Resumen
 
En los últimos años, en la Amazonia se observa un conjunto de estrategias que ponen de manifiesto un creciente interésen el agua como recurso estratégico; es decir, como un«bien económico» de explotación por diversos mercados y para usos múltiples. Bajo una perspectiva geopolítica o de poder político, estas transformaciones en torno al agua implican disputas entre diferentes agentes para ampliar su lugar y posición en el mercado, a partir de los criterios que (re) definen una jerarquía de producción de mercancías. Este texto discute los procesos de cambio referidos en los planos gubernamentales como «corredores de desarrollo», centrándonos en la Amazonia de Brasil, en el área de frontera entre Bolivia y Colombia. Con especial interés en comprender en qué medida y en qué condiciones se genera un mercado del agua, examinamos la política del agua Brasileña y establecemos conexiones entre esa política y la objetivación de la crisis del agua, y el interés de las corporaciones internacionales en el agua como «nuevo recurso económico», en un contexto de tensiones y movilizaciones en defensa de los «bienes comunes».
 
Palabras clave: Hidroeléctricas / Políticas de agua / Fronteras transnacionales/ Mercado del agua / «Bienes comunes y poblaciones tradicionales»
 
Abstract
 
From a geopolitical and /or political power perspective, the following has been observed over the last few years in the Amazonia: a set of strategies that bring to light a growing interest in water as a strategic resource of exploitation by  different markets and for numerous uses, that is to say, as a «major economic asset» in dispute to expand its place and position in the market and/or in the criteria that define a hierarchy in the production of goods. This paper discusses the processes of change referred to as «development corridors» at the governmental levels, focusing on the Brazilian Amazon, in the area of the border between Bolivia and Colombia. With special interest in understanding the extent to which and in what conditions a water market is generated, we examine Brazilian water policy and establish connections between that policy and the objectification of the water crisis and the interest of international corporations in water as «New economic resource», in a
context of tensions and mobilizations in defense of the «common goods».
 
Key words : Hydroelectric / Power Stations / Water policies / Transnational Frontiers / Market Water / «Commun Goods and Tradicional Populations»
 
* La primera versión de este trabajo fue presentada en el GT III «Grandes Projetos hidrelétricos e minerais na América Latina» en el Seminario Internacional América Latina (Sialat 2015): «Política e Conflitos contemporâneos», celebrado en noviembre de 2015 en Belém/Pa (Brasil).
 
 
Introducción
 
A partir de una perspectiva geopolítica o de poder político, los acontecimientos ocurridos en los últimos años en la Amazonia sobre el uso de los recursos naturales, especialmente el agua, revelan un creciente interés en esta como recurso estratégico de explotación por diversos mercados y para usos múltiples. Se trata de un conjunto de estrategias que ponen de manifiesto el agua como «bien económico» –disputado por diversos agentes que buscan ampliar su lugar y posición en el mercado– y, al mismo tiempo, (re) definen lo que delimita una jerarquía de producción de mercancías.
 
Se percibe la tentativa de «consagrar» un modelo de economía de mercado que expresa continuidades ligadas a las directrices de los organismos internacionales (Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo y Fondo Monetario Internacional) y de los gobiernos de los «países en desarrollo de América Latina», en la revisión de los avances económicos. Pero, también, pone en escena ciertas discontinuidades en la comparación con el modelo desarrollista anterior: mayor grado de liberalización de la economía de esos países, con un foco especial en la privatización de los recursos naturales y estratégicos, así como en la percepción que tienen las élites políticas al respecto, como si fuese un modelo «más estable», «liberal» y, por extensión, «más abierto».
 
En este contexto, se ha ido implementando una «política de privatización» por parte del gobierno municipal de Manaos, Estado de Amazonas –en el norte de Brasil–, con el objetivo de reducir la presión en torno al presupuesto del gobierno. Esto, tanto a corto plazo, debido a los ingresos que derivan de la venta de la empresa estatal, como a largo plazo, ya que el gobierno deja de financiar la necesaria inversión de ciertos emprendimientos.
 
Uno de los presupuestos, que se desprenden de esta política, es la idea de que la actividad empresarial privada lleva a cabo una gestión más eficaz que la que llevan a cabo las empresas estatales. Este es el caso de la privatización de los servicios de agua en Manaos, Brasil.
 
Cabe destacar, sobre las políticas actuales, los estudios hechos sobre la IniciativaInternacional de Integración Regional (Iirsa) junto con las políticas nacionales sobre la infraestructura de carreteras y puertos. En este sentido, es revelador el estudio de caso sobre Colombia, coordinado por Flórez (2007), titulado Selva Abierta: Vía Pasto-Mocoa e Hidrovía del Putumayo –el cual es expresión de la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional–, especialmente la Sección I, dónde se examina la procedencia de la Iirsa. Desde otra mirada, es significativo el trabajo titulado Megaprojetos e novos territórios do capital: Infraestructura de transporte e portuária na Amazônia (Castro, 2014), el cual realiza un análisis crítico de los planes y acciones de las políticas portuarias en la Amazonia, especialmente las de infraestructura, y las conexiones con los «Megaproyectos», además de abordar los efectos que ello genera en las poblaciones amazónicas.
 
Los indígenas, campesinos y otras poblaciones tradicionales, así como determinadas organizaciones sociales, ven limitados, cada vez más, sus derechos como sujetos políticos colectivos y, por retruque, su consideración sobre la construcción de las políticas públicas nacionales y programas para la gestión de los recursos hídricos. También son marginados en la toma de decisiones, aún sabiendo que estas poblaciones (o agentes) pueden aportar conocimientos gracias al uso común que hacen de sus recursos, con base en un legado histórico reflejado en sus acciones y en sus formas administrativas locales.
 
Un considerable número de autores, con diferentes perspectivas, ha realizado estudios que abordan los conflictos, «los desplazamientos forzados»1 y la violación de derechos de poblaciones tradicionales que acompañan la implantación de grandes obras, como las que ocurren en torno al agua. Entre otros autores destacamos Santos y M. Andrade (1988), Almeida (1996), Magalhães (1996), Viveiros y Andrade (1988), Castro (2003, 2007, 2012), Catullo (2006), Fearnside (2009, 2011) y Berman (2013, 2014). ¿A quién interesa el cuidado del agua como recurso natural?, ¿qué hay del agua como bien común? Estas son algunas de las preguntas que se desprenden de los estudios de dichos autores.
 
Este texto discute los procesos de cambio referidos en los planos gubernamentales como «corredores de desarrollo», centrándonos especialmente en la Amazonia de Brasil, en el área de frontera entre Bolivia y Colombia. Con interés especial por comprender en qué medida y en qué condiciones se genera un «mercado del agua», examinamos la política del agua Brasileña y los planes de expansión energética, estableciendo conexiones entre esa política y la objetivación de la crisis del agua, y el interés de las corporaciones internacionales en esta como «nuevo recurso económico». El marco de tensiones y movilizaciones, en defensa de los «bienes comunes», es parte y efecto de la política del agua y de la implementación de grandes obras y emprendimientos hidroeléctricos resultantes de la misma. En este sentido, abordamos algunos aspectos sobre los conflictos provocados por la tensión entre el «uso colectivo» (léase también público) y el uso privado de este recurso.
 
Considerando que el agua es un recurso natural, indispensable para la vida y el desarrollo de la nación, los gobiernos de los países implicados tienen como deber generar, a través de la implementación de políticas, prácticas de manejo sostenible, adecuado, determinante y en equilibrio con los ecosistemas acuáticos. En el contexto de la globalización, este asunto está despertando interés en el campo de la economía, como un instrumento principal para el mercantilismo del agua, en especial los servicios públicos de «abastecimiento de agua», «derechos de agua», «venta de agua», «comercio global del agua» (entiéndase también agua como «recurso natural»). De estos servicios se benefician las ciudades de la triple frontera Tabatinga, en Brasil, Santa Rosa, en Perú y Leticia, en Colombia.
 
Nuestra propuesta analítica –análisis de la política del agua o del campo de la política del agua, que incluye intereses de corporaciones internacionales– busca comprender, no solo las acciones y estrategias relacionadas con el acceso al agua como recurso natural y los efectos o tensiones que implica la puesta en práctica de esas políticas, sino también las condiciones que favorecen el comercio o mercado del agua. Está fuera del alcance de este trabajo hacer un análisis etnográfico de las movilizaciones o situaciones de conflicto generadas como parte y resultado de la implementación de esas políticas; no obstante, abordamos ejemplos significativos de las mismas.
 
Desde esta perspectiva, se intenta enfocar la idea de Estado (o de administración pública) a partir de las relaciones entre los agentes en los lugares sociales, entendiendo estos no desde el punto de vista geográfico, sino como espacios sociales, conforme afirma Bourdieu (1982, 1989, 1997), donde las formas jerárquicas, así como las prácticas que las sustentan, se construyen y se mueven. Ampliando esta línea de argumentación, son pertinentes las indicaciones de Veena Das y Deborah Poole (2004), cuando mencionan que los procesos reales de la sociedad son percibidos en la perspectiva invertida, sugiriendo etnografías como recurso teórico de entendimiento de la vida social en los márgenes del Estado.
 
