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Revista de Ciencias Sociales

versión impresa ISSN 1315-9518

Revista de Ciencias Sociales v.14 n.3 Marcaibo dic. 2008

 

El Zulia del siglo XIX en la construcción de la nación en Venezuela*

Urdaneta Quintero, Arlene **

* Esta investigación contó con el financiamiento del Consejo de Desarrollo Científico (CONDES) de la Universidad del Zulia a través del proyecto “Colectivos sociales, conciencia ciudadana y nuevos escenarios urbanos”, del cual la autora es investigadora responsable, que forma parte del Programa “La región occidental en la formación del Estado nacional en Venezuela. Patrimonio e identidad”; investigaciones adscritas al Centro de Estudios Históricos y Laboratorio de Historia de la Arquitectura y Urbanismo regional de la Universidad del Zulia.

** Dra. en Ciencias Humanas. Profesora Titular de la Universidad del Zulia. Investigadora del Centro de Estudios Históricos de la Facultad de Humanidades y Educación. Acreditada al Programa de Promoción al Investigador (PPI-ONCTI). Miembro de la Asociación de Historiadores Latinoamericanistas Europeos. Telf. 02617481210. E-mail: arleurdaneta@cantv.net.

Resumen

Tomar en cuenta la participación del Zulia en la historia de Venezuela ofrece nuevas reflexiones interpretativas sobre la manera como se dieron los acuerdos y las negociaciones entre las diversas fuerzas políticas regionales interesadas en salvaguardar el territorio del país y la nación prometida por el discurso político republicano. Se considera los alcances del principio federal que, como teoría y práctica, favoreció la reorganización de la estructura de poder interna; también como un recurso que favoreció la estabilidad del liderazgo político tradicional, y del nuevo emergente, a través de alianzas y pactos con el centro nacional. Explicar como estos acuerdos fueron respetados, o en ocasiones incumplidos por la diversidad de actores sociales y disímiles intereses que se asociaban, conlleva a reconsiderar los alcances del federalismo como recurso mediador entre los distintos poderes constitutivos del país. Los resultados del análisis de este proceso en el Zulia evidencian que las alianzas creadas en torno al ideal republicano propiciaron los escenarios necesarios para darle continuidad a la república y la posterior consolidación del Estado nacional en Venezuela.

Palabras clave: Federalismo, poder regional, república, Estado, nación.

XIXth Century Zulia in the Construction of Venezuelan Nation

Abstract

Taking into account the participation of Zulia in the history of Venezuela offers new interpretative reflections about how agreements and negotiations were made between the diverse regional political forces interested in safeguard the territory of the country and the nation promised for republican politic discourse. The study considers the scope of the federal principle that, like theory and practice, favored reorganization of internal power; also, as a resource that favored the stability of traditional political leadership, and of the new emerging one, through alliances and agreements with the national centre. To explain how these agreements were respected, or on occasions, not fulfilled by a diversity of social actors and dissimilar interests that were associating, leads to reconsidering the scope of federalism as a mediating resource between the different constitutive powers of the country. Results of the analysis of this process in Zulia evidence that the alliances created around the republican ideal propitiated the scenes needed to give continuity to the republic and the later consolidation of the national State in Venezuela.

Key words: Federalism, regional power, republic, state, nation.

Recibido: 07-06-08 Aceptado: 08-06-29

Introducción

En la memoria histórica colectiva del zuliano se manifiesta el recuerdo de hechos históricos del pasado que refieren antiguas luchas por la autonomía, protestas en contra de las medidas centralistas que afectaban los intereses de la provincia de Maracaibo o del estado Zulia constituido a partir de 1864. Para los gobernantes en Caracas estas manifestaciones eran expresiones de un localismo radical y anárquico que amenazaba la unidad territorial y entorpecía el funcionamiento del gobierno nacional.

La huella en el tiempo de este frecuente comportamiento de una región distinguida por sus singularidades sociales y culturales ha sido interpretada de manera peyorativa, como expresión del “regionalismo zuliano” o del “separatismo zuliano”. Se obvia que las reminiscencias de las luchas autonómicas en la memoria histórica del colectivo zuliano son recuerdos subjetivos de los tiempos de federación, cuando los pueblos de Venezuela sumaban esfuerzos para impulsar el proyecto republicano y construir a la nación moderna que se formaba.

La visión de la historiografía oficial venezolana, patria y nacionalista, ha explicado la construcción de la nación como resultado del esfuerzo de un Estado republicano que la “creó” y de un “Proyecto nacional” impulsado por los líderes militares y civiles de la región caraqueña. Interpretación que ha excluido a los colectivos sociales regionales y locales del esfuerzo de construir la nación. Cualquier manifestación de éstos (protestas, resistencia, enfrentamientos, manifestaciones en contra del centralismo) ha sido considerada como expresión de un comportamiento equívoco que amenazaba a la nación.

