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INTRODUCCIÓN
El análisis de la política criminal se constituye como una herramienta fundamental en el diagnóstico de la aplicación de diversas normas, reglas, leyes y otros instrumentos que conforman el ordenamiento de cualquier Estado, considerando a su vez, su aplicación y efectividad frente a los diversos acontecimientos que engloban la problemática económica, política y social de una nación.
Es por esto, que analizar y estudiar las nuevas tendencias de este tipo de política para la protección de los derechos ciudadanos, incluye la evaluación y revisión de un largo proceso de cambios estructurales, que, sin duda alguna, reflejan el comportamiento de las diversas leyes que se establecen como lineamiento de orden para los distintos poderes que conforman el Estado, así como las diversas instituciones y órganos a los cuales se confiere la responsabilidad del cumplimiento de las mismas (Quintero Cordero, 2020).
La doctrina aborda la política criminal como un conjunto de acciones, razonamientos y lineamientos diseñados para luchar contra los actos delictivos, estableciendo herramientas que posibilitan la restructuración de los componentes sociales e individuales que orientan el comportamiento criminal (Aguaguiña Criollo, 2022).
Su estructura se encuentra fundamentada en función de la pericia que desempeña un papel fundamental en la lucha contra el crimen al abordar específicamente la problemática de los individuos involucrados en acciones delictivas.
De la misma manera, al hablar sobre la política criminal es hacer alusión a un conglomerado de principios teóricos, jurídicos y prácticos que se entrelazan para combatir la delincuencia y garantizar la seguridad de la población, conformando diversas actividades que se desarrollan desde el orden empírico y organizado.
Según señala Tirado Acero y Cáceres Tovar (2021) este tipo de política representa una disciplina que se conjuga con la dogmática penal, con el objetivo de poder resolver la problemática de la criminalística, para lo cual debe necesariamente acercarse a la realidad social, descubrir la corriente de pensamiento que inspira la institución y elaborar sistemáticamente la materia penal, de acuerdo con las premisas valorativas e ideológicas.
Desde estas aproximaciones, se establece que la política criminal se manifiesta a partir de ejercicio del poder público, el cual gestiona argumentos, principios y conceptos para controlar, prevenir, disminuir y erradicar la criminalidad, tratando de adecuar acciones concretas dentro del modelo social y político que se quiere resguardar.
Es precisamente, el concepto asumido en líneas anteriores, el cual ha ido moldeando a grandes rasgos la teoría del delito en Latinoamérica, y en especial en Ecuador desde principios del siglo XX hasta la actualidad, difundida a partir de una enorme complejidad que refleja el cruce de ideologías, principios jurídicos, culturales, históricos y políticos en este orden (Giner Alegría y Morente García, 2022).
Es posible determinar, que la política criminal en el Ecuador ha trascendido en una tradición centrada en decisiones referidas al Derecho Penal, dejando a un lado las causas y consecuencias que trae consigo el fenómeno delictivo en su sentido estricto, lo que ha proclamado durante los últimos años, plantear una visión más amplia de esta concepción.
De acuerdo a los preceptos establecidos por Jaitman (2018), otra de las características que ha predominado en las nuevas tendencias de política criminal ecuatoriano, ha sido un enfoque enmarcado en el buen vivir, bajo el ejercicio de la democracia y el Estado, direccionada hacia la garantía de los derechos ciudadanos, respectando la libertad y la atención social. Sin embargo, el autor enfatiza en las grandes debilidades que aún persisten en los nuevos esquemas jurídicos que rigen la política criminal en el Ecuador, lo cual, desde su perspectiva personal y en concordancia con distintos juristas nacionales e internacionales, siguen vulnerando los derechos de sus ciudadanos.
Por lo tanto, en este artículo se propone analizar las nuevas tendencias sobre política criminal, abordando las perspectivas y desafíos presentes en el sistema jurídico ecuatoriano en cuanto a la protección y garantía de los derechos fundamentales de la población. Esta temática se ha configurado a partir de un debate direccionado hacia la construcción y entendimiento de las acciones estatales desarrolladas para confrontar el impacto de la violencia y criminalidad como un fenómeno que se incrementa día a día y que se traduce en niveles cada vez mayores, en especial en países latinoamericanos como es el caso de Ecuador.
