Seguridad ciudadana, desempeño policial y la calidad de vida en las políticas sociales

Yoana Monsalve Briceño

Profesora Asistente de la Universidad de Los Andes. Escuela de Criminología. Mérida, Venezuela. Cursante de la Maestría sobre Planificación del Desarrollo, Mención Políticas sociales. CENDES. Universidad Central de Venezuela. yoanamob@ula.ve

Resumen

Las políticas sociales, bajo el enfoque universalista, implican la identificación de necesidades sociales de la población y la elaboración de políticas como instrumentos orientados a la satisfacción de aquéllas. El propósito de las políticas es contribuir con el bienestar de la población nacional y, en el caso de la seguridad ciudadana, identificar la relevancia del tema para el diseño de políticas antidelictivas con criterio universalista. Si bien se tiende a reconocer la relevancia de esta cuestión, los datos a nivel nacional e internacional indican un incremento en las tasas de victimización delictiva, lo cual sugiere alguna inconsistencia en la vinculación, a nivel operacional, entre las políticas públicas y la satisfacción de la garantía de la seguridad ciudadana, vinculada a la satisfacción de necesidades sociales. De este modo se podría cuestionar la actuación estatal y su propósito en esta materia. El presente ensayo discute los conceptos de necesidades sociales y calidad de vida, vinculándolos a la seguridad ciudadana y al control del delito, así como la función y limitaciones de la policía, en el contexto latinoamericano, para procurar, como agencia estatal, la satisfacción de necesidades sociales relacionadas a la seguridad.

Palabras clave: seguridad ciudadana, políticas de seguridad, fuerzas policiales, América Latina 

Citizen Security, Police Performance and the Quality of Life in Social Policies

Abstract

This article examines the policies designed to enhance citizen security in Latin America by combating crime. The increasing crime levels suggest that these policies have been insufficient, and that the growing insecurity has had a negative effect on the living conditions and social welfare of the majorities. The author calls into question State policies and examines the function and the limitations of the police forces.

Key Words: Citizen Security, Security Policies, Police Forces, Latin America.

Las políticas sociales, desde un punto de vista amplio, consisten en “asegurar a todos los miembros de la comunidad unos niveles mínimos determinados y ciertas oportunidades” (Hagenbuch, citado por Titmuss, 1973, 125). Esto podría significar que las políticas sociales se apoyan, en principio, en la manifestación de las necesidades a través de la sociedad civil. En este sentido, los miembros de la comunidad se desempeñan como iniciadores del proceso en el cual se analiza la pertinencia de la intervención estatal, para atender los asuntos sociales específicos.

Aunque el concepto de Hagenbuch se refiere a la totalidad de los miembros de la comunidad como destinatarios de las políticas sociales, las necesidades de la población, definidas como las dimensiones inherentes a la condición humana para alcanzar la realización de los proyectos de vida (D’Elia, 2002, 75), no siempre son universales, dado que hay distintos grados de intensidad de las necesidades de acuerdo con las condiciones de ingreso socioeconómico e incidencia de las políticas dirigidas a satisfacerlas entre la población afectada. Esta desigualdad introduce la discusión sobre la perspectiva universalista o focalizada sobre las necesidades sociales.

Si bien se ha propuesto una visión según la cual las necesidades sociales, en cuanto demandas de la población, deben ser asumidas como universales, las políticas sociales suponen homogeneidad tanto en las necesidades de las personas como en las condiciones económicas de los integrantes de los grupos sociales (Sojo, 1990, 184). Desde esta perspectiva, las políticas sociales se centran en focalizar cuáles son los grupos sociales que merecen atención estatal ante determinadas necesidades. Ello indica que las políticas sociales son selectivas en cuanto al objetivo y al monto del gasto. Estas actividades suponen un proceso racional por parte de las instancias del Estado, sobre la inversión pública, en función de la redistribución para atender a los grupos más necesitados.

