Tipos de control constitucional

El Poder Judicial y el Tribunal Constitucional

La diferenciación entre jurisprudencia constitucional y precedente constitucional vinculante

La ratio decidendi vincula, y alguna ratio decidendi pasan a ser precedentes vinculantes (^{Castañeda, 2010}). El contraste que existe entre ratio decidendi y precedentes vinculantes, fue revelada por el TC quien pregonó que con el fin de hacer previsible la justicia se determinó la técnica del precedente, vinculando también a cualquier autoridad o particular, por ello es de cumplimiento obligatorio. Mediante precedente constitucional, la Corte ejerce una potestad normativa general, extrayendo una norma de un caso concreto. Habría que distinguir entre precedente vinculante y jurisprudencia vinculante en esta situación. La diferencia no radica en lo vinculante sino en el hecho de que el precedente vinculante establece una regla general, cuya universalidad se desarrolla en el tiempo a medida que se repiten casos esencialmente idénticos.

La jurisprudencia no se equipará en la tradición del derecho civil con la fuerza y flexibilidad con que las normas pueden configurarse en derecho positivo. Sólo la repetición de sentencias da lugar a la eventual inscripción de la jurisprudencia al derecho objetivo; en este caso se habla de línea o doctrina jurisprudencial más que de precedente.

Por el contrario, en la tradición del derecho consuetudinario, el término "jurisprudencia" no se utiliza para referirse a los tribunales sino solo a los precedentes por la simple razón de que es evidente que los tribunales superiores crean leyes que tienen el mismo alcance. que el propio legislador es capaz de hacerlo. La doctrina distingue entre obiter dicta y ratio decidendi y, en consecuencia, necesita ser reconocida en cada caso por la Corte que deba aplicarla en casos posteriores.

Es como si una ley "x" aprobada por el Parlamento con amplia aplicación hubiera sido anunciada en el diario El Peruano, obligando al TC a "hacer lo mismo". Cuando una sentencia declara algo como precedente vinculante y establece que el precedente vinculante tiene efectos generales (para todos), el juez no puede alegar ignorancia de la existencia de la potestad normativa general que cobija al precedente vinculante, aunque sea teóricamente posible en el caso de una ratio decidendi que no es un precedente vinculante (jurisprudencia constitucional).

No se puede informar al juez que tiene el deber de conocer la regla porque hacerlo equivaldría a decirle que hay una regla general que no puede ignorar. Esto se debe a que si el TC formula la decisión en un caso particular. Por tanto, la prevalencia del precedente vinculante es el carácter general con que se formuló; y, además, es importante recordar y enfatizar que, aunque sean vinculantes, el juez sigue siendo el juez del caso particular. En ese caso, puede examinar y concluir razonablemente que el caso es un supuesto

Cabe señalar que el TC afirma que se trata de una norma jurídica, y que el juez sólo aplicará la consecuencia de la norma jurídica cuando se encuentre frente al supuesto de hecho. Como el juez no renuncia a ser juez del caso particular, los magistrados no pueden ser sancionados por haberse quebrantado el precedente vinculante. Afirmar lo contrario reduciría al juez a simplemente repetir lo que ha dicho la Corte Constitucional, convirtiéndolo efectivamente en una boca muerta que repite el precedente.

Como resultado, podemos considerar la posición de Taruffo sobre dos distinciones fundamentales al examinar los contrastes entre precedente y jurisprudencia (^{Grández, 2009}). El precedente es el vinculante, y la jurisprudencia se refieren a una variedad de casos en los que los hechos no se toman en cuenta. A diferencia de sistemas como la jurisprudencia colombiana, argentina o italiana, que se compone de innumerables sentencias, los sistemas que conocen el verdadero precedente vinculante lo reconocen en un número mínimo. La potencia del precedente es contrariamente ajustada a su número; si hay pocos precedentes, tienen fuerza; si hay muchos precedentes, carecen de eficacia. A pesar de la distinción que se puede hacer con la figura, en ocasiones se pasa por alto este hecho a pesar de su importancia (^{Velezmoro, 2010}).

