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Introducción
Los delitos contra la administración pública constituyen una problemática de relevancia en los sistemas jurídicos de América Latina, afectando la integridad y eficiencia de las instituciones gubernamentales. En el contexto peruano, estos delitos han adquirido particular importancia debido a su impacto en la confianza ciudadana y en el desarrollo socioeconómico del país (Martínez, 2023). Este artículo se propone realizar un análisis comparado de los delitos contra la administración pública en el Perú, Colombia y Chile, con el fin de identificar tanto las similitudes como las diferencias en sus tipologías penales, las problemáticas en su aplicación y las políticas públicas implementadas para combatirlos.
En primer lugar, es esencial entender las definiciones y clasificaciones que cada país otorga a estos delitos. Mientras que el Perú clasifica estos actos principalmente bajo el marco de la corrupción administrativa y el abuso de autoridad estipuladas en el Decreto Supremo 092, 2017 (Congreso de la Republica del Perú, 2017 y Gobierno del Perú, 2020), Colombia y Chile presentan estructuras normativas que, aunque similares en esencia, difieren en su enfoque y alcance (Cárcamo, 2023, Cordero, 2020 y Ruiz-Rico, 2019). Estas diferencias legislativas reflejan las particularidades culturales y socioeconómicas de cada nación, así como su compromiso en la lucha contra la corrupción.
En el Perú, estos delitos incluyen una variedad de conductas ilícitas que afectan el correcto funcionamiento de la administración pública, desde la malversación de fondos hasta el tráfico de influencias, pasando por el cohecho y el abuso de autoridad. En este contexto, resulta pertinente realizar un análisis comparado con los sistemas jurídicos de Colombia y Chile, dos países con los cuales el Perú comparte diversas características sociales, políticas y jurídicas, pero que a su vez han desarrollado respuestas particulares ante los delitos contra la administración pública. Si bien existen importantes semejanzas en los tipos penales de estos tres países, también se pueden identificar diferencias en la tipificación y el enfoque para la prevención y sanción de estos delitos.
Asimismo, la aplicación efectiva de las normas penales enfrenta desafíos comunes en diversos países, tales como la impunidad, la ineficiencia judicial y la falta de recursos adecuados para la investigación y persecución de estos delitos (Ruiz & Gómez, 2023). Estos obstáculos no solo dificultan la implementación de sanciones efectivas, sino que también perpetúan la desconfianza pública hacia las instituciones encargadas de la administración pública.
Por otro lado, se discutirá el rol de las políticas públicas en la prevención de la corrupción y la mejora de la eficiencia en la administración pública, destacando las políticas implementadas en cada uno de los países mencionados. En el Perú, se han implementado mecanismos de control interno y transparencia, aunque su efectividad ha sido cuestionada debido a la persistencia de prácticas corruptas (Zavaleta, 2023). En contraste, Colombia ha adoptado estrategias más integrales que incluyen reformas institucionales y campañas de concientización, mientras que Chile ha enfatizado la colaboración internacional y el fortalecimiento de organismos de control (Ayala-García et al., 2022; Pliscoff & Lagos, 2021 y Olásolo & Galain, 2022).
Este estudio se basa en el marco de las teorías del derecho penal y de la administración pública, particularmente aquellas relacionadas con el estudio de la corrupción, el abuso del poder y los delitos cometidos en el contexto estatal. La teoría del derecho penal retributivo, que busca sancionar las conductas ilícitas a través de penas que respondan proporcionalmente al daño causado a la sociedad, encuentra una aplicación directa en el análisis de los delitos contra la administración pública (Ferrajoli, 2000; Roxin & Greco, 1997). Este enfoque teórico es esencial para comprender el papel de la legislación penal en la lucha contra la corrupción y la manera en que los sistemas penales de diferentes países responden ante estos crímenes.
Además, el estudio de la administración pública y las políticas públicas es fundamental para contextualizar los delitos contra la administración pública dentro de una estructura estatal que, aunque legislada, enfrenta dinámicas internas complejas que permiten la persistencia de estos delitos (Rosenbloom et al., 2021). En el marco teórico de la gobernanza, se entiende que la transparencia, la rendición de cuentas y el fortalecimiento institucional son factores clave para prevenir la corrupción, lo que subraya la importancia de una adecuada aplicación de las leyes (Valencia et al., 2020). El presente artículo se inserta dentro de esta corriente teórica, al intentar identificar no solo las características normativas de los delitos contra la administración pública en Perú, Colombia y Chile, sino también las implicancias de las políticas públicas en la prevención de estos delitos y su relación con las instituciones encargadas de su fiscalización.
