Introducción
El valor del medio rural no solamente es de tipo económico, sino también cultural y social. En todos los países existen comunidades rurales que conforman la pluralidad que hacen complejas y diversas a las naciones. México es un país con una gran historia, mucha de la cual se fundó y se ha desarrollado en este tipo de comunidades. Hasta ahora, en este siglo XXI, dichas comunidades siguen enfrentando problemáticas y desafíos serios que ameritan de mayores acciones por parte de actores tan importantes como la sociedad civil, las organizaciones productivas y el gobierno, los cuales deben actuar con voluntad y capacidad a fin de buscar el mayor bienestar posible para sus ciudadanos.
La hipótesis que se plantea es que, si bien subvaloradas, las regiones rurales siempre han tenido una contribución para los países. Es importante su sustentabilidad en todos los ámbitos posibles. El tema no puede perder relevancia, más ahora en que el gobierno actual de México (2019-2024) se propone apoyar al sector con una visión de inversión en las regiones menos favorecidas, además de estrategias de subsidios y apoyos a fin de generar puestos de trabajo y mejorar así el nivel de bienestar. El presente estudio se justifica en su abordaje como necesario para la acción pública y ciudadana en aras del sector referido en virtud de su contribución, con frecuencia subvaluada, al conjunto de la sociedad.
Los estudios rurales tienen perspectivas diversas, no sólo atañen a los asuntos relacionados estrictamente con la producción y su incidencia en la economía. Otros aspectos han cobrado relevancia, destacando la participación del gobierno, la salud, migración y equidad de género como lo destaca García Sandoval et al. (2020).
Los objetivos que se propone este trabajo son dos. El primero es el de reflexionar en torno a las formas en que se explica y fortalece a las comunidades rurales: a) su capital natural y, b) su capital social y humano. El segundo objetivo consiste en analizar el Plan Nacional de Desarrollo (PND) en materia de desarrollo rural del actual gobierno (2019- 2024). El presente trabajo se estructura de la siguiente forma: la primera parte se refiere a la introducción, donde también se lleva a cabo una revisión de la literatura. La segunda parte trata sobre los métodos utilizados en este trabajo, de tipo cualitativo y cuantitativo. La tercera aborda la discusión del tema. Finalmente se destacan las conclusiones.
Como aspectos fundamentales que merecen señalarse a modo de revisión de la literatura deben señalarse algunas investigaciones. Por ejemplo, Nordhaus (1993) estudió la relación entre los factores medioambientales, climáticos y el desarrollo económico. Gallup et al. (1999) analizaron el efecto de las variables geográficas sobre la productividad agrícola en una amplia muestra de naciones. Bloom y Sachs (1998) analizaron el desarrollo económico de varios países y encontraron que la abundancia de recursos naturales no son factores determinantes para acceder a tasas de crecimiento económico sostenido. Por su parte, Esquivel (2000) estudió la geografía y su relación con el crecimiento económico de México y encontró que entre más dispersas sean las poblaciones rurales de las zonas metropolitanas, más carencias enfrentan.
De acuerdo con Ray y Esteban (2017), las comunidades rurales conformadas por campesinos, indígenas y pequeños propietarios enfrentan a diario una dura batalla por la vida. Adicionalmente encaran dificultades para acceder al abasto de agua, combustibles a precios competitivos, sistemas de distribución para sus productos y precios adecuados para garantizar la rentabilidad de la actividad a la que se dedican. Este tipo de desafíos evidencian cómo el desarrollo no está exento de conflictos diversos. En esta misma línea de pensamiento, Cano Aguilar y Chávez (2019) señalan que los estudios de las formas de reproducción social de las familias se enmarcan en la lógica de la reproducción de los sistemas económico, político y cultural.
En los trabajos de Alburquerque (1997) y Boisier (2005) se hace hincapié en la necesidad de que la realidad social se transforme a partir de las sinergias y demás beneficios regionales derivados de la asociación. Aun cuando la globalización pueda tener una connotación negativa para muchas regiones pobres del mundo, hay experiencias que revelan que cuando el liderazgo es fuerte se logran progresos importantes para las comunidades.
De acuerdo con Ray, existen conexiones entre el medio rural y urbano y ello lo plantea del siguiente modo:
La industria suministra factores a la agricultura: tractores, bombas, productos químicos de distintos tipos, etc. Al vivir una gran parte de la población en el sector rural, la agricultura suele ser una importante fuente de demanda de productos industriales, entre los que se encuentran no sólo productos duraderos sino también bienes de consumo finales. Las exportaciones agrícolas pueden constituir una fuente de divisas vitales, que permiten imponer factores para la producción industrial. Aunque estas conexiones son importantes, el flujo de mano de obra de la agricultura para alimentar a los trabajadores de la industria suele ser fundamental para el proceso de desarrollo. (1998: 341)
Según Lacy (2000), es en las comunidades rurales donde se fundamenta la sociedad y sentido de bienestar social. Además de buscar ser viables, requieren de los procesos permanentes de transformaciones sociales, culturales y medioambientales. En los países de Occidente está ocurriendo este fenómeno, motivo por lo cual la sociedad se siente menos representada. Es así como el llamado Estado de bienestar -Welfare state- está siendo menos defensor de los intereses de las grandes mayorías.