El TC advertía anteriormente, precedente y jurisprudencia “tienen en común la característica de su efecto vinculante, en el sentido de que ninguna autoridad, funcionario o particular puede resistirse a su obligado cumplimiento” (TC, STC No. En este sentido, se argumenta que la distinción entre género (jurisprudencia) y especie (precedente vinculante) vendría dada por el hecho de que, ejerce una potestad normativa general al extraer una regla de un caso específico utilizando un precedente constitucional. Pero dado que, asimismo, no parece ser una cualidad relevante distinguir la jurisprudencia (género) del precedente en las decisiones del TC, ni tampoco parece serlo ejercer una potestad normativa general a través de sus decisiones. La jurisprudencia constitucional, como doctrina sobre las interpretaciones de los derechos fundamentales previstos en la Constitución o en la ley, obliga a todos los jueces por las causales pertinentes que hayan influido en la resolución del conflicto de derechos (TC, STC. 06167-2005-PHC/TC, 2006)

Al establecer que la distinción se traslada al ámbito funcional del precedente en este sentido, el TC podrá sustentar su pretensión. Por el contrario, en el campo de la jurisprudencia la determinación del alcance de la conexión corresponde al juez que aplicará la jurisprudencia vinculante de conformidad con lo dispuesto en el citado artículo VI del ^{Código Procesal Constitucional (2021)}; tratándose de jurisprudencia vinculante, regida por el artículo VII del Código Procesal Constitucional (2021), tal identificación queda en manos del propio Colegiado, constituyéndose así como "una institución constitucional-procesal autónoma, con características y efectos jurídicos distinguibles del precedente vinculante, con el cual mantiene una diferencia de grado”.

Además, debe recordarse que Montesquieu declaró una vez: “El juez era la boca muerta de la ley” y que las interpretaciones erróneas de sus palabras no se han detenido hasta el día de hoy. No es necesario actuar como si el juez fuera una máquina que simplemente redunda las reglas establecidas por el TC (no es un autómata), ya que eso conducirá a un resultado desastroso. Dado que el juez crea la resolución justa del caso particular, no es necesario hacer planes para quitarle al juez la capacidad de decidir casos específicos.

Esto hace que sea crucial que los jueces entiendan lo que significa seguir el precedente legal del TC. Como cuestión de derecho constitucional, esta sujeción no puede afectar en modo alguno la labor jurisdiccional de los jueces ni, como veremos más adelante, su independencia de la injerencia política en los asuntos judiciales. Para que esta conexión sea requerida y permitida por el análisis de la Constitución como todo sistémico, se le debe dar un contenido que armonice un principio como el otro.

En síntesis, lo intentado hasta ahora se ha concentrado en aportar los elementos dogmáticos ineludibles o aspectos fundamentales para comprender, en la medida de lo posible, en qué consiste la figura, por un lado, y en el contexto del precedente vinculante en el ordenamiento peruano, mediante la teoría argumentativa general del precedente, como medio fundamental de análisis del derecho en movimiento.

Aparente supremacía del tribunal constitucional

Facultad del Poder Judicial de interpretar las normas

El ordenamiento constitucional y legal vigente no autorizó al TC a emitir precedentes, por lo que de encontrar una norma inconstitucional, sólo se encuentra facultado para emitir las sentencias de simple anulación de acuerdo con el carácter de legislador negativo, pues esto lleva a excesos de los fallos del Tribunal Constitucional, la vulneración del principio de separación de poderes, la falta de fundamento constitucional para emitir sentencias interpretativas y la inseguridad jurídica que crearían los pronunciamientos de este colegiado. El TC ha sustentado la legitimidad de las sentencias interpretativas imprimiendo que la Constitución puede ser descifrada, sin transgredir la separación de poderes.

Delimitación de la justicia constitucional

La aparente supremacía de la Corte sólo se aplica en materia constitucional; no implica que la Corte se involucre en controversias que quedan fuera de su competencia, ni reemplazará el juicio de los jueces en controversias altamente técnicas que se discutan y decidan en los tribunales. judicial a una conclusión.

El trabajo del TC no está descrito en nuestra Carta Constitucional por debajo del trabajo del PJ o del MP, señala, y esto es algo que hay que tener en cuenta. Al considerar la potestad del poder judicial sobre los procesos constitucionales, el error es aún más evidente: "Así, la última palabra en materia de hábeas corpus, amparo, hábeas data y acción de cumplimiento sólo estará reservada a la Sala Constitucional" contra sentencias adversas en juicio, pero no contra las sentencias estimadas del Órgano Judicial, las cuales no serán revisadas por el TC ni por nadie en el Estado Peruano. como jurisprudencia constitucional vinculante e irrevocable.

