Libre comercio e integración ¿dónde queda lo laboral?

Carolina  Mendoza ¹ y Antonio  Romero ²

¹Economista ULA (1987). Profesora e investigadora de la UCLA - Venezuela (Agregado). Doctorante de la Universidad de Sevilla, España. Miembro del equipo de Planificación de Fudeco (1988 - 1997). E-mail: mendozac@ucla.edu.ve

²Sociólogo UCV (1980). Magíster. Universidad de Syracuse, NY. (1986). Profesor titular e investigador de la UCLA-Venezuela. Doctor en Ciencias Sociales. Mención Estudios del Trabajo. Universidad de Carabobo, U.C (2004). E-mail: antonioro04@cantv.net

Resumen

En el escenario de la globalización de la economía, a la región latinoamericana se le presentan notables desafíos. En la búsqueda de nuevos modelos de desarrollo económico, las propuestas de libre comercio e integración, se exhiben ante la mayoría de estos países, como opciones de altas complejidades. Frente al dilema de la pobreza, el desempleo, la flexibilización y desregulación de los mercados laborales, la inequidad y la vulnerabilidad de las instituciones; este continente concurre a un proceso con más desventajas de lo que suele imaginarse. En este articulo, proponemos una reflexión general en el ámbito latinoamericano que focaliza en todo lo que configura el espectro laboral, elemento éste, que ha sido colocado en segundo orden cuando de libertad comercial o de propuesta integradora se trata. Una agenda laboral que acompañe al proceso de libre comercio o integración adquiere en el presente un carácter prioritario. Los beneficios que puedan derivarse de los modelos integradores de las economías latinoamericanas, están condicionados al tratamiento que se le otorgue al tema laboral.

Palabras clave: Globalización, libre comercio, integración, relaciones laborales, América Latina.

Free Commerce and Integration ¿How Does Labor Fit In?  

Abstract

On the global economic scenario, the Latin American region presents great challenges. In the search for new economic development models, proposals for open and free commerce and integration are seen by the majority of the countries as highly complex options. Faced with the dilemmas of poverty, unemployment, labor market flexible-ization and deregulation, and the inequality and vulnerability of institutions, this continent is entering a process with more disadvantages than can be imagined. In this article we propose a general reflection on the Latina American environment that focuses on all aspects of the labor aspect, an element which has been placed on a minor plane when commercial freedom and integration are treated. The labor agenda that accompanies this process of free trade and integration should acquire a priority character. The benefits which could derive from economic integration models in Latin America are dependent upon the treatment given to the labor issue.

Key words: Globalization, free commerce, integration, labor relations, Latin America. 

Introducción

Si se entiende la globalización de la economía como un largo ciclo histórico que se inicia con los viajes a las Indias y los procesos de conquista española, pero también como la expansión del modelo capitalista hasta el presente, cabría preguntarse sobre los impactos que en América Latina han tenido todos estos cambios. Como siempre se toma como referencia la década de los años 70 y la crisis energética para hablar de una economía globalizada, no resulta nada caprichoso el indagar sobre el rostro actual de América Latina en tanto continente inmerso en tan importantes transformaciones históricas.

Sobre este particular versa el primer punto de este trabajo. En líneas generales se hace mención a los principales indicadores sociales que hoy exhibe América Latina en el marco del ya aludido proceso.

Como segundo aspecto se aborda el tema de la apertura comercial y los procesos de integración en las que ha estado involucrada la región, llamando la atención sobre unas iniciativas en donde el enfoque técnico-económico ha sido determinante. Iniciativas estas concebidas desde las instancias gubernamentales y desde una visión del desarrollo privado, en algunos casos, en donde el aspecto social queda relegado a un plano secundario. Se hace mención en este punto al aspecto normativo como parte importante de las relaciones internacionales, subyacentes a cualquier proyecto de asociación comercial, integración económica o asociación bilateral entre países. Esto último permite introducir el elemento central de la reflexión que nos ocupa: el tema de lo social-laboral.

Será en el tercer punto donde nos detendremos a exponer algunas ideas que deben contrarrestar el privilegio que el enfoque económico ha tenido en buena parte de los proyectos comerciales y de integración conocidos hasta el presente, en desmedro de los aspectos socio-laborales. El acento dado parte de considerar al factor trabajo como elemento que le da organicidad a la vida social y, situarlo como un aspecto de segundo orden, resulta un contrasentido.

Si el objetivo del nuevo modelo de desarrollo para América Latina se sustenta en la idea de garantizar una mejor calidad de vida del ciudadano, entonces el tema de lo social debe estar entre las prioridades.

Se habla de ganadores y perdedores de la globalización. De un balance preliminar se tiene al sindicato como virtual perdedor. Su retroceso no ha sido igual en todos los países latinoamericanos, pero en algunos casos la fractura ha sido de tal magnitud que la ha impedido ser una voz beligerante en toda esta etapa de apertura económica y comercial. Este aspecto es tratado en el cuarto punto del trabajo que se presenta. La respuesta sindical local e internacional sobre este particular no era la que sociedad latinoamericana esperaba.

Otros nuevos actores sociales han aparecido, alertando sobre las amenazas que se ciernen sobre el continente si no se toman los correctivos del caso en algunos de estos proyectos de alcance internacional. Un sindicato desmovilizado, sin propuestas claras, poco puede hacer ante las empresas multinacionales que visualizan en la apertura comercial un gran negocio. Los trabajadores tienen que ensayar nuevos métodos de lucha, para que la flexibilización y la desregulación no terminen ahogando las conquistas obtenidas durante las últimas décadas.

En sintonía con lo anterior está lo relativo a la institucionalidad y las demandas sociales. Esto corresponde al punto cinco. En esencia lo que está en juego es la democracia. El debate es político y requiere de voluntad como para dar respuesta particular al tema del empleo, en tanto única garantía de superar la pobreza y la inequidad social ¿Cuál es el sentido de la apertura comercial o la integración regional, si no se atacan las raíces estructurales de la pobreza? No actuar diligentemente pone en riesgo a una democracia, a la cual muchos ciudadanos hacen responsable de sus más elementales necesidades insatisfechas.

No hay que dudar que en América Latina existen zonas y países proclives al caos social. Un punto número 6 está destinado a unas reflexiones generales y, a identificar algunos temas clave, que acompañen a todo este proceso de discusión acerca de cuál sería la mejor opción, cuando en América se piensa en apertura comercial e integración.

