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Revista de Ciencias Sociales

versión impresa ISSN 1315-9518

Revista de Ciencias Sociales v.11 n.1 Marcaibo abr. 2005

 

Competitividad Sistémica. Niveles analíticos para el fortalecimiento de sectores de actividad económica

Ferrer, Juliana*

* Dra. en Ciencias Gerenciales. Profesora Titular. Adscrita al Instituto de Investigaciones. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. Universidad del Zulia (LUZ). Coordinadora del Programa de Maestría en Gerencia de Empresas, División de Postgrado, FACES-LUZ. E-mail jumferrer@cantv.net 

Resumen

Un desarrollo industrial exitoso no se logra meramente considerando la función de producción en el nivel microeconómico, o las condiciones macroeconómicas estables; sino también por la existencia de medidas específicas del gobierno y de organizaciones privadas de desarrollo, orientadas a fortalecer la competitividad de los sectores de actividad económica. Además, la capacidad de vincular las iniciativas, está en función de un conjunto de estructuras político- económicas y de factores socioculturales y patrones básicos de organización, que caracterizan el proceso sistémico de competitividad de cada país. Se concluye que existe una marcada desarticulación entre los niveles de competitividad sistémica; reflejada por una incoherencia entre las políticas de Estado, los requerimientos de sectores de actividad y el reflejo de la necesidad real de las comunidades cada vez más desprovistas de recursos. Se recomienda la necesidad de superar la ardua fase que representa establecer una economía de mercado dirigida a mejorar la condición de vida de la población; por lo que será importante facilitar procesos autónomos de búsqueda y aprendizaje significativos, para el desarrollo de la competitividad de los sectores de actividad económica latinoamericanos.

Palabras clave: Competitividad sistémica, niveles analíticos, sectores de actividad económica, desarrollo sustentable.

Systematic Competitivity. Analytical Levels for Strengthening Economic Activity Sectors

Abstract

Successful industrial development is not achieved by merely considering the function of production in the micro-economic level, or under stable macroeconomic conditions, but also on the existence of specific actions on the part of private organizations and governments oriented towards strengthening competition among the economically active sectors. Furthermore, the capacity to link innitiatives as a function of a set of political-economic structures and basic socio-cultural factors and patterns, which characterize the systematic process of competition in each country. The conclusion is that there is a marked dis-articulation between the levels of systematic competition; reflected by an incoherence in state policy, the requirements of sectors of activity and the reflex based on the real need of communities which are progressively more lacking in resources. The need is to overcome the difficult phase that represents establishing market economies directed towards better living conditions for the population; since this is an important factor in facilitating autonomous search functions and significant learning for the development of competition in sectors of Latin American economic activity.

Key word: Systematic competition, analytical levels, economic activity sectors, sustainable growth.

Recibido: 04-06-28 · Aceptado: 04-12-03

Introducción

La competitividad industrial no surge espontáneamente al modificarse el contexto macroeconómico, ni se crea recurriendo exclusivamente al espíritu de empresa. Es más bien el producto de un patrón de interacción compleja y dinámica entre el Estado, las empresas, las instituciones intermediarias y la capacidad organizativa de una sociedad.

La competitividad de un sector de actividad económica, se basa en el patrón organizativo de la sociedad en su conjunto, los parámetros de relevancia competitiva y la interacción entre ellos, que es, en última instancia; la interacción que genera ventajas competitivas para la Nación.

Existe un consenso cada vez más generalizado que iniciativas en este sentido, construyen el rumbo para el desarrollo en países como los de la Región Latinoamericana; siendo condición necesaria, el crear capacidad política y estratégica entre los grupos de actores sociales; el consenso es asimismo necesario, para poner en marcha procesos sociales de búsqueda, que sirvan para acercarse a un nuevo patrón de desarrollo industrial y para desarrollar instituciones, tanto públicas como privadas, que permitan configurar los espacios competitivos.

Por ello los países de la Región Latinoamericana, deben tener como objetivo actual el superar la ardua fase que representa establecer una economía de mercado dirigida a mejorar la condición de vida de las comunidades involucradas. Será importante en esos países facilitar procesos autónomos de búsqueda y aprendizaje significativos para el desarrollo de competitividad. Será preciso además, desencadenar fuertes efectos catalizadores capaces de reacomodar los elementos claves del patrón organizativo, cuya estructura ya es diferenciada, con miras esta vez a enfrentar la realidad que plantea la economía Global.

Surge de tales reflexiones la motivación del presente artículo el cual tiene por objeto el análisis de la competitividad sistémica y sus determinantes, como niveles analíticos para el fortalecimiento de sectores de actividad económica en América Latina.

1. Una ética para el desarrollo frente a la realidad latinoamericana desde la perspectiva de las reformas

Desde el momento en que se produjo el derrumbe del mito según el cual, el crecimiento económico conducía de modo necesario al desarrollo social y coincidentemente con la convergencia de resultados de líneas de pensamiento que han sido críticas del colonialismo y la miseria en las regiones pobres del mundo, se ha venido fortaleciendo una visión ética de los problemas del desarrollo. Entre los autores que sustentan la actual concepción de una Ética del Desarrollo se encuentra, Denis Goulet (1995), Crocker (2001) y sobre todo Amartya Sen (2002), quienes han permitido llegar en la época actual a caracterizarla como una reflexión sobre los fines y medios que acompañan los cambios socioeconómicos en los países por la búsqueda de una calidad de vida futura.

De allí que el proceso de desarrollo que está viviendo la humanidad se caracterice, en lo político, por la predisposición hacia la democracia representativa; en lo económico, por el predominio del mercado libre en un contexto de creciente globalización mundial y en lo social, por la tendencia a incrementar el ingreso de los sectores más ricos de la población, mientras se acentúa la miseria, el desempleo, la marginación de los pueblos y la exclusión. Consecuencias o manifestaciones de este fenómeno son el egoísmo y el consumismo que prevalecen en nuestros días en muchas sociedades.