No se puede aceptar que el TC se convierta jerárquicamente superior al Poder Judicial porque ambas instituciones mantienen constitucionalmente sus esferas interactuando. En cambio, creemos que se debe hacer una distinción entre el TC y el PJ. El TC es el "intérprete supremo de la Constitución", tal como lo establece el artículo 1 de la ^{Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC) (2004)}, pero esto no se establece en la Constitución ni en su Código Procesal.

Límites a las funciones atribuidas al Tribunal Constitucional

La idea de que la justicia constitucional tiene limitaciones se sustenta en la idea de que la exegesis constitucional tiene limitaciones, a partir de una interpretación literal de los conceptos de separación de poderes y una visión estática del derecho, inspirada en el positivismo jurídico, que sostiene que la exegesis tiene su origen y destino en la norma jurídica.

Por la singularidad, protectora, los procesos constitucionales permiten interpretación sui generis. Un aspecto específico que distingue a las decisiones que se toman en la sede constitucional lo revela el carácter condensado y residual de los procesos constitucionales. Por su carácter de disposiciones subsidiarias, las demás fuentes de limitación son incompatibles con el orden constitucional y no pueden ser utilizadas para limitar derechos fundamentales.

Dada la especificidad de los principios de interpretación constitucional, así como la ponderación de intereses y el principio de proporcionalidad - la interpretación en sede constitucional no utilizar herramientas interpretativas de diferente naturaleza, diferente en contenido, con respecto a los criterios normativos.

El ejercicio del control difuso, que se perfila como potestad-obligación en el artículo 138 de la Constitución, es como se expresan los derechos constitucionales de los jueces en el Poder Judicial. Todos los jueces constitucionales pueden utilizar el control difuso como herramienta de su competencia general. Limitar esta potestad va en contra del principio de progresividad que sustenta los derechos humanos.

En Perú el atribuirle funciones legislativas y jurisdiccionales atenta el principio de exclusividad del PJ, implica interferir con la independencia de los jueces y con el ejercicio del Control Difuso que ejercen los jueces sin distinción haciendo uso de su discrecionalidad, el Tribunal Constitucional Peruano debe ser autónomo, es decir actuar como legislador negativo, en todo caso una función que si iría conforme seria de que el Tribunal Constitucional realice un control previo a la publicación de una ley, es decir emita una opinión respecto a su constitucionalidad, que no es vinculante pero puede ser causal de una revisión antes de su promulgación.

La cultura es un fenómeno humano, podemos distinguir tres dominios de observación de una cultura: el dominio biológico (aquello que ocurre en los cuerpos y en las personas que la componen), el histórico (la cultura es parte de una construcción y un proceso histórico) y el del lenguaje (distinciones disponibles en la cultura y la articulación de ellas para formar interpretaciones).

Los obstáculos culturales, o los cambios culturales son muy difíciles de efectuar; se necesitan prácticas diarias y actitudes concretas. La cultura jurídica predominante es débil de un lado y legalista del otro (^{Pásara, 2019}).

El cambio cultural en jueces tiene que ver con la concepción de la función que ejercen los mismos (además de sus auxiliares) y también con la aplicación de la ley de manera textual, sin ser capaces de mirar atrás de ellas.

Los funcionarios judiciales deben ver la ley como un sistema donde los principios, los textos normativos y la interpretación deben combinarse para producir una conclusión que la sociedad considere justa.

La Academia de la Magistratura es el organismo encargado de la formación de jueces y fiscales. Su tarea es dotar al sistema de administración de justicia de los recursos humanos necesarios para llevar a cabo su administración de acuerdo con las demandas y necesidades que plantea la ciudadanía.