1. Globalización e impactos

“La realidad actual está muy lejos de las promesas de la globalización” (Sengenberger, 2002: 29). La idea de un mundo desarrollado en todos los órdenes y de iguales oportunidades para todos, no parece traducirse con toda nitidez cuando se observan los índices de desarrollo humano por regiones.

La globalización, ese fenómeno histórico de largo ciclo que cristaliza a partir de la década de los años 70, sembró la imagen de que un nuevo tiempo le aguardaría a la humanidad. Materializar esa imagen en lo que se conoce como el Consenso de Washington, suponía del establecimiento de una estrategia orientada al fortalecimiento de las relaciones económicas y financieras internacionales.

Una nueva direccionalidad del desarrollo económico debía ensayarse, con un énfasis especial en el mercado y con una mínima presencia del control del Estado. Las fuerzas del mercado debían liderizar esta nueva etapa de la sociedad industrial a la cual América Latina acudió con sus ya tradicionales limitaciones: violento crecimiento demográfico y mano de obra flotante.

El recetario fue común para toda América Latina y a partir de la década de los años 80 se endureció la política anti -.Estado y se exigió una confianza absoluta en el funcionamiento del mercado y, en consecuencia, en el rol a jugar en esta nueva fase por las empresas transnacionales. En el plano local, al sector público se le antagonizaba frente al empresario privado y el camino a seguir, en el marco de una mayor competitividad internacional, demandaba de todos estos países una nueva política económica que se traducía en

“… una apertura externa, privatización, reducción del papel del Estado,  liberación, confianza en el mercado y en la empresa… todo ese conjunto de políticas es la que nos ha caracterizado durante los últimos 25 años”. (Sunkel, 2005: 7) (Entrevista hecha por Modesto Tunón F. a Osvaldo Sunkel).

Transcurridos todos estos años un cierto balance es necesario. Aparecen entonces, cifras demoledoras y unos “perdedores absolutos del proceso globalizador”, a decir de la OIT (Organización Internacional del Trabajo). Con una población que supera los 500 millones de habitantes y con más de 20 países, resulta revelador que el 5% superior de la escala de ingresos latinoamericana recibe el doble de la cuota-parte de su similar de los países de la OCDE (Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo), mientras que la porción inferior cuenta solamente con la mitad de lo que reciben en esos mismos países (Hoffman y Centeno, 99: 2004).

Un impacto inmediato de esta desigual distribución del ingreso se visualiza en la pobreza. Los latinoamericanos resienten profundamente este fenómeno (cerca del 50% son pobres) y en esta región vive la mayor desigualdad del planeta (Kliksberg, 2002: 26). En valores absolutos, 220 millones de personas de América Latina y el Caribe son pobres y 56 millones de ellos viven con menos de un dólar americano al día (OIT, 2004: 49).

Otra faceta de la desigualdad en América Latina se detecta en la caída de los salarios en las dos últimas décadas. Acerca de esto, veamos lo siguiente:

“Los salarios en América Latina siguen siendo bajos respecto a los de los países desarrollados y representan el 30% de los costos de producción, en contraste con el 50% de los países de la OCDE. Todas las fuentes coinciden en reportar un descenso en los niveles salariales. Por ejemplo, los ingresos promedio de la población trabajadora cayeron en un 40% en Venezuela, 30% en Buenos Aires y 21% en Brasil. En Argentina, el salario mínimo se había reducido en 1990 a un 40%, de lo que fue en 1980, y en Perú se había reducido al 23 por ciento. En el sector industrial, el valor de los salarios era de 78,7 y de 36,2% respectivamente, lo que condujo a una pauperización de la fuerza de trabajo en estos dos países” (Hoffman y Centeno, 2004: 7).

También estos tiempos globalizadores no han sido tan complacientes con América Latina cuando se piensa en el empleo. Este continente tiene 19 millones de desempleados urbanos y la informalidad creció de 42,8% en 1990 a 46,7% en 2003, según el programa Panorama Laboral 2003 de la OIT. La tasa de desempleo abierto para ese año se ubicó en 10,7% y cuatro de cada diez latinoamericanos no obtienen ingresos suficientes para satisfacer sus necesidades básicas. Desde 1990 en América Latina siete de de cada diez nuevos puestos de trabajo corresponden al sector informal o economías no estructuradas (Trabajo. Revista de la OIT, 2004:13).

Para el caso de América Central el desempleo abierto se sitúa en el orden del 10%, pero la informalidad absorbe entre el 45% y el 60% del empleo. (OIT, 2004: 54). Otro caso emblemático en materia de desempleo se puede observar en la región del Caribe: 20% de mano de obra en cesantía desde la década de los 90. (Ídem, 55). Una forma de sintetizar parte de esta fotografía latinoamericana respecto a los impactos de la globalización, se encuentra en la versión que ofrece el Director General de la OIT, Juan Somavía, cuando advierte: “…en realidad, el modelo actual de globalización devalúa el trabajo” (Trabajo. Revista de la OIT, 2004: 13).

En adición a lo anteriormente referido, en tanto impactos inocultables del proceso de globalización, se tienen los casos de trabajo forzoso y el trabajo infantil. Según la OIT, 12 millones de personas en todo el mundo, son víctimas del trabajo forzoso. Un 11% (1.320.000 personas) de ese monto global corresponde a América Latina y el Caribe (www.ilo.org/communication).

Con relación al trabajo infantil, el cual es calificado por la OIT como “un fenómeno de incesante evolución e inestabilidad”, se calcula que unos 352 millones de niños en el mundo -entre los 5 y los 7 años- desarrollan algún tipo de actividad económica. La cifra se refleja en América Latina y el Caribe, en el orden de los 17,4 millones (8%) de niños trabajando (Trabajo. Revista de la OIT, 2002: 5).

2. Libre comercio e integración

El proceso de globalización para la América Latina trajo consigo la idea de replantearse, en términos globales, el modelo de desarrollo económico y social que hasta recientes décadas había funcionado como dominante. Con las especificidades económicas, políticas, sociales y culturales de cada una de estas sociedades se generalizó la idea de que un nuevo rumbo debían dar estos países.

Si la globalización resultaba inexorable y, como la misma, supone de una gran dosis de competitividad, entonces el camino a transitar no era otro que el de orientar las economías al exterior. En ese sentido, comenzó a tener una gran importancia el libre comercio y la necesidad de reorientar el proceso de integración que se había iniciado en la región en la década de los 60, como una estrategia para apuntalar el modelo de sustitución de importaciones vigente en ese momento.

