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Introducción
La violencia familiar en el Perú es un problema profundamente arraigado que afecta a todas las capas de la sociedad, este fenómeno, que puede manifestarse en formas físicas, psicológicas, sexuales e inclusive económica, tiene raíces multifactoriales, incluyendo el machismo, la desigualdad económica y la falta de educación no académica, sino de valores (Hernández et al., 2020). Entre las víctimas más vulnerables se encuentran mujeres y niños. Las estadísticas reflejan una realidad alarmante, un alto porcentaje de mujeres ha experimentado algún tipo de violencia por parte de sus parejas. Esta situación es agravada por la normalización de conductas abusivas.
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), (2021) los delitos con más frecuencia son ocasionados en el ámbito doméstico. Aproximadamente un tercio de todas las mujeres han sido víctimas de algún tipo de violencia doméstica como medio para mantener u obtener control sobre sus parejas. Los costos sociales y económicos asociados a este problema son muy amplios; no solo están relacionados al tratamiento que se les debe proporcionar a estas mujeres maltratadas ni tampoco únicamente por los recursos invertidos en procesamientos judiciales. También se ve afectada su capacidad laboral (incluyendo pérdida de empleo) así como también tiene una incidencia negativa comparándose incluso con países que experimentan unidades penales de alto grado similares.
El gobierno peruano ha implementado algunas medidas para combatir la violencia familiar, como la creación de leyes específicas y la apertura de centros de apoyo a las víctimas. Sin embargo, la efectividad de estas acciones es limitada debido a problemas estructurales y de comprensión de las leyes, así mismo, muchas de estas leyes se apoyan en otras dificultando la habilidad del juzgador, para completar su labor de manera eficaz.
En el Perú, se implementó la Ley N.º 30364 publicada el 23 noviembre del 2015, además, se modificó entre otros, diversos artículos. El articulo 122 (delito de lesiones leves) de la parte especial del Código Penal (CP). “La nueva ley de lucha contra la violencia de género”, fue en su momento un cambio significativo, que llegaba como solución a los problemas que se venía generando en el Perú, con relación a la ley anterior, existían situaciones de violencia hacia las mujeres que no acarreaban ninguna responsabilidad penal ni mucho menos respuesta por parte del estado (Valega, 2015) ya que, si la violencia no se daba en el ámbito doméstico, no calzaban como conducta típica establecida en el código penal, o faltas tipificadas en una ley especial.
Además, esto significaba que el estado peruano se adecuaba a los estándares internacionales en materia de Derechos Humanos, hace aproximadamente 9 años antes. Seguidamente se estableció el Decreto Legislativo N.º 1323 publicado en enero del 2017, que modificó varios artículos del Código Penal, en su artículo 2, incorporó, entre otros, el art. 122- B (agresiones contra la mujer e integrantes del grupo familiar), este es el tema que viene a colación el presente artículo. ¿Cómo la aplicación del contexto de violencia familiar del artículo 122-B afecta el principio de legalidad en el Perú?
De acuerdo como se ha expuesto, el tipo penal se encuentra estructurado por elementos descriptivos y normativos. Para poder entender este tipo penal, el articulo 122-B, señala que para que se configure esta conducta, debe complementarse con el segundo párrafo del artículo 108-B, es allí donde describe hasta cuatro contextos de violencia.
En este sentido, el tema principal de este artículo, es el primer argumento, “Contexto de violencia familiar”, pero además la doctrina como la jurisprudencia, ha indicado, que no solo con un certificado médico legal sumado a la vinculación familiar, de convivencia o situación análoga automáticamente se convierte en delito de agresiones, sino que debe tener en cuenta cinco requisitos, que normalmente no son observados, como lo son: a) la verticalidad, que está relacionado con la dependencia o sometimiento; b) el móvil de destrucción, o anulación de la voluntad de la víctima; c) la ciclicidad, que tiene que ver con la periodicidad de los hechos de violencia, que por lo general son progresivos, que también es otra característica y d) la situación de riesgo de la víctima, en pocas palabras la vulnerabilidad (casación 246 Cuzco, 2015).
Como objetivo general se tiene analizar cómo la aplicación del contexto de violencia familiar del artículo 122-B afecta el principio de legalidad en el Perú, además de explicar cuáles son los principales problemas de comprensión en los delitos de agresiones enmarcados en el artículo 122-B del código penal peruano y analizar los tipos de contexto de violencia en el Perú.
