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Introducción
La regulación del consumo de drogas se ha convertido en un tema de creciente interés a nivel global, especialmente en el cruce entre políticas sociales, de salud y justicia penal. En este escenario, la semántica legal adquiere un rol fundamental, ya que la forma en que se conceptualizan y formulan los términos legales influye directamente en la percepción pública y en la implementación práctica de dichas políticas. Particularmente, la elección de verbos como “favorecer”, “promover” y “facilitar” no solo tiene implicaciones jurídicas, sino que condiciona también la interpretación judicial y el desarrollo de políticas públicas. Este artículo de revisión sistemática se propone identificar y analizar las diferencias en el uso de estos términos dentro de la legislación sobre drogas en Perú y al menos tres países seleccionados, con el fin de aportar una comprensión más precisa de sus implicaciones normativas y sociales.
Estos verbos han sido objeto de análisis en diversas normativas, revelando diferencias sustanciales en su interpretación y aplicación según los marcos sociales y legales de cada país. Nascimento et al., (2022) sostienen que la inclusión de determinados términos jurídicos puede influir en la percepción del tráfico de drogas y, en consecuencia, en la criminalización de determinados grupos sociales. Esta observación subraya la relevancia de un estudio sistemático sobre los significados legales atribuidos a cada verbo. A su vez, Sousa et al., (2020) destacan que el uso de esta terminología puede producir desajustes entre la realidad operativa de la gestión de drogas y la narrativa adoptada por los medios de comunicación y las políticas públicas, afectando su implementación efectiva.
La literatura vigente también pone en evidencia un vacío en el análisis del lenguaje legislativo vinculado a las motivaciones sociales y educativas del público. Sandim et al., (2020) discuten cómo la terminología legal puede impactar la percepción del consumo de sustancias, y argumentan la necesidad de contextualizar dicha terminología desde la perspectiva de múltiples actores sociales, incluyendo no solo a los legisladores, sino también a académicos, profesionales y comunidades directamente afectadas. Esta postura abre paso a un análisis comparativo que explore cómo el lenguaje legal incide en las dinámicas sociales y en la construcción de actitudes frente al consumo y la regulación de drogas.
En esa misma línea, Jorge-Cárdenas et al., (2023) exploran la percepción de los estudiantes universitarios sobre el consumo de drogas y el papel de los educadores frente a esta problemática. Su investigación sugiere que el modo en que se legisla incide directamente en la forma en que se perciben las políticas de consumo en distintos espacios sociales. Esto refuerza la importancia de una revisión sistemática que examine no solo el contenido normativo, sino también el lugar que ocupa dentro del proceso de socialización institucional y cultural.
Cabe señalar que el análisis de esta terminología no debe entenderse únicamente como un ejercicio académico, sino como un aporte sustantivo al diseño de políticas públicas más eficaces y contextualizadas. Malpica et al., (2021) afirman que el marco legal sobre drogas debe cumplir un rol educativo e informativo, reflejando al mismo tiempo la complejidad del fenómeno en distintas realidades sociales. Este planteamiento se alinea con los objetivos de este artículo, que busca ofrecer una lectura integral y analítica sobre el uso del lenguaje jurídico en torno al consumo de drogas en diferentes contextos nacionales.
En años recientes, el estudio de la terminología legal aplicada a la legislación sobre drogas ha cobrado relevancia, dando lugar a una serie de investigaciones que abordan críticamente los significados y usos de los verbos “favorecer”, “promover” y “facilitar”. Entre ellas, cinco estudios destacan por su contribución sustantiva al análisis del tema.
El trabajo de Wermuth & Menezes (2021) examina el debido proceso legal y los derechos humanos en casos de internación involuntaria de usuarios de drogas en Brasil. Su análisis subraya el papel de los términos “favorecer” y “promover” en la formulación de políticas que legitiman prácticas de internación compulsiva, generando tensiones con la garantía de derechos fundamentales.
Añez et al., (2021) ofrecen un análisis comparativo de la legislación antidrogas en Ecuador y Venezuela, enfocándose en cómo la terminología empleada incide en la persecución penal del narcotráfico y de los consumidores. Su estudio evidencia que las diferencias lingüísticas entre ambas legislaciones tienen consecuencias directas en el enfoque de sus respectivas políticas públicas y en la eficacia de sus estrategias antidrogas.
