Novedades y continuidades de la protesta popular en Venezuela¹ 

Margarita López Maya¹, Luis E. Lander²

¹Historiadora, doctora en Ciencias Sociales. Profesora titular del Centro de Estudios del Desarrollo de la Universidad Central de Venezuela. En los años recientes se ha dedicado al estudio del proceso político de fin de siglo en Venezuela, en especial la protesta popular y los actores políticos emergentes. Entre sus publicaciones recientes: “Refounding the Republic: The Political Project of Chavismo” (Nacla, vol. XXXIII, n° 6, mayo-junio de 2000, pp. 22-28) y “Elecciones de 2000 en Venezuela. Implantación de una nueva hegemonía” (Anuario Social y Político de América Latina y el Caribe, n° 4, 2001, pp. 9-17). Es miembro del comité editorial de la Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales. Caracas-Venezuela malopez@reacciun.ve

²Ingeniero mecánico, con estudios de Doctorado en Ciencias Sociales de la Universidad Central de Venezuela (UCV). Profesor de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la UCV. Autor de más de treinta artículos en revistas académicas nacionales e internacionales. Sobre temas energéticos ha publicado “La apertura petrolera en Venezuela: de la nacionalización a la privatización” (1998); “Globalización y mercado interno de los hidrocarburos en Venezuela” (1998); “Venezuela’s Balancing Act” (2001) y “Venezuela’s Oil Reform and Chavismo” (2002, en coautoría con Margarita López Maya). Editor del libro Poder y petróleo en Venezuela (2003). Es director de la Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales para la cual ha coordinado tres temas centrales dedicados a cuestiones energéticas: “Perspectivas de la industria petrolera venezolana”, nº 2-3/1996; “Nuevas tendencias en la economía petrolera latinoamericana”, nº 1-1998; “La reforma petrolera en Venezuela”, nº 2-2002. Caracas-Venezuela llander@reacciun.ve

Resumen

Desde las dos décadas finales del siglo xx, Venezuela ha sido vista como una sociedad donde la movilización de su gente ha sido incesante. Después del Caracazo de 1989 numerosas protestas han sido registradas y la movilización de calle ha continuado hasta el presente. A inicios de los 80, por el contrario, predominaba la idea según la cual los venezolanos eran de los menos movilizados de América Latina. Apoyándose en información empírica, en este artículo se exploran las protestas de antes y después de la década de los 80 para poner en evidencia que, si bien hay cambios en relación con el pasado, las protestas de ayer no eran tan distintas a las de hoy. A partir de la información empírica usada, en el artículo se sostiene que es observable que la situación de las décadas recientes no es tan novedosa y que la paz, armonía y unidad que se reconocía por los años 70 era más “ilusoria” que real, pues se vivieron también períodos de alta efervescencia y movilización. La diferencia principal que se anota es que aquellas protestas no llegaban a afectar seriamente la legitimidad del sistema político, ni de sus actores principales, así como tampoco la del Estado surgido de los pactos constitutivos acordados a partir de 1958, cosa que sí ha ocurrido con las protestas y movilizaciones posteriores al Caracazo.

Palabras clave: Protesta popular, movilizaciones callejeras, Caracazo, Venezuela.

Novelties and Continuities in Popular Protest in Venezuela

Abstract

Since the last two decades of the twentieth century, Venezuela has been perceived as a society characterized by a permanent process of mobilization. After the Caracazo in 1989, countless protests have been registered and street mobilization has continued up to the present. By way of contrast, in the early eighties it was assumed that in the Latin American context, Venezuela was one of the countries with the lowest levels of mobilization. On the basis of a review of the empirical evidence, the authors demonstrate that, despite some changes, the protests of the seventies and early eighties were not very different from those of today. It is argued that the peace, harmony and social unity of the seventies was largely an illusion and that, then as now, there were periods marked by acute conflictivity and mobilizations. The main difference is that the protests of that epoch did not seriously affect the legitimacy of the political system, nor of its principal actors. They did not lead to a questioning of the basic political pacts introduced after 1958, as did the protests and popular mobilizations after the Caracazo.

Key Words: Popular Protest, Street Mobilizations, Caracazo, Venezuela

Desde mediados de los años 80, Venezuela ha sido vista tanto interna como externamente como una sociedad caracterizada por la incesante movilización de su gente. Especialmente a partir de la masacre de El Amparo en 1988 y sobre todo del Caracazo de 1989, se han registrado numerosas protestas que con algunos años más turbulentos que otros continúa hasta el presente. Esta situación ha cambiado profundamente la manera en que muchos percibían la sociedad venezolana. A inicios de los 80, había una idea generalizada según la cual los venezolanos se ubicaban entre los menos movilizados de América Latina. Se argumentaba que su sólida democracia, aceitada por la renta petrolera del Estado, había permitido establecer y consolidar canales de mediación y representación eficientes que conjuraban el conflicto social pronunciado y/o violento. Los venezolanos eran “diferentes” al resto de América Latina ya que parecían haber superado la continua turbulencia sociopolítica de otras sociedades. Esto llegó a manifestarse en el mundo académico con la aparición de alguna literatura que sostenía la condición de excepcionalidad de la sociedad venezolana en relación con el resto de América Latina. Esto ha sido contradicho por las últimas dos décadas y ha obligado a mirar de nuevo la “política de la calle” que se desarrolló en Venezuela desde 1958.

Con la información empírica proporcionada por la base de datos El Bravo Pueblo (Bdebp) y los informes anuales de la organización de derechos humanos Provea (Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos), en este artículo se exploran las protestas de antes y después de la década de los 80 para poner en evidencia que si bien hay cambios en relación con el pasado, las protestas de ayer no eran tan distintas a las de hoy, ni en frecuencia, ni en motivos, ni en otras características. Partiendo principalmente de esas fuentes puede observarse que la situación de las décadas recientes no es tan novedosa y que la paz, armonía y unidad que se reconocía por los años 70 era más “ilusoria” que real. Se vivieron también en el pasado períodos de alta efervescencia y movilización callejera, que eran reseñados por la prensa y los medios audiovisuales, aunque no llegaban a afectar seriamente la legitimidad del sistema político y de sus actores principales, así como tampoco la del Estado surgido de los pactos constitutivos acordados a partir de 1958.