Las consideraciones precedentes parecieran llevar a la conclusión de que la vida económica se desarrolla en nuestro tiempo, al margen de consideraciones éticas. Si el criterio que rige es sólo la eficiencia para crear riqueza, las preocupaciones morales no cuentan para nada. Corrobora esta apariencia, un hecho que debiera llamarnos la atención; que a diferencia de lo que ocurre en casi todos los campos de la actividad humana, no existe un código de ética que regule el quehacer en el ámbito económico.

Tales reflexiones colocan en evidencia como los proyectos de reforma están fracasando en la Región de América Latina. Después de un breve repunte a principios del decenio de 1990, el crecimiento se ha hecho más lento. Muchos de los países de la región sufren crisis, algunas de las cuales han alcanzado niveles sin precedentes.

La estrategia de reforma que prometió crear una prosperidad sin precedentes ha fracasado de una manera no justificada por la historia. Para gran parte de la región, la reforma no sólo no ha generado crecimiento, sino que además, por lo menos en algunos lugares, ha contribuido a aumentar la desigualdad y la pobreza (Stiglitz, 2003). Los críticos de la reforma no sólo señalan, que el crecimiento no fue sostenible, sino que expuso a los países a nuevas causas de inestabilidad. Ésta suele asociarse con un aumento de la pobreza, ya que son los sectores más pobres de la sociedad, los que normalmente sufren con mayor rigor las consecuencias del aumento del desempleo; son los trabajadores no calificados los que pasan a engrosar las filas de los desocupados y no tienen ahorros a los que recurrir.

Al observar la región en su conjunto, la proporción de personas que viven en la pobreza creció de 15,3% (1987) a 15,6% (1998). Así, los fracasos en las dimensiones estrechas del crecimiento económico han sido de la mano de los fracasos en las dimensiones más amplias del bienestar humano, que abarcan no solamente la pobreza, sino también la educación y la salud, de acuerdo al índice de Desarrollo Humano del programa de la Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD, 2000).

Es interesante observar además, como incluso los que creen en las bondades de las reformas han comenzado a moderar su optimismo: aducen que las economías saldrán de la recesión, que se pueda recuperar el tipo de crecimiento vigoroso que caracterizó los decenios de 1950 y 1960. La promesa es que podría cerrarse la brecha entre América Latina y los países industrializados, pero a un ritmo que será apenas perceptible y dejan la interrogante, de si existe alguna esperanza de lograr progresos rápidos, para mejorar la estabilidad o reducir la pobreza (Stiglitz, 2003). Las variaciones en los niveles de pobreza se operan tanto a través de modificaciones en el nivel de ingreso de personas y hogares como a través de cambios en la distribución de la riqueza (Riutort, 1999; Datt y Ravallion, 1992). Para los mismos ingresos medios, el empeoramiento en el acceso al disfrute de la riqueza, producirá un aumento en el porcentaje de la población que se encuentra por debajo de la línea de la pobreza.

Por otra parte, la suma de choques a los que la economía está expuesta: externos (en términos de intercambio, en tasas de interés y en acceso a financiamiento externo) y/o internos (inducidos por política económica, por razones político-institucionales o sectoriales), afectan la estructura de precios relativos, el nivel y composición del producto interno, gasto y empleo, los flujos y composición del ahorro e inversión domésticas y la dirección y calidad de la política económica (fiscal, monetaria y cambiaria), incluyendo la acomodación de ésta a los choques iniciales, producirán cambios en el ingreso real de los hogares y en su distribución. Además, inapropiadas respuestas de política económica e instituciones deficientes desde el punto de vista de la estabilidad macroeconómica, subyacen siempre en los fenómenos de la pobreza y la desigualdad (Vivancos, 2003).

De allí que Stiglitz (2003) plantee como necesario sustituir ese enfoque restringido que se preocupa únicamente de combatir la inflación, por un criterio más amplio que apunta a fomentar el crecimiento, la competitividad y generación de empleos.

De ahí la gran importancia que reviste la gestión macroeconómica, pero también de otros niveles que afectan la economía y los sectores de actividad involucrados; los cuales serán reflejados en determinantes de la competitividad vista como un sistema dinámico.

2. Una aproximación a la categoría competitiva y el fenómeno de la competitividad sistémica

Al analizar la competitividad en el marco de la globalización no es posible focalizarla solo tomando en cuenta el factor costo, de ahí que se haya pasado a un enfoque estructural de la competitividad que la analiza como un fenómeno de mayor alcance, en cuya determinación hay un conjunto más amplio de factores, es decir, no se excluye la influencia de los costos, sólo que se le debe complementar (García, et al, 2003).

Hoy se incorporan factores de tipo organizativo e institucional, ligado a la configuración del aparato productivo nacional, o las interconexiones entre sectores y actividades económicas, a la calidad de las relaciones entre los agentes y a la infraestructura física y tecnológica con la que operan.

Fajnzylber (1998) define la competitividad como la capacidad de un país para sostener y expandir su participación en los mercados internacionales, y elevar simultáneamente el nivel de vida de su población. Esto exige, como señala el propio autor, el incremento de la productividad, y, por ende, la incorporación del progreso técnico.

Por otra parte, refieren Hamel y Prahalad (1995) las cadenas productivas a escala global permiten a las organizaciones centrar sus recursos y esfuerzos en los objetivos estratégicos sobre todo en dos direcciones; el desarrollo de sus competencias básicas y el crecimiento de la organización basándose en ellas, todo lo cual redunda en los retornos sobre la inversión. Este modo de operar no excluye la importancia del país sede y su mercado interno.

