El gobierno electrónico en la labor fiscal

El autor ^{Content (2019)} ha resaltado que la Sociedad de la Información es conocida también como Transformación Digital o Internet de Cosas, la cual en la era de la revolución digital ha cambiado la cotidianidad de las personas, pues la sociedad vive interconectada por las nuevas tecnologías informándose de forma inmediata como es el caso de la red social Facebook, cambiando todo medio tradicional de información, por ejemplo, los libros. De lo anotado, está claro que, las nuevas tecnologías fomentan innovación y cambios en la sociedad, al cual sus habitantes deben adoptarse si quieren progresar y estar de la mano con el avance de las nuevas tecnologías.

Por otra parte, corresponde abarcar la Teoría de las Brechas Digitales, aquí ^{Lagravere Von Massenbach (2013)} han resaltado que, el mundo en que vivimos de forma constante viene sufriendo cambios debido al avance científico y tecnológico, a los cuales se ajustan el sector privado y público; empero, quienes lo representan o trabajan en dichos sectores no han adquirido conocimiento igualitario, razón por la cual aparecen las brechas digitales que impiden el desarrollo oportuno y rápido de los diferentes procesos, razón por la cual para superarlo se debe afianzar el conocimiento tecnológico. En este sentido, el Estado debe optimizar esfuerzos para capacitar a sus representantes, ya que de nada serviría que las entidades estatales tengan que implementar las nuevas tecnologías, si el personal que la va usar y dirigir no cuenta con educación electrónica; pues así, en el caso del Ministerio Público, el personal fiscal y administrativo debe recibir capacitaciones para el manejo y uso adecuado de las nuevas tecnologías.

Además, en el contexto de los avances tecnológicos, ^{Gómez y Yáñez (2023)} destacan que el mundo actual experimenta una revolución digital, donde el uso de la tecnología es inmediato y simultáneo a nivel global, transformando significativamente la vida de las personas. Se considera una oportunidad para promover la igualdad entre los habitantes a nivel mundial, generando cambios en diversos sectores, como la educación. Sin embargo, persisten brechas digitales, como la falta de conectividad y acceso a recursos digitales.

Este problema también se manifiesta en el ámbito de la justicia, ya que el Estado no garantiza de manera adecuada la conexión a internet en la actualidad. Además, se han implementado de manera insuficiente plataformas virtuales que agilicen las actividades judiciales. Esto resalta la necesidad de abordar estas deficiencias para mejorar la eficiencia y accesibilidad en el sistema de justicia.

En este sentido, la implementación de las nuevas tecnologías en las instituciones estatales dará lugar a la modernización del Estado. En este punto ^{Díaz (2023)} ha señalado que, el Estado debe constantemente actualizarse, pues tener las instituciones modernas ya constituye un derecho fundamental que el gobierno debe garantizar a sus administrados, para cuyo fin hizo un recuento de la regulación normativa desde el 2002 hasta el 2018, resaltando como se han ido implementando las nuevas tecnologías en las diferentes instituciones del Estado y como estos han ido cambiando en el desempeño de los servidores y funcionarios públicos. De ahí que, si bien la mayoría de los estados como Perú, en sus constituciones no regulan de forma expresa las nuevas tecnologías como derecho fundamental, ello no significa que, por no estar expreso el Estado no deba garantizar el goce de tal derecho por sus habitantes, puesto que se sobreentiende que es un derecho no enumerado o implícito.

Asimismo, ^{Torró (2018)} en relación al entorno digital, ha destacado que la regulación normativa en estos nuevos tiempos es suficiente para atender las necesidades y/o peticiones de los usuarios en la tramitación de los procesos administrativos o judiciales que se activaron, teniendo especial cuidado en la no vulneración de derechos y garantías de las partes involucradas; aunado a ello resaltó que la aplicación de las tecnologías facilitaría la labor del Estado. Siguiendo dicha posición se puede comprender que el gobierno electrónico conforme al avance de las nuevas tecnologías apunta hacia una globalización de orden administrativo y jurisdiccional.