Con este propósito, se busca darle respuesta a varias interrogantes que merecen gran atención en relación al modelo de seguridad humana desarrollado en el Ecuador, y así determinar si ¿las tendencias actuales de política criminal contribuyen efectivamente con la seguridad ciudadana?, o, por el contrario, ¿se siguen presentando desafíos en cuanto a la protección de los derechos humanos de los ciudadanos ecuatorianos?
Bajo estos lineamientos, el estudio que se plantea, busca compilar el trabajo de autores reconocidos, que desde la perspectiva doctrinaria realizan una trayectoria y análisis sobre los lineamientos legislativos y normativos que rigen la política criminal en el Ecuador y su impacto en la realidad social del país.
Este análisis, responde al desafío actual de concebir una herramienta de consulta investigativa que permita enriquecer y reflexionar sobre este campo de estudio. Por lo que, la premisa que orientó este estudio es que las nuevas tendencias de política criminal en el Ecuador, presentan grandes desafíos en relación al resguardo y garantía de los derechos ciudadanos.
MÉTODO
En este estudio de investigación, se adopta un enfoque crítico que se basa principalmente en una perspectiva cualitativa. La investigación se lleva a cabo utilizando la modalidad documental y bibliográfica, centrándose en la revisión y análisis de la legislación ecuatoriana, libros, ensayos, artículos e informes estadísticos. Este enfoque se selecciona con el propósito de obtener una comprensión más profunda y significativa del tema en cuestión.
La metodología se caracteriza por ser descriptiva, ya que tiene como objetivo en analizar el marco jurídico que regula la política criminal en Ecuador. A través de esta exploración, se busca establecer la efectividad de dicha política, examinando críticamente cómo se traduce en la práctica.
La recopilación y revisión de fuentes documentales proporcionan una base sólida para acercarse a la realidad del tema objeto de estudio, permitiendo un análisis detallado de la legislación y su impacto en la implementación de la política criminal en Ecuador.
RESULTADOS
La Política criminal como estrategia jurídica y social del Estado ecuatoriano
El estudio de las estrategias y acciones asumidas por el Estado ecuatoriano para proteger la seguridad de sus ciudadanos se constituye en el objeto principal de este análisis, donde se hace relevante indagar sobre las acciones emprendidas a nivel nacional durante los últimos años en conjunto con las ciencias penales, el aparato judicial, los organismos policiales y penitenciarios, así como todos los instrumentos aplicados para la intervención social de control.
En la línea histórica que alude al proceso penal en el Ecuador, se distinguen algunas condiciones normativas relacionadas a la política criminal que sustentan su operatividad en una Constitución garantista, la cual a partir del 2008 desarrolla de manera más detallada el contenido relacionado a este supuesto (Tabla 1).
Tabla 1 Aspectos de política criminal incluidos en la Constitución ecuatoriana de 2008.
| Concepto jurídico | Artículos |
|---|---|
| Contenido del debido Proceso | Art. 76 |
| Establecimiento de la excepcionalidad de la privación de libertad | Art. 77 |
| Derechos a las víctimas de infracciones | Art. 78 |
| Derechos a las personas privadas de libertad | Art. 51 |
| Creación e incorporación de la Defensoría Pública | Art. 191 |
| Disposición de los procesos penales a partir del principio de oportunidad y la mínima intervención | Art. 195 |
| Se le otorga reconocimiento a la justicia indígena y toda su constitución, procedimiento y sanciones conforme al derecho cultural y ancestral | Art. 171 |
| Se introduce la rehabilitación, protección de los privados de libertad y la capacidad de recuperar la libertad. | Art. 201 |
Elaboración: Los autores.
