Introducción

El asunto de la frontera entre Brasil y Venezuela involucra aspectos geográficos y socioeconómicos. Esta frontera fue establecida por el Tratado de Límites y Navegación Fluvial de 1859 y ratificada por el Protocolo de 1928. Las relaciones diplomáticas entre Brasil y Venezuela se iniciaron en 1842 y, en 1905, se demarcaron las fronteras (^{FERNÁNDEZ, 2007}). Brasil comparte su tercera frontera terrestre más grande con Venezuela. Tiene una longitud de 2.199 km, de los cuales 90 km son convencionales y los otros 2.109 km siguen la división hidrográfica entre las cuencas del Amazonas (Brasil) y del Orinoco (Venezuela).

La frontera discurre por zonas aisladas y de difícil acceso, con escasas infraestructuras y servicios públicos, y cuenta con un solo paso terrestre, entre las ciudades de Pacaraima (Brasil) y Santa Elena de Uairén (Venezuela), que distan 958 kilómetros por el territorio de Roraima (^{LIRA et al., 2019}). Otra ciudad importante de la región es Guayana, en la unión de los ríos Caroní y Orinoco, que tiene mayor relevancia económica, ya que alberga a Puerto Ordaz y San Félix, el puerto fluvial más grande del país y el principal centro minero y metalúrgico en Venezuela (^{SANTOS, 2008}).

Para analizar la dinámica de la frontera entre Brasil y Venezuela, es necesario tener en cuenta que la mayoría de la población da la Pan-Amazonía vive en áreas urbanas, resultado de políticas de ordenamiento territorial y éxodo rural elaboradas en todos los países de la región, lo que pasó por su vez a los dos países analizados (^{FENZL et al., 2022}; ^{SEGNINI et al., 1980}). Además de ser un espacio de intensa movilidad humana, especialmente en los últimos años, debido a la crisis política, económica y social en Venezuela.

Miles de venezolanos han buscado refugio en Brasil, especialmente en el estado de Roraima, donde enfrentan desafíos de integración, acceso a la salud, educación, trabajo y vivienda (^{LIRA et al., 2019}). La situación humanitaria en la frontera ha exigido acciones coordinadas entre los gobiernos (federal, estatales y municipales), organismos internacionales y la sociedad civil, para garantizar los derechos de los migrantes y refugiados, así como de los brasileños residentes en la región. La frontera fue cerrada en varias ocasiones, tanto del lado venezolano, como del brasileño, por motivos políticos o sanitarios, afectando el flujo de personas y mercancías.

El análisis de datos como seguridad, trabajo, educación, vivienda, movilidad, comercio y migrantes indígenas revela que hay cierta homogeneidad entre ambos lados de la frontera, con poblaciones predominantemente urbanas y de bajo nivel de educación. Sin embargo, también hay diferencias significativas, como el mayor IDH del lado venezolano y el mayor número de habitantes del lado brasileño. Además, es necesario considerar las disparidades regionales dentro de cada país, ya que tanto Brasil como Venezuela presentan grandes contrastes entre las regiones más desarrolladas y las más desfavorecidas.

Entre 2017 y 2018, Brasil recibió 111 mil venezolanos. En marzo de 2019, el flujo migratorio se intensificó y, según el ^{Ministerio de Justicia y Seguridad Pública de Brasil (2020)}, alcanzó las mil personas por día. Al cruzar la frontera, los venezolanos encuentran largas filas en los puntos de identificación y una barrera en el puesto de la Policía Federal. Muchos llegan enfermos, hambrientos y en situación precaria (^{LIRA et al., 2019}).

La frontera entre Brasil y Venezuela fue escenario de importantes cambios político-económicos y territoriales en las últimas décadas del siglo XX. Este ensayo tiene como objetivo examinar las dinámicas territoriales generadas por las actividades sociales y económicas, de 2016 a 2021, analizando las relaciones territoriales que configuran a la región como escenario de conflictos en la Amazonía, principalmente entre las ciudades de Pacaraima y Santa Elena. Para ello, esta investigación se realizó con base en informes de diferentes órganos del gobierno federal brasileño, además de bibliografías ya realizadas por otras investigaciones.

Límites y fronteras en la Amazonía: una digresión teórica y metodológica

En este ensayo analizamos las relaciones de poder en la Frontera, marcadas por la presencia de diferentes actores sociales y económicos, debatiendo la existencia de un régimen de poder oligárquico, basado en la explotación de los recursos naturales, que enfrenta resistencia y contestación de otros grupos que buscan ampliar su participación política y económica en la región.

Además, en este espacio también están presentes trabajadores urbanos y rurales, organizándose para reclamar sus derechos e incidir en las decisiones de proyectos y municipios que conforman la frontera. Así, la frontera es un espacio de disputa y negociación entre estos diferentes actores, que intentan imponer o modificar el actual sistema de poder (^{PALHETA DA SILVA, 2013}).