Por otro lado, ^{Tello (2020)} respecto de la implementación del gobierno electrónico en las instituciones públicas de Colombia, planteó como objetivo central, identificar los factores que inciden en las instituciones del Estado para la implementación del gobierno abierto, concluyendo que el uso de las TIC es el componente necesario para la implementación de un gobierno abierto, la cual se manifiesta con la instalación de portales web que permiten la participación de los administrados. Se enfatiza en este punto que, la ciudadanía tiene el derecho de acceder a los datos de las entidades públicas, puesto que tienen amparo normativo en las leyes de transparencia; por lo que, las instituciones públicas deben invocar gestiones para el acceso e implementación de internet y redes sociales.

En cambio, ^{Gonzales (2018)} ha examinado la evolución de los usos tecnológicos en la administración de justicia española, tomando como punto de partida 25 años atrás a la fecha de su investigación, llegando a abordar como se ha ido desarrollando la justicia electrónica basada en las diferentes regulaciones normativas que se fueron dando, y las experiencias técnicas vividas en cada año, lo cual le ha permitido concluir que en el periodo 2015 al 2018 se dieron innovadoras normas que impulsaron la justicia electrónica, resaltando la implementación de las TIC para alcanzar la modernización del aparato judicial. Para el uso de las nuevas tecnologías, el Estado antes de implementar las TIC necesitará de leyes que permitan trazar objetivos y diseñar el itero progresivo de ejecución; pues solo así en un tiempo no muy lejano se podrá alcanzar una verdadera administración de justicia electrónica.

Siguiendo la línea de análisis, la modernización de los Estados, obedece al uso estratégico de las tecnologías digitales con cual se van a crear valor público. Al respecto, ^{Mejía (2021)} sobre el gobierno digital hace mención que, la disrupción digital es uno de los agentes que desafía a los estados a acomodarse, administrar y hacer uso de las TIC como parte de las políticas de modernización de la gestión pública, lo que implica incorporar enfoques de gobierno digital para resolver los problemas públicos. Sugiere la implementación de métodos ágiles y tecnológicos para la creación de servicios digitales.

Así pues, el ^{Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (2022)} en cuanto a las TIC ha señalado que, la evolución de las tecnológicas en los últimos años dio lugar al avance de capacidades humanas, así por ejemplo la interacción virtual a través de la internet y la inteligencia artificial han revolucionado la interacción social, la salud y economía de las personas. Empero, denota que pese a estos avances hay desigualdades traducidas en nuevas brechas de la transición tecnológica, lo cual se ha avizorado más durante el flagelo de la COVID-19, cita como ejemplo a México donde habría aumentado usuarios de la internet de un 17 % en el 2005 al casi 75% para el 2020, empero este servicio no está distribuido para toda la población, pues tienen acceso mínimo la población rural en comparación de la zona urbana, lo cual se convierte en una brecha digital que debe ser combatido por el Estado. Problema que no es ajeno en los países en vías de desarrollo como en la mayoría de los estados de Latinoamérica, en donde el sector justicia aún no tiene implementado de modo optimo las TIC, por lo que está lejos de considerarse modernos.

Por su parte, ^{Medina (2018)} ha señalado que el derecho, como medio para resolver conflictos, requiere de técnicas, y cualquier avance teológico devendría en importante, toda vez que ayudará a mejorar la comunicación jurídica, pues el derecho y la administración de justicia deben avanzar juntos con el desarrollo tecnológico. Agregando, nos permitimos en sostener, urge que el sistema de administración de justica deba incorporar avances tecnológicos con el objetivo de mejorar la tramitación procesal y la interactuación con los justiciables.

Desde otra óptica, ^{Riascos Erazo et al. (2020)} al abordar los aportes de las TIC en la productividad de las PYMES, postuló como objetivo descubrir las ventajas y barreras de las tecnologías en el sector empresarial, para cuyo fin aplicó como instrumento un cuestionario a empresarios PYME, obteniendo como resultado que más del 85% opinaron que los sistemas electrónicos son importantes para el incremento de la productividad. Por tanto, la implementación de las TIC en las entidades sería acertada, porque obtendrán mayor productividad para superar los trámites dilatorios.