La integración regional pasó a ser un instrumento adicional para abrir las economías a la competencia mundial y la CEPAL (Comisión Económica para América Latina) consideró que el nuevo regionalismo en los años noventa en América Latina, tenía que ser un “regionalismo abierto”, el cual definió como un “proceso que surge de conciliar la interdependencia nacida de acuerdos especiales de carácter preferencial y aquella impulsada básicamente por las señales del mercado resultantes de la liberalización comercial en general” (www.eclac.cl/publicaciones).

En ese contexto de regionalismo abierto y de reformas a la política comercial de los países para abrir sus economías al mercado internacional, los esquemas de integración existentes hasta ese momento intentaron adaptarse a la nueva realidad.. Entre ellos destacan: Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), creada como Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC) en 1960; Mercado Común Centroamericano (MCCA, 1960); Acuerdo de Cartagena o Pacto Andino, 1969, actualmente Comunidad Andina de Naciones (CAN) y el Mercado Común del Caribe (CARICOM, 1958).

Al mismo tiempo comienzan a negociarse con gran dinamismo acuerdos de libre comercio y nuevos bloques de integración que dan lugar a la firma de acuerdos tales como: Mercado Común del Sur (MERCOSUR, 1991); la creación del Sistema de Integración Centroamericana (SICA, 1991); la Asociación de Estados del Caribe (AEC, 1994) y el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN, 1992), suscrito por EEUU, Canadá y México.

Adicionalmente, en el año 1994 se iniciaron las discusiones para la constitución del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), la cual debía entrar en vigencia en el año 2005 y que no se ha materializado, tal y como estaba previsto, debido a las controversias presentadas entre los países que participarían en el acuerdo.

Como se observa, dar el salto al futuro significaba inscribirse en la onda expansiva mundial del comercio, la apertura económica y la integración por bloque o por regiones, dentro de la lógica del capital internacional. Desde hace décadas se vienen ensayando distintos métodos para la articulación de economías con grandes diferencias, o como mejor se conoce todo este proyecto mundial, la articulación económica de las asimetrías.

Aquí surge la primera interrogante de la reflexión que proponemos ¿Qué lugar ocupa en América Latina, en los procesos de libre comercio o integración el tema laboral o socio-laboral? Una preocupación generalizada en torno a este tópico, se dirige a llamar la atención en procesos que parecieran estar animados desde un enfoque exclusivo de lo económico, que paradójicamente y, en contra del fin último de la ciencia económica, no contribuyen a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.

Si se parte del caso más controversial, el ALCA, el tema laboral resulta ser el gran ausente. Es cierto, que la mayoría de acuerdos han incluido y tienen dentro de sus estructuras, un segmento destinado a la defensa de los derechos laborales y un marco en esta dirección lo constituyen los convenios fundamentales o básicos de la OIT.¹ La cuestión radica en saber si un acuerdo entre bloques de países o un convenio bilateral le confiere algún rango decisorio, en la práctica, no el enunciado normativo, al tema socio-laboral. La experiencia acumulada en América Latina sobre esta materia parece indicar lo contrario. Esto es:

“En las experiencias de integración regional, existía la preeminencia de lo económico sobre lo social, en la que inicialmente éste era simplemente un instrumento para alcanzar los fines del marcado común. Ello originó una seria contradicción: la cuestión social expresada en la marginalidad y exclusión de las mayorías, y reflejando desequilibrios que tienen como elemento agravante justamente los procesos de apertura implementados en diferentes regiones” (Gamarra Vílchez, 2004: 146).

Ese cuadro socio-económico de desempleo, pobreza, marginalidad o exclusión sigue estando presente. Los indicadores sociales indican que él mismo se ha agravado, lo cual representa un serio obstáculo para cualquier país que se plantee un nuevo esquema de articulación económica o de integración. El acuerdo entre gobierno y empresarios relega a un segundo plano al factor trabajo, que en definitiva es el que le imprime organicidad al funcionamiento de la economía².

Como lo advierte Virgilio Lavaggi Vega, funcionario de la OIT, “no entiendo cómo se puede hacer comercio si la gente no trabaja” (2004:42). Es probable que a esta afirmación se responda, que precisamente por esa gente que no trabaja, es que se trazan estos proyectos de libre comercio e integración, de modo tal que puedan insertarse en el mercado laboral.

El libre comercio y la integración son para abrir nuevos puestos de empleo y erradicar la pobreza, pareciera ser la justificación de mayor uso, cuando se interroga respecto a la contradicción y desequilibrios generados en la concreción de la mayoría de estos acuerdos. No obstante, la realidad es terca cuando se evalúan casos específicos y emblemáticos de algunos proyectos integracionistas. Veamos los dos siguientes ejemplos:

“La experiencia mexicana demuestra que puede aumentar la riqueza, pero también la exclusión. Hoy ese país tiene la mitad de sus habitantes en situación de pobreza, no obstante haber suscrito hace más de diez años el famoso TLC de América del Norte, y la experiencia chilena puede exhibir indicadores de pobreza social, mostrando los altos niveles de desigualdad estructural que caracteriza a las sociedades de América Latina…” (Ídem, 43).

Si el acento que se coloca privilegia constantemente a la dinámica de un mercado interno e internacional ¿cómo pueden acceder al mismo quienes han visto como se evaporan sus respectivos salarios mínimos? Lo importante también es preguntarse cuál es el tipo de empleo que se genera desde el ángulo del libre comercio o la integración. Si se toma como referencia el tema del salario obtenido en los últimos años en algunos países de América Latina y el Caribe, las conclusiones no resultan del todo halagadoras, obviamente que estamos haciendo mención al caso del empleo formal, sin entrar en consideración de ningún tipo de protección social que estos pudieran estar disfrutando. Lo cierto de todo esto, es que para el año 2002 en ocho de los dieciocho países de América Latina no sólo no se recupera el nivel de los salarios mínimos reales que existían para 1980, sino que este sigue por debajo del 50% en el que se encontraban en 1980. México presenta el nivel más bajo (31,4%), seguido por El Salvador (31,9%), Perú (32,5%), Haití (33,7%), Ecuador (41,1%), Uruguay (42,6%), Bolivia (43,3%) y Venezuela (46,1%). Los países que lograron superar el nivel del salario mínimo de 1980, son Chile, Colombia, Costa Rica, Panamá, Paraguay y República Dominicana (Martínez, 2004: 81). Desde esta perspectiva, el ciudadano o el trabajador se encuentran frente a una limitante indiscutible: si el salario es sinónimo de vida ¿cómo puede accederse a un mercado con tan semejante debilidad técnica?