Para ^{Hissa (2002}, p. 35), una reflexión sobre los límites y las fronteras es, al mismo tiempo, una reflexión sobre el Poder. Los límites y las fronteras se construyen para definir dominios y delimitar territorios y fueron creados para sugerir una precisión que requiere poder. El poder de trazar líneas, de separar espacios, de clasificar lugares, de imponer normas, de regular flujos, de controlar movimientos, de incluir y excluir, de conectar y desconectar, de integrar y desintegrar. Poder geográfico, que es también político, económico, cultural y simbólico. ^{Haesbaert (2006}; ²⁰¹⁰) nos recuerda que tanto en el origen de la categoría territorio como en la categoría región, conceptos geográficos por excelencia, el acto de demarcar, delimitar, separar, controlar el acceso está en la raíz de las palabras de origen latino territorio (de tierra, pero también terror) y región (de regere, regimiento) (^{HAESBAERT, 2006}; ²⁰¹⁰).

Sin embargo, antes de seguirnos es necesario un esclarecimiento metodológico. En geografía suele haber cierta confusión en lo que concierne al concepto de frontera. Como lo ilustran los estudios de ^{Silva y Silva (2018)} y ^{Lobato y Soares (2015}, ²⁰¹⁷), en la geografía, y, en particular, en la geografía brasileña, cuando si habla de ‘frontera’, en general, se está refiriendo al fenómeno de cambios de uso de la tierra, modificación del paisaje, del avance de un modo complejo de organización del espacio geográfico sobre otro.

^{Lobato y Soares (2015}, ²⁰¹⁷) afirman que este debate empezó en estudios históricos y sociológicos, con destaque para el americano Frederick Von Thurner. Desde entonces, a partir del caso de la expansión de la frontera americana rumo al oeste, esta categoría pasó a ser utilizada por distintos expertos, incluso ^{Lenin (1972)}, para el caso ruso. Para ^{Lobato y Soares (2017)}, aquellos autores que propusieron la perspectiva de avanzar la frontera en línea terminaron destacando sobre aquellos que propusieron la frontera en área, aunque hubo diferencias importantes en ambos grupos.

Ciertamente, en este debate, cabe destaque a autores como el sociólogo José de Souza Martins, quien ya había propuesto una tesis sobre la relación entre control laboral y control de la tierra en la formación espacial brasileña (^{MARTINS, 1979}), pero que, para el caso de la Amazonía brasileña propuso la frontera como una articulación compleja y contradictoria de distintos momentos. En la proposición de Martins (2009), hubo una articulación entre lo que ^{Velho (1972}, ¹⁹⁷⁶) llamó el “frente de expansión” y lo que ^{Monbeig (1984}), a su vez, llamó el “frente pionero”.

Para ^{Martins (2009)}, las dos ocurren, siendo que el primero pasa como un frente del trabajo desapropiado de regiones consolidadas, que es empujada hacia zonas de colonización comercial y de formación de comunidades, en forma de okupas, para enfrentar a las poblaciones indígenas y campesinas. Pasado este primer momento, con la consolidación de la propiedad, los nuevos usos del suelo, con las primeras deforestaciones y el avance de las empresas madereras, estos okupas son expulsados por los grandes agricultores y empresas agrícolas, que también consolidan la urbanización periférica. Este según frente, que ^{Monbeig (1984)} llamó “frente pionero”, para ^{Martins (2009)} es el frente del capital propiamente dicho.

^{Carvalho (2012)}, así, llama la atención para el facto al hecho de que el avance de la frontera está generalmente vinculado al proceso de conversión de la subsunción formal del trabajo al capital a la subsunción real del trabajo al capital, idea que también es defendida por ^{Soares (2021)}. De este modo, como lo afirman ^{Mota et al. (2022)}, del punto de vista del capital más avanzado, las áreas de subsunción formal les parecen “espacios vacíos”, lo que pasó, de facto, en todas las regiones de la Pan-Amazonía, dado que una cosa común a todas ellas fue su formación eminentemente mercantil y agroextractivista.

Según ^{Aguiar y Oliveira (2009)}, la idea de ocupar los “espacios vacíos” en la Amazonía es problemática, ya que no toma en cuenta un requisito esencial para promover la urbanización, que es integrar a las sociedades con el equipamiento de bienes y servicios que aseguren el bienestar social. Al contrario, esta fue una idea siempre conectada a la concepción de dotar el espacio de aparatos para el capital. En este sentido, resulta imprescindible la disposición de políticas públicas para proveer el equipaje necesario que permita la accesibilidad a la educación, el empleo y los ingresos, con mayor valor para los servicios y el trabajo en las ciudades.

Según ^{Becker (1991)}, una frontera urbana es la infraestructura necesaria para el proyecto de rápida ocupación de la región, siguiendo e incluso anticipando la expansión de varios frentes relacionados con la expansión territorial. Esta es una particularidad de la frontera actual, que ya es urbana y tiene un ritmo de urbanización más rápido. Esta particularidad está relacionada con la migración (^{BECKER, 1991}. p. 44). Así, analizar la frontera implica en alisar dados migratorios (^{LIRA, 2017}) y los vectores de cambios de uso de la tierra, o sea, las dinámicas territoriales (^{ROCHA et al., 2018}).