Según Porter (1991) para la competencia mundial existen los siguientes principios: la ventaja competitiva se deriva fundamentalmente de la mejora, la innovación y el cambio; la ventaja competitiva abarca todo el sistema de valor; la ventaja competitiva se mantiene solamente gracias a sus mejoras incesantes; para mantener la ventaja se necesita que sus fuentes se perfeccionen y para mantener la ventaja se requiere un planteamiento mundial de la estrategia.

Pero, hoy la existencia de brechas competitivas sugiere la intervención de la política económica para contribuir a reducirla. Existen numerosos ejemplos de la experiencia internacional que muestran que la intervención pública tales como políticas horizontales, sectoriales y activas, resulta generalmente fructífera.

Lo anterior no quiere decir que sea imposible que algunas empresas logren vencer obstáculos y destacar en los mercados, pero una estrategia de desarrollo autosostenible a nivel nacional debiera pretender incorporar el mayor número de empresas en la categoría competitiva, a partir de la consideración del fenómeno de la competitividad sistémica.

El concepto de “competitividad sistémica” constituye un marco de referencia para los países tanto industrializados como en desarrollo. Hay dos elementos que lo distinguen de otros conceptos dirigidos a determinar los factores de la competitividad industrial.

La diferenciación entre cuatro niveles analíticos distintos (meta, macro, meso y micro), siendo en el nivel meta donde se examinan factores tales como la capacidad de una sociedad y el Estado para la integración y la estrategia, mientras que en el nivel meso se estudia la formación de un entorno capaz de fomentar, complementar y multiplicar los esfuerzos al nivel micro de la empresa.

Ahora bien, las empresas se hacen competitivas al cumplirse dos requisitos fundamentales: primero, estar sometidas a una presión de competitividad que las obligue a desplegar esfuerzos sostenidos por mejorar sus productos y su eficiencia productiva (nivel micro); segundo, estar insertas en redes sinérgicas dentro de las cuales los esfuerzos de cada empresa se vean apoyados por toda una serie de externalidades, servicios e instituciones. Ambos requisitos están condicionados a su vez por factores situados en el nivel macro (contexto macroeconómico y político-administrativo) y en el nivel meso (Políticas específicas para la creación de ventajas competitivas) (Esser et al, 1996).

Surge de allí, el concepto de competitividad sistémica el cual contiene una serie de elementos distintivos a saber, representado por cuatro niveles analíticos:

Nivel Meta: expresa la gobernabilidad y competitividad industrial. Constituido por los patrones de organización política y económica orientados al desarrollo y por la estructura competitiva de la economía en su conjunto. Incluye las condiciones institucionales básicas y el consenso básico de desarrollo industrial e integración competitiva en mercados mundiales (CEPAL, 2001). Este nivel contiene: Factores socioculturales, Escala de valores, Patrones básicos de organización, Política, jurídica y económica, Capacidad estratégica y política.

Nivel Macro: incluye la vinculación de la estabilización económica y liberalización, con la capacidad de transformación. Compuesto por las condiciones macroeconómicas estables, particularmente una política cambiaria realista y una política comercial que estimule la industria local (CEPAL, 2001). Este nivel contiene, Política presupuestaria, Política monetaria, Política fiscal, Política de competencia, Política cambiaria y Política comercial.

Nivel Meso: otorga apoyo a los esfuerzos de las empresas. Formado por las políticas específicas para la creación de ventajas competitivas, por el entorno y por las instituciones (CEPAL, 2001). Este nivel contiene, Política de infraestructura física, Política educacional, Política tecnológica, Política de infraestructura industrial, Política ambiental, Política regional, Política selectiva de importación, Política impulsora de exportación.

Nivel Micro: se refiere a los requerimientos tecnológicos e institucionales. Constituido por la capacidad empresarial para desarrollar procesos de mejora continúa y asociaciones y redes de empresas (CEPAL, 2001). Un sector de actividad económica en general no es competitiva por sí misma, especialmente si no cuenta con un entrono de apoyo a proveedores, o servicios orientados a la producción, o una presión competitiva basada en las alianzas. La competitividad en el nivel micro está basada en la interacción; donde el aprendizaje por interacciones estratégicas es clave en el proceso de innovación, especialmente cuando se constituyen ventajas competitivas dinámicas. Este nivel contiene, Capacidad de gestión, Estrategias empresariales, Gestión de la innovación, Mejores prácticas en el ciclo completo de producción, Integración en redes de cooperación tecnológicas, Logística empresarial, Interacción de proveedores y productores.

Así, un desarrollo industrial exitoso no se logra meramente a través de una función de producción en el nivel micro, o de condiciones macroeconómicas estables en el nivel macro; sino también por la existencia de medidas específicas del gobierno y de organizaciones privadas de desarrollo orientadas a fortalecer la competitividad de las empresas. Además, la capacidad de vincular las políticas meso y macro está en función de un conjunto de estructuras políticas y económicas y de un conjunto de factores socioculturales y patrones básicos de organización, tales consideraciones caracterizan la competitividad sistémica (CEPAL, 2001:7).

Ahora bien, la primera condición no se cumplió durante largo tiempo en los países de la Región Latinoamericana, donde muchos seguían una estrategia de industrialización orientada al mercado interno. Por lo que la falta de presión competitiva hizo que las empresas quedaran muy rezagadas en términos de eficiencia (Esser, 1992).

