INTRODUCCIÓN

El problema de la seguridad ciudadana en Latinoamérica y Perú ha empeorado en los últimos cinco años debido al aumento de la criminalidad, influenciada por factores externos e internos. La falta de políticas claras y efectivas, sumada a la desarticulación entre gobierno y ciudadanía, ha agravado la situación de seguridad pública. Además, la llegada masiva de inmigrantes con antecedentes de criminalidad ha incrementado la percepción negativa. En ese sentido, es necesario que, a nivel de gobierno nacional, regional y local, se implementen políticas públicas que incluyan a las autoridades en colaboración con la población. De este modo, se generarán estrategias sostenibles que permitan reducir la inseguridad ciudadana y garantizar un entorno seguro para todos (^{Coz y Pariona, 2023}).

Las políticas de seguridad ciudadana en América Latina enfrentan desafíos como la debilidad institucional, el clientelismo y la falta de una estructura clara y efectiva, lo que refleja una problemática similar en países como Colombia (^{Mendoza, 2021}). Incidentes como asaltos, robos y violencia afectan negativamente la imagen del país colombiano. De acuerdo con el Consejo Turístico de dicho país, la falta de protección en seguridad ha provocado cancelaciones en reservas turísticas, disminución de foros e incluso cierre de sitios turísticos, por lo que las agremiaciones de turismo hacen un llamado al gobierno para retomar la mesa de seguridad de 2023, que permita implementar estrategias conjuntas para proteger a los visitantes y ciudadanos (^{Salazar, 2024}).

Esta problemática es uno de los principales desafíos en la actualidad para el Perú. Según el ^{Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) (2024)}, el 27.4% de la población ha sido víctima de al menos un tipo de hecho delictivo, donde la incidencia de delitos como robos, extorsiones y violencia física alcanza el 29.1%. Asimismo, la revictimización afecta al 11.7% de los ciudadanos, especialmente a jóvenes entre 15 y 29 años. En lo referente al distrito de Chorrillos, el Plan de Acción 2027 reporta que la inseguridad ciudadana varía según algunos indicadores. La tasa de denuncias por diversos delitos se incrementó en 2022 respecto al año anterior. El delito de extorsión es el que más destaca, con un incremento de 0.58%; la tasa de victimización, en 2.4%; la victimización por armas de fuego, en 2.4%; y por robo e intento de robo (dinero, cartera y celular), en 2.8%; mientras que el robo de vehículos aumentó en 2.2%. Sin embargo, se observa una disminución en otros indicadores, como la victimización por estafa (2.8%) y la microcomercialización de drogas (0.06%) (^{Municipalidad de Chorrillos, 2023}).

Abordar el tema es esencial ante el incremento de la criminalidad y la falta de políticas públicas efectivas. Analizar las prácticas en contextos reales permitirá identificar fortalezas y debilidades para optimizar la respuesta policial, mejorar la percepción de seguridad y reducir la violencia. Además, la investigación busca promover políticas inclusivas que integren tanto a las autoridades como a la comunidad, fomentando una colaboración más estrecha para abordar la inseguridad. Los hallazgos también ofrecen soluciones aplicables a desafíos comunes en América Latina, como la debilidad institucional y la coordinación insuficiente en políticas de seguridad.

En diversos estudios se evidencia la importancia de la implementación de programas de seguridad pública con enfoques sistémicos y la participación ciudadana para la prevención del delito. El Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes en Bogotá ha demostrado ser efectivo en promover la seguridad y la convivencia (^{Paez et al., 2020}). Por otro lado, en Piura, los espacios públicos carecen de infraestructura adecuada para fomentar la socialización (^{Schroeder y Coello-Torres, 2020}). A nivel tecnológico, el uso de videovigilancia y alarmas por las familias está en aumento (López, 2019), aunque su gestión requiere planes de continuidad como en el caso de la policía boliviana (^{Chuquimia, 2020}). Asimismo, la resiliencia social en proyectos como "Quiero mi barrio" destaca la necesidad de participación comunitaria para garantizar la sostenibilidad de estas intervenciones urbanas (^{Inzulza et al., 2024}). Por ejemplo, ^{Schimkowsky (2021)} sostuvo que, a pesar de los bajos índices de criminalidad en Japón, la prevención del crimen ha ganado una atención significativa debido a las iniciativas del gobierno desde los años 2000, que fomentaron la participación ciudadana, incrementando el número de voluntarios en actividades preventivas en más del 1200%. Se destaca que la proliferación de las iniciativas de prevención del crimen se facilitó por la responsabilización de actores no estatales y la integración de medidas de Bōhan en el entorno urbano, abordando no solo la reducción del crimen, sino también la cohesión comunitaria y la mejora del entorno. Sin embargo, ^{Yang et al. (2021)} revelaron que, aunque los ciudadanos perciben un alto nivel de seguridad, la participación comunitaria en actividades de prevención del crimen es insuficiente. Las cámaras de vigilancia son ampliamente aceptadas gracias a los esfuerzos del gobierno por generar confianza, pero los ciudadanos consideran que estas no sustituyen las actividades comunitarias de seguridad.