De acuerdo con Beach et al. (2019), en los estudios del desarrollo rural es importante considerar las particularidades del contexto local. En ese sentido, no debe verse y atenderse de acuerdo con una perspectiva uniforme y general. En buena medida, bien puede establecerse que en esta visión han residido las limitaciones de las políticas públicas en favor de dicho sector. La educación puede hacer mucho más, sin perder de vista el trasfondo y las necesidades de la población que vive en el universo rural.
Sobre este respecto, Gómez Oliver y Tacuba Santos (2017) señalan que el concepto del desarrollo rural tiene tres perspectivas en su abordaje. La primera considera una visión productiva por cuanto se relaciona con la producción y comercialización. La segunda se asocia con la expansión de libertades y capacidades humanas para alcanzar el progreso material. La tercera se caracteriza por un enfoque territorial del desarrollo, respondiendo a los problemas propios de su entorno como la desigualdad, la pobreza y el estancamiento en la producción.
Métodos
La metodología empleada en la presente investigación es de tipo cualitativa, pues revisa la literatura y los documentos relativos al tema seleccionado fundamentalmente. Los datos de las variables bajo estudio proceden de las siguientes fuentes: Consejo Nacional de Población de México (Conapo) -población total y porcentaje de población rural en México-; del Banco Mundial (BM) -desigualdad urbana y rural en México-; Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) -rezago educativo en entidades federativas de México-; Instituto de Estadísticas de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) -tasa de alfabetización de México-; Comisión Económica para América Latina (Cepal) -promedio de años de estudio de la población rural en México-; y Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) -datos relativos a la población rural de México-. El escrito y los cálculos estadísticos realizados se llevan a cabo a través del programa informático Office de Microsoft.
Discusión
De acuerdo con la FAO (2018), en el último cuarto del siglo, 25 por ciento de la población mexicana ha habitado en zonas rurales, definidas como aquellas localidades con menos de 2 mil 500 personas. Seis de cada 10 habitantes del medio rural son considerados pobres, mientras que en las zonas urbanas son cuatro. El documento denominado México rural del Siglo XXI da cuenta de que el encadenamiento de las actividades primarias tiene ahora mayor valor agregado, lo cual ha permitido mejorar los ingresos familiares. La principal característica de la tenencia de la tierra es la baja productividad y el minifundio: más de la mitad de los ejidatarios, propietarios privados, comuneros y demás poseen sólo hasta cinco hectáreas o menos.
Las comunidades rurales se hallan insertan en diversas dinámicas, entre ellas las de tipo social y económica. De acuerdo con la CEPAL (2020), quienes viven en situación de pobreza en el medio urbano mexicano constituyen 36.6 por ciento; el restante 56.3 por ciento se ubica en el medio rural. La tasa anual de crecimiento de la población urbana es de 1.4 por ciento, mientras que la rural es de 0.4 por ciento. Las zonas rurales experimentan una disminución de su población (véase gráfica 1). El gasto público per cápita es de 8.7 respecto al Producto Interno Bruto (PIB). La agricultura agrupa 14 por ciento de la población trabajadora de la población, pero su contribución al PIB nacional es de 3.89 por ciento.
La importancia del capital natural
El capital natural es el primer elemento del apartado de discusión. En la geografía de México debe destacarse un conjunto de factores que hacen de aquél un país singular. En vista de los recursos naturales tan variados y extensos que posee -montañas, valles, playas, bosques, desierto, ríos, lagos, yacimientos minerales-, por muchas décadas se le dio el nombre de “cuerno de la abundancia”. Los economistas de la corriente denominada ‘fisiocracia’ asociaban estos recursos naturales y el trabajo humano como elementos de la riqueza de un país. Turgot (2011), padre de la fisiocracia, destacaba que el agricultor producía más allá de su salario por su trabajo. Su empeño y laboriosidad colocados en la naturaleza contribuían a generar sus frutos.
Desafortunadamente, la riqueza medioambiental -buena parte de la cual se halla en las zonas rurales- enfrenta peligro por los impactos adversos que se ciernen sobre aquéllas. Aun cuando estas regiones suelen cuidar sus recursos naturales y reciben impactos menos severos por las actividades primarias que significan, en ellas suele colocarse basura y residuos peligrosos; esta situación se agrava por la falta de instalaciones adecuadas para su tratamiento y reutilización (Zaid, 2006).
