Este artículo empieza comentando el creciente reconocimiento de la importancia de la generación del empleo como eje fundamental de la política social. Frente a las transformaciones del mercado de trabajo impulsadas por la globalización (flexibilización del trabajo, desempleo y subempleo, ampliación del sector informal, la maquila, crecientes dificultades para ampliar la cobertura de la seguridad social, etc.), hacen falta políticas gubernamentales diseñadas para fomentar la creación del empleo. El autor argumenta, además, que cualquier perspectiva de una política de creación de empleo sostenible, requiere de una disminución de las acentuadas desigualdades sociales. Al revisar las políticas gubernamentales introducidas en México, sostiene que, aun cuando se han dirigido a reaccionar ante el cambio estructural, poco han hecho para tener una visión proactiva.

Palabras clave: México, empleo, mercado de trabajo, desigualdad social, políticas de empleo.

This article starts commenting the growing recognition of the importance of creating employment opportunities as a key element in social policy. In the face of the changes in the labor market provoked bu globalization (greater flexibility of work relations, unemployment, underemployment, the growth of the informal sector, the maquila and the evident insufficiency of social security coverage, etc.), government policies designed to create employment opportunities are urgently needed. The author argues, furthermore, that any prospect of a sustainable policy of creating employment also requires a reduction of the accentuated indices of inequality. A revision of the policies introduced in Mexico suggests that, while they are clearly a reaction to the structural changes under way, they lack a proactive vision.

Key Words: Mexico, Employment, Labor Market, Social Inequality, Employment Policies.

Recibido: 13-06-2005 Aceptado: 15-07-2005

Cada vez es más frecuente en América Latina incorporar las políticas de empleo como parte de las políticas públicas destinadas a combatir la pobreza, pasando de esta manera de las políticas sociales entendidas como la responsabilidad gubernamental frente a las distorsiones del mercado, hacia las políticas de fomento al empleo y los mercados laborales. Existen estudios recientes que enfatizan esa transición y que colocan al empleo como la política social más importante (Azeredo, 1998; Azizur, 2001; Osminis, 2002).

Sin embargo, en un mundo en el cual se han experimentado cambios sustanciales derivados del proceso de globalización y en el cual el empleo duradero y sujeto a la seguridad social es cada vez más escaso, las voces sobre la desaparición del trabajo (Meda, 1998), su precarización por la expansión de los servicios (Centre Intercontinental, 1995), la pérdida de centralidad y su subordinación a formas "flexibles" impuestas por el mercado (Kolko, 1987), crean problemas cada vez más complejos de atacar con decisiones de política debido a la movilidad de la población, el crecimiento del sector informal y el desarrollo de las industrias maquiladoras o del sector servicios. Sin embargo, en México tanto para las políticas sociales de asistencia como para las políticas de empleo es prioritario atacar la desigualdad. Los datos de hogares muestran las brechas de desigualdad existentes: el 10% de la población más rica obtiene ingresos 32 veces más altos que el 10% más pobre (Vázquez Mota, 2002). Otro dato es que el conjunto de los ingresos del decil X de los hogares son iguales a los del 70% de la población, lo que dificulta que los hogares pobres puedan invertir en escolaridad, alimentación y salud.

Para la población económicamente activa (PEA) estas brechas se demuestran por el hecho de que el 10% de la población más pobre apenas cuenta con 4 años de escolaridad, mientras que el 10% más rico tiene en promedio 14 años de escuela formal. Esta situación impacta negativamente las oportunidades de empleo y acceso a la seguridad social. Así, según Vázquez Mota, 45,5% de la población entre 18 y 65 años pertenecientes al primer decil de ingreso se declaró inactiva y, de los que estaban en actividad, 90% carece de acceso a prestaciones sociales otorgadas por la ley (Vázquez Mota, 2002). Pero si bien es cierto que las oportunidades laborales muestran una grave concentración, también es que en los últimos años se encuentran estancadas.

La desigualdad plantea problemas respecto al diseño de políticas para la generación de empleos, tales como esclarecer las fuentes de ingresos de los hogares, las actividades que desempeñan sus miembros y el acceso a las oportunidades del mercado laboral. La desigualdad muestra también las dificultades para precisar la información y las comparaciones con los países de América del Norte y de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), por lo que es preciso iniciar algunas distinciones previas, que permitan precisar los conceptos que se utilizarán a lo lago del artículo:

• La primera de ellas se refiere al empleo y la ocupación. Las estadísticas oficiales conciben al primero como una actividad asalariada subordinada², con o sin acceso a la seguridad social, en tanto que la ocupación es toda actividad económica generada por los individuos, dentro de la cual el empleo es sólo un subconjunto de la ocupación. Dicha distinción corresponde a los criterios comparativos internacionales, pero también reflejan las transformaciones de la economía mexicana, la que muestra un grave estancamiento de los empleos asalariados permanentes y un crecimiento de empleos y ocupaciones eventuales en todos los sectores de la economía. La discusión sobre estos conceptos es relevante a los objetivos del trabajo porque se aborda la cuestión de la responsabilidad pública en generación de actividades económicas –ocupaciones– sin más o actividades con acceso a seguridad social y permanencia.
  

• La segunda es la referente a la reestructuración productiva y el modelo de desarrollo. Este último es inseparable de la satisfacción de las necesidades de la población, entre ellas y primordialmente su incorporación al mundo del trabajo y el grado de satisfacción subjetiva. En cambio la reestructuración productiva remite a la formación de un nuevo modelo exportador (NME) ligado a la apertura económica y la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (Tlcan), algunas de cuyas características son las siguientes: 1) disminución del papel del Estado como agente y promotor de los derechos; 2) disminución del peso relativo del empleo formal y protegido en el conjunto de las ocupaciones; 3) reubicación de las actividades industriales favorecidas por el Tlcan, como la industria maquiladora de exportación (IME), la industria electrónica y la automotriz; 4) pérdida de competitividad de la producción agropecuaria y la persistencia de la pobreza que regionalmente inciden en los estados más atrasados de la República en la intensificación de las carencias.
  

• Finalmente, es preciso distinguir entre las políticas públicas de empleo y los programas coyunturales de gobierno. Desde la perspectiva clásica de las políticas públicas entenderíamos a éstas como las estrategias surgidas de la argumentación y destinadas a fomentar e incorporar la participación ciudadana, así como a sintetizar las opiniones públicas en la agenda, el diseño, la implementación y la evaluación de aquellas estrategias (Aguilar, 1996). Los programas, entretanto, pueden ser coyunturales y corresponder al ámbito de la gestión inmediata de los gobiernos En este contexto, también es preciso observar el cambio que se ha operado en el ámbito de las políticas debido a los innumerables acomodos que el mercado, la sociedad civil y las organizaciones han provocado en las estructuras de gobierno, cuyos efectos más positivos han sido, sin duda, la descentralización y la horizontalización de decisiones, pero cuyos efectos negativos se sintetizan en la distinción entre política económica y política social y la grave desatención de la promoción de empleos como un instrumento de lucha contra la desigualdad.