Para ^{Rocha et al. (2018)}, las dinámicas territoriales pueden ser comprendidas como un conjunto de transformaciones en la base material impulsadas por intereses resultantes de las acciones de actores privados y/o proyectos colectivos de actores sociales, la evolución y traducciones de tales acciones y proyectos, implementado en un espacio determinado. Estas transformaciones particulares, cuando lidas en conjunto, permiten una periodización de la frontera según lo propuesto por ^{Lobato et al. (2022}), en su intento de modelación gráfica para el avance de la frontera en la Amazonía brasileña. La gran consecuencia de este avance de la frontera en estos moldes, es la deforestación forestal, la concentración de tierras, el aumento de los conflictos agrarios, de los conflictos socioambientales, y de la urbanización desigual y precaria (^{CARVALHO et al., 2018}; ^{FENZL et al., 2020}).

Pero hasta acá, se está se refiriendo a esta frontera del avance económico, de los cambios de uso da la tierra, de la migración. En el caso de la Amazonía brasileña, los estudios de ^{Becker (1981)}, ^{Martins (2009)}, ^{Velho (1976)}, ^{Carvalho (2012)}, ^{Carvalho et al. (2018)} y ^{Lobato et al. (2022)} son estudios acerca de la región que se quedó conocida como el “arco de la deforestación” o el “arco del fuego” en las décadas de 1970 y 1980, y que ^{Becker (2004)} pasa a llamar “arco de asentamiento consolidado”, y que se refiere aproximadamente al sur del estado de Rondônia , al norte del estado de Mato Grosso, al sur y sureste del estado de Pará, al centro-norte del estado de Tocantins y al noroeste del estado de Maranhão. Estos “grandes proyectos” que llegaran con el avance de la frontera cambiaran a tal punto la región, que ^{Gonçalves (2001)} propuso que antes e allá de la frontera había y hay un “patrón de organización espacial río-llanura de inundación-bosque”, mientras que tras el avance de la frontera lo que hay es un “patrón de organización espacial estrada-suelo firme-subsuelo”.

¿Pero, y la frontera política de los Estados nacionales? Esta es “otra” frontera, aún que también pueda ser analizada a partir de este paradigma de la frontera. Al menos en Brasil, en lo que concierne a los limites administrativos, se debe usar el concepto de “límite” para designar la separación de dos municipios en el mismo estado de la Federación, por ejemplo, el límite entre el municipio de Boa Vista y el municipio de Bonfim. Mientas “divisa” se debe utilizar para la separación de dos estados da la Federación, por ejemplo, la divisa entre Roraima y Amazonas. Y, finalmente, “frontera” para la separación de dos países, por ejemplo, la frontera entre Brasil y Venezuela (^{ALECE, 2017}).

Sin embargo, esto es un abordaje meramente jurídico y administrativo. Algunos expertos han propuesto que, en términos generales, es necesario separar la distinción de la noción de frontera (como un “front”), ligada a la idea de cambios de paisaje y dinámicas territoriales, de la noción más jurídico-administrativa de “límite” (acá englobando todos los límites, independientemente de que sean entre Estados nacionales o unidades sub-nacionales) (^{FERRARI, 2014}; ^{CRUZ, 2010}).

En general, en este ensayo, concordamos con esta idea, pero, esto no significa que no sea posible analizar los espacios que son “límites”, o sea, son efectivamente “fronteras políticas” por la perspectiva teórica del avance de la frontera. Esto efectivamente fue hecho por ^{Cruz (2010)} para el caso de la frontera entre Brasil y Guyana Francesa, y por ^{Péné-Annette (2021)} para el caso de la frontera entre Venezuela y Guyana. Esta último incluso utilizando también el concepto de “frente pionero” caro a los franceses.

Así, en esta perspectiva, sobre todo a partir de las migraciones, es posible analizar el caso de la frontera entre Brasil y Venezuela, entre las ciudades de Pacaraima y Santa Elena. Este corredor fue fundamental para intensificar la migración entre ambos países. En lo que concierne al ordenamiento territorial, esta área es abrazada por la “franja fronteriza brasileña”. Según ^{Silva (2011)}, el concepto de franja fronteriza se refiere al área delimitada por el Estado para ejercer su control y soberanía sobre el territorio nacional, mientras que el concepto de zona fronteriza se refiere al área de contacto e intercambio con otro país, que presenta una dinámica social y ambiental propia, marcada por la diversidad y movilidad resultante de la presencia de la línea internacional (^{SILVA, 2011}, p. 49).

^{Hissa (2002)}, por fin, destaca que “limitar” significa compartir para gobernar con expresiones de ejercicios de poder, por tanto, limitar implica dividir y la intención de controlar. Destaca que la delimitación de territorios es siempre una manifestación de poder frente a la dinámica de las comunidades. Surgen así intentos de organización de la sociedad civil, con movimientos urbanos, entre otros, que comienzan a hacer converger sus discusiones e intereses, uniéndose para tratar de participar en las decisiones de los gobiernos locales.

