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INTRODUCCIÓN
El proceso penal inmediato, se utiliza en casos de delitos evidentes y situaciones de investigación simple o sencilla, no pone en peligro los principios fundamentales del debido proceso (González, 2019), la protección jurisdiccional ni el derecho a la defensa, esto se debe a que el proceso inmediato tiene criterios bien definidos para su aplicación, y regula de manera adecuada la presentación contradictoria de pruebas durante el juicio (Nadal, 2020). En otras palabras, cuando los delitos son claros y la investigación es relativamente simple, el proceso penal inmediato permite una resolución más rápida y eficiente del caso sin comprometer los derechos fundamentales del acusado (Rima et al., 2022), esto se logra al establecer criterios específicos para determinar cuándo se puede aplicar este proceso, y al garantizar que exista la oportunidad de presentar pruebas y argumentos en el juicio, incluso si es de manera más acelerada (Gaceta, 2019).
Estos se constituyeron como un intento de garantizar estabilidad política e incrementar la legitimidad de las nuevas democracias (Katz y Levin, 2018; Spies-Butcher y Bryant, 2023), las cuales heredaron algunos rasgos autoritarios, con el objetivo de agilizar la justicia penal y garantizar una resolución rápida de los casos (Carreras y Visconti, 2022; Triverio y Crespillo Márquez, 2022).
Sin embargo, presenta deficiencias como la restricción de garantías procesales, la falta de tiempo para la preparación de la defensa, el riesgo de errores judiciales y un enfoque limitado en delitos menores, estas deficiencias resaltan la necesidad de tomar precauciones adicionales para garantizar la equidad y el respeto de los derechos de todas las partes involucradas en el proceso (Espinoza, 2019).
Frente a ello, se plantea como objetivo general de la investigación el análisis jurídico sobre el proceso penal inmediato reformado y afectación del derecho de defensa en los delitos de flagrancia.
MÉTODO
El método empleado en la investigación, se basa en el enfoque cualitativo, manejando la recolección y análisis de una tipología documental-bibliográfica. (Hernández et al., 2014), lo cual permitió organizar un análisis del objeto de estudio con la intención de descubrir el objetivo presentado por los investigadores. La técnica de indagación aplicada fue la entrevista; la herramienta empleada fue la guía de entrevista. Dicha entrevista fue aplicada a los abogados que llevaron los casos del proceso penal inmediato reformado. Se aplicó de manera presencial respetando el derecho de confidencialidad, cabe destacar que los entrevistados son fiscales, jueces y abogados especialistas en derecho penal. El análisis de las entrevistas se realizó utilizando el software ATLAS.ti el cual permitió agrupar por categorías.
RESULTADOS
Luego del desarrollo del método aplicado se obtuvieron las siguientes categorías las cuales se muestran en la siguiente tabla (1):
Tabla 1.Matriz de categorización.
| Categorías | Subcategorías |
|---|---|
| Proceso penal inmediato reformado | Plazo razonable |
| Flagrancia | |
| Actividad probatoria | |
| Afectación del derecho de defensa del investigado en los delitos en flagrancia | Defensa eficaz |
| Defensa técnica | |
| Defensa material |
Elaboración: Los autores.
Categorías
Interpretación: Con respecto a la categoría proceso penal inmediato reformado, mostradas en la figura 1, de los cuales los expertos en materia de investigación dentro del ámbito de proceso penal, mencionan que la flagrancia es crucial porque permite una respuesta judicial rápida y eficiente ante delitos evidentes, al sorprender a una persona en el acto de cometer un delito, se evita una investigación prolongada, ya que la culpabilidad es evidente; esto agiliza el proceso judicial y contribuye a la eficacia del sistema de justicia al garantizar que los delitos sean sancionados oportunamente. Pero en muchos de los casos se debe de conocer el tipo de flagrancia presente en un caso particular. Comprender el tipo de flagrancia es esencial para poder establecer la responsabilidad penal de una persona, ya que cada tipo de flagrancia puede tener implicaciones distintas en el proceso de determinación de culpabilidad.
Además, se señala que cuando se restringe el tiempo disponible para obtener pruebas relevantes o asegurar la presencia de testigos que respalden la versión del acusado, se dificulta su capacidad para llevar a cabo una defensa exhaustiva y equitativa. Esto puede tener un impacto en el principio esencial de igualdad de armas en el sistema de justicia, donde ambas partes deben tener una oportunidad justa para presentar sus argumentos y evidencias. Al limitar el plazo razonable y no permitir suficiente tiempo para recopilar pruebas necesarias o presentar testigos, se corre el riesgo de comprometer el derecho a una defensa adecuada y justa del acusado, lo cual puede dar lugar a resultados injustos o sesgados.
Interpretación: Con respecto a las categorías derivadas del "derecho de defensa", las cuales se muestran en la figura 2, los expertos señalan que el éxito de la defensa depende en gran medida de su eficacia, ya que esto influye en la capacidad para convencer al tribunal, rebatir las acusaciones y demostrar la inocencia o mitigar la culpabilidad del imputado. Una defensa que logra ser efectiva puede llevar a resultados favorables, como la absolución, la reducción de cargos o una sentencia más leve. Para lograr una defensa eficaz, es necesario utilizar todos los recursos y medios legales disponibles para proteger los intereses y derechos del acusado. Esto incluye una preparación exhaustiva, un profundo conocimiento de los aspectos legales del caso, la presentación persuasiva de evidencias y argumentos, así como la habilidad para cuestionar las pruebas presentadas por la acusación.