La crítica del universalismo, por otro lado, parece haber inspirado algunas propuestas del Banco Mundial para los países latinoamericanos, las cuales sugieren la restricción del Estado en materia de políticas sociales, en el sentido de que la universalidad de los servicios destinados a la totalidad de la población nacional no ha sido eficiente. Para corregir la ineficiencia se propone la privatización de la política y de los servicios sociales (Sojo, 1990, 186). Sin embargo, en contra de esta tendencia eficientista, la intervención del Estado se orientaría al sector de la población más necesitado, dado que debido a sus carencias no contaría con otra instancia, fuera del Estado, para acudir a fin de dar satisfacción a sus necesidades. Este enfoque tiende a identificar a los segmentos de población más cadenciados como destinatarios de las políticas sociales, y por ello recibe el nombre de focalización. De este modo, la focalización no debe ser entendida como repliegue de la actividad estatal como crítica al universalismo, sino más bien como orientación de dicho universalismo en función de una justicia distributiva que reconoce las carencias y minusvalías de determinados sectores sociales como criterio determinante para la asignación de recursos públicos para la satisfacción de necesidades sociales.

No todos los Estados resuelven los problemas sociales de la misma manera, y por ello se han delineado algunos modelos de políticas sociales (residual, meritocrático e institucional) que describen la relación entre el Estado, la sociedad civil y las ideologías dominantes (Titmuss, 1973, 38-39; Fleury, 1997, 140-141). La adopción de alguno de estos modelos de políticas sociales depende de los valores compartidos en cada sociedad. Esto significa que las instancias privadas y públicas pueden contribuir con el diseño de políticas, así como también los valores que se desarrollan con la cultura ejercen una influencia importante al momento de decidir sobre la intervención de cada instancia.

La política social se proyecta hacia las personas que se encuentran en condiciones desfavorecidas y su finalidad es alcanzar bienestar para los ciudadanos. Si bien las instancias privadas en algunos sistemas participan en la política social, el Estado tiene una función central como instancia pública. Las instituciones estatales pretenden proporcionar acceso masivo a un sistema de confianza para enfrentar la inseguridad económica y las demandas por mejores niveles de vida, lo cual se traduce en políticas sociales dentro de una perspectiva universalista.

La formulación de la política social supone un ejercicio racional de identificación del problema, la realización de un diagnóstico, la definición de áreas de intervención, la proposición de alternativas de solución y la justificación de la selección de la más conveniente. El diseño de políticas sociales está sostenido por un marco normativo que supone eficiencia, eficacia y equidad. La eficiencia es “selección de los medios sobre los fines” (Maingon, 2001, 211), es decir, las herramientas disponibles por el Estado para implementar la política. La eficacia, definida como el grado en el que se alcanzan los objetivos y las metas en un periodo determinado (Cohen y Franco citados por Maingon, 2001, 214), responde la pregunta del cómo se alcanza a resolver las necesidades sociales. El énfasis está puesto en la formulación y alcances de los fines de la política (ídem). Las técnicas de diseño: costo-beneficio y costo-efectividad tienen como elemento común maximizar el resultado; como las políticas sociales son selectivas, la eficacia indicaría que el gasto debe dirigirse hacia la satisfacción de las necesidades de los más carenciados. La equidad, finalmente, supone igualdad de acceso a los recursos y bienes de forma suficiente para satisfacer las necesidades de la mayoría de los ciudadanos.

La eficacia, la eficiencia y la equidad son los principios normativos que sirven de fundamento a toda política. La evaluación de los mismos requiere la implementación prolongada en el tiempo de la política social específica. Según sugieren los autores Cohen y Franco (2005), para evaluar la eficacia, la eficiencia y la equidad de una política, es necesaria la opinión de los sectores público y privado, a fin de aproximarse a un análisis más objetivo de los resultados de la implementación de una política social en particular.

Por otra parte, la metodología para analizar las políticas públicas son las técnicas diversas que implican el manejo de la información sobre los principios y la ejecución de la política pública. Hay diversidad de metodologías para evaluar el resultado de las políticas, entre ellas la institucional, la racionalista y la social. Cada una de ellas enfatiza determinadas unidades de análisis, lo cual significa que la evaluación varía dependiendo del método seleccionado para tal fin (Cohen y Franco, 2005,111-113; Maingon, 2001, 222-226). A mi modo de ver, resultaría interesante comparar diversos modelos para determinar la efectividad del diseño y la implementación de la política en cuestión, vinculándolos con el nivel de fortalecimiento de las oportunidades de la población para alcanzar el bienestar. En este sentido, hay un aspecto que merece reflexión y que no se refleja en los documentos revisados para este ensayo; se trata de quiénes son los destinatarios de las políticas sociales, pues, cuando se habla de universalidad de la población como receptora de las mismas, se suponen condiciones que uniforman a las personas en cuanto a las necesidades sociales, aunque sobre el tema no ha habido mayor desarrollo en cuanto a intensidad de necesidades y cómo las define la población. Es probable que el concepto de la universalidad de la población esté relacionado con el acceso equitativo de los ciudadanos a las oportunidades para lograr el bienestar a través de las políticas sociales y el Estado, como actor público que atiende los requerimientos de la población, se debe encargar de la mayoría de los habitantes dentro de su territorio, de acuerdo con la intensidad de las necesidades y las oportunidades para satisfacerlas. Las necesidades sociales deben formar parte de la agenda pública del Estado y deberían ser parte de un proyecto nacional. De esta manera, cabría preguntar si la ejecución de las políticas sociales repercute en la calidad de vida de los habitantes de un país.