En última instancia, se trata de comprender las bases de la producción de intereses gubernamentales y privados, y de la construcción de grandes obras de infraestructura, en particular del sector eléctrico, así como la emergencia (o generación) de nuevas situaciones de fuerza o conflictos que involucran actores locales. Un claro ejemplo de ello es el caso de las hidroeléctricas proyectadas en Brasil, particularmente en la Panamazonia y las diferentes expresiones de protestas e indignación por parte de movimientos sociales, indígenas, organizaciones e investigadores que emergen en el proceso de viabilización de los emprendimientos hidroeléctricos. Los procesos de decisión, relativos a estas obras, ponen en evidencia diferentes condicionantes (o condiciones) que facilitan la puesta en escena de un debate sobre los diversos desafíos entrelazados que las sociedades democráticas enfrentan.
 
Apoyada sobretodo en Elias (1994) y Bourdieu y Wacquant (2005), la perspectiva propuesta busca también contribuir al estudio de estos procesos relativizando o, mejor aún, cuestionando las denominadas dimensiones «objetivas» y «subjetivas» (subjetividades) de las prácticas. En la misma línea, utilizamos la noción de campo, propuesta por Bourdieu (1989), para comparar situaciones e interpretaciones de los actores sobre la composición y la dinámica de los agentes sociales en el campo.
 
Se trata, por tanto, de poner en el debate el proceso de toma de decisiones en proyectos de esta magnitud, actualmente caracterizados por la sumisión a la voluntad política de los gobiernos y al monopolio de élites burocráticas y económicas. Y, al mismo tiempo, se trata de colocar en confrontación, entre otros, saberes de las élites científicas con demás saberes, o entre prácticas políticas de la administración y las entidades sociales. En última instancia, se quiere poner en escena mecanismos para la construcción de un espacio público de confrontación entre especialistas y legos, políticos y ciudadanos.
 
Políticas e intervención en el territorio: la Iirsa y los planos nacionales
 
La Iirsa emerge de intereses pautados por un modelo desarrollista,2 articulados estos desde los años noventa, para proyectar acuerdos de colaboración que buscan abrir nuevas fronteras económicas –para la explotación minera y el agro negocio– y viabilizar el tránsito de mercancías en dirección a mercados internacionales. La intervención del proyecto Iirsa está siendo desarrollada en Brasil, Bolivia y Colombia en varios ejes, como lo analiza Castro (2010, 2012). Nos referimos al caso de la carretera San Francisco-Mocoa, que afecta la biodiversidad y los ecosistemas, el cual procura comunicar Colombia con Brasil, uniendo de forma múltiple los océanos Pacífico y Atlántico.
 
En este contexto, sociedades indígenas del Alto y Bajo Putumayo, en Colombia,entraron en disputa con el Instituto Nacional de Vías (Invias), la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia (Corpoamazonia) y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS), reclamando sus derechos al auto-gobierno y a la libre determinación, ante la pérdida de biodiversidad y el desconocimiento de sus formas de vida, cosmovisión y derecho a la consulta previa (Convenio OIT 169, ratificado por la Ley 21 de 1991).
 
Estas movilizaciones son, entre otras, expresiones significativas, conexas al papel relevante que juegan los movimientos sociales por posicionarse contra la explotación privada de los recursos naturales, como en el caso del agua, y contra la negación de derechos sociales de los pueblos y del medio ambiente. El mencionado proyecto de infraestructura permitirá la conexión terrestre entre Tumaco, Pasto, Mocoa y Puerto Asís; de seguidas la conexión fluvial por los ríos Putumayo y Amazonas hasta llegar a Belém de Pará. En las proximidades a dicha carretera, viven comunidades indígenas y campesinas, y, además, existe la Reserva Forestal Protectora de la Cuenca Alta del Río Mocoa. Como medida para mitigar el impacto del proyecto fueron elaborados el Plan Básico de Manejo Ambiental y Social, y otros programas. No obstante, conforme indica Castro (2009), sigue siendo una amenaza para los recursos naturales de la región.
 
Bolivia participa en cuatro de los 10 ejes y en nueve de los 40 Proyectos Ancla identificados, y avanza en cinco proyectos: «Carretera Guayaramerín-Riberalta-Yucumo-La Paz/ Puente binacional Guayaramerín»; «Carretera Cañada Oruro-Villamontes-Tarija-Estación Abaroa»; «Carretera Pailón-San José-Puerto Suárez»; «Carretera Toledo-Pisiga» y «Rehabilitación tramo El Sillar».3 En este contexto, crece la preocupación de algunos grupos sociales, no sólo porque los impactos ambientales serán desmedidos, sino también por las implicaciones del proyecto en el incremento de la deuda del país, ya que su puesta en práctica pasa por la obtención de dinero a través de préstamos de la Corporación Andina de Fomento (CAF) y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
 
En la misma línea, la preocupación se mantiene en las organizaciones sociales e indígenas, las cuales no cesan de cuestionar estas y otras arremetidas de las decisiones del gobierno boliviano. El primer Eje del Río Amazonas forma un territorio que se extiende a lo largo del sistema «multimodal» de transporte, que conecta determinados puertos del Pacífico –como Tumaco en Colombia, Esmeraldas en Ecuador y Paita en Perú– a los puertos brasileños de las ciudades de Manaos, Belém y Macapá/Santana. En estas últimas, la adecuación de la estructura portuaria está en fase avanzada y los ajustes tecnológicos y la gestión del trabajo fueron acompañados de reclamos por parte de los trabajadores, en razón del desempleo y la precariedad de sus condiciones laborales. Con ese eje se pretendeconcretar la «unión bioceánica» a través de los ríos Huallaga, Marañón, Ucayali y Amazonas en Perú; Putumayo y Napo en Ecuador; Putumayo en Colombia; e Içá, Solimões y Amazonas en Brasil. Son más de 6 mil kilómetros de vías navegables, además de los puertos fluviales de El Carmen en la frontera entre Ecuador y Colombia, Güeppí en la frontera de Perú, Ecuador y Colombia, y Sarameriza y Yurimaguas en Perú.
 
El segundo, es el Eje Escudo de las Guyanas definido, según el discurso oficial de la
Iirsa, por sus riquezas naturales (madera, biodiversidad, potencial para energía hidráulica, bauxita, oro, hierro, hidrocarburos), además de las cualidades del suelo que podrían ser aprovechables para ampliar la producción y transporte de la soja, y una enorme oportunidad exportadora hacia los países asiáticos (Iirsa, 2004). Se trata de una gran área de intervención o, mejor, una «región objeto», parafraseando la concepción adoptada por Santos (1994).
 
Finalmente, el Eje Perú-Brasil-Bolivia enlaza vías existentes y potencia la comunicación a través de otras. La Iirsa se propone establecer la articulación en redes técnicas de comunicación, incluyendo vías principales, secundarias, puertos, aeropuertos y transporte terrestre-fluvial. Este eje se integra en red a los demás nodos y polos de dinamización de las relaciones entre los países. De esta forma, se favorece la articulación de los diferentes puntos (o nodos) de la red, formada por carreteras, aeropuertos y puertos. Cabe destacar que las ciudades representan puntos de apoyo avanzado en las redes de las fronteras que unen los países del eje y constituyen puntos especializados de intercambio de bienes y servicios.
 
Este «nuevo» proceso de ocupación del territorio Amazónico, ligado a la reanudación de la expansión del sector hidroeléctrico en la Amazonia, se sustenta en nuevas bases institucionales resultantes del reciente marco legal de 2004.4 Esta nueva normativa guarda estrecha relación con el anterior modelo desarrollista de apropiación de los recursos territoriales,5 al atribuir garantía jurídica a los grandes emprendimientos o empresas trasnacionales.
 
El modelo desarrollista del proceso de privatización y mercantilización, que orienta esas nuevas bases institucionales, se enfoca particularmente sobre los recursos naturales y estratégicos, mientras que la primera generación del proceso de privatización se orientó sobre los activos del Estado y la segunda sobre los servicios (Castro Soto, 2005).La hidroeléctrica de Santo Antonio y Jirau (el denominado Complejo Madeira), en el río Madeira, son ejemplos relevantes de esas nuevas bases institucionales o de la orientación del proceso de privatización sobre los recursos naturales y estratégicos en el marco del modelo neoliberal. Su proceso decisorio enfatiza la capacidad de los proyectos hidroeléctricos de promover el desarrollo regional y superar el atraso (Rossi Allan et al, 2013).
 