Seguidamente, ^{Robles (2018)} señala que, la evolución del Estado depende de la transformación digital, pero resalta para que no se estanque su avance o desarrollo se requiera del impulso constante, y solo así no se vulnerarían los derechos de los administrados; así el autor cita como ejemplo el DNI electrónico como el acceso al legal tech peruano, precisando respecto a la normativa legal las deficiencias del SPIJ puesto que ha encontrado que las normas pese estar digitalizadas no se actualizan de forma oportuna, debido a que no existe un área de manejo y actualización del sistema informático. El autor al comparar el rendimiento de la virtualización del SPIJ con la del RENIEC afirma que, en esta última hay mayores deficiencias, por lo que se requiere un mayor mantenimiento y seguimiento para la mejora continua, pues solo así estaría bien encaminado el avance material de la transformación digital. En consecuencia, no solo basta la implementación del gobierno electrónico en la administración pública, sino también la constante actualización del sistema digital, lo que evitará críticas destructivas respecto del uso de las nuevas tecnologías.

Finalmente, ^{Guevara de la Cruz (2022)} en la investigación que encaminó se trazó como objetivo principal, la relación del gobierno electrónico con la administración de justicia, los resultados que obtuvieron tras la recolección de entrevistas fue que, el gobierno electrónico presentó una relación positiva moderada respecto de la administración de justicia. Por consiguiente, se anota la pertinencia de la implementación y mejora constante del gobierno electrónico en las instituciones del Estado, con la finalidad de brindar buen servicio de la administración de justicia, el cual involucra al Ministerio Público como ente persecutor del delito, ya que viene a ser la bisagra para iniciar con el proceso a nivel penal.

En ese sentido, la utilización de las TIC en la actuación fiscal debe expresarse en la incorporación de recursos y herramientas electrónicos que favorezcan positivamente la labor fiscal, tales como programas informáticos que acopien, procesen y trasladen información relacionadas con la función fiscal; de modo tal, con la implementación del gobierno electrónico se influirá en la actividad del Ministerio Público, obteniéndose resultandos óptimos.

Con el objeto de lograr, resultados eficaces y eficientes en la labor fiscal en tiempos de las nuevas tecnologías, mínimamente debería ser obligatorio el uso de las TIC para la notificación de documentos fiscales al usuario justiciable a través de canales como el WhatsApp o Messenger; así como también, la actuación de diligencias como la toma de declaraciones en el decurso de los actos investigatorios mediante el Google Meet o Zoom. En suma, de esta forma se mejorará la actividad fiscal relacionada con la investigación y la resolución de carpetas o expediente fiscal. Así, en la siguiente figura veremos cómo el gobierno electrónico se relaciona con las TIC y la actuación fiscal.

Elaboración: El autor.

Figura 1 Componentes del Gobierno Electrónico en la Labor Fiscal del Ministerio Público. 

Satisfacción del usuario justiciable

En este orden de ideas, ^{Aljafari (2019)} señala que, las TIC han cobrado principal relevancia en países en vías de desarrollo, y se han convertido en el engranaje principal en el rubro de la administración de justicia en países desarrollados, de lo que se advierte que, mediante el sistema informático se tiene el acceso rápido a los expedientes, se pueden evitar o controlar actos de corrupción, puesto que las actuaciones procesales son transparentes; también propone desde una perspectiva simplificadora y económica, establecer formas de rápido acceso a la información sobre los actuados del expediente, para cuyo fin realizó entrevistas a fiscales y jueces sobre proceso de prisión preventiva, recalcando para que sean resueltos estos pedidos se requiere del acceso a un expediente. Tomando en cuenta lo referido por dicho autor, se puede agregar que en los procesos judiciales se deben apostar por trámites más agiles, debiendo ser una regla obligatoria que los actuados de una carpeta o expediente fiscal se digitalicen y se suban a un soporte electrónico para que puedan tener acceso las partes o justiciables de forma pronta.