Por si esto no fuera suficiente, en dichas zonas se advierte un fenómeno de migración rural creciente que provoca desintegración familiar, ya que muchas madres del medio rural deben hacerse cargo de sus familias, concretamente cuando los cabezas del hogar emigran y, en muchos casos, se desentienden de sus familias. De acuerdo con el Banco Mundial (2020), para los ancianos el panorama sigue siendo crítico, pues un considerable número de ellos no percibe un ingreso económico adecuado, como tampoco mínimos de bienestar y protección de sus familias cercanas. Un contingente de jóvenes y aun adultos que no trabajan y no estudian sigue siendo un grave problema.
La visión del desarrollo ofrece una perspectiva que, entre otras cosas, subvalora también a la naturaleza. Debe reconocerse que la naturaleza no es una mercancía. Pero el sistema económico busca reducirla a este concepto a fin de sacarle el mayor provecho posible. La situación medioambiental de estas zonas rurales se agrava por la pérdida de bosques, el avance de la erosión hídrica y eólica, amenazando cada vez más los suelos fértiles (Dib Ammour, 2003).
Los mantos acuíferos muestran sobreexplotación y la falta de precipitaciones afecta ahora a amplias regiones del país, especialmente en el norte. Entidades del sur de país, entre ellas Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Veracruz y Tabasco fundamentalmente, muestran grados de marginación grave y focalización de pobreza extrema en muchos de sus municipios. El norte del país también presenta estas condiciones, además de que es semiárido y encara escasez de agua y servicios básicos. Esta región ha experimentado un crecimiento poblacional por encima de la media nacional y tiene presiones extraordinarias para su sostenibilidad (Sobrino, 2014).
En la parte económica, el sector rural mexicano se ha caracterizado por condiciones desventajosas como el incremento de insumos importados, baja capitalización, caída de los precios de los activos y abandono de la fuerza de trabajo, particularmente la joven. No es de extrañar así que en dichas regiones se siga advirtiendo una situación muy contrastante: alta productividad en algunas empresas, asociadas con el mercado externo, pero baja en la mayoría de ellas (Cano Aguilar y Chávez, 2019). El gobierno debe mejorar el sistema de educación pública, incrementar recursos para infraestructura, recuperar las remuneraciones, así como el fomentar la inversión privada en el sector.
Por otro lado, la migración rural fija como destino a los centros urbanos del país (Herrera Tapia, 2013). Sin embargo, ello entraña desafíos para los gobiernos de estas ciudades y entidades federativas, las cuales tienen que arreglárselas para intentar brindar agua, energía eléctrica, seguridad pública, empleo, educación y demás servicios públicos (Sobrino, 2014). En ese sentido, la política pública tiene que ver con el cómo propiciar condiciones para lograr mayores niveles de bienestar en las zonas rurales y urbanas por igual.
Según Ray (1998), la decisión de emigrar puede implicar dejar atrás una cosa relativamente segura como un empleo agrícola o una finca familiar a cambio de un empleo que, en el peor de los casos, puede ser incierto. Otros problemas se asocian con el hecho de que no se generan suficientes empleos y con adecuadas remuneraciones, la escolaridad es baja y, en consecuencia, no hay atractivo para la inversión productiva capaz de generar los puestos de trabajo requeridos.
Acosta Córdova (2007) realizó una investigación sobre el impacto del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en el campo mexicano a partir de su puesta en marcha en 1994, encontrando que el gobierno de México debió preparar al medio rural, modernizándolo y dotándolo de mayores recursos financieros y técnicos a fin de prepararse para enfrentar a la competencia de bienes agrícolas de EU y Canadá principalmente, pero no lo hizo. Desde esta óptica, no se podía esperar otra situación tan adversa.
En medio de los problemas más serios que caracterizan a las comunidades rurales, se deben ver áreas de oportunidad. Veamos por ejemplo lo que se puede y debe hacerse en la perspectiva de la sustentabilidad. Barbosa Brandão et al. (2018) aseguran que en las zonas rurales hay una enorme riqueza asociada a los aspectos sociales, ambientales y paisajísticos.
Por su parte, Zaid (2006) sostiene que la reforestación y el cuidado de la naturaleza absorbe mayor cantidad de recursos humanos y crea oportunidades productivas derivadas de la silvicultura, a saber: aceites vegetales, flora medicinal, hongos, resinas, orquídeas, turismo ecológico y hasta madera, si se les cierra el paso a los depredadores de los recursos naturales. Disponer de bosques productivos a cargo de comunidades locales reduce la pobreza campesina y la hinchazón urbana, a la vez que mejora la situación del agua, los suelos, la vegetación y la fauna.
La importancia del capital social y capital humano (el rol de la educación)
Para Charles-Leija et al. (2018) el capital social tiene que ver con la forma en la cual las personas se relacionan entre sí y lo que pueden lograr con ello, en términos de progreso, en el trabajo y la vida misma. Dicho capital social incluye los contactos, familiares, conocidos, quienes permiten recibir apoyos de diversos tipos. Ahora estos vínculos también se expresan y potencian a partir de las redes sociales tecnológicas.