Así mismo, el Código Orgánico Integral Penal (Asamblea Nacional, 2014a) inserta una gran diversidad de bienes jurídicos tutelados por esta ley y que se plantean como herramienta importante para la Política Criminal ecuatoriana (Tabla 2):
Tabla 2 Bienes jurídicos tutelados por el COIP.
| Concepto jurídico | Artículos Constitucionales |
|---|---|
| Delitos contra la integridad de las personas | 151 al 184 |
| Delitos contra la integridad sexual y reproductiva | 164 al 175 |
| Delitos contra el derecho a la propiedad | 185 al 208 |
| Delitos contra la administración pública | 278 al 294 |
| Delitos contra el sistema financiero | 322 al 326 |
| Delitos contra la fe pública | 327 al 330 |
Elaboración: Los autores.
Desde entonces, la realidad del país ha impulsado una serie de reformas que incluyen más de 20 años de cambios en cuanto a leyes secundarias, que a partir del 2008 se han expandido con la finalidad de fortalecer el sistema penal y mejorar la protección social, incidiendo directamente en la administración de justicia, la población carcelaria y los procedimientos penales (Ávila Santamaría, 2018).
Uno de los cambios más resaltantes se ha dado en el Código Orgánico Integral Penal, el cual ante las diversas olas de violencia que se han vivido en el Ecuador, este ha sido reformado 69 veces desde su entrada en vigencia en 2014, siendo la última reforma en el 2022 mediante el Tercer Suplemento del Registro Oficial 131, 22-VIII (Asamblea Nacional, 2014a).
De la misma manera, otra de la más reciente reforma dada en relación al contenido de la política criminal, ha sido la realizada en el Código Orgánico de las Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público, promulgado a través del Registro Oficial Nro. 19, 21 de junio de 2017, cuya última modificación se realizó el 7 de junio-2018, en el cual se establece la importancia que tiene para el Estado ecuatoriano para “fomentar una cultura de paz y seguridad integral humana que conlleve a la ejecución de políticas públicas y medidas integradas garantes de una convivencia pacífica, la prevención del delito y la protección de los derechos de los individuos” (Asamblea Nacional, 2017).
Además de esto, según Borja Mendoza (2022) se impulsan constantemente cambios significativos en la administración de justicia tratando de adoptar el presupuesto destinado a la función judicial desarrollada, lo cual se refleja en el incremento del número de jueces, fiscales y defensores que se han asignado para la resolución de casos criminales durante los últimos 10 años. Cuando los posibles delincuentes perciben un incremento en los recursos asignados a las políticas criminales y observan un riesgo proporcionalmente mayor asociado a la participación en actividades delictivas, se anticipa que la incidencia del crimen disminuirá, dado que este aumento en la percepción de riesgo actúa como un elemento disuasorio.
Sin embargo, diversas investigaciones coinciden, que contrario a lo dispuesto desde los preceptos constitucionales, la aplicación de los cambios dados por medio de leyes especiales, se ha formulado desde un fundamento punítivista, lo cual ha generado el aumento de las penas legales con la finalidad de darle solución a los problemas criminales de la nación.
El endurecer las penas por parte del Estado no es la solución para erradicar la criminalidad en el país; es decir, que la política criminal aplicada no contribuye a que el sistema sea eficiente y se ve reflejada en la realidad actual donde existe un incremento de bandas delictivas; critica también que este sistema no busca la reinserción del individuo a la sociedad por el contrario su fin es incrementar la privación de libertad del mismo (Ávila Santamaría, 2018).
Es por esto, que el sistema penitenciario, el cual constituye un gran foco de la política de control criminal, de acuerdo a López Rojas (2020) ha trascendido dentro de un ciclo de crisis que se ha agudizado de manera crítica, impactando la seguridad ciudadana, al no cumplir con la función de resocialización e inserción a los individuos nuevamente al contexto social. Un sistema precario, con una infraestructura llena de grandes debilidades que van desde la organización estructural hasta la deficiencia en los recursos físicos, económicos y humanos.