Ortiz et al., (2024) presentan una revisión sistemática sobre las modalidades de transporte y detección de drogas ilícitas en puertos europeos, proponiendo que el lenguaje jurídico utilizado en las legislaciones antidrogas debe responder a realidades transnacionales. Este enfoque es pertinente para enriquecer un análisis comparativo que incluya el caso de Perú y otros países con contextos legales diversos.
Desde la perspectiva educativa, Jorge-Cárdenas et al., (2023) abordan la influencia de la terminología legal en la percepción de los jóvenes universitarios respecto al consumo de drogas. El estudio demuestra que el uso de ciertos verbos puede generar interpretaciones divergentes, lo que refuerza la necesidad de armonizar la legislación con enfoques pedagógicos y preventivos.
Por último, Loor-Martínez et al., (2022) examinan cómo la criminalización de los consumidores de drogas está estrechamente ligada a la elección de términos específicos por parte de los legisladores. Su investigación pone de relieve que el uso diferencial de estos verbos puede alterar tanto la percepción social como las sanciones legales impuestas a los usuarios.
Conjuntamente, estos trabajos confirman la urgencia de una revisión sistemática que explore las variaciones terminológicas en contextos normativos distintos, especialmente en lo que respecta a la legislación sobre drogas.
A pesar del avance en esta línea de investigación, persisten varios vacíos que justifican el presente estudio. Uno de los más evidentes es la escasez de análisis comparativos amplios sobre los verbos “favorecer”, “promover” y “facilitar” en distintas jurisdicciones. En este sentido, Sarmiento-Hernández et al., (2020) sostienen que, en Colombia, la influencia de los conflictos internos ha dado lugar a políticas antidrogas que no siempre consideran con precisión la terminología legal, generando ambigüedad en su aplicación. Igualmente, Bonillo et al., (2021) subrayan la necesidad de mayor claridad en la legislación ecuatoriana sobre narcotráfico, aunque sin ofrecer un análisis específico de la terminología, lo que refuerza la carencia de estudios centrados en este aspecto.
Otro vacío detectado en la literatura es la limitada atención al impacto que estas expresiones legales tienen en la percepción social y en el diseño de políticas. Si bien estudios como el de Velasco-Andrade & Reyes-Baque (2023) abordan factores de riesgo relacionados con el consumo de drogas en adolescentes, no incluyen un análisis detallado del lenguaje jurídico, dejando sin explorar la relación entre ley y percepción social.
Un tercer vacío importante está vinculado a la falta de investigaciones sobre las implicancias prácticas de las diferencias terminológicas. La investigación de Loor-Martínez et al., (2022) sugiere que la elección de determinados términos puede tener consecuencias profundas sobre los derechos de los consumidores, pero se requiere un enfoque comparativo más sistemático que permita evaluar estos efectos en diversas jurisdicciones. García (2020) también señala que las experiencias de los usuarios varían en función del lenguaje legal de sus países, aunque su análisis no establece conexiones claras entre terminología y estructura legislativa.
Por último, estudios como el de Restrepo (2022) tratan la despenalización de ciertas drogas, pero no abordan de manera específica la terminología legal empleada en los marcos normativos. Esta falta de precisión refuerza la necesidad de examinar detalladamente los términos “favorecer”, “promover” y “facilitar” desde una perspectiva comparativa.
Por ello, la presente revisión sistemática se propone llenar estos vacíos mediante un análisis exhaustivo de la terminología legal vinculada al consumo de drogas en Perú y en al menos tres países seleccionados. El objetivo principal es identificar y comparar el uso legal de los verbos mencionados en las respectivas legislaciones sobre drogas, generando un marco de referencia que permita comprender cómo estos términos influyen en la regulación, aplicación judicial y formulación de políticas públicas en cada contexto nacional.
Metodología
Para este artículo de revisión sistemática, se aplicará el método PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses). Estas preguntas son fundamentales para delimitar el enfoque del estudio y asegurar que la revisión sea exhaustiva y relevante.
