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Introducción
A nivel mundial, la criminalidad urbana se constituyó como un fenómeno multidimensional y de tratamiento multidisciplinario que la hizo cada vez más compleja, al confluir diversas amenazas como la violencia organizada, el crimen común y el crecimiento acelerado de los delitos cibernéticos, lo que erosionó la confianza en las autoridades, elevó la percepción de riesgo en entornos urbanos y rurales, y socavó las bases de la gobernabilidad (Dávila, 2025; Feles Gómez et al., 2024).
En el contexto global, la inseguridad ciudadana surgió como uno de los desafíos más urgentes que enfrentaron tanto las naciones emergentes como las desarrolladas, con un profundo impacto en las dimensiones social, económica y política de dichas sociedades (Garces et al., 2025). Asimismo, en las últimas décadas el crimen ha ocupado un lugar central en la agenda pública global (Díaz Román, Fernández-Hernández, & Yangali-Orihuela, 2025).
Según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD, 2024), la seguridad ciudadana constituye una condición indispensable para el ejercicio de derechos, la cohesión social y la gobernabilidad democrática. En este contexto, los gobiernos buscan salvaguardar la integridad de las personas mediante el diseño e implementación de Políticas Públicas (PP) orientadas a la prevención del delito, la reducción de factores de riesgo y el fortalecimiento institucional del Estado (Muggah & Aguirre, 2018; Ungar, 2020).
En el siglo XXI, el gobierno chino ha intensificado su enfoque de seguridad nacional, especialmente en respuesta a las amenazas percibidas relacionadas con el separatismo, el extremismo y el terrorismo de las regiones como Xinjiang y Tíbet (Martínez Andreu & Garriga Guitarra, 2025). En un país como Nigeria, cuyas políticas y programas gubernamentales están mal concebidos, definidos e implementados, los peligros no pueden erradicarse y, por lo tanto, no se puede proteger a las personas ni a los bienes (Nwagboso et al., 2024).
En un estudio sobre análisis de políticas de seguridad en España, se concluye que el papel de la gobernanza de la seguridad y la creación y gestión de Políticas Públicas de seguridad debe estar en permanente revisión, que la inseguridad y la convivencia representa una de las principales preocupaciones de nuestra sociedad, y que la seguridad debe ser sinónimo de servicio público (Delgado Morán, 2023).
En el contexto latinoamericano, los gobiernos han recurrido a las Políticas Públicas como instrumentos esenciales para salvaguardar la seguridad ciudadana, buscando equilibrar la prevención del delito, la protección de derechos y la cohesión social. Estas políticas han evolucionado desde enfoques represivos hacia estrategias integrales que combinan prevención, disuasión y participación social (Chinchilla & Vorndran, 2018; Muggah, 2019).
Los autores coinciden en que la efectividad de las Políticas Públicas depende tanto de la capacidad institucional del Estado como del grado de involucramiento ciudadano en los procesos de diagnóstico, implementación y evaluación. Este enfoque integral permite abordar la inseguridad no solo como un fenómeno delictivo, sino también como un problema de gobernanza, desigualdad y legitimidad institucional. No obstante, América Latina enfrenta una profunda crisis de seguridad ciudadana. La región concentra el 33 % de los homicidios del mundo con apenas el 8 % de la población global (Prosegur Research, 2025), y más del 80 % de sus habitantes perciben altos niveles de inseguridad (INEI, 2024; Latinobarómetro, 2023).
Brasil ocupa un extenso territorio de 8,5 millones de km2, donde viven actualmente poco más de 203 millones de habitantes, entre los problemas sociales más graves es inevitable reconocer el crecimiento de la delincuencia y la violencia impersonal, colectiva y, más recientemente, política (Adorno, 2024). Asimismo, en este gran país, la idea de la disuasión criminal ha imperado en las políticas de seguridad pública, lo que ha dado pie a un enfoque en el uso abierto y discrecional de la fuerza para combatir la delincuencia mediante patrullajes represivos, fuerza policial y arrestos en flagrancia (Bittencourt, 2023). Por otro lado, en México se evidencia la capacidad de adaptación del crimen organizado, donde el narcomenudeo sigue siendo un componente crucial de los mercados ilícitos (Díaz Román et al., 2025).
En ese sentido, la situación de seguridad en Bogotá y su impacto tanto en la percepción ciudadana como en el ámbito empresarial resalta la importancia de evaluar políticas y estrategias enfocadas en mejorar la convivencia y seguridad (Feles Gómez et al., 2024). Asimismo, uno de los principales retos de enfrentar la ciberdelincuencia es la naturaleza del crimen; existe desconocimiento en la rama judicial y policial del marco legal, Ley 1273 de 2009 que tipifica estos crímenes (Rincón Arteaga et al., 2022). Mientras que, en Ecuador, existe la necesidad de optimizar las políticas de prevención del delito, no solo para reducir la criminalidad, si no para restaurar la confianza pública, y fortalecer el tejido social (Zambrano-Moya, 2025).
Perú, actualmente viene atravesando una crisis de inseguridad ciudadana, donde el sicariato y la extorsión han desatado una ola de violencia nunca antes vista, violencia que va escalando desde pedir cupos a pequeños negocios, hasta empresas de transporte y grupos musicales cuyas consecuencias han repercutido en la estabilidad política del gobierno.
De acuerdo con el INEI (2025), durante el periodo Nov 2024-Abr 2025, el 26,7 % de las personas de 15 años a más que residen en zonas urbanas reportaron haber sido víctimas de algún delito; mientras que, el 85,6 % manifestó sentir que existe una alta probabilidad de ser víctima de hechos delictivos en los siguientes doce meses.