Todo esto destaca que, a pesar de la propuesta ecuatoriana enfocada hacia el control del crimen para alcanzar mayores niveles de control social basados en políticas de inclusión social e innovaciones en la justicia penal y la reforma policial, los indicadores de inseguridad, violencia y criminalidad siguen en repunte, reflejando, desde el punto de vista crítico, un cambio de paradigma reciente. En virtud de lo expuesto, el sistema penitenciario del Ecuador deja mucho que decir sobre los objetivos de la política criminal y el cumplimiento de los principios establecidos en la Carta Magna nacional.
La Política criminal y la seguridad ciudadana en el Ecuador: factores que intervienen en su regulación
Al hilo de las reflexiones presentadas en el apartado anterior, y en un ambiente coyuntural donde la política criminal del Ecuador ha divagado de un extremo a otro, pero la cual deja percepciones muy dispersas en cuanto a su efectividad para el resguardo y la garantía de la seguridad ciudadana.
Apoyamos el enfoque donde la seguridad ciudadana no se encuentra conceptualizada de manera uniforme, sino que la misma contiene las disposiciones que cada país diseña para su propio significado, ya que esta es un tipo de política del Estado dirigida a fortalecer los instrumentos aplicados para el resguardo de los derechos humanos y de manera especial, el derecho a una vida libre de violencia y crimen.
La promoción y desarrollo de la seguridad ciudadana se adecua a la implementación de planes y proyectos que se tratan de aplicar de manera integral para reducir las tasas de criminalidad, por lo que, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD, 2014) establece la seguridad ciudadana se configura como el procedimiento de instaurar, consolidar y resguardar el orden civil democrático, erradicando las potenciales situaciones de violencia en la comunidad y propiciando un entorno seguro y tranquilo. Es concebida como un bien de carácter público que requiere la protección eficiente de los derechos fundamentales inherentes a la persona, destacando particularmente el derecho a la vida, la integridad personal, la inviolabilidad del hogar y la libertad de desplazamiento.
Por su parte, el Plan Nacional de Seguridad Integral (2019-2030) del Ecuador señala que el término de seguridad, se fundamenta en la protección a la población y al ambiente, vinculándose directamente a la defensa, en función de la autonomía e integridad de las propiedades; la seguridad pública, que incluye la protección segura y el orden de los pobladores; y por último la gestión de riesgos, la cual contiene los riesgos antrópicos (Ministerio de Defensa Nacional, 2019).
Según el criterio de diversos investigadores del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) destacan que hacer referencia a la seguridad ciudadana es inferir sobre la capacidad de los Estados en desarrollar un trabajo en equipo con la colaboración de los diversos sectores de la sociedad, para promocionar y producir un marco de protección para la vida de los ciudadanos, y así alcanzar una mejor calidad de vida (Villa Mar et al., 2020).
Desde el análisis jurídico nacional, Art. 23 la Ley de Seguridad Pública y del Estado ecuatoriano establece que:
La seguridad ciudadana es una política de Estado, destinada a fortalecer y modernizar los mecanismos necesarios para garantizar los derechos humanos, en especial el derecho a una vida libre de violencia y criminalidad, la disminución de los niveles de delincuencia, la protección de víctimas y el mejoramiento de la calidad de vida de todos los habitantes del Ecuador. (Asamblea Nacional, 2014b, p. 9)
Bajo estas expectativas, se hace relevante identificar las causas que influyen en la seguridad ciudadana en el Ecuador, dentro de las cuales se mencionan diversas implicaciones que incluye un ciclo de violencia y actos delictivos en todo el territorio, constituyéndose en una de los principales desafíos del Estado.
Durante los últimos años el Estado ecuatoriano determinó un punto de partida para promover el desarrollo de políticas sobre esta temática tan preocupante y en particular en lo relativo a los derechos humanos, enfocado en un modelo de atención integral, cuyos objetivos se han visto opacados por la continua violencia y el crecimiento acelerado de organizaciones criminales que van desde el narcotráfico de estupefacientes hasta la explotación sexual de personas incluida la prostitución forzada, el turismo sexual y la pornografía infantil, además de la presencia en el año 2020 de la pandemia por Covid-19 agudizo los problemas económicos, financieros, políticos y sociales que existían sobre este tópico.