Respecto al concepto de capital social referido, Garrido Fernández y Moyano Estrada (2002) señalan que las regiones tienen ritmos diferenciados de desarrollo, por lo que unas se quedan rezagadas, mientras que otras avanzan, se modernizan y prosperan. De este modo atraen la atención de inversionistas y demás agentes económicos. Muchas veces se trata de regiones contiguas que tienen en común aspectos culturales y aun apoyos gubernamentales. En ese sentido, también importan otros aspectos que se ubican más allá de las que se refieren a la producción.
La inversión en el capital humano juega un rol fundamental en el desarrollo de las regiones rurales. Los programas de enseñanza-aprendizaje deben ser más amplios en el sentido de ver el todo y las partes que lo conforman (Martínez Chapa, 2019). De acuerdo con Suminar et al. (2016), la educación debe estar basada también en las necesidades de desarrollar las competencias de quienes viven en entornos determinados, además de aspirar a fortalecer su capital social, un tema crucial en el presente dados los desafíos de la globalización.
La economía de las naciones funciona mejor gracias a la contribución de las artes, oficios y profesiones; es decir, su capital humano (Thurow, 1978). Las generaciones nuevas tienen un valioso acervo de conocimientos, habilidades y experiencias en el desempeño del trabajo. El capital social y por ende humano guarda una importancia mayúscula en el desarrollo de la sociedad. Así lo observa Martínez Chapa:
el conocimiento en las sociedades ha hecho posible que cada país escriba su historia particular respecto de cómo se formaron los asentamientos y se crearon instituciones a fin de procurar su preservación al ubicarse cerca de recursos naturales estratégicos y en relativa abundancia. Es un hecho que han estado presentes las consideraciones respecto a la geografía, cercanía a los mercados, a las mismas fuentes de suministro, el acceso a la fuerza de trabajo diversa, entre otros. No es ocioso, por tanto, considerar al desarrollo de las regiones como elemento determinante, entre otros factores, de la especialización del conocimiento, reforzado a través del aprendizaje de oficios, artes y profesiones. (2019: 7)
Las regiones rurales deben encarar los desafíos respecto a problemáticas como la falta de empleos y de remuneraciones dignas, entre otras adversidades. Estos problemas son particularmente evidentes, pues acceder a puestos de trabajo urbanos implica elevados costos de traslado y otras adecuaciones que deben implementarse (Cano Aguilar y Chávez, 2019). El desempleo es apenas uno, de una gama más amplia, de los problemas que afectan las regiones rurales. Su economía se halla interconectada con un todo nacional e internacional.
En ese tenor, es fundamental asegurar la eficacia de las políticas públicas, además de promover iniciativas emprendidas por parte de la sociedad civil y de las empresas privadas. Debe haber acción de los miembros en favor de una mayor participación y empoderamiento ciudadanos. Estas comunidades están cambiando su fisionomía, razón por la cual se está perdiendo capacidad de retención de sus pobladores (Lacy, 2000).
Desafortunadamente, en estas regiones se siguen reproduciendo patrones de desigualdad y de injusticia. De acuerdo con Berdegué, la desigualdad económica es quizás la expresión más evidente:
El índice de Gini del ingreso rural se encuentra en los niveles más altos en países como Brasil, Chile, Colombia, México y Perú. En todos estos países, el ingreso rural ha mostrado un crecimiento significativo, en parte gracias al comercio agroalimentario, pero el índice de Gini en las zonas rurales apenas se ha movido, lo que significa que pocos están capturando la mayoría de los beneficios. De hecho, Chile, México y Perú son líderes en términos de sus exportaciones agrícolas y son también líderes en la desigualdad económica rural. El crecimiento económico agrícola por sí mismo no asegura la reducción de la desigualdad económica rural. La desigualdad étnica es otro gran desafío. Cerca de 45 millones de ciudadanos indígenas viven en América Latina y el Caribe, y sufren muchas formas de exclusión. En México, hay 2.4 individuos indígenas que sufren desnutrición crónica por cada persona no indígena. En Guatemala [la proporción] es 1.4; en Honduras 1.7; en Panamá 3.2. (2018: 1)
En México persisten desigualdades en los ámbitos urbano y rural según se desprende de la tabla 1. En ambas series tienden a disminuir dichas desigualdades -medidas a través del coeficiente de Gini (CG)-, pero siguen una inercia difícil de superar en las dos décadas de la serie. El CG es la medida más común para medir la desigualdad y se basa en la Curva de Lorenz. Se trata de la composición de una frecuencia acumulada que compara la distribución de una variable específica con una distribución uniforme que representa la igualdad. Cuando el CG es cero, la igualdad es perfecta; es el caso contrario cuando el CG es 1.