Los delitos contra la administración pública representan una de las principales amenazas para la confianza de la ciudadanía en el sistema político y económico de un país (Florián-Tacanga et al., 2023). La corrupción erosiona las instituciones democráticas y fomenta la desconfianza entre los ciudadanos, lo que, a su vez, afecta negativamente la participación social y el desarrollo económico (Wealt, 2015). Este artículo responde a una necesidad crítica de entender cómo los sistemas legales de tres países latinoamericanos -Perú, Colombia y Chile- enfrentan este problema de manera diferenciada y cómo las políticas públicas contribuyen, o en algunos casos, perpetúan, la impunidad y la falta de transparencia.
Cabe señalar que, la falta de efectividad en la lucha contra la corrupción genera un círculo vicioso donde la percepción de impunidad y la desconfianza en las instituciones públicas se incrementan, lo que puede llevar al debilitamiento del tejido social (Trejo, 2021). Este fenómeno no solo afecta a los ciudadanos directamente involucrados en actos de corrupción, sino también a toda la sociedad, que ve cómo los recursos públicos son malgastados y cómo se perpetúa la desigualdad y la injusticia. Por tanto, este artículo es relevante para evidenciar las falencias en la legislación y las políticas públicas, así como para sugerir mejoras que beneficien a la sociedad en su conjunto, reforzando la confianza en el Estado de derecho y en la eficacia de las políticas públicas de lucha contra la corrupción.
Además, el artículo permite a los operadores jurídicos, legisladores y responsables de políticas públicas contar con una visión más clara de los marcos normativos en cada país, las diferencias en las tipificaciones penales, las características de la impunidad y la relación con las políticas anticorrupción. La identificación de estas diferencias y semejanzas no solo aporta al conocimiento académico sobre el derecho penal comparado, sino que también tiene una aplicabilidad directa en la mejora de las leyes y las estrategias preventivas en los países analizados. Las conclusiones y recomendaciones derivadas de este estudio podrán ser útiles para ajustar las políticas públicas y proponer reformas legales que contribuyan a una mayor transparencia y rendición de cuentas en el sector público.
Por otro lado, la discusión sobre el papel de las políticas públicas y su interacción con la legislación penal resulta crucial para entender cómo los gobiernos pueden diseñar e implementar estrategias efectivas para prevenir la corrupción. A través de una revisión crítica de las medidas adoptadas en cada país, este artículo busca contribuir a la mejora de la gestión pública y fortalecer las instituciones encargadas de velar por la integridad del sector público (Acosta-Dávila et al., 2024).
El objetivo general de este estudio fue: Analizar los delitos contra la administración pública en el Perú, comparándolos con los sistemas penales de Colombia y Chile, con el fin de identificar las semejanzas y diferencias en la tipificación de estos delitos, así como las problemáticas en su aplicación, y evaluar el rol de las políticas públicas en la prevención y sanción de dichos delitos en los tres países.
Y lo objetivos específicos: OE1. Comparar los sistemas penales relacionados con los delitos contra la administración pública en el Perú, Colombia y Chile. OE2. Analizar los tipos penales más relevantes relacionados con los delitos contra la administración pública en el Perú, Colombia y Chile, identificando las principales semejanzas y diferencias en su definición y tratamiento legal en cada país. OE3. Identificar la problemática en la aplicación de los tipos penales relacionados con los delitos contra la administración pública en el Perú, Colombia y Chile. OE4. Describir la eficacia de las políticas públicas implementadas en Perú, Colombia y Chile para prevenir y sancionar los delitos contra la administración pública, identificando los desafíos comunes y proponiendo posibles mejoras en la gestión pública para fortalecer el combate contra la corrupción.
Desarrollo
Metodología
El artículo de revisión sistemática fue desarrollado bajo el enfoque cualitativo, con una metodología de análisis documental donde se utilizaron fuentes primarias como; artículos, libros y legislación de diversos, indexados bases de datos Scopus, SciELO y bases de datos de acceso abierto.
