Las mujeres venezolanas y el proceso bolivariano avances y contradicciones

Carmen Teresa García; Magdalena Valdivieso

Socióloga. Doctorado 3er Ciclo en la Sorbona III. París. Profesora investigadora (pre y posgrado) de la Universidad de Los Andes. Líneas de investigación actuales: educación, género y sexismo, derechos humanos  de las mujeres y violencia contra las mujeres. Movimientos Sociales con énfasis en los movimientos de mujeres en Venezuela y América Latina. Incorporada desde 1997 al sistema de investigadores/as como PPI III y PEI (ULA).Fundadora y coeditora de varias revistas en Ciencias Sociales (Fermentum (1990-2000), Otras Miradas 2001). ctgarcia@ula.ve

Directora del Centro de Estudios de la Mujer de la UCV. Ex directora de la Escuela de Administración y Contaduría de la Universidad Central de Venezuela. Aspirante a Doctorado en Ciencias Políticas. Facultad de Ciencias Juridicas y Políticas UCV; Diplomada en Ciencias Políticas- Mención Servicio Exterior Universidad de Chile; Administradora Pública. Univ. de Chile. Integrante del Sistema de Promoción del Investigador (Spicdch). Publicaciones recientes: Tres miradas al personalismo político en el Río de la Plata. Los caos de Artigas, Rodríguez de Francia y Rosas (2001, Faces); “La mujer en el discurso político de la emancipación venezolana. El caso de la consagración del Gual y España 1797” en Revista Venezolana de Estudios de la Mujer, 1999 y “Gerencia y género” en Revista Contabilidad, Auditoria e Impuestos, Chile, 1998 magdalenavaldivieso@cantv.net

Resumen

En el presente texto,  se intenta construir una reflexión sobre la situación de las mujeres venezolanas en la última década. Está estructurado en  cuatro  partes. La  primera una introducción que contextualiza el tema y presenta algunas ideas que son necesarias en el momento de dar lectura al texto. En segundo lugar, un análisis de la década –1999-2009– mirada desde la participación y perspectiva de las mujeres, en tercer lugar, algunas tareas pendientes y por último unas conclusiones inconclusas que pudieran servir de hipótesis sobre las cuales profundizar en posteriores investigaciones.

Palabras clave: mujeres, participación,  proceso bolivariano, Venezuela

Venezuelan Women and the Bolivarian Process. Advances and Contradictions

Abstract

This article offers a reflection on the situation of Venezuelan women during the course of the last decade. It consists of four parts. The first is an introduction which contextualizes the problem and presents the central ideas. Secondly, there is an analysis of the recent decade (1999-2009) viewed from the perspective of women’s participation. Thirdly, the authors present their most pressing concerns. And, finally, they offer some tentative conclusions designed to stimulate further research.

Key Word: Women, Participation, Bolivarian Process, Venezuela

“Las revoluciones hay que verlas de cerca y evaluarlas de lejos”.

Simón Bolívar

Introducción

Se nos invita a realizar un balance crítico sobre la situación de las mujeres en Venezuela, mostrando los logros y obstáculos encontrados en esta experiencia de diez años del gobierno bolivariano (1999-2009). Nos parece necesario hacer unas cuantas consideraciones, antes de presentar algunos elementos que, a nuestro juicio, permiten aproximarse a una idea general de las iniciativas desplegadas, tanto desde el Estado, como de las organizaciones de mujeres para avanzar en la igualdad de género en el país, y de los resultados hasta ahora obtenidos.

El primer asunto a discutir, es la pertinencia de hablar de situación de las mujeres como si constituyeran un universo homogéneo, cuando en realidad existen muchas formas de vivir la experiencia de “ser mujer” en la sociedad venezolana, que varían según la clase social, el origen étnico, la historia personal, la educación, la pertenencia laboral, la orientación sexual, la religión, y otras condiciones. Si bien el feminismo ha alentado la construcción de una identidad de género, articulada en torno a la discriminación que inicialmente compartimos todas las mujeres, se ha hecho evidente la necesidad de considerar estas otras variables, que determinan conjuntamente con el género, de maneras muy diversas, las situaciones de las mujeres. No obstante, a pesar de la validez de esta constatación, se hace imposible en la actualidad realizar en Venezuela investigaciones que incorporen dichas variables, debido a que muy recientemente se empiezan a definir indicadores y a registrar información organizada por sexo, para incorporar esas diferencias, de modo que esto constituye una limitación para el trabajo que presentamos.

Una segunda cuestión a destacar es que nuestra mirada aprecia, principalmente, la situación de las mujeres en las relaciones de poder en la sociedad venezolana. Nos interesa conocer los avances alcanzados en la participación política de las mujeres y, en general, los logros en equidad de género, que forman parte del ideario contenido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

El interés de centrarse en la situación de las mujeres en los espacios de decisiones se sustenta en la constatación histórica de que los avances en educación, salud, seguridad social y trabajo, que son imprescindibles para alcanzar mejor calidad de vida, no modifican las relaciones de género, de modo que se podrían satisfacer estas necesidades sin que los objetivos estratégicos de género se alcancen, en el llamado “socialismo del siglo xxi”, es decir, sin que se hayan modificado las estructuras y relaciones patriarcales en la sociedad venezolana.

Consideramos también necesario hacer algunas precisiones cuando se habla de participación política de las mujeres, ya que tradicionalmente ha estado referida a las acciones que éstas desarrollan en las estructuras y dinámicas identificadas con el “espacio” político institucionalizado, dominado mayoritariamente por concepciones y prácticas masculinas, en cambio, el concepto “actividad política de las mujeres”, que hemos utilizado en otros trabajos, incorpora las distintas acciones que las mujeres emprenden por sus intereses, en diversos espacios sociales¹. Como dice Lola Luna (1994) la acción política que se hace “desde abajo” e “informalmente” muestra una cara ignorada hasta ahora y amplía el significado de la política, rehaciendo y repensando lo político desde el género. Esta distinción nos parece pertinente, porque en este período de la vida política venezolana, las mujeres han avanzado en su propósito de “participar” en igualdad de condiciones en los espacios institucionales, como son los poderes públicos, donde su presencia es ahora relativamente mayor, pero no han limitado sus intereses a estos lugares y han desarrollado actividades políticas en diversidad de organizaciones y espacios, desde los cuales se relacionan con el poder y dan nuevos contenidos a “lo político”. De hecho, mayoritariamente las mujeres desarrollan sus acciones en espacios intermedios entre lo considerado “privado y público”, como son organizaciones vecinales, espacios comunales, espacios productivos familiares, etc. generando otras formas de relaciones sociales de poder.