Periodo | Urbano | Rural | Diferencia | Tasa de variación (%) |
---|---|---|---|---|
2000 | 0.511 | 0.483 | -0.028 | -0.05 |
2002 | 0.472 | 0.470 | -0.002 | 0.00 |
2004 | 0.486 | 0.484 | -0.002 | 0.00 |
2006 | 0.477 | 0.474 | -0.003 | -0.01 |
2008 | 0.482 | 0.460 | -0.022 | -0.05 |
2010 | 0.473 | 0.458 | -0.015 | -0.03 |
2012 | 0.476 | 0.466 | -0.010 | -0.02 |
2014 | 0.479 | 0.444 | -0.035 | -0.07 |
2016 | 0.540 | 0.427 | -0.113 | -0.21 |
2018 | 0.446 | 0.423 | -0.023 | -0.05 |
2020 | 0.484 | 0.459 | -0.026 | -0.05 |
Promedio | 0.484 | 0.459 | -0.025 | -0.049 |
Fuente: Banco Mundial (2020).
Nota: datos estimados para 2020.
Según Olivera (2002), en México, las desigualdades en cuanto al acceso de recursos para el desarrollo han persistido y se vuelve difícil superarlas dadas las actuales tendencias desarrollistas, donde se privilegia más a los grandes centros urbanos con infraestructura y mayores oportunidades para la expansión de los mercados domésticos y empresariales. Por décadas se ha privilegiado al uso del suelo urbano a partir de esquemas de inversión pública a fin de asegurar también una extraordinaria rentabilidad de activos inmobiliarios.
Como se dijo, la inversión en el capital humano juega un papel fundamental para el desarrollo de las regiones rurales. De acuerdo con la tabla 2, el indicador rezago educativo tiende a reducirse a lo largo del periodo. En 1990, 17 entidades tenían un rezago superior a la media nacional, considerada en 27.3 por ciento. Para 2015, sólo 10 entidades -Campeche, Chiapas, Guanajuato, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, San Luis Potosí, Veracruz, Yucatán y Zacatecas- se encuentran por encima de dicha media, estimada entonces en 18.5 por ciento. La brecha -medida por la desviación estándar- entre los estados se reduce de 6.6 a 5.3. El reto evidente es dotar de infraestructuras y demás recursos para que la población en desventaja supere esta adversidad.
Entidad federativa | 1990 | 2000 | 2010 | 2015 | Diferencia (1990-2015) |
---|---|---|---|---|---|
Aguascalientes | 23.1 | 18.0 | 15.1 | 14.7 | -8.3 |
Baja California | 18.8 | 16.2 | 14.1 | 14.8 | -4.0 |
Baja California Sur | 20.5 | 16.9 | 13.8 | 14.7 | -5.8 |
Campeche | 31.8 | 26.0 | 20.8 | 19.8 | -12.0 |
Coahuila | 20.1 | 15.2 | 12.9 | 12.1 | -8.0 |
Colima | 25.8 | 21.6 | 18.0 | 17.9 | -7.9 |
Chiapas | 43.2 | 36.8 | 32.9 | 31.8 | -11.5 |
Chihuahua | 23.0 | 19.4 | 16.9 | 16.0 | -7.0 |
Ciudad de México | 13.0 | 10.6 | 9.4 | 8.4 | -4.6 |
Durango | 26.8 | 22.4 | 18.2 | 16.8 | -10.0 |
Guanajuato | 32.1 | 27.7 | 23.5 | 22.1 | -10.1 |
Guerrero | 35.2 | 30.3 | 27.9 | 26.9 | -8.3 |
Hidalgo | 30.9 | 25.3 | 19.7 | 18.5 | -12.4 |
Jalisco | 25.3 | 21.8 | 19.1 | 18.1 | -7.2 |
Estado de México | 20.5 | 16.7 | 14.7 | 14.3 | -6.2 |
Michoacán | 34.9 | 31.0 | 28.5 | 27.8 | -7.1 |
Morelos | 23.8 | 20.4 | 17.3 | 17.3 | -6.5 |
Nayarit | 28.9 | 23.9 | 19.7 | 18.7 | -10.2 |
Nuevo León | 17.1 | 13.6 | 11.8 | 10.6 | -6.4 |
Oaxaca | 38.4 | 33.1 | 29.9 | 28.5 | -9.9 |
Puebla | 31.3 | 27.1 | 24.1 | 23.2 | -8.1 |
Querétaro | 26.7 | 20.8 | 17.4 | 16.1 | -10.6 |
Quintana Roo | 27.6 | 19.7 | 16.1 | 16.1 | -11.5 |
San Luis Potosí | 30.2 | 25.2 | 20.3 | 18.8 | -11.3 |
Sinaloa | 26.6 | 23.3 | 18.8 | 18.1 | -8.5 |
Sonora | 21.0 | 17.6 | 14.3 | 13.4 | -7.6 |
Tabasco | 29.8 | 24.5 | 18.2 | 17.4 | -12.4 |
Tamaulipas | 23.5 | 18.8 | 15.9 | 15.8 | -7.7 |
Tlaxcala | 22.1 | 18.6 | 15.3 | 15.1 | -7.0 |
Veracruz | 34.3 | 29.9 | 26.5 | 25.8 | -8.5 |
Yucatán | 34.2 | 28.2 | 23.5 | 21.6 | -12.5 |
Zacatecas | 32.4 | 28.6 | 22.5 | 19.9 | -12.5 |
Promedio | 27.3 | 22.8 | 19.3 | 18.5 | |
Desviación estándar | 6.6 | 6.0 | 5.5 | 5.3 |
Fuente: Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social en México (2020).