Desde las perspectivas enunciadas anteriormente, este artículo persigue dos objetivos principales:

• Señalar los efectos sobre el mercado de trabajo del cambio del modelo económico, tanto desde el punto de vista de la teoría como de las transformaciones históricas.
  

• Elaborar una valoración de la gestión de las políticas; de tal modo que se presenten propuestas para avanzar en un proceso de modernización no excluyente.

Nuestro enfoque para este artículo será el de la calidad de vida, el de los arreglos institucionales y el de las políticas destinadas a superar las condiciones de pobreza como atributos fundamentales de las políticas de empleo.

Para desarrollar un acercamiento a esta propuesta, dividiré este artículo en cuatro parágrafos: el primero de ellos se centrará en la discusión del modelo teórico imperante; el segundo abordará el funcionamiento de ese modelo en el contexto de las transformaciones recientes de los mercados de trabajo y las reformas institucionales en México; el tercero se relaciona con los condicionantes del mercado laboral en México y la desigualdad social; y el cuarto con una valoración de las políticas y la gestión de programas de empleo. Pasaremos finalmente, a unas breves conclusiones.

La hipótesis de la que partiremos es que uno de los obstáculos fundamentales para el desarrollo de los mercados de trabajo y de las políticas de empleo sostenible en México es la desigualdad de oportunidades que remite a condiciones históricas y estructurales de la economía mexicana. Dichas desigualdades se reflejan en prácticamente todos los ámbitos y caracterizan los procesos de exclusión-separación-segmentación de grupos de la población enmarcados en una escasa o inexistente institucionalidad. Como parte auxiliar de esa hipótesis, veremos que las políticas de empleo se han dirigido a reaccionar ante el cambio estructural pero poco han hecho por tener una visión proactiva.

En este apartado nos proponemos abordar los debates teóricos sobre el empleo y las aportaciones de las vertientes neoinstitucionalistas para comprender los enfoques en el mercado de trabajo y sus consecuencias en los modelos de política. A partir de la distinción entre ocupación y empleo³, los análisis representativos del gobierno mexicano han hecho énfasis en la ocupación de las personas. La explicación es que el desempleo no necesariamente afecta las estrategias de las personas por desempeñar una actividad económica. De ahí que la ocupación tenga cada vez más poder explicativo en la interpretación del comportamiento económico de la población y de la constitución del mercado laboral (Inegi, 2004). Sin embargo, aún no existe consenso entre los investigadores sobre la importancia de medir la ocupación como un todo o bien el empleo, como la forma moderna del trabajo que implica la responsabilidad de las empresas, las instituciones políticas y sindicales y el acceso a la seguridad social. La teoría de la ocupación, que ahora se ha desarrollado como una forma de equiparar las estadísticas mexicanas con las de las de los países miembros de la OCDE, según algunos autores, dejarían de lado la construcción social de los sujetos o agentes en el mercado (De la Garza, 2002; Salas, 2002).

Desde esta última perspectiva, se impone una discusión de fondo sobre las teorías del empleo y la ocupación desde el punto de vista de los actores. La economía neoclásica⁴ ve en la constitución del dualismo entre empleados y empleadores una simplificación de los procesos económicos y sociales. En términos neoclásicos, el factor trabajo se orienta, como cualquier actividad económica, por la utilidad. Así, puede presentarse una maximización de la misma a partir de un beneficio marginal que presente ese factor. En un mercado aparentemente libre, este actor –el que oferta trabajo– tomaría en cuenta la ponderación trabajo-utilidad-ocio para aceptar colaborar en una empresa. Esta tendencia supone la existencia de los agentes que no están sujetos a presiones exógenas, sino que responden a sus propias decisiones.

Sin embargo, este último modelo tiene su talón de Aquiles cuando se introducen los cambios exógenos a las decisiones de los agentes. Tales cambios pueden derivarse de la economía globalizada y sus nuevas instituciones (organismos financieros, multinacionales, oligopolios, etcétera), lo que supone transformaciones estructurales al interior de las sociedades nacionales y de las desigualdades estructurales en sociedades específicas como la mexicana, lo que dificultaría al factor trabajo la maximización de la utilidad, dada la disparidad existente en acceso al mercado, escolaridad, salud, seguridad social e información.

Si se toma en consideración el punto de vista subjetivo, además, el empleo supone la realización y satisfacción personal con la propia actividad, cosa que la teoría económica ha dejado de lado. La permanencia en el puesto y el grado de satisfacción que experimente el trabajador serán determinantes para el desarrollo de las instituciones y su funcionamiento, así como el de la productividad.

Por otra parte, este modelo teórico no ha generado una explicación satisfactoria de la desigualdad y sus relaciones con el empleo ni de la función que cumple en los mercados de trabajo. Se ha sugerido que la desigualdad proviene de las decisiones que toman los individuos que pueden mermar su capacidad de ahorro y la pérdida de oportunidades en el mercado. Desde esta perspectiva, el desempleo puede remitir a una decisión libre del individuo y corresponder a una desutilidad marginal, es decir, a una disminución de las expectativas⁵. Si la teoría neoclásica postula los mercados en equilibrio como supuesto de la condición del empleo, en su aspecto contrario el desempleo significa la pérdida de equilibrio por el hecho de que el mercado no podría por sí mismo generar las expectativas de utilidad que buscan los agentes. De ahí que no esté claro por qué el agente desempleado buscaría incorporarse al mercado de trabajo y en qué condiciones cambiarían sus expectativas.

Por otro lado, Amartya Sen ha postulado que la desigualdad surge de la diversidad de capacidades lo que permite a los individuos obtener mayores o menores ingresos en el mercado (Sen, 2001). En este sentido, la desigualdad en el mercado de trabajo parecería estar directamente relacionada con las capacidades –educación y salud, fundamentalmente– cuya falta, a su vez, acusaría las condiciones de pobreza. Pero ¿de dónde surge esta diversidad de capacidades? En principio puede ser una característica de cada individuo, pero en un sentido más profundo se relaciona con la formación de los individuos en las instituciones, en el reforzamiento de sus lazos sociales, en la posibilidad de incrementar su autoestima y en vivir una vida apegada a valores cooperativos.

Así, pues, frente al desempleo como un factor de ruptura en los mercados de equilibrio y más profundamente como pérdida relativa de cohesión social, surge la posibilidad keynesiana de la necesidad, de mecanismos "exógenos", con lo cual el gobierno puede aparecer como un agente y las políticas como elementos que tienden a llenar los huecos del mercado y de la desigualdad creada o profundizada por el mismo⁶.