La segunda condición no ha sido suficientemente considerada en el reciente debate sobre política de desarrollo. El concepto ortodoxo de ajuste estructural se movía a dos niveles: a nivel macro y a nivel micro. Las medidas adoptadas en el nivel macro (estabilización, liberalización y desestatización, apertura al mercado externo, devaluación) apuntaban a corregir distorsiones en las estructuras de incentivos y estimular así al empresariado latente en el nivel micro, cuyo desarrollo había sido nulo debido a las múltiples restricciones estatales y a la distorsión de los precios (Thomas, 1991; Banco Mundial, 1993).

En los últimos años y en el marco de diversas disciplinas han sido elaborados varios conceptos destinados a englobar. En cuanto a los factores internos de la empresa, la sociología industrial hizo notar en fecha temprana que las empresas procuran adaptarse a los nuevos requisitos competitivos implantando nuevos conceptos de producción (Kern y Schumann,  1984), que implican el abandono de patrones organizativos ya superados de tipo taylorista y basados en la división del trabajo.

Igualmente, en el marco de la OCDE (1992) se han desarrollado en los últimos años considerables esfuerzos para sistematizar los diferentes enfoques existentes sobre el fenómeno de la competitividad y resumirlos en un enfoque integral donde los elementos medulares son el énfasis en la innovación como factor central del desarrollo económico. Es decir, una organización empresarial situada más allá de las concepciones tayloristas y capaz de activar los potenciales de aprendizaje e innovación en todas las áreas operativas de una empresa, y redes de cooperación sinérgica orientadas a la innovación y apoyadas por diversas instituciones y un contexto institucional con capacidad para fomentar la competitividad del sistema.

Así, la competitividad sistémica estimula la búsqueda de la integración social, exigiendo no sólo reformas económicas, sino también un proyecto de transformación de la sociedad. La tarea pendiente en muchos países en desarrollo radica, en superar la fragmentación social y mejorar la capacidad de aprendizaje, ante todo la capacidad para responder con efectividad a los requerimientos del mecanismo donde se desenvuelve el país. La formación de estructuras a nivel de sociedad, como complemento de la formación de estructuras a nivel económico, eleva la capacidad de los diferentes grupos de actores para articular sus intereses y satisfacer entre todos los requerimientos tecnológico-organizativos, sociales, ambientales que plantea el espacio global.

Una orientación tendiente a la solución conjunta de problemas presupone una clara separación institucional entre el Estado, la empresa privada y las organizaciones intermedias. Sólo esa separación hace posible la organización autónoma, los procesos de aprendizaje independientes y el desarrollo de una gran capacidad de respuesta. Una vez implantada la separación de instituciones, es posible que surja un Estado autónomo y eficiente al tiempo que los grupos de actores sociales privados y públicos se muestren dispuestos a cooperar y articularse entre sí (Esser et al, 1996).

El más importante de los elementos que aseguran la coordinación en y entre los cuatro niveles sistémicos es la disposición al diálogo entre los grupos importantes de actores sociales, disposición que ayuda a cohesionar esfuerzos y a canalizar conjuntamente el potencial creador de la sociedad; diálogos para fortalecer las ventajas nacionales de innovación y competitividad y poner en marcha procesos sociales de aprendizaje y comunicación. Los diálogos fundamentan la disposición para implementar una estrategia de largo plazo con vista a un desarrollo tecnológico orientado a la competitividad. La capacidad competitiva exige una elevada capacidad de organización, cooperación y gestión por parte de los grupos nacionales de actores, que deben procurar finalmente una gestión sistémica que abarque a la sociedad en su conjunto.

Pero, la complejidad y el carácter sistémico de las nuevas tecnologías hacen imprescindible que las empresas de países de la región latinoamericana, se organicen en redes de cooperación tecnológica y procuren una síntesis entre competitividad. Recordemos como el aprovechamiento sinérgico crea mejor posición competitiva para las empresas.

Refiere Esser, et al (1996) como bajo esta concepción las empresas estarían en capacidad de; aprovechar las ventajas de una división interempresarial del trabajo organizada conscientemente, bajo condiciones sinérgicas; explotar el potencial de la logística interempresarial; concentrarse en el desarrollo de características competitivas y aprovechar selectivamente características en otras empresas dentro de la red de cooperación para generar sinergias positivas.

Por ello, los países de la Región Latinoamericana deberían concentrarse en la formación de un número selecto de polos de competitividad, o núcleos industriales estrechamente vinculados, ya que al interior de esas estructuras y en el marco de una estrategia, existen mejores premisas para emprender procesos continuos de aprendizaje, así como un intenso intercambio informativo, mientras el sector público ofrece facilidades para proporcionar la infraestructura física intangible correspondiente y ser un actor social que asuma un papel clave como actor en el proceso de industrialización.

3. Creación de un clima propicio para la competitividad latinoamericana

El sello distintivo del éxito del período anterior en América Latina fueron las políticas industriales. No obstante, una política que dio buenos resultados en una época, resulta hoy menos eficaces. Se hace preciso evitar los problemas que se plantearon con la sustitución de las importaciones en América Latina, y abusos de la política industrial.

Refiere Stiglitz (2003) como la estabilidad macroeconómica es crucial para el mantenimiento de un clima favorable para la actividad industrial; así las recesiones y las depresiones son perniciosas para los negocios, y las políticas que conducen a la inestabilidad deben evitarse. Por otra parte, los gobiernos deben impedir la inflación excesiva, del mismo modo que deben evitar la deflación. Pero el mantenimiento de la estabilidad en un entorno marcado por la volatilidad, con enormes fluctuaciones de los tipos de cambio y de los precios de los productos básicos, no es una tarea fácil. Los países tendrán que aprender a manejar esos riesgos, mediante la diversificación de los productos básicos, la creación de fondos de estabilización, la utilización de políticas tributarias y crediticias anticíclicas y la modulación de las corrientes de capital (Stiglitz, 2003).