El análisis cubre el período que va desde 1958 hasta 2005. Para contextualizar la política de la calle que estaremos siguiendo, es pertinente recordar que en Venezuela una alianza cívico-militar acabó en enero de 1958 con la última dictadura militar que conociera el país, y se echaron desde entonces las bases de un sistema político democrático, a partir de un conjunto de compromisos y pactos entre actores políticos y sociales, de los cuales el más conocido y emblemático sería el llamado “Pacto de Punto Fijo”. Los pactos constitutivos de la democracia venezolana incluyeron como bloque hegemónico a los partidos signatarios de Punto Fijo, es decir, a los partidos Acción Democrática (AD), Socialcristiano Copei, y en menor grado a Unión Republicana Democrática (URD), a los sindicatos afines a estos partidos, organizados en la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), al sector empresarial representado en la patronal Fedecámaras, a la jerarquía de la Iglesia católica y a las Fuerzas Armadas. Hubo una expresa exclusión durante los acuerdos del Partido Comunista de Venezuela (PCV), y de sindicatos afines a esa tendencia política, lo que aunado a otros factores –como la influencia de la revolución cubana desde 1959 y la represión sindical ejercida por el gobierno de Betancourt durante la recesión económica de inicios de los años 60– llevaría a este partido junto al Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR, un desprendimiento de AD) a la lucha armada que se desarrolló a todo lo largo de los años 60. El Estado venezolano, respaldado por las fuerzas aliadas en los pactos constitutivos, derrotó a la guerrilla tanto política como militarmente, dando paso en los años 70 a un reajuste del sistema político, con una parcial incorporación de la izquierda venezolana al juego político institucional, y el debilitamiento de formas insurreccionales de política y de organizaciones de ideología de izquierda. Esta situación se vio alterada a mediados de los años 80 cuando los pactos constitutivos de la democracia venezolana comenzaron a presentar fisuras, en virtud de las transformaciones que se estaban dando en el contexto internacional y nacional en el marco de la globalización neoliberal.

Las protestas recientes: Visibilidad y características

En respuesta al anuncio de un programa de ajuste macroeconómico de orientación neoliberal por parte del recién instalado segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez (1989-1993), se produjo en Caracas y las principales ciudades del país un masivo estallido social. El Caracazo o Sacudón, como ha sido conocido este episodio violento, tuvo lugar entre el 27 de febrero y el 3 de marzo de 1989, poniendo al descubierto un proceso de deslegitimación del sistema político venezolano que ya venía en marcha, y abriendo además la puerta para posteriores sucesos, como los dos golpes de Estado fallidos de 1992 y la destitución del presidente Pérez en 1993. Un antecedente dramático y determinante en ese proceso de deslegitimación fue la masacre de El Amparo ocurrido en octubre de 1988, cuando fuerzas militares y policiales venezolanas asesinaron a un grupo de pescadores en una región fronteriza con Colombia, simulando un enfrentamiento con guerrilleros de ese país. Gracias a dos sobrevivientes y la activa movilización de la población la verdad salió a la luz pública, provocando una indignación generalizada. Estos dos episodios muy cercanos en el tiempo significaron un momento de inflexión en la magnitud de la protesta popular en Venezuela. La extensión, duración, fuerza y violencia del Caracazo no tienen parangón en nuestra historia reciente². En particular, este hito histórico obligó a prestarle mayor atención a un fenómeno que, aunque siempre había estado presente, no se le había dado demasiada importancia: La política de la calle. Entendemos por esto la interacción que se produce en el espacio público, la calle, entre actores sociales y políticos, incluyendo las multitudes, y diversas representaciones de la autoridad. Recurren a la política de la calle principalmente los sectores de la sociedad más débiles y más alejados de los centros de poder, ya que por lo general ellos carecen de otros canales de comunicación con quienes detentan el poder (Eckstein, 1989, 28).

Como una de las tantas consecuencias del Sacudón, se constituyó una organización no gubernamental de defensa de los derechos humanos, Provea, que comenzó a llevar un registro anual de la situación de los derechos humanos en el país, entre éstos el derecho a la manifestación pacífica. Gracias a esta iniciativa contamos hoy con una fuente de información bastante fidedigna de la cantidad, actores, motivos y respuestas de las autoridades a la movilización popular venezolana en estos últimos tres lustros.

Más recientemente una iniciativa académica independiente, en la Universidad Central de Venezuela, ha ampliado la información recopilada por Provea, construyendo una base de datos de movilizaciones populares con la ambición de cubrir todo el siglo xx: Base de datos El Bravo Pueblo (Bdebp). Esta base de datos es más limitada en las fuentes que la de Provea, pues se alimenta de un solo periódico de cobertura nacional, El Nacional a partir de su fundación en 1944, y otros periódicos en años previos, mientras Provea se alimenta de varios diarios nacionales y regionales. Sin embargo, proporciona información más exhaustiva de las protestas y cuenta ya con una cobertura temporal más amplia que la de Provea. Apoyándonos en la información proporcionada por ambas fuentes es posible hacer una exploración de las movilizaciones en los años recientes y contrastar ese comportamiento con el de años previos al Caracazo.

Con todas sus limitaciones y problemas, la fuente hemerográfica ha venido siendo valorada como importante insumo para la investigación sobre el conflicto social (Tarrow, 1989, 357-365; Franzosi, 1996, 377). No obstante, hay que tomar en consideración algunas características de esta fuente, así como de las diferencias de las dos bases de datos con las que trabajaremos. Ambas, como ya mencionamos, se alimentan de noticias de periódicos y adolecen por lo tanto de las distorsiones propias de éstos. La prensa diaria tiende a darle mayor visibilidad a lo “noticiable”, es decir, aquellos eventos más belicosos y violentos, omitiendo con frecuencia acontecimientos menos perturbadores. La línea editorial de los diarios también influye en la cobertura que se le da a este tipo de eventos, pudiendo esta línea variar de un año a otro con lo que puede cambiar la frecuencia y detalle de las reseñas de protestas. En los años recientes, por otra parte, medios impresos privados en Venezuela como El Nacional y El Universal han desarrollado una intensa actividad política opositora del gobierno de Chávez, manipulando el número de participantes y/o la importancia de las movilizaciones que enfrentan al gobierno y achicando o no registrando aquellas que lo apoyan, lo que introduce una distorsión adicional. Por otra parte, las dos bases de datos tomadas como insumo para esta exploración tienen diferencias en su diseño. La de Provea tiene como unidad de registro los eventos de protesta ocurridos en el país, mientras que la Bdebp tiene como unidades las notas periodísticas de El Nacional. Además, los informes anuales de Provea abarcan desde el mes de octubre de un año al de septiembre del siguiente. Por ello los números proporcionados por una base y otra no son directamente comparables. No obstante estas limitaciones, alimentándonos con ambas y sin pretender alcanzar datos numéricos precisos, disponemos de una buena visión del comportamiento y las características de la protesta popular en Venezuela antes y después del Caracazo.