Si bien sus objetivos son diversos, estas organizaciones se dan cuenta, cada vez más, de su exclusión y utilizan la capacitación de sus líderes y su nivel de conciencia política para cuestionar las políticas de los gobiernos locales y sus representantes. Así, el debate transfronterizo es cada vez más un debate político que no importa solamente a los que detienen el poder institucional o territorial, pero también a una miríada de atores sociales a quienes les interesa contestar los muros de todos los tipos (^{HAESBAERT, 2014}).

Según ^{Schmink y Wood (2012}, p. 47), la lógica capitalista del crecimiento económico se basó en la incorporación de excedentes de capital y mano de obra, los cuales fueron transferidos geográficamente a zonas de expansión agrícola. El concepto de frontera no se limita al espacio geográfico rural, sino que abarca una dinámica compleja y desafiante, ya que involucra conflictos y resistencias entre diferentes modos de uso y apropiación de territorios por las sociedades de la Amazonía.

Procedimientos metodológicos

La metodología utilizada se basa en la revisión de informes de agencias gubernamentales brasileñas y bibliografías preexistentes de investigaciones relacionadas en Venezuela-Brasil. Se dio preferencia a fuentes oficiales como el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE), el Instituto de Investigaciones Económicas Aplicadas (IPEA) y datos del Ministerio de Integración Nacional, el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública de Brasil, además de la Secretaría de Estado de Salud de Roraima.

Si bien Brasil, en particular, tiene un sistema de información complejo, en relación con otros países vecinos, autores como ^{Lira (2017}; ²⁰¹⁸) muestran cómo el análisis de estos datos es insuficiente, siendo necesario recurrir a fuentes documentales (periódicos en particular) y, principalmente, a fuentes primarias para realizar investigaciones actualizadas sobre el tema de migración y avance fronterizo.

La región fronteriza entre Brasil y Venezuela

La región fronteriza entre Brasil y Venezuela (Figura 01) presenta una complejidad migratoria que se intensificó desde principios de la década de 1980. En este contexto, Boa Vista, capital del estado de Roraima, se consolidó como el principal centro político-económico de esta parte de la frontera, atrayendo inversiones para acelerar la organización económica del territorio amazónico, con foco en la agricultura.

El objetivo fue impulsar la organización productiva del territorio, principalmente con los ejes de desarrollo definidos por los planes de viabilidad económica de la región, lo que implicó la apertura de carreteras, uno de los primeros pasos para llevar mano de obra y capital a la frontera amazónica. Como consecuencia, las dinámicas territoriales generaron diferentes expectativas económicas, sociales y ambientales, que hoy convierten a esta zona en una de las más problemáticas del país en términos de conflictividad socioeconómica y ambiental.

Fuente: ^{STÉFANO (2010)}.

Figura 01: Frontera entre Brasil y Venezuela 

La explotación de recursos naturales siguió siendo la principal actividad económica en la región investigada, provocando cambios significativos en la organización política y social del territorio. Así, surgió una nueva élite, formada por terratenientes, empresarios y profesionales independientes, como médicos, abogados, políticos y comerciantes, que comenzaron a competir por el poder. Este conflicto político, asociado a las inversiones en la actividad agrícola, generó fragmentación en la estructura territorial de la región. Esta configuración resultó tanto de la distribución espacial de la actividad agrícola como de la lucha por el control de las relaciones locales de producción y, en consecuencia, el dominio sobre los municipios que abarcan la actividad agrícola (^{SANTOS, 2010}).

De esta manera, la Amazonía brasileña se relaciona con una de las fronteras de expansión del capital internacional en América Latina. Esta forma también está asociada a la posibilidad del “desarrollo” de la Amazonía. Así, el gobierno brasileño implantó su estrategia en diferentes escalas, desde la local hasta la internacional. Esta alianza de capitales sirve para consolidar y viabilizar las actividades en la región (^{PALHETA DA SILVA, 2010}; ^{FENZL et al., 2020}).

De esta manera, el inicio del siglo XXI marca un hito en múltiples procesos que se desarrollaron a lo largo de las décadas posteriores. Los conflictos que surgen son acompañados, aunque tímidamente, pero con cierta personalidad, por embriones de la maduración de actores sociales excluidos del poder que buscan insertarse en el proceso político-económico territorial de los municipios (^{BECKER, 2004}), para que los gobiernos y locales las elites ya no pueden ignorar los problemas locales (Figura 02). Por lo tanto, la reflexión sobre la presencia de grupos económicos en esta región también es necesaria y se convierte en un tema presente en los debates locales.

Fuente: ^{Gazeta do Povo, 2019}.