La historiografía regional demuestra la participación de múltiples colectivos sociales en el esfuerzo de impulsar la nación moderna venezolana. Asociación que en ocasión se manifiesta como formas de resistencia, principalmente por la defensa de los legítimos derechos naturales y de gentes, inherentes a la condición humana, y la persistente defensa de la autonomía de las provincias o estados. Una nación venezolana resultado de la confluencia de heterogéneos “proyectos regionales de nación” recogidos en diferentes “pactos de asociación” acordados entre las regiones y el poder central para impulsar el Estado republicano y conservar la integridad territorial. La comprensión de la historia del Zulia bajo esta perspectiva ofrece una explicación de cómo esta región ha contribuido en este proceso durante el siglo XIX.

1. Negociaciones entre poderes iguales en Venezuela

Cuando Simón Bolívar y sus seguidores proclamaron la Independencia de España en 1811 se inició un proceso revolucionario de gran impacto en la sociedad venezolana del momento. Había que encontrar la vía más expedita para darle continuidad al nuevo país político, territorio integrado por las provincias constitutivas de la Capitanía General de Venezuela: Cumaná, Margarita, Caracas o de Venezuela, Guayana, Barinas, Trujillo, Mérida y Maracaibo.

La convocatoria para apoyar la Independencia no la hace el Capitán General, máxima autoridad monárquica desde 1777, sino el cabildo de Caracas quien solicita el respaldo de los otros cabildos; cada uno de ellos eran poderes iguales pues poseían el mismos rango y jerarquía. El acuerdo de formar la república fue resultado de la sumatoria de todos “los pueblos”, representados por los miembros del cabildo, que por decisión soberana apoyaron la iniciativa de Caracas (Urdaneta y Cardozo, 2005).

El mayor reto a enfrentar del nuevo liderazgo era lograr incorporar a los cabildos que se negaron a apoyar inicialmente la Independencia como fueron los de Maracaibo, Coro y Angostura. Además, sumar esfuerzo a favor de un proyecto republicano donde existían diversos poderes locales con dominio de un ámbito regional propio pues la organización monárquica había dotado de significativa autonomía política y económica a cada una de estas gobernaciones.

Un reto mayor era elaborar un lenguaje común a favor de la república cuando los referentes políticos del momento habían cambiado, en un instante, de una sociedad articulada en torno a un rey, representante de Dios, al de una abstracción que pocos entendía que se llamaba nación (Guerra, 2002). Debían construir un sentido de identidad nacional hacia una Venezuela desconocida e incomunicada donde la patria para los vecinos era su localidad: la “matria” (González, 1997).

El estudiar la manera de responder a estos retos lleva a considerar la importancia del federalismo en América Latina como recurso para crear los espacios de participación de las localidades y regiones. Reflexiones que enfrentan la visión tradicional que considera al principio federal como un proceso interrumpido y sin éxito, ensayado durante la coyuntura independentista, heredado nefastamente por los gobiernos del siglo XIX (Carmagnani, 1993).

En el discurso político, abalado por la historiografía patria y nacionalista, el federalismo y los federalistas, en otras palabras aquellos que defendían los intereses de las regiones, han sido considerados como los responsables de las guerras civiles, anarquía social y crisis económica. La historiografía venezolana nacionalista se hizo eco de estas interpretaciones por parte de la política centralista y ha convertido estos postulados en ejes explicativos de la historia republicana del país (Cardozo, 2005).

Tal visión obedeció, entre otras razones, a la necesidad de ofrecer soportes ideológicos a la república democrática al tiempo que se elaboraba un discurso político acorde con los esfuerzos centralizadores del Estado nacional en ciernes. Con el transcurrir de los años, una especie de hemofilia historiográfica impidió avanzar más allá de estos planteamientos. Toda manifestación regional fue condenada, minimizada o excluida en una historia de Venezuela centralista, incompleta que distorsionaba el proceso histórico al no considerar los factores convergentes y divergentes que actuaron en el proceso constitutivo del país.

Hoy en día se comprenden los esfuerzos de los sectores dirigentes locales y lideres populares por edificar la república, en el entendido que la nación moderna progresista y civilizada en Venezuela era una quimera al momento de la Independencia (Pino Iturrieta, 2001). En este sentido, se ha interpretado el papel de la provincia de Maracaibo desde los inicios de la república, las modalidades que adquirió el Estado federal en el Zulia en 1864 y los alcances de los principios de soberanía y autonomía durante el primer gobierno de Antonio Guzmán Blanco.

El estudio del Zulia, entendido como una de las fuerzas regionales de Venezuela, ha permitido comprender el federalismo (1) como un recurso político que favoreció ajustar la sociedad tradicional, heredada del período monárquico, con la moderna propuesta republicana; más como factor de adhesión que de disgregación aunque en su nombre se justificaran contiendas bélicas y enfrentamientos jurídicos, producto de las contradicciones lógicas del proceso en consolidación.

El ideal federal, su defensa e intentos de aplicación, permitiría los más importantes acuerdos entre colectivos sociales interesados en impulsar la naciente república; desde aquellos ubicados en Caracas hasta el más remoto centro poblado del Zulia que legítimamente aspiraba un lugar entre los espacios políticos territoriales en definición.