Los números de Provea y las reseñas de El Bravo Pueblo

De acuerdo con Provea, en los dieciséis años que van de octubre de 1989 a septiembre de 2005 se produjeron un total de 15.611 manifestaciones en el país, lo cual equivale a 2,67 diarias incluyendo todos los fines de semana, vacaciones y días de fiesta (ver cuadro 1). Es un número significativo. Hay que destacar que en estas cifras hasta 2001-2002 no se incluyen ni las huelgas ni los paros, pues Provea no los consideró formas de manifestación. Destacan en esta fuente dos períodos picos de la serie. El primero ocurre entre 1991 y 1994 y el segundo entre los años 1999 y 2003.

Cuadro 1

Protestas y reseñas de protestas (1983-2002)

Fuente: Provea, Situación de los derechos humanos (informes anuales), y base de datos El Bravo Pueblo.

En el primer período, se desarrolló una severa crisis política que tuvo sus momentos más dramáticos en los fallidos golpes de Estado de febrero y noviembre de 1992. A partir de éstos, el gobierno de Pérez entró en un proceso acelerado de pérdida de apoyos políticos que culminó con su destitución por parte del Congreso Nacional, en mayo de 1993, al dictaminar la Corte Suprema de Justicia que existían méritos para su enjuiciamiento por malversación de fondos públicos. Fue reemplazado por un gobierno interino presidido por el historiador Ramón J. Velásquez, quien culminó el período constitucional y fue reemplazado por el nuevo Presidente, Rafael Caldera, electo en los comicios de diciembre de 1993. Durante esos años encontramos que el promedio diario se elevó a 2,75 protestas por día, de nuevo sin incluir los paros. El segundo pico, entre 1999 y 2003, se corresponde con los primeros cinco años del gobierno de Hugo Chávez Frías. Este gobierno ha significado la emergencia de una nueva elite con un proyecto político alternativo para Venezuela que ha tenido tanto numerosas como masivas manifestaciones de apoyo y de rechazo. En estos años el promedio sube a 3,50 protestas diarias, lo que pudiera evaluarse como un período de mucha mayor movilización. Sin embargo, desde el informe 2001-2002, Provea ha incorporado también el dato de los paros laborales, lo que abulta un poco el promedio.

Por su parte, la Bdebp nos muestra para los años recogidos un total de 3.416 reseñas de protesta registradas, lo que corresponde a 0,55 registros por día. Esta base de datos también muestra unos años picos correspondiendo el primero al período del cambio del gobierno de Luis Herrera Campíns al de Jaime Lusinchi, envuelto en las turbulencias provocadas por el “viernes negro”. Se llamó viernes negro al día en que el gobierno de Herrera Campíns anunció, en febrero de 1983, una devaluación del bolívar y un control cambiario que hicieron consciente para la mayoría de la población la dimensión de la crisis económica que vivía el país y contribuyeron a la derrota del partido de gobierno en la elecciones de finales de ese año. Destaca como en los datos de Provea el período anual correspondiente al Caracazo y, al igual que Provea, los primeros años del gobierno de Chávez.

La naturaleza y los motivos de las acciones según Bdebp

En la Bdebp la naturaleza de las protestas reseñadas se clasifican en tres categorías: Convencionales, confrontacionales y violentas. Se entiende por convencionales aquellas protestas más rutinarias, con frecuencia legales y, si no lo son, que no despiertan entre los participantes, observadores y autoridades sentimientos de temor o angustia. Se clasifican como confrontacionales aquellas que sin llegar a agresiones físicas entre los antagonistas, ni dañar propiedades o bienes, suscitan sentimientos de temor o angustia. Son ejemplos de este tipo de protestas los cierres de vías, concentraciones y marchas combativas sin permiso y huelgas de hambre. Por último, para la Bdebp son protestas violentas las que producen deterioro o destrucción a propiedades públicas o privadas y/o daños a la integridad física de personas participantes o no de la protesta. La mayor visibilidad de protestas de naturaleza confrontacional y violenta –sobre todo las confrontacionales– indican en las sociedades períodos de turbulencia y/o transformación sociopolítica (Tarrow, 1989). En el siguiente cuadro se observa la distribución de las protestas reseñadas por la Bdebp de acuerdo con esta clasificación.

Cuadro 2

Naturaleza de las protestas (1983-2000)

Fuente: Base de datos El Bravo Pueblo

Llama la atención cómo las reseñas de protestas violentas, que en los primeros años de la serie constituían menos de 10% del total, desde 1986 en adelante pasan a tener siempre porcentajes de dos dígitos. Se registran como períodos especialmente violentos los períodos 91-92 y 92-93, correspondientes a la crisis política ya señalada del segundo gobierno de Pérez y el período 95-96. Este segundo período corresponde a los años de aplicación del programa de ajuste macroeconómico conocido como la Agenda Venezuela. Desde mediados de los 90 se observa una tendencia a la disminución porcentual de las protestas violentas.

En la Bdebp, como ya se señaló, se clasifica como “violenta” cualquier protesta que implique daños a bienes y/o agresiones a personas sin asignar responsabilidad por la violencia. Entran entonces, entre las clasificadas como violentas, las protestas reprimidas por el Estado. Provea por su parte, organización focalizada en la situación de los derechos humanos, registra año a año el número de movilizaciones reprimidas. En trabajos anteriores hemos establecido la relación entre la represión y el aumento de la violencia en las manifestaciones (López Maya, 2003).