A diario afloran las contradicciones de más de 20 años de políticas de ajuste estructural mezcladas con intentos de libre comercio o integración económica. Una de estas, tal vez la de mayor impacto, ha sido la del retroceso del Estado en la cuestión social. En el ánimo de crear condiciones propicias para la inversión foránea el Estado ha alterado el estamento legal de protección al trabajo.

La figura de la flexibilización del trabajo y de las relaciones labores han provocado un deterioro de las condiciones de vida del ciudadano, llámese este obrero o profesional³. En tal sentido se tienen los casos de Argentina y Perú, en donde se produjeron profundas reformas que tendían hacia una mayor flexibilización del mercado de trabajo. Países como Brasil, Colombia y Panamá adquirieron un nivel moderado en términos de reformas laborales; en tanto que en Chile, Ecuador, Guatemala, Nicaragua, República Dominicana y Venezuela, las reformas laborales no alteraron en esencia al estamento legal, pero en la práctica la flexibilización se ha convertido en el instrumento por excelencia para la compra y venta de la mano de obra (Gamarra Vílchez, 2005:153)

Paradójicamente, mientras que el Estado latinoamericano se fue desmontando como consecuencia directa de los procesos de privatización, y, alejándose de la cuestión social, el Estado de los países industrializados en el marco de la globalización y de la apertura económica, consolidó su actuación. A las asimetrías económicas presentes, involucradas en los procesos de libre comercio y de integración, se le agregó luego una diferenciación de carácter político-institucional que, evidentemente, sitúa a los países latinoamericanos en desventaja en cualquier negociación. La nueva asimetría política quedó expresada de la siguiente manera:

“La realidad muestra que mientras en los países en desarrollo se ha cumplido con el principio de reformas el Estado a partir de consideraciones economicistas, sin medir las consecuencia de estos cambios, con el ánimo de cumplir con cartillas preestablecidas que permitan obtener mayores beneficios por parte de los países dominantes, en los países industrializados se consolida el concepto de Estado-Nación” (Basombrío Zender, 2004: 9).

Esta manera desigual de concurrir a una negociación entre países, cuyo Estado Nacional asume la protección de sus productores e industriales para que compitan, en mejores condiciones en el mercado internacional, sin lugar a dudas que despierta suspicacias. Basta con señalar un ejemplo: entre 1995 y el 2000 Estado Unidos subió sus subsidios a la agricultura en 260%. Este mismo país, con la aprobación de una Ley Agrícola en mayo de 2002 por parte del Congreso Nacional, estableció la obligatoriedad por parte del Estado al subsidio anual de todos los grandes y medianos productores de maíz y trigo. En estas circunstancias la competencia en el mercado internacional no es del todo transparente (/www.lainsignia.org)

En el plano local, el productor latinoamericano que no goza de tal soporte financiero tiene que reducir sus costos, lo que por general conduce a la eliminación de puestos de trabajo. Este es punto fundamental que requiere del enfoque socio-laboral. De un lado se demanda una atención y vigilancia del Estado latinoamericano respecto a la protección del empleo, por el otro, el país exportador goza de todos los beneficios crediticios, produciendo un serio desbalance en el intercambio comercial.

Cuando la gran empresa multinacional se traslada a territorio latinoamericano, precisamente no es muy proclive al respeto por las condiciones de trabajo, y ese sentido, atenta contra cualquier fórmula de integración comercial, económica o política. Esto no sólo es válido cuando la relación se da entre economías desiguales, sino entre países que tienen una gran similitud en cuanto a sus deficiencias socio-económicas. De allí lo impostergable de colocar como elemento central de la integración la cuestión socio-laboral.

Es por esto que el interés de los países latinoamericanos por una mayor integración entre ellos, incluye en la agenda como tema prioritario, el aspecto social y laboral y así lo demuestran los acuerdos firmados recientemente, tales como la conformación de un área de libre comercio entre la CAN y el MERCOSUR y la creación de la Comunidad Sudamericana de Naciones⁴.

3. La cuestión socio-laboral como prioridad

“Ningún proceso de integración económica vale la pena si no contribuye a elevar y mejorar las condiciones de vida y de trabajo de los trabajadores, y en general de los ciudadanos”. (Durán, 2005: www.utal.org). Frente al modelo y enfoque que considera exclusivamente el aspecto económico, la opción tiene que perfilarse hacia una dimensión de este proceso con un acento social-laboral. Resulta clave, bien sea cuando se habla de libre comercio o de integración económica por bloque de países, subregiones o de acuerdos bilaterales, preguntarse por la calidad de los empleos que se estipula generar. ¿Cuál es la calidad de los empleos que se estipula generar? ¿Qué condiciones de trabajo deben preservarse? ¿Cuál es la política a establecer frente al tema del salario? ¿Cuál es la dimensión que tendrá el contrato de trabajo? en especial si se está considerando el reforzamiento de la contratación colectiva y, por ende, de todo lo relacionado con la libertad sindical. ¿Cómo preservar derechos adquiridos que garanticen la salud, la formación o la recreación de los trabajadores, dentro de una visión moderna de la seguridad social? En parte de estas interrogantes subyace un elemento de obligatoria reflexión.

En el plano de cada economía, ¿quién debería ser el abanderado para que tales aspectos no resulten lesionados? ¿Corresponde esta tarea a los gobiernos de cada país latinoamencano? Edgardo Lander nos deja unas interrogantes más directas sobre lo planteado, en relación a las conversaciones que adelantan algunos países andinos para la firma de un Tratado de Libre Comercio con los Estado Unidos:

“Qué sentido tiene la reivindicación del derecho a un empleo decente cuando las políticas de apertura, privatización y desregulación, la desindustrialización la flexibilidad laboral y las reformas de la legislación laboral impulsadas por estos gobiernos continúan deteriorando y precarizando sistemáticamente las condiciones de empleo?” (Lander, 2004:549).