Figura 02: Tensión en la frontera con Venezuela 

Esta reflexión lleva a los actores sociales a buscar la participación, tratando de incidir en el proceso socioeconómico y político local, para que no queden excluidos de las decisiones y encuentren soluciones a los problemas urbanos y rurales. Aunque este proceso sea insipiente en Latinoamérica, la flexibilidad del poder local en relación con la gestión de la participación de la sociedad civil comienza a ganar relevancia, ya que es uno de los caminos que siguen los actores sociales para participar en las políticas públicas locales y resolver conflictos de intereses.

La región fronteriza se ha convertido en un territorio vinculado a la economía, relacionado con la escala económica, conectándose a diferentes escalas, que van de lo local a lo internacional o de lo local a lo nacional, y articulando diferentes intereses, aliándose o no con diferentes actores locales, nacionales e internacionales. cuestiones político-sociales. La superposición de territorios muestra también los conflictos de intereses de los poderes locales y, en cierta medida, en relación con otros poderes económicos y no institucionalizados. Esta superposición de territorios e intereses favoreció la disputa por el poder político-económico local.

La configuración del espacio geográfico expresa la dinámica de conflictos sociales y político-económicos en luchas por la apropiación y control de diferentes áreas por parte de actores sociales que fueron influenciados directa o indirectamente por las actividades económicas de la región. Las relaciones sociales son relaciones que necesitan ser analizadas en un contexto de articulación entre diferentes actores sociales, identificados en diferentes escalas de la organización económica de la zona fronteriza.

El papel que juegan los grupos empresariales en el control de determinadas actividades económicas genera, a su vez, conflictos por disputas por los diferentes usos de los territorios a implementar en los espacios geográficos de la frontera, provocando competencia entre lugares para las actividades económicas y los incentivos fiscales que cada lugar ofrece atraer determinadas inversiones económicas.

La migración de venezolanos hacia Brasil ha aumentado en los últimos años, debido a la crisis política, económica y social vivida en Venezuela. Jarochinski-Silva y ^{Baeninger (2021)}, con base en datos oficiales, destacan que, en 2020, había 261.441 venezolanos viviendo en Brasil, de los cuales 46.434 fueron reconocidos como refugiados, 96.556 se encontraban en proceso de solicitud de asilo, 145.462 tenían visa de residencia por razones humanitarias (^{JAROCHINSKI-SILVA; BAENINGER, 2021}). La situación de los inmigrantes venezolanos en Brasil implica una acción del Estado en la regulación del flujo migratorio, principalmente en la región fronteriza (Figura 3), teniendo en cuenta las necesidades de protección y asistencia de las poblaciones vulnerables.

Fuente: ^{Ministerio de La Integración Nacional de Brasil (2009)}, adaptado por los autores.

Figura 03: Ubicación de las Ciudades Fronterizas de Pacaraima y Santa Elena (círculo en rojo). 

La cuestión quedó más compleja a partir de 2020, con la llegada de pandemia de COVID-19 en Sudamérica. Uno de los efectos sociales y económicos de la pandemia de COVID-19 en la región fronteriza entre Brasil y Venezuela fue el cierre del paso terrestre entre ambos países (Figura 04), determinado por el gobierno venezolano en marzo de 2020, como medida para contener la propagación del virus.

Esta medida estuvo vigente hasta 2022, cuando se reabrió la frontera. Durante este período, sólo el transporte de carga estaba autorizado a cruzar la frontera, bajo supervisión militar. Esta restricción redujo significativamente el flujo migratorio de venezolanos hacia el lado brasileño, especialmente entre las ciudades de Pacaraima y Santa Elena, que antes de la pandemia registraban un intenso movimiento de personas y mercancías.

Fuente: ^{Cruzeiro do Sul, 2019}.

Figura 04: Cierre de la frontera entre Brasil y Venezuela 

La preocupación por la frontera brasileña y sus vecinos latinoamericanos es de larga data. El período de la Dictadura Militar brasileña (1964-1985) legó una serie de programas y proyectos, entre los que se destacan el “Programa Canal Norte” y la creación del Sistema de Vigilancia Amazónica/Sistema de Protección Amazónica (SIVAM/SIPAM) (^{MONTEIRO, 2011}). Aún que las dinámicas hayan cambiado a partir de la redemocratización en Brasil, en el avance de los años 2010, hubo un recrudecimiento de la implementación de importantes políticas infraestructurales en la Amazonía brasileña en detrimento de la soberanía de los pueblos originarios, y también una visión colonial del Estado brasileño sobre la Amazonía brasileña, e incluso sobre sus vecinos sudamericanos (^{SOARES et al., 2016}).

En este ámbito, ha sido lanzado el Programa de Promoción del Desarrollo de la Franja Fronteriza (PDFF). Una iniciativa del gobierno brasileño a través del Ministerio de la Integración Nacional, que lograba promover el crecimiento económico, social y ambiental en regiones fronterizas con otros países. El PDFF buscó aprovechar el potencial local y fortalecer la integración con las naciones vecinas, a través del mejoramiento de la infraestructura física, la calificación de los servicios públicos y la diversificación de las actividades productivas. El programa tuvo un enfoque científico y participativo, basado en diagnósticos, planes y proyectos creados con la colaboración de actores locales.