De acuerdo con los datos de Provea, el segundo período constitucional del presidente Pérez (1989-1993) fue signado por la intensidad de la represión violenta del Estado hacia la protesta. Una de cada tres protestas fue reprimida y se produjo un saldo altísimo de muertos. Además de la represión atroz ejercida durante el Caracazo, sólo en el año 1992, después del fracasado golpe del 4 de febrero, se registraron 26 muertos en manifestaciones pacíficas (Provea, 1991-1992). Cambios en este comportamiento del Estado hacia la protesta comienzan a manifestarse durante el segundo gobierno de Rafael Caldera (1994-1998). Este gobierno asumió una posición menos represiva hacia las movilizaciones. Así mismo, la emergencia de nuevos actores políticos en los gobiernos regionales y locales determinó un cambio en las actitudes del poder, en sus diferentes niveles, hacia la manifestación pacífica. Disminuyó la criminalización hacia ella, presente desde los años 60, cuando se le asoció con la opción de la lucha política por la vía armada y como tal se le reprimía violentamente, iniciándose esfuerzos para reglamentar el uso de la represión (López Maya, 2003b). Hacia mediados de ese período constitucional, la proporción de manifestaciones reprimidas había descendido a 1 de cada 6. Las muertes en manifestaciones públicas también disminuyeron; en 1996 no se produjo ninguna. Se redujo así mismo el uso de armas de fuego en las manifestaciones pacíficas (Provea, 1994 a 1999). Con el gobierno de Hugo Chávez Frías la protesta adquiere un estatus de mayor reconocimiento e institucionalización. Una de cada 24 protestas fue reprimida en 1998-1999, una de cada 28 en 2000-2001, una de cada 25 en 2001-2002, una de cada 36 en 2002-2003, y una de cada 33 en 2003-2004 (Provea, 1998-2004). Para el período 2004-2005, ¡de cada 80 manifestaciones pacíficas, 1 fue reprimida! Con lo cual parece que estamos en presencia de una tendencia que se consolida. El uso de armas de fuego en manifestaciones públicas también ha disminuido –si bien no suficientemente– y se eleva su prohibición a rango constitucional. En los seis primeros años de este gobierno, ocho muertes sucedieron en manifestaciones pacíficas (Provea, 1998-2004)³. Para 2004-2005 no se registró ninguna muerte. Este desarrollo ha contribuido a una disminución de la violencia en las protestas, si bien en los informes de Provea correspondientes a 2002-2003 y 2003-2004, se observó un repunte de la violencia, que no estuvo relacionado con represión, sino con la aguda confrontación política que vivió tras el golpe de Estado y hasta el referendo revocatorio de agosto de 2004 (Provea, 2002-2004).

Las reseñas de protesta clasificadas como confrontacionales por la Bdebp aumentan su participación porcentual en el total de las protestas reseñadas a partir del período 1988-1989, año del Caracazo. Hasta ese período, el promedio porcentual de reseñas que daban cuenta de protestas confrontacionales –agresivas mas no violentas– fue de 21,4%. A partir de 1988-1989 las protestas de este tipo incrementan su visibilidad para alcanzar un promedio de 38,5% de la totalidad de protestas reseñadas hasta 2000. En la segunda mitad de la década de los 90, coincidiendo con la disminución de las protestas violentas, observamos un incremento mayor en los porcentajes de reseñas de protestas confrontacionales. En ese último lustro de la década, el porcentaje de las reseñas de protestas confrontacionales asciende a 43%. Por último, las reseñas de protestas convencionales muestran un comportamiento casi opuesto a lo señalado para las violentas. A principio de la serie sus porcentajes superan holgadamente la mitad de las reseñas registradas, mientras en los años de turbulencia política disminuyen y vuelve a notarse un incremento de su visibilidad después de mediados de la década de los 90.

La Bdebp clasifica las reseñas también de acuerdo con las motivaciones de las protestas. Para ello utiliza más de 90 descriptores. Para esta exploración los hemos agrupado en dos grandes grupos. El primero congrega los descriptores de naturaleza socioeconómica, es decir, todas las protestas motivadas por condiciones materiales de vida. El segundo recoge las motivaciones que tienen que ver con derechos de naturaleza civil y política. Para facilitar comparaciones, en el cuadro siguiente, además de los totales absolutos, se presentan los porcentajes correspondientes. La última columna recoge los datos de reseñas cuya motivación no está claramente establecida. En este cuadro los totales no coinciden con los del cuadro 2 porque aquí se totalizan los motivos de las protestas y no las reseñas. En algunas reseñas la protesta registrada tiene más de un motivo que pueden corresponder a las dos categorías.

Cuadro 3

Motivos de las protestas (1983-1999)

Fuente: Base de datos El Bravo Pueblo

Puede observarse que la inmensa mayoría de las protestas reseñadas tienen motivaciones de naturaleza socioeconómica. Llama sin embargo la atención que en unos pocos años particulares las protestas motivadas por demandas civiles y políticas sobrepasan la tercera parte de la totalidad registrada. Tales son los casos de 86-87, 87-88, 91-92 y 98-99. Aunque una explicación acabada de las razones de estos comportamientos sobrepasa los alcances de este artículo, información empírica señala que se corresponden con períodos de agitación política particularmente alta. En el período de 1986 a 1988 se produjeron movilizaciones significativas por reformas políticas, especialmente referidas a la descentralización del poder central. Estas manifestaciones contribuyeron a crear un clima que permitió la materialización de propuestas recogidas por la Comisión Presidencial para la Reforma del Estado (Copre) y que condujeron a la aprobación de leyes de descentralización (Gómez Calcaño y López Maya, 1990). En el período 1991-1992 ocurrió el golpe de Estado del 4 de febrero y 1998-1999 correspondió al primer año del gobierno de Chávez, con toda la movilización alrededor del proceso constituyente.