Por lo que, se puede afirmar que entre las causas principales que intervienen en la seguridad ciudadana está la violencia y el crimen, los homicidios, secuestros, sicariatos, los cuales continuamente son detonados por diversos factores socio económicos que inciden en el desarrollo de la población.
Los elementos que propician el crimen y la inseguridad en el Ecuador durante los últimos años han estado relacionadas a la falta de acceso a condiciones óptimas como empleo, vivienda, salud, vivienda, inestabilidad laboral, salarios no suficientes, una estructura de educación deficiente, crisis políticas, niveles de corrupción, desigualdad de oportunidades, pobreza, entre otros aspectos que determinan diversos comportamientos sociales, tal y como se puede observar en la tabla 3.
Tabla 3 Elementos que intervienen en la Seguridad Ciudadana.
| Elemento | Descripción |
|---|---|
| Elementos económicos | Pobreza, tasa de ocupación, desigualdad social, crecimiento económico, desempleo |
| Elementos demográficos | Características de la población, género, raza, lengua, densidad, ubicación geográfica. |
| Elementos educacionales | Analfabetismo, calidad educativa, escolaridad, deserción escolar. |
| Elementos sociales | Viviendas, oportunidades, acceso y producción de drogas, confianza en los entes gubernamentales, delincuencia. |
| Elementos de política criminal | Tipos de penas y condenas, eficacia judicial, eficacia policial, capacidad policial, capacidad judicial, acceso a la justicia. |
Elaboración: Los autores.
Tras estos determinantes, la legislación ecuatoriana contiene una serie de lineamientos que buscan desde la Constitución, el Código Orgánico Integra Penal, el Código Orgánico de las Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público, la Ley de Seguridad Pública y del Estado, en el nuevo Código Orgánico de la Función Judicial (COFJ), entre otros, regular las acciones para garantizar el cuidado de la ciudadanía.
Es deber del Estado promover y garantizar la seguridad de todos los habitantes, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos del Ecuador, y de la estructura del Estado, a través del Sistema de Seguridad Pública y del Estado, responsable de la seguridad pública y del Estado con el fin de coadyuvar al bienestar colectivo, al desarrollo integral, al ejercicio pleno de los derechos humanos y de los derechos y garantías constitucionales (Asamblea Nacional, 2014b).
Todo esto, basados en principios sujetos a los derechos y garantías constitucionales, los tratados internacionales sobre derechos humanos, incluyendo integralidad, Complementariedad, Prioridad y Oportunidad, Proporcionalidad, Prevalencia y Responsabilidad, la cual está en manos del sistema y de los órganos de seguridad pública (Asamblea Constituyente, 2008).
Sin embargo, a pesar de los cambios normativos y la formulación continua de políticas de control del crimen, la innovación en la justicia penal y las transformaciones en el sistema policial, se siguen presentando vacíos en relación al acceso a la justicia, autonomía judicial, incremento de la cantidad de servidores en esta área, entre otros aspectos, lo cual no ha permitido consolidar una justicia integral.
Seguidamente, para poder complementar el análisis desarrollado, se presentan una serie de estadísticas que permiten mediar la condición de la Política Criminal en la Seguridad Ciudadana en el Ecuador, resaltado el lugar que ocupa actualmente entre los países latinoamericanos, alcanzando una tasa de violencia de 25 muertes por cada 100.000 habitantes, evidenciándose un crecimiento exponencial de esta tasa que paso de 13,7 en el 2021 a 82,5 en el 2022, convirtiéndose en el país con mayor crecimiento de violencia criminal en la región latinoamericana al finalizar el 2022, como se muestra en la figura 1.
Fuente: Los autores.
Figura 1 Posición que ocupa Ecuador entre los países con mayor crecimiento de la tasa de violencia en Latinoamérica, 2022.
Además de lo anterior, según informe del Observatorio Ecuatoriano del Crimen Organizado (2023) es preocupante como Ecuador empieza a sobresalir de manera desfavorable en la escena internacional, ya que cuenta con dos de las urbes más peligrosas del mundo: Esmeraldas, con una tasa de homicidios de 77 personas por cada 100.000 habitantes, y Guayaquil, con un índice de 46,6.