Como veremos posteriormente, a través de los Planes de expansión energética, la región Amazónica pasa a ser caracterizada como yacimiento energético. De momento nos interesa subrayar que, a través de la definición de derechos de propiedad, las políticas llevadas a cabo en Brasil para fortalecer el Sistema de Gerenciamiento de Recursos Hídricos con el fin de impulsar la economía brasileña implican, en un contexto de disputas, un mayor grado de equilibrio inestable (o tensiones) en la correlación de fuerzas entre agentes que priorizan lo privado y lo publico. Como manifestación de estas tensiones parece revelador el trabajo de Edna Castro y Gabriela Rodriguez (2004).
 
Las autoras, a partir de un estudio de caso, abordan las movilizaciones de las mujeres en Altamira (Xingú) en defensa del agua como un bien colectivo y un derecho humano, en un contexto de grandes tensiones relacionadas con el desarrollo de las obras de la Hidroeléctrica Belo Monte en el rio Xingu y las políticas de privatización. Según sus argumentos,«acuerdos comerciales de negociación en la Organización Mundial del Comercio (OMC) y las orientaciones macro-económicas emanadas del FMI continúan impulsando a los países endeudados a profundizar en las políticas de privatización» (Castro y Rogriguez, 2004: 8). En muchas situaciones, como en el caso de Altamira, esto implicó el encarecimiento y la mala prestación del servicio de abastecimiento de agua, lo que, unido al incremento del valor monetario y a la demanda creciente por parte de capitales privados nacionales y extranjeros, generaron diferentes situaciones de conflicto.
 
En el marco de acuerdos o políticas internacionales entre Brasil y Colombia, así como con otros países de América del Sur, es notoria la existencia de muchos tratados suscritos sobre el uso de los recursos hídricos, los cuales han dado origen a la creación de diferentes comisiones con el fin de desarrollar una agenda bilateral. Indicamos, entre otras, la Comisión Bilateral Colombia-Brasil de 2009, a través de la cual se fija un espacio de coordinación y diálogo político de «alto nivel»; la Comisión de Vecindad e Integración de 2012; la Comisión Mixta Cultural y Deportiva, que es el convenio más antiguo de intercambio cultural, creado en 1963; la Comisión Bilateral Fronteriza; la Comisión de los Hitos Fronterizos; la Comisión Mixta para la Prevención, Control y Reprensión del Tráfico ilícito de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas (Ministerio de las Relaciones Exteriores, 2014:35). Ampliando esta línea de argumentación, los temas más recientes encontrados en la agenda bilateral tratan sobre el desarrollo social en la región fronteriza, la conservación de la cuenca amazónica, los intercambios y experiencias culturales y artísticas, la seguridad alimentaria y la seguridad y defensa nacional. No obstante, no hay nada en profundidad sobre la conservación de cuencas hidrográficas, ni tampoco sobre el abastecimiento de agua potable en la frontera, aún siendo considerado por las poblaciones que habitan en esos territorios uno de los mayores problemas que enfrentan cotidianamente.
 
No podemos dejar de mencionar que la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA), así como el Mercado Común del Sur (Mercosur),6 del cual forman parte Brasil y Colombia desde 2004 como «Estados Asociados», no tienen convenios de políticas especiales en el tema de abastecimiento de agua potable. Manejan temas como la conservación de los recursos hídricos, pero, en la práctica, en el área fronteriza aún falta consolidar este aspecto. Aún así, Brasil, en cierta medida, considera la propuesta de Estrategia Común entre estos países, a través del Plan Nacional de Recursos Hídricos (PNRH), que incluye proyectos «transfronterizos» sobre la implementación de prácticas de gerenciamiento integrado de las cuencas hidrográficas compartidas.
 
Notas sobre el campo de la política brasileña del agua y los nuevos usos de los ríos para la energía hidroeléctrica
 
Está fuera del alcance de este trabajo hacer un análisis en profundidad del campo de la
política pública brasileña del agua (Ley 9.433 de 1997), sus instrumentos y las normas que la regulan y la proyectan, especialmente: la Constitución de la República Federativa de Brasil (1988); el Código de Agua; el PNRH; la Política Estatal de Recursos Hídricos –Ley 2.712 de 2001– (Amazonas 2001); los Instrumentos de la Política Estatal de Recursos Hídricos; la política de abastecimiento de agua potable en el Estado del Amazonas; el abastecimiento del agua como Objetivo de Desarrollo del Milenio; el papel de la Agencia Reguladora de Saneamiento Básico y agua potable; y algunas discusiones sobre desarrollo sostenible, agua y medio ambiente, sus efectos y las relaciones allí implicadas entre sociedad y Estado.
 
Para los objetivos aquí descritos, indicamos ciertos aspectos del campo del agua, particularmente los relacionados con su normativa, que ayudan a comprender (y revelar) en que medida el retroceso normativo del agua en Brasil está vinculado con el aumento de la denominada crisis mundial de abastecimiento del agua. Se trata, también, de un contexto de disputa nacional e internacional entre lo público y lo privado, y, por extensión, entre fuerzas que priorizan un modelo que se apoya en la idea racionalista y economicista de, los «recurso naturales», sobre las que se apoyan en la idea de los «bienes comunes», que toman como base el supuesto equilibrio de esos bienes, (re) tomados como legado de los pueblos indígenas o poblaciones tradicionales.
 
La actual política del agua prepara el terreno para la iniciativa privada y las llamadas alianzas público-privadas, dándole un rol central al capital extranjero. Hay que especificar que entendemos las políticas (o administración pública) como un juego de poder político, un campo estructurado de relaciones objetivas entre posiciones de fuerzas, que subyace y guía las diferentes estrategias a través de las cuales los ocupantes de dichas posiciones buscan, individual o colectivamente, salvaguardar o mejorar su posición, e imponer los principios de jerarquización más favorables a sus propios beneficios (Bourdieu y Wacquant, 2005). En este caso, un campo estructurado institucionalmente en el Código de Aguas de 1934 y que ha sido ampliamente influenciado por diversas temáticas internacionales, ligadas al desarrollo y al medio ambiente, discutidas principalmente a partir de la décadade los setenta.
 
Pero la utilización del agua, incluso antes del Código del agua, se realizaba a través de una concesión, que se refiere al permiso que otorga la autoridad ambiental para el uso y aprovechamiento del agua a ser utilizada en diversas actividades. Según Rebouça (2006), el agua es un elemento natural, sin compromisos con cualquier uso o utilización. Mientras
que el recurso hídrico es el agua como bien económico, responsable de su utilización con fines aprovechables. Ambos términos se encuentran en las leyes y en las declaraciones técnicas o doctrinarias. No obstante, hay un sentido común general atribuido a ambos términos que tiende a comprenderlos y definirlos como sinónimos.
 
Siguiendo esta línea, la concesión implica, también, atribuir su comercialización a diferentes empresas o corporaciones nacionales e internacionales. Este privilegio olvida diversas expresiones o movilizaciones por parte de diferentes agentes (o sujetos políticos).
 
Por ejemplo, las sociedades indígenas o poblaciones denominadas tradicionales (como extractores de caucho, riberiños, quilombolas), que viven en el Amazonas, perciben el agua como fuente «sagrada» y, por prolongación, su existencia y «suministro» como una obligación de preservar la vida y de allí, la defensa del territorio. Para ampliar este argumento es oportuno indicar aquí el estudio de José Seoane, titulado Movimientos Sociales y Recursos Naturales en América Latina: resistencias al neoliberalismo, configuración de alternativas. El autor menciona que la experiencia de los movimientos, en su confrontación con la racionalidad economicista y productivista, ha implicado la crítica al concepto de «recursos naturales» que deriva de esa racionalidad y la nominación de los mismos como «bienes comunes» (Seoane, 2006: 93).
 
El Código de Agua, creado a través del Decreto nº 24.643 del 10 de julio de 1934, fue la primera ley en regular las líneas generales para el aprovechamiento industrial de las aguas; de manera especial el aprovechamiento y explotación de fuentes hidráulicas. En su artículo 34, dicho código establece el elemento líquido, incluso cuando no hay beneficio económico o utilidad, para casos de uso de primera necesidade (o básicas). Además, en su título I las consideraba como «aguas comunes de todos»; titulo II «aprovechamiento de las aguas públicas», «abastecimiento de las poblaciones». Seguido del libro III, título I, capítulo I «energía hidráulica aprovechamiento de la industria eléctrica». Estas diferentes actividades, instituidas en ese código, fueron y continúan siendo realizadas a través de autorizaciones, permisos, concesiones que contribuyen a naturalizar el agua como un gran negocio.
 
Por otro lado, no está de más saber que la consecusión de energía hidráulica por medio de la construcción de grandes represas, que alteran el curso normal del río para formar depósitos (reservatorios) con suficiente desnivel, genera emisiones de gases y efecto invernadero y metano que contaminan el medio ambiente y, al mismo tiempo, provocan grandes pérdidas de especies acuáticas (Fearnside, 2009, 2013 ). Philipe Fearnside en otro trabajo, titulado Gases de efeito Estufa no EIA-RIMA da Hidrelétrica de Belo Monte, caracteriza a esas emisiones generadas por el emprendimiento hidroeléctrico, como «con 25 veces más de impacto sobre el calentamiento global por tonelada de gas de lo que tiene el gas carbónico» (Fearnside, 2011: 9), sin olvidar las generadas por el uso humano, las de las industrias, la agricultura, alimentos etc.
 
