Introducción

La participación activa de la ciudadanía, junto con las entidades gubernamentales y los partidos políticos, es fundamental para el desarrollo y la fortaleza de la democracia. A lo largo del tiempo, las formas y métodos de la participación ciudadana se han adaptado a las transformaciones vividas en el ámbito democrático. Sus raíces se encuentran en la Grecia antigua, donde los ciudadanos tomaban parte en asuntos públicos a través de asambleas (Eclésias) en la Polis (Ciudad-Estado). Esto continuó con las experiencias de las Repúblicas italianas durante la Edad Media y el Renacimiento, hasta llegar al liberalismo, que, basado en los principios de la Revolución Francesa, estableció las bases para la democracia representativa en el siglo XVIII (^{Véliz Arauco, 2017}).

En la región latinoamericana, según ^{Ramírez Vidarte et al. (2022)}, la inclusión de los ciudadanos en la elaboración de políticas públicas ha sido adoptada de manera sesgada. Las determinaciones provienen, en la mayoría de los casos, del ámbito central y no de las solicitudes planteadas por la gente, aunque las declaraciones promuevan la participación ciudadana en diversos niveles. En gran parte de América Latina, las experiencias de participación ciudadana son escasas o prácticamente inexistentes, en el mejor de los escenarios, se limitan a cuestiones de implementación o provisión de fuerza laboral como medio de financiamiento compartido.

En el ámbito peruano, involucrarse en asuntos públicos es un derecho esencial para los ciudadanos. La Constitución Política de Perú de 1993 reconoce que los ciudadanos tienen derechos a involucrarse en los asuntos del Estado; igualmente, la Ley de Bases de la Descentralización estipula que las administraciones regionales y locales deben incluir presupuestos participativos como métodos de gestión pública. Al respecto, la historia del presupuesto participativo en nuestro país se remonta a 1984 en la Municipalidad de Villa El Salvador, donde el alcalde Michel Azcueta, basado en la experiencia colectiva de la organización vecinal “Comunidad Urbana Autogestionaria de Villa El Salvador” (CUAVES), integra la consulta ciudadana y las decisiones que se toman en las asambleas. Desde el año 2003, el presupuesto participativo se vuelve obligatorio para los gobiernos distritales, provinciales y regionales, estando regido por la Ley Marco del Presupuesto Participativo (^{Hernández Trejo, 2023})

De acuerdo con ^{Cienfuegos y Huerta (2023)}, en la región de Tumbes han surgido incidentes de corrupción en diversas instituciones gubernamentales, lo que impacta en la fragilidad de los derechos humanos, al paralizar la implementación de iniciativas vinculadas a servicios esenciales como la salud y la educación.

En este contexto, ^{Sánchez Justo (2017)} destaca cómo la ciudadanía peruana, en muchos casos, se organiza para enfrentar problemas de corrupción. Un ejemplo de ello son las reuniones públicas organizadas por la Contraloría en 31 provincias, donde aproximadamente 2,341 ciudadanos exigieron sanciones por retrasos y deficiencias en la ejecución de proyectos de obra pública. En Bagua, región Amazonas, se registraron quejas relacionadas con la gestión inadecuada de proyectos en los sectores de saneamiento y educación. Por su parte, en Lambayeque, la población expresó su preocupación por los retrasos en la construcción de sistemas de agua y saneamiento, colegios, carreteras y otras infraestructuras.

En cuanto a la Municipalidad Distrital de La Peca, ésta presenta características particulares en cuanto a la implicación de los ciudadanos y el presupuesto participativo. La Peca tiene sus orígenes en las labores comunitarias, donde sus pobladores se reunían para realizar actividades en beneficio de la comunidad, impulsados por un fuerte sentido de cooperación. Estas actividades incluían la limpieza de límites y de hitos comunales, el mantenimiento de caminos, la apertura y el cuidado de canales de riego, y la construcción de escuelas e iglesias.

Sin embargo, dicha entidad carece de un Plan de Desarrollo Concertado, lo que representa un obstáculo para la gestión de inversiones. Los ingresos por FONCOMUN promedian S/. 1,600,000 cada año, de los cuales un 70% se destina a gastos operativos y solo un 30% a inversiones, cifra que resulta insuficiente para satisfacer las necesidades de cuatro centros poblados y veintiocho caseríos, además de la capital del distrito. Esta situación genera frustración en la población, la cual considera que sus necesidades inmediatas son muchas veces desatendidas.

Dentro de los factores que han llevado a la débil aplicación de los presupuestos participativos en años recientes, se pueden mencionar: la escasa disposición política por parte de los responsables del gobierno local para asignar los recursos necesarios para llevar a cabo el Proceso de Desarrollo del Presupuesto Participativo, y la limitada organización y dirección de las instituciones y grupos de la sociedad civil para demandar la implementación efectiva del presupuesto participativo.