Esta situación ha generado un proceso de concientización colectiva sobre la necesidad de Políticas Públicas más efectivas, evaluables y participativas. Diversos estudios advierten que la persistencia del delito y la violencia está asociada no solo a deficiencias institucionales, sino también a la ausencia de mecanismos de evaluación, continuidad y rendición de cuentas (Cano, 2022).
Las Políticas Públicas en materia de seguridad tienen como objetivo principal garantizar la convivencia pacífica, promover la confianza en las instituciones y asegurar la aplicación equitativa de la ley (Roth Deubel, 2023). Desde un enfoque de gobernanza multinivel, estas políticas articulan estrategias intersectoriales que integran prevención social, control situacional y rehabilitación, basadas en la participación ciudadana y la corresponsabilidad entre Estado y sociedad (Sozzo, 2022).
En esta línea, la confianza pública en las instituciones policiales constituye un elemento esencial para la eficacia de dichas políticas, tal como evidencian Malone & Dammert (2020) en su estudio sobre América Latina. La adopción de un enfoque integral implica reconocer que la seguridad no se limita al accionar policial, sino que requiere intervenciones sostenibles en educación, empleo, urbanismo y justicia (ILPES/CEPAL, 2022).
Ante el fuerte impacto de la violencia delincuencial que pone en riesgo las bases de la democracia, a ello su suma la crisis que atraviesa el sistema de justicia penal que se muestra inoperante ante el clamor de la ciudadanía que demanda justicia. La inseguridad ciudadana en Perú ha demostrado ser un desafío complejo que no puede solucionarse únicamente a través de leyes, instituciones, Fuerzas Armadas o la declaración de estados de emergencia, es necesario un enfoque integral que incluya al Poder Ejecutivo, al Legislativo, al Sistema de Justicia Penal, así como a los gobiernos subnacionales, el sistema educativo y la sociedad civil organizada (Alzamora et al., 2024). Sin embargo, las políticas de seguridad implementadas y el desempeño de los entes del sistema judicial no han conseguido los resultados proyectados en materia de control delictivo en el país (Pacheco, 2024).
En respuesta, los gobiernos han implementado estrategias que incluyen programas de policía comunitaria, sistemas de inteligencia preventiva, fortalecimiento de juntas vecinales y planes nacionales de seguridad (Ministerio del Interior del Perú, 2024; BID, 2024). Sin embargo, la efectividad de estas medidas varía ampliamente según su diseño, implementación y sostenibilidad.
El propósito de este artículo es realizar una revisión sistemática de la evidencia científica publicada en las bases de datos Scopus, Web of Science y SciELO entre 2020 y 2025, centrada en las Políticas Públicas orientadas a enfrentar la crisis de inseguridad ciudadana. Mediante la aplicación del diagrama PRISMA, se busca identificar las principales estrategias gubernamentales, sus enfoques teóricos, resultados empíricos y vacíos de investigación.
El objetivo final es contribuir a la comprensión de cómo las Políticas Públicas pueden fortalecer la seguridad ciudadana desde una perspectiva integral y basada en evidencia, ofreciendo orientaciones útiles para académicos, formuladores de políticas y actores sociales comprometidos con la seguridad y la convivencia.
Método
Es un artículo de revisión sistemática de la literatura sobre Políticas Públicas (PP) orientadas a la seguridad ciudadana entre 2020-2025, con búsqueda principal en Scopus, Web of Science (WOS) y SciELO. Complementariamente, se incluyeron artículos de otras fuentes académicas como RedALyC, Dialnet y Google Scholar, siempre que cumplieran con los criterios de inclusión establecidos.
La investigación analítica partió del problema PICOH: ¿Cómo se ejecutan las Políticas Públicas (I) en la reducción de la crisis de inseguridad (O) en comunidades afectadas por este problema (P) en comparación con otras comunidades que no aplican las políticas (C) en diversos contextos (H)? Con apoyo de la estrategia Prisma se logró identificar un total de 226 documentos (Identificación); en el proceso de selección se tuvieron 80 documentos (Selección); posteriormente se eligieron 38 documentos (Elegibilidad); finalmente, se incluyeron 16 documentos (Inclusión) (Ver Figura 1).
Los criterios de inclusión fueron artículos comprendidos en el periodo 2020-2025, con texto completo, de acceso libre, solo artículos originales e incluidos en las tres bases de datos que guarden relación con las categorías de estudio y que declararon inexistencia de conflictos de interés.
Tabla 1 Planteamiento de la pregunta mediante Picoh
| P=Participantes/Población | I=Intervención | C=Comparación | O=Outcomes (Resultados) | H=Health (Contexto) |
|---|---|---|---|---|
| Artículos científicos | Políticas Públicas | Con comunidades que no aplican Políticas Públicas | Reducción de Crisis de inseguridad | Aspectos contextuales |
Fuente elaboración propia
Para la selección de los documentos (artículos científicos) respecto a las Políticas Públicas y la Crisis de inseguridad Ciudadana comunicadas a través de artículos científicos en revistas indexadas en las bases de datos Scopus, WoS y SciELO se realizó en las siguientes fases: identificación de revisión (226), selección (80 documentos); elegibilidad (22 documentos); y, selección (16) artículos de investigación, agrupándolos para el análisis.
