INTRODUCCIÓN

La calidad del agua determina las condiciones de la calidad de vida que posee una población, dado que esta se considera determinante en los procesos cotidianos de los seres humanos y la afectación en su salud. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (^{ONU, 2023}), garantizar la calidad del agua es un gran desafío para todos los países, de cara al cumplimiento de sus objetivos globales, ya que el aseguramiento de la gestión del recurso hídrico y el saneamiento se relaciona con el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) N°6 estimado por la UNESCO de cara al 2030; desde el planteamiento de la ^{ONU (2021)}, los indicadores relacionados con el sexto objetivo, han mostrado como millones de personas en el mundo se han visto afectadas por algún problema relacionado con el agua (Tabla 1).

La problemática de la calidad del agua, a nivel mundial se evidencia con mayor énfasis en el estado de las Cuencas donde se forman los ríos pues, aunque la calidad es buena al inicio de su recorrido, mientras va avanzando a la Cuenca Media y Cuenca Baja se evidencia el impacto de actividades antropogénicas y mineras que van modificando la calidad de agua inicial; es así que las aguas sin purificar pueden contener agentes microbiológicos como los protozoos, virus, helmintos y bacterias, los cuales se consideran patógenos que afectan la salud, así como las cianobacterias tóxicas; y también organismos indicadores entre ellos la Escherichia Coli, bacterias coliformes totales y termo tolerantes.

Por ende, la calidad del agua se trata de un requerimiento necesario para la disminución de enfermedades, lo cual se hace más urgente considerando que un elevado porcentaje de la población mundial llega a abastecerse de agua a través de pequeños sistemas, pero estos no son seguros al encontrarse expuestos, lo que trae múltiples consecuencias (^{Organización Mundial de la Salud, 2024}). Previamente, ya se había definido la calidad del agua en el establecimiento de las políticas públicas a modo de proporcionar el cumplimiento de la norma de cara a las políticas públicas orientadas a la salud (OMS, 2018).

En América, y sobre todo en América de Sur, el tratamiento de las aguas residuales se convierte en un desafío, y a ello se suma lo expuesto por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (^{CEPAL, 2023}) que expresa cómo el cambio climático genera consecuencias en el incremento de la temperatura media, la reducción de los glaciares, el aumento del nivel del mar y cambios en las lluvias, y ello afecta por su puesto la composición del agua. Es así que, como respuesta a los desafíos actuales a nivel de cambio global, los países de América Latina y el Caribe se han propuesto generar reformas; considerando que en las distintas naciones existen actores con influencia en las conductas acerca del agua, se requiere concertación en la toma de decisiones que afectan este recurso, desde una gobernanza “transparente, coherente y articulado, se podrá asegurar un uso eficiente y ordenado del agua" (^{CEPAL, 2021}, p.15).

Ante esto, ^{Gonzales y Roldan (2019)} expresan que la calidad del agua en América no es igual en Latinoamérica, ya que existen bioindicadores sobre los macroinvertebrados y otras especies; asimismo, para determinar la calidad de un cuerpo de agua se utilizan análisis como son la turbiedad, el Oxígeno Disuelto (OD), la Conductividad Eléctrica (CE), los Sólidos Totales Disueltos (STD), la temperatura y el pH. De allí que también se establezcan diversos parámetros fisicoquímicos con los que resulta posible la clasificación de la calidad del agua como se plantea a continuación (Tabla 2).

En tal sentido, ya que el aseguramiento de calidad y reúso del agua implica la educación e innovación en las tecnologías para la valoración de los servicios, se precisan políticas para la calidad del agua, basadas en las leyes y planes públicos del Estado, cuya finalidad sean la salud pública y la seguridad hídrica, esto en favor de la búsqueda de un desarrollo sostenible.

Las teorías relacionadas definen las políticas públicas como aquello que los gobiernos deciden hacer a través de planteamientos sobre las mejoras acorde a las necesidades en un país, ya que se refieren al conjunto de “objetivos, decisiones y acciones que conllevan a soluciones en un momento estipulado siendo prioritarios para el gobierno” (Tamayo, 1997, p. 281).

Según ^{Torres y Santander (2022)}, las políticas públicas son los objetivos que quiere la sociedad para alcanzar el bienestar total en una nación “y permiten orientar el avance de cómo hacerlo evidenciando logros” (p. 14); aunque también se reconocen como estrategias encaminadas a resolver problemas de carácter público, donde en general los “afectados poseen menos recursos económicos” (Bazúa y Valenti, 1995, p. 51), estas acciones se deben encaminar a satisfacer a los más necesitados en un tiempo definid; sin embargo, la burocracia impide en diversas ocasiones el alcance de estas estrategias (Del Castillo y Méndez, 2006). De allí que el presente artículo de revisión sistemática busca soluciones a la falta de calidad del agua, especialmente en los países latinoamericanos.