Una última consideración, antes de presentar una mirada sobre estos diez últimos años, se refiere a los efectos de la polarización política –que teniendo como base desigualdades sociales y económicas históricas– ha alcanzado niveles de aguda confrontación y marca las vivencias, expectativas y actuaciones de la población, y evidentemente también ha afectado a quienes trabajamos y reflexionamos sobre la situación de los derechos de las mujeres, de modo que nuestra perspectiva intenta situarse por encima de las confrontaciones más álgidas y constituye un punto de vista, que seguramente no recoge todas las percepciones de las “militancias antagónicas” existentes en el país.

Es en este contexto polarizado que abordaremos la participación de las mujeres en el proceso bolivariano que comienza en 1999.

1999-2009: Una década de cambios significativos.

Es evidente que desde 1999 y después de un letargo que parecía irremediable, la “política” se ha ubicado en el centro de la vida del país y de un significativo sector de la ciudadanía, que participa de muy diversas maneras en las múltiples experiencias y en los numerosos espacios que se han creado y dinamizado en este período. Para el Movimiento Amplio de Mujeres (MAM)² el inicio de este proceso se ubica en las iniciativas y movilizaciones que desarrolla como sector con necesidades específicas, desde el segundo semestre de 1999, en el marco de la convocatoria a la Asamblea Constituyente, con el objetivo de que se incorporaran las nuevas generaciones de derechos contenidos en tratados y convenciones internacionales y para que la Constitución se redactara, como en efecto se hizo, con un lenguaje no sexista, que visibilizara a las mujeres y favoreciera la creación de un imaginario de equidad de género en el país.

Las organizaciones no gubernamentales de mujeres (ONGM) con dilatada trayectoria, así como las que se fueron creando en este contexto, echaron a andar un proceso de discusión nacional sobre su condición y su situación de discriminación, a través del cual, pudimos constatar la diversidad de formas de construir y/o abordar el ser mujer en la Venezuela de hoy. Las mujeres de todos los sectores, incluido el “tercerismo” –propuesta que se puede identificar por su lema “Aquí cabemos todas”–han sido durante esta década activas protagonistas defendiendo sus ideas sobre los modelos de país y de sociedad. Son memorables las protestas de las mujeres contrarias al gobierno, frente a las instalaciones militares exigiendo alzamientos para salir de Chávez, como lo son también las actuaciones de las mujeres “chavistas” –y, en general, de las que apoyan el proceso de cambio– en las movilizaciones de defensa del gobierno y los esfuerzos de las “terceristas” para abrir espacios de encuentro y diálogo. Las mujeres han sido, pues, protagonistas destacadas en este proceso, en las acciones de calle, en la gestión de gobierno y en todas las iniciativas, y se puede observar que los temas de igualdad de género, han alcanzado mayor presencia en la agenda pública. De modo que un primer elemento a destacar en este balance, es que en estos diez años la política se ha feminizado y renovado, sin que esta afirmación implique que la mayor presencia de mujeres en los distintos espacios se exprese en significativos avances en las cuotas de poder, ni que todas sus actuaciones estén guiadas por propósitos referidos a la igualdad de género.

Podemos afirmar también que la ubicación de los problemas de la exclusión social, que afectan de manera predominante a las mujeres de los sectores empobrecidos, en el centro de la gestión y del discurso del gobierno ha permitido que se “legitime” la necesidad de políticas públicas con enfoque de género, lo cual ha obligado también a desarrollar otras herramientas para conocer y actuar sobre las manifestaciones de las inequidades, como son presupuestos públicos y estadísticas sensibles al género.

Apreciamos que ha habido en este período avances significativos en el reconocimiento de los derechos a la igualdad y a la equidad de género, especialmente los referidos al derecho de las mujeres a vivir libres de violencia de género, derechos económicos y algunos avances en la creación de condiciones para modificar los roles sexistas tradicionales en las responsabilidades familiares³.

En cuanto a las dinámicas de las organizaciones de mujeres, éstas se han reunido en torno a los intereses específicos de género, articulando alianzas con las mujeres en cargos públicos, lo que les ha permitido impulsar sus vindicaciones históricas, a pesar de las profundas diferencias sobre la valoración del gobierno y de la separación entre las que impulsan un movimiento autónomo y las que, comprometidas con el proceso, conciben sus acciones en el contexto de las movilizaciones populares generales en apoyo a la “revolución bolivariana”. Este hecho que llama la atención a observadoras(es) externas(os) tiene su explicación en la trayectoria compartida por las principales protagonistas del MAM, que durante los años del bipartidismo y desde la creación de una instancia de gobierno para atender los asuntos de las mujeres, colaboraron con las encargadas de su gestión, a pesar de sus diferencias partidarias.

Una primera demostración de unidad y movilización conjunta de la diversidad de organizaciones se dio al inicio de este período, cuando la Secretaria de la Presidencia de la República (ocupada por un comunicador social) intentó eliminar el Consejo Nacional de la Mujer (Conamu). Esta decisión no pudo ejecutarse por las efectivas y rápidas movilizaciones de las mujeres de todos los sectores, que no sólo defendieron esta institución sino que exigieron y lograron la creación del Instituto Nacional de la Mujer (Inamujer, 1999)⁴  y propusieron unitariamente a María León, una reconocida sindicalista y feminista, como su presidenta. El segundo momento de coordinación y consenso fue el rechazo contundente a la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia (2003) que, a solicitud del Fiscal General de la República, decidió eliminar los artículos que establecían las medidas cautelares contenidas en la Ley sobre la Violencia contra la Mujer y la Familia (de 1998). Esta movilización conjunta de las mujeres en cargos de gobierno y del MAM tuvo como resultado la iniciativa de una nueva ley sobre violencia de género, para cuya elaboración y aprobación, también actuaron articuladamente las responsables en el gobierno de las políticas de género, como son la presidenta de Inamujer, la Defensora Nacional de los Derechos de la Mujer, la Defensora Especial de la Defensoría del Pueblo, las parlamentarias de la Comisión Familia, Mujer y Juventud, y representantes de las ONG y académicas. Otro momento de coordinación fue la discusión, aprobación y entrega de la Agenda del Movimiento Ampliado de las Mujeres para el Trabajo Parlamentario y Legislativo en 2005, con la participación de treinta (30) organizaciones⁵ que recogió las principales aspiraciones de las mujeres y que fue presentada ante la Asamblea Nacional y entregada a la Presidenta de la Sub Comisión de derechos de la Mujer de la Comisión permanente Familia Mujer y Juventud. Por último en el año 2008, nuevamente las organizaciones de mujeres actuaron conjuntamente con la Presidenta del CNE, Dra. Tibisay Lucena, para que se dictara una resolución que facilitara la paridad y alternabilidad entre los sexos, en las listas de postulaciones a cargos de elección popular⁶.