El concepto de calidad de vida

La sociedad está compuesta por grupos sociales que ocupan espacios geográficos determinados en los que comparten opiniones, valores y hábitos. Ello va conformando los estilos de vida de los grupos sociales. La permanencia en el espacio físico permite a los integrantes de los grupos sociales el reconocimiento común de las necesidades y la participación en una actividad económica para enfrentarlas (Bliss, 2002, 549) facilita su satisfacción.

Los estilos de vida se relacionan con la noción de calidad de vida si se entiende que se trata de una construcción grupal. Cuando no hay acuerdo entre los miembros de los grupos sociales sobre sus necesidades hay desagregación de los miembros del grupo social, por lo que los estilos de vida sufren cambios. Los grupos sociales tienen diversos estilos de vida entre los sectores de la población, lo cual permite suponer que cada grupo tiene diversos niveles de capacidades y oportunidades para definir y satisfacer necesidades sociales.

La capacidad, definida como el proceso mediante el cual se identifican las necesidades básicas y las metas de un grupo social relacionadas con el bienestar (Sen, a 2002, 67), supone la atención, por parte de instancias privadas o públicas, de los requerimientos de la población. Dicha atención es indispensable, puesto que, en la medida en que se alcancen satisfacer las necesidades sociales, la población mantiene o mejora su estilo de vida.

La capacidad de las personas es una combinación de lo que ellos mismos logran “ser y “hacer” (Vethencourt, 2004, 137; Sen, 2002a, 55). En este sentido la, capacidad individual o grupal pareciera implicar tanto “el ser” como la obtención del fin último (bienestar) (Sen, 2002a, 62). El “hacer” son los medios a través de los cuales se logra el bienestar. Desde el punto de vista de la sociedad, pareciera que la población define el bienestar a través de la superación de las necesidades básicas y además tiende a evaluar la validez de las herramientas disponibles para alcanzar el bienestar.

Las necesidades sociales son identificadas por la mayoría de los miembros de una sociedad (Cohen y Franco, 2005, 100) y se resumen en exigencias de bienes y servicios, los cuales tienden a ser escasos con respecto a las expectativas de los grupos sociales. De acuerdo con lo anterior, las necesidades sociales y el bienestar son definidos mediante parámetros valorativos de la población, y por lo tanto la idea de bienestar es un producto intersubjetivo. Ello podría determinar escalas de bienestar de acuerdo con las oportunidades grupales. En este sentido, la opinión de la población es un elemento fundamental cuando se trata de elaborar políticas para necesidades específicas, pues el acuerdo intersubjetivo se debería articular con el acercamiento del Estado a los grupos sociales. El bienestar como propósito de la política debe ser consultado con la población, para definirlo como meta y establecer los lineamientos para obtenerlo. Si ello fuera así, las políticas serian más claras y tenderían a satisfacer necesidades.

La calidad de vida y su  relación con las políticas sociales

El interés por la calidad de vida ha existido desde hace mucho tiempo, pero el concepto de calidad de vida como preocupación científica es relativamente reciente, pues surge después de la Segunda Guerra Mundial (Huggins, 2005, 45), como producto del cuestionamiento de las corrientes económicas sobre el bienestar, que daban peso importante a los indicadores económicos para explicar las condiciones sociales, la satisfacción de necesidades y el consumo. Durante la década de los 50 y comienzos de los 60, se incrementó el interés por conocer el bienestar humano y la preocupación por las consecuencias de la industrialización y a partir de entonces se comenzó a medir la calidad de vida con datos cuantitativos (Gómez-Vela y Sabeth, 2005, 1).