Tabla 2 Comandos utilizados
| Base de datos | Ecuaciones de búsqueda |
|---|---|
| Scopus | (((“políticas públicas”) OR (“public policies”) OR (“government policies”) OR (“state policies”)) AND ((“seguridad ciudadana”) OR (“citizen security”) OR (“public security”) OR (“crime prevention”)) AND ((“inseguridad” OR “insecurity crisis” OR “crime crisis” OR “urban violence” OR “fear of crime”))) |
| WoS | ("public policy" OR "government policy" OR "security policy") AND ("citizen security" OR "public safety" OR "crime prevention") AND ("insecurity crisis" OR "urban violence" OR "fear of crime" OR "criminality") AND ("Latin America" OR "Peru") |
| SciELO | ((“políticas públicas” OR “public policies”) AND (“seguridad ciudadana” OR “seguridad pública” OR “prevención del delito”) AND (“crisis de inseguridad” OR “violencia urbana” OR “criminalidad”)) |
Fuente: elaboración propia
Resultados
Para responder al objetivo general de la presente investigación: sintetizar la evidencia que existe en la literatura científica respecto a las Políticas Públicas frente a la crisis de inseguridad ciudadana, se realizó la búsqueda en tres bases de datos importantes (226 en total), los cuales al pasar por los criterios de selección se quedó con un total de 16 artículos científicos originales (Ver Figura 2).
Tabla 4 Comparativo de comunidades que aplican Políticas Públicas con comunidades que no las aplican
| N.º | Aspectos de comparación | Comunidades con políticas públicas | Comunidades sin políticas públicas |
|---|---|---|---|
| 01 | Respuesta a la crisis de inseguridad | Respuesta oportuna y efectiva, y con acciones a largo plazo; uso de estrategias de sostenibilidad, innovación y gobernanza. | Respuesta sin efectividad, inoportuna, escasa articulación interinstitucional y escasos recursos. |
| 02 | Efectividad en reducción de impactos de inseguridad | Significativa reducción en los niveles de criminalidad e inseguridad ciudadana. | Persistencia de inseguridad ciudadana y deterioro de la confianza institucional. |
| 03 | Participación comunitaria | Alta participación ciudadana y políticas inclusivas. | Escasa participación y pocas acciones de concientización de seguridad. |
| 04 | Innovación en políticas | Uso de Inteligencia operativa policial, tecnología de última generación, incentivos y regulaciones modernas. | Escasa participación de inteligencia operativa y tecnología de punta, por falta de voluntad política. |
| 05 | Sostenibilidad a largo plazo | Mejor sostenibilidad de seguridad ciudadana y social; reducción de los índices de criminalidad. | Persistencia de vulnerabilidades y condiciones insostenibles. |
| 06 | Comunidades sin políticas | Alta vulnerabilidad, extrema pobreza y menor resiliencia ante la ola de criminalidad. | |
| 07 | Impacto social | Mejora el orden público, mayor participación ciudadana y concientización de seguridad. | Aumento de la inseguridad ciudadana y deterioro de la calidad de vida. |
En respuesta a la pregunta PICOH: ¿Cómo se ejecutan las Políticas Públicas (I) en la reducción de la crisis de inseguridad ciudadana (O) en comunidades afectadas por este problema (P) en comparación con otras comunidades que no aplican las políticas (C) en contextos diferentes (H)? de acuerdo a los resultados obtenidos la implementación de Políticas Públicas efectivas, integradas, modernas y participativas resulta fundamental para mitigar los efectos de la crisis de inseguridad ciudadana, promover sostenibilidad y fortalecer la resiliencia social.
La ausencia o insuficiencia de dichas políticas perpetúa problemas de seguridad, incrementa desigualdades y limita la capacidad de respuesta ante amenazas de seguridad emergentes. La comparación se establece en seis vertientes:
Eficacia de las Políticas Públicas en la respuesta a la Crisis de Seguridad Ciudadana
Las comunidades que implementan Políticas Públicas sólidas muestran una capacidad superior para contestar de manera coordinada y efectiva a los desafíos del incremento de la ola delincuencial. Estas acciones comprenden estrategias de innovación, regulaciones modernas, presupuesto adecuado e incentivos económicos que coadyuvan a la sostenibilidad y salvaguarda de la seguridad ciudadana.
Reducción del impacto de inseguridad ciudadana
La ejecución de las Políticas Públicas que favorecen las estrategias sostenibles y las acciones operativas de seguridad ciudadana, se correlaciona con una reducción significativa de la inseguridad, la percepción de inseguridad y resquebrajamiento del orden público y la seguridad de la nación. En contraste, las comunidades sin dichas políticas presentan un incremento de estos impactos, evidenciando la insuficiencia de enfoque reactivos y con escasa articulación interinstitucional con el sistema de justicia penal.
Sostenibilidad y resiliencia
Las estrategias institucionales y Políticas Públicas bien diseñadas fortalecen la sostenibilidad de seguridad y social a largo plazo, reducen la vulnerabilidad, y fomentan comunidades resilientes frente a climas de violencia delincuencial. La falta de estas acciones incrementa la debilidad y perpetúa condiciones de inseguridad ciudadana.
Innovación y mejora continua
Las Políticas Públicas efectivas y eficaces, incorporan inteligencia policial, tecnología de punta y enfoques modernos, adaptados a los retos actuales; contrariamente, las comunidades sin políticas enfrentan mayores problemas para adoptar estrategias novedosas ante la crisis de inseguridad ciudadana.
Desigualdad y vulnerabilidad
Sin Políticas Públicas efectivas, las comunidades enfrentan mayores dificultades para enfrentar el fenómeno delincuencial; las condiciones de seguridad se deterioran aún más, agravando la vulnerabilidad de los grupos más desprotegidos. En tanto, cuando se aplican políticas, los beneficios en bienestar de seguridad y social son más evidentes.
Participación y sensibilización comunitaria
La participación activa de la comunidad en el diagnóstico, formulación, implementación y evaluación de las políticas públicas, genera una mayor conciencia de seguridad y colaboración. Contrariamente, la ausencia de políticas fomenta una mínima participación ciudadana y una menor concientización respecto a la gestión de seguridad ciudadana (Ver tabla 5).