A continuación revisamos los principales avances alcanzados por las mujeres en esta década. Veamos:

1. Avances constitucionales

La nueva Constitución de la República Bolivariana de Venezuela tuvo como propósito refundar la República “para establecer una sociedad democrática, participativa y protagónica, multiétnica y pluricultural” como espacio para la realización personal y colectiva, garantizando el derecho a la justicia social y a la igualdad sin discriminación ni subordinación alguna, para lo cual es necesario garantizar y producir la participación protagónica igualitaria de todas y todos las y los ciudadanos de manera efectiva. La Constitución está cruzada de manera transversal por la perspectiva de género e incluye a las mujeres desde un enfoque de derechos, lo más importante es que establece que “tenemos derecho a tener derechos” (Morelba Jiménez, 2000).

Las conquistas fundamentales de las mujeres con la Constitución de la República Bolivariana aprobada en 1999 fueron:

· uso no sexista del lenguaje, al que nos referimos antes y que constituye una importante legitimación de la igualdad entre los sexos

· reconocimiento expreso de la igualdad entre los sexos (Art. 21)

· inclusión de las medidas positivas como garantía de la igualdad real y efectiva (art. 21)

· reconocimiento de rango constitucional y prevalencia de jerarquía de tratados, pactos y convenciones relativos a derechos humanos, suscritos y ratificados por Venezuela, con lo cual tienen rasgo constitucional la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (Cedaw) y la Convención de Belén do Pará (art. 23), principales instrumentos internacionales pro igualdad.

· inclusión de los derechos sexuales y reproductivos (art. 76) que expresamente establece “el derecho a decidir libre y responsablemente el número de hijos e hijas que deseen concebir y a disponer de la información y de los medios que les aseguren el ejercicio de este derecho”⁷,

· el trabajo del hogar como actividad económica que crea valor agregado y produce riqueza y bienestar social y derecho a la seguridad social de las amas de casa (art. 88), que actualmente se está haciendo efectivo con la Ley de Protección a las Amas de Casa.

2. Participación en el Poder Ejecutivo (nacional y estadal)

El Poder Ejecutivo muestra un perfil diferente en este período político–desde sus inicios– se ha caracterizado por un incremento en la participación de mujeres en altos cargos de decisión. La Vicepresidencia de la República fue ocupada durante 2001-2002 por una economista (Adina Bastidas, que venía de la academia y a la que le correspondió estar al frente de este cargo cuando se elaboraron las 48 decretos correspondientes a la Ley Habilitante de 2001)^7. La Procuraduría General de la Nación durante todo el período ha estado dirigida por mujeres⁹.

Han sido designadas un porcentaje –no despreciable y mucho mayor con relación a los gobiernos anteriores– de ministras (ver cuadro 1) y un alto porcentaje de viceministras. A continuación presentamos la información de las mujeres que se han desempeñado como ministras desde el año 1969, que permite valorar el avance en el último período de gobierno en el que mujeres han ocupado aproximadamente 29% del gabinete (2008).

Cuadro 1

Fuente: Elaboración propia. 2008

Como puede verse, en los años del actual gobierno no se ha llegado a la paridad en el gabinete ministerial, sólo un tercio de los Ministerios han estado a cargo de mujeres. No obstante, representa un avance y reconocimiento a las capacidades de las mujeres en distintas áreas de gestión. Hay que considerar también que la elevada presencia de militares dirigiendo ministerios es un factor que limita la presencia de mujeres.

En el Poder Ejecutivo estadal no se ha superado 9.09% de participación de mujeres: para las elecciones de gobernadores y gobernadoras realizadas en noviembre de 2008 se inscribieron 183 candidatos/as y solo 33 (18,1%) mujeres, de las cuales dos fueron electas (9,09 %) igual número que en las elecciones de 2004¹⁰ 

Organismos encargados de las políticas públicas de género

En 1999 comenzaron a actuar efectivamente el Instituto Nacional de la Mujer (Inamujer), con el objetivo de superar las discriminaciones contra las mujeres y la Defensoría Nacional de la Mujer, como instancia jurídica del Inamujer, para apoyar y asistir a las mujeres en la defensa de sus derechos. En 2008, se le dio rango ministerial creándose el cargo de Ministra de Estado para los Asuntos de la Mujer y este último 8 de Marzo, el Presidente anunció la creación del Ministerio del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género.

Como una política de acción positiva se creó, el 8 de marzo de 2001, el Banco de Desarrollo de la Mujer, con el fin de democratizar el capital a través de microcréditos, sobre todo para las mujeres de los sectores populares del país, a las que además de los servicios financieros se desarrollan programas no financieros como son talleres sobre autoestima, salud integral incluida la salud sexual y reproductiva, prevención de la violencia doméstica, derechos humanos, ejercicio pleno de la ciudadanía, liderazgo y organización comunitaria, que les permite desarrollar procesos de empoderamiento¹¹. Nora Castañeda, presidenta del BanMujer, dio los siguientes datos:

A 2007, el aporte del Banco de Desarrollo de la Mujer, perteneciente al Ministerio para la Economía Popular de Venezuela, había otorgado 76.659 créditos, con una inversión de 234,51 millardos de bolívares. Ello generó en aquel período más de 395 mil empleos. Además, benefició a 2.265 cooperativas y a 73.490 unidades económicas asociativas, fortaleciendo los sectores manufacturero, de servicios, agrícola y del comercio. Un total de 2 millones de venezolanas fueron favorecidos por la institución financiera (27-08-2008, entrevista realizada por Oliverio Comte y publicada en Rebelión.org).

 3. Participación en el Poder Legislativo (Nacional y Estatal)

Tradicionalmente ha sido baja la presencia de mujeres en el Poder Legislativo en Venezuela; en 1998 en el Senado y en la Cámara de Diputados se alcanzó el número más alto de mujeres, 7 de 53 y 28 de 207 representantes, respectivamente. En la Asamblea Constituyente de 1999, de 131 integrantes, 17 fueron mujeres (13%). En el período 2000-2006, ya en vigencia la nueva Constitución, que estableció a la Asamblea Nacional como órgano legislativo superior en el país, de 165 integrantes sólo 22 puestos fueron ocupados por diputadas (13%)¹². En el siguiente período 2006-2010 se pasa a 29 diputadas principales de 167 integrantes (17%).