En esta normativa vigente sobre el agua, como veremos enseguida, percibimos un gran retroceso en lo relativo a la preservación y conservación del ambiente y de los ecosistemas. Para ampliar esta línea de argumentación, son pertinentes las formulaciones de Vandana Shiva (2007) al indicar que «las culturas del agua y no de la naturaleza, son las que producen escasez o abundancia» (Shiva, 2007: 49). Estas culturas son parte y resultado de un proceso de naturalización o institución dentro del cual, los actos del Estado (o administración), por medio de las diversas legislaciones o instrumentos normativos y sus implicaciones de movilización, ejercen un alto grado de eficacia performática (o simbólica), 8 dentro del proceso de viabilización de estrategias y mecanismos de implementación de los distintos planes o programas. Actualmente, el PNRH de Brasil define el agua como bien del dominio público de la Unión y de los Estados, conforme con la Constitución Federal de 1988. A través de la Ley 9.433 del 8 de enero de 1997, conocida como Ley de Aguas, se instituye la Política Nacional de Recursos Hídricos y el Sistema Nacional de Gerenciamiento de Recursos Hídricos, como instrumentos de planificación del referido Plan, reglamentando así el inciso XIX del artículo 21 de la Constitución Federal.
 
Además, previo a la aprobación del plan nacional, el Decreto 4.755 del 20 julio de 2003 y el Decreto 5.776 de mayo de 2006 ya atribuían la competencia del Sistema de Recursos Hídricos al Ministerio de Medio Ambiente, con la finalidad de coordinar el diseño del PNRH y apoyar en la monitorización de su puesta en marcha. La Resolución del Consejo Nacional de Recursos Hídricos nº 04 de 1999 creó la Cámara Técnica del PNRH, mientras que la nº 32 de 2003 determinó la División Geográfica Nacional. Paralelamente, los decretos ministeriales nº 274 de 2004 y nº 277 de 2005 establecieron las doce comisiones ejecutivas regionales.
 
Estas normas, en última instancia, articulan el marco jurídico en el diseño del PNRH, cuya finalidad es mejorar las disponibilidades hídricas subterráneas y superficiales con volúmenes suficientes y adecuados. También, con este sistema se busca reducir los conflictos sociales reales y potenciales del uso del agua, además del control de los eventos hidrológicos manifiestos. En este sentido, el plan pretende identificar los recursos hídricos con el objeto estratégico de registrarlos y conservarlos, dada la creciente importancia que genera su valor socio-ambiental.
 
No podemos dejar de mencionar que la propia Ley 9.433 de 1997, arriba referida, ya señalaba la intención de mitigar el hambre y mejorar la salud, especialmente de la niñez y la mujer; es decir, aborda el agua como un bien común o público para determinadas situaciones y de emergencias. Aunque el Código del Agua, como vimos, contempla en mayor medida el uso del agua como bien común, no por ello deja de considerarla para la
generación de energía eléctrica y otras actividades de intensiva o gran envergadura. De esta forma, pone en escena la continuidad de una lógica en la formulación de las políticas públicas de agua en Brasil: su tratamiento como bien público y privado.
 
El PNRH fue aprobado por el Consejo Nacional de Recursos Hídricos, a través de la Resolución nº 58 del 30 enero de 2006 y está proyectado hasta el 2020 mediante directrices, programas y metas. Es un plan que pretende articularse a la política pública y a programas de diversas áreas de la Administración pública que interaccionan, promoviendo la gestión integrada de los ecosistemas. De acuerdo con su objetivo general busca:
 
Establecer un pacto nacional para la definición de directrices y políticas públicas destinadas a mejorar la oferta de agua, en calidad y cantidad, administrando las demandas y considerando el agua un elemento estructurante para la implementación de las políticas sectoriales, a partir de la perspectiva del desarrollo sostenible y de la inclusión social (Ministerio del Medio Ambiente, 2006:13).⁹
 
En sus objetivos estratégicos (o finales), como reflexión del objetivo general, contempla tres dimensiones:
 
La mejoría de las disponibilidades hídricas, superficiales y subterráneas, en calidad y cantidad; la reducción de los conflictos reales y potenciales de uso del agua, así como los eventos hidrológicos críticos; y la percepción de la conservación del agua como valor socioambiental relevante (Ministerio del Medio Ambiente, 2006:13). Vale la pena mencionar, en relación a sus directrices, su orientación general como principios de carácter permanente en la toma de decisiones, buscando concretar los objetivos trazados por el plan, en el marco de propuestas de programas y sus derivaciones.
 
Como fue indicado arriba, el Plan debe ejecutarse en los diferentes estados de la Unión a través de los disímiles planes, estatales y del Distrito Federal, previstos. No obstante, estos planes no han sido tomados como instrumentos prioritarios o como referentes modelo en los contextos en que se implementan, como ponen en evidencia las formulaciones extraídas del texto de Ministerio de Medio Ambiente (2006) sobre los estudios realizado en los
diferentes estados:
 
Más del 90 por ciento de esos estudios, realizados sin la participación de los Comités de la cuenca hidrográfica, no se contextualizan en el Plan de Recursos Hídricos de acuerdo con la Ley 9.433 de 1997, por no haber sido acompañados y validados por los comités correspondientes. Sin embargo, estos estudios técnicos se presentan como subsidios fundamentales para la construcción efectiva de los planes de la cuenca (Ministerio del Medio Ambiente, 2006:34) Aún así, siguen faltando estudios en las regiones marginadas o en las fronteras. Aunque existen más de 23 consejos estatales y del Distrito Federal, no es suficiente contar con el funcionamiento de esos consejos de recursos hídricos en las unidades de la federación.¹⁰
 
«El mercado singular del agua»
 
Es importante reiterar que el diseño del plan y la actual política nacional del agua deben comprenderse en el contexto de disputa entre lo público y lo privado; en un marco mayor de acuerdos internacionales, lo que implica asumir obligaciones adquiridas con las instituciones financieras internacionales o a través de los acuerdos que resultan de los diferentes convenios internacionales (auspiciados por la Organización de las Naciones Unidas). Aquí, cabe mencionar los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), como parte y resultado de los acuerdos firmados en el marco de la Declaración del Milenio de las Naciones Unidas, aprobada en la Cúpula del Milenio realizada en 2000 en la ciudad de Nueva York, y que implican acciones entre agentes de la administración y las de entidades sociales.¹¹
 
La materialización del diseño del plan se concretiza, por tanto, en la Metas de Desarrollo del Milenio sobre los recursos hídricos, buscando la implementación de instrumentos fundamentados en una gestión integrada de ellos. Conforme con esta perspectiva, el gobierno brasileño, al priorizar entre sus metas la elaboración de dichos planes de gestión integrada de los recursos y el aprovechamiento eficiente del agua, asume los compromisosadquiridos por los diferentes jefes de estado o gobierno con el Plan de Aplicación de las decisiones de la Cúpula Mundial sobre Desarrollo Sostenible, realizado en Johannesburgo entre el 24 de agosto y 4 de septiembre de 2002.
 
En este contexto, la existencia de los referidos instrumentos presupone esfuerzos y debates internacionales, en las regiones y territorialidades, no obstante, aún existen poblaciones con graves dificultades en el abastecimiento de agua potable. Diferentes países latinoamericanos, a través de sus jefes de gobierno (entre otros, el de Colombia y el de Perú), vienen favoreciendo los intereses corporativos internacionales, aunque aparentemente paradójico, reiteramos, auspiciados por la Organización de las Naciones Unidas.
 
Es importante explicitar que las corporaciones internacionales han abierto mercados de gran escala en esos países, que pasan a tratar el agua como si fuese una mercancía más. Estas acciones coercitivas, entre otras, han contribuido en gran medida a incrementar la población en condiciones desfavorables y, en consecuencia, las diferencias y desigualdades sociales. Concomitantemente hay una puesta en escena de la «denominada crisis del agua» y, por extensión, la formulación y viabilización de la políticas actuales del agua, en un marco mayor de interdependencia entre los agentes locales (o nacionales) y los vínculos 'externos' para la financiación de construcción de infraestructuras de servicios básicos, en especial el de aguas e incluso la gestión del agua y los servicios públicos. En otros términos, las políticas del agua se dan en una coyuntura (local y global) en la que las fuerzas de lo público (o democráticas) tienen menores condiciones (o capacidad) para interferir en la ruta de los proyectos de desarrollo.
 
Aunque de forma indirecta, el informe de la Unesco (2015) sugiere datos en esadirección al mencionar factores ligados a la «la crisis del agua» con los efectos extremos en poblaciones, como los siguientes: 1.000 niños mueren diariamente; 748 millones de personas no disponen de una fuente fiable de agua potable; 2.500 millones disponen de instalaciones inseguras (o sospechosas) de saneamiento; mil millones de personas hacen sus necesidades corporales vitales (defecar u orinar) al aire libre; 1.800 millones de personas utilizan una fuente de agua potable contaminada con bacterias fecales.
 