Una situación que revela un notable aumento en las tasas de homicidios intencionados. La tendencia indica que, para finales de este año, Ecuador podría superar la cifra promedio de 35 homicidios por cada cien mil habitantes. No obstante, el informe también destaca diversas tendencias inquietantes relacionadas con el proceso de expansión del crimen en el país.
Así mismo, este informe manifiesta una tendencia preocupante al realizar un análisis más amplio, evidenciando que en catorce de las veinticuatro provincias se registra un crecimiento superior al 50% en la tasa de homicidios en comparación con el primer semestre del año anterior.
Entre estas provincias, Santa Elena, El Oro y Los Ríos requieren especial atención debido a la significativa cantidad de homicidios que presentan. Esmeraldas, por otro lado, constituye un caso de estudio particular, ya que, a pesar de ocupar el cuarto lugar en la lista de provincias con mayor tasa de homicidios en el país, con niveles comparables a los países más violentos de Latinoamérica, muestra un crecimiento moderado. Esto sugiere inicialmente que la violencia en la provincia, después de experimentar aumentos exponenciales, podría estar alcanzando una meseta.
Otro indicador que interviene en el análisis descrito es la cifra de hurtos, la cual ha experimentado un incremento constante desde el año 2020. De acuerdo con Fiscalía General del Estado (2023), en el 2020 se perpetraron 49.049 robos, en el 2021 62.584, en el 2021 79.517 y hasta el 30 de septiembre del 2023 iban 55.641 hurtos. Estos datos demuestran una tendencia hacia el alza en las de 40% en el periodo mencionado.
Otros de los aspectos que merecen ser analizados en cuanto a la seguridad ciudadana, es el referido al gasto destinado a este sector (Sancán Ortiz, 2022), el cual durante el periodo 2019-2022 experimentó una disminución de los recursos designados para esta labor, es decir de -5.8% entre el 2019-2020, -1.6% entre 2020-2021 y -2.2% entre 2021-2022 (Figura 2).
Política criminal y gestión del sistema penitenciario en Ecuador
Dentro del contexto de la política criminal y su importancia para resguardar los derechos de los ciudadanos, no podemos dejar de lado el principio constitucional que en el Ecuador postula que las personas privadas de libertad mantienen derechos fundamentales similares a los de cualquier otra persona. Sin embargo, esta afirmación reconoce que hay limitaciones inherentes a la restricción de la libertad ambulatoria y que estas limitaciones imponen una relación especial de sujeción con el Estado. Por lo tanto, señala Verdugo Lazo (2023) el Estado también tiene la responsabilidad de garantizar estos derechos, reconociendo las condiciones particulares en las que deben ser protegidos las personas en detención. Esta responsabilidad se basa en la noción de que el Estado actúa como garante de los derechos de las personas privadas de libertad debido a su situación de vulnerabilidad y dependencia.
Este enfoque se alinea con los principios de derechos humanos universalmente reconocidos, que sostienen que la dignidad inherente de cada persona debe ser respetada y protegida en todas las circunstancias, incluso cuando se encuentran privadas de libertad. La Declaración Universal de Derechos Humanos y otros instrumentos internacionales establecen estándares para garantizar que los derechos de las personas detenidas sean respetados, con el reconocimiento de que la privación de libertad no debe dar lugar a la negación arbitraria o injusta de estos derechos.
No obstante, al realizar una revisión histórica de la política criminal que ha sido diseñado a lo largo de los últimos años, se vislumbra una gestión del sistema penitenciario bajo una serie de desafíos significativos que afectan la efectividad del sistema de justicia y el bienestar de aquellos que se encuentran bajo custodia. La sobrepoblación carcelaria, la violencia intracarcelaria, las condiciones de vida precarias, la falta de recursos y la corrupción son solo algunos de los problemas que plantean obstáculos para la implementación exitosa de programas de rehabilitación y la garantía de los derechos fundamentales de los reclusos. Además, la coordinación interinstitucional y la posible falta de un enfoque equilibrado entre el castigo y la rehabilitación también emergen como preocupaciones clave.