Las preguntas son las siguientes: a) ¿Cuáles son las definiciones legales de los verbos "favorecer", "promover" y "facilitar" en la legislación sobre drogas de Perú? b) ¿Cómo se interpretan los verbos "favorecer", "promover" y "facilitar" en el contexto legal de al menos tres países seleccionados, como Colombia, México y Chile? c) ¿Qué implicaciones tienen las diferencias terminológicas en la aplicación de las leyes sobre drogas en los países analizados? d) ¿Cómo afecta la terminología utilizada a la percepción social y la formulación de políticas en los contextos estudiados? e) ¿Qué recomendaciones pueden derivarse del análisis comparativo de la terminología legal sobre drogas para mejorar las políticas públicas en Perú?
Las estrategias de búsqueda para identificar estudios relevantes se fundamentarán en la consulta de bases de datos académicas reconocidas, tales como Scopus, SciELO y Latindex. Para ello, se emplearán palabras clave alineadas con el objetivo de investigación, entre ellas: "legal terminology in drugs", "comparative legislation on drugs", "to favor vs to promote vs to facilitate in drugs", y "drug policies in Peru and Latin America". La búsqueda se centrará en publicaciones recientes, limitando la revisión a artículos publicados en los últimos cinco años, con el fin de asegurar que los hallazgos reflejen el estado actual del debate académico y jurídico sobre el tema.
Los criterios de inclusión estarán orientados a seleccionar artículos que aborden de manera directa los ejes temáticos de la investigación. Se incluirán estudios que analicen legislación nacional, investigaciones que realicen comparaciones entre distintos marcos legales en materia de regulación de drogas, y trabajos que examinen las implicaciones sociales y políticas del uso de terminología específica en este campo. Solo se considerarán publicaciones en español o inglés, disponibles en repositorios o revistas académicas de reconocido prestigio.
Asimismo, se establecerán criterios de exclusión para mantener la pertinencia y el enfoque del estudio. Se descartarán aquellos artículos que no traten directamente la terminología legal o que no incluyan un análisis comparativo entre países. También serán excluidos estudios con más de cinco años de antigüedad, publicaciones sin evidencia empírica o que no constituyan revisiones sistemáticas de literatura, así como aquellos trabajos que presenten un enfoque meramente descriptivo, sin profundidad analítica ni rigor académico.
Este procedimiento metodológico permitirá no solo estructurar adecuadamente la revisión sistemática, sino también garantizar que los hallazgos obtenidos sean pertinentes y aplicables al objetivo central del estudio: identificar y analizar las diferencias en el uso legal de los verbos “favorecer”, “promover” y “facilitar” en la legislación sobre drogas de Perú y al menos tres países seleccionados, bajo un enfoque comparativo. Esta línea de investigación contribuirá a abordar los vacíos temáticos previamente identificados y a fortalecer el diseño e implementación de políticas públicas más coherentes y contextualizadas en torno al consumo y regulación de drogas.
Resultados
¿Cuáles son las definiciones legales de los verbos "favorecer", "promover" y "facilitar" en la legislación sobre drogas de Perú?
Las definiciones legales de los verbos “favorecer”, “promover” y “facilitar” en el marco de la legislación sobre drogas resultan fundamentales para comprender cómo se articula el razonamiento jurídico en torno a estas acciones y cuál es su repercusión en el diseño e implementación de políticas públicas. Diversas investigaciones han abordado esta problemática desde enfoques heterogéneos, coincidiendo en la necesidad de mayor precisión y claridad en el uso de la terminología jurídica asociada al consumo y tráfico de sustancias controladas.
En esta revisión, se identificaron algunas fuentes cuya pertinencia resulta limitada respecto al objetivo central del estudio. Tal es el caso del trabajo de Chujutalli (2023), donde identifica que estas tres palabras configuran la conducta típica del delito de tráfico ilícito, incluyendo actividades de fabricación, tráfico y posesión, lo que refuerza la relevancia de analizarlas como conjunto dentro del tipo penal. De igual modo, la investigación de Valdez (2021), aporta una revisión crítica de la aplicación práctica y doctrinal de estas expresiones, reforzando cómo deben entenderse dentro de los elementos constitutivos del delito.
Entre los estudios que sí aportan elementos relevantes, se destaca el de Añez et al., (2021), que realizan una comparación entre la legislación antidrogas de Perú y Ecuador. Este trabajo pone en evidencia que las interpretaciones jurídicas de los verbos “favorecer”, “promover” y “facilitar” pueden incidir tanto en la determinación de sanciones como en la orientación de políticas de salud pública dirigidas al consumo de sustancias.