Los 16 artículos revisados analizan el papel fundamental de las Políticas Públicas en la gestión de la crisis de inseguridad ciudadana a nivel global, destacando tanto los avances como los desafíos en el diagnóstico, formulación, implementación y evaluación de dichas políticas en diferentes contextos.
Principales hallazgos de la revisión sistemática
De acuerdo a los resultados, las investigaciones resaltan que las Políticas Públicas efectivas frente a la crisis de inseguridad ciudadana, requieren una visión holística sobre la base de las competencias consolidadas, el empleo de Inteligencia policial, tecnología de punta y la participación de la ciudadanía. De hecho, mediante acciones estratégicas articuladas, sostenibles y responsables, las sociedades podrán hacer frente a la crisis de inseguridad mediante la participación activa, con lo que se puede lograr el fortalecimiento de la seguridad ciudadana y avanzar hacia modelos y enfoques de desarrollo sostenible en el contexto de sociedades con equilibrio de seguridad ciudadana.
Tabla 5 Análisis de 16 artículos científicos sometidos a estudio
| N.º | Base de datos | Título/Autor (es) | Objetivo | Conclusiones | Vacíos encontrados o deficiencias | Propuesta o recomendaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Scopus | Increasing intergovernmental coordination to fight crime: evidence from Mexico. Marco Alcocer (2025) | Analizar cómo la coordinación intergubernamental entre los distintos niveles de gobierno influye en la reducción del crimen y la violencia en México. | La mayor coordinación entre niveles de gobierno redujo la violencia en áreas con alta incidencia delictiva. Sin embargo, los resultados también evidencian un aumento temporal de la violencia durante las fases iniciales de implementación | El estudio se centra en el caso mexicano, lo que limita su generalización. No incorpora variables perceptivas sobre confianza ciudadana ni cooperación comunitaria en los resultados de la política pública. | Reforzar los mecanismos de cooperación vertical y horizontal entre agencias gubernamentales, con protocolos claros de intercambio de información. Incorporar indicadores de percepción ciudadana y legitimidad policial para evaluar la sostenibilidad de las estrategias de seguridad coordinada. |
| 2 | SciELO | Análisis de la productividad policial: un caso aplicado al Ecuador Sánchez-Calderón, Marcos; Valiño-Castro, Aurelia y Gutiérrez-Rojas, Cristián (2025). | Analizar la productividad del accionar policial en Ecuador mediante el índice de productividad total de los factores de Hicks-Moorsteen, para los cantones del país. | Hay una caída significativa en la productividad de la policía en la reducción de homicidios y robos de automóviles en Ecuador durante los años estudiados; se observan fluctuaciones entre cantones que reflejan desigualdades territoriales en eficacia policial. | Estudio limitado al ámbito cuantitativo; no se integran variables de percepción ciudadana ni se analiza la legitimidad de la policía; además, la metodología no evalúa a profundidad los factores cualitativos o institucionales que explican la variabilidad territorial. | Se recomienda incorporar evaluaciones cualitativas que acompañen los indicadores de productividad, desarrollar modelos de supervisión policial adaptados por cantón y fortalecer la rendición de cuentas territorial en la gestión de seguridad ciudadana. |
| 3 | Scopus | Little evidence that military policing reduces crime or improves human security Blair & Weintraub (2023) | Evaluar empíricamente si la presencia y las acciones de la policía/militar reducen la criminalidad y mejoran la seguridad humana. | Que los beneficios de la vigilancia militar probablemente sean pequeños y no valga la pena costos. | Limitaciones para establecer causalidad clara en todos los contextos; posibles variaciones por país y tipo de intervención; efectos sobre derechos humanos y confianza social poco explorados. | Precaución al adoptar estrategias de militarización policial; realizar evaluaciones costo-beneficio y estudios de seguimiento desagregados por contexto; priorizar intervenciones basadas en evidencia que minimicen daños a derechos humanos |
| 4 | Scopus / WOS | Community oriented policing: theory and practice (Dias Félix, 2020) | Revisar adopción y prácticas de COP en LAC. | COP mejora relaciones policía-comunidad; impacto sobre delitos variable. | Mucha evidencia cualitativa; pocos RCTs robustos. | Evaluaciones mixtas y estandarización de indicadores. |
| 5 | Scopus | Broken Windows and Community Social Control: Evidence from a Study of Street Segments Weisburd, David; V. Uding, Clair; Hinkle, Joshua; Kuen, Kiseong (2024) | Analizar si el control social comunitario informal -medido como eficacia colectiva- se ve afectado por el desorden físico y social en tramos específicos de calles urbanas. | El desorden social, más que el físico, está significativamente asociado con la disminución de la eficacia colectiva. El control del desorden físico no incrementa necesariamente el control social comunitario. | No se explora en profundidad cómo las políticas policiales o municipales pueden modificar los niveles de desorden social; limitada generalización a contextos no urbanos. | Enfatizar intervenciones que fortalezcan la cohesión y confianza vecinal más que políticas centradas únicamente en la reducción del desorden físico. Integrar acciones de policía comunitaria y programas sociales locales. |