Ahora bien, si las nociones de explotación –a partir de la construcción del empleo como de aquel que alquila su FT –pudiesen reactualizarse, es posible ubicar el empleo y desempleo no como conceptos de utilidad de los agentes, y por lo tanto como libertad de elección, sino como determinantes; es decir, como necesidad, aunque no excluye que la elección pueda intervenir en casos específicos. Por otra parte, desde el punto de vista de una construcción de la economía y sociología neoinstitucional (Douglas, 1993; Hogdson, 2002; Peters, 2003; Ayala, 1999; Yonay, 1998; Williamson, 1987; Seckler, 1977) la crítica de la teoría de la utilidad marginal parte del carácter histórico (Caballero, 2004) de la economía y las "reglas de juego" construidas por los agentes y que configuran los límites a la acción individual. Estos dos elementos permiten explicar las "cajas negras" de la economía de la utilidad marginal relativas a la formación de mercados equilibrados y a la información de los agentes. La recurrencia a la teoría institucional sirve para conocer que los agentes no se mueven solos en un mercado puro, abstracto, sino en el marco de instituciones. En este sentido, las características históricas y estructurales, así como la organización y las políticas, pueden tener un papel determinante en la conformación de la estructura del mercado de trabajo. De ahí la importancia de remitir el estudio de los mercados laborales al ámbito de la historia institucional, de la política, de las políticas y de los procesos sociales, como lo veremos a continuación.

El objetivo de esta sección es plantear cómo las predicciones teóricas sobre los equilibrios en los mercados de trabajo mostraron su ineficacia por la existencia de un sector informal urbano (SIU) y por las políticas implementadas a partir de la década de los 80. Asimismo, por la observación de la persistencia de la desigualdad.

El Estado mexicano, como los Estados latinoamericanos, tuvo como característica fundamental la constitución de un pacto social que involucraba a los obreros, campesinos, empleados públicos y al sector privado en una estructura corporativa que permitiera el desarrollo de la productividad industrial desde una perspectiva endógena. El modelo de crecimiento económico se fundamentó en la construcción de instituciones económicas de seguridad social y de apoyo al sector agropecuario que permitieron la expansión constante de la economía y del bienestar social, pero sobre todo del bienestar de los sectores urbanos, ya que la urbanización e industrialización del país se construyeron sobre la base de la disminución de los costos de los productos agrícolas; ya sea por transferencias del Estado o por la disminución de los precios de los productos a partir de políticas de control de precios y la construcción de instituciones de crédito rural, acopio, distribución y comercialización de productos básicos. Como parte de esa institucionalidad, pueden mencionarse una serie de organismos que surgieron durante la segunda mitad del siglo xx y que contribuyeron a integrar prestaciones al salario de los trabajadores; o que permitieron regular el mercado de los productos agrícolas como elementos fundamentales del pacto social.

Entre las instituciones destinadas al bienestar de los trabajadores puede mencionarse las relacionadas con la seguridad social, tanto de los trabajadores de las empresas privadas (IMSS), como las de los trabajadores de la burocracia (Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, Issste), además de las instituciones propias de las fuerzas armadas; por otra parte, en el sector agropecuario el surgimiento de instituciones financieras como el Banco Nacional de Crédito Rural, el Banco Ejidal, y de estructuras destinadas al acopio, la transformación industrial, la distribución y la comercialización de alimentos, como la Compañía Nacional de Subsistencias Populares (Conasupo). Todas estas instituciones contribuyeron al desarrollo del empleo con márgenes de bienestar y a una relativa paz social, aunque, es justo decirlo, dichas instituciones tuvieron como misión fundamental apoyar el crecimiento industrial y la urbanización lo que, si bien amortiguó, no solucionó la desigualdad estructural del país.

De ahí que la conformación de una teoría clásica del mercado laboral en los años 70 del siglo xx supuso una dualidad entre trabajo en el sector formal urbano (SFU) y el sector rural (SR). En el primero pueden darse condiciones de protección dado que representa políticamente el sector favorecido; en tanto que en el sector rural se presuponen condiciones de subsistencia, con el supuesto de que siempre habrá personas dispuestas a aceptar ese tipo de empleos, lo que en esencia significa una utilidad marginal mayor del SFU sobre el SR. En condiciones ideales en las cuales la migración sea explicada por la atracción que representa el sector urbano, se tendrá un modelo de equilibrio cuando el salario esperado en el sector formal urbano y el sector rural tiendan a igualar sus ingresos.

Este modelo fue intensamente criticado porque no explica la existencia de un amplio sector informal urbano (SIU) en las economías latinoamericanas corroborado por la observación empírica sobre la permanencia de una tasa baja de desempleo en un contexto de crecimiento poblacional y de creación también baja de empleo formal o "protegido". El SFU crecía a un ritmo mucho menor que la demanda de empleo; la migración constante del SR con la esperanza de emplearse en el SFU producía un exceso de demanda frente a una reducida oferta.

La búsqueda de trabajo en el SFU tiene tres supuestos que no se cumplen para la mayoría de la población mexicana: el desempleado busca empleo formal a tiempo completo; tiene la capacitación demandada por los mercados laborales; y posee ahorros que le permiten vivir temporalmente en el desempleo.

Las observaciones se complementaron con la constatación de que los individuos se dirigían a un amplio sector del mercado de trabajo urbano informal y por consecuencia no protegido (SIU), dando lugar así al enriquecimiento del modelo explicativo. Así, el nuevo modelo de equilibrio de los mercados laborales, a los que denominaremos "triádicos", pasó a considerar un SFU, un SR y un SIU. Al observar la amplitud de este último sector, la teoría planteó una hipotética situación en la cual los salarios de los tres sectores tenderían a igualarse por medio de una creciente presión del SIU sobre el SF protegido, lo que implicaría una pérdida de los salarios reales de este último, de tal modo que el desplazamiento de los trabajadores desde SFU al SIU fuese atractiva por el incremento de la utilidad marginal de este último. Ahora bien, el incremento de utilidad marginal en el caso del SIU puede verse obstaculizada por la migración rural, que ejercería una presión adicional sobre ese sector dado que no exige una escolaridad específica o una capacitación formal. Sin embargo, un supuesto básico del modelo es que existe una relación inversamente proporcional entre emigración rural e ingreso en el SIU. A medida que la migración se generaliza y encuentra en el SIU un sector de ocupación, puede aumentar la utilidad marginal de los salarios rurales. Incluso podría existir una involución en la migración dándose el caso de una emigración de la ciudad al campo.