Metodología
El presente estudio corresponde a una revisión sistemática bibliográfica de carácter cualitativo y descriptivo. Se empleó el método de análisis documental para examinar la producción científica y jurídica relacionada con la aplicación del principio de legalidad en contextos de violencia familiar y de género, con énfasis en la legislación peruana (Ley N.º 30364) y referencias de derecho comparado latinoamericano.
Estrategia de búsqueda y fuentes de información
La recolección de información se llevó a cabo mediante una exhaustiva búsqueda en bases de datos académicas de alto impacto, portales de revistas jurídicas especializadas y repositorios institucionales. Las plataformas consultadas incluyeron:
Bases de datos y directorios: SciELO (Scientific Electronic Library Online), Dialnet, Medigraphic y Tirant Online.
Repositorios de Acceso Abierto: ALICIA (CONCYTEC), RENATI (para tesis de posgrado de universidades como PUCP, UCV, UNSAAC, U. Otavalo) e IRIS (Repositorio de la OMS).
Fuentes institucionales y multimedia: Portales oficiales del Estado (Poder Judicial del Perú), organizaciones internacionales (GIZ) y material audiovisual académico (conferencias de la Academia de la Magistratura).
Palabras clave y ecuaciones de búsqueda
Para la identificación de los documentos se utilizaron descriptores tanto en español como en combinaciones booleanas (AND/OR) para refinar los resultados. Se seleccionaron las palabras clave de acuerdo a las categorías del título de investigación:
Categoría 1: Violencia familiar / Género
Palabras clave: "Violencia familiar", "violencia contra la mujer", "Ley 30364", "violencia de género", "integrantes del grupo familiar", "violencia intrafamiliar".
Categoría 2: Principio de Legalidad / Derecho Penal
Palabras clave: "Principio de legalidad", "tipicidad", "imputación objetiva", "derecho penal", "inflación penal", "presunción de inocencia".
Categoría Contextual:
Palabras clave: "Perú", "Latinoamérica", "legislación peruana".
Criterios de inclusión y exclusión:
Se aplicaron filtros rigurosos para garantizar la calidad y pertinencia de la data encontrada el cual fue seleccionada por su temporalidad.
Se seleccionaron documentos publicados principalmente entre los años 2015 y 2024.
Se estableció el año 2015 como punto de corte inicial por ser el año de promulgación de la Ley N.º 30364 en Perú, lo que permite un análisis de la normativa vigente y sus modificaciones recientes (hasta 2024).
Por su Tipología documental: Se incluyeron artículos científicos de revistas indexadas, tesis de maestría y doctorado, boletines legales, informes de organismos internacionales (OMS, GIZ) y jurisprudencia o doctrina relevante. en cuanto al Idioma.
Se priorizó la literatura en idioma español
Por la cobertura geográfica: El enfoque principal es Perú; no obstante, se incluyeron estudios de Ecuador, Colombia y España para realizar un análisis de derecho comparado respecto a la dogmática penal y la protección de la mujer.
Procedimiento de análisis
Tras la búsqueda inicial, se procedió a la lectura de títulos y resúmenes (abstracts) para descartar aquellos que no abordaban la relación entre la violencia y el aspecto dogmático-penal. Se realizó una lectura posterior de los textos seleccionados, sistematizando la información a fin de identificar las posturas doctrinales sobre la tensión entre la eficacia sancionadora en casos de violencia y las garantías del principio de legalidad.
Resultados
La existencia de la violencia dentro de la familia es un problema grave que se mantiene en varias sociedades en el mundo, una gran cantidad de violencia familiar se oculta detrás de tradiciones familiares, donde los agraviados y agraviantes tienen el pensamiento que es algo normal y que sucede en todas las sociedades (Mayor & Salazar, 2019). Por este motivo muchas personas no pueden ser capaces de ver la gravedad de la situación en la que se encuentran. Por esta razón, el Sistema Universal de Derechos Humanos emitió las resoluciones 1190/15 del 24 de mayo de 1990 y 1991/18 del 30 de mayo de 1991, estas resoluciones indicaron la necesidad de crear leyes para la protección de las mujeres de cualquier daño, cometido.