Para observar con mayor detalle estas motivaciones hemos subdividido cada grupo a su vez en tres subgrupos. El primer subgrupo (subgrupo A) de los de naturaleza socioeconómica está conformado por las protestas con motivaciones referidas a las condiciones y derechos para la producción, como por ejemplo peticiones de tierra, por subsidios, contra impuestos, créditos, etc. El segundo (subgrupo B) aglomera motivaciones referidas a servicios públicos: Salud, educación, agua, transporte, etc. El subgrupo C agrupa a todas las motivaciones que giran en torno a los ingresos: Sueldos, contratos colectivos, jubilaciones, trabajo, etc. El segundo grupo que recoge las motivaciones que tienen que ver con derechos de naturaleza civil y política comprende el subgrupo A, conformado por las motivaciones referidas a los derechos humanos: Maltratos, muertes, represión, etc. El subgrupo B a derechos civiles como justicia, libertad de expresión, leyes, reglamentos, etc. Y el tercer subgrupo, el C, agrupa las motivaciones más directamente políticas como fraudes electorales, democratización, autonomía, corrupción, etc. En el cuadro 4 se recogen las motivaciones de las protestas reseñadas de acuerdo con los porcentajes de esta reclasificación.

Cuadro 4

Motivos de las protestas por subgrupos (1983-1999)

Fuente: Base de datos El Bravo Pueblo

Entre las socioeconómicas, las motivaciones predominantes son aquellas agrupadas en los subgrupos C y B, es decir, las que tienen que ver con niveles de ingresos y servicios públicos, respectivamente. Entre ambas siempre superan 70% del total de motivaciones socioeconómicas reseñadas. De los 16 períodos que aparecen en el cuadro, en 11 las motivaciones de ingreso predominan. Entre las reseñas de protestas de motivación civil y política, el subgrupo A –de los derechos humanos, y que comprende entre otros descriptores los de represión, agresión, allanamiento, muerte, vida, violencia, recluta– predomina en 13 de los 16 períodos registrados. En 11 de ellos, este subgrupo contabiliza más de la mitad de las reseñas motivadas por razones civiles y políticas.

En síntesis, estos años recientes se han caracterizado por una protesta intensa, que desde 1989, según Provea, en promedio supera las 2 movilizaciones diarias, incluyendo días domingos y feriados, y sin contar los paros laborales que son una de las protestas mayoritarias de los venezolanos, que esa base de datos sólo registra como manifestación a partir del informe anual 2001-2002. Las protestas violentas a partir de mediados de los años 80 pasan a tener porcentajes de dos dígitos en las protestas de la Bdebp, sin embargo, tendieron a disminuir a fines de los 90, lo que se relaciona con un cambio en la actitud del Estado hacia ese derecho. Las protestas de naturaleza confrontacional, que antes del Caracazo eran menos de un cuarto del total de reseñas, después de ese acontecimiento superan al tercio del total y tienden a hacerse más visibles en los años recientes llegando hasta 43% en el segundo lustro de la década de los 90. Ellas señalan una sociedad donde las relaciones de poder están en transformación. Las motivaciones predominantes en estos años tienen que ver con remuneraciones y demandas de servicios públicos, aunque al final de la serie la visibilidad de las demandas civiles y políticas tiende a aumentar. Entre las protestas de motivaciones civiles y políticas predominan aquellas que exigen el respeto a los derechos humanos básicos de la ciudadanía tales como la vida, la dignidad como persona y la integridad física.

Una mirada comparativa a la protesta desde 1958

Evaluemos a continuación qué tan novedosas son las acciones colectivas de protesta de los años recientes al contrastarlas con información empírica de años anteriores para ubicarlas en un contexto más amplio. Pero comencemos por revisar algunas interpretaciones que han sido hechas sobre las movilizaciones y protestas populares de los años previos al Caracazo.

La supuesta pasividad de las masas ha sido considerada por Juan Carlos Rey (1989), uno de los politólogos de mayor reconocimiento académico en Venezuela, como una de las condiciones básicas que le permitieron al sistema político venezolano fundado en 1958 funcionar de manera exitosa en las décadas previas a los años que hemos revisado arriba. En enero de 1958 fue derrocada la dictadura del general Marcos Pérez Jiménez, iniciándose un régimen de gobiernos democráticos que fue tenido como modelo en la región latinoamericana y que se ha mantenido hasta la actualidad. Rey argumentó, poco después del Caracazo, que la lógica de la democracia venezolana implicaba el fortalecimiento de grandes y pocas organizaciones partidarias, organizadas vertical y autoritariamente, que por medio de una relación entre ellas propia de un juego de no suma-cero⁴ buscaron desde 1958 en adelante –con bastante éxito– la estabilidad política. Los signatarios de los pactos constitutivos de la democracia venezolana temían que si no se canalizaban las demandas del pueblo a través de estas organizaciones, y de esa manera, se produciría un desbordamiento que acabaría con el sistema, o lo haría inmanejable e incontrolable. El juego de no suma-cero fue posible gracias a la renta petrolera del Estado. Así, pues, la democracia venezolana, según Rey, implicaba la desmovilización y no participación de las masas. Eso, sin duda, a partir de los datos arriba expuestos, parece haber cambiado.

Por su parte Moisés Naím y Ramón Piñango (1984, 553) sostuvieron que “las primeras décadas de la democracia presentan una sorprendente ausencia de conflictos abiertos permanentes”. Afirmaron que el conflicto abierto no aparecía como factor determinante en la dinámica de la sociedad y procesos que en otros países produjeron grandes traumas, en Venezuela se habían superado sin mayores turbulencias sociales. Señalaban como ejemplos la pacificación de la insurgencia armada en los años 70 y la paz laboral.

Por su parte Steve Ellner señala (1995) que, si bien estas interpretaciones tienen fundamentos históricos que las sustentan, exagerarlas ha llevado a conclusiones sobre las características de nuestra sociedad que han probado ser poco precisas o erróneas. En el caso de las movilizaciones, lo que arriba llamamos política de la calle, estas afirmaciones parecieran querer indicar que éstas fueron hasta mediados de los 80 de poca frecuencia, así como poco relevantes para la dinámica de la sociedad. También se ha afirmado que las protestas de las décadas iniciales de la democracia de 1958 eran más ideológicamente motivadas, menos referidas a condiciones inmediatas de vida, y de menor intensidad y conflictividad que en la década y media que acabamos de revisar (ex ministro Escobar, entrevista, 1997). ¿Qué tan cierto será esto? Seguidamente haremos la exploración de algunos años de esas décadas.