Más allá del tema de la voluntad política que debe existir en tanto garantía objetiva para la protección de los derechos laborales adquiridos, se tiene todo un marco regulatorio y de convenios internacionales -en este caso el rol a desempeñar por la OIT- que deben estar presentes en toda agenda de libre comercio o de integración. Dos tareas básicas se plantean en esa dirección, la primera, cómo recogen los tratados o acuerdos entre países la legislación nacional y las normas internacionales; y la segunda, cómo darle fiel cumplimiento a tales legislaciones, con su correspondiente sanción al que irrespete las mismas. La respuesta para lo expresado parece estar en la denominada cláusula social, la cual se traduce en:

“…aquellos mecanismos previstos en la política comercial de un estado o acuerdo comercial suscrito entre varios estados con la finalidad de promover el cumplimiento de determinado, derechos importantes de los trabajadores en los diversos países involucrados en las relaciones comerciales a que se aplica tal política o tal acuerdo, de manera tal que el otorgamiento de ciertos beneficios o ventajas comerciales, previstos en la referida política o acuerdo comercial, se condicionan a la observancia de tales derechos” (Hernández, 2005: 187).

Un problema se presenta con estas normas que se incorporan a estos acuerdos internacionales. Cuando se denuncia una infracción de carácter laboral cometida por un país integrante del acuerdo o tratado, surge la interrogante de cómo activar el mecanismo que prevé una sanción específica. Cuando se trata de una violación en materia sindical se acude a la OIT. Pero como bien lo señalan los expertos en Derecho del Trabajo, el Comité de Libertad Sindical, adscrito a este organismo internacional, no es un ente jurisdiccional y las decisiones que emite no tienen fuerza coactiva. Si el pronunciamiento por el contrario, proviene de una instancia como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que si es un órgano jurisdiccional, entonces la sentencia tiene que ser acatada por el país que infringió la normativa laboral recogida en el acuerdo o tratado suscrito (Neves, 2004: 77).

Más allá del formalismo o de ciertos tecnicismos legales internacionales, de lo que se trata es de privilegiar, dentro de esta nueva estrategia de articulación del desarrollo de América Latina, todo lo concerniente a la cláusula social y al fortalecimiento de una agenda socio-laboral. Esta demanda es un prerrequisito si se pretende transitar con éxito los retos que plantean tanto la globalización como los proyectos de libre comercio y de integración. Esta parte del continente asiste a procesos de relación comercial internacional con una enorme deuda social, de allí la necesidad de establecer mecanismos de tutelaje y de protección social que permitan atenuar cualquier contingencia económica o de carácter natural.

Los puestos de trabajo que se pierden son más numerosos en el territorio de los países en desarrollo. El desempleo y la pobreza tienen sus maneras específicas de manifestarse en las economías industrializadas. La lógica capitalista no ha sido alterada en todo el planeta. Ella tan sólo se reacomoda frente a un nuevo tiempo histórico. Cualquier sismo económico que se produzca en el globo, comienza por sacar del juego a los que experimentan en la práctica el desempleo y la pobreza. Una agenda socio-laboral para acompañar cualquier proceso de integración económica o comercial, tiene que configurarse alrededor del empleo.

Un empleo estable y con una justa remuneración, es lo único que puede garantizar una mayor competitividad por parte de las empresas que se asocien o que intenten colocar sus productos o servicios en el ámbito internacional. En tal dirección, la agenda propuesta por la OIT de trabajo decente, constituye un importante punto de referencia como para encarar los desafíos que suponen tanto el proceso globalizador como los intentos de integración económica. Pero el sólo empleo en sí mismo no es garantía como para generar beneficios globales. Al empleo hay que blindarlo y ello sólo es posible mediante el respeto de la libertad sindical y del derecho de asociación (Convenio Nº 87, OIT).

Este es uno de los derechos laborales que recurrentemente más se violenta en buena parte de América Latina. El uso efectivo de este derecho es lo que permite la materialización de la negociación colectiva. (Convenio Nº 98, OIT). Reivindicarla tiene que ser la respuesta fundamental, frente a las prácticas flexibilizadoras y desreguladoras que han tenido eco en América Latina, que se empeñan en promover el contrato individual de trabajo como única alternativa para alcanzar la estabilidad de los mercados laborales. Esta agenda socio-laboral exige de una ética particular.

El desarrollo económico que se aspira con la integración económica o comercial, no pueden sustentarse sobre la discriminación entre hombres y mujeres en cuanto a la remuneración en el trabajo (Convenio Nº 100, OIT) y lo mismo ocurre con las prácticas deleznables que en el presente se observan en buena parte de la región latinoamericana relativas al trabajo infantil y al trabajo forzoso. (Convenios Nº 182 y 105, OIT). No es simple retórica la denuncia que puedan hacerse sobre estas dos materias. Hay que recordar que estos dramas sociales hacen insostenible cualquier proyecto de desarrollo económico o social.

A este grupo de seres humanos que a diario abultan el gigantesco drama de la pobreza, se les cercena un puesto digno dentro del mercado de trabajo. El destino seguro de estos conglomerados sociales, de no corregirse a tiempo semejante anomalía, está en la economía no estructurada o en la exclusión social. Esta situación no se combate con el eufemismo hoy de moda en América Latina conocido como la responsabilidad social de la empresa. Se trata de una responsabilidad ética y moral de la sociedad y de sus autoridades públicas y privadas. Como se advertía en páginas anteriores, ¿cuál es el sentido de un proyecto integrador de la economía si no tiene como objetivo central el bienestar de los ciudadanos y los trabajadores?

El proceso de globalización ha puesto en evidencia un conjunto de debilidades en cuanto a las condiciones de trabajo se refiere. Precarización del salario y del empleo, externalización del proceso productivo, debilitamiento de las relaciones laborales y, en particular, la afectación de la salud de los trabajadores. La salud mental tanto en la empresa como en el mundo de la informalidad ha sido impactada por las ráfagas de la modernidad. En su conjunto el tema de la salud ocupacional debe acompañar a esta nueva agenda socio-laboral⁵. A esto debe agregarse el rumbo que ha tomado en la región latinoamericana el fenómeno de los accidentes ocupacionales. Hay quienes hablan que sobre esta materia el mundo asiste a un verdadero holocausto laboral⁶. Estos datos grafican el sentido de la anterior aseveración:

“En el año 2002 más de 2 millones de trabajadores del mundo perdieron la vida producto de las malas condiciones sanitarias y de seguridad…en nuestra región los accidentes ocupacionales están entre 20 y 27 millones anuales, de los cuales 27.270 son accidentes mortales” (Anderson, 2003: 23).

Importante es mencionar que esta otra faceta de la globalización en América Latina, la de la precarización de los sistemas de protección y seguridad en el lugar de trabajo, son consecuencias directas de la flexibilización de las condiciones de trabajo en aras de promover empleos inestables y sin tutelaje oficial (Anderson, 2003: 23). El drama del desempleo no deja muchas opciones para quien lo experimenta. Ante tal circunstancia, se acepta cualquier plaza sin prestar mucha atención a los riesgos y peligros que la misma pueda acarrear para la salud o la vida del trabajador.