2. Autonomía y localcentralismo en la república temprana

Los cambios que se introducen en la sociedad venezolana de la postindependencia se hicieron evidentes a mediados del siglo XIX. Los mecanismos propuestos por el Estado para desarrollar una política nacional, el impacto de las instituciones y el discurso democrático brindaron nuevas aunque limitadas formas de participación de un sector social en ascenso en el Zulia, al igual que en otras regiones del país. La defensa de la autonomía constituyó el punto de encuentro de los disímiles intereses del Zulia; unidos frente al enemigo común, Caracas, impulsaron una particular manera de ejercer la política en la república temprana.

Al acentuarse la agresión del centralismo, se aliaban los partidos políticos locales (campesinos y tembleques, jorgistas y pulgarcistas, meleros y peludos) para aunar esfuerzos y consolidar el discurso autonomista, al punto de llegar incluso a la amenaza de constituirse en república independiente o regresar a los antiguos nexos con la Nueva Granada. Una vez subsanada la crisis, se reorganizaba la estructura de poder local y el discurso político volvía a la lucha de pasiones internas y descrédito de los adversarios en un continuo debatirse por los cargos públicos (Ferrer, 2000). Por otra parte, Maracaibo también enarbolaba la bandera de la autonomía al confrontar los poderes locales de las jurisdicciones de Mérida, Trujillo y Táchira, en el occidente de Venezuela; la legítima defensa de sus derechos justificaba los abusos fiscales y políticos sobre productores y comerciantes andinos que necesitaban de la infraestructura del puerto ubicado a la salida del Lago de Maracaibo.

La multiplicidad de poderes en los diferentes cantones de la provincia, fortalecidas sus municipalidades por la constitución republicana, también se hacía presente en esta red de relaciones. Los vecinos de Sinamaica, Perijá, San Carlos, Bobures, Gibraltar, Cabimas y Altagracia sistemáticamente protestaban por la política fiscal, abandono gubernamental, imposición de autoridades y apropiación de tierras de los maracaiberos. En esta relación de fuerzas, la elite tradicional de Maracaibo, demostró su capacidad de negociación para mantener una relativa paz y su preponderancia política. En lo regional ejercía sobre los Andes y sus municipios un localcentralismo (Van Young, 2002) similar al que ejercía Caracas con el resto del país (2).

Eran continuos los esfuerzos del sector dirigente de Maracaibo por mitigar las tensiones intra y extra regionales. Para ello, utilizó los mecanismos institucionales republicanos para concretar su “proyecto regional de nación”; proyecto asociado con la conservación del territorio, progreso material y defensa de la autonomía política y administrativa. Coyunturalmente, haciendo uso de las atribuciones concedidas por la Constitución Centro Federal de 1830, crearon las condiciones para impulsar la nación moderna en los inicios de la república.

Como en el caso de la adopción conveniente de las leyes consuetudinarias impuestas por los líderes de las parcialidades indígenas de la “nación” wayuu, ubicada en la península de La Guajira; actitud forzada por la estratégica ubicación de aquella en la entrada del Golfo de Venezuela y sus importantes redes comerciales con la vecina provincia neogranadina de Río Hacha y con las islas antillanas de Aruba y Curazao (Paz, 2001). Igualmente, además de propiciar el proceso de manumisión de los esclavos, toleró la resistencia de sociedades de origen africano, libres y propietarias, ubicadas en la región gibraltareña al sur del lago de Maracaibo, opuestas a cualquier disposición del gobierno maracaibero que atentara contra las autonomías locales (Rodríguez, 2001).

Se conciliaron con los “notables” de las áreas productivas de Perijá, La Cañada, Altagracia, Cabimas y San Carlos del Zulia para favorecer la actividad agrícola y pecuaria, cuya consolidación la beneficiaba al participar como propietarios y garantizar fuentes de abastecimiento para la estéril ciudad de Maracaibo. En cuanto a la región fronteriza con el nororiente neogranadino, el sector dirigente debió mediar entre Caracas y Bogotá para mantener el provechoso comercio de tránsito que se realizaba entre Maracaibo y Cúcuta, vínculos que se habían poco a poco reforzado con alianzas matrimoniales y comerciales. Estas relaciones, que iban más allá de lo económico, se mantuvieron a lo largo del siglo XIX a través del “Comercio de Tránsito”.

A pesar de esta preocupación política por crear un clima de convivencia con el conjunto de las localidades regionales y sus diversos estratos sociales, es indudable que la ciudad de Maracaibo era el centro de sus intereses comerciales y financieros. A partir de la década de 1830, la ciudad-puerto experimentó un progresivo crecimiento económico que lentamente se reflejó en medidas de mejoramiento urbano, pero todo ello a expensas y en detrimento del resto de los centros poblados y jurisdicciones de la provincia. A la par, políticos e intelectuales maracaiberos construían un discurso identitario regional desmentido por la praxis social, por el abandono y explotación de las áreas rurales de la periferia.