Entonces, es preciso formular un conjunto de políticas económicas que reflejen un mayor equilibrio entre los mercados y el Estado; reconociendo el papel fundamental que ambos, para que la economía funcione y acepten que ese papel pueda cambiar con el tiempo, de acuerdo con la solidez de las instituciones tanto del sector público como del privado; y que asimismo, se refuercen estrategias de desarrollo que apunten al fortalecimiento de los sectores.

Ahora bien, si el desarrollo es en efecto la transformación de la sociedad, se debe reflexionar cuidadosamente sobre lo que entraña esa transformación y pensar en el modo de promoverla más eficazmente. La agenda de reforma neoliberal, ni siquiera logró sus objetivos más limitados de promoción del crecimiento (Stiglitz, 2003).

De allí que se hallen en plena actividad, diversas líneas de discusión sobre los supuestos económicos que han orientado el desarrollo en las últimas décadas. El debate en curso no aparece como un debate hacia el interior de la academia, en donde diversas escuelas de pensamiento o personalidades defienden determinados enfoques surgidos de su propia especulación (Kliksberg, 2004). Está fuertemente influido por las dificultades del pensamiento convencional en la realidad. Lo han dinamizado y urgido procesos como inestabilidades pronunciadas en los mercados financieros internacionales, los desajustes y las polarizaciones sociales en regiones como América Latina, y otros.

Refiere el autor como primera característica de la crisis en curso es el llamado, cada vez más amplio, a respetar la complejidad de la realidad. Se previene contra la “soberbia epistemológica” con que el pensamiento económico convencional trabajó múltiples problemas, pretendiendo capturarles y resolverlos a partir de marcos de referencia basados en grupos de variables limitadas, de índole casi exclusivamente económico, que no dejaban espacio a variables de otras procedencias.

En este sentido, Stiglitz (1998), aboga por un nuevo consenso, post Washington, ante las dificultades surgidas en la realidad. Señala a América Latina como uno de los casos que evidencia las dificultades y afirma como la experiencia latinoamericana sugiere que deberíamos reexaminar y ampliar los conocimientos acerca de la economía de desarrollo que se toman como verdad, mientras se planifican la próxima serie de reformas.

Otro aspecto sobresaliente de la nueva discusión sobre el desarrollo, es la apelación cada vez más generalizada a superar los enfoques reduccionistas y buscar, perspectivas integradoras de variables múltiples. Iglesias (1997) advierte como el desarrollo sólo puede encararse en forma integral; ya que los enfoques monistas no funcionan.

Stiglitz (2001) destaca que se ha visto al desarrollo como un problema técnico, y esa visión ha chocado con la realidad. Señala que se han seguido los dictados de liberalización, estabilización y privatización, premisas centrales del Consenso de Washington y las economías han empeorado, o por lo menos así se observa en la Región Latinoamericana.

En este sentido Kliksberg (2004) refiere como eje central de la discusión, el énfasis en no confundir los medios con los fines. Los objetivos finales del desarrollo tienen que ver con la ampliación de las oportunidades reales de los seres humanos, de desenvolver sus potencialidades. Una sociedad progresa efectivamente cuando los indicadores claves, como años que la gente vive, calidad de su vida, y desarrollo de su potencial avanzan. Las metas técnicas son absolutamente respetables, pero son medios al servicio de esos objetivos finalistas. Si se produce un proceso de sustitución silenciosa de los fines reales por los medios, se puede perder de vista el horizonte hacia el cual se debería avanzar; y destaca como la elevación del Producto Bruto per capita, aparece en la nueva perspectiva como un objetivo importante y deseable, pero no se debe dejar de tener nunca en cuenta que es un medio al servicio de fines mayores, como los índices de nutrición, salud, educación, libertad, entre otros.

Se ha focalizado demasiado en la estabilidad de los precios, más que en el crecimiento y la estabilidad de la producción. Se ha fallado en reconocer que el fortalecimiento de las instituciones es tan importante para la estabilidad económica. Se ha centrado en la privatización, pero se ha puesto poca atención a la infraestructura institucional, que es necesaria para hacer que los mercados funcionen (Kliksberg, 2004).

A partir de estas percepciones, se plantean visiones renovadoras de los objetivos que debería perseguir el desarrollo. Junto al crecimiento económico, surge la necesidad de lograr desarrollo social, mejorar la equidad, fortalecer la democracia, y preservar los equilibrios medioambientales.

Frente a tal realidad Alessina y Peroti (1994), incorporan una nueva relación, la necesidad de ingresar un examen en profundidad de las intersecciones entre política y economía. Añade como la economía sola no puede explicar integralmente la enorme variabilidad entre los países en el crecimiento y más generalmente los resultados económicos y las alternativas de política. Más bien, la política económica es el resultado de luchas políticas dentro de estructuras institucionales.

En tanto, el Banco Mundial (1998) incorpora la visión de que todo el tema de las instituciones debe ser incorporado al análisis de las realidades económicas y el diseño de políticas formales e informales. Entre las formales se hallan las constituciones, leyes, regulaciones, contratos, entre otros. Entre las informales están la ética, la confianza, los preceptos religiosos y otros códigos implícitos, entre otros. Una de las debilidades del consenso de Washington habría sido, según el Banco Mundial, la no inclusión de las mismas entre las políticas que recomienda.

Bajo tal realidad, donde las dificultades han impulsado una crisis y un proceso de reenfoque profundo del pensamiento económico, se inscribe la integración a los análisis del capital social y de la cultura (Kliksberg, 2004). Las investigaciones de los últimos años indican, cómo diversos componentes no visibles del funcionamiento cotidiano de una sociedad, que tienen que ver con la situación de su tejido social básico, inciden silenciosamente en las posibilidades de crecimiento y desarrollo.