La teoría económica dominante durante las décadas pasadas atribuye el desempleo y el crecimiento del SIU básicamente a la existencia de un sector urbano protegido y a las distorsiones existentes en los mercados de trabajo urbanos y rurales. La explicación es la siguiente: la pérdida de competitividad del modelo dualista de los mercados se expresa en el hecho de que el mercado de trabajo tiende a mostrar distorsiones en la medida en que un sector protegido es presionado por un sector rural, de tal modo que la demanda de trabajo supera la escasa oferta existente, lo que debería presionar a que los salarios industriales se ajusten, es decir, caigan, y se flexibilicen las condiciones de trabajo. No obstante, un esquema institucional de "protección" sindical, con contratos colectivos favorables, con leyes rígidas y con un mercado de trabajo poco flexible, no permite el ajuste mencionado. Por ende, las distorsiones del mercado de trabajo se replican y sumen al país en un contexto de escasa productividad. A ello se une, desde el punto de vista de esta teoría, el hecho de que el mercado de trabajo rural también se ve sujeto a fuertes distorsiones, pues no es posible un mercado de tierras que dinamice la producción agrícola. Finalmente, un dilatado sector público con empleados protegidos y con un salario real por encima del mercado culmina este círculo de perversión que contribuye a las inequidades y a la segmentación del mercado.

Al respecto, existen evidencias por medio del estudio de series de largo plazo que demuestran que la existencia de mercados laborales segmentados poco ha tenido que ver con la existencia de un SFU protegido, aunque ciertamente los ciclos de expansión de la producción han influido en el comportamiento del mercado laboral: así, puede verse, de acuerdo a Thomas, (1997) que la existencia de un SIU significativo en los años 50 en los países de América Latina en poco se modifica en los años 60 y 70. En el caso de México, muestra un claro crecimiento en los años 70, pasando a desempeñar un papel cada vez más importante en el conjunto del mercado laboral.

La existencia de mercados de trabajo asimétricos sugiere, más bien, que su origen principal se encuentra en las condiciones de pobreza y desigualdad en América Latina y no en las supuestas distorsiones propiciadas por la ley o las instituciones. La falta de acceso a los bienes públicos (educación y salud, fundamentalmente) y las escasas capacidades ponen al sector informal como una alternativa para los trabajadores desplazados del SFU y del SR. Por otra parte, se plantea como una alternativa o estrategia familiar con la incorporación de sectores "invisibles" al mercado laboral: mujeres, niños y adultos mayores.

En términos generales la explicación de la segmentación de los mercados con base en las distorsiones que provoca el sector protegido de la economía, es la punta de lanza de las propuestas neoliberales para la reforma económica y política de los años 80 que tienen por objetivo reordenar los mercados laborales sobre la base de la disminución, o desaparición de la utilidad marginal de los salarios del sector formal urbano. Así, pues, de acuerdo con esas propuestas, los mercados laborales en México dependerían de una reforma económica y estatal que tuviera como ejes la liberalización del mercado de tierras, para fomentar la inversión en el campo; la disminución del tamaño de las empresas públicas y una reforma laboral que supere las distorsiones del SFU.

Bajo esta lógica es que se ha desarrollado la reforma institucional y laboral en México con vistas a la imposición del nuevo modelo exportador (NME). Los hechos que marcan el cambio estructural de la economía mexicana y la conformación de las características fundamentales del mercado de trabajo se originan en los años 70 del siglo xx con el agotamiento del modelo de sustitución de importaciones e intervencionismo gubernamental. Como consecuencia de ese agotamiento, el Estado mexicano tomó determinaciones de política que profundizaron las tendencias del mercado de trabajo hacia una mayor pérdida de competitividad del SFU, sobre todo en las actividades que no requieren una alta especialización; el crecimiento del SIU, la migración rural-urbana y la feminización de la fuerza de trabajo. La firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (Tlcan) y el retiro de los subsidios en la agricultura –en un contexto en el cual los Estados pertenecientes a las áreas industrializadas siguieron manteniéndolos e incrementándolos– agudizaron la tendencia hacia una mayor emigración a las ciudades y a EEUU.

La reforma ha sido tan profunda en cuanto a la pérdida de competitividad de los salarios reales que existen términos de desigualdad muy marcados en la integración con América del Norte y en comparación con los países de la OCDE. Las predicciones de la teoría de los mercados laborales en equilibrio distan mucho de haber revertido la desigualdad externa e interna y hay evidencias en el sentido de que ésta se ha intensificado. Al respecto, es factible traer a la mesa de discusión algunos datos recientes.

En relación con la hipótesis que hemos enunciado, se muestra que la incorporación de México a los mercados internacionales se da en un grave contexto de asimetrías. Entre 1995 y 2002, México fue el país que reportó un mayor porcentaje de trabajadores realizando jornadas de 40 horas y más. En 1995 31% de la población trabajadora laboraba entre 45 y 49 horas a la semana; en 2002, esta proporción se incrementó 40%, dicha cantidad es superior a la reportada por Japón en el que como máximo 17% laboraba un máximo de 48 horas. La diferencia es que las jornadas tienden a disminuir en Japón y en México la línea es ascendente. Cabe señalar que las asimetrías expuestas también afectan a países cuya incorporación a la OCDE es reciente, como Grecia y Hungría.

En contraste, la población que trabaja menos de 35 horas a la semana por necesidad, es decir, porque no puede desempeñar labores a tiempo completo y devengar un salario completo, afecta al 20% de los trabajadores asalariados y mayormente a las mujeres (Inegi, ENE).

Esa condición asimétrica es mucho más evidente en el caso de las mujeres. Entre 1995 y 2002, las jornadas laborales entre 45 y 49 horas afectaron en 1995, 2000 y 2002 al 33%, 40% y 44% de las mujeres empleadas respectivamente. Por otra parte, México es el único país de la OCDE que reporta jornadas de 60 y más horas de trabajo a la semana para las mujeres, y aunque dichos reportes indican que ha disminuido en la última década, en 2002 todavía afectaba 13% (OCDE, bases estadísticas, 2004).

Además de la contención salarial que se ha implementado como política desde los años 80 del siglo pasado, las explicaciones para el incremento de las jornadas de trabajo y las horas trabajadas a la semana en el empleo principal han sido variadas. Una de ellas es la necesidad de adaptarse a las condiciones de inseguridad que ha propiciado el NME, aunque ello no repercuta necesariamente en la productividad del trabajo. Por el contrario, el cambio de modelo puede estar basado en una profundización de las condiciones críticas de ocupación⁷ de la fuerza de trabajo y en la incorporación de trabajadores con poca calificación al mercado laboral, lo que a su vez redunda en la profundización de la desigualdad social y regional.

Fuente: Elaboración propia con base en datos de OCDE, 2004.