La Bdebp tiene recolectada hasta ahora información sobre protesta venezolana de diversos años del período democrático venezolano de 1958 en adelante. Aprovechando este reservorio de información hemos tomado dos años de cada década entre los años 1958 y 1999 con el fin de comparar algunas de las características de las movilizaciones en ese tiempo. Nos interesa examinar qué tan diferentes han sido tanto en frecuencia, o más precisamente en su visibilidad en la prensa, así como en naturaleza y motivos. Los años escogidos no responden a criterios elaborados, pues la Bdebp no tiene aún información completa del período. Procuramos tomar de cada década un año electoral y un segundo año cualquiera. La selección de los años 1958 y 1959 obedeció a que de esa década son los dos años de instauración del régimen democrático en Venezuela. Y en la década de los 90 los años escogidos fueron 1998, año electoral, y 1999, primer año del gobierno de Chávez. Insistimos en lo que ya señalamos al inicio de este estudio: La información proporcionada por esta base de datos, más que ser cuantitativamente precisa, suministra un estimado de la frecuencia y características de la protesta.

Contraviniendo convencimientos generalizados, incluso entre quienes hemos estudiado las movilizaciones populares de los años recientes, los años seleccionados no muestran diferencias apreciables, en cuanto al número de reseñas registradas con los años considerados en la primera parte de este estudio. Si tomamos los años previos a la década de los 80 y recordando la advertencia sobre la imprecisión cuantitativa de la información de esta base de datos, tenemos que en promedio el número de reseñas alcanza las 356, muy por encima al promedio de 210 que registramos en el cuadro N° 1. Si se evalúa lo hasta ahora cubierto en la Bdebp de la década de los 70, podríamos estar en presencia de una década que holgadamente supera el promedio de reseñas de las décadas posteriores. Por ejemplo para el año 1973 se registran 843 reseñas, para el año 1977, 744 reseñas y 561 para el 1978. Estos datos contradicen incluso a quienes han reconocido la movilización y las protestas como un fenómeno permanente de la sociedad venezolana. Por ejemplo, Richard Hillman sostiene que tanto los años 60 como los 80 están llenos de continua turbulencia civil y sólo en los años 70 se vivió una relativa calma (1994, 4). Fueron esos los años del llamado “boom petrolero”, cuando la crisis vivida en el Medio Oriente produjo un alza de los precios del petróleo en los mercados internacionales, que implicó años de bonanza fiscal para los países productores.

Presentamos a continuación el cuadro 5, similar al cuadro 2, con la naturaleza de las protestas reseñadas de acuerdo con la clasificación que nos proporciona la Bdebp, para los dos años seleccionados de cada década.

Cuadro 5

Naturaleza de las protestas (varios años)

  Fuente: Base de datos El Bravo Pueblo

Como puede observarse, la idea de que en décadas previas la naturaleza de las protestas y movilizaciones era menos conflictiva no es más que una ilusión. Si bien en los años iniciales de la instauración de la democracia, las protestas violentas reseñadas son inferiores a 10% del total, en los 60 y 70 aumentan, apareciendo el año 1963 como especialmente violento. Ese fue un año electoral y los grupos políticos comprometidos con la lucha armada llamaron a la abstención. La confrontación entre el gobierno de Betancourt y los grupos alzados en armas fue especialmente intensa y violenta, lo cual es seguramente parte importante de la explicación de este fenómeno. Las protestas de naturaleza confrontacional para los años seleccionados muestran fluctuaciones erráticas. En todo caso, por la forma en que ha sido construido el cuadro que toma sólo dos años de cada década, no es posible identificar tendencias. Hay de todas maneras un par de años, 1959 y 1970, con porcentajes de protestas confrontacionales superiores al tercio del total. Sólo una evaluación de series anuales ininterrumpidas prolongadas, como la hecha con el cuadro 2, permitiría identificar períodos sostenidos de turbulencia similares a la segunda mitad de los 90, pero no puede descartarse que se hubiesen producido. Finalmente, las protestas más convencionales son mayoritarias en 6 de los 10 años seleccionados y, al igual a como vimos en el cuadro 2 este tipo de protesta pierde visibilidad en años de mayor turbulencia sociopolítica.

En los cuadros siguientes se registran los motivos de la protesta. El primero de ellos, el 6, al igual que el 3, presenta los motivos agrupados en dos categorías gruesas, socioeconómicas y civiles-políticas, para resaltar la relación porcentual entre ambas.

Cuadro 6

Motivos de las protestas (varios años)

Fuente: Base de datos El Bravo Pueblo

En este cuadro se observa, al igual que en el cuadro 3, que las protestas socioeconómicamente motivadas predominan, salvo en el año 1963, a las motivadas por razones civiles y políticas. Sin embargo ese predominio para los primeros años del cuadro, antes del viernes negro de 1983, no es tan pronunciado como para los años posteriores. Mientras para los seis primeros años del cuadro, de 1958 a 1973, el porcentaje promedio de las reseñas con motivaciones socioeconómicas alcanza el 55,7% del total de reseñas, en los cuatro años finales del cuadro este porcentaje se ubica en 75%. Casi 20 puntos más alto. Esto es consistente con los datos del cuadro 3, que tiene la serie temporal ininterrumpida desde 1983 a 1999. Allí el porcentaje promedio de las reseñas de protestas motivadas por razones socioeconómicas es de 74,3%. En este cuadro 6 también destaca, al igual que en el anterior, el año 1963 como atípico. Para este año las protestas por motivaciones políticas y civiles sobrepasan sustancialmente a las de carácter socioeconómico, corroborando las razones de tensión política arriba indicadas.

El cuadro 7, similar al cuadro 4, afina los criterios de clasificación de las motivaciones, subdividiendo cada una de las categorías gruesas del cuadro anterior en tres subgrupos.