Así, el capital social y la cultura han comenzado a instalarse en el centro del debate sobre el desarrollo, no como adiciones complementarias a un modelo de alto vigor que se perfecciona un poco más con ellos. Todo el modelo está sufriendo severas dificultades por sus distancias con los hechos, y las críticas procedentes de diversos orígenes se encaminan de un modo u otro a “recuperar la realidad” con miras a producir, en definitiva políticas con mejores chances respecto a las metas finales. En ese encuadre, el ingreso al debate de los mismos forma parte del esfuerzo por darle realidad a toda la reflexión sobre el desarrollo (Kliksberg, 2004).

Una parte significativa del nuevo debate está concentrado en el análisis de cómo se han subestimado los encadenamientos recíprocos entre las diversas dimensiones, y cómo ello ha generado errores de consideración en la preparación de políticas.

Las áreas económica, política y social están íntimamente ligadas. Lo que suceda en cada una de ellas va a condicionar las otras. La visión puramente economicista del desarrollo puede chocar con obstáculos que surgen de las otras áreas, y frenar el proceso de avance.

Se plantea una reevaluación integral de las relaciones entre crecimiento económico y desarrollo social. En la visión convencional se suponía que, alcanzando tasas significativas de crecimiento económico, el mismo se derramaría hacia los sectores más desfavorecidos y los sacaría de la pobreza. Experiencias han indicado que las relaciones entre desarrollo económico y desarrollo social son de carácter más complejo; ya que no basta el crecimiento para superar las condiciones de vida; esto no se hace imprescindible; pueden darse tasas significativas de crecimiento y continuar en vigencia agudas carencias para amplios sectores de la población. Migdley (1995) señala que esa forma de crecimiento ha caracterizado a muchas naciones y la denomina desarrollo distorsionado. Tal distorsión puede observarse en la realidad latinoamericana, y sobre todo puede inferirse en el comportamiento de la competitividad sistémica donde se evidencia como cada uno de los determinantes sistémicos mantiene independencia de actuación; lo que origina una desarticulación sistémica entre los niveles macro y micro; pero a su vez en muchos casos, las políticas de Estado, aunadas a las políticas desarticuladas (nivel meso) en los sectores de actividad, sólo representan un paliativo de corto plazo; que atienden más a las ofertas populistas de un gobierno o a las exigencias financieras de organismos internacionales, que a un real compromiso de los actores sociales involucrados (nivel meta), para generar políticas de largo plazo que beneficien a la sociedad en su conjunto.

Se hace necesario una toma de conciencia de los grupos de interés involucrados en los diferentes niveles para que independientemente de sus ambiciones particulares o políticos-grupales, éstos sean capaces de construir acuerdos donde partiendo de las particularidades de la región y del país, se tenga presente que no basta el crecimiento para solucionar la pobreza, deben practicarse activas políticas de desarrollo social que involucre a sector público y privado y debe mejorarse la equidad; conscientes de que tales iniciativas potencian lo social, generan estabilidad política y representan las bases iniciales para un desarrollo sustentable.

Ahora bien, desde la competitividad sistémica es necesario tener en cuenta que la capacidad nacional de transformación está condicionada también, por la capacidad de respuesta a los requerimientos de los distintos grupos sociales, del cambio tecnológico, de la economía mundial y de la durabilidad del proceso de desarrollo.

De allí, la tarea primordial para la región latinoamericana reside en ejercitar una macropolítica estable que ofrezca seguridad al sector privado, presionándolo al mismo tiempo para que incremente su productividad. Se hace necesario subsanar las deficiencias del contexto macro, movilizando los potenciales de efectividad en el mayor número posible de niveles sistémicos. En estos países es importante también, poner en marcha procesos de búsqueda y aprendizaje en las áreas de la política que sean relevantes para desarrollar la competitividad sistémica (Esser et al, 1996).

Así mismo, con el objeto de potenciar el nivel meso hay que hacer frente a la fragmentación de fuerzas, promoviendo nuevos patrones para el diálogo y la toma de decisiones y mejorando la capacidad estratégica de los actores. Por ello, el desarrollo del nivel meso, que suele contribuir a la formación social de estructuras y a la integración, debería tener siempre como objetivo final. La especialización orientada hacia un mercado que mejore la calidad de vida de la sociedad en su conjunto. Sólo de ese modo será posible aprovechar las potencialidades y poner en marcha procesos de aprendizaje propios de la región.

4. Perspectivas para los países de la Región (Caso Venezolano)

Cuando se crean políticas económicas se debe pensar que se trata de un conjunto de medidas establecidas para intervenir la actividad económica, lo cual se hace en función de unos fines que la sociedad tiene entre ellos un desarrollo sostenido y la búsqueda de mejora de las condiciones de vida de la población. Para ello es necesario, la elaboración de un conjunto de objetivos de política social, tecnológica, científico-tecnológica y todo ello con el fin último de elevar la competitividad de los sectores de actividad económica.

La política económica del gobierno venezolano desde hace un quinquenio ha centrado su atención en consolidar el descenso progresivo de la inflación y, en materia de política fiscal, disminuir la volatilidad de la economía interna debido al impacto de los precios del petróleo, con un fondo que amortiguara las variaciones controlando así, la volatilidad de la economía.

La política monetaria se propuso el equilibrio y la recuperación de la demanda de dinero como consecuencia natural del crecimiento económico y de la reducción de la inflación; donde se pretendió estabilizar el tipo de cambio a través del sistema de bandas cambiarias (Morales, 2004). En el ámbito de la política financiera, se propuso lograr un nivel de tasas de interés acorde con el inicio de la reactivación económica, un aumento de la remuneración al ahorro (de las tasas pasivas), y tomar decisiones gerenciales que permitieran al sistema financiero incrementar los niveles de intermediación cuando tuvieran que otorgarle créditos al sector privado de la economía.