A pesar de estas fuerzas encontradas, locales y regionales, Maracaibo enfrentó y superó los conflictos inherentes a una república en construcción. A lo largo de las décadas de 1830 y 1840 demostró empeño en impulsar el proyecto republicano venezolano: contribuyó a superar las crisis financieras por los vaivenes de la economía mundial y aportó erogaciones especiales ante los frecuentes levantamientos armados. Su política se desarrolló entre la defensa de la autonomía y de la soberanía nacional por las contradicciones de un Estado centro-federal que pregonaba, en virtud de este segundo componente, el derecho legítimo del pueblo a actuar y decidir en momentos de amenaza al orden constitucional y a sus propios intereses. Así lo demostró en 1848 cuando por primera y única vez le declaró la guerra a Caracas (Ferrer, 2001). Los resultados de esta aventurada contienda, signada por un rotundo fracaso, orientaron las luchas al debate parlamentario donde los representantes defendían con firmeza los intereses regionales.

Conciliar las diferencias de la identidad marabina con la naciente república fue uno de sus más significativos esfuerzos; la preponderancia lograda por Caracas al liderar la Independencia, constituirse en capital de la nueva República y centro económico y político-administrativo de una de las regiones históricas más dinámicas, generó fricciones significativas entre estas ciudades. El sistema republicano era la única salida política del momento, negadas de hecho la monarquía o la dictadura; la posibilidad de anexarse como región marginada a la Nueva Granada y reproducir los mismos conflictos centro-periferia con la distante Bogotá no era una opción llamativa, menos aún, constituirse en un pequeño y débil Estado republicano.

Desde mediados de siglo se introdujeron en lo económico y en lo político importantes cambios que afectarían al sector dirigente tradicional. El control del circuito agroexportador fue asumido por hombres de negocio alemanes quienes pasaron a controlar el financiamiento de las cosechas andinas y los giros comerciales internos y externos del circuito. Los negocios de la elite maracaibera criolla quedaron limitados a las actividades de minoristas, distribuidores, almacenistas, consignatarios o inmobiliarias y en las finanzas como usureros o rentistas. Hacia la década de 1850, lo político adquiría un nuevo significado, era el recurso para mantener una cuota de poder de una elite local en decadencia.

El segundo cambio a destacar en lo político lo constituyó la incorporación de nuevos actores sociales que accedieron al poder por la movilidad social originada por el Colegio Nacional al crear una primera generación de profesionales, extraídos de las capas sociales medias y bajas, con una amplia cultura, prestigio y dominio de la acción política. Tal proceso dio origen al surgimiento de una nueva generación política formada con las ideas liberales y prácticas republicanas; actores sociales que estarían al frente del gobierno durante el período federal del Zulia.

3. El gobierno federal del Zulia

Durante el Estado federal venezolano (1864-1868), instaurado luego de la guerra federal (1859-1863), el proceso de fortalecimiento de lo regional y nacional tomó un nuevo rumbo. El liderazgo emergente se planteó como objetivo prioritario conservar la autonomía política alcanzada en el nuevo sistema. Como había ocurrido en coyunturas anteriores, la resistencia del Zulia a la guerra federal, modalidades del pronunciamiento a favor de la federación y singularidades de su gobierno sólo se explican políticamente como consecuencia de las especificidades de la configuración de la estructura de poder y las vicisitudes de la política local. En lo socioeconómico, por la red de intereses articuladas en una región histórica demarcada por la cuenca del Lago de Maracaibo.

En el Zulia, se evidenciaron los cambios promovidos por una república democrática. El sector emergente logró alcanzar al poder político y económico añorado. Eran jóvenes mestizos que habían logrado ascenso social a través de la educación, alianzas matrimoniales, carrera política y militar. También obtuvieron mayor participación a través de las actividades económicas vinculadas al comercio y producción para el mercado. Estos jóvenes dirigentes, eran representantes de una cultura diferente a la generación que los precedía; por su origen social, no se distinguían de la población común. Una nueva capa social producto del manejo retórico del ideal democrático y mediatizadas prácticas republicanas.

Dirigido por este grupo emergente se organizó el estado federal del Zulia en 1864 fundamentado en un cuerpo jurídico e institucional que le otorgaría plena soberanía y autonomía. Su organización y funcionamiento demostró la existencia del Estado federal en Venezuela, negado por la historiografía oficial. Este proyecto fue asumido por intelectuales y políticos quienes demostraron pluralidad conceptual al adecuar las nuevas ideas a las demandas del país. Contrariamente a lo que ha divulgado la historiografía venezolana, en estos años los federalistas zulianos profundizaron los vínculos con la nación; el discurso político acudía una vez más al culto de Bolívar para legitimar el nuevo movimiento.

