierta relevancia a pesar de que en Brasil se trata del octavo mercado de software en el mundo, con un número creciente de trabajadores, que suman más de tres millones si consideramos el sector informático como un todo (software, hardware, mantenimiento y reparación) (Bridi, 2014). En el caso de Argentina buena parte del software tiene como destino la exportación, que pasó del 3 al 27 por ciento del total de ventas entre los años 2000 y 2011 siendo el 10º exportador mundial en 2009 (Gasjt, 2012), mientras que en Brasil se centra en el consumo interno.

La relevancia del desarrollo de software consiste justamente en que no requiere necesariamente una trayectoria industrial previa como condición necesaria para el despegue. Por más que buscamos afirmar que este nuevo sector repite las condiciones inherentes al modo de producción capitalista, en el sentido de la explotación del trabajo y la subordinación del trabajador, los datos empíricos muestran un conjunto de situaciones diferenciadas que exigen una reflexión sobre los cambios en el mundo del trabajo. Esos cambios exigen que analicemos los nuevos sectores de empleo y ocupación a partir de su especificidad. Flexible en su constitución, el trabajo informacional, de desarrollo de software principalmente, presenta características que lo distinguen del trabajo fabril y de los servicios, aunque usemos el término «fabrica de software» (Castillo, 2007) para definir la producción y el trabajo en las grandes empresas y sus tentativas de estandarización.

Esa flexibilidad no se refleja solamente en las jornadas de trabajo, sino también en estas en virtud del vínculo que ese trabajador posea. Cambios de horarios pre-establecidos, exigencias de finalización de proyectos en tiempos determinados, pretendida autonomía del home office, donde el trabajador «elige» cómo y cuándo trabajar. El registro de procedimientos o su tentativa, funcionan aquí como control de calidad y del tiempo que el trabajador necesita para ejecutar proyectos.

Ese trabajo es flexible también en su formación. Si observamos la escolarización, en el área de computación no se limita a ella, permitiendo la entrada de especialistas con dominio en lenguajes vinculados a programas, juegos y actividades afines. Para estos, la formación escolar funciona como el complemento de un conocimiento adquirido desde la infancia en la utilización de aparatos con tecnologías digitales. Flexibles también con relación al aprendizaje propiciado por las redes de computadoras, fuente de elaboración de software abiertos que son apropiados libremente por personas y empresas que los utilizan, al mismo tiempo que después los desarrollan para la utilización privada. Las comunidades virtuales funcionan no solo como intercambio de información y aprendizaje sino también para el intercambio de informaciones sobre el mercado y condiciones de trabajo y salarios, siendo que las asociaciones virtuales funcionan como sindicatos igualmente virtuales, a pesar de que estos existan (Izerrougene, 2010)

Tenemos creatividad, innovación y subordinación por parte de esos trabajadores, señal de un patrón especifico y de un mercado de trabajo competitivo y fragmentado, en el que pesan las grandes corporaciones multinacionales. Las empresas y polos digitales se desparraman por todo el país acompañando la dimensión de informalización de toda la sociedad.

Brasil se hace difícil hablar, sin embargo, de «precarización» de las relaciones de trabajo, pues no se observa un proceso de pérdida de derechos adquiridos. Nos referimos a la intensificación del trabajo, la fragilidad de los vínculos laborales, en tanto la mayoría de los trabajadores del sector poseen contratos regulares, existiendo varios proyectos de ley buscando una mayor regularización de los contratos de trabajo. Sin embargo, en Argentina es más notoria la precariedad del vínculo cuando se reemplaza, generalmente de manera fraudulenta, el vínculo laboral por uno comercial, como es el del caso de los trabajadores monotributistas.

La inmaterialidad de esa producción, su dependencia del trabajo vivo, coloca numerosas preguntas que actualizan el debate sobre el trabajo, sobre la noción de valor trabajo, vinculada a los tiempos necesarios para su realización, al grado de alienación del trabajador y a sus posibilidades de resistencia; en otros términos, a las formas de subordinación del trabajo cognitivo o creativo, a la lógica capitalista.