Ahora bien, si observamos la realidad venezolana de los últimos años se tiene que el Producto Interno Bruto real cayó en 1999; se recuperó en 2000 y, posteriormente, se desaceleró en el año 2001, para disminuir nuevamente en el 2002. Como consecuencia del paro petrolero y del paro económico general, y posteriormente de un control de cambios que paralizó la entrega de divisas a los agentes económicos privados, era de esperarse una fuerte contracción en el año 2003 (9%) en términos del producto interno. Este resultado es fatal para una economía que ya viene experimentando una caída del 8,9% en el 2000 y una desaceleración (-3,7) en el 2002 (Morales, 2004).

Asimismo, un tipo de cambio nominal que comenzó en 1999 con 249 bolívares por dólar, cerró el 2002 con 1.780 bolívares por dólar, y a 1.920 en 2004. Con el establecimiento del control de cambios, aparece un mercado paralelo de divisas que se aleja cada vez más del tipo de cambio oficial, afectando considerablemente el ingreso real de los venezolanos. Igualmente, una inflación acumulada en cinco años, devaluaciones bruscas, inestabilidad económica, salarios reales que disminuyen a un promedio de 5% anual desde 1998, altas tasas de desempleo abierto, precariedad en los nuevos empleos y una brutal caída del producto per cápita (Morales, 2004).

Ahora bien, un indicador relativamente eficiente de medición de la verdadera inflación subyacente en Venezuela, corresponde al núcleo inflacionario estimado por el Banco Central de Venezuela (2004). Este indicador, aísla los efectos transitorios sobre la medición del IPC tales como, eventos fortuitos o los derivados de la aplicación de controles, determinando una tasa de inflación, mucho más realista. Así, en el año 2003 el núcleo experimentó una tasa de inflación de 37,1% y 40,1% en términos puntuales y promedio respectivamente. Dichas tasas fueron más elevadas a las presentadas durante el año 2002, estimadas en 31,2% y 22,45 respectivamente (Ver Tabla 1).

Es importante destacar, como durante el año 2003, el comportamiento de la inflación estuvo afectado por algunos factores significativos (Barcia, 2004):

  • La implantación de un control de cambios a un tipo de cambio oficial, control del acceso oportuno a las divisas y la aparición de mecanismos de mercado cambiario paralelos, con tasas de cambio elevadas que se tradujeron en aumentos de precios.

  • Aumento en las reservas internacionales y en la base monetaria, y por ende la cantidad en dinero en circulación, factor que ayudó a financiar buena parte del déficit inflacionario del Gobierno, y ello, alimenta presiones inflacionarias.

  • El clima de incertidumbre política-económica, que se traduce en la materialización de expectativas inflacionarias y el fortalecimiento de la inercia inflacionaria

Producto de los efectos del paro cívico la tasa de desempleo llegó a ubicarse en el mes de febrero del año 2003, por encima del 20%, primera vez en la historia contemporánea de Venezuela que se alcanza una tasa similar (Barcia, 2004).

Ahora bien, en el año 2003, el porcentaje de trabajadores en el sector informal se ubicó en torno al 53,2%, de esta forma, no solo se reducen los niveles de empleo, sino que baja la calidad del trabajo de los hogares venezolanos. La situación se complica para ellos, cuando observamos que durante el año 2003, se produce una caída del ingreso de los trabajadores de -17,2% como promedio anual y los hogares en situación de pobreza alcanzan al 70,4% de los cuales, 32,5% representan pobreza extrema (Ver Tabla 2).

En síntesis, se puede decir que en un país con tensión política entre proyectos encontrados; un país donde hay crisis de gobernabilidad; donde no se puede dialogar y no se puede concertar; es imposible que exista crecimiento económico. Todos los elementos antes señalados tienen repercusión directa sobre la actividad económica; en consecuencia, habrá un alto desempleo, déficit fiscal, una inflación acentuada y una baja en la calidad de vida de la población.

Además, si se mantienen esas tendencias de las que hablábamos y no se incrementa el PIB, es imposible que Venezuela cumpla las llamadas metas u objetivos del milenio que estableció las Naciones Unidas en el año 2000. Según éstas, en un período de quince años, desde el 2000 al 2015, el país debería reducir en un 50% su pobreza extrema, y por lo menos de dos puntos porcentuales anuales, la deserción escolar (Morales, 2004). Otro elemento a agregar a este escenario es la débil institucionalidad que tiene el país y en estas circunstancias, es imposible que la inversión extranjera observe expectativas favorables y que la inversión nacional busque iniciativas de salida a la crisis.

Por otra parte, en medio de una crisis política tan intensa y con resultados tan divergentes, resulta difícil poder proyectar el presente y mucho menos el futuro, pues lo que digamos hoy, pueden ser palabras y cifras basadas en escenarios ideales para cada grupo de interés involucrado con el ámbito político. Sin embargo, Barcia (2004), plantea un escenario de conflicto y uno conciliador (Ver Tabla 3) escenarios condicionados por la situación del mercado petrolero, sobre el cual, se espera que los precios desciendan muy lentamente en corto y mediano plazo.

Un escenario de conflicto, supone que el régimen actual resulte victorioso en el revocatorio; o de ser revocado, ocurra que se puedan producir elecciones o, que el oficialismo, independientemente de los resultados anteriores, resulte victorioso en las diferentes contiendas electorales respectivas, incluyendo gobernaciones o alcaldías. En este contexto, la política económica mantendría un carácter antagonista entre el oficialismo, la oposición y la mayor parte del sector privado, estableciéndose la continuidad del control de cambios con tendencia al ensanchamiento entre la tasa oficial y la tasa paralela, déficit fiscales cada vez más dependientes del endeudamiento interno, restricciones a la propiedad privada, medios de comunicación, restricciones legales y jurídicas; dado que no hay acuerdo entre las partes independientemente de quien tome el poder.