En estos diez años en la Asamblea Nacional ha habido más resistencia que en los otros poderes públicos, hacia las propuestas del Inamujer, del movimiento de mujeres e incluso del CNE, sobre la paridad y la alternabilidad en la composición de las listas de candidatos y candidatas. La cultura androcéntrica sigue pesando más que los enunciados constitucionales y legales sobre la igualdad entre los sexos. Esta resistencia se ha expresado en los bajos porcentajes de mujeres electas como diputadas,¹³ y en la lentitud en discutir el Anteproyecto de Ley Orgánica de los Derechos de las Mujeres para la Equidad e Igualdad de Género presentado en 2002 y que recién fue aprobado en primera discusión en junio pasado.

En el Poder Legislativo estadal que se ejerce en cada entidad federal mediante un consejo legislativo conformado por un número no mayor de quince ni menor de siete integrantes, quienes proporcionalmente representan a la población del Estado y a los municipios, la participación de las mujeres ha ido en aumento. De 39 mujeres (17,03%) en 2004 se pasa a 87 (36,4%) en 2008. Estos datos empiezan a mostrar algunos avances en relación con la paridad y alternabilidad, aunque, por los cifras de postuladas y postulados, los candidatos nominales hombres duplicaban largamente (1.461) a la cifra de las candidatas nominales mujeres (509). Igual sucede con los candidatos hombres principales indígenas (34) frente a las candidatas principales mujeres indígenas (12). Sólo en los/as postulados/as para legisladores/as por listas había paridad (1461 hombres y 1352 mujeres).

Veamos el siguiente cuadro.

Cuadro 2

Representación en las asambleas legislativas y consejos legislativos regionales desagregada por sexo, 1958-2008

Fuente: CNE

Hasta julio de 2008, 24 mujeres dirigían alcaldías en el país (7,21%). En las elecciones del 23 de Noviembre 2008 fueron electas 59 mujeres, que representan (21,8 %) del total de personas electas.

La función legislativa del municipio corresponde al concejo, integrado por concejales y concejalas, de 2.298 concejalas y concejales electos (as) en las elecciones de 2005, 414 (18%) son mujeres. El porcentaje más alto de presencia de mujeres (22%) se logró en 1984 (ver Cuadro 3).

Cuadro 3

Representación en los consejos municipales desagregada por sexo 1958-2005

Fuente: CNE.

4. Participación en el Poder Electoral

En el Poder Electoral también ha aumentado la participación de las mujeres. De una mujer rectora, entre cinco rectores y rectoras principales, en el período 2003-2006 (20%), se pasó para el período que se inició en 2006,a tres mujeres desempeñándose como Rectoras principales (60%), de las cuales una es presidenta y otra vicepresidenta, Dra. Tibisay Lucena y Dra. Janeth Hernández, respectivamente.

5. Participación en Poder Judicial

El Tribunal Supremo de Justicia también está encabezado por una mujer, la magistrada presidenta Luisa E. Morales Lamuño, la primera vicepresidencia también está a cargo de una mujer: Dra. Deyanira Nieves Bastidas, ambas son Presidentas a su vez de las salas Constitucional y de Casación Penal, respectivamente. En la presidencia de las salas Político- administrativa y de Casación Civil también se desempeñan mujeres; resultando así que, de seis Salas que integran el Tribunal Supremo de Justicia, cuatro de ellas (66%) están presididas por mujeres. En la actualidad de 31 integrantes del TSJ, 10 son mujeres.

6. Participación en Poder ciudadano

El poder ciudadano es ejercido por el Consejo Moral Republicano, integrado por la Defensoría del Pueblo que actualmente es desempeñada por la Lic. Gabriela Ramírez, la Fiscalía General que igualmente está siendo dirigida por una mujer abogada (Luisa Ortega Díaz) y la Contraloría General de la República dirigida por abogado Clodosbaldo Russián U. De modo que en el momento actual de los cinco poderes, cuatro están siendo dirigidos por mujeres lo que hace singular el poder público del país e inédito en América Latina. (ver foto siguiente)¹⁴

7. Participación masiva de las mujeres en nuevas organizaciones populares

En este período se ha desarrollado una urdimbre social donde la participación de las mujeres es fundamental, entre ellas tenemos:

·    nuevas organizaciones de mujeres impulsadas desde el Inamujer, como son los Puntos de Encuentro –según fuentes oficiales, se han constituido alrededor de 17.761, tienen como fin ser enlace con el gobierno en lo que se refiere a los programas sociales dirigido los sectores populares¹⁵, la Red de Usuarias de Créditos de Banmujer, los sindicatos de amas de casa en cada Estado, las redes de mujeres indígenas (en la que se destaca las mujeres wayúu), red de mujeres afrodescendientes y de mujeres discapacitadas.

·    participación en nuevas organizaciones populares: Mesas Técnicas de Agua, Comités de Tierras Urbanas, Consejos Comunales, Comités de madres del barrio, entre otras, en las cuales las mujeres asumen responsabilidades activamente pues están muy vinculadas a resolver problemas de la vida cotidiana tanto en lo referido a servicios como a empleo.

·    emergencia de nuevos movimientos políticos de mujeres como son la Fuerza Bolivariana de Mujeres (FBM) del partido Movimiento Quinta República (MVR)¹⁶ y el Movimiento de Mujeres Manuelita Sáenz (Momumas) que inicialmente estuvo ligado al partido Patria Para Todos (PPT)¹⁷ y el Movimiento de Mujeres Clara Zetkin del Partido Comunista de Venezuela (PCV). Una organización con distinto objetivo es el Colectivo “Mujer Tenía que Ser” que publica una revista feminista dirigida a sectores populares.

Mujeres pertenecientes al Frente Nacional Campesino Ezequiel Zamora Fncez, a Comités de Tierras Urbanas (CTU), al Colectivo Pachamama, y al Frente Nacional Comunal Simón Bolívar, empiezan a hacer públicas sus posiciones y demandas que se identifican con los sostenidos por la Marcha Mundial de las Mujeres.