La pérdida de poder adquisitivo del salario real ha jugado un importante papel en la extensión de las jornadas de trabajo. El modelo exportador se propone como la alternativa para el logro de un mercado laboral en equilibrio con salarios competitivos que fortalezcan el sector externo. A ello corresponde la sistemática disminución de la importancia del SFU protegido. La reforma del Estado que se lleva a cabo bajo esta concepción fue decisiva para la expulsión de trabajadores del sector público y su consecuente presión sobre el SIU inaugurando además un modelo posfordista de "trabajo flexible" que, si bien propició un crecimiento inmediato en el empleo en el segundo lustro de los años 90, no se tradujo en modelos de empleo permanente, como lo muestran estudios, que son igualmente aplicables a Europa (Azeredo, 1998)⁸.

Otra explicación más es la desigualdad regional que puede observarse en la relocalización geográfica de las empresas y las ramas industriales que llevan a profundizar en las condiciones críticas de ocupación de la fuerza de trabajo y que profundizan la desigualdad regional e intrarregional. Un ejemplo reciente es en México el de la industria maquiladora de exportación (IME) que muestra una especialización de la electrónica, las autopartes y alta tecnología en el norte, mientras que la IME textil se reubica en el centro y sur del país⁹ (Inegi, 2004).

Ahora bien, tanto la industria textil relocalizada en centro y sur-sureste del país, como el SIU y sobre todo la migración, es muy probable que se nutran de la población rural, cuyas condiciones de desigualdad en el ingreso y la distribución de bienes ha sido estructural. La influencia de la población rural en los mercados de trabajo ha sido fundamental para los modelos explicativos, por lo que es necesario referirse brevemente a los mercados rurales.

En el contexto de la imposición del NME es preciso hacer una referencia al mercado de trabajo rural. Éste ha experimentado igualmente una transformación, pero aún no existe acuerdo sobre si ésta ha marchado en el sentido que predecía la teoría. Al respecto, discutiremos los siguientes supuestos:

• La reforma al artículo 27 constitucional, llevada a cabo en 1992 que tuvo por objetivo la regularización de la venta de tierras ejidales con el objetivo de fomentar la asociación productiva entre núcleos agrarios.
  

• La firma del Tlcan, que destruyó las barreras arancelarias y de protección a los productores de maíz en México a cambio de la liberalización de los cultivos competitivos: frutas y hortícolas.
  

• La migración y el crédito rural.

En cuanto al primer elemento, no existen datos concluyentes, pero algunos estudios en el estado de Morelos, en el centro de México, con fuerte tradición ejidal, concluyen que, a pesar de de que se han llevado a cabo algunas ventas de parcelas en las zonas cercanas a las ciudades para la construcción de fraccionamientos urbanos, el apego del campesino a la tierra es un contrapeso poderoso al mercado; y lo que ha prevalecido es la agricultura tradicional con una creciente diversificación de los ingresos (Cruz, 2004), que incluye una gama de actividades tanto en el ámbito rural como en el urbano, e inclusive los ingresos por remesas, todo ello, sin embargo, en el contexto de un envejecimiento acelerado de los productores agrícolas y el abandono de la actividad primaria por parte de las nuevas generaciones.

Por otra parte, el fenómeno migratorio no es nuevo. Lo que lo caracteriza en los últimos años es su profundización y la importancia que ha adquirido para la economía mexicana. Tampoco en este sentido existen datos concluyentes de que la emigración y el abandono de la actividad agrícola productora de maíz bajo una tenencia de la tierra ejidal o minifundista se deban a la firma del Tlcan y la desgravación arancelaria del maíz, pues, aun con la existencia de precios de garantía y mercados protegidos, este proceso se llevaba a cabo en los años 70 y 80 como producto de la creciente urbanización e industrialización del país; pero es un hecho que la emigración alcanzó a las zonas minifundistas o de producción tradicional y se aceleró a partir de la firma del Tlcan. Al inicio de los años 90 se estimaba que la desgravación de las importaciones de maíz provocaría la migración de 700.000 campesinos por la pérdida de competitividad de los cultivos; no obstante, en la actualidad se calcula que en los últimos diez años, el flujo migratorio hacia EEUU rebasa las 300.000 personas por año.

En cuanto al crédito y financiamiento agrícola, es un hecho que el desmantelamiento de las instancias encargadas de este ramo fue uno de los factores que fomentaron la emigración rural y presionaron al SIU, pero, al extenderse el movimiento migratorio hacia el norte del país, las remesas (transferencias monetarias de los emigrantes) han venido a cumplir la función de refacción al consumo y han sido en algunas regiones (Zacatecas y Michoacán) un aliciente a proyectos productivos, sobre todo de carácter artesanal, asumidos en gran parte por las mujeres que se han quedado en las comunidades.

Dentro del SR el modelo exportador ha beneficiado al sector hortícola, fundamentalmente, que ha introducido capital, tecnología y uso intensivo de mano de obra femenina. Ello ha propiciado estrategias en las que las mujeres pueden obtener una mayor participación en el mercado laboral al establecer una ruta de recolección que les permite mantener la expectativa de un empleo con mayor duración y que no depende de la estacionalidad de una región, lo que les impide llegar al SIU (Barrón, Sifuentes y Pedrero, 1997).

Como una conclusión provisional, podríamos afirmar que con el NME no se han superado las condiciones de pobreza y desigualdad que estructuralmente afectaban a la economía y la sociedad en México. Por otra parte, han aparecido o se han "visibilizado" nuevas fuentes de desigualdad: mujeres, adultos mayores jóvenes y niños. Destaca la creciente participación de la mujer en los mercados laborales que se ve obligada a aceptar salarios con pocas o nulas prestaciones, o que debe renunciar al goce de la seguridad social; los niños y los jóvenes dentro del sector Informal y aun los ancianos. Las diferencias de capacitación llevan a quienes mayor escolaridad tienen a optar por los empleos en el SFU y sobre todo a los varones. Por ello, debido a las causas estructurales de desigualdad planteadas anteriormente, es factible expresar serias dudas respecto a las bondades del NME. Al respecto, es posible determinar algunos elementos que caracterizan esta transformación y preguntarnos en este contexto de mercados asimétricos sobre la gestión gubernamental como un agente de combate a la desigualdad.

En este apartado veremos las características del mercado de trabajo en México, siguiendo la distinción oficial mexicana entre empleo y ocupación. Asimismo, separaremos los datos relacionados con la oferta y demanda de ocupación de aquellos que son característicos de la calidad de la misma. Al respecto, es necesario insistir que independientemente de las esferas de análisis, la transversalidad de la desigualdad impera en cada una de ellas. Para ello, abordaremos los condicionantes del mercado de trabajo en México en torno a cuatro indicadores, que indudablemente son insuficientes pero muestran con claridad las dimensiones de la desigualdad: la tasa de desempleo abierto, el salario real, el indicador de "Condiciones Críticas de Ocupación" y el comportamiento del trabajo protegido por medio de la cantidad de trabajadores inscritos en el IMSS.