Estrategias de búsqueda
En Scopus se aplicó el siguiente criterio de búsqueda, dando un total de 15881 documentos encontrados de manera inicial donde incluían documentos en español e inglés siendo este la estrategia utilizada: (TÍTULO (corrupción) O TÍTULO (responsabilidad Y de Y funcionarios Y públicos) OR TÍTULO (comparación Y internacional Y de Y corrupción) OR TÍTULO (sistema Y legal Y anticorrupción) OR TÍTULO (responsabilidad Y de Y público Y funcionarios) O TÍTULO (comparación Y internacional Y de Y corrupción)) Y ( LIMIT-A ( AFFILCOUNTRY,"Perú" ) O LIMIT-A ( AFFILCOUNTRY,"Chile" ) O LIMIT-TO ( AFFILCOUNTRY,"Colombia" ) OR LIMIT-TO ( AFFILCOUNTRY,"Mexico" ) ) Y ( LIMIT-TO ( OA,"todos" ) ) Y ( LIMIT-TO ( SUBJAREA,"SOCI" ) ) Y ( LIMIT-TO ( DOCTYPE,"ar" ) OR LIMIT-TO ( DOCTYPE,"re" ) ) Y ( LIMIT-TO ( IDIOMA,"INGLÉS" ) O LIMIT-TO ( IDIOMA,"ESPAÑOL" ) ) ).
Se desarrolló la búsqueda en la plataforma de SciELO, se utilizaron los operadores boleanos OR y AND, se buscó documentos que contengan los términos: "Delitos contra la administración pública", "Corrupción gubernamental", "Responsabilidad penal de funcionarios públicos", "Comparación internacional de corrupción" y "Sistema legal anticorrupción” se buscó en los idiomas inglés y español, dando un total de 255 documentos.
Criterios de selección
En la base de datos de Scopus se aplicó el siguiente criterio de selección: se limitó a documentos de acceso abierto, de los últimos cinco años, que sean solo inglés y español, se delimitó que sean de los países de México, Colombia, Chile y Perú, solo de Ciencias Sociales, además que sean artículos originales y de revisión lo cual dio como resultado 141 documentos. Se encontraron 7 documentos duplicados que estaban en SciELO y Scopus, los cuales fueron considerados en Scopus, del total se eliminaron 132 documentos por no estar acorde al tema y solo se utilizaron 9 artículos para el estudio.
Se seleccionaron estudios solo en inglés y español, el estudio se centró específicamente en los países de Perú, Chile y Colombia, y para sostener ello se adicionó a México, dando un total de 25 documentos, el periodo de publicación se centró de preferencia en los últimos 10 años, además de ello se buscó de manera manual donde se utilizó los términos en mención adjuntando a ello la raíz de SciELO, ejemplo: “Corrupción en el Perú” SciELO y después clic en enter, en total se utilizaron un total de 12 artículos. Otros documentos utilizados fueron libros y jurisprudencias de los países de Chile, Perú y Colombia haciendo un total de 10 los cuales sirvieron para poder explicar el estudio.
Resultados y discusión
En cuanto al objetivo general: El derecho penal en América Latina ha experimentado un enfoque progresivo en cuanto a la lucha contra los delitos contra la administración pública, impulsando reformas que buscan combatir la corrupción y otras formas de malversación de recursos públicos. En este sentido, las legislaciones de Perú, Colombia y Chile tienen particularidades que, aunque comparten similitudes, reflejan también diferencias relevantes en sus normativas, procedimientos y sanciones. A continuación, se presentan las comparaciones y análisis de los sistemas penales de estos tres países.
En cuanto al objetivo específico 1: Respecto a los sistemas penales de Perú, Colombia y Chile en los Delitos contra la administración pública. En Perú, el Código Penal establece en su Artículo 376 que los delitos contra la administración pública incluyen desde la malversación de fondos hasta el tráfico de influencias. Este tipo de delitos se contemplan como conductas graves debido a su impacto en la confianza pública y el bienestar social. La legislación peruana ha sido reforzada con la Ley N.º 30.728 de lucha contra la corrupción, la cual introdujo penas más severas y amplió las conductas punibles relacionadas con el abuso de poder y los actos de corrupción en el ámbito estatal.
En Colombia, los delitos contra la administración pública son igualmente tratados con severidad. La Ley 1474 de 2011, conocida como la Ley de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, establece un marco normativo robusto para prevenir, investigar y sancionar los delitos cometidos por funcionarios públicos, tales como el cohecho, la malversación, el peculado, entre otros. El Código Penal Colombiano en su Art. 397 tipifica el peculado, pero también incluye otras formas de corrupción que afectan al servicio público.
Por su parte, en Chile, el Código Penal en el Título XXXI regula los delitos contra la administración pública, siendo el peculado el más frecuente, con penas que varían dependiendo de la gravedad de la conducta. Además, Chile cuenta con la Ley N.º 20.205 de 2007, que establece sanciones para el cohecho y otras formas de corrupción administrativa. Aunque el sistema penal chileno es muy punitivo, se ha enfocado también en establecer medidas preventivas, como la implementación de auditorías y el fortalecimiento de la fiscalización pública.