Estas nuevas organizaciones han permitido ir creando un nuevo tejido social y una conciencia e identidad política en defensa del proyecto político nacional, sin embargo en estas iniciativas es muy débil o está ausente -en general- la incorporación de un componente crítico de género. No obstante, se puede observar,  el surgimiento de una nueva forma de ser mujer cuando se oye de boca de las mujeres populares declaraciones como la que hizo Luisa Rojas dirigenta de un Punto de Encuentro quien señalaba: “Las políticas sociales de antes nos mantenían encerradas de las cuatro paredes…” (VTV, 25/10/06), o cuando se comprueba avances en el empoderamiento de mujeres en experiencias cooperativas (Valdivieso, Magdalena 2006).

8. La inclusión en políticas sociales (las misiones)

Las mujeres se han incorporado a las diferentes “misiones” tanto como en condición de facilitadoras como participantes (sabemos que un gran porcentaje de los y las participantes son mujeres pero no disponemos de cifras oficiales), lo que les ha permitido tener acceso a una serie de beneficios de los que habían sido excluidas.

Entre estas tenemos la Misión Madres del Barrio “Josefa Joaquina Sánchez”, creada en marzo de 2006, que consiste en apoyar a las amas de casa a través de una asignación mensual equivalente a 80% del salario mínimo, que podrá ser temporal o permanente, a aquellas mujeres en situación de necesidad, que tengan bajo su dependencia más de tres hijos y carezcan de un ingreso mensual o que el mismo sea inferior al costo de la canasta alimentaria (Carosio, 2008).

En relación con el impulso real a la equidad de género en la sociedad que la participación de las mujeres en las “Misiones” pueda tener, no es fácil emitir juicios. Por una parte comprobamos que estas iniciativas, que nacieron con evidente intención de democratizar el poder en la sociedad, generando programas sociales en los cuales sus participantes sean protagonistas, se han ido transformando en formas “institucionalizadas” de programas de gobierno, en los cuales hay sin duda participación, pero escasos niveles de decisión y gestión descentralizada, sin embargo también la mayoría de los liderazgos comunitarios surgidos en el marco de las misiones son de mujeres. Igual sucede con los consejos comunales, mayoritariamente integrados por mujeres, pero que no se caracterizan por impulsar políticas de equidad de género y muestran gran dependencia del poder estatal. Compartimos las reflexiones de Alba Carosio en relación con esta situación:

Aunque la Revolución Bolivariana muestra entre sus logros la más amplia participación comunitaria de las mujeres (mesas de agua, consejos comunales, misiones, etc.), lo cual es de por sí positivo y ha producido -especialmente en las mujeres de los sectores populares- crecimiento personal, autoestima y sentimiento de valía, esta realidad no ha sido apoyada por esquemas de servicios, mecanismos sociales, ni por transformaciones educativas e ideológicas, que vayan modificando las responsabilidades domésticas y familiares, y las cargas consecuentes. En general, las protagonistas de la participación se ven obligadas a convertirse en heroínas del trabajo que cumplen sus múltiples roles sin fallar en ninguno (2007,1).

Revisión de la Agenda del MAM: logros y pendientes

1. En relación con la equidad en la participación política

Elevar la participación de las mujeres en el parlamento, asambleas legislativas, concejos municipales y alcaldías por lo menos a 30%, fue una de las acciones específicas anunciadas por el Estado venezolano ante la Conferencia de Beijing. En efecto, la reforma de 1997 de la Ley Orgánica del Sufragio y la Participación Política, estableció la obligación a los partidos políticos y grupos de electores y electoras, de incluir como mínimo 30% de candidatas en las listas electorales. En marzo de 2000, el Consejo Nacional Electoral ordenó la desaplicación de la cuota femenina, por considerarla contraria al principio de igualdad consagrado en la nueva Constitución nacional, decisión que luego fue refrendada por el Tribunal Supremo de Justicia. En el marco del proceso electoral celebrado en e 2005 y como respuesta a la presión ejercida por el Movimiento de Mujeres el CNE dictó la Resolución Nº 050401-179 en la que exigió a las organizaciones con fines políticos, a los grupos de electoras y electores y a las asociaciones de ciudadanas y ciudadanos conformar la postulación de sus candidatas y candidatos a los cuerpos deliberantes nacionales, municipales y parroquiales de forma alternativa y paritaria. El CNE no tenía mecanismos para hacer cumplir esta resolución, tampoco las mujeres la exigieron, se impuso una vez más la lógica de defender al partido y las decisiones de sus dirigentes, en su mayoría hombres. No obstante –como señalamos anteriormente– el CNE y el movimiento de mujeres dieron continuidad a las acciones para garantizar la paridad electoral y el 21 de julio de 2008, el CNE dictó la Resolución Nº 080721-658, que recoge plenamente los principios de paridad y alternabilidad en la composición de las listas de candidatos y candidatas a los cuerpos colegiados electos en Noviembre pasado:

Artículo 16. Las candidaturas para los Consejos Legislativos Regionales, Concejales Metropolitanos y Concejales al Cabildo del Distrito del Alto Apure que se presenten para las elecciones reguladas por las presentes normas deberán tener una composición paritaria y alterna, de cincuenta por ciento (50%) para cada sexo. En aquellos casos que no sea posible aplicar la paridad dicha postulación deberá tener como mínimo el cuarenta por ciento (40%) y como máximo el sesenta por ciento (60%) por cada sexo.

Los efectos positivos y transformadores de la aplicación de la norma dieron como resultado un aumento significativo de mujeres postuladas y un porcentaje mayor de mujeres electas para los cargos de legisladoras y concejalas. Pensamos que normas como la señalada necesitan de mujeres y hombres que las incorporen como parte de las doctrinas partidistas, las socialicen entre sus militantes y sociedad en general, y además exijan su cumplimiento en futuros procesos electorales. Pero también se requiere generar espacios de autonomía que sirvan de lugar de ensayo y ejercicio político para las mujeres, y en particular dónde las mujeres aprendamos a votar por nosotras, porque es un escollo a la paridad, la desconfianza encubierta que en la sociedad capitalista-patriarcal nos tenemos en este ámbito.