La tasa de desempleo abierto no ha sido un buen indicador para medir el dinamismo del mercado de trabajo en México, tanto por la existencia del SIU como de otras actividades relacionadas con la unidad familiar. A diferencia de los países de la OCDE, México registra bajas tasas de desempleo abierto. En el período de 1991 a 2001, Canadá tuvo una tasa promedio de desempleo de 9%, en tanto que Estados Unidos más de 5% y países como Italia, Francia, España y Finlandia, tuvieron tasas superiores a 10%; el Reino Unido se acercó a 8%, pero en México la tasa de desempleo promedio fue de 3,5%.

Ello se debe a que la PEA mexicana puede transitar de manera relativamente fácil desde el SFU al SIU. Sin embargo, a pesar de sus limitaciones la tasa de desocupación brinda un panorama general de los ciclos económicos y la forma en que afectan a los trabajadores. Los datos comparables a través de diversos instrumentos de medición, tales como la Encuesta Continua Sobre Ocupación (ESCO) y la Encuesta Nacional sobre Empleo Urbano (ENEU), muestran que la tasa de desempleo urbano en las principales zonas metropolitanas del país (México D.F., Guadalajara y Monterrey), aun bajo los criterios establecidos aumenta considerablemente en los de crisis económica, como en 1977, 1983 y 1995.

A raíz de la crisis de 1995, durante el tercer trimestre de 1996 la tasa de desocupación presentó un inusual pico de 8,6% para las grandes metrópolis lo que habla de las dificultades que se resintieron aun en el SIU para encontrar empleo u ocupación, entendidos en la definición del gobierno mexicano y que se deriva de la OIT (Inegi, 2004; Parker, 1998) (gráfico 1). En 2004 se nota un resurgimiento de la tasa de desempleo en cuyo total las mujeres representan 35%.

De ahí surge una primera característica de la desigualdad en los mercados de trabajo. La población que reúne los supuestos de la teoría como buscadores de empleo en el SFU son aquellos que tienen una mayor escolaridad, pertenecen a las clases medias y son habitantes de las ciudades más desarrolladas, es decir, que se mueven en el sector moderno de la economía. Los buscadores de empleo en las clases populares están subregistrados porque inmediatamente aceptan empleos eventuales u ocupaciones en el SIU.

La construcción de los datos indica que los trabajadores con instrucción media-superior y superior tienen más dificultades para incorporarse al mercado de trabajo. En 2004, el porcentaje de desempleados con educación superior llegó a 41%, tendencia que ha venido en aumento desde los años 90. Es preciso aclarar, por otra parte, que a pesar de que en la década pasada esta situación afectaba por igual a las mujeres que a los hombres, a partir de 2000 son las mujeres con educación media y profesionistas las que se ven más perjudicadas, representando en 2004 44% de la población con estudios superiores desempleada. De tal modo que existe una relación ascendente entre empleo y escolaridad y puede encontrarse una tendencia a relacionarse con el género. Pero, por otra parte, las tasas de desempleo tienen un carácter eminentemente urbano. Así, las tasas de desempleo más altas se registran en las áreas más urbanizadas y con mayor escolaridad, no así entre las áreas menos urbanizadas. Según la misma Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), la tasa promediada de desempleo en el Distrito Federal y en el norteño estado de Nuevo León, es cinco veces mayor a las existentes en Oaxaca y Chiapas, estados del sur de México.

En resumen, la tasa de desempleo que se utiliza para medir comportamiento económico parece ser un indicador que explica las presiones sobre el mercado de trabajo en el sector moderno de la economía, pero que está lejos de medir una presión real del conjunto de los ocupados en el SIU o en el SR; lo que se relaciona con las expectativas de encontrar trabajo y la reproducción de un círculo vicioso de "estoy ocupado en este sector o actividad porque no hay trabajo con acceso a seguridad social, no tengo la capacitación o porque no tengo tiempo".

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI.

Encuesta Nacional de Empleo Urbano (ENEU), 2003.

Otro gran indicador de la desigualdad existente en el mercado de trabajo relacionado con las predicciones teóricas sobre los mercados laborales es el salario real. Como hemos visto, la teoría sugiere que la eliminación de protecciones hará que el salario real sea competitivo por efecto de la caída del mismo, lo que tendería a crear un mercado en equilibrio. Los efectos de este supuesto han tenido repercusiones muy amplias en el mercado laboral de la industria manufacturera.

En 1995 y 1996 se observa una caída en los salarios reales por persona ocupada y por hora trabajada, así como de las prestaciones al trabajador. La recuperación de finales de la década y de los primeros años de este siglo no ha sido suficiente para recuperar el poder de compra del trabajador.

Aunque todas las ramas de la industria han experimentado una caída significativa, las que más han acusado ésta han sido la de alimentos, la textil y la de la madera y productos de madera con caídas en las percepciones reales a precios de 1993 mayores a 35%.

Esta reducción se incorpora a otras medidas como la disminución del SFU y la pérdida de seguridad social. El recorte de los costos laborales se ve como una salida importante de la competitividad. Rendón, sin embargo, encuentra que no hay evidencia de que los costos laborales hagan más caras las mercancías producidas localmente. La "competitividad" no puede sostenerse a partir del deterioro de las condiciones de reproducción de la fuerza de trabajo (Rendón, 2002). Así, pues, aquélla depende en sentido estricto de la promoción de actividades de impulso de la innovación, la capacitación y el desarrollo.

Un indicador más que sería conveniente explorar es el de las condiciones del empleo y la ocupación que se relaciona con la calidad. Los datos del IMSS indican que entre 1997 y 2000 hubo un crecimiento del empleo. Durante 2001 se perdieron 400.000 plazas de trabajo para iniciar una recuperación con altibajos y hasta recuperar en el primer trimestre de 2005 la cantidad de empleos registrados en 2000. Las variaciones porcentuales han afectado fundamentalmente a los trabajadores eventuales.

Sin embargo, debe anotarse que el crecimiento del empleo permanente ha sido mucho más débil que el del empleo temporal. Mientras que el empleo general crece en este período a un ritmo de 2,5% con importantes caídas en 2001 y 2002; el empleo permanente lo hace en 1,5%. De hecho, desde 2000 la cifra de empleos permanentes no se ha podido recuperar. En aquel año, los trabajadores permanentes asegurados alcanzaron la cifra de más de 11 millones. Todavía en el primer trimestre de 2005, los trabajadores con empleo permanente, alcanzaban los 10,8 millones.

Por el contrario, los trabajadores asegurados bajo la figura de un empleo temporal han crecido mucho más rápidamente, aunque el crecimiento es sumamente irregular, pues muestra la estacionalidad del trabajo en algunas ramas de la economía como en el sector agropecuario.