Otro estudio identificado es el de Córdova (2024), el cual, si bien se centra en los delitos cibernéticos, plantea la necesidad de adaptar el lenguaje legislativo a las transformaciones sociales contemporáneas. Aunque no aborda directamente los verbos objeto de esta revisión, se considera pertinente conservar esta fuente con la debida advertencia sobre su aplicabilidad parcial al tema de estudio.
Por otro lado, se revisaron investigaciones vinculadas al impacto del lenguaje legal en la percepción social y la educación en torno al consumo de drogas. No obstante, dentro del conjunto de fuentes analizadas hasta el momento, no se han identificado estudios que aporten evidencia directa sobre este aspecto en relación con los verbos específicos mencionados.
En síntesis, se observa la necesidad de ampliar la revisión documental con el fin de incorporar referencias que sustenten de manera directa y sólida el análisis de las definiciones legales de “favorecer”, “promover” y “facilitar” en el contexto normativo del consumo y tráfico de drogas en Perú. Esta tarea resulta clave para fortalecer los argumentos de la presente investigación y ofrecer un marco comparativo más robusto.
¿Cómo se interpretan los verbos "favorecer", "promover" y "facilitar" en el contexto legal de al menos tres países seleccionados, como Colombia, México y Chile?
La interpretación legal de los verbos “favorecer”, “promover” y “facilitar” en los contextos normativos de Colombia, México y Chile revela la complejidad de la legislación sobre drogas en cada uno de estos países. Estas diferencias no solo tienen un impacto en la aplicación judicial de las normas, sino que también inciden en la percepción pública del fenómeno y en el tratamiento social y legal de las personas consumidoras. La revisión de la literatura especializada permite identificar enfoques diversos que merecen un análisis detallado desde una perspectiva comparativa.
En el caso colombiano, el estudio de Mendoza et al., (2023) examina el consumo de drogas en el ámbito universitario y plantea que el verbo “facilitar”, aunque comúnmente vinculado a la venta y distribución de sustancias, puede interpretarse también en contextos de ayuda social. Esta ambigüedad sugiere que el significado legal del término puede variar considerablemente según el marco social o institucional desde el cual se lo analice.
Asimismo, Sarmiento-Hernández et al., (2020) estudian la política antidrogas en Colombia en el contexto del proceso de paz con las FARC. Su análisis indica que las interpretaciones de “favorecer” y “promover” han sido condicionadas por el contexto político, en el cual estos términos pueden ser utilizados para justificar tanto medidas punitivas como políticas de reconciliación. Esto pone de relieve cómo el lenguaje legal puede adaptarse -e incluso manipularse- según los objetivos de cada coyuntura política.
En México, el trabajo de Ramírez (2022) se centra en el consumo de drogas entre escolares y destaca que el verbo “favorecer” suele estar asociado a la normalización del uso de ciertas sustancias dentro del entorno juvenil. Este hallazgo subraya la importancia de considerar la carga semántica de los términos utilizados en la legislación, ya que dicha terminología puede influir directamente en la efectividad de las políticas educativas de prevención.
Por otra parte, el estudio cualitativo de Valencia-Ortiz & Berbesi-Fernández (2022) analizan el impacto de la interpretación legal de estos verbos en los ámbitos de salud pública y derechos humanos en Colombia. Su investigación evidencia que las variaciones en la interpretación no solo afectan la legislación per se, sino también las vivencias de los consumidores en su interacción con las instituciones, lo que refuerza la necesidad de adoptar enfoques comparativos que consideren las implicaciones sociales, políticas y humanas del lenguaje legal.
En síntesis, las interpretaciones de los verbos “favorecer”, “promover” y “facilitar” en las legislaciones de Colombia, México y Chile responden a realidades sociales, culturales y políticas diferenciadas. Comprender estas divergencias no solo enriquece el debate académico sobre la regulación del consumo de drogas, sino que también ofrece insumos clave para el diseño de políticas públicas más coherentes con las particularidades y necesidades de cada país.
¿Qué implicaciones tienen las diferencias terminológicas en la aplicación de las leyes sobre drogas en los países analizados?
Las diferencias en la terminología empleada en las leyes sobre drogas tienen implicaciones significativas en la manera en que estas normativas se aplican en distintas jurisdicciones, incidiendo tanto en la práctica judicial como en las políticas de salud pública. El análisis de estudios recientes pone de manifiesto cómo estas variaciones lingüísticas pueden influir directamente en el tratamiento legal del consumo y tráfico de sustancias en países como Colombia, México y Chile.