Cuadro 7

Motivos de las protestas por subgrupo (varios años)

 Fuente: Base de datos El Bravo Pueblo

Al igual que señaláramos para el cuadro 4, en éste podemos apreciar que entre las motivaciones socioeconómicas las predominantes son aquellas agrupadas en los subgrupos B y C, es decir, las respectivamente referidas a niveles de ingresos y servicios públicos. Entre ambas ahora siempre superan 80% del total de motivaciones socioeconómicas reseñadas. Se repite el predominio de las motivaciones de ingreso. Entre las reseñas de protestas de motivación civil y política, el subgrupo C, de motivaciones propiamente políticas y que comprende entre otros descriptores los de democracia, corrupción, elecciones, político, autonomía, predomina en 3 de los 6 primeros años. Se muestra aquí una diferencia con las motivaciones a partir de los años 80, cuando los derechos humanos tienen un claro protagonismo.

Conclusiones

La protesta popular venezolana que desde los años 80 ha estado tan presente en la vida cotidiana de la sociedad, de acuerdo con la exploración que hemos hecho, revela que no es un fenómeno tan novedoso como muchos pudieran creer. El número de reseñas de acciones colectivas de protestas de los años que hemos tomado como muestras de las décadas anteriores nos indican que en número son similares, cuando no superiores, al promedio anual que hemos registrado para los últimos tres lustros. Así mismo, salvo cambios en los énfasis, las motivaciones de las protestas también se repiten.

Parece importante subrayar, no obstante, las diferencias que detectamos. Desde 1958, cuando se instaura el sistema democrático en Venezuela, y hasta inicios de los años 70 encontramos un mayor equilibrio numérico entre las protestas motivadas por demandas socioeconómicas y las impulsadas por motivaciones civiles y políticas. A partir de entonces el predominio de las protestas primeras pasa a ser avasallante sobre las segundas. Además, en los primeros años del período democrático, entre las protestas motivadas por razones civiles y políticas, las referidas a demandas estrictamente políticas, contenidas en el subgrupo C, tienen la mayor visibilidad. Esto refleja el clima de turbulencia política que se vivía, propio de una lucha hegemónica que alcanzaría en los años 70 una resolución a favor de las fuerzas signatarias de los pactos de 1958, que derrotarían así la propuesta revolucionaria del PCV y MIR. En los informes de Provea de los últimos años, se observan señales de que estamos en una etapa similar: Desde que el presidente Chávez y las fuerzas que lo respaldan ejercen el poder, las protestas políticamente motivadas han aumentado, tanto en términos absolutos como relativos. Incluso se reconoce que muchas de las protestas que aparecen como motivadas por demandas socioeconómicas, en realidad, tienen un claro trasfondo político (Provea, 2001-2002, 500). Vivimos pues nuevamente años de lucha hegemónica. Es de destacar, sin embargo, que los últimos dos informes muestran una tendencia a la baja, pero aún es muy tenue para asegurar que esta lucha tiende a debilitarse.

La resolución de la lucha por la hegemonía en los años 70 a favor de los actores de los pactos, significó el fortalecimiento de la legitimidad del sistema y de sus principales actores, y este estado de cosas, en combinación con la bonanza petrolera de la misma década, permite explicar, por lo menos parcialmente, la percepción de paz social y armonía más o menos generalizada que se tiene de esos años y que en alguna literatura de principios de los 80 llegó al extremo de presentar a la sociedad venezolana como carente de conflictos abiertos. Es en esta época cuando comienzan a aparecer las interpretaciones de una supuesta excepcionalidad de la sociedad venezolana. De la información proporcionada por la Bdebp se observa que en los primeros años de la década de los 80 las protestas fueron muy predominantemente convencionales, con cifras de un solo dígito para las protestas violentas⁵. Desde una perspectiva histórica de más largo plazo, sin embargo, no era ésta una situación normal, sino que se trató de un breve período de “tregua”. Las situaciones de exclusión social y cultural de carácter histórico no resueltas y el deterioro de las condiciones de vida de las mayorías, una vez pasados los años de bonanza petrolera de los 70, fueron alimentando el escenario para la irrupción de un nuevo ciclo de conflictos y lucha política. Sin embargo, sí son observables cambios en el tipo de demandas políticas de las protestas recientes. Desde los hechos de la masacre de El Amparo, y más acentuadamente desde el Caracazo, la conciencia pública ha dado un salto de avance en su atención a las violaciones de los diferentes derechos humanos.

Como hemos visto, la protesta es un fenómeno permanente en nuestra sociedad y es una equivocación, que distorsiona el análisis, exagerar la supuesta pasividad de sectores populares durante períodos prolongados como sugiere alguna literatura. Lo que sí cambia, sin embargo, es la función de la protesta en la dinámica social. En períodos de lucha hegemónica la política de la calle interviene directamente en la confrontación con el poder establecido y eso se expresa en los cambios en su naturaleza y motivaciones. Se hace más confrontacional y violenta, y las motivaciones directamente políticas adquieren mayor relevancia. Por el contrario, en períodos donde la hegemonía no está en disputa, donde son mayores la legitimidad y estabilidad del sistema político, las acciones colectivas de protesta por demandas socioeconómicas copan prácticamente todo el espacio. Son menos confrontacionales y violentas. Las capacidades de negociación de los actores demandados son también más amplias. Pero, a diferencia de los años 60, cuando la protesta era criminalizada desde el Estado y fuertemente reprimida, provocando una espiral de violencia, desde mediados de los 80, y sobre todo en los años de gobierno de Chávez, esa criminalización ha disminuido y con ello también la represión. Por ello, la lucha hegemónica se expresa ahora principalmente mediante acciones colectivas de naturaleza confrontacional.

En Venezuela el Estado pudo, financiado por la renta petrolera, mantener a raya la protesta entre los años 70 y hasta mediados de los 80. Su eficiencia para conjurar el conflicto desarticuló buena parte de los intentos de organización independiente de los sectores populares. Con frecuencia la protesta fue simplemente la antesala de una negociación de cúpulas entre dirigentes sindicales y gremiales con partidos políticos e instituciones del Estado. Ello puede explicar el que, si bien hubo mucha protesta, ésta no daba paso a movimientos u organizaciones sociales. Con el sostenido deterioro de la economía y el proceso de deslegitimación del sistema político, este último agudizado a fines de los años 80, esa situación se alteró irreversiblemente. La protesta nuevamente tomó un papel protagónico en la lucha política y las demandas redistributivas no pueden ser ya satisfechas por los mecanismos clientelares y corporativos del pasado. Están ahora dadas las condiciones para pasar de la protesta a una dinámica de movimientos y organizaciones sociales populares.