De las similitudes en los sistemas penales
Una de las principales similitudes entre los sistemas penales de Perú, Colombia y Chile es el enfoque punitivo y preventivo hacia los delitos de corrupción. Los tres países han adoptado políticas públicas orientadas a la lucha contra la corrupción y la impunidad, reflejadas en legislaciones cada vez más estrictas y en la creación de organismos de control e investigación como la Contraloría General de la República en Perú, la Procuraduría General de la Nación en Colombia y la Contraloría General de la República en Chile. Estos organismos tienen un papel fundamental en la supervisión de los actos administrativos y la fiscalización de los recursos públicos.
Otra similitud es la tendencia hacia sanciones más severas para los delitos de malversación de fondos y corrupción en los tres países. El peculado es uno de los delitos más comúnmente sancionados en los tres sistemas, con penas privativas de libertad que varían dependiendo de la cuantía del daño y de si se ha producido un enriquecimiento ilícito.
En cuanto a las Diferencias en los sistemas penales
A pesar de estas similitudes, existen diferencias significativas entre los sistemas de los tres países en cuanto a la regulación, investigación y sanción de los delitos contra la administración pública.
En Perú, uno de los aspectos que se resalta es el uso de la pena accesoria de inhabilitación en la administración pública, que se impone en forma adicional a la pena privativa de libertad. Además, la legislación peruana ha introducido mecanismos innovadores, como la cooperación eficaz, que permite a los implicados colaborar con la justicia a cambio de una reducción de pena. Esto ha facilitado el esclarecimiento de muchos casos de corrupción, aunque también ha sido objeto de críticas por el posible uso indebido de este mecanismo.
En Colombia, destaca el uso de tipos penales más detallados para abordar distintos aspectos de la corrupción, y se permite que las víctimas de los delitos de corrupción puedan ejercer una acción popular, lo que fortalece el papel de la sociedad en la vigilancia de los actos del Estado. El Congreso de Colombia (2000) de acuerdo a la Ley 599 en su artículo 325 B sanciona el delito de corrupción.
Sin embargo, el sistema penal colombiano también ha sido criticado por la existencia de jurisdicciones paralelas como la justicia penal militar, que puede investigar a ciertos funcionarios en lugar de los tribunales ordinarios, lo que genera dudas sobre la imparcialidad de las investigaciones.
En Chile, una característica relevante es la creación de un tribunal especializado en casos de corrupción, que tiene una mayor capacidad de concentración de esfuerzos en el juzgamiento de estos casos complejos. No obstante, a pesar de este enfoque especializado, algunos estudios han sugerido que el sistema chileno aún enfrenta retos en cuanto a la autonomía judicial, lo que puede afectar la efectividad en la lucha contra la corrupción.
En cuanto al objetivo específico 2: Los delitos contra la administración pública son un tema central en el derecho penal de los países latinoamericanos, dada la importancia de garantizar la integridad y transparencia en la gestión pública. Los ordenamientos penales de Perú, Colombia y Chile incluyen tipos penales para sancionar diversas formas de corrupción, malversación y abuso de poder. Si bien estos países comparten un enfoque común en la protección de los bienes públicos, existen variaciones sustanciales en la forma en que definen y tratan estos delitos.
De los tipos penales en delitos contra la administración pública
En Perú, el Código Penal, especialmente en su Título XV, regula una serie de tipos penales relacionados con los delitos contra la administración pública. Entre los más relevantes se encuentran el peculado, la malversación, el cohecho y el tráfico de influencias.
Peculado
El Artículo 387 del Código Penal peruano establece que el peculado se comete cuando un funcionario público sustrae, administra mal o utiliza indebidamente fondos o bienes públicos. Este delito se considera uno de los más graves, dado su impacto directo en los recursos del Estado. La pena de prisión varía según la cuantía del daño, pero puede llegar a ser severa, incluyendo la inhabilitación para ejercer cargos públicos (Código Penal Peruano, 1991, Art. 387).
Cohecho
En el Artículo 394, se tipifica el cohecho como el acto de sobornar a un funcionario público para influir en una decisión administrativa. La pena puede llegar a ser de prisión, y la ley establece agravantes si el soborno se realiza en el contexto de grandes contratos públicos o decisiones que afecten de manera significativa el bienestar social.
Tráfico de influencias
El Artículo 400 sanciona a aquellos que usan su posición o influencias para obtener un beneficio indebido o favores. La pena en estos casos varía, pero generalmente incluye privación de libertad y multa.