El avance que representa esta resolución sólo puede ser garantizado con la promulgación de la “Ley Orgánica para la Equidad e Igualdad de Género”, cuyo anteproyecto, como señalamos antes, fue aprobado en junio pasado, en primera discusión. El proyecto contempla en su Capítulo VI sobre Derechos Políticos en Igualdad de Condiciones un conjunto de disposiciones que garantizan los principios de igualdad y paridad, tanto para la participación política de las mujeres en general, como en las postulaciones a cargos de dirección de organizaciones sociales, de cuerpos deliberantes en todos los niveles, en los sindicatos y gremios y en los organismos públicos y mixtos. El proyecto contiene también una disposición que se ocupa del tema del acceso a los recursos financieros en igualdad de condiciones que es una de las dificultades principales que afecta la participación política de las mujeres (art. 63). Además exhorta a las empresas privadas a establecer políticas de equidad.

A continuación los artículos en referencia:

Artículo 57. En cumplimiento de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y a los fines de garantizar una sociedad justa, participativa, protagónica y el pleno ejercicio de la democracia, la participación social y política de mujeres y hombres en igualdad de condiciones se regirá por el principio de paridad que implica la integración de un 50% de mujeres y un 50% de hombres, utilizando el mecanismo de alternabilidad por sexo, mujer-hombre u hombre- mujer.

Artículo 58. La participación de las mujeres en cargos de dirección en organizaciones sociales con fines políticos, consejos comunales, partidos políticos, comités, sindicatos y gremios, se hará por postulación en igualdad de condiciones, paritaria y alterna que garantice el principio de igualdad de género.

Artículo 59. Los partidos y organizaciones políticas postularan a cargos de elección popular para cuerpos deliberantes, nacionales, estadales y municipales a mujeres y hombres, bajo los principios de paridad y alternabilidad.

Artículo 60. Los sindicatos, los gremios de profesionales y técnicos, velarán por la integración efectiva de las mujeres y hombres en todos los niveles de la estructura organizativa en igualdad de condiciones, bajo el principio de equidad de género, para lo cual adecuaran sus estatutos.

Artículo 61. En los directorios, juntas directivas o administradoras, consejos de administración de los institutos autónomos y órganos de desarrollo económico o social del sector público y de las empresas en que el Estado u otra persona de derecho público, sea titular de más de 50% del capital, se promoverá y garantizará la participación paritaria de mujeres y hombres.

Artículo 63. Las mujeres y hombres que integren las organizaciones con fines políticos tendrán derecho, en igualdad de condiciones, a participar y obtener recursos de las campañas financieras de las referidas organizaciones.

Artículo 62. Se exhorta a las empresas y organismos privados a promover el ascenso a los cargos de Dirección, tanto a mujeres y hombres en igualdad de condiciones y de conformidad con sus conocimientos, capacidades y destrezas, respetando el principio de paridad y alternabilidad.

Con la aprobación de esta ley orgánica el Estado venezolano cumpliría con las disposiciones de la “Convención sobre la Eliminación de Toda Forma de discriminación hacia la Mujer” (Cedaw) y crearía condiciones para la efectiva participación de las mujeres en condiciones de equidad e igualdad en procesos electorales. El aumento efectivo de la presencia de mujeres en los espacios de decisión y su compromiso con objetivos de igualdad de género dependen de otros factores que implican cambios socioculturales más complejos, pero que podrían ser impulsados con estos avances normativos.

2. Reconocimiento e instrumentación de los derechos de género

Sin duda constituye un avance la elaboración, discusión y aprobación de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en cuyo proceso participaron activamente las ONG especializadas en el tema. La ley tiene como objeto garantizar y promover el Derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, creando condiciones para atender, prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en cualquiera de sus manifestaciones y ámbitos, impulsando cambios en los patrones socioculturales que sostienen la desigualdad de género.

La ley que asigna responsabilidades a los distintos entes públicos está siendo impulsada principalmente por el Ministerio Público y por el Tribunal Supremo de Justicia, sin embargo la estrategia principal en materia de violencia, que es su prevención a través de la educación para la igualdad y el respeto a las diferencias, que corresponde al sistema educativo, no ha avanzado como tampoco se ha fortalecido el sistema de protección a las víctimas.

Otro instrumento jurídico aprobado en 2007 que ha representado un avance en términos de equidad es la Ley para Protección de las Familias, la Maternidad y la Paternidad, que establece la igualdad de derechos y deberes entre los y las integrantes de las familias. La ley establece que el padre disfrutará de un permiso o licencia de paternidad remunerada de catorce días continuos contados a partir del nacimiento de su hijo o hija, a los fines de asumir, en condiciones de igualdad con la madre el acontecimiento y las obligaciones y responsabilidades derivadas en relación con su cuidado y asistencia (art. 9).Destacamos también el hecho de que en esta ley se reconozcan las diversas formas de organización familiar. Así en su artículo 5 establece:

El principio de igualdad de derechos y deberes entre las y los integrantes de las familias constituye la base del ejercicio del principio de la responsabilidad compartida y la solidaridad familiar, y su cumplimiento contará con el apoyo del Estado y sus órganos; y promoverán políticas, programas, proyectos y acciones dirigidas a apoyar dicho principio.

En materia de derechos sexuales y reproductivos no se han producido los avances esperados. La Asamblea Nacional está en mora con las mujeres del país, porque hasta el momento no ha dado prioridad a la discusión del nuevo Código Penal, siendo que el actual contiene normativas anticonstitucionales. El MAM entregó una propuesta el 1° de diciembre de 2004 que incluye la despenalización de la interrupción del embarazo y un conjunto de propuestas referidas a delitos sexuales, contenidas en instrumentos internacionales de derechos de género. Es lamentable que en relación con el aborto en Venezuela no se hayan siquiera logrado los avances alcanzados en Colombia, siendo que constituye un serio problema de salud pública que afecta principalmente a las mujeres pobres.

Tampoco han prosperado en este período las iniciativas para cambiar los contenidos de los programas de estudio de la educación en sus distintos niveles, para que éstos sean orientados con criterios de igualdad entre los sexos.

Algunas conclusiones inconclusas

Resulta extremadamente complejo evaluar la situación de las mujeres en el proceso bolivariano, el universo “mujeres” es muy amplio, diverso y heterogéneo, social, económica y políticamente, como decíamos al inicio.

Podemos decir, sin lugar a dudas, que hay una mayor presencia de las mujeres en el espacio público político acentuada inéditamente, esta sola presencia –sin considerar los contenidos de sus acciones– significa un impacto importante, lo que algunas autoras llaman la “política de presencia” que es válida para todos los grupos excluidos. Estas presencias tendrán efecto en la modificación de los horizontes referenciales de las sociedades y en la ampliación de los contenidos simbólicos culturales: las nuevas generaciones se acostumbran a ver a las mujeres en lo público y no sólo en lo privado– doméstico. Rompiendo también de esta forma el monopolio antidemocrático de los varones en estos espacios, modificando el imaginario sexista que prevalece… y que hizo y hace que algunos hombres, incluso jóvenes, exclamar “pa’completar…” cuando el CNE informó al país de la decisión sobre la paridad y alternabilidad, que debían cumplir las listas de candidatos y candidatas a las últimas elecciones regionales y locales.