En los años más recientes, junto a este complejo proceso se han añadido nuevos elementos que sobrepasan los alcances de esta indagación. Desde finales del año 2001 han emergido nuevos actores en la política de la calle. Sectores de las clases medias y altas también han hecho uso de los espacios públicos en la lucha actual por la hegemonía en Venezuela. Ellos, liderados por medios de comunicación privados y actores como los partidos tradicionales, o agrupaciones sociales como gerentes petroleros organizados, propugnan un proyecto alternativo al “bolivariano” que consideran antimoderno y autoritario. En la calle han buscado y logrado por momentos equipararse a las movilizaciones populares que respaldan al Presidente. Este nuevo ingrediente potenció en años recientes aún más la visibilidad de la protesta, toda vez que estos actores han contado con recursos económicos poderosos, tales como diversos medios privados de comunicación audiovisual e impresos, que comparten y participan directamente de los propósitos de esas movilizaciones. También estos sectores tienen ante sí el desafío de su organización para mejorar y profundizar la calidad de su relación con el Estado venezolano y con la democracia.

Esta exploración ha contribuido a revelar ciertos aspectos de la complejidad de la relación entre la sociedad venezolana y el Estado que se expresa en la política de la calle. En las modalidades, naturaleza y motivaciones de la protesta, examinadas en perspectiva histórica, fue posible detectar permanencias y cambios en la interacción entre actores populares y aquellos que han tenido acceso al poder. Ha mostrado capacidad para reflejar el grado de legitimidad del sistema político y sus actores en determinados períodos. Esta misma metodología en una perspectiva comparativa entre sociedades latinoamericanas, podría enriquecer nuestro análisis sobre las características de esta relación. Sobre todo en tiempos como los actuales, cuando la política de la calle se ha hecho omnipresente y extremadamente creativa en toda la región de América Latina.

Bibliografía

1. Bdebp (2003): Base de datos El Bravo Pueblo, Caracas, Universidad Central de Venezuela, proyecto Cendes-Faces-CDCH 26-50-4047-2000.        [ Links ]

2. Coronil, Fernando y Julie Skurski (1991): “Dismembering and Remembering the Nation: The Semantics of Political Violence in Venezuela”, Comparative Studies in Society and History, vol. 33, nº 2, pp. 288-335.        [ Links ]

3. Cuadernos del Cendes (1989): Número dedicado al Caracazo, nº 10.        [ Links ]

4. Eckstein, Susan (1989): “Introduction” en Susan Eckstein (ed.), Power and Popular Protest. Latin America Social Movements, Londres, University of California Press.        [ Links ]

5. Ellner, Steve (1995): El sindicalismo en el contexto venezolano, Caracas, Nueva Sociedad.        [ Links ]

6. Franzosi, Roberto (1996): “A Sociologist Meets History. Critical Reflections upon Practice”, Journal of Historical Sociology, vol. 9, nº 3, septiembre, pp. 354-391.        [ Links ]

7. Gómez Calcaño, Luis y López Maya, Margarita (1990): El tejido de penélope, La reforma del Estado en Venezuela (1984-1988). Caracas, Cendes-Apucv-IPP.        [ Links ]

8. Hillman, Richard (1994): Democracy for the Privileged: Crisis and Transition in Venezuela. Boulder, Lynne Reiner Publishers.        [ Links ]

9. López Maya, Margarita (2003a): “The Venezuelan Caracazo of 1989: Popular Protest and Institucional Weakness”, Journal of Latin American Studies, vol. 35, part one, febrero, pp. 117-138.        [ Links ]

10. López Maya, Margarita (2003b): “Movilización, institucionalidad y legitimidad”, Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales, vol. 9, nº 1, pp. 211-228.        [ Links ]

11. Naím, Moisés y Piñango, Ramón (1984): El caso Venezuela: Una ilusión de armonía. Caracas, Ediciones IESA.        [ Links ]

12. Naím, Moisés y Ramón Piñango  Politeia (1989): Número dedicado al Caracazo, nº 13.        [ Links ]

13. Provea (1989 a 2002): Situación de los derechos humanos (informes anuales). Caracas, Provea.        [ Links ]

14. Rey, Juan Carlos (1989): El futuro de la democracia en Venezuela. Caracas, Universidad Central de Venezuela.         [ Links ]

15. Tarrow, Sidney (1989): Democracy and Disorder. Oxford, Clarendon Press.        [ Links ]

 Entrevistas

14. Entrevista con Ramón Escobar Salom, ex ministro de Relaciones Interiores durante el segundo gobierno de Rafael Caldera, en Nueva York, 23 de mayo de 1997.

Notas

1 Este artículo es una actualización de uno ya publicado en inglés de la revista Latin American Perspectives, vol. 32, n° 2, 2005.

2 Para información y análisis sobre el Caracazo, puede verse entre otros Cuadernos del Cendes (1989), Politeia (1989), Coronil y Skurski (1991) y López Maya (2003a).

3 El saldo de muertes por acciones represivas durante golpe de Estado del 11 de abril y días siguientes de 2002 no son contabilizados en el informe correspondiente de Provea. Las del 11, por no existir a la fecha un informe confiable de lo ocurrido, y las correspondientes a los días siguientes, por caer la responsabilidad en el gobierno de facto de Pedro Carmona. En el informe de 2002-2003 se registran 4 muertes, pero 3 de ellas como resultado de acciones represivas a una manifestación violenta.

4 En Ciencias Políticas se considera un juego de no suma-cero cuando ninguno de los actores sacrifica algo de sus intereses y recursos para alcanzar un fin, en este caso, la estabilidad del sistema democrático. En Venezuela, esto era posible por los recursos materiales y políticos del petro-Estado.

5 Además del año 1983 que aparece en el cuadro 5 con un porcentaje de protestas violentas de 4,1%, en la Bdebp para el año 1981 ese porcentaje es de 7,3% y para el año 1982 es de 5%.