De los tipos penales en delitos contra la administración pública
En Colombia, el Código Penal establece delitos similares con definiciones y tratamientos que, aunque son parecidos a los peruanos, tienen particularidades relacionadas con su marco normativo y la lucha contra la corrupción. Los delitos más comunes son el peculado, el cohecho y el prevaricato.
Peculado
Al igual que en Perú, el peculado en Colombia se refiere a la apropiación indebida de fondos o bienes públicos. Sin embargo, en Colombia, el Art. 397 del Código Penal introduce el concepto de peculado por apropiación y peculado por uso, lo que amplía el alcance de la sanción a aquellos funcionarios que no necesariamente sustraen los bienes, pero los destinan a usos privados (Código Penal Colombiano, 2000, Art. 397).
Cohecho
El cohecho se regula en el Artículo 405 del Código Penal colombiano, y su definición es muy similar a la peruana, incluyendo sobornos o pagos para influir en las decisiones administrativas. Sin embargo, en Colombia, se distingue entre el cohecho activo (cuando el particular soborna al funcionario) y el cohecho pasivo (cuando el funcionario solicita el soborno).
Prevaricato
El prevaricato (Art. 414) en Colombia es un delito exclusivo para los funcionarios públicos, que se da cuando el servidor emite decisiones arbitrarias en su ejercicio del poder, afectando la legalidad y la confianza pública.
De los tipos penales en delitos contra la administración pública
En Chile, el Código Penal también sanciona una variedad de delitos relacionados con la administración pública, aunque con algunas distinciones respecto a Perú y Colombia.
Peculado
El Artículo 233 del Código Penal chileno establece el peculado como el acto de sustraer bienes o recursos públicos para beneficio propio. Este delito se considera uno de los más graves, y las penas son similares a las de Perú, con la posibilidad de penas de prisión y una inhabilitación para ocupar cargos públicos.
Cohecho
El cohecho en Chile es abordado en el Art. 250 del Código Penal, y se diferencia ligeramente de los sistemas de Perú y Colombia. En Chile, el cohecho no solo incluye el soborno a funcionarios, sino también a aquellos privados que influyen en el actuar de los funcionarios públicos. La pena es severa, y se consideran agravantes si el cohecho está relacionado con grandes proyectos o contratos públicos.
Soborno transnacional
En Chile, a partir de la reforma de la Ley N.º 20.393 de 2009. se sanciona el soborno a funcionarios públicos extranjeros, lo que introduce una dimensión internacional en la lucha contra la corrupción, algo no presente en las legislaciones de Perú y Colombia.
En cuanto a las similitudes en los tipos penales: Los tres países comparten varias similitudes en sus legislaciones en cuanto a los delitos contra la administración pública. Las figuras del peculado, cohecho y tráfico de influencias están presentes en los tres códigos penales. En todos ellos, se reconoce la gravedad de los delitos cometidos por los funcionarios públicos y las penas incluyen privación de libertad, inhabilitación para ejercer cargos públicos y multas. Además, los tres países han adoptado medidas adicionales como la restitución de fondos malversados o la cooperación eficaz para fomentar la colaboración con la justicia y esclarecer los hechos delictivos.
También se identificaron las diferencias en los tipos penales, a pesar de las similitudes, existen diferencias sustanciales en la definición y tratamiento de los delitos contra la administración pública en cada país: En Perú, el cohecho incluye una cláusula que amplía la tipificación del soborno a situaciones específicas que impliquen decisiones administrativas de gran envergadura, lo que no es tan explícito en Colombia y Chile (Código Penal Peruano, 1991, Art. 394).
En Colombia, el prevaricato es un delito específico relacionado con la arbitrariedad de los funcionarios públicos en sus decisiones, mientras que en Perú y Chile no se presenta como un tipo penal autónomo (Código Penal Colombiano, 2000, Art. 414).
Chile, por su parte, tiene una perspectiva más global en su lucha contra la corrupción, al incluir el soborno transnacional a funcionarios públicos extranjeros, lo cual es una distinción única frente a Perú y Colombia (Ley N.º 20.393, 2009).
En cuanto al objetivo específico 3: Los delitos contra la administración pública son una preocupación central en los sistemas de justicia penal de América Latina. Aunque los marcos normativos de Perú, Colombia y Chile han adoptado tipos penales diseñados para sancionar la corrupción, el peculado, el cohecho y otros delitos relacionados, la aplicación efectiva de estas normativas enfrenta diversas dificultades. Estas problemáticas van desde la improcedencia en la tipificación de ciertos actos, hasta la dificultad de prueba en los procedimientos, pasando por cuestiones vinculadas a la independencia judicial y la impunidad.