En virtud de lo expuesto, el objetivo de esta investigación es analizar la participación ciudadana en la implementación del presupuesto participativo en el Gobierno Local de La Peca durante el periodo 2016-2018, con el fin de identificar la fortalezas, debilidades y posibles mejoras en el proceso participativo. Asimismo, se busca evaluar el nivel de compromiso político de las autoridades locales, la efectividad en la ejecución de los proyectos priorizados, y la percepción de los funcionarios y agentes participantes sobre la transparencia y eficacia del presupuesto participativo en la comunidad.

En este sentido, la presente investigación constituye un aporte significativo, ya que busca fomentar la colaboración dentro de las organizaciones para mejorar su participación en los presupuestos participativos. Además, servirá como referencia para otros investigadores interesados en explorar temas relacionados con la implicación ciudadana en la implementación de estos presupuestos.

Metodología

La investigación se enmarcó dentro de un enfoque cualitativo, siguiendo los principios del paradigma fenomenológico. Este enfoque reconoce que los fenómenos están interrelacionados, donde los elementos causales y sus consecuencias no pueden ser considerados de manera aislada. Además, se establece que toda actividad investigativa está influenciada por valores y contextos específicos.

El contexto general de la investigación abarcó el área jurisdiccional del Distrito La Peca. En particular, el contexto específico se centró en la Municipalidad Distrital de La Peca, entendida como el gobierno local y las entidades funcionales que facilitan la prestación de servicios a la comunidad.

Para la selección de los participantes en la investigación, se establecieron diez criterios, incluyendo el método de muestreo de casos. En cuanto a la recopilación de datos, se utilizaron diversas estrategias, que incluyen: 1. una revisión exhaustiva de documentos relacionados con el presupuesto participativo, informes municipales, normativas legales, actas de sesiones y cualquier otro material escrito que proporcionara información sobre el proceso de presupuesto participativo en el Gobierno Local de La Peca y 2. la observación directa de las actividades y procesos vinculados al presupuesto participativo en el Gobierno Local de La Peca. Esta observación permitió obtener información de primera mano sobre la ejecución de proyectos, la participación ciudadana en las reuniones y la dinámica general del proceso participativo. Este enfoque metodológico facilitó una comprensión profunda y contextualizada de la realidad social del Distrito La Peca, asegurando que las voces de los participantes fueran escuchadas y valoradas en el proceso investigativo.

Resultados

El análisis exhaustivo de los datos recopilados en el marco de la investigación sobre la participación ciudadana en la Implementación del presupuesto participativo en el Gobierno Local de La Peca, Amazonas, durante el periodo 2016-2018, reveló una serie de hallazgos significativos que arrojan luz sobre la dinámica de la participación de los ciudadanos en este proceso. Los resultados obtenidos reflejan tanto las fortalezas como las debilidades del Gobierno Local de La Peca en la facilitación y ejecución del presupuesto participativo. Se examinaron detalladamente los niveles de participación, las acciones preparatorias, la priorización y ejecución de proyectos, así como la percepción de los funcionarios y agentes participantes. Estos datos proporcionaron una visión holística de la efectividad y el impacto del presupuesto participativo en la comunidad local.

En la Tabla 1 se presentan los resultados obtenidos del presupuesto participativo del Gobierno Local de La Peca durante el período 2016-2018, específicamente en relación con la participación del público. En el año 2016 se contó con la presencia de 58 participantes, distribuidos de la siguiente manera: 04 funcionarios municipales, 01 agente participante, 50 residentes y 03 regidores de la Municipalidad Distrital de La Peca. En el año 2017, se registró la participación de 19 personas, incluyendo 06 funcionarios municipales, 12 agentes participantes y 01 poblador. Por último, en 2018, participaron 55 individuos, entre los cuales se encontraban 10 funcionarios municipales, 24 agentes participantes, 16 pobladores y 05 regidores de la Municipalidad Distrital de La Peca.

Por su parte, la tabla 2 detalla la asistencia durante los presupuestos participativos del Gobierno Local de La Peca en el período comprendido entre 2016 y 2018. En 2016, se contabilizó la participación de un total de 58 individuos, distribuidos de la siguiente manera: 04 empleados municipales, 01 agente participante, 50 habitantes y 03 miembros del concejo de la Municipalidad Distrital de La Peca. Durante el año 2017, se sumaron 19 personas, incluyendo 06 funcionarios municipales, 12 agentes participantes y 01 residente. Asimismo, en 2018, se registró la participación de 55 individuos, de los cuales 10 eran empleados municipales, 24 actuaban como agentes participantes, 16 eran habitantes y 05 eran concejales de la Municipalidad Distrital de La Peca.