La aparente supremacía del TC en la legislación comparada

Salvo en los supuestos en que sea susceptible de revisión por algún procedimiento o procedimiento por el propio tribunal, la sentencia del Tribunal o Tribunal Constitucional en países con competencia constitucional concentrada de normas jurídicas infraconstitucionales adquiere el carácter de res. formal y material o sustancial. juzgada. Tribunal Constitucional, o un tribunal supranacional o transnacional cuyas sentencias hayan sido reconocidas con efectos jurídicos vinculantes y el Estado tenga la obligación de ejecutar la sentencia, lo que puede implicar la anulación o eventualmente la revisión de la sentencia de su TC.

Debido a que existen recursos que permiten impugnar la decisión de un tribunal ante otros tribunales o tribunales superiores, es normal que el poder judicial en diferentes países opere en diferentes niveles y en diferentes situaciones. Así, salvo en los casos en que existan instancias supranacionales en la materia, tales como la Corte Penal Internacional o Tribunales de Derechos Humanos a los que el Estado respectivo haya reconocido sus sentencias como vinculantes, sólo la sentencia del tribunal o tribunal superior del ordenamiento jurídico respectivo tendrá valor de cosa juzgada formal. Huelga decir que, si la decisión de un tribunal inferior no se apela dentro del plazo asignado ante una instancia superior, puede tener el carácter de cosa juzgada formal. Por no ser apelable ante otro tribunal nacional, la decisión del TC en un caso de jurisdicción constitucional concentrada siempre resulta en cosa juzgada formal en términos de control reparador abstracto o concreto.

El concepto de cosa juzgada material se refiere a la inmutabilidad de la sentencia ad extra, o la imposibilidad de reabrir la discusión del contenido de la sentencia a través de un proceso o procedimiento diferente, como decidir si un determinado enunciado legal es constitucional. Esta cosa juzgada material se produce cuando la decisión del juez constitucional resuelve el fondo de la cuestión suscitada por el contenido normativo de un precepto, imposibilitando la reconsideración de la cuestión una vez ya definida y dando lugar a la intangibilidad de la decisión. Se podría argumentar que en la sentencia constitucional, la cosa juzgada formal se aplica a las declaraciones jurídicas, mientras que la cosa juzgada material se aplica a las normas que resultan de las declaraciones jurídicas.

La cosa juzgada material no siempre se aplica en el ámbito de la jurisdicción constitucional. La constitucionalidad del mismo enunciado normativo puede ser impugnada nuevamente por otro órgano o persona que lo legitime activamente después de que el TC haya emitido un primer pronunciamiento a solicitud de un órgano estatal que determine la constitucionalidad del enunciado legal impugnado. En esta segunda instancia, el TC puede declarar inconstitucional el enunciado normativo y derogarlo de la ley. Debido al enervamiento de la segunda sentencia ya los estándares alterados de la misma Corte, no fue posible argumentar que la primera decisión tuvo efectos constitucionales sustantivos de cosa juzgada. Por ejemplo, en Costa Rica, donde rige la Ley de Jurisdicción Constitucional, las sentencias de la Sala Constitucional de la Corte Suprema son vinculantes para todos los tribunales de la República, con excepción de la propia Sala Constitucional.

Por otro lado, en las jurisdicciones constitucionales, un tribunal constitucional o una decisión de un tribunal constitucional puede determinar la constitucionalidad de una pretensión legal afirmada en un cobertor abstracto de revisión de constitucionalidad, que está separado de la problemática de inconstitucionalidad y sujeto a reanálisis durante la revisión de constitucionalidad. Específicamente, los requisitos del TC no son apropiados para actos jurídicos que se juzgan inconstitucionales cuando se aplican a un órgano administrativo judicial específico, ya que es probable que tengan efectos inconstitucionales.

Si el TC establece que la norma bajo análisis es constitucional, se investigarán todos los aspectos afectados por la pretensión normativa y se identificarán otras posibles causas de incumplimiento, aumentar por solicitante. Por otra parte, la cosa juzgada de la citada sentencia no es absoluta, sino cosa juzgada relativa. La existencia de cosa juzgada relativa existe cuando el TC, al realizar su análisis, no considera posibles hipótesis sobre la inconstitucionalidad de una declaración normativa que pueda ser publicada.

En primer lugar, si el TC indicó en su decisión que su análisis consideró solo aquellos aspectos que los demandantes impugnaron, entonces la cosa juzgada se relacionaría solo con ese aspecto del análisis, planteando más demandas de inconstitucionalidad. Esta decisión se presentó sobre la base de una serie de cuestiones que no se consideraron en la decisión original.