Además, hacen mención que en los procesos legales urgentes y de rápida resolución, surge la dificultad de encontrar una defensa técnica que pueda brindar el conocimiento especializado necesario. La premisa principal es que, debido a la prisa y la urgencia en estos procesos, resulta complicado para el acusado encontrar un abogado defensor con experiencia específica en el área relevante del caso. Esto puede atribuirse a la falta de tiempo para buscar y contratar a un abogado con conocimientos especializados, lo que afecta negativamente la calidad y eficacia de la defensa técnica.
DISCUSIÓN
El proceso penal inmediato reformado, de los cuales los expertos en materia de investigación dentro del ámbito de proceso penal, mencionan que permite una respuesta judicial rápida y eficiente ante delitos evidentes, se evita una investigación prolongada, ya que la culpabilidad es evidente; esto agiliza el proceso judicial y contribuye a la eficacia del sistema de justicia al garantizar que los delitos sean sancionados oportunamente. Se encuentra semejanza con el fundamento realizado por Escobal (2020), donde expone que el proceso inmediato constituye un enfoque simplificado del procedimiento legal que conlleva numerosos beneficios al aliviar la carga procesal de los tribunales judiciales, especialmente en situaciones particulares, como aquellas relacionadas con delitos de omisión en el cumplimiento de obligaciones familiares. También se encuentra semejanza con el estudio de Villarreal (2019) donde plantea que, en el proceso inmediato en casos de flagrancia, se produce una violación del derecho a la defensa del acusado, pero solo en ciertas situaciones, debido a las malas prácticas de algunos fiscales y jueces del Ministerio Público y del Poder Judicial, esto ocurre debido a una calificación incorrecta al determinar el tipo de flagrancia, lo cual restringe el ejercicio tanto del derecho a la defensa formal como del derecho a la defensa material del acusado.
Del mismo modo, con Bonatti (2020) quien menciona que, el proceso inmediato considerado un mecanismo efectivo para la justicia oportuna, no logra aliviar la carga procesal, sino que traslada expedientes entre juzgados, según la mitad de los encuestados, esto revela la falta de racionalidad en el sistema, con excesivas sanciones anticipadas, personas detenidas sin condena y desconfianza debido a la inseguridad ciudadana. El trabajo de Gutiérrez (2019) respalda la idea de que la reforma del Proceso Inmediato tiene como objetivo agilizar y simplificar la resolución de ciertos casos penales. En este proceso, los jueces y fiscales tienen la facultad de ejercer su criterio dentro de los límites establecidos por el Decreto Legislativo 1194, lo que puede tener implicaciones en el derecho a la defensa del imputado, tanto en su aspecto técnico como material.
La categoría de "derecho de defensa", los expertos señalan que el éxito de la defensa depende en gran medida de su eficacia, ya que esto influye en la capacidad para convencer al tribunal, rebatir las acusaciones y demostrar la inocencia o mitigar la culpabilidad del imputado. Una defensa que logra ser efectiva puede llevar a resultados favorables, como la absolución, la reducción de cargos o una sentencia más leve. Dan sustentos a dicha afirmación el planteamiento de Pisfíl (2019) quien encontró que, al examinar la protección del derecho de defensa en el proceso inmediato, desde una perspectiva jurisprudencial, concluye que está sujeta a ciertas circunstancias que, aunque están basadas en las reglas que abordan sus características, no siempre logran el efecto deseado en términos de eficacia. Del mismo modo, Cassana y Conde (2022) muestran que el derecho de defensa en el contexto del proceso es una garantía esencial del debido proceso, que abarca una amplia gama de derechos y uno de estos derechos es el derecho de toda persona a contar con la asistencia de un abogado defensor de su elección o, en su ausencia, de un abogado designado, desde el momento en que es citada o detenida por la autoridad.
CONCLUSIONES
Se encontró que la flagrancia es crucial porque permite una respuesta judicial rápida y eficiente ante delitos evidentes, esto agiliza el proceso judicial y contribuye a la eficacia del sistema de justicia al garantizar que los delitos sean sancionados oportunamente, aunque se busca agilizar el proceso judicial, esta aceleración puede dar lugar a actos violentos o al descuido de garantías procesales esenciales. La violencia mencionada puede referirse a decisiones o acciones que no respetan los derechos de las personas involucradas o que son excesivamente coercitivas. Según los expertos el éxito de la defensa depende en gran medida de su eficacia, ya que esto influye en la capacidad para convencer al tribunal, rebatir las acusaciones y demostrar la inocencia o mitigar la culpabilidad del imputado. Además, hacen mención que en los procesos legales urgentes y de rápida resolución, surge la dificultad de encontrar una defensa técnica que pueda brindar el conocimiento especializado necesario, esto puede atribuirse a la falta de tiempo para buscar y contratar a un abogado con conocimientos especializados, lo que afecta negativamente la calidad y eficacia de la defensa técnica.