Los problemas más comunes en la aplicación de los tipos penales
En los tres países, uno de los problemas fundamentales en la aplicación de los tipos penales contra la administración pública es la imprecisión normativa en algunos casos, lo que deja espacio para la interpretación judicial y, en ocasiones, la impunidad. Si bien los tipos penales como el peculado, el cohecho y el tráfico de influencias están claramente definidos en los códigos penales de Perú, Colombia y Chile, la aplicación práctica a menudo se ve obstaculizada por vaguedades y ambigüedades en su redacción.
En Perú, por ejemplo, el Artículo 387 del Código Penal sobre el peculado establece que se sancionará al funcionario que "sustraiga" fondos públicos, pero no especifica suficientemente en qué circunstancias se considera un acto de "sustracción" o "uso indebido", lo que puede generar ambigüedad en su interpretación. Esta falta de precisión provoca dificultades al momento de la tipificación y la persecución efectiva de los delitos (Código Penal Peruano, 1991, Art. 387). En Colombia, el Art. 397 sobre peculado por apropiación presenta problemas similares, pues, aunque define el acto de "apropiarse" de bienes públicos, se enfrenta a desafíos para aplicar la norma en casos donde no se sustrae físicamente el bien, pero sí se realiza un uso indebido o se altera la asignación de recursos públicos (Código Penal Colombiano, 2000, Art. 397).
Dificultades en la recolección de pruebas y el acceso a la información
Otro de los obstáculos más significativos es la dificultad de prueba en casos de corrupción o delitos contra la administración pública. Las conductas corruptas suelen ser complejas y están ocultas detrás de operaciones encubiertas o procesos administrativos difíciles de rastrear. En Chile, aunque el cohecho está claramente tipificado en el Art. 250 del Código Penal, los investigadores enfrentan problemas para obtener pruebas claras y concluyentes, especialmente cuando los actos corruptos ocurren en el ámbito privado o bajo la apariencia de legalidad (Código Penal Chileno, 2000, Art. 250). En Perú, las dificultades probatorias se acentúan en los casos que involucran tráfico de influencias, dado que, a menudo, los actos de presión o negociación se realizan fuera del marco oficial o no dejan evidencia directa (Código Penal Peruano, 1991, Art. 400).
Por otro lado, en Colombia, la implementación de la Ley 1474 de 2011 ha sido un intento de mejorar la transparencia y la recolección de pruebas en casos de corrupción. Sin embargo, la corrupción estructural dentro de diversas instituciones del Estado dificulta la efectiva recolección de información sensible y la obtención de pruebas claras que sustenten las acusaciones de delitos contra la administración pública (Ley 1474, 2011). La falta de cooperación entre los diferentes niveles de gobierno y los sectores privados a menudo entorpece el acceso a información clave.
Impunidad y debilidad en la sanción efectiva
La impunidad es otro de los problemas recurrentes en la aplicación de las normas penales en los tres países. Si bien existen tipos penales rigurosos en todos ellos, la sanción efectiva es una cuestión que sigue siendo problemática. En Perú, uno de los factores que contribuye a la impunidad es la lentitud e ineficiencia de los procesos judiciales, que genera desconfianza en la ciudadanía y afecta la eficacia de la aplicación de la ley. A pesar de que el nuevo Código Penal peruano en sus artículos 313ª y 473 A, establece penas severas para delitos como el cohecho y el peculado, las sentencias son a menudo retrasadas, lo que permite a los responsables escapar de una sanción efectiva (Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, 2025).
En Colombia, aunque la Ley 1474 de 2011 ha establecido nuevas normativas para la lucha contra la corrupción, el sistema judicial sigue siendo percibido como parcial y susceptible de presiones políticas, lo que reduce la efectividad de la justicia en casos de alto perfil. En particular, las jurisdicciones paralelas, como la justicia penal militar, pueden permitir que ciertos funcionarios se libran de ser juzgados por tribunales civiles, lo que aumenta la sensación de impunidad en la sociedad colombiana (Ley 1474, 2011).
En Chile, la independencia judicial ha sido un desafío histórico, especialmente en casos de corrupción vinculados con altos funcionarios o figuras políticas. Aunque existen tribunales especializados en delitos de corrupción, como lo señala la Ley N.º 20.393 sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas, la falta de voluntad política para sancionar a los actores de alto rango puede limitar la efectividad de la justicia. En particular, los sobornos transnacionales, aunque ahora están regulados por la ley, continúan siendo difíciles de investigar debido a la complejidad y el alcance internacional de los casos (Ministerio de Hacienda y Subsecretaria, 2009).