Otra forma viable de examinar el contexto de la cosa juzgada relativa es si el TC no especifica en su decisión que solo considera pretensiones normativas desde un cierto ángulo. La razón es porque parece que "lo hice desde todos los ángulos". En este caso, el poder de cosa juzgada se convierte en absoluto. A menos que existan motivos razonables para creer que la base de la Sentencia de Transacción resolvió nuevas cuestiones legales planteadas en el nuevo tribunal. Dada la última suposición, puede argumentarse con razón que la primera sentencia tiene un efecto judicial relativo.

Además de la diferencia entre cosa juzgada absoluta y relativa, es importante destacar la evidente situación de cosa juzgada. Se presenta cuando la Corte Constitucional no logra establecer un fundamento lógico y jurídico para una sentencia dictada por escrito al declarar la sentencia inconstitucional o inconstitucional. Todas las demás leyes son constitucionales. En tales casos, sólo hay cosa juzgada explícita, ya que no se ha probado formalmente la constitucionalidad o inconstitucionalidad de un lenguaje normativo específico contrario a la Carta Básica. Cabe señalar que las decisiones de los órganos que ejercen jurisdicción deben basarse en fuentes legales válidas y consistentes. No hay condena ni cosa juzgada si no hay respaldo legal para la sentencia. Porque es una acusación explícita o arbitraria, una acusación real, no una acusación real. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (1969) [CIDH] ha confirmado una serie de decisiones alarmantes y sustantivas de tribunales superiores en procesos judiciales, y ha revocado sus sentencias por violaciones de derechos humanos y juicios relativistas y derechos conocidos.

Esto conllevo a muchas constituciones a reconocer esto claramente en sus estatutos básicos. La Constitución del 1993 observa este contexto en el art.205 y dispone: “Después de agotada la jurisdicción nacional, quien crea que se está vulnerando a sí mismo respecto de sus derechos constitucionalmente reconocidos, será vulnerado, se puede confiar en los organismos internacionales”.

El artículo 115 del Código Procesal Constitucional del Perú (2021) establece al respecto: “La Resolución Jurisdiccional” presentada por el Estado del Perú no requiere expresamente, con respecto a su validez y eficacia, ni a su aprobación y reforma, que, como en la revisión previa de dicha Resolución, el Departamento de Estado notifique al Fiscal General, quien en lo sucesivo remitirá la resolución a un tribunal cuya jurisdicción nacional haya cesado para ordenar su ejecución por la jurisdicción de un magistrado, en los términos previstos por el tribunal supranacional.

Seguidamente, la Constitución venezolana de 1999 establece en su artículo 31 que: “Toda persona tiene derecho a que sus peticiones o quejas sean dirigidas a los organismos internacionales, constituidos, de conformidad con las disposiciones establecidas en los tratados, pactos y convenciones sobre derechos humanos ratificados por la República”. A estos efectos, abogar por la protección de sus derechos humanos. Los Estados, de conformidad con los procedimientos establecidos por esta Constitución y por la ley, tomarán las medidas necesarias para dar cumplimiento a las decisiones de los organismos internacionales previstas en este artículo. Esta aparente superioridad también se refleja en los diferentes tipos de sentencias emitidas por el TC peruano.

Este es un estándar compartido por las Cortes Constitucionales de Alemania, España, Colombia y Perú, y la Corte Suprema de los Estados Unidos. La sustracción de una norma del orden jurídico constituye, a través del principio de reserva, un ultimátum proporcional alternativo a la no enunciación de la ley, la existencia de otras posibilidades de conducta inconstitucional. En otras palabras, el juez constitucional debe utilizar todos los medios a su alcance para evitar las medidas más severas, en este caso la expulsión de la norma de la vía judicial al declararla inconstitucional.

A Italia se le ocurrió la idea de imponer sanciones adicionales a través de su Tribunal Constitucional después de que los parlamentarios no lograron introducir los cambios legales necesarios. La asesoría al legislador puede entenderse en el sentido de que el deber debe ser asumido por el juez constitucional si el legislador ha incumplido la función de buena regulación del sistema judicial.