De forma contradictoria, también, el PDDF intentaba fundir desarrollo social con políticas de control y seguridad. La “amenaza de las güerillas comunistas” de los tiempos de la Dictadura Militar estaba ultrapasada, y los discursos de seguridad se concentraban en la necesidad de combate al tráfico internacional de drogas. Así, tal como una serie de otras políticas de los gobiernos Lula da Silva y Dilma Roussef en Brasil, había esta mezcla ambigua de agendas sociales y agendas autoritarias. De cualquier modo, la crisis vivida en Venezuela elevó las migraciones a un nuevo nivel.

Según datos del Observatorio Internacional de Migraciones (OBMigra), en 2022, más de la mitad de las solicitudes de asilo en Brasil fueron realizadas por ciudadanos venezolanos, que buscaron protección humanitaria en suelo brasileño (^{CAVALCANTI et al., 2022}). Los países que más se acercaron a esta cifra fueron Cuba y Angola, pero juntos no alcanzaron una quinta parte del total de solicitudes (gráfico 05). La mayoría de los refugiados venezolanos ingresaron a Brasil por la región fronteriza entre las ciudades de Santa Elena, en Venezuela, y Pacaraima, en Roraima, generando una situación compleja que requirió acciones coordinadas entre los ámbitos municipal, estatal y federal para acoger e integrar a los refugiados. migrantes que llegan al país.

Fuente: Dados de OBMigra (JUNGER et al., 2023).

Figura 05: Solicitud de Reconocimiento de la Condición de Refugiado 2022. 

Según información del Ministerio de la Justicia y Seguranza Pública de Brasil, entre 2016 y 2018 se registraron más de 60 mil solicitudes de asilo de ciudadanos venezolanos, que se encontraban en situación activa o inactiva (figura 06). Esta cifra representa un aumento significativo respecto a años anteriores, lo que demuestra la gravedad de la crisis humanitaria y política que afecta al país vecino. El refugio es un derecho garantizado por la Constitución Federal brasileña y la legislación internacional, que tiene como objetivo proteger a las personas que sufren persecución o violaciones de derechos humanos en sus países de origen.

Fuente: Ministerio de la Justicia y Seguranza Pública de Brasil (2022).

Figura 06: Solicitud de Asilo de Venezuela (2016- 2018) Activa e Inactiva. 

Según información del Departamento de Salud, entre 2016 y 2019 se registraron 79.873 visitas ambulatorias a venezolanos en la ciudad de Boa Vista (figura 07). Esta cifra pone de relieve la situación de crisis que afecta al país vecino y que ha motivado a miles de personas a buscar refugio en Brasil.

Fuente: Departamento de Salud del Estado de Roraima (Brasil), 2019.

Figura 07: Venezolanos que asisten a consultorios ambulatorios en Boa Vista. 

A la vista de los datos presentados, es evidente el profundo impacto de la crisis humanitaria y política en Venezuela entre 2016 y 2019. Las más de 60 mil solicitudes de asilo en Brasil por parte de ciudadanos venezolanos y las casi 80 mil visitas ambulatorias en Boa Vista atestiguan la magnitud de esta situación. La Constitución Federal brasileña y la legislación internacional reconocen la necesidad de proteger a las personas que enfrentan persecución y violaciones en sus países de origen, y las cifras refuerzan la relevancia de este derecho al refugio frente a las adversidades vividas en Venezuela durante el período antes mencionado.

Una mirada a la frontera de la diversidad

El Instituto de Pesquisa Económica Aplicada (^{IPEA, 2021}), de Brasil, destaca que una de las áreas sectoriales impactadas, en la frontera Brasil-Venezuela, fue la salud, que se aceleró por el aumento de la migración vía Santa Elena hacia la capital Boa Vista. Lo más destacado fue la cantidad de venezolanas embarazadas que comenzaron a buscar atención en hospitales de la capital. Según ^{IPEA (2021)}, el informe anual de epidemiología de 2019 mostró que hubo una reducción en la tasa de natalidad entre 1990 y 2018, y un aumento a partir de 2016, debido a la migración de mujeres venezolanas en busca de atención obstétrica en Boa. Vista.

El IPEA clasifica la seguridad en tres puntos, según el perfil de los migrantes. Primero, los miembros de las clases altas, que migraron entre 2015 y 2016, en busca de mejores oportunidades económicas y sociales. En segundo lugar, el IPEA destaca la clase media, compuesta por profesionales y comerciantes independientes, que se destacó en el flujo migratorio en 2017, debido a la crisis política e institucional. Y, finalmente, el grupo de los más vulnerables y con pocos recursos económicos, incluidos indígenas y no indígenas que buscaron ayuda humanitaria en Brasil, principalmente a partir de 2018.