Sobre estos aspectos, el Informe Mundial del Human Rights Watch (2023) señala que las deficientes condiciones en los centros penitenciarios en Ecuador son un problema persistente que ha generado preocupación a nivel nacional e internacional, e incluyen las siguientes características:
Hacinamiento: Los centros penitenciarios en Ecuador suelen enfrentar sobrepoblación carcelaria lo que ha llevado a condiciones insalubres, falta de espacio personal y tensiones constantes entre los reclusos.
Infraestructura Obsoleta: Muchos centros penitenciarios en Ecuador tienen infraestructuras anticuadas y en mal estado. Las instalaciones deterioradas pueden contribuir a la falta de seguridad, así como a condiciones de vida inapropiadas.
Deficiencias en la Seguridad: La seguridad dentro de algunos centros penitenciarios ha sido un problema recurrente. La presencia de bandas criminales, la corrupción entre el personal de la prisión y la falta de control adecuado pueden generar situaciones de riesgo tanto para los reclusos como para el personal.
Falta de Servicios Básicos: La provisión inadecuada de servicios básicos, como atención médica, educación y actividades recreativas, es otra característica de las deficientes condiciones en los centros penitenciarios. Esto puede afectar la salud física y mental de los reclusos.
Violencia y Conflicto: Las condiciones precarias y el hacinamiento a menudo contribuyen a un ambiente propicio para la violencia y el conflicto entre reclusos. Esto puede afectar negativamente la seguridad y el bienestar general dentro de las instalaciones.
Falta de Programas de Rehabilitación: La falta de programas efectivos de rehabilitación y reinserción social puede limitar las oportunidades para que los reclusos se reintegren de manera exitosa en la sociedad después de cumplir sus penas.
Dificultades de Acceso a la Justicia: Las condiciones deficientes también pueden afectar el acceso de los reclusos a servicios legales y a la administración de la justicia, lo que a su vez puede comprometer sus derechos y garantías procesales.
De esta manera, las deficientes condiciones en los centros penitenciarios en Ecuador reflejan una política criminal que no ha impulsado una efectiva gestión del sistema penitenciario, debido a:
Falta de Enfoque en la Rehabilitación: no se priorizan programas de rehabilitación y reinserción efectivos, enfrentándose los reclusos a mayores desafíos para reintegrarse a la sociedad después de cumplir sus penas, lo que ha contribuido al hacinamiento continuo y a la falta de espacio en las cárceles.
Falta de Medidas Alternativas a la Prisión: la ausencia de medidas efectivas para abordar delitos menores sin recurrir a penas de prisión ha contribuido a la saturación de los centros penitenciarios, lo que demuestra la necesidad de considerar alternativas más adecuadas para ciertos delitos.
Corrupción y Falta de Control: la corrupción y la falta de control dentro de las instituciones penitenciarias reflejan las fallas en la supervisión y la implementación de políticas de seguridad, generando conflictos y violencia, contribuyendo a condiciones carcelarias deficientes.
Falta de Inversión en Infraestructura: La infraestructura obsoleta y en mal estado en muchos centros penitenciarios podría deberse a la falta de inversión en el mantenimiento y la mejora de las instalaciones. Esto puede indicar deficiencias en la planificación y ejecución de la política criminal.
No Enfrentar las Causas Subyacentes del Crimen: Los datos que han sido analizados en esta investigación permiten afirmar que la política criminal no aborda eficazmente las causas subyacentes del crimen, la desigualdad social, la falta de oportunidades y la educación deficiente, por lo que los índices de criminalidad han persistido durante los últimos años, reflejando la desigualdad en la aplicación de la ley y en el sistema de justicia.
En consecuencia, es evidente que la actual política criminal no ha logrado una gestión eficaz del sistema penitenciario, subrayando la urgente necesidad de revisar y mejorar las prácticas actuales para garantizar el respeto de los derechos fundamentales y promover una verdadera rehabilitación y reinserción social de los reclusos.