América Latina, a través del Consejo Constitucional de Costa Rica y la Corte Constitucional de Colombia, ha desarrollado penas adicionales por omisión de juicios de inconstitucionalidad. Considere los aspectos relevantes. La influencia constitucional surge muchas veces de violaciones de derechos fundamentales, actos de mandato, pero rara vez de omisión. ¿Qué requiere un juicio por omisión inconstitucional?: Acto de rebeldía de un legislador que omite una obligación legislativa sobre un tema en particular. En el juicio por omisión, el intérprete de constitucionalidad alega violaciones que deben ser corregidas.

El derecho de TC a la condena está ampliamente respaldado en estudios constitucionales comparados. Así que no es un intento aislado de interpretación. Los tribunales constitucionales autonómicos como Alemania, España, Italia e incluso Colombia tienen diversas visiones interpretativas sobre el hecho de que, en la resolución de los conflictos constitucionales, los intérpretes constitucionales de los citados sistemas disponen de: sanciones manipulativas y punitivas. Es costumbre argumentar que la simple derogación, la pena de simplemente desterrar una ley del ordenamiento jurídico, es totalmente inadecuada para fallar en disputas constitucionales, especialmente en juicios de inconstitucionalidad.

Doctrina nacional sobre la aparente supremacía del TC

El Dr. Jorge ^{Astete Virhuez (2013)} (profesor de la UMSM y UNPRG) ha señalado en una de sus publicaciones que el Tribunal Constitucional es un “parche” para un sistema de justicia deficiente, pero si el Poder Judicial cumpliera cabalmente esta función, ya no sería necesaria la existencia del Tribunal Constitucional (al que equipara como una segunda Corte Suprema). La independencia del Poder Judicial debe darse desde el origen pues los Magistrados deben ser elegidos de manera vitalicia para que cumplan sin temores su función, y señala otras teorías más que se verán a lo largo del desarrollo del presente proyecto. Esta reflexión nos conlleva a concluir que el Tribunal Constitucional no está sobre el poder Judicial, solo fue creado para complementar un Sistema que no cumplía con sus fines, pero al pasar del tiempo es necesario que se unifique la función judicial en el Poder Judicial, es decir que el Tribunal solo sea un legislador negativo.

El Dr. Edwin ^{Figueroa Gutarra (2013)} (Magistrado de la Sala de Derecho Constitucional de Chiclayo), refiere en sus artículos y a través de una entrevista realizada hacia su persona que, si existe supremacía y que el Tribunal puede tanto legislar, como interpretar con carácter vinculante, además de inmiscuirse en cualquier área del Derecho donde se dilucide una cuestión que afecte a un derecho fundamental.

A mi opinión, el deber de administrar justicia ha sido otorgado por el Pueblo al Poder Judicial, y es este quien cuenta con legitimidad de origen para realizar esta función, el Tribunal Constitucional debe limitarse a su función de legislador negativo.

La exclusividad de la función jurisdiccional ha recaído siempre el Poder Judicial, pero desde la creación del Tribunal Constitucional, este a través de su propia ley orgánica se ha consagrado como el sumo interprete de la constitución, posteriormente también se atribuyó la facultad de legislar a través de los Precedentes Vinculantes, configurándose así un Tribunal Constitucional Peruano Omnipotente, menoscabando la exclusividad de la función jurisdiccional.

El autor Francisco Eguiguren Praeli, señala que la existencia de un sistema de jurisdicción constitucional en el Perú, es un suceso relativamente reciente, pues su aparición (con ribetes definidos), recién se produjo en 1979, cuando la Constitución Peruana de aquel año la incluye con la creación del “Tribunal de garantías constitucionales”, la existencia de este tribunal permite la dualidad entre el sistema concentrado y el sistema difuso del Control de la Constitucionalidad. Después de este mestizaje entre los sistemas, se definió al Tribunal de Garantías Constitucionales como “Órgano de Control de la Constitución” sin atribuirle expresamente la calidad de supremo interprete de la misma, en aquella época el Tribunal de Garantías constitucionales estaba compuesto por nueve magistrados (^{Eguiguren, 2002}).