De acuerdo con lo expuesto en la tabla 3, relativa al presupuesto participativo correspondiente al año 2016, las fechas programadas y ejecutadas de las acciones preliminares abarcaron desde el 15 de mayo de 2015 hasta el 21 de junio de 2015. La etapa de concertación se llevó a cabo el 21 de junio de 2015, al igual que la firma de acuerdos y compromisos en esa misma fecha.

En el año 2017, dentro del contexto del presupuesto participativo, las actividades previas se programaron para el 12 de julio de 2016. Las discusiones tuvieron lugar el 13 de junio de 2016. La firma del acta de acuerdos y compromisos, la elección del comité de supervisión y la presentación de informes se programaron para el 13 de julio de 2016.

En el financiamiento participativo de 2018, las acciones preliminares fueron planificadas desde el 15 de mayo de 2017 hasta el 15 de junio de 2017. El 15 de junio de 2017 se llevó a cabo la actividad de concertación, y también se programó la firma del acta de acuerdos y responsabilidades, así como la elección del comité de supervisión y transparencia para esa misma fecha.

Discusión

Si bien el debate teórico de la participación ciudadana tiene su asidero en los preceptos de la democracia moderna, no podemos dejar de desmerecer la importancia de las primeras manifestaciones del pensamiento político griego que establecieron la organización de la Ciudad-Estado (Polis) sobre la base de la democracia directa: la participación del ciudadano en los asuntos públicos a través de grandes asambleas públicas (Eclésias), y con ello llegaron a la humanidad los ideales de la democracia.

La democracia contemporánea se basa en los principios promovidos por la Revolución Francesa: la libertad personal y la igualdad social. Las primeras formas de esta democracia son las democracias liberales, donde las estructuras políticas, como los parlamentos, se desviaron hacia la búsqueda de sus propios intereses, llevando a la ciudadanía a un nivel de participación en elecciones, sin lograr al mismo tiempo disminuir las marcadas desigualdades sociales propias del capitalismo. Ante esto, surgen las teorías participativas, que proponen la creación de espacios tanto directos como indirectos para fomentar una mayor participación de la ciudadanía.

En este debate, el presupuesto participativo surge como un novedoso mecanismo de democracia directa, a través del cual los ciudadanos no solo emiten su voto, sino que también deciden y supervisan cómo se invertirá el presupuesto, asumiendo un rol activo en la gestión gubernamental (^{Vásquez González et al., 2020}). Si bien esta herramienta representa una estrategia clave para promover la democratización del Estado y la sociedad civil desde el ámbito local, enfrenta importantes desafíos. Entre ellos, destacan los efectos del neoliberalismo y la globalización, que han intensificado el individualismo exacerbado, fomentado la corrupción en las esferas gubernamentales y generando apatía ciudadana hacia la participación en la actividad política.

El desconocimiento de los conceptos y fundamentos teóricos relacionados con la participación ciudadana y el presupuesto participativo, por parte de los funcionarios y agentes involucrados en los presupuestos participativos del Gobierno Local de La Peca durante los años 2016-2018, representa una problemática que el gobierno local debe abordar con seriedad. Para ello, resulta fundamental implementar un programa de capacitación enfocado en estas temáticas. Al respecto, ^{Huamaní Arone y Gómez Narváez (2022)} señalan que, para garantizar una participación ciudadana efectiva, es imprescindible despertar el interés de la población en estos asuntos.

En cuanto a los resultados obtenidos, en relación con el público que participó en los presupuestos participativos, se observan las siguientes cifras:

Estos datos reflejan variaciones significativas en el nivel y composición del público que intervino durante estos años. Asimismo, del análisis se infiere que la participación de agentes participantes es irrelevante, teniendo en consideración la existencia de un promedio de un centenar de organizaciones en el ámbito del Distrito. Además, las normas vigentes establecen que solo los agentes participantes tienen voz y voto, el resto de participantes solo tienen voz. En este sentido, la participación de un solo agente en el año 2016 evidencia una debilidad significativa en la implementación de la estrategia de difusión. Este hecho podría interpretarse como una falta de interés por parte de los potenciales agentes participantes o como una deficiencia en los mecanismos de comunicación y promoción del programa (^{Príncipe, 2021}).