El periódico oficial destacaba los beneficios de la “forma federal”, para lograr “la legítima soberanía de las naciones”; como la fórmula realmente democrática. Soberanía que está relacionada con el goce de la libertad, de allí que se comparan los logros alcanzados en la coyuntura federal con el proceso de Independencia y con las acciones “del gran Bolívar” y de otros “ungidos por la libertad”. Las luchas por el federalismo es necesario conservarlas, “si no preferimos perder los heroicos sacrificios de nuestra centuria y el derecho de hombres libres, arrebatados a esas miserables encarnaciones de la tiranía que la pretendió esterilizar el suelo en América”. El incumplimiento de estos principios fue lo que justificó la Independencia:

¿Mas estando al arbitrio de jefes de distintos lugares; jefes más negados al gobierno general que al pueblo que estaba bajo su dependencia; jefes que acaso no conocen bien la índole, usos y costumbres, de la escena indiferente, así como del adelanto de sus gobernados, puede esperarse libertad, victoria y prosperidad para una Nación así resignada? La queríamos bella, grande y majestuosa como la voz espontánea de un pueblo. No queríamos deber nuestra felicidad sino a nosotros mismos. No nos agradaba una concesión limitada como las que hacían a sus súbditos los déspotas de la Edad Media para más obligar sus esclavitud? (El Faro del Zulia, No. 3. Maracaibo, 6 de febrero de 1863).

Se insiste en la relación entre la federación, los derechos individuales y la libertad. En el artículo titulado “Derechos individuales. No hay libertad sin paz” se trata de despejar del panorama cualquier duda sobre el alcance de la federación. Se plantea que la misión del gobierno es “garantizar el ejercicio de los derechos individuales”, los cuales sólo se puede lograr si está respaldado por “la seguridad que brindan las leyes”. Derechos que sólo se ejecutan si reconoce la “libertad de conciencia, derecho de propiedad, inviolabilidad del hogar, libre industria e imprenta”. Reitera que estos “son los principios que aspira lograr la Federación una vez asumido el control de Caracas”, y significaría “realizar el verdadero programa de la República” (La Unión del Zulia, No. 23, Maracaibo 19 de agosto de 1863).

El discurso político fue asociando estos principios al nuevo liderazgo, agrupado en torno al general Jorge Sutherland, con las hazañas de los héroes de la Independencia y la guerra federal con la revolución de Independencia. Eran los nuevos salvadores de la nación amenazada por una oligarquía obsoleta. En general, se cargaban las tintas para crear una opinión pública a favor del movimiento federalista que se extendía por todo el país, la federación era la verdadera democracia y el único camino para alcanzar la libertad de los pueblos.

De alguna manera las campañas orquestadas desde inicios de la república por las autoridades de turno, acompañadas por mecanismos institucionales para divulgar la política nacional, habían logrado que los términos: democracia, constitucionalismo, federación, soberanía, autonomía, patria, fueran conocidos y bastante aceptados por el resto de la población; al relacionarse con la noción de igualdad, libertad, justicia canalizaban la esperanza de amplios sectores que estaban marginados de los beneficios inherentes a una nación democrática.

El Zulia ejerció la soberanía de acuerdo a estos principios recogidos por la constitución federal de 1864, pero con frecuencia su esfera de poder invadía a la del gobierno central lo cual agudizaba las tensiones con Caracas. Sin embargo, el principio federal se ejecutó, y evitó que las tensiones resultantes entre las distintas esferas de poder, la central y las locales, llevaran a una ruptura definitiva con el proyecto republicano. Las autoridades del Zulia se esforzaron por conservar los vínculos con el todo nacional; por un lado se empeñaron en mantener su influencia sobre la región y por otro en fortalecer su articulación con el resto del territorio.

El unir esfuerzos en pos de la nación tenía en este período un sentido suplementario. Confrontar, la campaña desplegada por algunos periódicos de Caracas que difundían información denigrante sobre el pueblo y liderazgo. El Zulia, considerado como un pueblo “enfermo y triste” estaba sometido por la “dominación de Sutherland”. Por el contrario, las autoridades zulianas legitimaban al gobierno federal al demostrar que estaba respaldado por la mayoría: “Por todo lo que trabaja, por todo lo que desea trabajar, por todo lo que ama a la patria, la familia, el reposo, por todo el que ama el orden, la dignidad y la justicia, por el negociante, por el propietario, el navegador por el dependiente y por el propietario. El clero le da el concurso de su palabra poderosa. …” (“El verdadero amor a la patria”. El Faro del Zulia, No. 31, Maracaibo 20 de agosto de 1864).

4. El “Gran estado Zulia”

Para reforzar su posición como fuerza nacional los líderes políticos de distintas localidades ubicadas en los remotos valles y planicies andinolacustre se asociaron con el Zulia durante dos años en un único Estado “el gran estado Zulia” que funcionó entre 1867 y 1868, se disuelve a consecuencia de la renuncia del presidente Juan Crisóstomo Falcón. La asociación entre andinos y zulianos descansó en la necesidad de defender la autonomía y de salvar la república, sentido mesiánico que guiaba y justificaba todas las luchas (3).

La asociación política y territorial del occidente del país estaba muy lejos de ser una amenaza de segregación territorial. Por el contrario, durante el Estado federal venezolano los zulianos habían logrado las mayores aspiraciones de los intereses regionales y estaban dispuestos a continuar colaborando con la consolidación de la nación venezolana. La unión de los estados del occidente de Venezuela se consideraba como una manera de poner fin a los fracasos de los gobiernos precedentes al disponer de mayores recursos, fuerza política y representatividad en el todo nacional. Se había logrado la alianza de un extenso territorio en torno del Lago de Maracaibo articulado por centurias a través de un amplio tramado relacional favorecido por las demandas capitalistas de productos y mercados.