Las estrategias de seguridad ciudadana se entienden como un conjunto de acciones diseñadas para prevenir y reducir la criminalidad, promoviendo la protección de la comunidad y sus bienes. Para Durand y Aranda (2021), son planes específicos que abarcan desde programas de prevención social hasta políticas públicas para mejorar la convivencia y percepción de seguridad. ^{Luneke (2020)} añade que estas incluyen prácticas de vigilancia vecinal y recuperación de espacios públicos, fortaleciendo el sentido de pertenencia comunitaria. ^{Elguera (2024)} destaca la modernización policial a través de herramientas tecnológicas, como drones, para optimizar la vigilancia en áreas complejas. Por su parte, ^{Pedraza y Villamizar (2022)} subrayan que una gestión coordinada entre autoridades y la comunidad es clave para anticipar y mitigar riesgos. En el Perú, se entiende como acciones articuladas que el Estado realiza en los tres niveles de gobierno con el fin de contribuir a la prevención de delitos (^{Ministerio del Interior, 2018}).

METODOLOGÍA

El enfoque cualitativo permitió profundizar en las experiencias y percepciones de los involucrados en los programas de seguridad ciudadana, recogiendo las voces tanto de los representantes de la comunidad como de la policía. Este enfoque explora los significados que cada grupo otorga a las iniciativas preventivas, revelando matices y perspectivas únicas sobre su efectividad y relevancia (^{Castañeda, 2022}). De esta manera, proporciona una comprensión detallada de cómo estos programas impactan la vida cotidiana y la convivencia social. Se empleó un muestreo cualitativo intencional, seleccionando participantes clave que sumaron un total de 12, para obtener una comprensión profunda de los programas de la Policía Nacional del Perú (PNP) en el distrito de Chorrillos. Esta selección se basó en la relevancia y el contexto de cada individuo, permitiendo explorar detalladamente sus experiencias y perspectivas (^{Martínez-Salgado, 2012}).

Los participantes incluyeron responsables de los programas, vecinos involucrados en las actividades y expertos en seguridad comunitaria, lo que brindó una visión contextualizada y diversa del fenómeno. Este enfoque facilitó un análisis integral de las dinámicas comunitarias y el impacto de los programas en la población local, aportando información significativa para evaluar su efectividad.

La entrevista semiestructurada fue esencial para acceder a la realidad personal de los participantes, especialmente del personal de la PNP, vecinos y expertos involucrados en programas preventivos de seguridad ciudadana. Mediante sus discursos y relatos, se exploraron experiencias únicas y significados que cada grupo construye en torno a la seguridad y el bienestar comunitario. Dicha técnica permitió profundizar en la intimidad de estos actores, captando pensamientos y sentimientos específicos (^{Troncoso-Pantoja y Amaya-Placencia, 2016}).

En el respeto a la autonomía, se enfatizó la capacidad de los participantes para tomar decisiones informadas, mientras que la beneficencia y la no maleficencia exigen promover el bienestar y evitar causar daño (^{Hirsch-Adler, 2019}). En ese sentido, los entrevistados brindaron su consentimiento voluntario de participar a través del documento correspondiente.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Los resultados del programa de seguridad ciudadana "Juntas Vecinales" reflejan una implementación efectiva del enfoque colaborativo entre comunidad y policía, destacado en el estudio de ^{Mendoza (2021)}, al facilitar la comunicación rápida a través de WhatsApp y las rondas mixtas, promoviendo así una cultura de prevención y disuasión del delito. Este enfoque práctico supera algunos de los desafíos planteados en Argentina, tal como señala ^{Iazzetta (2019)}, sobre la resistencia institucional, especialmente en contextos donde la falta de normativa clara y las tensiones internas obstaculizan la adopción de una policía comunitaria. En contraste, las "Juntas Vecinales" han logrado estructurarse de forma organizada con líderes y coordinadores, promoviendo confianza ciudadana mediante capacitaciones y colaboración con instituciones locales, lo que ha resultado en una reducción de delitos como robos y venta de drogas. La red de apoyo integral y la participación comunitaria muestran cómo el programa ha logrado superar barreras estructurales, reforzando la seguridad en la comunidad.

