Ley de Educación Superior: ¿quién le teme?

Rigoberto Lanz

Universidad Central de Venezuela

Fantasmas, mitos y malentendidos no cesan de aparecer en el debate que afortunadamente parece avivarse en estos días. El tema de una ley de educación superior es apenas uno de los tantos problemas que han de ser ventilados sobre la crisis de la universidad venezolana. El anteproyecto que fue elaborado y discutido en un paciente proceso de intercambios en todo el país (más 130 reuniones monitoreadas por UNESCO-lesalc y por el Observatorio Internacional de Reformas Universitarias, ORUS.Ve) es justamente un borrador que recoge lo sustantivo de una agenda controversial en la que difícilmente pueda plantearse un consenso unánime. Allí todo es discutible. No hay un solo asunto que esté libre de debates. No es de extrañar, entonces, que cualquier persona tenga opiniones, reparos y divergencias. Eso es más que natural. Lo importante es poder situar bien esas divergencias (que son de peso y en muchos sentidos innegociables). Todo depende desde dónde se discute, qué intereses se juegan detrás de las opiniones, cuáles son las concepciones que se enfrentan y cómo se dirimen esas divergencias (esta ha podido ser una más del paquete de leyes habilitantes).

Entre las tantas materias que están en debate, hay una que interesa por su efecto práctico: ¿cuál ha de ser el rol de los rectores actuales de las universidades?, (cuestión que preocupa al amigo Antonio París quien ha expresado su posición claramente en este diario). Digamos de entrada, que el texto tal como está redactado, es bastante moderado en casi todos los temas que aborda. Quien esto afirma tiene suficiente autoridad moral para sostener que durante todas las intensas discusiones de ese texto, mi punto de vista fue siempre en otra dirección, es decir, creo que en todos los casos el texto del anteproyecto es un punto intermedio que no refleja del todo el talante de las concepciones que nosotros representamos en la agenda mundial sobre la universidad. Este no es un “defecto” del texto en discusión, sino el resultado natural de todo proceso en el que se busca una convergencia para el diseño de un instrumento jurídico para toda la nación. Lo anterior sirve para dejar bien claro que ese no es “mi texto” (aunque es obvio también que aprecio y respeto el enorme esfuerzo hecho por compañeros tan valiosos).

Me parece claro, a estas alturas, que los sistemas de gobierno universitario, los mecanismos de representación y los modelos de coordinación de un nuevo sistema de educación superior deben ser transformados a fondo, es decir, que parapetos como CNU, OPSU y varios otros deben ser fumigados hasta su extinción. De allí en adelante, hay que abrirse a infinitas posibilidades, incluida la eliminación de la anacrónica figura del rector. ¿A cuenta de qué hay que suponer que una universidad de nuevo tipo necesita porque sí la figura de un rector? El nuevo marco legal debe posibilitar todas las opciones. Los mecanismos de gestión de una diferente universidad han de ir en otra dirección. Los arcaísmos de Facultades, Escuelas, Departamentos o Cátedras pueden dar paso a novedosas plataformas de gestión académica para las que este nuevo marco legal ha de estar habilitado. Así que la comprensible preocupación de “cómo quedo yo allí”, debe ubicarse en el contexto de una realidad distinta: se trata de forjar un verdadero sistema de educación superior (y no esta jungla institucional ingobernable que hoy padecemos) en donde el Estado asuma plenamente su responsabilidad y las instituciones particulares también las suyas.

No se trata de diseñar un CNU más grande. Tampoco de repartir “cuotas de poder” según la pragmática de siempre. El asunto es innovar diversos mecanismos de articulación de un sistema complejo: en la diversidad de sus componentes, en la heterogeneidad de cada institución, en la variabilidad regional y, sobre todo, en la autogestión progresiva que debe caracterizar a cada centro académico en estos tiempos. Los rectores no van a desaparecer caprichosamente. Sólo tendrán que aprender o convivir con otras modalidades de gestión académica que irán posicionándose por fuerza de los hechos... no por azar estamos en el siglo XXI.