Según la ley penal peruana, el contexto de violencia familiar se refiere a situaciones en las que una persona sufre agresiones físicas, psicológicas, sexuales o económicas dentro del ámbito familiar Caqui (2020). Este contexto se caracteriza por la existencia de relaciones de poder y control que generan un entorno de dominación y sometimiento, afectando gravemente la integridad y dignidad de las víctimas.
En particular, el artículo 122-B del CP, que trata sobre las agresiones en el ámbito familiar, establece sanciones para quienes cometan actos de violencia contra su cónyuge, conviviente o cualquier otro análogo (Bonilla & Rivas, 2019). Este artículo subraya que los actos de violencia deben ser cometidos en un entorno familiar, lo que incluye no solo el núcleo familiar inmediato, sino también otras relaciones de convivencia que puedan generar dependencia y subordinación.
El contexto de violencia familiar es reconocido por su impacto específico en las dinámicas y relaciones personales dentro del hogar, para Saravia (2021) su identificación es crucial para aplicar correctamente las normativas penales que buscan proteger a las víctimas y sancionar a los agresores. Este reconocimiento permite a las autoridades judiciales y a los operadores del sistema de justicia actuar con mayor precisión y sensibilidad frente a situaciones de violencia, asegurando que las medidas adoptadas sean adecuadas y proporcionadas al daño sufrido por las víctimas.
La ley penal peruana, reconoce que el contexto de violencia familiar implica una situación de riesgo constante y repetitivo para las víctimas, quienes pueden estar expuestas a un ciclo de violencia que se perpetúa con el tiempo Saravia (2021). Este reconocimiento es esencial para entender que las agresiones en el ámbito familiar no son incidentes aislados, sino parte de un patrón de conducta que busca mantener el control y la dominación sobre la víctima.
El artículo 122-B también señala la importancia de identificar y documentar este contexto durante las investigaciones y procesos judiciales. Los fiscales y jueces deben evaluar las circunstancias específicas de cada caso, considerando factores como la frecuencia y gravedad de los actos de violencia, el historial de denuncias y la existencia de medidas de protección previas. Esta evaluación integral permite una mejor aplicación de las leyes y garantiza que las sanciones sean justas y efectivas (Ortiz & Vázquez, 2021).
Asimismo, la legislación peruana ha implementado diversas medidas para fortalecer la protección de las víctimas y prevenir la revictimización (Medina & Yuba, 2021). Estas medidas incluyen la creación de centros de emergencia mujer, la provisión de asistencia legal y psicológica gratuita, y la imposición de restricciones a los agresores, como órdenes de alejamiento y la prohibición de contacto con las víctimas.
El contexto de violencia familiar según la ley penal peruana abarca una serie de situaciones y relaciones que perpetúan la violencia dentro del hogar. Reconocer este contexto es fundamental para aplicar correctamente las normativas penales y asegurar que las víctimas reciban la protección y el apoyo necesarios. La ley penal peruana busca no solo sancionar a los agresores, sino también brindar un marco integral de protección y asistencia para romper el ciclo de violencia y garantizar la seguridad y bienestar de las víctimas.
Teorías
En relación a la teoría del ciclo de la violencia, Buele & Mideros (2020) esta teoría subraya que la violencia familiar tiende a repetirse de generación en generación, ya que los niños que son testigos de violencia en el hogar tienen más probabilidades de convertirse en perpetradores o víctimas de violencia cuando sean adultos, ya que se describen patrones repetitivos en las relaciones abusivas, como la violencia doméstica.
En relación a la teoría del patriarcado, Grajales (2022) esta teoría supone que existe una estructura de poder en la sociedad en la que los hombres dominan sistemáticamente a las mujeres, aquel dominio se manifiesta en diversos ámbitos de la vida, por ejemplo, el acceso a los recursos económicos, el ejercicio del poder político, la toma de decisiones importantes. La teoría enfatiza cómo las instituciones sociales, las normas culturales y las relaciones de género ayudan a mantener y perpetuar esta desigualdad y opresión de las mujeres y niños, ya que el patriarcado se entiende como un sistema de dominación basado en la subordinación en diversos aspectos de la vida social.