Esta situación tiende agravarse cuando los mecanismos de control y de supervisión del lugar del trabajo, ya sea en el campo o en los centros urbanos, resultan deficientes. Existe una alta cuota de responsabilidad en todas estas circunstancias, por parte de los Ministerios del Trabajo, de muchos países latinoamericanos. También los mecanismos de información para la prevención, supervisión y control de accidentes o enfermedades ocupacionales, no son lo suficientemente eficaces. Este es un tópico de responsabilidad compartida, donde Estado, empleador y sindicato, están llamados a cumplir un papel de constante vigilancia.

Un capítulo especial dentro de esta agenda socio-laboral, en el marco de los procesos de integración económica, viene representado en lo que concierne a la capacitación y a la educación de los trabajadores. Es obvio que a la velocidad de los cambios tecnológicos que se perciben, el tema de la educación adquiere un carácter prioritario. No se puede concurrir a un escenario mundial con una mano de obra de escasa formación técnica y profesional. La mano de obra de obra barata como para atraer inversiones no siempre es una ventaja competitiva. Tal vez en algunas áreas como los servicios, la calificación no resulte determinante, pero en los segmentos de la informática o la gran industria, la variable educación aparece como un elemento central.

No hay que olvidar que en los procesos de reorganización del trabajo, la tendencia hacia un trabajador polivalente, es uno de los requisitos fundamentales para acceder y permanecer en la empresa moderna⁷. A su vez, este aspecto facilita un mejor desempeño de las empresas y organización en los escenarios de la competencia globalizada. Simultáneamente, en el plano de los subjetivo, pueda conducir a una mayor movilidad y desplazamiento territorial del factor trabajo.

Esta última observación nos sitúa frente al fenómeno de los emigrantes. Y los hay de todo tipo: los calificados y los que no alcanzan siquiera 6 años de educación formal. Para una región como América Latina el tema de las migraciones presenta múltiples rasgos. Un éxodo que reduce su fuerza laboral interna, la recepción de remesas en dólares⁸ de los que emigran o el trato inhumano que reciben los trabajadores de parte de quienes los reciben. Este quizá sea uno de los puntos más álgidos para los proyectos de integración económica.

El movimiento de las personas que es un aspecto que concierne a la legislación internacional puede dar lugar a prácticas que vulneren la dignidad humana o a la formación de sólidas redes de tráfico de fuerza de trabajo. Tras la búsqueda de un empleo, las personas se movilizan, en el caso latinoamericano, preferentemente hacia los Estados Unidos. El flujo mundial de personas ha provocado el surgimiento de una industria de la migración, actividad comercial con ánimo de lucro que ayuda a los migrantes a conseguir visados, transporte y empleo. Esto por supuesto, con un poco de suerte, ya que el otro camino puede conducir al sometimiento o a la explotación sexual.

Sin duda que este tópico no puede dejar de estar presente en esa agenda socio-laboral de la que hemos insistido en este punto. De igual manera, vale preguntarse por el papel desempeñado en todos estos procesos de integración económica por el factor sindical, o de la dimensión objetiva de sus respuestas ante tales desafíos.

4. Libre comercio, integración y respuesta sindical

En el marco de las especificidades nacionales al sindicato latinoamericano pareciera no haberle ido tan bien frente a los embates del proceso de globalización. Ante la destrucción de puestos de empleo, un efecto inmediato han sido las bajas en las tasas de sindicalización. Esto por supuesto ha provocado en el movimiento sindical latinoamericano una crisis de representatividad. No obstante hay que insistir, que las experiencias sindicales por países, presentan una singularidad que obliga a establecer necesarias diferenciaciones.

La historia política contemporánea, en la cual han estado inmersos los sindicatos latinoamericanos, sin lugar a dudas que ha sido una variable en el perfil que éstos fueron adquiriendo. Las dictaduras militares en el cono sur en la década de los años 70 contribuyeron un serio obstáculo para la libre acción sindical. Lo mismo ocurrió en Centroamérica para los años 80, en donde la guerra afectó considerablemente el desarrollo de los sindicatos. El conflicto armado en Colombia, por ejemplo, ha influido en el repliegue de los sindicatos. En países como México y Venezuela, en donde el sindicalismo adoptó una fisonomía corporativista y con un sólido respaldo del Estado, hoy parecieran estar experimentando procesos de letargo.

En su conjunto, y en sus especificidades, al sindicato latinoamericano se le atravesaron las propuestas neoliberales, sobre las cuales sus respuestas han sido tímidas. Esta situación vivida por los sindicatos en América Latina a partir de la década de los 80, la describe claramente, Enrique de la Garza Toledo, cuando sostiene que la crisis es de naturaleza política. Que es una lucha que perdió el movimiento obrero. Y esta

“…lucha ha implicado el cambio en la forma del Estado hacia el neoliberalismo, la reestructuración productiva con consecuencias, en las relaciones de poder en las empresas, que abarcan a las organizaciones obreras incapaces de transformar sus formas de lucha, demandas e ideologías en un contexto globalizado en el que la centralidad del conflicto obrero patronal ha sido sustituida por la lucha por los mercados” (2000: 759).

Es ese escenario el que sorprende al sindicato latinoamericano, en donde la apertura económica y las políticas macroeconómicas facilitaron las relocalizaciones hacia zonas con paz laboral, a la imposición de la subcontratación y a la reducción del empleo público (Idem). Al sindicato latinoamericano lo tomó por sorpresa la flexibiización y la desregulación del mercado laboral en nombre de la competitividad. Incluso, pocas han sido sus intervenciones frente a una creciente informalidad que atenta contra el empleo estable.

Frente al modelo neoliberal la respuesta sindical no tuvo la consistencia necesaria que el caso exigía y, ese es el mayor problema, no responder adecuadamente a las amenazas que se nos avecinan ni aprovechar las oportunidades que podemos tener. El sindicato latinoamericano presentó serias debilidades como para articular políticas alternas y, es precisamente con ese hándicap, con esa debilidad en su estructura, con la que debe confrontar los proyectos de libre comercio y de integración económica.