En relación con el estudio de ^{Cerna Luna et al. (2023)}, titulado “Un análisis de la participación ciudadana en el proceso de presupuestación en el Gobierno Local en Tanzania: el caso del Consejo del Distrito de Ngara”, concluyó que la implicación de los ciudadanos en el desarrollo del presupuesto participativo en el ámbito local es bastante escasa. Hasta los que forman parte del comité TUKI no están conscientes de que se trata de un derecho y no de un privilegio. Los datos recopilados revelaron que el 83% de los ciudadanos que participaron en el estudio desconocían que su participación en el presupuesto era un derecho, y el 86% de los encuestados nunca habían estado involucrados en el proceso de presupuestación participativa.

Ahora bien, retomando los resultados del estudio sobre los periodos de convocatoria de los presupuestos participativos del Gobierno Local de La Peca, correspondientes a los años 2016-2018, se observa que tanto en 2016 como en 2018, las fechas programadas y ejecutadas para las acciones preparatorias fueron generalmente prudentes. Sin embargo, en el año 2017, estas acciones se llevaron a cabo de manera improvisada y sin planificación previa.

Por otro lado, las actividades relacionadas con la concertación, suscripción de actas de acuerdos y compromisos, elección de comités de vigilancia y rendición de cuentas durante estos tres años se realizaron todas en un solo día. Esto generó una sobrecarga significativa y puede considerarse antiético desde el punto de vista organizativo.

El análisis de los resultados sobre la priorización y ejecución de proyectos en los presupuestos participativos del Gobierno Local durante los períodos 2016-2018 revela una notable discrepancia entre la priorización y la ejecución efectiva. El cumplimiento de estos proyectos ha sido muy limitado, ya que solo se llevaron a cabo tres proyectos priorizados entre 2016 y 2018, mientras que seis proyectos no incluidos en las acciones de priorización fueron ejecutados. Esto sugiere un desajuste significativo entre el proceso de selección inicial y su implementación posterior.

Por consiguiente, resulta oportuno recordar las palabras de ^{Lara Rivera (2023)}, quien sostiene que una buena implementación del presupuesto participativo depende fundamentalmente del apoyo, la opinión y la participación activa de la ciudadanía. Solo mediante este enfoque se pueden garantizar mejoras continuas año tras año y asegurar que los proyectos se ejecuten oportunamente para el beneficio directo de la población. En relación a este tema, ^{Zeballos Valdivia (2017)} señala que entre las funciones de las administraciones locales y regionales se encuentran: la consideración del total de ingresos obtenidos el año anterior, la estimación de los ingresos que se anticipa recibir en el año presente, el análisis de las entradas de los gobiernos locales, regionales, nacionales o internacionales, y, en última instancia, establecer los gastos del gobierno del año en curso, que incluyen los costos del personal, las pensiones y los gastos de la deuda pública, para luego invertir el saldo restante en iniciativas públicas (^{Príncipe, 2021}).

Conclusiones

A través de la investigación, se evidenció una falta significativa de compromiso político por parte del Gobierno Local de La Peca para facilitar el desarrollo efectivo de las actividades relacionadas con el presupuesto participativo durante el período 2016-2018. Lamentablemente, este mecanismo de participación ciudadana ha mostrado una ejecución deficiente. Esta falta de compromiso se manifestó en diversos aspectos que impactaron negativamente en el proceso. En primer lugar, se observó una escasa difusión de información sobre los alcances y objetivos del presupuesto participativo, así como de los calendarios de convocatoria, lo que limitó la participación activa de la comunidad en el proceso.

Además, la implementación de una programación cargada excesivamente de actividades en un solo día generó dificultades significativas para una planificación y seguimiento adecuados de las acciones relacionadas con el presupuesto participativo. Esta falta de distribución equitativa de las actividades afectó la calidad y eficacia de la implementación de los proyectos prioritarios, lo que a su vez contribuyó a la insatisfacción de los participantes y a la falta de transparencia en el proceso.

Otro aspecto relevante fue la presentación de informes de cuentas generales de manera evasiva, alegando recursos limitados como justificación para no cumplir con los compromisos y acuerdos establecidos. Esta falta de transparencia en la rendición de cuentas generó desconfianza entre los participantes y socavó la credibilidad del Gobierno Local de La Peca en la gestión del presupuesto participativo.

Además, se constataron incumplimientos de acuerdos y compromisos al ejecutar proyectos que nunca fueron priorizados por la comunidad, lo cual refleja una falta de respeto hacia las decisiones colectivas. Asimismo, el bajo rendimiento de los comités de vigilancia y supervisión pone en evidencia una deficiencia en los mecanismos de control y seguimiento del proceso participativo, lo que compromete tanto la efectividad como la legitimidad del presupuesto participativo a nivel local. En conjunto, estos factores destacan la necesidad imperiosa de mejorar significativamente la gestión y el compromiso político en el desarrollo del presupuesto participativo para asegurar una participación ciudadana efectiva y una implementación exitosa de los proyectos prioritarios.