En el caso de un ambiente conciliador dependiendo de la actitud de los actores podrían lograrse mejores resultados en los agregados macroeconómicos pero, en todo caso, la actividad económica mantendría en el corto plazo un ritmo de inflación mayor, tasas de interés reales negativas, moderado descenso o ascenso en la tasa de desempleo, y mantenimiento de los niveles de pobreza.

Ahora bien, llevada tal realidad al plano de la competitividad sistémica puede afirmarse que, la competitividad de un sector de actividad se basa en el patrón organizativo de la sociedad en su conjunto. Los parámetros de relevancia competitiva en todos los niveles del sistema y la interacción entre ellos es lo que genera ventajas competitivas y esto no es posible en el corto plazo en Venezuela.

Además, la competitividad de la economía descansa en medidas dirigidas a un objetivo, articuladas en cuatro niveles del sistema y se basa asimismo en un concepto pluridimensional de conducción que incluye proactividad, el diálogo, la toma conjunta de decisiones y cooperación; imposible en el actual conflicto social y político.

Por último, el contexto macroeconómico debe permanecer estable y las reglas de juego no deben alterarse de permanentemente; a fin de generar seguridad para la inversión y que la política macroeconómica emita señales claras para dar a entender a los sectores de actividad económica, que están en la obligación de afrontar niveles de exigencia consensuados previamente; aspecto de difícil logro en las condiciones actuales.

Se invita a una reflexión por parte de los sectores sociales involucrados sobre la necesidad de construir niveles de tolerancia democrática que coadyuven a una iniciativa por el diálogo en la búsqueda de superar niveles de subsistencia, que pareciera la característica común que marca a las comunidades de nuestros países.

Porque es sólo con los niveles de cooperación y compromiso de los gobiernos, las instituciones involucradas, las empresas y la sociedad en su conjunto que lograremos las bases para la mejora de vida de las futuras generaciones.

La competitividad sistémica constituye un marco de referencia para visualizar que un sector de actividad no podrá ser competitivo por sí mismo sino cuenta con el apoyo de un nivel macro y meta, donde se examinen la capacidad de la sociedad y el Estado para integrar la estrategia de crecimiento del sector, un nivel meso donde se estudia la formación de un entorno capaz de fomentar el crecimiento y un nivel micro que haga énfasis en la eficiencia, calidad, flexibilidad y proactividad, basada en redes de cooperación entre las empresas del sector y los actores involucrados.

Al observar la realidad venezolana puede destacarse una marcada desarticulación de los cuatro niveles, especialmente entre el nivel macro y el micro; un nivel meta caracterizado por una crisis de valores y un nivel meso no consensuado entre el sector gubernamental y los intereses del sector. Esto aunado a un bajo desarrollo tecnológico, alta capacidad ociosa, sistemas de producción ineficiente y estrategias empresariales convencionales, agrava la situación de los sectores industriales, para poder insertarse en programas de crecimiento sostenido, por la búsqueda del fortalecimiento de la industria venezolana.

Se evidencia la necesidad de iniciar una discusión profunda entre los sectores involucrados, a fin de que cada uno de ellos reconozca su responsabilidad en función de la supervivencia del aparato productivo nacional.

5. Conclusiones

    Del presente artículo pueden inferirse las siguientes conclusiones:

  • La competitividad sistémica, constituye un marco de referencia para países tanto industrializados como en vías de desarrollo. La visión de mediano a largo plazo y la intensa interacción entre los actores no debe encaminarse únicamente a optimizar potenciales de eficacia en los diferentes niveles del sistema, sino movilizando capacidades de los actores sociales, con el fin de garantizar la creación de ventajas competitivas nacionales.

  • Se hace necesario que haya una disposición al diálogo entre los actores sociales que asegure la coordinación entre los niveles meta, macro, meso y micro; a fin de fortalecer las ventajas nacionales de innovación y competitividad, apuntando hacia procesos sociales de aprendizaje y comunicación.

  • Los países de la región latinoamericana deberían formular políticas económicas, donde se reconozca el rol primordial que tanto el mercado como el Estado deben desempeñar para que la economía funcione, formulando estrategias de desarrollo que permitan el crecimiento y consolidación de los sectores.

  • Se observa independencia de actuación y desarticulación entre los niveles macro micro y meso, donde por lo general las políticas de Estado, solo representan un paliativo a corto plazo; atendiendo más a las ofertas populistas de un gobierno o a las exigencias financieras de organismos internacionales, que a un real compromiso de los actores sociales involucrados (nivel meta), para generar políticas de largo plazo que beneficien a la sociedad en su conjunto.

  • La tarea primordial para la región latinoamericana reside en ejercitar una macropolítica estable que ofrezca seguridad al sector privado, presionándolo al mismo tiempo para que incremente su productividad. Se hace necesario subsanar las deficiencias del contexto macro, movilizando los potenciales de efectividad en el mayor número posible de niveles sistémicos. En estos países es importante también, poner en marcha procesos de búsqueda y aprendizaje en las áreas de la política que sean relevantes para desarrollar la competitividad sistémica.

  • En el caso Venezolano, no existen posibilidades reales en el corto plazo de enfrentar niveles de competitividad que garanticen el crecimiento sostenido de los sectores de actividad dada la alta desarticulación entre el nivel macro y micro además de la crisis valorativa que marca el nivel meta y la falta de un real consenso para construir políticas de apoyo a los sectores nacionales enfrascados en una pugna política sin precedentes en la historia Venezolana.

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