El resultado obtenido de la implementación de la Red de Cooperantes, que incluye a colaboradores comunitarios como mototaxistas, heladeros y comerciantes, ha demostrado ser una estrategia efectiva para fortalecer la vigilancia y la capacidad de respuesta en materia de seguridad. Antecedentes en Lima Metropolitana evidencian la relevancia de implementar programas orientados a la seguridad ciudadana. El programa “Mototaxi Cívico”, con la participación de mototaxistas y taxistas, contribuyó a mejorar la seguridad ciudadana al reportar delitos a la Policía Nacional del Perú mediante comunicaciones por celular, convirtiéndose así en los ojos y oídos de la comunidad ante hechos delictivos (Andina, 2011). Otro caso similar fue implementado en Bogotá en 2021 bajo la denominación “Taxi CUIDAdanos”, el cual retomó una estrategia aplicada con éxito en los años noventa, con la diferencia de incluir tecnología moderna que permitió una comunicación en tiempo real con la policía y articulación con el gobierno local (^{Gov.co, 2021}).

La entrevista muestra una colaboración activa entre padres, policía y la comunidad escolar para mejorar la seguridad de los estudiantes. Los padres, organizados en BAPES juegan un rol clave en la vigilancia y prevención de delitos en los alrededores de los colegios, apoyados por programas como “Escuela Segura y Saludable”. Una evidencia similar fue llevada a cabo en escuelas públicas de Estados Unidos entre los años 2017 y 2018, donde se implementaron medidas de seguridad que incluyeron planes de emergencia y la presencia de personal policial (^{Diliberti et al., 2019}). Otro hallazgo muestra que, a través de capacitaciones y el uso de herramientas tecnológicas como grupos de WhatsApp, se promueve una comunicación eficiente. Estos esfuerzos, además de prevenir riesgos, fortalecen la confianza de los estudiantes en las autoridades y refuerzan el sentido de seguridad escolar.

CONCLUSIONES

En un distrito de Lima, la PNP implementó programas de seguridad comunitaria que han contribuido a la disminución de incidencias delictivas, como las Juntas vecinales, la Red de cooperantes y las Brigadas de Autoprotección escolar, generando percepciones positivas y algunos desafíos entre los actores de estos programas. En el aspecto positivo, se percibe un fortalecimiento en la prevención del delito mediante una comunicación rápida y directa con la policía, principalmente a través del WhatsApp. Se considera que se han disminuido los delitos como robos, venta de drogas y situaciones de violencia en el entorno escolar. Otro aspecto a resaltar es la confianza entre la comunidad y las autoridades policiales. Sin embargo, persisten retos relevantes, como el déficit en el recurso humano y logístico en las comisarías, lo que dificulta el logro de la efectividad y sostenibilidad de estas iniciativas. En algunos programas, ha disminuido la participación activa por desgaste o falta de motivación. Además, los esfuerzos para coordinar con otras instituciones no han sido suficientes para impactar de manera relevante en los diferentes indicadores de seguridad ciudadana. En ese sentido, es relevante el fortalecimiento de alianzas interinstitucionales con organizaciones civiles y el gobierno local, para fortalecer estas estrategias y motivar la participación de los vecinos de manera sostenida con reconocimiento o beneficios tangibles, además de optimizar los recursos tecnológicos y humanos para una respuesta ágil ante alertas que provienen de la comunidad.

Este estudio cualitativo destaca, en general, percepciones positivas; sin embargo, existen limitaciones en indicadores sistematizados metodológicamente más robustos que permitan evaluar la efectividad de estos programas, por lo que se abren nuevas líneas de estudio para futuras investigaciones.