Así también, ^{Lizardo (2018)} al realizar su investigación en España sobre gobiernos electrónicos y sistemas corruptos, efectuó una comparación con los gobiernos de los Estados Latinoamericanos, examinando la relación del gobierno electrónico con la corrupción, a partir de ello explicó el desarrollo de la sociedad moderna a través del gobierno electrónico, en el cual detectó la influencia los factores de la institucionalidad, democracia y confianza política; utilizó como muestra para su investigación a países de América Latina, llegando a construir mediciones de corte internacional relacionando el gobierno electrónico con la percepción de la corrupción, y se identificaron relaciones significativas entre ambas postulaciones. De lo expuesto, se puede denotar que con la implementación del gobierno electrónico en las instituciones públicas se podrá conseguir la reducción de la corrupción, ya que ayudará con la construcción de estados transparentes y eficientes, que garanticen el bienestar de los ciudadanos, para cuyo fin se necesitan insertar políticas de gobierno electrónico en las instituciones estatales.

En esa misma línea, en su estudio ^{Ruvalcaba (2020)} postuló como objetivo principal, determinar el grado de importancia de la percepción de los ciudadanos para con los servidores públicos respecto de los distintos campos de gobierno, concluyendo que pese a la existencia de entidades y mecanismos dedicados a la fiscalización de actos de corrupción, ello no son suficientes para conseguir la reducción de la problemática referida, por lo que, enfatiza la importancia de contar con suficientes mecanismos de transparencia de información que debe emplear el Estado en las diferentes instituciones a su cargo. Esto quiere decir que, a través de la participación ciudadana se pueda combatir la corrupción en los distintos aparatos del Estado, para cuyo fin se debe recurrir como aliada al uso de las tecnologías.

Asimismo, ^{Ali y Anwar (2021)} al plantearse como objetivo de estudio, analizar los factores que influyen en la aceptación del gobierno electrónico por parte de los ciudadanos de Kurdistán en Irak; Después de evaluar a los ciudadanos kurdos, el autor ha observado que el uso de las tecnologías brinda mayores facilidades, generando así una percepción positiva hacia el gobierno electrónico. En otras palabras, se puede concluir que hay un aumento en el interés de las personas en emplearlo debido a las ventajas y simplicidad que ofrece su utilización.

Mientras tanto, ^{Gamboa y Arcentales (2019)} señalaron sobre el impacto que origina el gobierno electrónico en la aplicación de la gestión pública en el Estado ecuatoriano, explicando que para el verdadero cambio del gobierno a nivel global se deben aplicar cambios en el paradigma en la gestión gubernamental; precisaron además como objetivo, que la utilización intensiva de las TIC debe darse tanto en la gestión, administración y planificación; para cuyo objetivo se debe optimizar y reducir los procesos de soporte institucional con fines de suministrar la creación de servicios de conexión. Todo lo expuesto, permitirá la participación de usuarios, y además avizorar la transparencia de los servicios y la celeridad en la tramitación por parte de la administración pública.

En cambio, ^{Taghavifard y Hejazinia (2021)} precisaron que, los entes públicos deben proveerse del uso de las nuevas tecnologías, tales como las redes sociales, con la intención de mejorar la calidad en la prestación de servicios. No obstante, para ello previamente se deben identificar a beneficiarios y usuarios de dicha tecnología, así como a las diferentes variedades de servicios que se puedan ofrecer. Concluyeron que, el sector público debe prestar los servicios que los usuarios necesitan, siendo una buena opción las nuevas tecnologías para optimizar los recursos. Está claro, lo que se persigue con las nuevas tecnologías es que los usuarios sientan un servicio de calidad y ágil, lo cual debe ser ofrecido y prestado por el órgano administrador.

En pocas palabras, la celeridad y economía procesal, y la transparencia en la actuación fiscal van a generar satisfacción en el usuario justiciable. Así presentamos la siguiente figura, en la cual se puede visualizar como la satisfacción del usuario justiciable dependerá de la confluencia de la celeridad y economía procesal, y la transparencia; pues solo así, se podrá conseguir que la investigación o proceso penal sean actuadas y resueltos en el menor tiempo posible, y además no existirá indicadores de parcialización o corrupción en la actividad fiscal; he aquí, las razones del por qué sería célere, económico y transparente la labor fiscal en caso se implementará el gobierno electrónico.

Elaboración: Los autores.

Figura 2 Componentes de la Satisfacción del Usuario-Justiciable.