El México rural de principios del siglo XX tenía como característica el analfabetismo y la falta de oportunidades en educación, salud, alimentación y servicios esenciales para la población (Cano Aguilar y Chávez, 2019). Después de la Segunda Guerra Mundial, una vez que México sentó las bases del camino de industrialización y urbanización, la creación de escuelas de todos los niveles cambió poco a poco la dura realidad del analfabetismo y la condena al subdesarrollo.
La educación es un factor fundamental en el desarrollo de los países. En la medida en que se avanza en la misma los ciudadanos tienen progresos importantes, entre ellos los relativos a las remuneraciones y el aumento del ingreso de las familias (Martínez Chapa, 2019). Según se advierte en la gráfica 2, la tasa de alfabetización entre personas de 15 y más años muestra una tendencia positiva al pasar de 92 a 96 por ciento en el periodo 2001- 2020.
Inversiones en salud, educación, infraestructura y demás permiten aumentar la esperanza de vida de la población al proveerle de mejores herramientas para enfrentar cualquier posible adversidad derivada de las condiciones geográficas (Ray, 1998). Desde luego, también es fundamental contar con infraestructuras para la provisión de bienes públicos y privados. No obstante, factores como la falta de servicios médicos y medicina preventiva propician el ausentismo escolar y, por lo tanto, afecta adversamente el nivel de desempeño académico. Lo mismo ocurre con quienes no tienen una ingesta de proteínas diaria adecuada (Martínez Chapa, 2021).
Otra variable de estudio igualmente importante es la relativa al promedio de escolaridad. La población rural ha incrementado su promedio de escolaridad al pasar de 6.9 en el año 2000 a 9.5 por ciento en 2018 (Tabla 3). Ello es significativo, pues se trata de la población de 15 años en adelante, justo de la que se halla en el periodo de la vida productiva.
Periodo | De 15 a 24 años | De 25 a 59 años |
---|---|---|
2000 | 6.9 | 4.1 |
2002 | 7.4 | 4.5 |
2004 | 7.9 | 5.4 |
2006 | 8.3 | 5.8 |
2008 | 8.3 | 5.5 |
2010 | 8.6 | 6.0 |
2012 | 9.0 | 6.5 |
2014 | 9.1 | 6.6 |
2016 | 9.3 | 7.0 |
2018 | 9.5 | 7.4 |
Tasa de variación | 38% | 80% |
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (2020).
No es difícil deducir entonces que no se puede alcanzar excelencia académica al padecer de desnutrición y malos hábitos alimenticios. Los pobres, los marginados y quienes viven excluidos de las oportunidades de desarrollo gozan de menos incentivos para invertir en educación y, en general, en capital humano. Se privan, pues, de los efectos positivos y significativos de incrementar la esperanza de vida y de mejorar su nivel de bienestar en lo general (Martínez Chapa, 2021).
Por otro lado, al destacar la situación de la migración como un rasgo explicativo del bajo crecimiento económico del sector rural, se encuentra que aquélla se ha acentuado por la incertidumbre jurídica en la propiedad de la tierra, factor que ha jugado en contra de la transferencia de este recurso y demás aspectos que puedan brindar mayor movilidad (Ray, 1998).
El rezago social y económico es inherente al problema del crecimiento, sujeto por definición a multiplicidad de factores y es propio de desequilibrio. Cuando tal rezago se prolonga, se agudizan las distorsiones. De continuar este patrón en México ello significará mayor rezago en el sur. El norte presionará por más recursos, en tanto que el sur quedará aún más limitado (Cano Aguilar y Chávez, 2019).
Las entidades con mayor rezago enfrentan enormes presiones para dotar de servicios de salud, educación y demás condiciones de desarrollo regional y social (Esqueda Walle, 2018). De otro modo, un indeterminado número de su población joven, al no encontrar empleo dignamente remunerado y oportunidades reales de mejora material, seguirá abandonando dichas regiones, creándose con ello un círculo de pobreza y exclusión. Las disparidades regionales impactan regresivamente en múltiples áreas: el ahorro nacional, el mercado interno, la productividad, la educación, la salud y, en general, el mismo tejido social.
Las empresas tienden a invertir menos en individuos con poco nivel de escolaridad (Thurow, 1978). Así la dispersión en el ingreso y nivel de bienestar se acentúa, afectando a los menos favorecidos. El requisito para vislumbrar la posibilidad de acceder a un empleo es contar con nivel secundaria, y en los grandes centros urbanos es nivel bachillerato. La situación es más crítica en las comunidades rurales al no contar con plazas de trabajo para los egresados procedentes del medio rural. El medio rural resulta poco atractivo para el ejercicio profesional de médicos, abogados, contadores, profesores y demás.