El poder de convocatoria de los sindicatos se ha debilitado. Incluso han aparecido otros sujetos colectivos con mayor presencia en la sociedad que compiten políticamente con los sindicatos tradicionales, tal es el caso del Movimiento de los Sin Tierra en Brasil y el de los cocaleros en Bolivia. Desde este ángulo, es poco factible el que los sindicatos incidan en el rumbo que tomen los proyectos de libre comercio o de integración económica. Por lo general se dice que las negociaciones son conducidas por los jefes de gobierno, delegaciones de empresarios y de poca presencia del sector de los trabajadores. Aunque en el caso particular de Venezuela, las ultimas negociaciones se han llevado sin la presencia de empresarios y trabajadores.

A excepción de instancias como la Organización Regional Interamericana de Trabajadores, de la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres IRT / CIOL, las cuales tienen una campaña de cuestionamientos al ALCA y de actuaciones puntuales de ciertas organizaciones sindicales, en general podría hablarse de una gestión de poca influencia de los trabajadores latinoamericanos en lo que a los proyectos de integración se refiere. Resaltan sí, los casos de la Central Unitaria de los Trabajadores, CUT, de Brasil en sus observaciones al proyecto de MERCOSUR y la actitud militante de la Asociación Nacional de Empleados Públicos, ANEP, de Costa Rica en la producción de documentos con críticas frente al Tratado de Libre Comercio de América Central y el CARICOM.⁹ Un caso patético absoluta ausencia en esta materia, lo constituye la Confederación de Trabajadores de Venezuela, CTV, para quien los proyectos de integración comercial o económica parecieran no existir.

La relativa influencia que tienen algunas organizaciones sindicales en los proyectos de integración comercial y económica, también se explica por el recelo que tiene la opinión pública hacia un liderazgo cuestionado desde el punto de vista ético. El morbo de la corrupción y los excesos burocráticos han incidido en la pérdida de identidad de los sindicatos. En algunos países como Venezuela y México, se les responsabiliza en parte de las crisis políticas y económicas que los mismos han tenido que afrontar.

Esta circunstancia coloca a los sindicatos en América Latina ante una disyuntiva. El tema de la estabilidad institucional en tiempos convulsionados, en donde aparecen otros actores en el plano político, coloca al movimiento sindical ante una impostergable reorganización. El proyecto de libre comercio avanzará sin tropiezos y, bajo cualquier forma política, si el sindicato latinoamericano continúa con su bajo desempeño. Esta especie de adormecimiento por el que transita el sindicato latinoamericano le impide hacer una lectura objetiva de la realidad social.

Viejas y nuevas demandas coexisten en toda la región y, una de estas, tal vez la de mayor urgencia, es la que refiere a la estabilidad de la democracia, en tanto garantía de los derechos de los trabajadores. No se trata de la democracia formal sino aquella que materializa el bienestar de todos los ciudadanos. La defensa de la democracia tiene que ser una tarea de todos los sindicatos.

5. Democracia y demandas sociales

En el ejercicio de la soberanía que cada país tiene, no existe una fórmula única de insertarse en un proceso de integración económica. Lo específico de cada nación señala cuál opción le resultaría más conveniente: Integración por bloques de países para concretar acuerdos con economías desarrolladas, acuerdos subregionales, convenios bilaterales.

Sin embargo, no debe descartarse como meta prioritaria, antes de tomar una decisión de carácter económico internacional, el ataque frontal al conjunto de demandas sociales diferidas. Todo esto, obviamente, dentro del marco de la democracia. El ciudadano debe estar informado del alcance de los pactos, convenios o acuerdos que su gobierno decide a celebrar. La consulta a todas las instituciones sobre el rumbo que una sociedad debe asumir, le imprime fortaleza a quien ocupe la voz oficial que rubrique tal proyecto.

Un paso en esa dirección requiere de antemano de la existencia de ciudadanos satisfechos en cuanto a sus más elementales necesidades. Un gobierno que no atienda el tema del empleo, la pobreza, la exclusión o que violente constantemente el estamento de los derechos laborales, no podrá asumir con éxito un pacto comercial o económico de alcance internacional. La convulsión social se lo impedirá. La atención a las demandas sociales internas no admite demoras, especialmente en una región que se ha caracterizado por exhibir el cuadro más inequitativo del planeta. Afrontar semejante desafío requiere de una institucionalidad política sólida.

En cada país de América Latina y el Caribe el tema del desempleo y la pobreza son unas constantes. Pero también existen las especificidades. Bolivia, Perú, y El Ecuador confrontan una inestabilidad institucional que puede provocar un colapso de la democracia. El movimiento indígena de esas naciones, juega hoy un rol protagónico en el marco de esa crisis institucional.

El tema de la tierra en Brasil es una alerta de lo que podría ser un estallido social. La recuperación de la industrial textil en Argentina la dirigen los trabajadores. La deuda política que dejaron los militares chilenos habla de la sociedad dividida. La expoliación de los trabajadores centroamericanos por parte de las multinacionales no tiene límites. El tema de la corrupción en México provocó la salida del liderazgo político tradicional. El conflicto armado en Colombia tiene centenares de víctimas en el sector sindical. La confrontación política en Venezuela quebró el diálogo y las relaciones laborales, mientras que las Islas del Caribe presentan el mayor número de casos de Sida en todo el Continente.

Como puede verse, nuestros problemas locales no son de fácil resolución. Tampoco existe una fecha establecida para la extinción de los mismos. Lo que sí es cierto, es que con semejante deuda social, América Latina tiene que afinar sus estrategias para afrontar los retos que imponen la globalización y todos los proyectos de integración que se vienen definiendo y ejecutando. El peso de lo social no requiere de su magnificación. Existe como realidad dominante. Por tal motivo, él debe figurar en la agenda que se adopte como proyecto alterno de integración, pero no colocado como adorno del papel relevante que ha tenido lo económico hasta el presente en todos los intentos de acuerdos conocidos.

El binomio que debe permitir el consenso entre todos los actores fundamentales involucrados cualquier sea la forma de integración que se adopte, está representado en los vocablos de lo social-laboral. Allí puede estar una clave decisoria que viabilice los proyectos de integración.