Sobre la teoría del estrés familiar, Martínez (2016) esta examina cómo la violencia en el hogar impacta la capacidad de los individuos para manejar el estrés, la violencia doméstica genera altos niveles de estrés, afectando negativamente la salud mental y emocional de las personas. Además de los efectos inmediatos, puede causar tensiones crónicas que contribuyen a problemas de salud mental y física a largo plazo, también se resalta cómo las habilidades de afrontamiento se ven afectadas, dificultando la regulación emocional y las relaciones interpersonales saludables, por lo que es necesario destacar la importancia de abordar tanto las causas como las consecuencias del estrés relacionado con la violencia familiar para promover la salud y el bienestar en el ámbito doméstico.
Tipos de Contexto Familiar
El artículo 108 - B, delimita cuatro contextos de violencia:
Violencia familiar
Se refiere a cualquier conducta violenta que se ejerce dentro del ámbito familiar o de convivencia, afectando a sus miembros mediante actos físicos, psicológicos, sexuales o económicos. Este tipo de violencia, que puede manifestarse en maltratos, amenazas, coerción o explotación, representa una grave violación de los derechos humanos y afecta profundamente la integridad y el bienestar de las víctimas.
Coacción, hostigamiento o acoso sexual
Se define como cualquier conducta de naturaleza sexual no deseada, que se ejerce mediante presión, intimidación o amenazas, afectando la libertad y dignidad de la persona víctima. Estas acciones, que pueden ocurrir en diversos contextos como el laboral, educativo o social, implican un abuso de poder o una violación de la autonomía sexual del individuo, creando un entorno hostil y degradante.
Abuso de poder, confianza o de cualquier otra posición o relación que le confiera autoridad al agente.
Ocurre cuando una persona explota su posición de influencia o control para cometer actos indebidos o ilícitos, aprovechándose de la vulnerabilidad de quien está en una situación subordinada o dependiente. Este tipo de conducta implica el uso inapropiado de la autoridad o el poder en una relación, como la laboral, educativa, o profesional, para obtener beneficios indebidos, manipular o coaccionar a otros. El abuso de poder mina la integridad y la equidad en las relaciones, creando un entorno de explotación y desconfianza.
Cualquier forma de discriminación contra la mujer, independientemente de que exista o haya existido una relación conyugal o de convivencia con el agente.
Implica el trato desigual o desfavorable hacia las mujeres basado en su género, que perpetúa la inequidad y refuerza estereotipos de género dañinos. Esta discriminación puede manifestarse en diversas formas, como en el ámbito laboral, educativo, o social, y se caracteriza por la negación de derechos, oportunidades o el acceso a recursos y servicios de manera equitativa.
El Principio de Legalidad
El principio de legalidad es uno de los fundamentos esenciales del derecho penal contemporáneo (Orbegoso 2020). Este principio establece que solo puede ser considerado delito aquello que está previamente tipificado como tal en una ley penal, y solo puede imponerse una pena que esté expresamente prevista en dicha ley. Este principio se sintetiza en la máxima latina "nullum crimen, nulla poena sine lege", que significa "no hay delito ni pena sin ley".
El principio de legalidad asegura que el Estado no pueda castigar arbitrariamente a los individuos, garantizando así la previsibilidad y la seguridad jurídica. Este principio tiene varias dimensiones, incluyendo la lex scripta (la ley debe estar escrita), lex certa (la ley debe ser clara y precisa), lex praevia (la ley debe existir con anterioridad al hecho punible) y lex stricta (la ley debe ser interpretada de manera estricta, sin analogías perjudiciales para el acusado) (Cristóbal, 2020). En esencia, el principio de legalidad protege a los ciudadanos de la arbitrariedad y asegura que solo se penalicen conductas que han sido claramente definidas como delictivas por una autoridad legislativa competente.
La importancia del principio de legalidad radica en su capacidad para proporcionar un marco claro y previsible para la conducta humana. Según Huertas (2022) sin este principio, el sistema penal se volvería impredecible y potencialmente injusto, ya que los individuos no podrían conocer con antelación qué conductas están prohibidas y cuáles son las consecuencias legales de sus acciones. Además, el principio de legalidad es un mecanismo esencial para la protección de los derechos humanos, ya que impide la criminalización retroactiva y la imposición de penas no previstas por la ley.
La Falta de Leyes Claras y sus Consecuencias
Cuando las leyes no son claras, precisas y accesibles, se socava gravemente el principio de legalidad. La ambigüedad y la vaguedad en la legislación penal pueden dar lugar a interpretaciones arbitrarias por parte de jueces y fiscales, lo que incrementa la inseguridad jurídica y pone en riesgo los derechos fundamentales de los ciudadanos. La falta de claridad en las leyes puede resultar en la aplicación desigual de la justicia, donde decisiones judiciales varían considerablemente dependiendo del criterio subjetivo de los jueces.