Alianza que solventaría algunas de las necesidades más apremiantes de la sociedad al obtener mayores recursos económicos por la biodiversidad que ofrecían las fértiles tierras andinas, extensas áreas agrícolas y ganaderas lacustre y áreas de comercialización del Lago de Maracaibo, con fácil acceso al golfo de Venezuela y al Caribe, Estados Unidos y Europa. Por ello era de significativa importancia el manejo de la noción de “vigorizar la región” para fortalecer la “sociedad de sociedades” en el país. De este modo se evidenciaba como el “gobierno federal de la Unión” era progresista y garante de la libertad.

Los esfuerzos de las nuevos líderes locales respondían a la historicidad de una región que durante centurias había sido integrada por grupos de interés articulados en amplios espacios sociales relacionados por la actividad agro exportadora; la necesidad de contar con la red fluvial y lacustre del Lago de Maracaibo había propiciado los vínculos familiares y de negocios entre productores y comerciantes de los andes venezolanos, zulianos y áreas fronterizas colombianas de Santander y de Río Hacha en la península de la Guajira. Bajo esta perspectiva se comprende el papel que tuvo Maracaibo como eje comercial de la región histórica del Lago de Maracaibo dinamizada en torno a la cuenca lacustre.

La asimilación del ideario nacional quedó manifiesta en la disposición del pueblo zuliano a participar en cualquier acción orientada a salvaguardar tales principios; en su imaginario representaba un compromiso con el nuevo orden establecido. No se niega la influencia del clientelismo, vínculos personales y campañas políticas en las movilizaciones populares; sin embargo cada vez era más significativa la participación de los sectores populares en momentos de realizarse las elecciones sobre todo a partir de 1864 cuando se amplió la ciudadanía política. Durante el período federal se manifestó en el Zulia el impacto que habían tenido treinta años de pedagogía política y de prácticas sociales inscritas en los intereses locales y de las regiones.

5. La lealtad nacional del Zulia puesta a prueba

En el Septenio de Guzmán Blanco (1870-1877), el choque entre los diversos grupos de poder de Caracas y el Zulia se hizo más patente debido al alcance de las medidas centralizadoras tomadas por el gobierno. En este primer período se aprobó, entre otras disposiciones, el cierre de las aduanas de Maracaibo en el estado Zulia, y La Vela en el estado Falcón para el comercio marítimo con el Caribe. La concentración de las actividades agroexportadoras del occidente de Venezuela en Puerto Cabello lograba el control de los ingresos fiscales y la gobernabilidad del país; además favoreció los intereses particulares de la región norcentral en perjuicio de los sectores dominantes afianzados en otras regiones del país (Urdaneta, 1991).

Estas disposiciones generaron un significativo impacto en las regiones afectadas, particularmente en el Zulia, donde el puerto de Maracaibo había liderado la actividad comercial y financiera de una amplia zona fronteriza vinculada más con el Caribe que con el resto del territorio venezolano; espacio social que durante centurias había articulado los intereses de productores, comerciantes, navegantes, financistas de la cuenca del Lago de Maracaibo, Andes venezolanos (actuales estados Trujillo, Mérida y Táchira), áreas productivas del departamento de Santander en Colombia y territorio de la península binacional de la Guajira.

El problema con el gobierno caraqueño era en términos fiscales, el aporte de Maracaibo no se correspondía a su sobresaliente posición aduanal. A modo de ejemplo se puede citar el año económico de 1873-1874, mientras el tesoro nacional recibió las sumas de 1.883.689 y 1.225.203 venezolanos de La Guaira y Puerto Cabello, respectivamente, la aduana de Maracaibo sólo contribuyó con 547.194 venezolanos (Carrillo Batalla, 1985).

Las repuestas de varios colectivos sociales al cierre del puerto de Maracaibo fueron diversas, en el Zulia las protestas de negociantes locales y extranjeros, políticos, navegantes, marineros, productores y pueblo común no se hicieron esperar. En los Andes venezolanos, la medida representó una posibilidad para liberarse del control comercial y fiscal impuesto por la ciudad-puerto de Maracaibo desde el período monárquico; por su ubicación estratégica en el cuello del amplio Lago, este se convirtió en una autopista lacustre para la exportación de miles de cargas de café, entre otros rubros, e importación de materias primas y bienes procedentes de Europa y Norteamérica, que por el Caribe llegaban a tierras interioranas de la Venezuela profunda.