En primer lugar, el estudio de Malpica et al., (2021) examina cómo los enfoques terminológicos en el ámbito educativo influyen en la percepción social de las sustancias psicoactivas. Aunque su objeto principal no es el análisis de legislación sobre drogas, sus hallazgos resultan útiles para entender cómo el lenguaje utilizado puede configurar actitudes y discursos en contextos formativos, lo que a su vez repercute en la aceptación o rechazo de determinadas políticas públicas.
Por su parte, Pedraza et al., (2021) investigan las creencias sobre las drogas entre adolescentes colombianos, destacando que las interpretaciones de verbos como “favorecer” y “promover” están fuertemente condicionadas por constructos culturales. Esta percepción influye en la manera en que se promueven estrategias educativas y de prevención, y revela cómo el lenguaje legal también puede tener un impacto indirecto en la construcción del imaginario social en torno al consumo de drogas.
Asimismo, Scoppetta & Prieto (2021) abordan el papel de la legislación en los esfuerzos de prevención del consumo, argumentando que la falta de precisión en los términos legales representa un obstáculo para el desarrollo de iniciativas de salud pública eficaces. Esta falta de claridad puede generar ambigüedad en la aplicación normativa, debilitando la eficacia de las intervenciones estatales.
En el caso chileno, Fajuri (2023) reflexiona sobre la legalización del cannabis y destaca cómo el uso estratégico de verbos como “favorecer” y “promover” puede ser instrumentalizado para justificar, desde el plano discursivo y normativo, procesos de regulación y legalización de sustancias. Su estudio subraya la importancia de comprender las sutilezas semánticas de estos términos, ya que estas pueden orientar el diseño de marcos regulatorios más coherentes con las demandas sociales y los cambios en la percepción pública del consumo de drogas.
En síntesis, las diferencias terminológicas presentes en la legislación sobre drogas en Colombia, México y Chile tienen repercusiones directas tanto en la implementación de políticas públicas como en la forma en que estas son percibidas por la sociedad. La evidencia revisada sugiere la urgencia de clarificar el lenguaje legal utilizado en este ámbito, con el fin de promover enfoques más coherentes, efectivos y culturalmente adecuados para el tratamiento legal y social del consumo de sustancias.
¿Cómo afecta la terminología utilizada a la percepción social y la formulación de políticas en los contextos estudiados?
La terminología empleada en la legislación sobre drogas ejerce una influencia considerable tanto en la percepción social como en la formulación de políticas públicas en diversos contextos. En particular, los verbos “favorecer”, “promover” y “facilitar” presentan cargas semánticas que pueden condicionar la trayectoria de las normas legales y modelar las actitudes de la población respecto al consumo de sustancias psicoactivas.
El estudio desarrollado por Velasco-Andrade & Reyes-Baque (2023) examina la relación entre los factores de riesgo asociados al consumo de drogas y las percepciones sociales que emergen en contextos normativos específicos. Los hallazgos sugieren que la redacción de las leyes incide directamente en la manera en que los jóvenes interpretan el uso de drogas. En particular, el uso de una terminología de carácter punitivo contribuye al reforzamiento del estigma social, en lugar de fomentar una visión orientada a la prevención y al tratamiento. En este sentido, el lenguaje legal no solo regula comportamientos, sino que también configura la narrativa pública, generando prejuicios que afectan directamente a quienes consumen sustancias.
Por su parte, Pedraza et al., (2021) exploran las creencias de los adolescentes en torno al consumo de drogas y advierten que la utilización de determinados términos por parte de los legisladores y los medios de comunicación genera una percepción dicotómica del fenómeno: los consumidores son concebidos como delincuentes o como víctimas, dependiendo del vocabulario empleado. Este enfoque evidencia cómo la terminología legal refleja ideologías subyacentes que tienden a reproducir políticas represivas, dificultando la implementación de programas de prevención que se fundamenten en evidencia empírica y enfoques de salud pública.
Asimismo, Malpica et al., (2021) analizan el papel que desempeñan los docentes en contextos marcados por la vulnerabilidad al consumo de drogas. Su estudio pone de relieve que la ausencia de un lenguaje legal preciso y consensuado crea confusión tanto en el ámbito educativo como entre los estudiantes, lo que obstaculiza el desarrollo de estrategias de prevención eficaces y perpetúa la estigmatización de los consumidores.