DISCUSIÓN
De manera general, al reflexionar sobre las tendencias de la política criminal en Ecuador, podemos vislumbrar un conjunto de controversias relacionadas con su eficacia para garantizar los derechos de los ecuatorianos, ya que los ciudadanos enfrentan barreras significativas para acceder al sistema de justicia, como costos elevados, trámites complicados o discriminación, lo que no permite garantizar la igualdad de derechos ante la ley. Por otra parte, la falta de transparencia en la toma de decisiones y en la administración de justicia puede conducir a la desconfianza en el sistema legal y a la percepción de que algunos ciudadanos tienen más privilegios que otros.
En cuanto al sistema de justicia penal, esta política se ha centrado demasiado en enfoques punitivos y no tiene un equilibrio adecuado con medidas preventivas y rehabilitadoras, generando un sistema que castiga en exceso a ciertos grupos de la sociedad, sin abordar las causas subyacentes de la criminalidad, lo que se ha traducido en hacinamiento, violencia e inseguridad en los centros penitenciarios, discriminación, falta de acceso a servicios básicos, problemas estructurales y de gestión, en general, condiciones inadecuadas de detención.
En este sentido, Ecuador se enfrenta a una disyuntiva sobre el desarrollo de acciones legislativas y normativas que prevean políticas efectivas para garantizar los derechos humanos de todos sus ciudadanos, lo que requiere un enfoque integral que aborde estas cuestiones de manera efectiva. Esto implica reformas en la legislación, la inversión en recursos y capacitación, la promoción de la transparencia y la rendición de cuentas.
CONCLUSIONES
El análisis desarrollado en líneas anteriores nos ha permitido concluir que el ordenamiento jurídico ecuatoriano contiene una gran variedad de disposiciones que han sido diseñadas y desarrolladas para direccionar mecanismos e instrumentos de política criminal que permitan el resguardo de la seguridad ciudadana basados en la dignidad humana, la igualdad y el buen vivir.
No obstante, las acciones impartidas por el Estado ecuatoriano no han sido suficientes para enfrentar la ola de violencia que persiste dentro del país y garantizar los derechos fundamentales de su población, ya que la política criminal no ha asumido ni abordado las causas subyacentes del delito, como la pobreza, la falta de oportunidades educativas y laborales, y otros factores sociales, ni ha considerado un enfoque preventivo ante el crecimiento acelerado de actos delictivos, ni rehabilitador que permita el fortalecimiento de la gestión del sistema penitenciario, ante una crisis que se agudiza día a día.
Pese a esta situación que se vive en todo el contexto ecuatoriano, aún no se la ha dado la importancia necesaria ni la prioridad que se merece, lo que pareciera que no se concreta un análisis efectivo de la realidad vivida y la necesidad de diseñar políticas criminales que permitan resultados concretos para la prevención y control de la violencia.
Debemos reconocer que, en los últimos veinte años, en Ecuador se han dado cambios significantes en la legislación y en las acciones diseñadas para la implementación de una efectiva la política criminal, sin embargo, la compleja situación política, las constantes presiones socio económicas y la deficiente intervención de organismos de control y prevención de la violencia, deja a luz una realidad que denota grandes desafíos en esta área, la cual requiere la intervención constante y actualizada para dar respuestas oportunas a la sociedad ecuatoriana.
Ante este escenario, se deben crear normas procesales penales que regulen el comportamiento policial, de los organismos judiciales y del sistema institucional penitenciario, todo ello con el fin último de prevenir, perseguir y sancionar, a los autores responsables del delito, respetando las garantías constitucionales de toda población y asumiendo un enfoque restaurativo que contribuya a una sociedad más segura y cohesionada.
Por lo tanto, el Estado debe desarrollar un claro conocimiento de la materia, a fin de crear un sistema político criminal estratégico que le permita tener un permanente conocimiento de los factores criminógenos que favorezcan su nacimiento, para actuar sobre ellos preventivamente, con programas sociales pertinentes, orientados hacia su minimización.