La medida centralizadora de Guzmán Blanco fue un valioso recurso político para someter al estado Zulia, debido a su amplia tradición contestataria, luchas autonómicas y amenazas separatistas. Al profundizar en las rivalidades entre andinos y zulianos, el poder central del país divide para gobernar la región, sobre todo cuando se transfirió parte de la responsabilidad a los andinos, aludiendo que la medida ejecutiva era justa porque era una demanda de los pueblos sometidos a la “tiranía de Maracaibo”. En esta coyuntura se expresaron las antiguas rivalidades entre productores y comerciantes de una unidad funcional articulada, más por necesidad que por compartir similares intereses.

El gobierno de Guzmán Blanco había sido considerado por la historiografía venezolana como el más liberal y modernizador del siglo XIX, por optimizar el funcionamiento del Estado, centralizar la administración pública, dinamizar la economía, captar inversión de capitales extranjeros y mejorar los servicios públicos, entre otros aspectos; sin embargo, a la luz de los sucesos ocurridos en el Zulia, estos años tuvieron un significado contrario por la crisis económica, política y social que desencadenó el cierre del puerto de Maracaibo.

6. La defensa del puerto de Maracaibo

El cierre del puerto y traslado de la aduana en marzo de 1875, había ocasionado graves trastornos y perjudiciales efectos a Maracaibo y su comercio: destruyó en forma significativa la actividad económica básica de la ciudad, entorpeció las operaciones de los comerciantes principales y arruinó a los pequeños, entrabó la actividad administrativa, monopolizó la navegación, originó desempleo, aumentó el costo de los alimentos, devaluó los frutos de exportación, cortó las relaciones comerciales entre Maracaibo, Los Andes y Curazao; disminuyó el poder adquisitivo de la población al verse afectadas las ocupaciones que permitían subsistir a la mayoría.

También el ejercicio del poder y de la administración estadal se debilitó porque las rentas disminuyeron, al igual que el presupuesto disponible para pagar a los empleados gubernamentales, impulsar obras de utilidad pública, beneficencia, instrucción, sanidad, etc. Duro golpe a la relativa pero provechosa autonomía administrativa que desde la Colonia habían disfrutado los gobiernos provinciales. Esta asfixiante situación se tradujo en animadversión creciente a Guzmán Blanco, al gobierno central y a las autoridades impuestas en la región; lo injusto de las medidas, en sentimientos de humillante frustración e impotencia, indujeron de nuevo a los zulianos a acariciar y proponer una posible salida separatista para constituirse en República o anexarse a Colombia (Besson, 1973).

Pero más importante y permanente que estas reacciones, explicables en aquella dura coyuntura, lo fue la definitiva y clara toma de conciencia sobre la estrecha relación entre el liderazgo y el control que debían ejercer en el circuito agroexportador de occidente a través del puerto y aduana de Maracaibo, su importancia para el fortalecimiento de la administración central y la diversidad de intereses que los separaban del gobierno central. Cuadro propicio para que en aquellas circunstancias históricas se consolidaran vínculos, conformaran lealtades, compartieran proyectos y se definiera aún más como clase social.

Al quedar excluida Maracaibo como puerto y aduana para las exportaciones e importaciones del país, se resquebrajó la base sobre la cual descansaba la estructura de su economía y la del resto del Estado: el circuito agroexportador. A la postración general del comercio se añadieron los efectos del monopolio otorgado por Guzmán Blanco a su socio norteamericano William Pile para navegar en exclusividad por el Lago y ríos tributarios hacia Maracaibo y Puerto Cabello.

Medida que afectó a comerciantes propietarios de embarcaciones a vapor y a pequeños transportistas que en sus embarcaciones de vela cubrían las rutas entre Maracaibo y la subregión lacustre; igualmente, se perjudicó a los comerciantes locales que en sociedad con los curazoleños tenían intereses en las líneas de vapor que navegaban de Maracaibo a la isla holandesa y viceversa o actuaban como agentes de las respectivas compañías aseguradoras: 300.000 cargas anuales que movilizaban anteriormente, 400 buques dentro del Lago y 243 de “alta borda” hacia puertos extranjeros; 600 embarcaciones menores que desde los puertecillos del Lago y sus afluentes abastecían de frutos y víveres a Maracaibo (Urdaneta, 1991: 33).

El desempleo general, originado en este amplio sector de la población zuliana que se ocupaba de las diversas tareas relacionadas con la movilización mercantil, causó preocupación: muchos hombres ociosos podían representar un peligro para la paz pública si llegaba a prestar atención a algún caudillo oportunista que valiéndose de las circunstancias les “calentara las orejas” para actuar contra el gobierno. Refería un artículo de prensa

... El marino, que desde niño no aprendió sino a dirigir una nave, a manejar su velamen o tirar de un remo, no puede ir a buscar de la noche a la mañana otra ocupación para ganar el sustento. Y aunque lo quisiera, en su suelo no hay nada más que hacer para su brazo. No puede hacerse agricultor porque aquella tierra es estéril en su mayor parte; no puede hacerse industrial porque allí no hay talleres; tiene que irse a la playa, a sentarse sobre una vieja ancla, y con la mano en la mejilla contemplar a su barco ocioso como él, como él abandonado, hasta que llegue la hora de que algún atolondrado le ponga en la mano un fusil y le convide a la guerra, a buscar en ella el pan o la muerte, que todo es lo mismo para la desesperación del hambre y la angustia de la miseria (“El Tribunal Liberal de Caracas”, El Zulia pide ante el Congreso de Venezuela de 1878 la apertura de los puertos de occidente: 91-92).