De hecho, en el presente se advierten a más profesionistas desempeñándose en funciones que hace dos décadas realizaban personas con menor grado de escolaridad. Esto está ocurriendo porque existe una enorme oferta de mano de obra calificada y no calificada compitiendo por los pocos puestos de trabajo. En las comunidades rurales, las pequeñas empresas medianas efectúan una contribución muy importante en la economía familiar y local, aun cuando sus actividades se valen de menores recursos tecnológicos. Se requiere entonces de mayor profesionalización. Por otro lado, el aprendizaje de oficios, especialmente en los talleres de servicio y reparación, por mencionar algunos, ha sido la base de la continuidad de empresas familiares y aun de otro tipo. El carácter del entrenamiento es permanente y necesario a fin de que dichas comunidades se mantengan activas (Martínez Chapa, 2021).
El Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2019-2024
El análisis del PND (2018), en su apartado de desarrollo rural, es otro de los objetivos de la presente investigación. Dicho Plan es un documento que el gobierno en turno prepara para que se constituye una guía del trabajo, en este caso, en las comunidades rurales. En dichas comunidades de México el reto es enorme: deforestación, tierra erosionada, desertificación, deterioro agrícola, abandono y desesperanza en la mayoría de estos asentamientos (Zaid, 2006).
Las problemáticas aquí descritas son consideradas cuestiones de seguridad nacional. Tan pronto como Andrés Manual López Obrador asumió la Presidencia de la República urgió a emprender una cruzada en pro del desarrollo de las zonas rurales del país, especialmente las del sur. Durante décadas los diversos gobiernos han prometido atender con celeridad al sector referido, pero se han quedado cortos.
El gobierno actual ha cuestionado las diversas reformas emprendidas en el país, todas ellas en su momento justificadas como indispensables para impulsar el desarrollo. Un reto muy importante lo constituye el campo mexicano, por lo que refiere a la llamada ‘deuda generacional’ de la sociedad mexicana con dicho sector. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura o FAO (2018), ahí se encuentra muy focalizado el rezago económico.
En México, las metas de mejorar el bienestar se han centrado esencialmente en el combate a la pobreza y la marginación extrema a través de programas federales. Han sido también importantes los esfuerzos de los gobiernos estatales y locales con sus respectivos programas, estrategias e iniciativas. Tampoco puede quedar fuera la contribución de instituciones asistenciales -fundaciones, organismos de ayuda humanitaria, iglesias-, las cuales requieren coordinarse y planificar a largo plazo ante escenarios complejos.
El diagnóstico que hace el actual gobierno es oportuno al destacar la existencia de un capital natural, social y humano diverso. Jóvenes y adultos en edad de trabajar no encuentran suficientes oportunidades productivas dignas a fin de arraigarse al campo mexicano. Más bien, por desgracia el sector referido sigue siendo expulsor de población. Se ha señalado que el problema de México tiene que ver con el conjunto de restricciones insertas en su sistema legal y económico. Empero, subyacen la falta de justicia y la desigualdad en el ingreso; fenómenos desafortunadamente persistentes en el interior de los países.
Según Zaid (2006) el sector forestal, por su parte, cuenta con una vasta diversidad de maderas apreciadas en el mercado nacional e internacional. Sin dejar de cuidar sus bosques, se requieren aprovechamientos con tecnología moderna. Dicho sector es rico en la producción de otros bienes, incluido el ecoturismo. Los sectores agrícola y ganadero han contribuido notoriamente en la producción y comercialización de estos bienes. Requieren también ser autosuficientes, para lo cual sus actividades deben ser rentables. Los precios de garantía y demás apoyos del gobierno son fundamentales para el crecimiento: deben competir con subsidios otorgados por otros gobiernos del mundo.
En la segunda parte del Programa de Desarrollo Rural se plantea una serie de propuestas con sus respectivas estrategias a seguir, destacando la necesidad de favorecer el desarrollo humano y patrimonial de quienes viven y trabajan en ese ámbito. Ello debe ser el resultado de un esfuerzo tendiente a aumentar la eficacia de las actividades productivas, valiéndose para ello de la misma diversificación.
Siendo el rural el sector más pobre, el gobierno plantea abatir esta situación a partir de la creación de empleos temporales, así como la creación de empresas rurales, entre ellas el ecoturismo, la remediación de suelos, la apuesta a la reforestación, entre otras acciones. El medio rural requiere el empleo de la ciencia y la tecnología a fin de impulsar su competitividad (Zaid, 2006).
En una economía sujeta a la competencia es importante tener información oportuna sobre precios, oferta, acceso al crédito, a la tecnología y demás variables de interés para los productores e intermediarios. Por tanto, se necesita del invaluable apoyo de las universidades, instituciones de investigación y el trabajo de las organizaciones no gubernamentales.