METODOLOGÍA

El artículo se desarrolla aplicando el método de revisión sistemática para la búsqueda de artículos científicos, a través del protocolo PRISMA definido por ^{Page et al (2021)} como un aporte a la generación de conocimiento desde las revisiones sistemáticas en diversas áreas o temáticas. De esta manera, se revisaron bases de datos de interés como Google Académico y Science Direct para la localización de publicaciones y trabajos, utilizando como criterios de inclusión que los estudios cumplan con el periodo de 2020 a 2025, que se relacionen directamente con la temática y contexto, y además se cataloguen por su relevancia y aporte. Entre los términos clave que se utilizaron para la búsqueda se encuentran: políticas públicas, calidad del agua, Latinoamérica.

Figura 1 Diagrama PRISMA 

De acuerdo con lo dispuesto en el diagrama PRISMA, se expresa que la base de datos principal, Google Académico arrojó un total de 15200 resultados, mientras que para la fuente de búsqueda secundaria, Science Direct se obtuvieron 103 trabajos; a través del protocolo fue posible generar la exclusión de duplicados y el descarte de los estudios que no cumplían con los criterios de selección, quedando un total de 21 trabajos para su análisis e interpretación como se observan en la Tabla 3.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En el presente apartado, se integran los principales resultados obtenidos de los 21 documentos seleccionados sobre la calidad del agua en países Latinoamericanos, donde se contemplaron múltiples realidades, pero básicamente similares consideraciones respecto a las políticas públicas dispuestas para este fin. Por ejemplo, el trabajo de ^{Avelar et al. (2023)}, realizado en México, destacó que al evaluar la calidad del agua en la cuenca del río Pánuco, se determinó que las concentraciones iónicas son elevadas y los índices de Carbonato de Sodio Residual (CSR), Conductividad Eléctrica (CE) y Sólidos Totales Disueltos (STD) mostraron que el agua no tiene calidad idónea para el riego agrícola. Asimismo, en México, ^{Venegas et al. (2023)} indicaron que la calidad del agua está determinada por las actividades antropogénicas. Con indicadores bacteriológicos, el estudio mostró que un 40 % de las pequeñas plantas purificadoras distribuyen agua contaminada con coliformes fecales, coliformes totales y Pseudomonas sp.

A esto, ^{Mancilla et al. (2021)} añadieron que en México una de las principales fuentes de abastecimiento para el riego agrícola es el agua subterránea, la cual se ha visto afectada por desechos industriales y residuales. Al evaluar las características fisicoquímicas de las aguas subterráneas de Zacoalco se encontraron en su mayoría cloradas-magnésicas y en Autlán bicarbonatadas-magnésicas. Ambas son recomendables para el riego, aunque presentan niveles de salinidad que imponen restricciones: 40 % en Zacoalco y 75 % en Autlán. En el caso de Chile, ^{García (2020)} destacó que, aunque la ONU reconoce el derecho humano al agua y al saneamiento, son pocos los países de la región latinoamericana que han incorporado este derecho en sus constituciones. El resto lo han adoptado de forma tácita en otros derechos previamente reconocidos, como la salud o la protección del medio ambiente. En este sentido, la legislación chilena representa un caso único en el reconocimiento internacional de este derecho y su compatibilidad con el ordenamiento jurídico.

Según ^{Arce et al. (2022)}, en Costa Rica la calidad del agua superficial afecta la estructura social debido a los residuos sólidos vertidos en los ríos. Esto se suma a los aspectos socioambientales y análisis físicos, químicos y biológicos, que muestran un cumplimiento parcial de los estándares clase 1 para aguas.

Por otro lado, en Ecuador, Ávala et al. (2021) realizaron un análisis en la cuenca baja del río Lelía durante diversos periodos hidrológicos (verano e invierno). El cálculo del Índice de Calidad del Agua (ICA) reveló que, mientras en verano la calidad es buena, en invierno varía de mala a regular, lo que exige tomar medidas para ajustar las características del agua a la normativa vigente. En Uruguay, ^{Cedeño (2022)} señaló que la participación ciudadana mejoró los controles democráticos en la gestión y saneamiento del agua durante los gobiernos del Frente Amplio (2005-2020), destacándose el control vertical no electoral y las políticas participativas. Estas mejoras se lograron mediante la adopción de objetivos explícitos en las políticas públicas, la creación de leyes y decretos, y el trabajo conjunto entre actores estatales y no estatales.