Durante estos dos años quedaron rotos los acuerdos entre los poderes del Estado central y el pueblo del Zulia. Luego de complicadas negociaciones políticas se logró la reapertura del puerto en 1877. El costo fue elevado, se sacrificó la representación nacional del Zulia al ser eliminado como entidad, unido primero al estado Falcón-Zulia hasta que finalmente terminó formando parte del estado Falcón; a cambio se garantizaba su supervivencia económica como entidad que dependía del movimiento del puerto de Maracaibo.

En los años siguientes se acentuó el muñequeo político con los guzmancistas para evitar que los pronósticos de Antonio Guzmán Blanco no se cumplieran, había afirmado públicamente “no descansaré hasta convertir a Maracaibo en playa de pescadores”. Las acciones de Guzmán Blanco se comprendían en función de los avances del Estado nacional moderno que requería de mayor centralización de poder para lograr su consolidación; la resistencia del Zulia a perder sus fueros autonómicos por la presencia y vigencia de una estructura de poder fundamentada aún en tradicionales relaciones pactistas.

Durante los años del período federal y primer gobierno de Guzmán Blanco quedó demostrada la lealtad del Zulia con la nación venezolana pues sus dirigentes se preocuparan más que nunca por fortalecer los vínculos con el Estado, afinar las negociaciones y hacer conocer al país las bondades de la región, su riqueza material y cultural y los esfuerzos realizados por construir el Estado nacional. También se acentúo la relación entre los héroes regionales con los nacionales y los momentos significativos de la “matria” con los de la patria. Así el pueblo zuliano fortalecía los vínculos identitarios con el todo nacional.

7. Conclusiones

Al demostrarse la configuración de identidades en función de las dinámica de antiguas regiones históricas y la nación como consecuencia de las relaciones entre factores divergentes y convergentes de la sociedad, los postulados sobre la existencia de una identidad y su consecuente proyecto nacional desde inicios de la República venezolana se derrumba con el peso de los resultados de la historiografía regional. Al desmitificarse el principio de la nacionalidad, los historiadores han prestado mayor interés a los procesos regionales, aspecto marginado por la avalancha revolucionaria de principios del siglo XIX y por la necesidad de crear referentes nacionales necesarios para consolidar el novel Estado.

Constituir la nación venezolana exigió cristalizar las demandas locales y aspiraciones centralizadoras del gobierno republicano; el pacto político con los gobiernos provinciales y la red de alianzas en el estado dieron viabilidad a este proyecto. La diversidad sociocultural amenazaba desarticular el territorio y exigió de las distintas élites locales el integrar esfuerzos para construir la conciencia nacional, sin abandonar las identidades regionales. El discurso político permitió socializar los símbolos nacionales para alcanzar este objetivo y el constitucionalismo histórico legitimó el nuevo sistema.

La participación de las regiones en la conformación de la nación venezolana, fue significativa. La defensa de la autonomía no fue un ardid publicitario del caudillo de turno para lograr el espacio político que ambicionaba, por el contrario fue el recurso más idóneo para drenar las tensiones entre el poder regional y nacional e impulsar los proyectos regionales de nación para favorecer la consolidación del Estado nacional en Venezuela.

Notas

1. El federalismo es un concepto que requiere ser contextualizado en cada momento histórico. La noción que prevalece a mediados del siglo XIX es la que lo asocia con los legítimos derechos de las provincias a ejercer la autonomía económica y política. Concepción que no se correspondía con el orden jurídico e institucional establecido por la constitución mixta, centro-federal, vigente por veintisiete años desde 1830 hasta 1857. Es con la constitución de1864 que se instaura el Estado Federal en Venezuela, de corta duración pues que culmina en 1868 al renunciar Juan Crisóstomo Falcón a la presidencia de Venezuela. Las posteriores constituciones a pesar de mantener el componente federal tendían progresivamente a acentuar el centralismo.

2. En Venezuela, al igual que en América Latina, las acciones y significados de actores sociales regionales se explican a través de la redes de dominio que ejercen ciertas localidades sobre el ámbito de su comunidad y del entorno inmediato.

3. Abordar el federalismo en el Zulia requirió consultas sistemáticas de documentación localizada en los repertorios regionales, fuentes poco trabajadas por quienes estudiaban este tema en el país. Es necesario destacar que en el Archivo General de la Nación, en Caracas, la mayoría de la documentación se refiere a asuntos de orden público dadas las nuevas atribuciones otorgadas al gobierno central en la constitución de 1864. Por el contrario, en el Archivo Histórico del Zulia existe suficiente evidencia del alcance que tuvo el principio de la federación en la organización y ejecución de un Estado federal. Del mismo modo, en este repertorio local quedan abundante testimonios de las luchas por la autonomía y descentralización del Zulia durante los gobiernos de Guzmán Blanco.

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