En cuanto al sector laboral, el Instituto destaca la preocupación por la situación laboral de la mayoría de los migrantes, ya que la mitad de ellos se encontraban desempleados. Este rango también incluye a los trabajadores por cuenta propia y, finalmente, el bajísimo número de contratos laborales formales que obtienen los migrantes venezolanos. Las categorías laborales en las que caen los venezolanos son limpiadores, servicios de alimentos, trabajadores de la construcción y camareros de cafetería, siendo raros los trabajos administrativos como asistentes, empleados de almacén y empleados de tiendas. Esto pone de relieve la falta de calificación de los migrantes para ocupar puestos de trabajo que requieren mayor formación profesional y, en consecuencia, la dificultad de agregar valor al trabajo y a los ingresos que reciben en territorio brasileño.

Uno de los sectores que más preocupa a las autoridades brasileñas es la educación. Los migrantes venezolanos enfrentan dificultades para obtener el reconocimiento de sus títulos de educación secundaria en la Secretaría de Educación de Boa Vista y, en consecuencia, la equivalencia de sus títulos por parte del Ministerio de Educación, que realiza la Universidad Federal de Roraima (UFRR). La demanda de estos servicios supera la capacidad de los empleados brasileños que los atienden y falta personal para atender las necesidades que llegan cada día a los lugares donde se formalizan diplomas y certificados. Esto provoca retrasos en la asistencia y legalización de los inmigrantes, lo que les dificulta su acceso a las escuelas y al mercado laboral formal.

La creciente migración y el constante cambio de domicilio en la ciudad también son desafíos para el sistema educativo, especialmente para la educación básica, que necesita dar cabida a los hijos de los inmigrantes. También enfrentan barreras con el idioma portugués y, sin el apoyo adecuado de la escuela, están en desventaja en comparación con otros estudiantes.

Una de las acciones que la dirección de asistencia social del Municipio de Pacaraima, en Roraima, destacó en 2018 fue la formación de grupos que ejercían el poder según sus intereses. Entre estos intereses se encontraban las Escuelas Interculturales de Frontera, que son instituciones educativas que tienen como objetivo promover la diversidad cultural y lingüística en las regiones fronterizas entre países (^{PEGÔ et al., 2018}).

La dirección de asistencia social de Roraima también destacó, en 2018, la situación de 227 familias brasileñas residentes en Santa Elena de Uairén, en el estado Bolívar, en Venezuela. Las autoridades públicas proporcionaron el transporte de 480 niños y jóvenes desde el jardín de infantes hasta el séptimo año de la escuela primaria, y el estado también transportó a 600 estudiantes a la escuela estatal (^{PÊGO et al., 2018}).

La crisis migratoria también ha impactado el sector inmobiliario en la ciudad de Boa Vista. Ante la demanda de vivienda, muchos propietarios han dividido sus propiedades en unidades más pequeñas, de uno, dos o tres pisos, que se alquilan a inmigrantes. Estas unidades, sin embargo, no ofrecen condiciones adecuadas de confort térmico, considerando las altas temperaturas en la capital de Roraima. Además, los migrantes enfrentan dificultades para pagar el alquiler, ya que dependen de trabajos formales o informales que no siempre están disponibles, especialmente para aquellos que aún no han regularizado su situación en el país.

Otra consecuencia de la falta de trabajo e ingresos es el aumento del número de inmigrantes que viven en las calles o en lugares inadecuados para vivir. Estas personas viven en condiciones higiénicas y alimentarias precarias, utilizando materiales reciclados como latas de pintura y ladrillos para cocinar sus alimentos en fogones improvisados.

Un tema que influye en la movilidad en la frontera es el movimiento de personas que cada día llegan a la ciudad, debido a la acelerada migración en el espacio urbano. Según un informe del ^{IPEA (2021)}, el 80% de los accidentes de tránsito en la ciudad involucran a migrantes extranjeros, que transportan carga, no usan casco ni cinturón de seguridad, violando y faltando el respeto a las leyes de tránsito brasileñas.

La economía en la frontera entre Pacaraima y Santa Elena experimentó una importante transformación como consecuencia de la crisis en Venezuela y el flujo migratorio hacia Brasil. Antes de la crisis en el país vecino, los brasileños solían cruzar la frontera para adquirir productos en las tiendas de la ciudad venezolana, que ofrecían precios más bajos y mayor variedad. Actualmente, Pacaraima se ha convertido en el destino preferido de los consumidores locales y la dirección del flujo se ha invertido, ya que el real brasileño tiene mayor poder adquisitivo que el bolívar venezolano.

Finalmente, los pueblos indígenas representan una parte considerable de esta migración y la parte más vulnerable de la población en el proceso migratorio hacia las grandes ciudades. La cultura indígena tiene una forma diferente de relacionarse con el espacio geográfico y sufre prejuicios por parte de quienes viven en las ciudades en relación con su forma de vida diferente a la de los residentes de los espacios urbanos capitalistas.