A decir de Perú, el investigador ^{Salvador (2021)} indicó que el servicio de agua de calidad implica un reto para los organismos del Estado que administran los procesos para garantizar este derecho, a través de sus órganos regionales y locales. En este sentido, estos retos deben ser abordados con la formulación de lineamientos y políticas de intervención que promuevan el bienestar de la población. Para ello, es necesario entender las diversidades en la gestión del agua en las municipalidades de América Latina. Por su parte, ^{Lacabana (2023)} destacó la gestión sobre el servicio de agua potable y su saneamiento en Venezuela, donde se ha pasado de un enfoque centralizado en el Estado a un carácter socio-céntrico que, en el caso de las organizaciones comunitarias o mesas técnicas de agua (MTAs) en Venezuela, facilita la solución del acceso a este servicio en los sectores populares. Sin embargo, pese a los logros obtenidos, se han evidenciado conflictos en la provisión de los servicios, así como en la participación y la autonomía de estas organizaciones.

Con relación a Argentina, ^{Calderón et al. (2020)} observaron que, tras revisar aspectos relevantes sobre políticas nacionales y provinciales en ese país, con énfasis en las normas y planes, se evidencia la ausencia de leyes en temáticas relativas a los recursos hídricos, así como escasos puntos en común entre estas políticas. Esto destaca la importancia de vincular estos procesos desde una perspectiva integral para contribuir a la sostenibilidad en el marco de las metas previstas dentro de los ODS en cuanto al manejo de las aguas. En Colombia, ^{Núñez et al. (2020)} indicaron que, debido a la necesidad de una política pública con enfoque en los derechos humanos para fortalecer la gestión comunitaria del agua en las zonas rurales, se analizó la comprensión histórica y jurídica de las formas de gestión pública, privada y comunitaria. Este análisis reveló que la gestión comunitaria del agua y la carga regulatoria deben asumir los acueductos comunitarios en Colombia, junto con una respuesta estatal desde el derecho fundamental a este recurso, el cumplimiento de las obligaciones derivadas de los instrumentos jurídicos nacionales e internacionales y la afirmación de las comunidades rurales como sujetos de derecho con relación especial frente al territorio. En consecuencia, estas comunidades deben ser consultadas en el diseño y la implementación de estas políticas públicas.

Adicionalmente, ^{Winton et al. (2023)} enfatizaron que la calidad del agua en la región de América del Sur, especialmente en zonas tropicales como Colombia, Perú y Bolivia, se ve impactada por la contaminación provocada por actividades de construcción en los reservorios y hidroeléctricas, lo que incrementa la cantidad de sedimentos, reduce el oxígeno en ciertas zonas del embalse y genera el crecimiento de plantas acuáticas que alteran las características del agua. En este contexto, ^{Aguilar y Cubas (2021)} señalaron que en los países de Latinoamérica, el uso de las aguas residuales, derivado de actividades antropogénicas, mineras, agrícolas y la acumulación de residuos sólidos, afecta la producción agrícola al ser utilizadas en el riego. Por otro lado, ^{Contreras y Muller (2020)} resaltaron que uno de los factores más importantes para el cuidado de las cuencas hidrográficas es la calidad del agua, ya que esta determina los estándares necesarios para conservar los ecosistemas y definir el uso que le dará la población. Por ende, propusieron un monitoreo comunitario de una cuenca hidrográfica que integre a los actores involucrados en el cuidado del recurso hídrico con el objetivo de empoderarlos.

Para ^{Del Barrio et al. (2020)}, el agua resulta de gran importancia, aunque se encuentra en situación crítica en la actualidad y sigue representando un recurso natural que debe preservarse para el desarrollo sostenible del medio ambiente. A esto, ^{Restrepo y Nieto (2020)} añaden que la gobernanza del agua hace referencia a una rendición de cuentas y a la responsabilidad de los gobiernos para integrar los recursos junto a las instituciones donde se dé valor y se demuestre el interés por mejorar la calidad del agua frente a las necesidades sociales. Por su parte, Ochoa (2022) señala que en Latinoamérica la participación de la ciudadanía en la gestión de los recursos hídricos alude a una crisis en la gobernabilidad que podría agravarse y generar afectaciones a los ecosistemas y al ser humano. Entre las conclusiones se destaca que la gestión pública ha incorporado la participación como un mecanismo para el involucramiento de los usuarios y la sociedad civil, así como el control social en la gestión sostenible de estos recursos.