La «dependencia» de apoyos externos está mediada por las reformas o transformaciones de la administración que atribuyen mediante concesiones los servicios públicos a empresas privadas. En este sentido, Castro (2004: 24) comenta que «la privatización aparecía como fase moderna del Estado basado en la racionalidad y en la eficiencia de la empresa privada». Ampliando esta línea de argumentación, subrayamos los acuerdos internacionales, arriba mencionados, que buscan entrar en las negociaciones de mercado con el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y la OMC, y dirigir en un sentido global o «macroeconómico», especialmente a los países en situación de endeudamiento o «en desarrollo», conforme la denominación utilizada en sus discursos.
 
Actualmente, el proceso de privatización domina en los países latinoamericanos y sigue aumentando la transformación de los servicios públicos a empresas privadas, al mismo tiempo, o paralelamente, que se genera el proceso de privatización orientado a los recursos naturales. El servicio de agua potable o el agua entendida como recurso o bien económico es un ejemplo exponencial en ese sentido, que condiciona en gran medida la definición de políticas públicas y la idea de desarrollo.
 
Cabe preguntarse, entonces, por las estrategias utilizadas en la gestión y en las maneras o usos dados al agua, como un «recurso o bien económico». Según el informe de la Unesco, arriba citado, la urbanización, la industrialización, el crecimiento demográfico, el aumento de la producción y el consumo han generado una demanda de agua cada vez mayor.
 
La población mundial crece a un ritmo aproximado de 80 millones de personas al año. El «mercado del agua», como veremos, pone de relieve de qué manera los agentes de las empresas privadas han venido capturando el poder de los gobiernos en la implementación de la política pública del agua, en un contexto singular en que se entrelaza lo público y lo privado; es decir, un mercado bajo el auspicio de las leyes del libre mercado y tutelado por el Estado, leyes específicas que buscan dar credibilidad y seguridad a su funcionamiento (Leff, 2006:139). Por ello, es un momento que favorece que empresas o capital privado se orienten al mercado del agua. Por ahora, hay que indicar que la utilización del agua con fines energéticos también ha prevalecido en el Estado de Amazonas.
 
Actualmente hay un total de 162 emprendimientos en operación, generando 2.279.976 KW de potencia. Además, está proyectado para el futuro adicionar 28.957 KW en la capacidad de generación del Estado, procedente de los emprendimientos en construcción que hay actualmente y otras 11 construcciones en proyección (Aneel, 2016).
 
Los principales participantes en esta industria del agua son las compañías francesas, entre las más conocidas Vivendi Environment y Suez Lyonnaise des Eaux, que se extienden aproximadamente a 120 países; la compañía Aguas de Barcelona que predomina en América Latina; las empresas británicas Thames Water, Biwater y United Utilities, entre otras (Shiva, 2007: 107-108). Son empresas que, en última instancia, definen las políticas de tarifas de consumo, en constante aumento, a cambio del reembolso de sus inversiones, pero la calidad del agua está cada vez más deteriorada.
 
Hay que destacar que las regiones o espacios como la Amazonia y, en especial, las áreas fronterizas, vienen ocupando históricamente posiciones desfavorables (o marginales) y se encuentran, de acuerdo con la perspectiva utilizada por Henri Acselrad, «…fuera de los marcos del Estado-nación y de la producción de su soberanía, lo cual genera una nueva configuración del campo de las disputas territoriales, así como de la composición de los actores sociales que de él participan» (Acselrad 2010:29, traducción propia). Constituye un espacio en constante transformación y, sobretodo, objeto de conflictos de diversa índole, donde antiguos y nuevos agentes sociales (especialmente empresariales o burocráticos)entran en disputa por el control de los recursos existentes en los territorios, con muy pocomargen de acción para las personas allí localizadas.
 
Usos privados versus usos públicos de los «recursos naturales»: agua, energía e hidroelectricidad
 
Los usos privados de los recursos naturales en la Amazonia extrapolan los intereses concentrados, en las tres últimas décadas, en la explotación mineral y en el control de tierras para actividades pecuarias y monocultivos de soja y palma aceitera, que pasan ahora a la explotación de los recursos hídricos. Se trata de una práctica desarrollista que se contrapone a los usos sociales y culturales que históricamente las poblaciones tradicionales vienen atribuyendo a las aguas amazónicas y a la ocupación de la selva, así como otras formas diferentes de producción de sentidos sobre esta y el agua. La comprensión de estos procesos pasa por vincular la vivencia y existencia sociocultural de esas poblaciones a una identidad y territorialidad histórica.
 
Además de decenas de hidroeléctricas planificadas para la cuenca del río Solimões y sus afluentes, recientemente los planes gubernamentales sobre logística de transporte pretenden maximizar las actividades de traslado de mercancías por la vía fluvial, adecuando una pesada infraestructura portuaria que se instala con mucha velocidad en los principales ríos da la región, sobre todo en los de la Amazonia brasileña. Aunque la navegación sea
una actividad muy antigua o histórica, y parte esencial de la existencia sociocultural de las sociedades amazónicas, se trata ahora de un proceso nuevo de control del territorio, con enfoque en sus aguas por parte de grandes corporaciones envueltas en actividades de producción y exportación de commodities. Es el caso del transporte para la producción de gran porte agro-industrial de granos, como lo es la soja producida en Mato Grosso, Rondônia, Goiás y en estados del noreste brasileño. El fin es crear una logística de circulación en dirección a los mercados internacionales (asiáticos, europeos y americanos).
 
Complementando esta línea de argumentación, hay que señalar que, para atender la demanda energética, son construidas grandes líneas de transmisión de energía, que atraviesan los territorios selváticos y los ríos, ocupados históricamente, como indicamos, por poblaciones tradicionales –indígenas, quilombolas o afrodescendientes, campesinas, pescadores– ubicadas en espacios urbanos o en poblados y aldeas en áreas rurales.
Las grandes obras hidroeléctricas aparecen en los discursos gubernamentales, difundidos, a través de sus prácticas o «programas de desarrollo» y de las grandes empresas de comunicación, como fundamentales para el progreso y el desarrollo del país, a partir del aumento de la eficacia de la matriz energética. El Programa de Aceleración del Crecimiento (PAC) es un ejemplo de este tipo de prácticas a través de las cuales se movilizan dimensionessimbólicas que estructuran una idea modernizadora del proceso de construcción del Estado-nación. En este sentido, las prácticas de planificación, racionalidad y gestión hacen parte del proyecto modernizador de construcción de la nación, con sus discursos de auto-validación que postulan legitimidad. No obstante, tales discursos han sido puestos en cuestión en la construcción de las hidroeléctricas de Jirau y Santo Antônio (río Madeira) y Belo Monte (río Xingu), visibilizando, entre otros aspectos, problemáticas críticas de insatisfacción e indignación social, en un momento de inflexión de la planificación estatal y de instalación de grandes proyectos de inversión como estrategia gubernamental desarrollista en el país. Berman (2013) señala algunos procedimientos que muestran el interés en modificar el licenciamiento ambiental de «emprendimientos hidroeléctricos», para viabilizar los intereses de grandes corporaciones del sector eléctrico dentro de la idea o «Visión de Futuro» que orienta la planificación nacional en la actualidad. En enero de 2007, el entonces Director General de la Agencia Nacional de Energía Eléctrica (Annel) anunció, en una reunión exclusiva con empresarios del sector eléctrico, el proyecto de ley para la creación de las Reservas para la Exploración de Potenciales Hidroeléctricos, cuya elección se basó en el potencial de los ríos, descartando las cuestiones ambientales y sociales. Otra iniciativa, en el mismo año, fue transferir al Consejo Nacional de Seguridad las cuestiones relacionadas con centrales hidroeléctricas estratégicas, sin pasar por el Instituto Brasileño de Medio Ambiente y Recursos Naturales Renovables (Ibama). No obstante, ninguna de ambas propuestas fue implantada.
 
La Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) fue regulada por el art. 90 de la Ley n° 6.938 de agosto 31 de 1981, como parte de la Política Nacional de Medio Ambiente. En la resolución nº 001, del 23 de enero de 1986, del Consejo Nacional de Medio Ambiente (Conama), fueron definidos varios dispositivos legales e implantados en el país; esto se dio en un contexto de transición y de apertura del régimen democrático, ejemplificando un «proceso de modernización», con cierto control social, también reconocido en alianzas internacionales como expresión de una legislación ambiental avanzada.13 Sin embargo, desde el inicio del siglo XXI, no solamente esos dispositivos perdieron eficacia, sino que también han sido introducidos mecanismos administrativos de alteración de aquel ordenamiento jurídico.¹⁴
 
Planes de expansión eléctrica: entre recursos naturales colectivos y privados
 
El Plan Decenal de Expansión de Electrobrás (1999-2008), incorporado al Plan Nacional de Energia Eléctrica 1993-2015¹⁵ y actualizado en 2015, prevé construir 156 nuevas hidroeléctricas en el territorio nacional, lo que implica procesos muy significativos de transformación en el territorio, en la vida de las personas y en las formas de acción del Estado, y de regulación de esos espacios. Hay lagunas importantes que acompañan ese Plan y su actualización, como los datos sobre estimación de áreas a ser inundadas y de población a ser desplazada.
 