Esto significa que la metodología cuantitativa ha tratado de operativizar la calidad de vida a través de indicadores como la salud, la educación, la seguridad pública, el ocio, el vecindario, la vivienda, lo cual permite suponer que la definición de calidad de vida ha sido ampliada en forma significativa, permitiendo entender las transformaciones sociales y políticas de un país determinado.

El concepto de calidad de vida es una construcción compleja, pues se ha entendido como la satisfacción personal ponderada por la escala de valores, aspiraciones y expectativas individuales (Felce y Perry citado por Gómez-Vela y Sabeth, 2005, 3). Sin embargo, pese a la importancia inicial de la valoración individual, se debe resaltar que, cuando se habla de grupos sociales, se trata de la sumatoria de individuos que los integran, lo cual generaliza las expectativas grupales. En este sentido, la calidad de vida está relacionada con los retos de cómo entender esas valoraciones colectivas, y cómo se incorporan los estilos de vida y la comprensión de las desigualdades sociales en las políticas (D’Elia, 2002, 71).

En materia de políticas sociales, las necesidades sociales han adquirido relevancia respecto de la universalización de la población y la equidad; aunque la política social estuvo orientada en un principio hacia segmentos de población con necesidades particulares, hoy ha sido reorientada. Se trata de una política cuyas necesidades reconocidas tienen contenidos más amplios que la educación, la vejez y la salud (D’Elía, 2002, 72). En este sentido, las políticas sociales han ido transformándose y ampliando su radio de acción, no sólo hacia las capas más necesitadas de la población, sino hacia la mayoría de los integrantes de la sociedad. Esto significa que el contenido de las políticas sociales refleja necesidades de la universalidad de la población como destinatario. Siendo así, es importante tomar en cuenta la apreciación subjetiva de los miembros de los grupos sociales, pues para ellos se diseñan las políticas y esa actividad debería permitir la articulación de las necesidades sociales en las políticas sociales.

La alimentación, educación, transporte, seguridad ciudadana y social parecieran formar parte de la expresión de las necesidades sociales reconocidas por el Estado a través de enunciados legislativos. Ello supone el esfuerzo colectivo por mantener la presión de la necesidad social frente al Estado, de manera que la misma repercuta en la agenda pública para articular la necesidad con una política que cumpla con los principios de eficacia, eficiencia y equidad.

En el campo de las políticas sociales, las instancias públicas son herramientas empleadas para atender las necesidades sociales concentradas en el sector de la población más necesitado. Ello podría propiciar mayor calidad de vida e igualdad de oportunidades entre los ciudadanos. Las instancias públicas tienen funciones mediante las cuales se provee algún tipo de prestación para la población y de esta manera las mismas podrían facilitar la igualdad de oportunidades para alcanzar la realización personal y grupal, contribuyendo a mejorar la calidad de vida de la población.

La seguridad ciudadana como necesidad social de la población

La seguridad ciudadana puede definirse como una necesidad social. Este concepto  se refiere a las exigencias específicas de la población vinculadas con la delincuencia y las situaciones de vulnerabilidad y riesgo para sus personas y bienes, las cuales estarían estrechamente asociadas a la policía pública, que tiene la función de resolver, o al menos minimizar, los efectos negativos de dichas amenazas.