Por ende, ^{Pulgar (2020)} expresa que, debido al reconocimiento que tiene el derecho humano al agua y a su saneamiento en América Latina, se analiza el desarrollo de los contenidos en los derechos humanos, lo cual revela la importancia de la protección ambiental y de la jurisprudencia correspondiente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En relación a su construcción, considerando la evolución en las sentencias al reconocerlo como un derecho autónomo, a partir de las nuevas constituciones latinoamericanas, se generan reflexiones sobre estos contenidos en las normas de derecho interno. Asimismo, Dardaque et al. (2020) expresan que la mayoría de los documentos y estudios sobre el agua no se centran en su inocuidad y calidad, por lo cual los gobiernos y autoridades locales precisan revisar sus políticas para garantizar la unanimidad de enfoques que coadyuven a alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible con interés en el agua.

En razón de ^{Bocanegra (2021)}, bajo la metodología IWAVE del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) para mejorar la disponibilidad y sostenibilidad del agua, se propone fortalecer las capacidades de los países en la recopilación, gestión e interpretación de los datos hidrológicos y el uso de herramientas y técnicas avanzadas a fin de mejorar la gestión de recursos. Es relevante la información hidrológica sólida para mejorar la gestión de recursos hídricos, la generación de redes de monitoreo de isótopos para mejorar los modelos hidrogeológicos, la contemplación de escenarios de cambio climático, la creación de nuevas bases de datos hidrológicas nacionales, y la implementación de Agendas Nacionales del Agua. En tal sentido, se hacen indispensables estudios sobre el estado actual de la regulación, la estructura y valores tarifarios para la recuperación de los costos de los sistemas de agua potable y su saneamiento en América Latina y el Caribe, actualizando y complementando los aportes de trabajos publicados por la CEPAL (^{Fernández et al., 2021}).

A lo largo de esta revisión, es importante inferir que la calidad del agua se encuentra determinada por las actividades antropogénicas, tales como mineras, de construcción en los reservorios e hidroeléctricas, que incrementan la cantidad de sedimentos y otros agentes en la misma. Es así que la ONU reconoce el derecho humano al agua y su saneamiento, destacando que son pocos los países de la región latinoamericana que recogen este derecho en sus constituciones, además de que la calidad varía también dependiendo de la época y el cambio climático en diversas zonas. A tales efectos, se destaca la necesidad de que se activen dispositivos institucionales para la formulación de leyes, así como la creación de instancias junto al trabajo conjunto entre los actores estatales y no estatales, con el fin de contribuir con la sostenibilidad en el marco de los ODS.

CONCLUSIONES

Principalmente, las políticas públicas de calidad del agua se reconocen como parte de las gestiones a cargo del Estado, considerando que determinan las condiciones de salud de la población, en relación con la relevancia que tiene este recurso para la vida. De ahí surge la necesidad de analizar sus parámetros físicos, químicos y biológicos, lo cual se hace posible con los índices y parámetros establecidos que determinan su calidad a escala mundial. Es así que, al abordar el caso en los países latinoamericanos, se puede concluir que, a nivel interno, las diferentes naciones están llamadas a fortalecer el derecho de los ciudadanos ante el uso de este recurso vital, ya que, más allá de su contemplación tácita o implícita en el marco constitucional y legal, debe notarse una movilización de los actores que garantice la implementación de sistemas para el cuidado de este recurso, a través de las instituciones.

En atención al ODS que se orienta desde la UNESCO hacia el manejo de este recurso, se concluye que existe una ausencia de uniformidad en las diversas prácticas que establecen los países acerca del derecho humano al agua, las cuales se ven afectadas por condiciones socioeconómicas y políticas de cada país, ya que se contempla una variación en la toma de conciencia para mantener la calidad del agua en la región. Aunque no se descartan los intentos por parte de las naciones en relación con el tema, es preciso adecuar los sistemas a las necesidades de la población, de manera que las políticas públicas deben priorizar la forma en que las concentraciones de contaminantes, desde la actividad agrícola, química, industrial e incluso poblacional, afectan significativamente la calidad del agua. Así, se precisa superar la intención de cambio y afianzar puntos en común entre estas políticas y, asimismo, vincular las gestiones y procesos para contribuir de forma vehemente a la sostenibilidad de cara a las metas que plantean los ODS respecto a la calidad del agua y su incidencia en el cumplimiento de múltiples fines en estas y el resto de las naciones en el mundo.