| 6 | Scopus | Hot spots policing as part of a city-wide violent crime reduction strategy: Initial evidence from Dallas. Journal of Criminal Justice, 90, Article 102091 Smith, M. R., Tillyer, R., & Tregle, B. (2024). | Evaluar la efectividad del modelo de hot spots policing como parte de una estrategia integral de reducción de delitos violentos en la ciudad de Dallas, Estados Unidos. | Los resultados iniciales indican una reducción significativa de los delitos violentos en los sectores intervenidos, sin evidencia de desplazamiento del crimen a zonas vecinas. La aplicación focalizada y sostenida de recursos policiales mejora la eficiencia del control delictivo urbano. | El estudio mide resultados a corto plazo; faltan análisis longitudinales para evaluar sostenibilidad. No se incluyen indicadores sociales como percepción ciudadana o confianza en la policía. | Integrar la estrategia de hot spots policing con programas de prevención social y participación comunitaria. Realizar evaluaciones periódicas que incorporen variables de percepción y cohesión social para afianzar la legitimidad policial. |
| 7 | WOS/Scopus | Policing and Public Administration: systematic review (Charbonneau et al., 2025) | Revisar literatura de pólice en Administración Pública (2017-2023). | Mapea tendencias y evidencia emergente en gestión policial. | Cobertura reciente, pero heterogeneidad metodológica. | Investigación sobre implementación y gobernanza policial. |
| 8 | Scopus | Analysis of modernisation in the area of citizen and occupational safety in a local government in Arequipa Romero-Carazas R, Lazo-Barreda AG, Fernández-Collado Y, Vela-Quico D.F, Enciso-Miranda F.U. (2024) | Analizar el proceso de modernización en la gestión de la seguridad ciudadana y ocupacional en un gobierno local de Arequipa, con énfasis en la implementación de tecnologías y estrategias de gestión pública. | La modernización institucional ha permitido fortalecer los mecanismos de gestión y respuesta ante emergencias, mejorar la coordinación interinstitucional y optimizar el uso de recursos. Sin embargo, persisten deficiencias en la formación del personal y en la integración tecnológica. | Limitado alcance geográfico al caso de un solo municipio; escasa evaluación del impacto en la percepción ciudadana; dependencia de fuentes institucionales. | Fortalecer la capacitación técnica del personal de seguridad local, integrar sistemas tecnológicos interoperables y promover la participación ciudadana en la evaluación de las políticas locales de seguridad. |
| 9 | Wos/Scopus | Police-led interventions for deterring organized crime: A UK cluster randomized trial targeting criminal network recruiting and its vicarious effects on co-offenders. Denley, J., Ariel, B., & Assaraf, N. (2025). | El estudio busca determinar si las estrategias lideradas por la policía pueden reducir los niveles de reclutamiento criminal y disuadir actividades delictivas en zonas críticas. | Los resultados evidencian una reducción estadísticamente significativa en los índices de reclutamiento y reincidencia delictiva en los sectores intervenidos, confirmando la eficacia del enfoque policial focalizado. | No se abordaron variables de confianza comunitaria ni legitimidad policial, aspectos esenciales en contextos de alta desconfianza. | Incorporar indicadores de percepción ciudadana y confianza policial en futuras evaluaciones. Reforzar la coordinación interinstitucional entre policía, justicia y servicios sociales. Replicar el modelo en entornos latinoamericanos adaptando el enfoque de focused deterrence a dinámicas locales de criminalidad y participación comunitaria. |
| 10 | Wos | Gobernanza jerárquica y el fracaso de ciudadano seguridad políticas en el Distrito Metropolitano de Quito: un análisis desde el diseño de políticas Barros-Esquivel, K: Castañeda-Fraga, D; Chávez Calapaqui P; Chicaiza-Flores, M (2023) | Analizar los factores institucionales y de gobernanza que explican el fracaso de las políticas de seguridad ciudadana en el Distrito Metropolitano de Quito, desde la perspectiva del diseño y la implementación de políticas públicas. | El modelo de gobernanza jerárquica implementado en Quito ha limitado la coordinación interinstitucional y la participación ciudadana, lo que ha derivado en políticas poco efectivas y fragmentadas. La centralización de decisiones reduce la adaptabilidad y eficacia en la respuesta ante problemas de inseguridad. | No se incluye evidencia empírica cuantitativa sobre impacto en reducción del delito ni análisis comparativo con otros distritos. Se reconoce la necesidad de incorporar indicadores de confianza y legitimidad policial. | Transitar hacia un modelo de gobernanza colaborativa, fortaleciendo la articulación entre Estado y ciudadanía. Fomentar la transparencia en la gestión de seguridad y la evaluación participativa de políticas locales. |
| 11 | Scopus / Elsevier (ScienceDirect) | Police autonomy, data-driven strategies, and violence (Parfitt, 2025) | Evaluar impacto de reformas basadas en datos en reducción de homicidios (caso Brasil). | Mejora gestión y caída en homicidios en ciertos estados. | Dificultad para establecer causalidad plena. | Gestión basada en datos y evaluación. |
| 12 | Wos | Mano dura: An experimental evaluation of military policing (Blair et al., 2025) | Evaluar efectos de militarización en seguridad urbana. | Reduce algunos delitos, pero afecta confianza y derechos. | Externalidades negativas; heterogeneidad. | Priorizar enfoques civiles y evaluación de trade-offs. |
| 13 | Wos | La persistencia de las democracias violentas en América Latina: una revisión de la agenda de investigación sobre vigilancia policial, militarización y seguridad en toda la región Pérez Sandoval, J.P, y Barker Flores, D. (2023). | Revisar la literatura reciente sobre vigilancia policial, militarización y seguridad en América Latina para analizar por qué persisten las “democracias violentas” en la región, pese a los regímenes democráticos formales. | Las dinámicas electorales y partidistas de las democracias latinoamericanas han favorecido la persistencia de la militarización estatal y la violencia organizada en vez de su contención; los ciudadanos se adaptan a través de formas de “militarización civil” como estrategia de resistencia. | Predominancia de análisis cualitativos y macro-bibliográficos, escasez de estudios cuantitativos comparativos recientes; falta de enfoque en variables perceptivas o en la interacción entre políticas de seguridad y confianza ciudadana. | Fomentar investigaciones que combinen métodos cuantitativos y cualitativos sobre violencia estatal y privada; incorporar la percepción ciudadana, variables de confianza policial y evaluación de efectos de largo plazo de políticas de control militarizado en democracias latinoamericanas. |