Según la teoría de la separación de poderes de Montesquieu, un Estado debe tener un poder legislativo (encargado de expedir las leyes que regirán el ordenamiento jurídico), un poder ejecutivo (representado por el presidente) y el Poder Judicial, encargado de administrar justicia; este último tiene la exclusividad de la función jurisdiccional, consagrada en el Articulo 139 inc. 1 de nuestra carta magna vigente (también en la ^{Ley Orgánica del Poder Judicial, 2022}).

Con la Constitución de 1993, se incrementan las garantías pues se plasman las acciones de Hábeas Data y de Cumplimiento (antes solo existían el Hábeas Corpus, Amparo, Acción Popular y de inconstitucionalidad), y ahora este Tribunal Constitucional (así denominado desde la Constitución de 1993), contaba con sólo siete magistrados, escogidos por el Congreso con el voto conforme de dos tercios de su número legal, es necesario señalar que el actual Tribunal Constitucional Peruano es el Supremo interprete de la Constitución, pues en la Primera Disposición Final de su Ley Orgánica se señala que:

Los jueces y Tribunales interpretan y aplican las leyes y toda norma con rango de ley y los reglamentos respectivos según los preceptos y principios constitucionales, conforme a la interpretación de los mismos que resulte de las resoluciones dictadas por el Tribunal Constitucional en todo tipo de procesos (s/n).

El problema radica en que en virtud a esta atribución el TC dejo de ser un legislador negativo (es decir solo para expulsar las normas que van contra la Supremacía de la Constitución), si no que ahora se ha irrogado la función de legislar mediante Precedentes Vinculantes, tornándose así en una “instancia revisora de lo expedido por el Poder Judicial”, el mismo que según la Constitución tiene la exclusividad de la función del PJ.

A partir del año 2009 con el Precedente Vinculante 5961-2009 AA, se ha establecido en el tercer párrafo de su decimoquinto considerando que en el conocimiento de los procesos constitucionales de la libertad en virtud a la materia existe una relación de Jerarquía del TC frente al PJ, puesto que el primero es la instancia final de fallo ante las resoluciones denegatorias de Poder Judicial, es instancia única, final y definitiva en el proceso de inconstitucionalidad y competencial. Añadido a esto en la Sentencia 1-2010-CC-TC se ha establecido que el Poder Judicial no puede apartarse por ningún motivo de los Precedentes Vinculantes del TC, bajo el apercibimiento de ser procesado y sancionado por la OCMA, además por ser denunciado por prevaricato.

En principio el Tribunal Constitucional solo se pronunciaba respecto la defensa de derechos humanos, un claro ejemplo es el caso del recurso de agravio constitucional, luego se fue apartando de su esencia misma, inmiscuyéndose también en temas electorales, los cuales tenían como instancia máxima al Jurado Nacional de Elecciones, si bien es cierto el criterio patrocinado por el TC, se torna en vinculante, se le permitía al Juez apartase del mismo con una resolución debidamente motivada (tomando en cuenta que el tribunal puede cambiar de precedente “overrulig”), actualmente desde la expedición del precedente vinculante 5961-2009 AA, ya no se permite apartarse de ningún precedente.

Esta situación acarrea que las facultades de interpretación de las normas sean restringidas, y se le reste las facultades que tienen los magistrados de aplicar el control difuso, ahora el TC dejaría de ser un órgano de interpretación negativo (expulsa las normas inconstitucionales del ordenamiento jurídico), para ser emisor, interprete y hasta fiscalizador del Poder Judicial, además también menoscaba la función del legislativo, es por ello necesario imponerle límites a las facultades de Tribunal Constitucional, para que a través de sus precedentes vinculantes, no se restringa la aplicación del control difuso, y permita según el caso que los jueces se aparten de sus precedentes sin el temor de ser denunciados por el delito de prevaricato.

En efecto, como se tiene señalado en el presente libro, se entiende por competencia funcional a la encomendada al Poder Judicial, en la separación de poderes, la misma que es exclusiva, y en tanto exista la necesidad de una revisión es dentro de esta misma institución que encontramos una segunda instancia. En este contexto hemos visto que existe un conflicto de competencia entre el TC y el PJ; sobre el particular en el Distrito Judicial de Lambayeque los magistrados coinciden en opinar que la competencia funcional es exclusivamente jurisdiccional.