Las obras del Plan de Aceleración del Crecimiento (PAC 1 y PAC 2) del gobierno brasileño representan la mayor inversión masiva en tierras de la Amazonia brasileña, lo que creemos requeriría un acompañamiento por parte del conjunto de los ciudadanos. En la actualidad, hay una falta de informaciones sobre esos proyectos y, cuando se disponen, tienen lagunas y contradicciones, y por tanto poca fiabilidad. Por eso es de vital importancia su seguimiento y la fiscalización de esos contratos que envuelven a la administración pública y a la iniciativa privada.
 
La construcción de grandes emprendimientos hidroeléctricos en el país está asociada a la expansión de la oferta de energía para atender, aparte del mercado exportador de commodities agrícolas y minerales para los cuales el país se especializa, al sector industrial, a la producción de intensivos energéticos (siderurgia) y a los centros urbanos. Esa oferta de energía está inserta en la política nacional de desarrollo económico, cuya principal acción es el PAC lanzado en 2007 y cuya estructura se compone de tres ejes: logística, energética y social y urbana. Según el 9º balance (PAC2, 2013), hubo un aumento de la capacidad de generación de energía eléctrica con el PAC 2, en 10.200 MW (3.434 MW en 2013), y entre las represas que entraron en operación están la de Jirau (3.750 MW) y la de Santo Antônio (3.150 MW), ambas en Rondônia.
 
La producción y la transmisión de energía eléctrica del país (98,3 por ciento) son realizadas a través del Sistema Interconectado Nacional (SIN).¹⁶ En Brasil la capacidad de generación hidráulica aumentará en 39 por ciento, de 82.939 MW, en 2010, para 115.123 MW en 2020, según los Planes Decenales de Expansión Energética (PDEE) 2010-2020. En esta línea, los recientes PDEE expresan la atribución a la Amazonia de «yacimiento energético » que, conforme indicamos, tendrá la mayor expansión del parque energético.
 
La producción energética brasileña está pautada principalmente en la generación hidráulica, con cerca de 78,4 por ciento de la capacidad instalada total (121.100 MW), con 204 planes hidroeléctricos, en un contexto donde el país posee la posibilidad de explotación de casi todas las fuentes de energía, sean ellas renovables (eólica, biogás, solar, biomasa) o no renovables (derivados del petróleo, carbón mineral, etc.). Esa preferencia se debe, en gran parte, a la cantidad de ríos que posee el territorio brasileño con un elevado potencial de agua dulce superficial y con significativo alcance en la región Amazónica.
 
Existen, además, diversas represas inventariadas y planificadas, como la de Jatobá y la de Tapajós, integrantes del Complejo Hidroeléctrico del Tapajós. A pesar de la retórica sobre energía renovable y limpia, en referencia a las grandes centrales hidroeléctricas, se trata de emprendimientos que generan una gran transformación en el territorio. Lo que antes era el curso natural del río provoca la inundación de áreas, sedimentación, producción de gas metano, como indica Fearnside (2013), lo cual implica el «desplazamiento forzado» de familias, pueblos indígenas y afroamericanos, y de animales, además de promover la deforestación y la extinción de la flora.
 
Reclamación popular y obras hidroeléctricas en la Panamazonia: democracia y derechos sociales y territoriales
 
Pese a las luchas de reclamación y reivindicación popular en pro de la participación social en los proyectos desarrollistas llevados a cabo en la Amazonia, como en el caso de los proyectos hidroeléctricos, pocas normas y directrices fueron establecidas para tal objetivo.

Las audiencias y consultas públicas son un ejemplo de demandas y presiones populares. Sin embargo, esa participación se inicia apenas después del proceso de toma de decisión sobre la implantación de las represas, cuando solo se discute con la población local los términos compensatorios y no la ejecución o no del proyecto. Así, la decisión de su implantación queda a cargo del gobierno.¹⁷ 
 
En la cuenca del río Uruguay fue instalada la represa Foz do Chapecó (855 MW),inaugurada en 2010, que alcanza territorios de los municipios de Águas de Chapecó, en Santa Catarina y Alpestre, en Rio Grande do Sul, correspondiendo respectivamente al 25 por ciento del consumo de energía de todo el territorio del referido estado de la Unión y 18 por ciento del territorio de Rio Grande do Sul (MME/Furnas, 2014). La hidroeléctrica Luis Eduardo Magalhães, ubicada en el territorio administrativo del Estado de Tocantins, afectó e inundó los municipios de Miracema, Lajeado, Palmas, Porto Nacional, Brejinho de Nazaré e Ipueiras (Santana y Parente, 2013). Belo Monte, en el río Xingu, obtuvo licenciamiento en el año 2012. Durante el proceso de estudios de impacto ambiental y viabilidad, para la obtención del licenciamiento previo, hubo diversas denuncias de irregularidades y demandas de las comunidades locales que debían ser atendidas o por lo menos consideradas en los informes, pero, no obstante, fueron ignoradas. Incluso hasta el mismo momento de concesión de la referida concesión de Belo Monte, hubo presión por parte de los órganos responsables por la emisión, para que el proceso fuese acelerado, como destacan Francisco del Moral Hernández y Sonia Magalhães (Hernández y Magalhães, 2011: 92).
 
Las represas de Santo Antônio y Jirau en el río Madeira del Estado de Rondônia, la de Belo Monte en el río Xingu, las de Tabajara y Complexo Teles Pires y Tapajós en el río Tapajós del Estado de Pará, han sido referidas como el segundo ciclo de grandes hidroeléctricas en la región. Para viabilizar el transporte de energía a grandes distancias, allí donde se encuentre un mercado energético, nacional o internacional, están previstos en los planes gubernamentales más de 3 mil kilómetros de extensión de línea continua de transmisión de alto voltaje. Esta producción energética está destinada principalmente a las plantas de explotación mineral y la agro-industria intensiva de granos. Todas ellas son actividades económicas electro intensivas. Se trata, en última instancia, de potenciar el agua como «nuevo recurso», especialmente a través de la producción de energía generada con estos megaproyectos. No obstante, a pesar de que las poblaciones afectadas son «objeto» de procesos de «desterritorialización» o «desplazamientos forzados», en ningún momento se ha tomado en consideración los valores que ellas atribuyen a los saberes que forman parte de su modo de vida y existencia histórica. Sin olvidar otras implicaciones o dramas ligados a la idea del agua como «nuevo recurso».
 
Cabe recordar aquí la gran inundación del río Madeira y sus afluentes en 2013, cuando, rebosando sus márgenes naturales, avanzaron las aguas con mucha velocidad y de forma inesperada sobre tierras agrícolas, carreteras, poblados y aldeas; hubo consternación general en el Estado de Rondônia y miedo de que este acontecimiento, imposible de controlar humanamente, se fuese a repetir en años venideros. ¿Tenía relación directa con la construcción de las hidroeléctricas de Santo Antônio y Jirau?, ¿sería resultado de las transformaciones en el canal del río? Estas fueron, entre otras, las preguntas formuladas como posibilidad en algunos estudios. Aún siendo considerado un desastre ambiental, el sector empresarial y las élites brasileñas no admitieron que hubiese tal desastre, conforme sugiere Kleppa y Novoa (2014). Diferentes agentes, ligados al consorcio empresarial responsable de la represa y sectores del gobierno, se posicionaron sobre la inundación como si fuera resultado de una situación ajena, sin establecer ninguna conexión derivada de la construcción de grandes represas, una de ellas prácticamente ubicada dentro de la ciudad de Porto Velho, capital del Estado de Rondônia. Los consorcios de ambas hidroeléctricas lo niegan, movilizando su equipo de investigadores que aducen no tratarse de un desastre provocado por las represas y sí un evento natural de carácter extremo.
 