| 14 | SciELO | Seguridad ciudadana como metaderecho humano y rendición de cuentas como garantía: algunas notas conceptuales González Velázquez, Rocío (2024) | Analizar conceptualmente la vinculación entre seguridad ciudadana, derechos humanos, democracia y rendición de cuentas, proponiendo la noción de seguridad ciudadana como “metaderecho humano”. | Se sostiene que la seguridad ciudadana, entendida como metaderecho humano, habilita a la ciudadanía para exigir al Estado Políticas Públicas que garanticen entornos pacíficos y vidas libres de violencia. La rendición de cuentas aparece como garantía necesaria del metaderecho, promoviendo la confianza ciudadana y mejorando la efectividad de las políticas de prevención. | Se señala que el estudio no incluye análisis empíricos cuantitativos ni evidencia sobre la implementación práctica del metaderecho en poblaciones específicas; el alcance se limita al nivel teórico-jurídico. | Fomentar el desarrollo de Políticas Públicas que integren el metaderecho a la seguridad ciudadana y mecanismos de rendición de cuentas efectivos; incorporar variables de confianza ciudadana y evaluar los efectos institucionales en la práctica de seguridad ciudadana. |
| 15 | SciELO | Democracia, estado de direito e governança da segurança cidadã (e justiça) na América Latina e no Caribe Pazinato, E., & Tavares dos Santos, J. V. (2024) | Analizar la centralidad de las Políticas Públicas de seguridad y justicia en América Latina y el Caribe, examinando el vínculo entre democracia, estado de derecho y gobernanza de la seguridad ciudadana. | Se identifica que la gobernanza integrada de la seguridad ciudadana y la justicia, con participación cívica y coordinación institucional, puede fortalecer la democracia y el estado de derecho en la región. Pero persisten modelos punitivos y debilidades institucionales que limitan su efectividad. | El análisis carece de datos cuantitativos extensos comparativos a nivel regional; predomina enfoque teórico-analítico; no todas las políticas estudiadas incluyen evaluación de resultados. | Promover modelos de gobernanza de seguridad ciudadana que sean participativos, coordinados interinstitucionalmente y basados en evidencia, con monitoreo y evaluación permanente. Hacer visible la rendición de cuentas (accountability) y la transparencia como ejes clave. |
| 16 | SciELO | Estrategia Multisectorial Barrio Seguro: inseguridad, crimen y violencia en Huacho, Perú Alcántara Robles, María del Rosario. y Argomedo Valiente, Delby Dehuel (2024) | Evaluar la influencia de la política pública del Estrategia Multisectorial Barrio Seguro (EMBS) sobre los residentes del barrio Manzanares en el distrito de Huacho, Perú, focalizando en su impacto en inseguridad, crimen y violencia. | El estudio encontró que la EMBS ejerció una influencia “regular” en el 49,2 % de los casos; aunque la influencia no fue significativa en todas las dimensiones, se destaca que la estrategia recoge ciertas expectativas de la población y su efecto potencial podría incrementarse con mayor institucionalidad, participación ciudadana y confianza hacia las autoridades. | El estudio limita su alcance geográfico al barrio Manzanares del distrito de Huacho; no incluye análisis cualitativos que profundicen en la construcción de la seguridad ciudadana desde la experiencia vecinal; tampoco aborda directamente variables de confianza en la policía o evaluación longitudinal de la política. | Se recomienda replicar la evaluación de la EMBS en otros barrios y ciudades; además, incluir estudios cualitativos que capten la construcción social de la seguridad ciudadana a nivel comunitario y variables de confianza ciudadana y legitimidad. |
Los hallazgos se configuran en seis líneas principales importantes:
Marco normativo y legal
De acuerdo a las investigaciones realizadas la existencia de marcos legales y normativos es de vital importancia para hacer frente a la crisis de inseguridad ciudadana; no obstante, su implementación para ser efectiva necesita el fortalecimiento de capacidades y competencias institucionales, recursos humanos, materiales y financieros para responder adecuadamente a la crisis de seguridad.
Respuesta institucional frente a la crisis de seguridad ciudadana
Las instituciones u organizaciones (policía y sistema de justicia penal) deben estar preparadas y capacitadas, mediante políticas públicas, para hacer frente a la crisis de inseguridad ciudadana, flagelo social que, en la pandemia Covid-19 se ha puesto en evidencia las profundas limitaciones de las Políticas Públicas en gestionar emergencias complejas, resaltando la necesidad de la articulación interinstitucional que aborden aspectos sanitarios, sociales y de seguridad ciudadana de forma coordinada.
Gestión de la seguridad ciudadana
La crisis de inseguridad ciudadana generalizada a nivel planetario pone en evidencia la necesidad de articular los esfuerzos del Estado para garantizar la salvaguarda de la integridad de las personas y el libre tránsito en su territorio, integrando en una efectiva estrategia, inteligencia policial, tecnología moderna y participación de la comunidad.
Metodologías evaluativas y enfoque integrados
Hacer frente a la crisis de inseguridad ciudadana también pasa por la aplicación de herramientas como la teoría del ciclo de las Políticas Públicas y el análisis de contenido que puede optimizar la toma de decisiones en las instituciones encargadas del control del orden público, permitiendo elaborar Políticas Públicas serias, objetivas y eficaces frente a la crisis de inseguridad ciudadana.