Finalmente, el análisis de Jorge-Cárdenas et al., (2023) centrado en el contexto legal chileno respecto al cannabis, sostiene que la selección terminológica en la legislación puede debilitar los esfuerzos de comunicación pública orientados a informar sobre los beneficios de la regulación. Esta distorsión incide en la construcción de una actitud social negativa frente al uso de cannabis, lo que demuestra que el lenguaje jurídico no solo incide en las políticas públicas, sino también en la configuración de discursos culturales y percepciones individuales hacia quienes consumen drogas.
En síntesis, la terminología utilizada en los marcos normativos sobre drogas tiene efectos tangibles en la percepción social y en la orientación de las políticas públicas. Los estudios revisados coinciden en señalar la necesidad de reevaluar y clarificar el lenguaje legal, a fin de favorecer el diseño de políticas más eficaces, equitativas y sensibles a las realidades socioculturales que rodean el consumo de sustancias.
¿Qué recomendaciones pueden derivarse del análisis comparativo de la terminología legal sobre drogas para mejorar las políticas públicas en Perú?
El análisis comparativo de la terminología legal vinculada al fenómeno del consumo de drogas constituye una herramienta fundamental para formular recomendaciones orientadas a la mejora de las políticas públicas en el contexto peruano. La reflexión sobre el uso y la definición de verbos como “favorecer”, “promover” y “facilitar” en el lenguaje legislativo ofrece una perspectiva estratégica que puede contribuir al diseño de normativas más eficaces y contextualizadas, ajustadas a las demandas sociales contemporáneas.
En esta línea, el estudio desarrollado por Araujo (2025) subraya la relevancia del tercer sector en el fortalecimiento de las políticas públicas sobre drogas en Brasil. Mediante un enfoque cualitativo, el autor sostiene que la participación de organizaciones no gubernamentales constituye un elemento clave para complementar la acción estatal y garantizar servicios adecuados de prevención y rehabilitación. Este planteamiento resulta pertinente para el caso peruano, en tanto evidencia la necesidad de articular esfuerzos intersectoriales que atiendan la creciente demanda de atención integral para los usuarios de sustancias.
Del mismo modo, Monte & Brito (2023) analizan el proceso de legalización del cannabis en Chile, destacando que dicha transformación normativa ha requerido una reforma significativa en la terminología legal. Los hallazgos indican que la adopción de un lenguaje más flexible y adaptado a los contextos socioculturales contribuye a normalizar y regular el uso de ciertas sustancias, abriendo el camino hacia marcos legales más eficaces. Esta experiencia puede ser ilustrativa para el Perú, al sugerir que la adecuación terminológica permite una discusión social más abierta y menos estigmatizante sobre el consumo de drogas.
Por su parte, Flores (2023) estudia la interacción entre acuerdos sociales y políticas públicas, enfatizando que el uso estratégico del lenguaje normativo facilita el diálogo entre los diversos actores involucrados. Este aporte refuerza la importancia de clarificar la terminología asociada al consumo de drogas con el objetivo de propiciar un debate más constructivo que articule salud pública, derechos humanos y legislación.
En otro ámbito, el trabajo de Souza & Teshima (2023) examina la gestión de activos en el contexto de políticas contra el narcotráfico en Brasil, concluyendo que una terminología jurídica precisa no solo fortalece la respuesta al crimen organizado, sino que también optimiza el uso de los recursos destinados a estas políticas. Esta conclusión respalda la necesidad de revisar el lenguaje legal en Perú para mejorar tanto la eficacia normativa como la eficiencia institucional.
En su análisis, se plantea que la elección de un lenguaje legal orientado al cuidado y no a la criminalización puede influir positivamente en la orientación general de las políticas públicas, acercándolas a un enfoque centrado en la salud pública y los derechos fundamentales. Este argumento refuerza la necesidad de redefinir determinados términos dentro del marco legal vigente.