En el contexto del derecho penal peruano, la falta de leyes claras puede tener consecuencias particularmente graves para los acusados. Por ejemplo, el artículo 122-B del Código Penal peruano, que tipifica las lesiones graves, debe ser interpretado en conjunto con el artículo 108-B, que aborda el feminicidio, y con la Ley 30364, que se enfoca en la prevención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. La interacción entre estas normativas puede ser compleja y si no se encuentra claramente delineada, puede generar incertidumbre tanto para las víctimas como para los acusados (Fernández, 2019).
Además, la falta de claridad en las leyes puede conducir a una falta de uniformidad en la aplicación de sanciones, diferentes jueces pueden interpretar y aplicar las disposiciones legales de manera distinta, lo que resulta en penas desiguales para delitos similares. Esto no solo afecta la percepción de justicia y equidad en el sistema penal, sino que también puede erosionar la confianza pública en la capacidad del sistema judicial para administrar justicia de manera imparcial y justa (Pozo Carrasco, 2017). La inconsistencia en la aplicación de la ley puede dar lugar a que algunos imputados reciban penas más severas que otros, creando una sensación de injusticia y arbitrariedad.
La ambigüedad legal también puede afectar negativamente a las víctimas, quienes pueden encontrarse desprotegidas debido a interpretaciones restrictivas o inconsistentes de la ley. Por ejemplo, una definición poco clara de lo que constituye "violencia de género" o "lesiones graves" puede llevar a que algunos casos no sean adecuadamente reconocidos o sancionados, dejando a las víctimas sin la protección y el apoyo que necesitan. Es fundamental que las leyes sean claras y precisas no solo para proteger los derechos de los acusados, sino también para asegurar que las víctimas de delitos reciban la justicia y el amparo que merecen.
Artículo 122-B, Artículo 108-B y Ley 30364
El artículo 122-B del Código Penal peruano se refiere a las lesiones graves infligidas en el contexto de violencia familiar o de género, y está estrechamente relacionado con el artículo 108-B, que tipifica el feminicidio (Calderón, 2022). La Ley 30364, por su parte, establece medidas integrales para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres y los miembros del grupo familiar, y crea un marco legal específico para abordar y sancionar esta violencia.
Si las disposiciones de estos artículos no están claramente definidas, se puede generar una confusión significativa en su aplicación (Borja, 2022). Por ejemplo, las definiciones de "lesiones graves" o "violencia de género" pueden variar en interpretación, lo que afecta la uniformidad y equidad en la aplicación de la justicia. Los acusados podrían enfrentarse a una incertidumbre considerable sobre los cargos específicos que se les imputan y las posibles penas, lo que socava su derecho a una defensa adecuada y a un juicio justo.
Además, la Ley 30364 busca proteger de manera efectiva a las víctimas de violencia (Ayala, 2024), pero si no se articula claramente cómo interactúa con el Código Penal, podría llevar a lagunas legales o interpretaciones contradictorias. Esto no solo afecta a los acusados, que pueden enfrentarse a cargos ambiguos o mal definidos, sino también a los operadores de justicia, que no podrían hacer su trabajo de manera precisa y realmente no pueden hacer justicia, que la ley intenta proporcionar.
Por consiguiente, el principio de legalidad es fundamental para asegurar que el derecho penal se aplique de manera justa y equitativa. La falta de leyes claras y precisas puede tener consecuencias devastadoras para la justicia penal, afectando tanto a los acusados como a las víctimas. En el caso del derecho penal peruano, es crucial que los artículos 122-B y 108-B del Código Penal, junto con la Ley 30364, sean interpretados y aplicados de manera coherente y clara para garantizar la seguridad jurídica y la protección efectiva de los derechos humanos.
Discusión de los resultados
En primer lugar, Mayor & Salazar (2019) y Caqui (2020) refieren que en su mayoría de veces la sociedad ha normalizado el tema de la violencia familiar, lo que dificulta su reconocimiento y abordaje. Esta percepción social de normalidad puede obstaculizar la intervención temprana y efectiva, un aspecto que también es resaltado por Saravia (2021), quien enfatiza la importancia de identificar correctamente el contexto para explicar las normativas penales de manera adecuada.