6. Comentarios de cierre

América Latina en su conjunto tiene que interiorizar la idea de que el proceso de globalización, no es de exclusividad un tema de los expertos en planificación o de la diplomacia internacional. Si se pretende diseñar un nuevo modelo de desarrollo económico a fin de insertarse en los desafíos que supone la actual coyuntura mundial, la primera tarea consiste en involucrar en éste, activamente a todos los sectores de la sociedad. Autoridades públicas y privadas tienen que construir un consenso alrededor del tipo de modelo económico posible para cada especificidad nacional, en donde la presencia de los trabajadores resulta imprescindible. No es un simple llamado para la confección de mesas de trabajo o de comisiones técnicas. Gremios, sindicatos, universidades y representantes genuinos de la sociedad civil, tienen mucho que aportar en tan importante empresa. Con esta visión de amplitud se estará en mejores condiciones de decidir por cual opción integradora, desde las realidades locales, se podría transitar con mayor éxito frente a un nuevo tiempo histórico globalizado.

De la coherencia interna que se alcance en cada país de la región, dependerá el tipo de articulación a establecerse en el plano de las relaciones económicas, comerciales o financieras y, esto a su vez, definirá las formas más convenientes a adoptar, bien sea la integración por bloque, acuerdos regionales o convenios bilaterales. Por supuesto que todo requiere de una buena dosis de voluntad política. Allí está la clave. Las asimetrías económicas entre países, se podrían manejar racionalmente, si priva el concepto de la alianza política en procura de elevar el nivel de vida de los ciudadanos.

Libre comercio, integración económica o alianza comercial no pueden materializarse sin el factor trabajo. Al final un producto o un servicio llegan al consumidor luego de haber sido confeccionado por el trabajo humano. Sin éste, no hay aparato productivo en movimiento, de allí la necesidad de enfatizar en la cuestión social-laboral. La visión macroeconómica es importante, siempre que sea acompañada de una concepción que coloque en el epicentro del debate el tema del empleo. El drama generalizado de la pobreza y la exclusión social en América Latina, sólo se puede combatir desde una perspectiva política focalizada en la creación del empleo productivo.

Gobiernos y empresas tienen que entender que sólo mediante el empleo, en tanto derecho humano, se puede garantizar el acceso al resto de los servicios básicos como la educación, la vivienda, la salud y la recreación. Pero este empleo no es al que se refieren las tesis flexibilizadoras y desreguladoras de las relaciones laborales. Cualquiera sea el signo del modelo que se adopte, ALCA, Comunidad Sudamericana de Naciones, CAN - MERCOSUR, ALBA, etc.; el empleo que se genere debe garantizar la estabilidad, un salario digno, el derecho a la sindicalización, la celebración de contratación colectiva y la prohibición del trabajo infantil. Esto no es más que el llamado de trabajo decente que propone la OIT. En tal sentido, cobra gran importancia la existencia de los convenios internacionales y su fiel cumplimiento para poder combatir la competencia desleal y garantizar el respeto por los derechos laborales.

En todo este proceso de reacomodo del capital a nivel mundial y de los desequilibrios provocados en América Latina por no tener propuestas alternativas a la corriente neoliberal, las organizaciones sindicales tienen un rol que cumplir de primer orden. Tanto en lo local como en el escenario internacional los sindicatos tienen que redefinir sus estrategias de lucha y de solidaridad. Frente al sindicalismo estrictamente reivindicativo, tiene que crearse la opción que racionalmente interprete los signos y las alarmas que envía el proceso de globalización. La violación de los derechos laborales no es un caso que se limita a la región Latinoamericana, también en los países industriales se observan malas prácticas patronales.

El empleo que se pierde en los Estados Unidos, probablemente genere tres plazas en América Latina pero éstas no tendrán ningún tipo de tutelaje oficial. Variados son los retos que tiene el sindicato latinoamericano ante todos los proyectos de asociación comercial o de integración económica que en la actualidad se encuentran en discusión. Recuperar la capacidad de convocatoria que en el pasado tuvieron los sindicatos, tal vez sea la mayor tarea que deben afrontar, especialmente, en donde la tendencia mundial es hacia la individualización de la relación del trabajo.

Sin una sólida estructura sindical, no podrán evitarse los desmanes sociales y económicos que podrían generar proyectos de libre asociación comercial o de integración económica, que se diseñan desde realidades distintas a las nuestras. Enfrentar el drama social latinoamericano y, pretender simultáneamente, establecer nuevos nexos de relaciones económicas internacionales, no resulta una tarea sencilla cuando a lo interno de muchos países se vive una crisis de la institucionalidad. Un Estado que en algunos casos ha cedido espacios al capital foráneo y una fragilidad del liderazgo político, coloca en el tapete el tema de la democracia.

Otros actores han aparecido en la escena política y ello ha provocado una confrontación que podría amenazar la convivencia pacífica. El tema de la tierra, los reclamos de la población indígena, el rescate de los recursos naturales y la violación de los derechos humanos, son algunos de los ítems que contribuyen a erosionar a la institucionalidad democrática tradicional. ¿Tendrían éxitos los proyectos de integración latinoamericana, sin antes corregirse las deficiencias de sus democracias? Es una interrogante nada ociosa. Tal vez sea esta la primera cuestión en la cual debamos prestar mayor atención los latinoamericanos, si queremos efectivamente imaginarnos el futuro que nos aguarda.

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Notas

1. En los veintiséis (26) acuerdos firmados por empresas multinacionales en América Latina y el Caribe se recogen los acuerdos de la OIT, tales como: libertad sindical y derecho a sindicación, Nº 87 (1948); aplicación de los principios del derecho a sindicación y de negociación colectiva, Nº 98 (1949); igualdad de remuneración entre la mano de obra masculina y la mano de obra femenina por un trabajo de igual valor, Nº 100 (1951); la no discriminación en materia de empleo y ocupación, Nº 111 (1958) y la recomendación relativa a la fijación de salarios con especial referencia a los países en vías de desarrollo, Nº 135 (1970) (Martínez, 2004:65).

2. Esto ocurre, a pesar de la existencia de mecanismos de consulta y participación, como el Consejo Consultivo Laboral, en el seno de la Comunidad Andina de Naciones, el cual emite opinión ante el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, la Comisión o la Secretaría General, a solicitud de éstos o por propia iniciativa, sobre los programas o actividades del proceso de integración subregional que son de interés para el sector laboral (www.comunidadandina.org)

3. Un efecto de la onda flexibilizadora se observa en la proliferación de contratos de trabajo oral y contratos temporales. Para el año 1996 en Argentina, Chile, Colombia y Perú, los trabajadores sin contrato (oral) y los sin contrato temporal, representaban alrededor del 45% del empleo total de dichos países (Tokman, 1999: 24)). Por esta modalidad se ha venido afectando en buena parte de América Latina, la figura clásica del contrato de trabajo indefinido en el tiempo.