La seguridad en sentido restringido es definida como el conjunto de políticas y acciones coherentes que tienden a garantizar la paz pública, por medio de la prevención y represión de los delitos a través del control penal y policial (Arraigada, 2002, 111). Diversos estudios latinoamericanos destacan el aumento de las tasas delictivas, particularmente las de naturaleza violenta. La última Encuesta Nacional de Victimización en Venezuela muestra un incremento notable de los delitos de robo (16 veces más), hurto (7,5 veces más) y lesiones personales (3 veces más) respecto a los datos de la estadística oficial. En conjunto, la tasa delictiva expandida para los delitos contemplados en la encuesta es de 8986/100.000, nueve veces más alta que la registrada oficialmente (Gabaldón, Benavides y Parra, 2007, 318-319). Las tasas de mortalidad en accidentes de tránsito superan con creces, en América Latina, a las reportadas para Estados Unidos, Canadá y otros países angloparlantes del Caribe (Carrión, 2002, 24). Un estudio centroamericano en cinco localidades de Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica determinó porcentajes de victimización por hogares entre dos y tres veces superiores al de los países industrializados, predominando los asaltos callejeros, robos en morada y agresiones armadas (Rico, 2000, 23-26). Un estudio brasileño determinó la duplicación de la tasa de homicidios para una de las principales ciudades del país entre 1997 y 2001 (Beato, 2003, 185). Por otro lado, algunos datos sugieren desconfianza en la policía como agencia de control social; en la encuesta venezolana de 2006, 54% de las víctimas manifestaron no denunciar porque la denuncia no se registraría o porque los funcionarios no harían nada con ella, mientras 12,4% de los encuestados reportaron que el victimario era policía o guardia nacional, llegando dicha participación a 84% de los casos de corrupción y a 74% de los casos de extorsión (Gabaldón, Benavides y Parra, 327). La participación reconocida por parte de la ciudadanía de los funcionarios policiales en conductas delictivas da cuenta del deterioro de la función policial y de la falta de reconocimiento de su operatividad para el alcance de las metas y objetivos de las políticas públicas. A esto se puede añadir que las percepciones de los encuestados mayormente asociadas con la policía son de prepotencia (21,6%) y negligencia (17,70%)  así como que, en cuanto  a  los encuentros con la policía, los estratos más pobres de la población tienden a percibir violencia policial más frecuentemente (16%) que los estratos más aventajados  (7,9%) (ibídem, 332). Esto sugiere que los ciudadanos, en especial los más necesitados, no tienen una percepción favorable del trabajo que realizan los funcionarios policiales cuando requieren atención directa e inmediata, existiendo un vacío en la función policial para satisfacer necesidades vinculadas a la seguridad ciudadana.

Policía y necesidades sociales

La policía puede ser entendida como una instancia de control social formal, de carácter estatal dotada de poder coactivo inmediato, encargada primordialmente de individualizar, detectar al autor, restringir y/o prevenir conductas jurídicamente inaceptables (Gabaldón, Birkbeck y Bettiol, 1990, 22). Es probablemente la instancia de control social formal más cercana al ciudadano, forma parte del sistema de justicia, compartiendo con otras instancias de dicho sistema las actividades tendentes al control delictivo. Aunque existe una presión continua sobre la policía para responder a las demandas de seguridad, los datos disponibles revelan que 70% de la población victimizada considera que la policía y el sistema de justicia no tienen respuestas eficientes y eficaces ante el problema de la victimización de los venezolanos (Consultores 21, 2001).

Cabe preguntar si este problema puede ser encuadrado dentro de las discusiones de las políticas sociales, y si es factible la relación con la calidad de vida de la población. Si la respuesta es afirmativa en mi opinión no habría dudas en que el tema de la seguridad ciudadana, seria un indicador para medir la calidad de vida de los venezolanos. De esta manera debería contribuir con el diseño e implementación de políticas públicas de seguridad. El incremento notable de la criminalidad pareciera sugerir que la eficacia, eficiencia y equidad de las políticas en materia de seguridad no funcionan adecuadamente, si bien el tema de la seguridad es una necesidad ciudadana, de carácter público y así se plantea en el artículo 55 de la Constitución Nacional (Venezuela, 2000). Por otra parte, la inseguridad personal pareciera afectar la calidad de vida, la libertad y las oportunidades sociales (Arraigada, 2002).

En la actualidad el tema de la seguridad requiere un diagnóstico en cuanto a cuáles son las necesidades y las expectativas de los ciudadanos. La participación ciudadana en los programas de seguridad personal es muy importante, si se entiende al ciudadano en condición de usuario de las instancias formales como la policía, que deberían estar al alcance de todos, con criterios de universalidad, eficacia, eficiencia y equidad.

Por otra parte, es pertinente evaluar la respuesta de la policía frente a las demandas ciudadanas sobre seguridad. La literatura sobre necesidades sociales destaca la relación entre el ciudadano y Estado como un aspecto importante cuando se trata de políticas sociales. El ciudadano es un cliente permanente del Estado (Lynn, 2000, 168) y, en un supuesto ideal, debe creer en la efectividad de las instituciones formales. Éstas deberían atender los problemas sociales, sobre todo en el contexto latinoamericano, donde las Constituciones políticas han incorporado, recientemente, la seguridad como un derecho general de la población.