Finalmente abordaremos un indicador relacionado con la calidad del empleo. El gobierno mexicano recientemente ha puesto énfasis en la medida de calidad del empleo tomando como indicador la Tasa de Condición Crítica de Ocupación (TCCO) como un indicador de la calidad del empleo. Este indicador se construye de la siguiente forma:

TCCO = (CC1+CC2+CC3) / Población que trabaja al menos una hora)*100

CC1= Individuos que no trabajan la jornada completa.

CC2= Individuos que trabaja la jornada pero percibe menos de un salario mínimo.

CC3= Individuos que ganan más de un salario mínimo pero menos de dos y laboran jornadas mayores a 8 horas.

Nota: base 1993 = 100. *Remuneraciones pagadas a personal administrativo y de supervisión.

**Percepciones adicionales al salario o sueldo. Fuente: Elaboración propia con base en INEGI. Encuesta Industrial Mensual.

Fuente: Elaboración propia, con base en IMSS. Informes mensuales de Población Derechohabiente. * TCA= Tasa de Crecimiento Anual.

Indudablemente este indicador muestra una mayor aproximación a las relaciones entre ocupación y pobreza y sigue mostrando la íntima relación entre la intensidad de ésta en las zonas rurales y las condiciones de explotación del trabajo, así como de la desigualdad en los mercados de trabajo. En este sentido, a continuación este trabajo abordará la importancia de las políticas para combatir las condiciones de desigualdad en el mundo del trabajo.

Fuente: Elaboración propia, con base en ENEO, 2004.

Desde los puntos de vista de los modelos de equilibrio no importa que el desempleo crezca, siempre y cuando la ocupación, como un todo, se mantenga. Así, pasar del empleo asalariado a honorarios o al tiempo parcial de servicios en negocios familiares por cuenta propia significa sólo pasar de una esfera de la ocupación a otra y, en su conjunto, ello mantiene la actividad económica. Incluso si la incorporación se da en la esfera de los negocios ilegales, pues aun en éstos es posible contabilizar la oferta y demanda de servicios que se incorpora al flujo económico de los hogares.

De ahí que el desempleo no sea visto como un problema grave. Desde esa perspectiva, es cada vez más frecuente que los ingresos de los hogares tengan diferentes fuentes como producto de la multiplicidad de ocupaciones de sus miembros. De ahí que la crítica de los modelos de equilibrio a las economías sociales es que el problema del desempleo se ha ideologizado. No obstante, el difuminar la ocupación como un paso dinámico entre esferas o subconjuntos de individuos que toman decisiones con vistas a estrategias de consecución de ingresos o supervivencia de los hogares siempre plantea problemas de definición de calidad de la ocupación y de las necesidades de los individuos; habría que preguntar qué tan satisfechos están esos individuos al pasar de una esfera de la ocupación "protegida" a una en la que domina la incertidumbre. Sin embargo, el problema fundamental es ver de qué manera se liga esa dinámica con la desigualdad existente.

Tal vez, sea preciso evocar en este sentido el papel de agentes exógenos al mercado como el gobierno en la generación y promoción del empleo. Una de las consecuencias de las políticas de ajuste y de reestructuración económico fue la separación entre las políticas económicas y las políticas sociales¹⁰. Ante la caída del poder de compra del salario real, se impusieron una serie de medidas compensatorias que separaron el mundo del trabajo respecto del consumo. Así, se impulsaron políticas de alimentación y nutrición, políticas educativas o de acceso a la salud, políticas de dotación de servicios públicos –las menos– y se abandonó la idea de promover el crecimiento económico como vía para la generación de empleos. Por otra parte, se abandonó la idea de crear empleos permanentes, de tal modo que la ocupación –como generación de vínculos económicos– abarcó una serie de actividades que poco o nada tuvieron que ver con el trabajo asalariado y, por supuesto, con la seguridad social.

Las políticas de fomento al empleo han sido políticas secundarias en la lucha contra el combate a la pobreza. Hasta ahora, los administradores públicos han gestionado programas frente a un mercado escaso de demandantes de empleo, precisamente porque la estructura del subempleo, la subocupación y la incorporación al SIU han propiciado la incorporación en cualquier condición de los que han salido de los mercados asalariados o los que se incorporan a la PEA. A veces, los programas sólo parecen estar destinados a ese raquítico mercado de la población que no tiene mucho tiempo que salió del mercado de trabajo o que no busca trabajo porque cree que no lo encontrará, llamada Población No Económicamente Activa (PNEA) o que está disponible para trabajar. Frente a estas circunstancias se gestionan los programas, pero no existe una política, ya no digamos pública, de empleo. En este sentido, tomando como base a Azeredo (1998), las políticas de empleo del gobierno mexicano parecen no distinguir aún las políticas pasivas de empleo (dirigidas al subsidio monetario) de las políticas activas (dirigidas a elevar las capacidades de la población), las que podrían crear empleos permanentes y sostenibles y que necesariamente deberían tener una transversalidad en la administración pública.

En Europa, las políticas de seguro del desempleo se complementan con sistemas de innovación técnica y de calidad, con apoyos a la producción, subsidios a las empresas que se aboquen a la creación de empleos permanentes y a la puesta en valor de los productos locales (Sanz, 1997). Las experiencias internacionales muestran la gran potencialidad que tienen los proyectos de impulso a la producción y comercialización de productos agrícolas, de productos típicos y de denominación de origen en el caso rural; pero también las políticas de capacitación, de desarrollo de habilidades y de organización en las ciudades, es decir, a la creación del capital social.

En México, los esfuerzos para llevar a cabo políticas de incremento al empleo asalariado y a las ocupaciones bien remuneradas con acceso a la seguridad social son mínimos. En este aspecto, pueden destacarse las siguientes: becas para desempleados bajo diferentes categorías; ferias y quioscos para los buscadores de empleo formal; sistemas de información para conocer el mercado; y programas de apoyo a la capacitación y el empleo para grupos vulnerables (mujeres, jornaleros, jóvenes, adultos mayores y discapacitados).

Con todo y la utilidad de estos programas, no se ha hecho el suficiente énfasis en la necesidad de impulsar más el empleo formal o el empleo duradero dentro de los sectores sociales de la economía, lo que podría mostrar una gran potencialidad a condición de que puedan implementarse longitudinalmente (es decir, más allá de la duración de una administración) y transversalmente (coordinación entre los diversos sectores de la administración pública). En cuanto a los programas destinados a los grupos vulnerables, cabe mencionar que el que encuentren trabajo depende más de la responsabilidad social de las empresas y del interés de estos grupos para obtener una beca.