Por otro lado, existe una diferencia significativa en la forma en que se conceptualiza la violencia familiar. Por un lado, Mayor & Salazar (2019) destacan la invisibilidad social y la normalización de la violencia, además, Caqui (2020) y Saravia (2021) se centran en el marco legal peruano, que reconoce la violencia en el ámbito familiar como una situación de riesgo constante y reiterado, con un patrón de dominación y control, lo cual refleja el avance en la legislación peruana, que busca no solo sancionar, sino también comprender la dinámica de la violencia para ofrecer protección integral.
Una limitación muy importante radica en la dificultad de aplicar estas leyes de manera efectiva, dado que la violencia en el hogar suele ser una constante que requiere una evaluación integral y sensible por parte del sistema de justicia, como lo señalado por Ortiz & Vásquez (2021) quien refiere que la evaluación de la frecuencia, antecedentes y el nivel de gravedad es crucial, pero la práctica, puede verse limitado por la falta de recursos, capacitación o sensibilidad del sistema judicial.
Así mismo, Medina & Yuba, (2018) destacan las medidas implementadas en Perú para fortalecer la protección de las víctimas como centro de emergencia y órdenes de alejamiento. Sin embargo, estas medidas se enfrentan a desafíos en su implementación y en la prevención de la rehabilitación, un aspecto que requiere atención mayor y recursos.
Finalmente, Avila, (2016) subraya que la legislación peruana busca un enfoque integral, no solo sancionador, sino también preventivo y de protección, lo cual es fundamental para romper el ciclo de la violencia. Sin embargo, la efectividad de estas leyes aún depende de la sensibilización social y la capacitación de los actores involucrados. En este caso los sistemas de Justicia aspectos que todavía presentan limitaciones en muchas instituciones.
En cuanto a las teorías según Buele & Mideros, (2020) sostienen que la violencia familiar tiende a repetirse de generación en generación, ya que los niños que presencian violencia en el hogar tienden mayor probabilidad de convertirse en perpetradores o víctimas de la adultez debido a los patrones respectivos en las relaciones abusivas. Por otro lado, Grajales (2022) plantea que la estructura patriarcal mantiene la desigualdad de género mediante instituciones sociales, normas culturales y relaciones de poder que favorecen a los hombres y oprimen a las mujeres y niños, perpetuando la dominación de diversos ámbitos sociales.
Finalmente, Miljánovich et al., (2020) analizan cómo la violencia en el hogar genera altos niveles de estrés, lo cual afecta a la salud mental y emocional de las personas, sobre todo resalta la importancia de abordar las causas como las consecuencias del estrés, a fin de promover el bienestar familiar.
Con relación a lo estipulado en el artículo 108-B, delimita cuatro contextos los cuales son violencia familiar, coacción o acoso, abuso de poder y discriminación contra la mujer. En ese sentido, la ley reconoce que estos tipos de violencia vienen afectando de manera directa a la dignidad y los derechos fundamentales. Y, sobre todo, el bienestar de la víctima lo cual se alinea con las teorías que explican la reproducción de patrones violentos denominados signos de violencia, las estructuras de poder que hace referencia al patriarcado, así como los efectos del estrés emocional denominado estrés familiar.
El principio de legalidad, como los fundamentos esenciales del Derecho penal, establece que solo las conductas previamente tipificadas en la ley pueden ser consideradas delitos y que las penas deben estar expresamente previstas en dicha ley. Orbegozo, (2020) menciona que este principio conocido como “nullum crimen, nulla poena sine legé”, garantiza la protección contra la arbitrariedad del Estado y asegura la previsibilidad jurídica. Sus dimensiones como la lex escrita, lex certa, lex praevia y lex estricta, refuerzan la claridad y precisión en la legislación penal (Cristóbal, 2020). La importancia de este principio radica en que este proporciona un marco legal y claro para regular la conducta humana, a fin de evitar la criminalización retroactiva y se protejan los derechos fundamentales (Huertas, 2022). La ausencia de leyes claras pude generar error en las interpretaciones convirtiéndose en interpretaciones arbitrarias, inseguridad jurídica y decisiones judiciales con inconsistencia en sus fallos, lo que poden en riesgo los derechos ciudadanos.