Por otra parte, podemos atestiguar que un mayor número de mujeres tienen atendidas sus necesidades, que hay una direccionalidad de parte del Ejecutivo de impulsar la participación y el empoderamiento de las mujeres. También son apreciables los esfuerzos por avanzar en la igualdad de género realizados desde Inamujer, el Banmujer así como el trabajo desarrollado por los Institutos regionales y Metropolitano de la mujer y en otros espacios de acción positiva con menor relevancia, que desde el discurso y la acción, mantienen un compromiso con las demandas de las mujeres.

Se puede apreciar que las mujeres de la oposición no hay podido generar y desarrollar una agenda propia, pero que sin embargo han participado decididamente y coyunturalmente en propuestas y acciones impulsadas por distintas ONGM, mostrando que en los temas que conciernen al género se mantiene un cierto grado de unidad. Las mujeres que militan en los partidos y grupos que apoyan el proceso liderizado por el Presidente Chávez, tampoco han tenido una agenda propia, ni se han propuesto incorporar sistemáticamente los intereses de género al quehacer político; han sido parte de la gran política, que como se sabe siempre posterga los intereses de las mujeres. Una demostración de ello es que en las últimas elecciones regionales, a pesar de aumentar significativamente el número de mujeres candidatas, en las campañas no hubo contenidos de género.

Las ONGM (Avesa, Fundamujer, Plafam, Ambar, Cisfem, Ceformam) y otras organizaciones como son las casas de la mujer (Casa de la Mujer Juana Ramírez (CMJR), han continuado con su trabajo como han hecho siempre, atendiendo las necesidades de las mujeres y generando iniciativas. En un escenario de conflictividad, los centros y espacios académicos han asumido roles de coordinación y de generación de iniciativas, tienen a su favor su fortaleza institucional y se han transformado en lugares de encuentro de mujeres identificadas con posturas políticas encontradas. Entre ellos: Centro de Estudios de la Mujer de La Universidad Central de Venezuela CEM-UCV, centros académicos en la Universidad del Zulia, en la Universidad de Los Andes (ULA), en la Universidad de Carabobo (UC).

Hay diferentes miradas para apreciar las dinámicas que se generan en el conjunto de estas organizaciones y por sus integrantes. Así tenemos que se discute la existencia o no a la hora actual de un movimiento de mujeres con “agenda” propia en Venezuela. No obstante lo anterior, constatamos la existencia de una agenda mínima que articula en algunas oportunidades a las mujeres bolivarianas, a las de la oposición y las del medio en la que se pueden mostrar algunos logros. Suscribimos las posiciones de quienes argumentan que si bien es cierto que no hay un proyecto común de los grupos de mujeres, las organizaciones y los movimientos surgidos en el periodo anterior (con un norte orientado hacia la defensa de los derechos de las mujeres dentro del modelo capitalismo dependiente venezolano), las movilizaciones que se han producido en torno a reivindicaciones específicas y las nuevas organizaciones muy ligadas al proceso de cambio ensanchan la base social del Movimiento Amplio de Mujeres de Venezuela, que como hemos señalado en otros escritos es un movimiento reactivo muy heterogéneo y que lo que interesa en esta coyuntura es aprovechar y poner a disposición todas las fortalezas de los grupos de mujeres con mayor trayectoria, para que se haga efectiva la incorporación de mujeres de los sectores populares al proyecto de igualdad de género, vía la instrumentación de la CRBV de 1999.

En este nuevo período se han abierto importantes expectativas de avance para las mujeres en general, debido a que de muchas maneras se están removiendo las antiguas relaciones de poder en el país y el marco constitucional favorece las posibilidades de que se cumpla con los acuerdos internacionales suscritos por el Estado para eliminar toda forma de discriminación en contra de la mujer y para el pleno reconocimiento a sus derechos.

Para concluir, parece conveniente reiterar que para el feminismo ninguna revolución precede a las demás revoluciones, que la igualdad de género no puede esperar a que se alcancen otros objetivos y que nuestro deber es exigir que las posturas antipatriarcales estén incorporadas en todas las políticas, en los discursos y en las prácticas de los y las integrantes del proceso bolivariano; bien sabemos que la exclusión afecta de manera significativa a las mujeres y que el empobrecimiento y la inequidad social se mantienen y reproducen sobre relaciones de poder patriarcales.

Bibliografía

1. Banmujer (2007): Banmujer, instrumento para la construcción del socialismo bolivariano. Caracas, Banmujer        [ Links ]

2. Carosio, Alba (2007): La Reforma Constitucional y la perspectiva de género como imperativo ético para la transformación social. En www.aporrea.org/actualidad/a41379.html        [ Links ]

3. Carosio, Alba (2008): Apuntes sobre las mujeres en el Proceso Bolivariano.         [ Links ]

4. Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, 1999        [ Links ]

5. García, Carmen Teresa. Las convenciones internacionales y sus incidencias en los cambios sociopolíticos en la sociedad venezolana. Un balance desde las políticas públicas y ongs de mujeres. Ponencia presentada en el 49 Congreso Internacional de Americanistas. Quito 7 al 11 de julio de 1997 (mimeo)        [ Links ]

6. García, Carmen Teresa (2002): “Cambios institucionales y societales donde las mujeres han sido protagonistas”. Ponencia presentada en el xv Congreso de la Asociación Internacional de Sociología Brisbane (Australia) Julio         [ Links ]

7. García, Carmen Teresa y Rosillo, Carmen. 8 de marzo: día para reflexionar y hacer balances. Publicado el 10-3-05 Revista electrónica española en el apartado mujer: www.rebelion.org        [ Links ]

8. García Carmen Teresa y Valdivieso Magdalena “Una aproximación al Movimiento de Mujeres en América Latina. De los grupos de autoconciencia a las redes nacionales y trasnacionales”. En la Revista OSAL (Observatorio Social de América Latina), Vol. vi n° 18 Septiembre-diciembre, 2005 Buenos Aires, pp. 41-57.        [ Links ]

9. Jiménez, Morelba (2000): Mujeres protagonistas y el proceso constituyente en Venezuela. Caracas: PNUD, Nueva Sociedad, Unifem.        [ Links ]

10. Luna Lola y Norma Villarreal (comps.) Historia, género y política. Universidad de Barcelona. Barcelona 1994.        [ Links ]

11. Valdivieso, Magdalena (2007): “Género y cooperativismo en Venezuela: estudio sobre cooperativas y mujeres emprendedoras y empoderadas” Revista uniRcoop de la Université de Sherbrooke, Canada, 5, (1).        [ Links ]

12. Valdivieso, Magdalena (2007): “Las mujeres y la política a fines del siglo xviii y comienzos del xix en Venezuela”. Revista Otras Miradas de la Universidad de Los Andes, nº 1 del Volumen         [ Links ]

Páginas Web consultadas

1. www.abn.info.ve/

2. www.asambleanacional.gov.ve.