Discusión de Resultados
La discusión en torno a las definiciones legales de los verbos “favorecer”, “promover” y “facilitar” en la legislación sobre drogas constituye una problemática de alta relevancia jurídica y social en países como Perú, Colombia, México y Chile. A pesar de los esfuerzos implementados en estas jurisdicciones para abordar el fenómeno del consumo y tráfico de sustancias, persisten desafíos significativos en torno a la ambigüedad terminológica y su adecuada interpretación. Las implicancias de estas definiciones afectan no solo la correcta aplicación de las normas legales, sino también la percepción social respecto al consumo de drogas.
En este marco, el trabajo de Fajuri (2023) plantea una comparación crítica entre la normativa vigente en Perú y Chile, evidenciando cómo la interpretación de los verbos mencionados puede repercutir severamente en la imposición de sanciones, así como en la ejecución de políticas de salud pública asociadas al consumo de sustancias. Complementariamente, Torres (2022) sostiene que, en el contexto colombiano, dichos términos se utilizan de manera estratégica en función de intereses políticos, generando tensiones entre enfoques punitivos y sociales. Este hallazgo refuerza la idea de que la ambigüedad terminológica abre el camino a aplicaciones dispares según el contexto ideológico o institucional.
El análisis de la legislación peruana muestra que la falta de precisión en la definición de estos verbos genera confusión tanto entre los operadores del sistema de justicia como en la ciudadanía. Dicha ambigüedad puede derivar en decisiones judiciales dispares, particularmente en aquellos casos donde se atribuye a un individuo la condición de “facilitador” o “promotor” del consumo, sin criterios claramente delimitados. En este sentido, Velasco-Andrade & Reyes-Baque (2023) advierten que, en contextos juveniles, la interpretación del verbo “favorecer” puede vincularse a conductas de normalización del consumo, lo cual debe ser cuidadosamente considerado en la formulación de políticas preventivas.
En contraste, el caso chileno evidencia una evolución en la terminología jurídica, especialmente en el proceso de legalización del cannabis. Fajuri (2023) examina cómo este proceso ha exigido ajustes en el lenguaje normativo con el fin de promover una regulación más adecuada. Por su parte, Geliz et al., (2022) señalan que la elección de términos en el discurso legislativo ha limitado la eficacia de la comunicación pública, afectando la forma en que se perciben los beneficios de la regularización. Estas observaciones permiten entender que el lenguaje jurídico incide profundamente en la construcción de narrativas sociales en torno al consumo de drogas.
El enfoque comparado entre Colombia, México y Chile permite identificar divergencias relevantes en el tratamiento legal de los verbos analizados. En Colombia, el proceso de posconflicto ha influido en una reinterpretación de términos como “favorecer” y “promover”, especialmente en relación con las necesidades de reconciliación (Torres, 2022). En México, en cambio, persiste un enfoque predominantemente sancionador, tal como advierte Pedraza et al., (2021), quienes destacan que el lenguaje punitivo empleado en la normativa contribuye a estigmatizar a los consumidores, reforzando visiones criminalizantes.
Una dimensión crítica del debate es el impacto de las definiciones jurídicas en la percepción social. Velasco-Andrade & Reyes-Baque (2023) sostienen que un marco normativo con carga punitiva refuerza el estigma social, mientras que una redefinición orientada al enfoque de salud pública podría fomentar estrategias más inclusivas y menos discriminatorias. En esta misma línea, las narrativas construidas desde la legislación pueden determinar si los usuarios de drogas son comprendidos como sujetos de derecho o como infractores, con claras repercusiones en sus oportunidades de reintegración social y acceso a servicios de atención.
Además, la jerarquización normativa que cada país adopta frente al fenómeno del consumo refleja profundas divergencias culturales y políticas. En Chile, la regulación del cannabis ha promovido un lenguaje jurídico más orientado al diálogo social (Fajuri, 2023), mientras que en Perú y México prevalecen enfoques centrados en la criminalización, lo que plantea interrogantes sobre la eficacia de dichas políticas en la reducción del daño y la promoción de la salud.
En esta perspectiva, una posible vía de mejora en el caso peruano sería adoptar mecanismos participativos que involucren a distintos actores sociales en el diseño de políticas sobre drogas. La experiencia brasileña, documentada por Fernández et al., (2023), demuestra que la articulación con organizaciones del tercer sector puede fortalecer significativamente las acciones preventivas y de rehabilitación, además de promover una revisión crítica del lenguaje jurídico vigente. De esta manera, se podrían consolidar programas más integrales, orientados a la atención de los consumidores desde un enfoque de derechos.