La lucha contra la corrupción ha sido una prioridad para los sistemas de justicia penal en América Latina, especialmente en países como Perú, Colombia y Chile, donde los delitos contra la administración pública han afectado gravemente la confianza de la ciudadanía en las instituciones. A través de diversas políticas públicas, estos países han buscado fortalecer las capacidades del Estado para prevenir y sancionar los delitos contra la administración pública (Florián-Tacanga et al., 2023). No obstante, a pesar de los esfuerzos realizados, aún persisten desafíos significativos en la implementación efectiva de estas políticas. Este análisis se centra en evaluar la eficacia de las políticas implementadas en los tres países, identificando los desafíos comunes y proponiendo mejoras para fortalecer la gestión pública.
En cuanto al objetivo específico 4: De las Políticas públicas implementadas en Perú, Colombia y Chile, en Perú, la lucha contra la corrupción ha sido un tema central en las políticas públicas, particularmente después de la crisis política y económica que afectó al país en la década de 1990. El gobierno peruano ha adoptado diversas medidas para prevenir los delitos contra la administración pública, siendo una de las más destacadas la promulgación de la Ley N.º 27.853 en 2006, que reformó el sistema de control de la administración pública y permitió la creación de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública (ANTAI).
Esta ley busca promover la transparencia en el ejercicio de funciones públicas y sancionar a los funcionarios que incurran en actos de corrupción. Además, la implementación de un sistema de denuncias anónimas y el fortalecimiento de los mecanismos judiciales son parte del marco legal contra la corrupción (Congreso de la República del Perú, 2003).
Sin embargo, el problema de la impunidad y la lentitud en los procesos judiciales sigue siendo un obstáculo importante. Las sentencias en casos de corrupción a menudo se retrasan, y el sistema judicial enfrenta acusaciones de falta de independencia y presiones políticas, lo que limita la efectividad de las políticas públicas en la lucha contra la corrupción (Simon, 2023).
En Colombia ha implementado políticas públicas para enfrentar los delitos contra la administración pública a través de varias reformas legislativas y la creación de instituciones como la “Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría General de la Nación”, que son responsables de investigar y sancionar los delitos de corrupción. La Ley 1474 de 2011, conocida como la Ley Anti-corrupción, ha sido una de las reformas más significativas. Esta ley establece medidas para garantizar la transparencia en las contrataciones públicas, fortalecer las investigaciones y sancionar los delitos de soborno y peculado (Ley 1474, 2011). Además, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha incluido mecanismos para sancionar los actos de corrupción vinculados al conflicto armado, lo que ha aumentado la capacidad del Estado para abordar la corrupción desde un enfoque de justicia transicional.
No obstante, la corrupción sigue siendo un problema estructural en Colombia. A pesar de la existencia de fuertes instituciones, persisten deficiencias en la implementación de políticas, especialmente en cuanto a la coordinación interinstitucional y la protección de los denunciantes. Además, la corrupción política sigue siendo una de las principales barreras para la eficacia de las políticas anticorrupción (Tirado & Nieto, 2024).
En Chile, el país ha sido un modelo en términos de políticas públicas para la lucha contra la corrupción, en parte debido a la creación de instituciones independientes y la implementación de reformas como la Ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas (Ley N.º 20.393, 2009). Esta ley introdujo mecanismos para sancionar a las empresas que participen en actos de corrupción, incluyendo el soborno de funcionarios públicos. Chile también ha adoptado una serie de medidas para promover la transparencia en la gestión pública, como el sistema de compras públicas transparentes y la Fiscalía Nacional Económica para investigar y sancionar prácticas corruptas en el ámbito económico.
A pesar de estos avances, uno de los principales desafíos en Chile es la resistencia cultural hacia la rendición de cuentas, tanto en el sector público como privado. Aunque las leyes son estrictas, la falta de conciencia social sobre la importancia de la transparencia y la cultura de impunidad entre ciertos sectores sociales obstaculiza la aplicación plena de las políticas públicas (Ley N.º 20.393, 2009). Además, el poder político en ocasiones interfiere en los procesos judiciales relacionados con la corrupción.
En cuanto a los desafíos comunes en la aplicación de las políticas públicas; aunque los tres países han adoptado políticas anticorrupción importantes, existen desafíos comunes que dificultan la efectividad de estas políticas en la prevención y sanción de los delitos contra la administración pública:
Impunidad y lentitud judicial
En los tres países, uno de los mayores problemas es la lentitud en la administración de justicia y la impunidad en los casos de corrupción. Las investigaciones y juicios pueden tardar años, lo que reduce la efectividad de las políticas públicas en la lucha contra la corrupción. En Perú, por ejemplo, la corrupción en los tribunales y la falta de independencia judicial son desafíos clave (Simon, 2023).