En ese sentido, en el contexto peruano la ausencia de leyes claras puede conllevar a situaciones muy graves similares a la problemática identificado en otros sistemas. Por ejemplo, en Perú la interacción entre el articulo 122-B del Código Penal, el cual tipifica como lesiones graves y el 108-B donde se aborda el feminicidio (Calderón, 2022), y sumado a ello la Ley 30364, donde se busca prevenir la violencia contra la mujer, ello puede ser muy compleja y generar incertidumbre si no se delimita adecuadamente (Fernández, 2019). Por ello, este vacío puede generar problemas tanto a las víctimas como a los acusados, dificultando una protección de manera efectiva y una correcta administración de justicia (Borja 2022).
En las similitudes con el sistema, por lo concluyen que la actividad legal puede conducir a interpretaciones distintas por parte de los jueces, resultando en penas desiguales y afectando la percepción de Justicia (Pozo Carrasco, 2017). Además, La falta de claridad puede dejar a la víctima desprotegidas, especialmente en casos de violencia de género, donde definiciones como “lesiones graves o violencia de género” son poco precisas y por consiguiente pueden impedir el reconocimiento y sanciones adecuadas (Ayala, 2024).
Por último. La Ley 30364 busca proteger de manera efectiva las víctimas de violencia, pero si no se articula claramente cómo interactúa el Código Penal. Puede llevar algunas inconsistencias legales o interpretaciones contradictorias. Esa situación afecta de manera directa a los acusados, las víctimas y al sistema de Justicia legal. Por ello es indispensable el principio de legalidad para garantizar el derecho en el ámbito penal y se aplique de forma justa, y coherente. De allí, resulta de vital importancia que en el Estado peruano se interpreten los artículos 122-B, 108B del Código Penal y la Ley 30364 de manera coherente y claro a fin de garantizar la seguridad jurídica y la debida protección de los derechos fundamentales de las victimas (Borja, 2022; Calderón, 2022 y Ayala, 2024)
Conclusiones
Se concluye que la normativa busca proteger de manera efectiva a las víctimas y sancionar conductas violentas en el ámbito familiar, su implementación enfrenta desafíos relacionados con la claridad y precisión en la tipificación de los delitos. Las ambigüedades en la definición y aplicación del contexto de violencia familiar pueden impactar en la previsibilidad y estabilidad jurídica, principios fundamentales del derecho penal.
Los principales problemas de comprensión en los delitos de agresiones enmarcados en el artículo 122-B surgen de la ambigüedad en la definición de las conductas y contextos relacionados con la violencia familiar, así como de la falta de claridad en los criterios para diferenciar entre tipos y grados de agresión. Estas deficiencias pueden llevar a interpretaciones diversas y a una aplicación desigual de la ley, dificultando la protección efectiva de las víctimas y el ejercicio de los derechos de los acusados.
De ello, se concluye que la imprecisión y la ambigüedad de la legislación penal peruana, con énfasis al artículo 122-B del Código Penal (CP), vulnera de manera directa el principio de legalidad en su dimensión lex certa (claridad y certeza). Esta deficiencia se exacerba al requerir de manera compleja con el articulo 108-B del CP y la Ley 30364.
Lo cual conlleva a que los administradores de justicia generen interpretaciones arbitrarias y que afectan de manera muy grave la seguridad jurídica y el derecho a una defensa digna de los acusados e incluso generando una protección de las víctimas de manera negativa debido a una red compleja red de factores que incluyen violencia familiar, violencia de género, y violencia social, cada uno con características y dinámicas particulares. Esta diversidad de contextos refleja la necesidad de que el Estado garantice de manera integral el respeto de los derechos fundamentales, mediante una aplicación clara y coherente de estas normas.
Además, se afectan el aspecto subjetivo, donde el agresor ejerce opresión a través de la pensión alimenticia que está legalmente obligado a proporcionar, impactando a sus hijos, por lo que, estas formas de violencia a menudo no son reconocidas por las autoridades competentes, siendo remitidas a los juzgados de Paz Letrado para los procesos de alimentos y muchos de los casos se archivan si no hay un seguimiento. Por último, se concluye que la Ley N.º 30364 es una herramienta legal que busca proteger a las víctimas de violencia económica y familiar en el Perú, pero se ve limitada debido a factores presupuestarios, generando así una insatisfacción en la ciudadanía.