Desafíos en el diagnóstico, formulación, implementación y evaluación sostenida
Hacer frente a la crisis de inseguridad, también debe atacarse y revertir la dispersión de esfuerzas, la falta de presupuesto y la falta de recursos humanos, materiales y tecnológicos, las mismas que dificultan la eficacia de las políticas públicas. Demandar enfoques modernos sostenibles en el tiempo, la innovación tecnológica e institucional y la participación ciudadana activa son desafíos que se deben considerar a la hora de tomar decisiones en la materia.
Participación social y valores institucionales
Las Políticas Públicas tienen su razón de ser cuando existe la apertura y participación de la ciudadanía, debidamente organizada y preparada en temas de seguridad. Por ello, la inclusión de actores sociales, económicos y culturales en el diagnóstico, formulación, implementación y evaluación de Políticas Públicas es esencial para promover la legitimidad, cambios de actitud y sostenibilidad a largo plazo.
Principales vacíos encontrados en la revisión sistemática
Del análisis de las investigaciones científicas respecto a las Políticas Públicas frente a la crisis de inseguridad ciudadana se han encontrado vacíos y deficiencias en el diagnóstico, formulación, implementación y evaluación de las políticas. Se establecieron en ocho identificadores:
Aunque existen marcos normativos consolidados en varios países, las deficiencias y una mala aplicación se pueden presentar a lo largo del ciclo de las políticas públicas, indistintamente se puede presentar en el diagnóstico como en la implementación o evaluación, debido a múltiples factores como la insuficiente asignación de recursos (presupuesto), capacidades institucionales, falta de seguimiento y evaluación antes, durante y después.
La falencia de mecanismos efectivos de articulación entre las diferentes instituciones del sistema de justicia penal: Policía, Ministerio Público, Poder judicial y el INPE y niveles del gobierno (voluntad política) impide una respuesta efectiva, coordinada y coherente frente a la crisis de inseguridad ciudadana. Muchas políticas institucionales tienen su propia problemática lo que impide consolidar una política sin un enfoque integral.
La ausencia de sistemas adecuados de evaluación y monitoreo dificulta la medición del impacto y la eficacia de las políticas, lo que dificulta realizar las correcciones oportunas lo cual pone en evidencia el fracaso de estas medidas gubernamentales para solucionar la crisis de inseguridad.
La crisis de inseguridad ciudadana muestra que las Políticas Públicas no abordan adecuadamente las condiciones de vulnerabilidad social, dejando a los sectores sociales marginados y menos favorecidos sin protección frente a los impactos de la ola delincuencial.
Las Políticas Públicas de seguridad ciudadana no están convenientemente diseñadas, en su mayoría, para responder a la incertidumbre y los cambios progresivos de una delincuencia que evoluciona rápidamente en armamento y tecnología que supera a las fuerzas del orden, limitando su capacidad de adaptación.
Aunque se reconoce la importancia de las acciones gubernamentales para enfrentar la ola de violencia generada por la delincuencia, las Políticas Públicas aún carecen de ciertas falencias en la aplicación de las fases del ciclo de las políticas, falta de un adecuado presupuesto, falta de tecnología moderna y escasa participación ciudadana; agregando que el sistema de justicia penal se encuentra desarticulado frente a la delincuencia.
Las Políticas Públicas para su efectiva aplicación, requieren que el sistema social, económico y cultural entre otros, funcione de manera articulada; de no hacer así, las políticas gubernamentales no son efectivas, y existe la percepción social, de que el estado no cumple con rol tutelar de la seguridad, y que el sistema de justicia no atiende el clamor de la población, mostrando indiferencia e impunidad.
Muchas políticas carecen de mecanismos inclusivos que involucren a los ciudadanos en el diagnóstico, formulación, implementación y evaluación de las Políticas Públicas de seguridad ciudadana, sin embargo, los vecinos debidamente organizados en juntas vecinales actualmente son reconocidos y les dan legitimidad a las iniciativas gubernamentales.
Discusión
Los resultados de esta revisión sistemática evidencian que las Políticas Públicas de seguridad ciudadana implementadas en América Latina presentan una evolución significativa en las últimas dos décadas, pero aún adolecen de limitaciones estructurales, metodológicas e institucionales que restringen su eficacia y sostenibilidad. Estas limitaciones explican, en buena medida, la persistencia de la crisis de inseguridad y la alta percepción de vulnerabilidad que afecta a la ciudadanía, especialmente en contextos urbanos.
En primer lugar, se observa una fragmentación conceptual en la literatura revisada. Si bien algunos estudios recientes (Rojas & Martínez, 2023), proponen enfoques integrales de política pública basados en la gobernanza y la prevención social, la mayoría mantiene un enfoque reactivo centrado en el control policial. Esta visión limitada impide comprender la seguridad como un bien público multidimensional, donde la prevención, la cohesión social y la confianza institucional resultan tan relevantes como la represión del delito.
Asimismo, los hallazgos confirman la insuficiencia metodológica en los estudios analizados. La mayoría de investigaciones revisadas -particularmente en SciELO y WOS- privilegian enfoques descriptivos y transversales, sin incorporar diseños longitudinales ni modelos de evaluación de impacto. Ello dificulta establecer relaciones causales entre las intervenciones y los resultados observados. En consecuencia, la evidencia empírica sobre la eficacia real de las Políticas Públicas en la reducción de la criminalidad o la mejora de la percepción de seguridad es aún limitada (González & Ramírez, 2021).
Otro aspecto relevante es la debilidad institucional y la discontinuidad política. La revisión revela que los programas de seguridad tienden a depender del ciclo gubernamental, con poca articulación intersectorial y escaso seguimiento posterior a su implementación. Esta discontinuidad erosiona la sostenibilidad y resiliencia de las políticas, reduciendo su capacidad para consolidar resultados duraderos (Fernández et al., 2022). En contraposición, los casos exitosos -como los observados en Medellín, Bogotá o Quito- muestran que la coordinación multinivel, la evaluación basada en evidencia y la continuidad programática son factores determinantes de la efectividad.