Consideraciones finales: Desarrollo y conflictos en torno del agua
 
Con el objetivo de retomar elementos abordados a lo largo del trabajo, además de ampliarlos, examinaremos aquí determinados aspectos sobre la idea de desarrollo que estructura las prácticas sobre la viabilización de los grandes emprendimientos y sobre el «conflicto del agua», o disputa entre el uso público (léase colectivo o del bien común) y el privado. Indicamos que retomar la expansión del sector hidroeléctrico en la Amazonia implica un «nuevo» proceso de ocupación del territorio Amazónico (o Panamazonia), considerado como «depósito» energético, lo que guarda estrecha relación con el anterior modelo desarrollista de apropiación de los recursos territoriales. En Brasil y, especialmente, en la Panamazonia, estos procesos de constitución de hidroeléctricas envuelven instituciones públicas, privadas, la sociedad local y organizada, en un contexto de políticas destinadas  a fortalecer el Sistema de Gerenciamiento de Recursos Hídricos, con el fin de impulsar la economía, a través de la definición de derechos de propiedad, o mejor dicho, favoreciendo las políticas de privatización. Aquí la privatización no se orienta solo a los servicios, como en otros momentos, sino que se extiende y pone el foco especialmente sobre los recursos naturales y estratégicos, contextualizado en un marco mayor de acuerdos comerciales o de directrices políticas de agencias internacionales. En muchas situaciones, los procesos de privatización con foco en los servicios han generado (y siguen generando) encarecimiento, dificultad y una mala prestación del servicio de abastecimiento de agua; todo ello, incluyendo los graves inconvenientes que tiene la población para acceder al abastecimiento del agua, el incremento del valor monetario y la demanda creciente por parte de capitales privados, tanto nacionales como extranjeros, está contribuyendo a generar diferentes situaciones de conflicto.
 
Conforme con este punto de vista, examinamos ciertos aspectos de las políticas del agua y sus instrumentos normativos –en un contexto de esfuerzos y debates internacionales en las regiones o territorios– que ponen en escena, concomitantemente: por un lado, las conexiones que se desprenden de la relación agua y energía (el tratamiento y captación del agua requiere energía eléctrica); y por el otro, aspectos relativos a la formación de un campo energético o de política del agua, que crea condiciones favorables para la formación de un mercado del agua, o genera una cierta inclinación (o «necesidad») por parte del capital hacia el mercado del agua. Se trata de un mercado particular o ambiguo, que no es ni público ni privado y que pone en cuestión la aparente oposición entre «público-privado» desmitificando la idea romántica de política púlica (o Estado) así como la de privatización (o globalización). Es un mercado que está bajo el auspicio de las leyes del mercado y tutelado por el Estado, bajo el supuesto refuerzo de la representación democrática, que incluye a los actores locales. De esta forma, también, busca dar credibilidad y garantizar los denominados principios del desarrollo sostenible. Por último, intentamos mostrar, en el caso brasileño, que, las políticas del agua y su relación con el factor energía, evidencian una coyuntura (local y global) donde las fuerzas de lo público (democráticas) han ido disminuyendo sus condiciones (o capacidad) para interferir en la ruta de los proyectos de desarrollo. En sentido general también establecimos conexiones entre esas políticas del agua o energéticas, la objetivación o discurso «de la crisis del agua» y las corporaciones internacionales.
 
Es a través de los grandes emprendimientos hidroeléctricos que esos agentes internacionales abren estratégicamente mercados globales «en países en desarrollo» (según sus propios términos) y pasan a concebir el agua como una mercancía más, en un contexto político que favorece la creación del mercado del agua.
 
La viabilización de esos megaproyectos generan actividades electro intensivas que, en última instancia, potencian el agua como «nuevo recurso»; es decir, la apropiación y capitalización de este recurso toma como premisa la idea de la racionalidad económica o maximización productiva de los «recursos naturales». Indicamos que la ocupación de los ríos juega un papel primordial por su destino a las fuentes hidroeléctricas. En este sentido, observamos cómo, el incremento de la eficacia de la matriz energética, es traducido como si fuese la panacea del desarrollo y progreso del país, a través de la producción de prácticas o discursos, por parte de las empresas o agentes gubernamentales, sobre los grandes emprendimientos hidroeléctricos. Examinamos, entre otros, los programa de las obras del Programa de Aceleración del Crecimiento (PAC), los cambios en las ordenanzas (o infraestructuras normativas) sobre el licenciamiento ambiental de esas grandes obras, a través de las cuales, concebidas como infraestructuras normativas, postulan legitimar su viabilización con base en una idea de futuro. Esta visión estructura una idea de pasado, proyectada en el presente por medio del atraso (regional o nacional) que objetiva una dirección de futuro.
 
Diferentes expresiones de protesta e indignación por parte de movimientos sociales, indígenas, organizaciones e investigadores emergen en el proceso de viabilización de los emprendimientos hidroeléctricos. Hemos señalizado, entre otros casos significativos, el relacionado con el Complejo Madeira sobre la gran inundación del río Madeira y de sus afluentes en 2013, que provocó un gran desastre ambiental; las movilizaciones de mujeres en defensa del agua como un bien colectivo y un derecho humano, enmarcado en el proceso de las obras de la Hidroeléctrica Belo Monte en el rio Xingu. El complejo Madeira, en el río Madeira, pero especialmente, Belo Monte, en construcción, en el rio Xingu, es ejemplar, en un momento de inflexión de la planificación y de la instalación de grandes proyectos de inversión, como principal estrategia gubernamental del proceso de construcción de la nación. Se trata, pues, de un contexto de mayor grado de equilibrio inestable en la correlación de fuerzas entre agentes que priorizan una concepción de lo público y de lo privado en las políticas, concretamente en el sistema de gerenciamiento de recursos hídricos, en un marco mayor de emergencia de movimientos y conflictos sociales en América Latina, en defensa de los comúnmente denominados «recursos naturales».
 
Creemos que los procesos de decisión relativos a estas obras ponen en evidencia diferentes condicionantes (o condiciones) que facilitan la puesta en escena de un debate sobre los diferentes desafíos entrelazados que las sociedades democráticas enfrentan actualmente. Se ha observado que a pesar de la retórica del desarrollo sostenible a través de la hidroelectricidad, la cual impregna también los discursos de los informes de proyecciones de los estados, el resultado obtenido en términos de desarrollo económico y social de la población local no ha sido el previsto en tales proyecciones: la mayor parte de la energía producida a través de esas grandes obras (cerca del 60 por ciento) es consumida por las principales industrias de minería; además, el aumento del consumo por la industria y por el comercio no corresponde al aumento de la oferta de empleo y la apertura de nuevos establecimientos. Por el contrario, el incremento del número de personas en condiciones desfavorables y, por tanto, de las diferencias y desigualdades sociales, son algunos de los efectos nocivos de ese proceso o visión desarrollista.
 
La experiencia transformadora, que presupone para el territorio la pérdida de recursos naturales, los «desplazamientos forzados» (o «desterritorialidad»), los cambios políticos y económicos, sin dejar de mencionar los conflictos sociales generados, se expresa de forma singular en las diferentes situaciones de los municipios alcanzados por la hidroeléctrica de Tucurui. Ello muestra la necesidad de generar conocimientos que permitan entender, interpretar y proponer caminos o modelos, considerando los problemas que acompañan esos grandes emprendimientos. Eso requiere, sin duda, inversiones en producción de conocimiento, en investigaciones y en formación de competencias en varios ámbitos, que lleven en consideración los cambios, los desafíos, los límites y las insatisfacciones producidas por el desarraigo, dadas las situaciones y procesos instalados en las áreas demandadas por las actividades de ingeniería.
 
Hay propuestas de participación de la población en el proceso de toma de decisiones y también de control de los diversos contratos públicos de Brasil. No obstante, cuando se lleva a cabo la idea de la participación se diluye en la de audiencia pública, o en el propio proceso de licenciamiento ambiental, como señalamos en el caso de Belo Monte en el rio Xingu-Amazonia Brasieña. El objetivo es instar al gobierno brasileño para que se comprometa con la transparencia sobre la construcción de las hidroeléctricas o con los grandes emprendimientos, siguiendo principios de contratación abierta en los procesos de licitación, así como mecanismos de fiscalización eficientes de esos contratos.
 
Actualmente existen normas internacionales que contribuyen a que los diferentes Estados-nación, a través de sus respectivas administraciones, controlen los recursos naturales, pero no hay una contribución al manejo del uso colectivo o desde una perspectiva del bien común. Esos dispositivos de control (o discursos afines a los agentes internacionales o nacionales) generan conflictos, ya que las autoridades gubernamentales son quienes controlan el recurso y llevan a cabo un estricto esquema de vigilancia, monitoreo, evaluación e inspección orientado a detectar a infractores de acciones e imponer sanciones.
 
Desde ese punto de vista, imponer fuertes sanciones o penalizaciones con base en un orden legal presupone, valga la redundancia, la «imposición» de la ley (o instrumento jurídico) como «el instrumento eficaz de resolución de conflictos». Así, neutralizan las prácticas y saberes relativos al uso del bien común y equilibrado de los recursos naturales que, históricamente, las poblaciones tradicionales (léase sobretodo indígenas) han venido realizando en sus territorios. Pero también se configuran, como señalamos, diversas resistencias y movilizaciones. No podemos dejar de mencionar aquí, la implicación que tiene la noción y defensa del territorio en esas movilizaciones, entendidas como eje de la relación entre lo humano y natural, y la organización social. En otros palabras, se genera una idea de territorialización de las movilizaciones, tomando como base representaciones en un sentido positivo sobre el «exotismo» de los grupos indígenas del Amazonas; como sociedades más próximas de la «naturaleza» que de la «cultura» (Alonso y Castro, 2016). Por ejemplo, son significativas las movilizaciones en defensa del agua como bien común o como un derecho a la vida, de diferentes agentes o sujetos políticos que habitan en la Amazonia (riberinhos, familias  de extractores de caucho, quilombolas o afrodescendentes). Estos agentes acostumbran apoyar su legitimidad en la idea de que el territorio y el agua como derecho a la vida
son parte constitutiva del equilibrado medio natural en el que los indios del Amazonas históricamente han vivido.
 