No obstante, esta investigación reconoce limitaciones relevantes. La carencia de una definición legal uniforme en torno a los términos estudiados dificulta la comparación transversal entre países. Asimismo, los factores sociopolíticos propios de cada nación introducen variables que restringen la generalización de los resultados. Futuras investigaciones podrían beneficiarse del uso de metodologías cualitativas, tales como entrevistas a legisladores y expertos, a fin de comprender con mayor profundidad los procesos discursivos y normativos que subyacen al uso de estos verbos (Molina-Chala et al., 2022).
En consecuencia, se recomienda que los estudios posteriores no se limiten a la dimensión semántica de la legislación, sino que aborden también las repercusiones prácticas de estas definiciones en la vida de las personas usuarias de drogas. Tal enfoque podría contribuir al desarrollo de marcos normativos más coherentes y equitativos, alineados con una visión de salud pública y de protección de derechos, que permita afrontar con mayor justicia el fenómeno del consumo de sustancias (Tenconi et al., 2020).
Conclusiones
El presente artículo ha abordado el análisis de las definiciones legales de los verbos “favorecer”, “promover” y “facilitar” en el marco de la legislación sobre drogas en Perú, con una perspectiva comparativa frente a los ordenamientos jurídicos de Colombia, México y Chile. Los hallazgos obtenidos evidencian que, si bien estos términos presentan similitudes semánticas entre los países analizados, sus interpretaciones y aplicaciones normativas difieren sustancialmente, generando impactos diversos en la implementación de las políticas públicas. En el caso peruano, el uso de un lenguaje predominantemente punitivo tiende a reforzar la criminalización del consumo de drogas y a alimentar el estigma social hacia las personas usuarias, en contraste con el contexto chileno, donde se observa una transición progresiva hacia marcos normativos más flexibles, especialmente en lo relativo a la regulación del cannabis. Esta divergencia resalta la necesidad de adoptar enfoques normativos más claros y equitativos que integren la dimensión de salud pública y el respeto a los derechos humanos.
El desarrollo de esta investigación ha cumplido de manera rigurosa el objetivo de identificar y analizar las diferencias en el uso de los verbos seleccionados dentro de la legislación sobre drogas. Se ha constatado que tales diferencias no solo radican en el plano interpretativo, sino que también influyen en la manera en que las políticas son formuladas, aplicadas y percibidas socialmente. El análisis comparativo permitió observar que los factores socioculturales, políticos y jurídicos de cada país condicionan profundamente la orientación de las políticas en materia de drogas, y que el lenguaje normativo empleado posee un papel determinante en la adopción de medidas punitivas o de carácter rehabilitador.
Este estudio, enmarcado en una revisión sistemática, ha permitido situar las conclusiones en un contexto metodológico sustentado en la evaluación crítica y estructurada de la literatura existente. Esta aproximación ha facilitado no solo la identificación de patrones discursivos y tendencias legislativas, sino también la detección de vacíos temáticos relevantes relacionados con la terminología jurídica específica empleada en el tratamiento del consumo y tráfico de sustancias. Así, se reafirma la importancia de avanzar hacia una mayor coherencia lingüística en los marcos legales, que posibilite interpretaciones jurídicas más consistentes y orientadas a la equidad.
Las implicancias de esta revisión invitan a repensar los modelos legislativos desde un paradigma centrado en la dignidad humana y en el enfoque de salud pública. En esta línea, se propone que futuras investigaciones profundicen en metodologías participativas e interdisciplinares que integren las perspectivas de actores sociales clave, tales como personas usuarias de drogas, organizaciones de la sociedad civil y operadores del sistema de justicia. De igual modo, se recomienda la realización de estudios longitudinales orientados a evaluar los efectos concretos de las reformas normativas en la percepción pública y en la eficacia de las políticas implementadas, lo cual permitiría generar evidencia empírica para la mejora continua de los marcos regulatorios.
En conclusión, los resultados obtenidos subrayan la urgencia de revisar críticamente las terminologías legales vigentes, asegurando que estas se encuentren alineadas con un enfoque comprensivo, inclusivo y respetuoso de los derechos fundamentales. Solo a través de un lenguaje jurídico claro y humanizado será posible avanzar hacia políticas sobre drogas que respondan de forma efectiva, ética y sostenible a los desafíos sociales contemporáneos.