Según ^{Lira et al. (2019)}, los indígenas Warao son los principales pueblos indígenas migrantes de Venezuela al Brasil. Sin desconocer que existen otros migrantes, de origen urbano, con perfil socioeconómico diferente, es necesario señalar que la mayor crisis de la migración venezolana en Brasil afecta a los pueblos indígenas. Esto muestra cuán urgente es una política internacional y pan amazónica integrada para proteger a los pueblos indígenas contra los vectores de destrucción de los bosques, esenciales para la reproducción social de estos pueblos.

A su vez, los conflictos que involucran a indígenas y mineros, por ejemplo, o quienes practican la minería ilegal, son un factor que los expulsa de sus territorios. Los indígenas son más propensos a la deportación debido a la dificultad de regularizar su situación debido a su propia forma de vivir en sociedad y las diferentes normas que les dificultan adaptarse a los espacios urbanos. Otro punto preocupante son las enfermedades adquiridas en las zonas urbanas o traídas por muchos que ya están enfermos desde sus localidades, aumentando el número de consultas y diagnósticos de diversos tipos de enfermedades. Los graves episodios registrados entre el pueblo yanomami en Roraima durante el gobierno de Jair Bolsonaro (2018-2022) ilustran cómo este no es un problema particular en Venezuela.

Consideraciones Finales

La educación, la seguridad, el trabajo, la vivienda, la movilidad y los migrantes indígenas en la frontera entre Brasil y Venezuela son cuestiones complejas que exigen soluciones integradas y participativas. Estos temas involucran a diversos actores sociales, políticos, económicos y culturales, los cuales deben ser considerados en un análisis científico de la realidad fronteriza.

La educación en las regiones fronterizas entre Pacaraima, en Roraima, Brasil, y Bolívar, Santa Elena de Uairén, en Venezuela, constituye un derecho humano fundamental y un factor determinante para el desarrollo social y económico. Sin embargo, esta educación enfrenta dificultades como infraestructura insuficiente, baja calidad de la enseñanza, tasas de deserción escolar y desigualdad de oportunidades. Para superar estas dificultades, es fundamental invertir en políticas públicas que aseguren el acceso, la retención y el aprendizaje de todos los estudiantes, sin distinción de origen, género, raza o situación socioeconómica.

Además, es necesario fomentar la formación continua de los docentes, mejorar los planes de estudio y los enfoques pedagógicos, evaluar sistemáticamente los resultados y fortalecer la gestión escolar. Sólo así la educación podrá desempeñar su papel de transformación social y fomento de la ciudadanía.

La seguridad en las zonas aledañas a esta frontera es un requisito fundamental para el cumplimiento de los derechos humanos. Sin embargo, esta seguridad se ve comprometida por varios factores, como la violencia, el tráfico de drogas y armas, la corrupción y la falta de rendición de cuentas. Estos problemas generan tensiones y conflictos entre las poblaciones locales y los migrantes que cruzan la frontera en busca de mejores condiciones de vida. Es por tanto necesario adoptar medidas efectivas para garantizar la protección y asistencia de las personas afectadas, así como fortalecer la cooperación y el diálogo entre gobiernos y organizaciones involucradas en la gestión de fronteras.

Así, la seguridad es un tema complejo y relevante para ambos países. La situación socioeconómica en estas zonas está marcada por desafíos como el desempleo, la informalidad, la precariedad y la explotación laboral. Estos factores contribuyen a la vulnerabilidad y violencia de los habitantes, que buscan una fuente de ingresos y dignidad en la frontera. Por lo tanto, es necesario que se adopten políticas públicas integradas y cooperativas para promover el desarrollo sostenible, el respeto a los derechos humanos y la seguridad de todos los involucrados en este contexto.

La vivienda y la movilidad son derechos sociales y necesidades básicas de las poblaciones que viven en la frontera entre Brasil y Venezuela. Sin embargo, estos derechos se ven vulnerados por la escasez, insuficiencia e inaccesibilidad de viviendas dignas y del acceso a medios de transporte y transporte adecuados en estas zonas, donde los ríos y las carreteras no estructuradas merecen atención. Un análisis de la movilidad en las zonas fronterizas entre Pacaraima y Bolívar revela que el acceso a bienes y servicios es limitado, ineficiente e insostenible. Los migrantes indígenas, que tienen derechos y capacidad de transformación, sufren discriminación, invisibilidad y vulnerabilidad.

La cuestión de la franja fronteriza pasa por reconocer la diversidad e interdependencia de los desafíos, potencialidades y especificidades de la región. Implica también promover el diálogo y la cooperación entre los diversos actores sociales, políticos e institucionales que trabajan en la zona, respetando la soberanía nacional y los derechos humanos. Además, implica fortalecer las políticas públicas y los mecanismos de participación social, con el objetivo de garantizar el acceso universal y equitativo a servicios públicos de calidad. Finalmente, implica fomentar el desarrollo sustentable e integrado de la frontera, valorando las riquezas culturales, ambientales y económicas de la región. Esto implica, por fin, que esta región de frontera deba ser vista por los gobiernos nacionales de modo distinto del que históricamente constituyó la mirada acerca del “avance de la frontera”.