Conforme con esta perspectiva indicamos que la confrontación de los movimientos con la racionalidad económica productivista, inserta en la idea de «recursos naturales», genera la idea de «bien común» para su denominación. Aunque las autoridades gubernamentales no dimensionan el significado de la práctica del bien común en la elaboración de políticas u ordenanzas, y dispositivos, ya que no es suficiente con la idea de ser escuchados, es ineludible su vinculación directa en términos de diseño, elaboración y viabilización de esas políticas. Dicha vinculación debe contar con información y conocimiento fundamentada sobre la puesta en práctica de los depositarios de ese saber, la forma en que se organizan, su manera de administrar y su capacidad volumétrica del recurso natural. Además, sería significativo conocer los beneficios que genera la forma de administrarse, con el objeto de retomar nuevamente antiguas e históricas formas de organización colectiva.
 
De acuerdo con este punto de vista, la transformación de las reglas está relacionada con la conveniencia y los intereses de los involucrados; bienes que deben ser comandados por individuos organizados colectivamente para que realicen una buena vigilancia, supervisión y control, a fin de salvaguardar los recursos de uso común de manera sustentable, desde sus propias organizaciones y formas de control, y no impuestas por la ley (o la política). Cuando los bienes comunes, como el agua, están bajo el control de consorcios o dispositivos u ordenanzas (nacionales o internacionales ), entiéndase bajo la lógica de la racionalidad económica o de la maximización productiva de los recursos naturales, el riesgo de su destrucción es su expresión. En este sentido intentamos indicar de qué manera la legislación o las políticas del agua crean condiciones favorables a la iniciativa privada y a las llamadas alianzas público-privadas. En última instancia, la legislación del agua favorece los intereses del sector privado, a través de la puesta en práctica de mecanismos y estrategias políticas que implican obstáculos y limitaciones impuestos a las sociedades tradicionales, además del desconocimiento y olvido de las formas de gestionar sus recursos.
 
NOTAS 
 
1 Las comillas tienen la intención de enfatizar el sentido atribuido por autores brasileños a esta noción, entre ellos Almeida (1996). Este antropólogo relativiza la idea de éxodo o migración, a veces atribuida a estos desplazamientos, y pone el foco en la dimensión integral que implica el proceso de desplazamiento, obligando a personas, grupos domésticos, segmentos sociales o etnias a dejar sus moradas habituales, sus lugares históricos de ocupación inmemorial (pueblos indígenas) o datada (campesinos), mediante la coacción, incluso física
(Almeida, 1996: 467).
 
2 A partir de aquí este término será usado en itálica con la intención de enfatizar la lógica discursiva modernizadora que estructura esa práctica de desarrollo.
 
3 Ver a este respecto «La Iirsa que comienza a marchar en Bolivia». Disponible en: http://www.rodolfowalsh.org/spip.php?breve3349 .
Consultado en 29 de septiembre de 2014.
 
4 Leyes 10.847 y 10.848, de 15 de marzo de 2004, a través del Decreto nº 5.163, del 30 de julio de 2004.
 
5 Ley n° 9.427 del 26 de diciembre de 1996 ( Decreto n° 2.335 de 6 de octubre de 1997) y Ley n° 9.648 del 27 de mayo de 1998).
 
 
6 En último término, el Mercosur busca consolidar la integración política, cultural, económica y social de los países latinoamericanos. Además de Brasil, son «Estados Parte» Argentina, Paraguay, Uruguay, Venezuela y Bolivia en proceso de adhesión. No obstante, la posición de «Estado Asociado», como la que ocupan los países que son parte de la Asociación Latinoamericana de Integración (Aladi), además de Colombia, Chile, Ecuador, Perú y, desde 2013, Guayana y Surinam, los limita en la toma de decisiones y restringe la potencialidad de bloque mayor de integración política, económica y social del sur de América. URL:http://www.mercosur.int/innovaportal/v/4725/1/innova.front/mercosur_escolar.
 
7 La Estrategia Común ha sido presentada y discutida en diversas reuniones gubernamentales y técnicas: el Quinto Diálogo Interamericano sobre el Gerenciamiento de Aguas, el Cuarto Fórum Mundial de Agua y el Fórum de los Ministros de Medio Ambiente de América Latina y el Caribe (Ministerio de Medio Ambiente, 2006).
 
 
8 Tomamos especialmente de Bourdieu la idea de ley, es decir, como acto creador o de «institución» ejercido por el Estado y, por extensión, con un grado elevado de eficacia performativa, manifestado en la práctica (Bourdieu, 1997). Complementando esta línea, la ley se hace en la práctica y «surge como como resultado de la contienda de intereses que se estructuran a partir de lógicas colectivas» (Ravena, 2012:23).
 
9 Traducción de las autoras.
 
10 Ver Couceiro y Hamada (2011) para un análisis de los instrumentos de la Política Nacional de recursos hídricos, es decir, los relativos al Plan Nacional de Recurso Hídricos.
 
11 Resolución aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en septiembre de 2000, que fija como el año objetivo el 2015 ( http://www.un.org/spanish/milenio/ares552.pdf ). En esta línea de acuerdos internacionales, cabe mencionar, como marco histórico, la Conferencia de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y el Desarrollo (Cnumad), llevada a cabo en Rio de Janeiro en1992, principalmente su capítulo 18, en el que se señala la importancia de la gestión de los recursos hídricos y la inclusión de agentes sociales en su gestión.
 
12 Ver a este respecto el libro de Ana María Velasco et al. (2003). Es importante subrayar los nuevos desafíos enmarcados en la «Agenda de Desarrollo Sostenible de 2030», aprobada en septiembre de 2015, en la Cumbre del Desarrollo Sotenible. La agenda va dirigida a todos los países, «ricos y pobres», con 17 objetivos y 121 metas interconectadas (el crecimiento económico, la inclusión social y la protección del medio ambiente) y contó con la participación de diferentes agentes, incluidos representantes de la sociedad civil. De esta forma se amplia la propuesta política, el alcance y los Objetivos del Desarrollo del Milenio, dado que sus 8 objetivos con 21 metas fueron elaborados por un grupo de «expertos» y dirigidos particularmente a países en desarrollo (URL: http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/summit/).
 
 
13 La política brasileña de Medio Ambiente (Ley nº 6.938, del 31 de agosto de 1981) refuerza la presencia de la cuestión ambiental en el campo institucional. Se crea el Sistema Nacional del Medio Ambiente (Sisnama) formado por el conjunto de «órganos y entidades de la Unión, de los Estados, del Distrito Federal, de los Territorios y de los Municipios, así como las fundaciones instituidas por el Poder Público, responsables por la protección y mejora de la calidad ambiental» (Brasil, 1981, art 6º, Ley nº 6.938/81), teniendo a Conama, como órgano superior. En este contexto, es de competencia de la Administración Central (o del Estado) asumir la decisión de incorporar en el proceso político directrices y dispositivos legales capaces de regular los conflictos generados en la relación sociedad- economía- naturaleza.
 
14 A este respecto, ver el trabajo de Marcelo Montaño, 2014, donde el autor indica las deficiencias estructurales en la aplicación de los instrumentos de política ambiental.
 
15 Portería nº 151 del 10 de mayo de 1999. El Plan se actualiza en 2015, como Plano Decenal de Expansión de Energía 2024 (Brasil, Ministerio de Minas y Energia. Empresa de Pesquisa Energética, 2015).
 
16 En Brasil, se encuentran en fase de obras nueve hidroeléctricas que corresponden a 20.359 MW y otras cinco pequeñas centrales hidroeléctricas, con un total de 100 MW (PAC2, 2013). Dentro de ellas, está la UHE Belo Monte, en el municipio de Altamira, con 43 por ciento de sus obras concluidas. Además de las represas, están siendo ampliadas las líneas de transmisión para el transporte de la energía. En ese sentido, fueron finalizadas 31 líneas de transmisión, que corresponden a 9.828 km de extensión, y otras 37 líneas están en obras con un total de 9.920 km y 30 subestaciones más de energía.
 
 
17 Ver a este respecto el libro organizado por Oliveira, J. P. de y Cohn, C. (2015) dónde diferentes autores examinan desde ángulos distintos el caso de la Hidroeléctrica de Belo Monte (Xingú - Amazonia Brasileña) y la sociedades indígenas afectadas por ese emprendimiento.
 
 
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