Desde el punto de vista contextual, se confirma que las desigualdades socioeconómicas y la exclusión territorial constituyen variables críticas en la persistencia de la inseguridad (Almeida & Costa, 2020). Las zonas urbanas periféricas, donde se concentran los déficits de servicios públicos y oportunidades, presentan los niveles más altos de victimización. Sin embargo, son precisamente esos territorios los menos beneficiados por políticas preventivas integrales. Este hallazgo refuerza la necesidad de un enfoque territorial y diferencial en el diseño de políticas de seguridad, que incorpore la dimensión social, económica y cultural del riesgo.
En relación con la participación ciudadana y la sensibilización comunitaria, aunque las políticas revisadas reconocen formalmente el papel de la comunidad, la evidencia muestra que la participación se limita a niveles consultivos o simbólicos. La falta de mecanismos institucionalizados de corresponsabilidad reduce el impacto potencial de las estrategias de seguridad ciudadana (López, 2021). En los pocos casos donde la participación comunitaria ha sido activa -a través de juntas vecinales, observatorios ciudadanos o proyectos de prevención juvenil- se observan mejoras sustanciales en la confianza hacia la policía y la reducción de conflictos locales.
Finalmente, la revisión pone en relieve la ausencia de métricas estandarizadas y sistemas de información integrados para la evaluación continua de políticas públicas. Sin indicadores uniformes ni transparencia en los resultados, la gestión de la seguridad sigue siendo vulnerable al cortoplacismo político y a la falta de rendición de cuentas.
En síntesis, la discusión sugiere que la eficacia y sostenibilidad de las Políticas Públicas en seguridad ciudadana dependen de la coherencia conceptual, la rigurosidad metodológica, la articulación institucional y la inclusión social. Superar los vacíos identificados requiere avanzar hacia un modelo de gobernanza de la seguridad basado en evidencia, con participación comunitaria activa, indicadores medibles y mecanismos de evaluación continua.
Conclusiones
La revisión sistemática realizada sobre Políticas Públicas frente a la crisis de inseguridad ciudadana permite afirmar que, si bien en América Latina se han desarrollado múltiples iniciativas orientadas a fortalecer la seguridad y la convivencia social, persisten brechas estructurales y deficiencias institucionales que limitan su efectividad. Las políticas revisadas muestran avances en materia de diseño y formulación, pero adolecen de debilidades en la implementación, seguimiento y evaluación de resultados.
En primer lugar, las Políticas Públicas en seguridad ciudadana tienden a concentrarse en enfoques reactivos o coercitivos, dejando en segundo plano las estrategias de prevención social, participación comunitaria y fortalecimiento de la confianza institucional. Esta orientación reduce su sostenibilidad y capacidad de impacto a largo plazo.
En segundo término, la eficacia de las políticas está condicionada por la fragmentación institucional y la falta de articulación intergubernamental. La ausencia de mecanismos permanentes de coordinación entre el gobierno central, los gobiernos locales y la ciudadanía impide consolidar una gobernanza efectiva de la seguridad pública.
A nivel empírico, la evidencia disponible revela una insuficiente base de datos y sistemas de monitoreo integrados, lo que dificulta la evaluación objetiva de resultados. Sin información confiable y comparable, las decisiones en materia de seguridad tienden a ser coyunturales y poco sostenibles. Finalmente, el estudio concluye que la sostenibilidad y resiliencia de las Políticas Públicas dependen no solo de los recursos institucionales, sino también de la capacidad del Estado para fomentar la corresponsabilidad ciudadana y la cohesión social. En ese sentido, las políticas exitosas son aquellas que integran dimensiones preventivas, educativas y participativas, más allá de la acción policial tradicional.
Recomendaciones
Sobre la base de los hallazgos de las investigaciones analizadas para hacer frente a la crisis de inseguridad ciudadana a través de políticas públicas, se recomienda de manera específica, las siguientes:
Adoptar un enfoque integral y preventivo en la formulación de Políticas Públicas de seguridad ciudadana, que combine acciones de control con programas sociales, educativos y comunitarios orientados a la reducción de factores de riesgo.
Fortalecer la institucionalidad y la coordinación intergubernamental, creando mecanismos estables de articulación entre el Ministerio del Interior, gobiernos regionales y locales, en el marco del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 2024-2027.
Implementar sistemas de información y evaluación basados en evidencia, con indicadores estandarizados que permitan medir la eficacia, sostenibilidad y equidad territorial de las políticas de seguridad.
Promover la participación y sensibilización comunitaria, institucionalizando canales de cooperación entre ciudadanía, policía y autoridades locales. El fortalecimiento de las juntas vecinales y observatorios de seguridad puede contribuir a elevar la confianza y la vigilancia social.
Integrar la perspectiva de desigualdad y vulnerabilidad social en las estrategias de seguridad, priorizando intervenciones en territorios de alta exclusión socioeconómica. Ello requiere incorporar enfoques de género, juventud y derechos humanos en las políticas.
Fomentar la continuidad política de los programas exitosos, mediante marcos normativos y presupuestales que trasciendan los cambios de gestión. La seguridad debe ser una política de Estado, no solo de gobierno.
Impulsar la formación y profesionalización del recurso humano, tanto en las fuerzas del orden como en los equipos técnicos municipales, garantizando competencias en gestión pública, análisis de datos y trabajo comunitario.
Promover la cooperación internacional y el intercambio de buenas prácticas, especialmente con países latinoamericanos que han logrado avances en seguridad integral, gobernanza local y prevención social del delito.