Según nuestra Carta Magna el Poder Judicial tiene la autoridad de administrar justicia, potestad emanada de la población, y se ejerce por el Poder Judicial a través de sus órganos jerárquicos con sujeción a la Constitución y a las leyes. Además, el TUO de la LOPJ, prescribe que “No existe ni puede instituirse jurisdicción alguna independiente del Poder Judicial, con excepción de la arbitral y la militar”.

Es también necesario señalar que esta Potestad exclusiva es de Origen Constitucional y está plasmada expresamente en nuestra Constitución. El PJ al ser un poder del Estado este cumple con los requisitos básicos de Independencia y exclusividad, por lo que esta función no debe ser menoscabada por un Ente Independiente: Tribunal Constitucional, cuyo origen in es la de ser legislador negativo, es decir de expulsar normas que contravengan la Constitución; a su vez este es el Sumo Interprete pero no es la Constitución misma, por lo que no debe ejercer injerencia en las decisiones de los tribunales judiciales, además es necesario recordar que ya han existido varios pronunciamientos por parte de la Sala Plena de la Corte Suprema, como en el caso de la Sra. Elsa Canchaya, en donde el Poder Judicial se pronuncia señalando que el TC vulnera la competencia jurisdiccional del Poder Judicial,

Una sesión plenaria de la Corte Suprema sobre la sentencia de la Corte Constitucional en el caso Elsa Kanchaya mostró que la Corte ignoró a las autoridades de justicia penal. Para la Sala Penal Especial de la Corte Suprema, el plazo de la acción penal (es decir, la facultad de juzgar y sancionar a los delincuentes) no ha terminado. Los motivos 6 y 7 de la decisión de la autoridad judicial son claros y normativamente coherentes en el sentido de que si un ex Viceministro está siendo juzgado, la prescripción sólo entrará en vigor a partir del momento en que el Reichstag dicte la sentencia. Cancelar. No puede contarse la antigua inmunidad prevista en el artículo 84 del Código Penal, norma completamente ignorada por la Corte Constitucional. En casos como el del exviceministro antes mencionado, se suspende la prescripción de los delitos. Mantener una posición contraria pone de relieve una clara falta de comprensión de las instituciones judiciales y penales como privilegios de intervención que corresponden solo a jurisdicciones para el mismo grado de especialización.

También se debe enfatizar que el respeto por la Constitución y las prerrogativas de las instituciones y poderes están previstos en la Constitución. Como es bien sabido por el público, el TC ha dictado en los últimos años, de manera sistemática y en ocasiones inversa, resoluciones de infracción contra otras instituciones constitucionales independientes como el poder judicial y los poderes del Estado. El ejercicio de esta facultad por parte del TC no debe ser arbitrario. Si es arbitrario, inevitablemente conlleva la responsabilidad de ser juzgado por las autoridades constitucionales. Sin perjuicio de ello, debe esperarse del propio Tribunal Constitucional que ejerza sus competencias con respeto a la autonomía y la prudencia, de acuerdo con las necesidades de las exigencias estatales de seguridad jurídica y paz social.

Por todo lo referido anteriormente considero que la competencia funcional, la exclusividad, independencia e imparcialidad son principios básicos que deben regir la actuación de nuestro Poder Judicial, y se debe propugnar el cumplimiento de los mismos, sin aceptar injerencia alguna por parte del TC, el mismo que como señala el Dr. Jorge ^{Astete Virhuez (2013)}, nace como un parche para el Sistema Judicial, cuando este no funcionaba bien y ahora este quiere sobreponerse a un sistema plenamente establecido, el cual debe ser garantizado para no alterar el orden social, y la seguridad jurídica necesaria para las relaciones sociales.

El poder legislativo es uno de los tres poderes que sustentan el estado de derecho, y este derecho se manifiesta también a través de la Asamblea Nacional en el ejercicio de su función legislativa de dictar normas que regulan la conducta de todos los ciudadanos, incluidos los peruanos. Los menores de edad y otras personas directamente relacionadas con los habitantes del estado son responsables de adecuar las normas a la realidad social, que es un poder establecido por una legislatura integrada con la aprobación de todos los ciudadanos. Sí, y proporciona este permiso. Organizar la convivencia pacífica y armónica.