La minimización de la desconfianza frente a las instancias formales de control social es necesaria. De lo contrario se permite la ocupación de espacios por parte de instancias privadas sustitutivas de control social que no responden con criterios de amplitud y equidad ante las necesidades sociales. En este momento se necesita reflexión sobre el tema de la seguridad y su repercusión en las políticas sociales en torno a la articulación de las expectativas ciudadanas, las necesidades puntuales sobre el tema de la seguridad y los recursos disponibles por parte del Estado para enfrentar las necesidades sociales. Esto contribuiría a diseñar una política viable que se adapte a las tendencias actuales en materia de seguridad ciudadana.

Reflexiones finales

La discusión sobre focalización y universalización de la población, como criterios básicos que definen el radio en el que se propagan los resultados de una política social, induce a reflexionar sobre la responsabilidad estatal para la satisfacción de necesidades sociales de diversos grupos de individuos. Ambos criterios repercuten en la disponibilidad económica del Estado para contribuir con el bienestar de la población y aunque el criterio universalista amerita mayor esfuerzo del Estado por comprometer más recursos, también las instancias públicas parecen tener retos importantes, en cuanto a la responsabilidad del diseño e implementación de políticas. Si se trata de evaluación de la política, con ello se identifica la relación entre el propósito y objetivos de la política con resultados puntuales. La relación entre la sociedad e instancias estatales es fundamental cuando se pretende comprender cómo se justifican las políticas sociales.

Las políticas sociales requieren, para tener un impacto en la calidad de vida en general, extenderse en forma universal para procurar el acceso equitativo de todos los ciudadanos a las oportunidades de alcanzar mayores niveles de bienestar. El Estado, como actor público que atiende los requerimientos de la población, debe proyectar su acción hacia la mayoría de los habitantes, de acuerdo con la intensidad de las necesidades y las limitaciones de oportunidades para satisfacerlas. En este orden de ideas, las necesidades sociales deben formar parte de la agenda pública del Estado y deberían ser parte de un proyecto nacional.

El diseño de políticas públicas debe considerar la calidad de vida de la población, aunque ello implique un trabajo complejo que requiere mayor reflexión teórica y empírica. Los conceptos de estilo de vida, capacidad y oportunidades parecen integrar la definición de la calidad de vida. Sin embargo, dichos conceptos deberían ser operativizados a los efectos de lograr registros cuantitativos y cualitativos de impacto.

Este ensayo ha sostenido que los destinatarios de las políticas sociales deben ser la mayoría de los habitantes del territorio nacional. Si esto fuera así, el tema sobre la seguridad ciudadana podría ser evaluado como parte de las políticas sociales, dado que el aseguramiento de condiciones mínimas de previsibilidad y control de riesgo frente a la delincuencia puede ser considerado como una necesidad ampliamente compartida. Los datos disponibles en el contexto venezolano sugieren que la inseguridad, a nivel perceptivo, afecta de manera bastante homogénea a todos los ciudadanos, si bien la victimización efectiva muestra diferencias apreciables entre diversos segmentos de población.

Pareciera que la seguridad ciudadana, como tema de estudio vinculado con las políticas sociales, se ha dejado de lado por parte de los gobiernos, aunque en el caso venezolano en algunos planes de la nación la prevención del delito haya merecido algún tipo de atención. Esto podría significar que la sociedad civil no ha ejercido una presión adecuada para generar la revisión de las políticas en esta materia, actuando, además, como instancia de control de su implementación. Ya hemos visto que la sociedad civil puede incorporar temas a la agenda pública, lo cual puede influenciar el diseño de políticas que se adapten a las necesidades sociales actuales. Los considerandos de este trabajo sugieren la necesidad de adelantar una reflexión más a fondo sobre los criterios de eficacia, eficiencia y equidad en materia de seguridad ciudadana.

La policía, como una instancia de control social formal que abarca individualización, detección, restricción y supresión de conductas delictivas y de  infractores, tiende a ser percibida, como ilustran los datos antes reportados, como una instancia ante la cual se acude con reservas para prestación del servicio de seguridad. Este tema requiere mayor análisis, si se asume a la policía como una instancia pública que asista a la población de manera uniforme y extensa, de acuerdo con las competencias que le son atribuidas.

Finalmente, este ensayo ha permitido iniciar una reflexión sobre el tema de la seguridad ciudadana y la interacción entre sociedad civil y Estado. Es necesario profundizar con estudios sobre los elementos fundamentales que integran el diseño de las políticas sociales en materia de seguridad.

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