El sector rural requiere de estrategias audaces para su modernización. Al mismo tiempo, se necesitan mayores apoyos para garantizar el acceso a los servicios públicos esenciales a las comunidades: agua potable, energía eléctrica, escuelas, consultorios médicos, caminos y demás infraestructura. En cuanto al futuro probable de las regiones rurales, Lacy (2000) advierte las dificultades para obtener empleos bien remunerados, educación y otras oportunidades para el desarrollo de las potencialidades de las familias.
El reto es procurar condiciones de superación de los rezagos y con ellos los niveles de bienestar social. En estas regiones el empleo suele ser de tipo informal y las familias siguen patrones de autoconsumo (Alburquerque, 1997). Requieren de empresas orientadas a atender el mercado nacional y extranjero con criterios de calidad y que sean rentables. Se quiera aceptar o no, la globalización ha traído desigualdad territorial, pues estas regiones también acceden a una parte significativa de bienes de consumo mundial (Lacy, 2000). En ese sentido, no debe hablarse de homogeneidad ni de convergencia regional en la producción, el comercio y el empleo, sino más bien de heterogeneidad.
Conclusiones
En este trabajo se ha reflexionado en torno al tema del desarrollo rural en México desde la perspectiva de su valor más allá de lo estrictamente utilitario; aunque no se opone a su contribución fundamental a la sociedad en su conjunto. Se han destacado aspectos relativos a sus capacidades intrínsecas, es decir, su capital natural, social y humano. Este capital tan diverso puede potenciarse para bien de la sociedad. Por otro lado, se ha analizado la propuesta de desarrollo rural esbozada en el PND del gobierno mexicano (2019-2024). En el mismo se hace un diagnóstico de la situación que impera en el sector, pero también se plantean propósitos, estrategias y acciones tendientes a mejorar la situación de las familias que viven en el universo rural.
A partir de las diversas políticas públicas de atención a dicho ámbito, resulta evidente la falta de una visión clara en todos los niveles de gobierno en relación con la realidad y a los desafíos del desarrollo regional, además de la insuficiencia de recursos para que verdaderamente despegue el sector. Los asuntos de desarrollo sustentable y justicia deben privilegiarse; ello en lugar de condiciones de reproductividad, de allí que se advierta que las comunidades más pobres por ahora no han tenido las mismas oportunidades para desarrollarse.
El sector primario como componente del PIB en lo general ha venido disminuyendo. También lo ha sido el de quienes trabajan en él. La pobreza en el medio rural es grave y ahí se encuentran los más pobres del país y, por lo tanto, es donde mayormente se originan las fuertes migraciones. Han atenuado las adversidades las remesas y los subsidios, así como la política de retribución por mantener los bosques, además de otros apoyos oficiales; de otro modo, el éxodo podría alcanzar mayores proporciones.
La experiencia internacional demuestra que en las sociedades en donde es más rica y variada la participación ciudadana, además de eficaz la intervención del gobierno, el nivel de bienestar suele ser más elevado. Se vuelve entonces indispensable detener la tendencia de desprecio por parte de la sociedad civil, de indiferencia ciudadana hacia la erosión de las comunidades y localidades. Está demostrado que, en sus respectivas esferas de intervención, el mercado y el Estado, junto con la participación ciudadana, pueden actuar a favor del desarrollo incluyente. La participación democrática debe extenderse más allá de la esfera política. Se debe igualmente considerar el lugar del trabajo, la ciencia, la tecnología, las familias, así como el cuidado de la salud.
El campo en México ha sido enormemente intervenido a través de grandes burocracias, pero a la vez subsiste un estado de inercia y falta de progreso. Por tanto, los asuntos más apremiantes expuestos aquí respecto de la agenda del desarrollo rural no pueden posponerse por mucho tiempo. No es posible esperar a que en EU se implemente una reforma migratoria largamente esperada que sirva como una “válvula de escape” al problema del campo mexicano. Es indispensable aplicar políticas congruentes con las necesidades y expectativas de las comunidades rurales del país. Igualmente, es importante respetar los recursos naturales, humanos, culturales y demás. También se debe ser consciente de la necesidad de adaptarse a las nuevas realidades y exigencias de hacer más productiva y sustentable esta actividad económica.
A fin de cambiar la situación adversa del desarrollo rural mediante el empleo, el ingreso y la misma calidad de vida, organismos como el BM han recomendado y apoyado la implementación de programas de entrenamiento corto y rápido para que los desempleados y repatriados puedan autoemplearse, o bien, incorporarse al sector productivo. En la medida en que ello ocurra, los gobiernos tendrán menores presiones sociales y, en consecuencia, el fenómeno de la migración impactará en menor medida las regiones diversas del país.
Hay que cambiar el paradigma que priva en los niveles altos de la burocracia federal de que la agenda del desarrollo rural es atribución exclusiva del Estado. La sociedad civil organizada debe no sólo abrir espacios de participación, sino porfiar para que se respeten sus valoraciones y su interés en cuidar los recursos naturales y, en general, el patrimonio rural a fin de que las comunidades más pobres se empoderen de dichos recursos, sus únicos medios de supervivencia.