Aún existe otro punto que la teoría de los mercados de trabajo en equilibrio podrían mencionar y objetar: el de la justicia laboral. Frente a la posibilidad de una reforma laboral en México, se menciona que el sistema de justicia laboral en este país es sumamente costoso y que protege al trabajador de una manera muy rígida al impedir cambios en la situación laboral, lo que ahuyenta las inversiones al proteger a los gremios y sindicatos de una manera que deja en desventaja a los empleadores.

La justicia laboral es un tema aparte; sin embargo, es preciso mencionar que en el contexto de tasas de condiciones críticas de ocupación que abarcan a 16% de la población, con una jornada de trabajo que excede las 45 horas a la semana para 44% de la población masculina y 60% de la población femenina ocupada y con ingresos menores a dos dólares por hora, es evidente que las condiciones de desventaja del trabajador mexicano ante sus congéneres de la OCDE se profundizan y tienden a agudizar la desigualdad. Aun en términos liberales, la justicia como restauración de las condiciones que posibiliten una igualdad en las oportunidades de acceso al mercado parece irrealizable, si no se fortalecen las formas de organización de los trabajadores y el acceso a la seguridad social.

Finalmente, esos programas aunque formalmente están destinados a la elevación de las capacidades no tienen por objetivo un combate a la desigualdad regional y a elevar las competencias de las regiones más atrasadas de México, por lo que poco contribuyen al proceso de relocalización espacial de las industrias.

Todos estos elementos conducen a preguntarse cuáles son las condiciones para combatir la precariedad, por un lado, y para fomentar los empleos permanentes, con una remuneración suficiente, y con acceso a la seguridad social, por el otro.

En primer lugar, destaca que debe emprenderse un acelerado proceso de modernización de las regiones más atrasadas del país. No obstante, este proceso no podría ser excluyente, pues debe implicar la elevación de la escolaridad de la población y el desarrollo de capacidades en consonancia con una actitud de sustentabilidad ambiental.

En segundo lugar, no será posible un proceso de combate a la pobreza a partir de una política de empleo, si no es a partir de la innovación y formación de capital humano y social. Al respecto, aunque ha habido aumentos en la escolarización de la sociedad mexicana no es posible aún contar con una masa crítica de técnicos y profesionales que impulsen decisivamente ese proceso bajo los parámetros de un empleo permanente.

En tercer lugar, se impone el que las tasas críticas de ocupación se combatan con empleos que tengan como base un salario digno, para lo cual es preciso estandarizar no sólo las medidas estadísticas nacionales, sino incrementar el ingreso para la integración en condiciones adecuadas a la OCDE, el ingreso remunerador, a su vez, está vinculado al carácter permanente del trabajo y al acceso a la seguridad social.

Un elemento más, aunque puede haber muchos otros que seguramente se encontrarán en el transcurso de investigaciones más amplias: las políticas de fomento al empleo pueden retomar una visión de género en el sentido de producir condiciones de equidad en el trabajo y en el trabajo doméstico, lo cual necesariamente conlleva la presencia de campañas educativas de equidad y al establecimiento de leyes que propicien esa igualdad.

Finalmente, como breve conclusión de este parágrafo debe señalarse que las políticas de empleo parten de una adecuada sinergia de la sociedad, el Estado y el mercado, pero que en los países latinoamericanos es la administración pública la que ha desplegado la posibilidad de combatir la desigualdad cuando ha emprendido grandes proyectos nacionales de construcción de infraestructura, de apoyo al mercado y de impulso a la educación, aunque ahora debe enfatizarse en el desarrollo de las formas civiles también de gestión. Para ello se requieren políticas públicas de combate a la desigualdad.

En este artículo se ha abordado el problema de los mercados laborales en México desde una perspectiva crítica de la teoría del equilibrio que dio lugar al surgimiento del NME. La hipótesis de la que se ha partido es que dicha teoría no toma en cuenta las condicionantes históricas y estructurales de México y por supuesto omite la desigualdad como una variante fundamental. Por ello, se ha llevado a cabo un recuento histórico de las transformaciones estructurales de la economía mexicana y de las condiciones de desigualdad que han imperado en este contexto. Para ello se ha hecho también una crítica de la distinción entre el empleo y las ocupaciones como actividades económicas que tienden a imponerse en las unidades familiares independientemente de su sustentabilidad y de la calidad de las ocupaciones.

Por otra parte, se ha llevado a cabo una revisión de las propuestas de la economía y la política institucional como una alternativa a las propuestas teóricas de los mercados en equilibrio, haciendo énfasis en la importancia que juegan las instituciones en la formación del capital social, de la innovación y del desarrollo. En este sentido, se abren vetas de investigación que se vinculan con las alternativas políticas y sociales para el fomento del empleo y la cohesión social. De ahí que se considere importante, dentro de la revisión institucional, los esfuerzos de otros equipos de investigadores por estudiar y valorar las actividades de las instituciones primarias, como el hogar, y su importancia económica para establecer políticas de superación de la desigualdad.

Se ha hecho énfasis en que el estudio de estas condiciones es importante para el conocimiento de los condicionantes de los mercados de trabajo en México y del desarrollo de estructuras duales entre un sector moderno demandante de empleo asalariado y la multiplicidad de ocupaciones que se incorporan a la estrategia de supervivencia de los miembros de los hogares, lo que los convierte en multifuncionales. En particular, es importante avanzar en las diferencias regionales, de género y de estrato de edad para conocer más a fondo la dinámica del mercado de trabajo. Asimismo, es posible explorar los fenómenos de la solidaridad familiar y otras formas de sostenimiento de la unidad familiar que resultan clave para el sistema económico, pero que no se toman en cuenta, significando con ello un traspaso de los costos laborales desde las empresas a la unidad familiar.

Por ello, se ha sostenido en este trabajo que la ocupación por sí misma no garantiza la disminución de la desigualdad, de la precariedad y de la pobreza. Para ello, es preciso tener una estrategia coherente enfocada al mundo del trabajo, haciendo énfasis en las políticas de innovación y desarrollo como políticas de formación de empleos de calidad así como de las políticas de formación de capital social y no sólo en las políticas sociales de asistencia.

Consecuentemente, se ha hecho énfasis en la formación de vínculos institucionales entre el mundo social y el económico en el cual las políticas públicas pueden desempeñar el papel de ser un puente entre ambas esferas. En el último parágrafo se ha abordado la gestión gubernamental y la importancia de los programas, así como el de la gestión de una política pública enfocada a la generación de empleos con seguridad como un vehículo para el combate a la desigualdad y a la elevación de la productividad, entendida como innovación, sostenibilidad, desarrollo y satisfacción laboral como elementos de la productividad.

En suma, en estas conclusiones se apuntan sólo algunos elementos que pueden contribuir al debate y a la formación de nuevas perspectivas sobre los mercados laborales que atiendan a la formación de instituciones, al capital social, a la multifuncionalidad de las actividades y las fuentes de ingreso y a las políticas de superación de la pobreza.

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