La educación superior en el sismo del Decreto 3444

Introito

La autonomía universitaria nuevamente es objeto de debate en los espacios de las Máximas Casas del conocimiento, donde las sombras de la ignorancia son vencidas. También la discusión trasvasa los mentideros del país político que convierten el tema en caldo de cultivo para una polémica en la que los análisis serios se confunden con las opiniones interesadas y sin fundamento, y la verdad verdadera se oculta en la retórica discursiva siempre falsa y deformadora.

La controversia surge como consecuencia de la promulgación del decreto Nro. 3444 el 25 de enero de 2005 que modifica parcialmente el Reglamento Orgánico del Ministerio de Educación Superior. Dos interrogantes surgen de esta discusión. ¿Es el Decreto Nº 3444 un adefesio jurídico y un instrumento político de intervención del Ejecutivo Nacional en la vida académica y administrativa y una violación al principio constitucional de la Autonomía Universitaria?, y ¿cuál es el motivo que impulsa al Ministerio de Educación Superior a promulgar este decreto, a los rectores de las universidades experimentales a aceptarlo y a los rectores de las universidades públicas a rechazarlo?

Estas preguntas, sin ingenuidad alguna, surgen como efecto de la aparición de este espinoso decreto que pone al rojo vivo una discusión sobre los alcances del Estado Docente y sus implicaciones en la administración universitaria en el contexto de la globalización neoliberal, así como de las exigencias del Ejecutivo Nacional por atacar uno de los flagelos más importantes de la deuda social de la democracia venezolana: la exclusión social como expresión política negadora de los principios de justicia, equidad y pertenencia sociales.

EDUCERE con el convencimiento de que la pluralidad de miradas y juicios es la mejor atalaya para ver la divergencia y el respeto a la opinión del otro, ofrece en la sección Trasvase el texto completo del discutido decreto para que conozcan sus alcances jurídicos y académicos. Así mismo, ofrecemos la posición en contrario del Núcleo de decanos de las Facultades de Derecho y Ciencias Jurídicas y Políticas, adscrito al CNU, cuya interpretación jurídica encuentra efectos políticos indeseables al statu quo universitario.

De igual manera, el lector encontrará la opinión jurídica de la Dra. Marisol Plaza, Procuradora General de la Nación, sobre la reforma del Reglamento Orgánico del Ministerio de Educación Superior y, por el otro, la posición del ministro, Prof. Samuel Moncada, sobre la misma y otros temas, como la apertura estudiantil sin restricciones a las aulas de las instituciones de este nivel educativo, el alcance estratégico de la Misión Ribas, el papel de la Universidad Bolivariana de Venezuela, la Autonomía Universitaria concebida en el plano de la inclusión democrática; todos, aspectos de interés nacional expresados en la entrevista que la periodista Vanesa Davies realizó el 15 de marzo de 2005 en el programa televisivo Contragolpe realizado en Venezolana de Televisión, VTV.