3. www.banmujer.gov.ve

4. www.cne.gov.ve

5. www.inamujer.gov.ve

Notas

1 Ver Valdivieso Magdalena (2007) “Las mujeres y la política a fines del siglo xviii y comienzos del xix en Venezuela”. Revista Otras Miradas Universidad de Los Andes. Nº 1, Vol. 7 Enero/Junio.

2 Diversas organizaciones de mujeres que coinciden en sus agendas y mantienen formas de articulación se han autodenominado Movimiento Amplio de Mujeres, en sus actuaciones públicas (García Carmen Teresa y Valdivieso Magdalena, 2005).

3 Las leyes referidas a derechos de género aprobadas en este periodo, reafirman la igualdad de derechos y responsabilidades de hombres y mujeres en la vida familiar.

4 Reforma de la Ley de Igualdad de Oportunidades de la Mujer N° 36.687 de fecha 26 de abril de 1999 que crea el Inamujer y la Defensoría  Nacional de los Derechos de la Mujer

5 Centro de Estudios de la Mujer de la Universidad Central de Venezuela, CEM. UCV, Área de Estudios de la Mujer. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, UCV, Centro de Estudios de la Mujer Universidad Pedagógica Experimental Libertador, CEM-UPEL, Grupo de Investigación de Género y Sexualidad, Gigesex, Universidad de los Andes, ULA Centro de Formación y Atención de las Mujeres de Mérida (CEFORMAM),Centro de Investigación Social, Formación y Estudios de la Mujer, Cisfem Trujillo, Centro de Investigación Social, Formación y Estudios de la Mujer, Cisfem Caracas, Asociación Venezolana para una Educación Sexual Alternativa, AVESA, Planificación Familiar, Plafam, Secretaría Nacional Femenina Copei, Mujeres Democráticas Unidas, Colectivo de Mujeres “Manuelita Sáenz”, Secretaría Femenina de Acción Democrática., Movimiento Popular Venezuela de Primera, Frente Nacional de Mujeres, Proyecto Venezuela, MAS Mujeres “Argelia Laya”,Clase Media en Positivo, Frente Nacional de Mujeres Fetra Construcción, Federación Venezolana de Abogadas., Red Popular de Usuarias de BanMujer, Comité de Base “Juana Ramírez La Avanzadora”, Alternativa Laboral para Mujeres, Círculos Femeninos Populares, Caracas, Círculos Femeninos Populares  Mérida, Fundemul, Mediateca Feminista, Mérida, Casa de la Mujer “Juana Ramírez la Avanzadora”, Maracay, Casa de la Mujer de Mérida, Teatro “8 de Marzo”, Maracay, Revista “Matea”, Colectivo “Mujer tenía que ser” Asociación de Mujeres por el Bienestar y Asistencia Recíproca, Ambar, Fundamujer, ONG Josefa Joaquina Sánchez.

6 No se detallan todas las iniciativas de trabajo conjunto, por ejemplo en torno al terrible caso de violencia en contra de Linda Loaiza, también hubo acciones conjuntas.

7 No obstante como el mismo artículo señala que el Estado protege la maternidad desde la concepción, hay debate sobre la constitucionalidad de una legislación que reconozca el derecho a la interrupción del embarazo.

8 Decretos con rango de leyes (la de tierra, costas, hidrocarburos, microcréditos, etc.) que fueron el detonante del golpe de Estado (abril, 2002) y paro petrolero (diciembre 2002, enero-2003)

9 Desde 2006 por Gladys María Gutiérrez.

10 Se desempeñaron como gobernadoras Antonia Muñoz en Portuguesa y Yelitza Santaella en Delta Amacuro, en el período pasado y para este período (2008-2012) fueron electas Stella Marino Lugo en el estado Falcón y Lizetta Hernández en Delta Amacuro.

11 http://www.banmujer.gov.ve

12 Consejo Supremo Electoral. Directorio. CSE, Dirección General Sectorial Información Electoral, Unidad de Medios de Información Masiva.

13 Incluso se retrocedió al eliminar el Tribunal Supremo de Justicia, en el año la cuota de 30%. Resolución N° 000321-544 y Circular N°31, ambas de fecha 21 de marzo de 2000, que reconoce como válida la decisión administrativa del CNE, que desaplicó la cuota electoral de género establecida en el artículo 144 de la Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política.

14 Ver página web del Canal de Tv del Estado VTV: http://www.vtv.gob.ve/ 13/01/09. Mensaje anual a la Nación del Presidente de la República Bolivariana de Venezuela (Hugo Chávez Frías)

15 En 2008 celebraron el I Congreso  Nacional de Puntos de Encuentro. Ver www.inamujer.gov.ve

16 Este partido desapareció para dar paso a Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV, 2008) y del FBM poco se habla. El PSUV es el partido más grande del país y dentro de su directiva integrada por 15 personas, 7 son mujeres.

17 El caso del Movimiento de Mujeres Manuelita Sáenz (Momumas) que sostiene la “Escuela de formación ideológica con visión de género Manuelita Sáenz” que se creó en Julio del año 2005, han desarrollado organizaciones que orientan su acción a las mujeres tradicionalmente excluidas de  los espacios de formación para la actividad política, la Escuela se encarga del proceso de formación de líderas para que promuevan la defensa de los derechos de las mujeres en sus comunidades, impulsando a su vez un proceso de multiplicación de sus conocimientos en sus respectivas regiones. Según su informe para el 2007 habían  formado 30 promotoras de los derechos de la mujer en la parroquia Sucre (Caracas) y realizado dos experiencias de formación con alcance nacional. Ver en  www.abn.info.ve/go_news5.ph.