Corrupción estructural
La corrupción sistémica sigue siendo un problema en los tres países, donde no solo los funcionarios de bajo nivel están involucrados, sino también altos funcionarios y políticos. La falta de voluntad política para abordar la corrupción en todos los niveles de gobierno sigue siendo un obstáculo significativo.
Deficiencias en la protección de los denunciantes
A pesar de las leyes y mecanismos para denunciar actos de corrupción, la protección de los denunciantes sigue siendo insuficiente en los tres países. Los denunciantes a menudo enfrentan represalias y amenazas, lo que disuade la denuncia de actos corruptos (Tirado & Nieto, 2024).
A ello, plantea, una propuesta de mejora a fin de fortalecer el combate contra la corrupción es fundamental adoptar una serie de mejoras en la gestión pública y en las políticas anticorrupción, una de ellas es:
El fortalecimiento de la independencia judicial
Asegurar que los tribunales y los fiscales sean totalmente independientes y libres de presiones políticas es crucial para garantizar que los casos de corrupción se procesen de manera efectiva y sin interferencias.
Además de las reformas en la protección de los denunciantes, es necesario establecer mecanismos más sólidos de protección para los denunciantes, que garanticen su seguridad y les ofrezcan incentivos para colaborar con las autoridades. Otro punto esencial es:
El fortalecimiento de la educación cívica y la cultura de la transparencia
Promover una cultura de la transparencia en la sociedad, a través de campañas educativas, puede ayudar a reducir la tolerancia social hacia la corrupción y fortalecer la rendición de cuentas. Por último:
El uso de tecnología en la gestión pública: Implementar herramientas tecnológicas que faciliten la transparencia en la gestión pública y el seguimiento de los procesos administrativos puede ayudar a prevenir la corrupción. El gobierno electrónico y los sistemas de monitoreo en tiempo real son ejemplos de cómo la tecnología puede ser utilizada eficazmente.
Conclusiones
Se concluye los delitos más comunes entre los tres países son la corrupción, malversación de fondos, tráfico de influencias, cohecho y peculado. Ante ello, en el Perú, se sanciona con el uso de la pena accesoria de inhabilitación en la administración pública, que se impone en forma adicional a la pena privativa de libertad.
En Colombia de acuerdo a la ley 599 en su artículo 325 B sanciona el delito de corrupción. sin embargo, el sistema penal es debilitado por duplicidad de funciones jurisdiccionales como la justicia militar y los tribunales ordinarios. En Chile, existe un tribunal especializado en casos de corrupción, que tiene una mayor capacidad de concentración de esfuerzos en el juzgamiento de estos casos complejos. No obstante, tiene desafíos en cuanto a su autonomía judicial.
A pesar de las similitudes que presentan los sistemas penales de Perú, Colombia y Chile en su enfoque hacia los delitos contra la administración pública, cada país ha adoptado características propias que responden a sus contextos sociales, políticos y jurídicos. Si bien todos buscan fortalecer las sanciones y medidas de control, la efectividad de las reformas dependerá de la implementación de medidas más estrictas de fiscalización, así como del fortalecimiento de la independencia judicial en la persecución de la corrupción. En ese sentido, las diferencias en la definición y tratamiento de los tipos penales se reflejan en las distintas estrategias adoptadas en cada nación, lo que influye en la efectividad de las políticas de prevención y sanción de la corrupción.
La aplicación de los tipos penales relacionados con los delitos contra la administración pública en Perú, Colombia y Chile enfrenta varias problemáticas, como la imprecisión normativa, las dificultades en la recolección de pruebas y el nivel de impunidad persistente. Si bien los marcos legales de los tres países han mejorado en términos de transparencia y severidad, la falta de efectividad en la ejecución de la ley sigue siendo una barrera significativa para la lucha contra la corrupción. La mejora de la independencia judicial, la capacitación de los actores involucrados en la investigación y la cooperación internacional son pasos necesarios para superar estas problemáticas y garantizar una aplicación más efectiva de las leyes penales.
Las políticas públicas implementadas en Perú, Colombia y Chile han logrado avances significativos en la lucha contra los delitos contra la administración pública, sin embargo, persisten desafíos comunes que requieren una respuesta integral. La impunidad, la corrupción estructural y las deficiencias en la protección de los denunciantes siguen siendo barreras importantes que deben ser abordadas a través de reformas judiciales, políticas de transparencia más estrictas y el fortalecimiento de la cultura de la legalidad.
