Introducción

Es responsabilidad del Estado velar por el uso adecuado de los recursos públicos destinados a la adquisición de bienes y servicios, así como a la ejecución de obras que atiendan las crecientes necesidades sociales. En este contexto, las compras sostenibles emergen como una estrategia para garantizar un aprovisionamiento estratégico, optimizar el valor del dinero público, incrementar la eficiencia en los procesos de adquisición y promover la inclusión de sectores vulnerables, la innovación y la sostenibilidad ambiental. Asimismo, se busca reducir el impacto ambiental y fomentar la adjudicación de contratos a proveedores responsables, dentro de una economía competitiva.

^{Connolly et al. (2020)} sostienen que la contratación pública ha sido tradicionalmente entendida como un proceso administrativo orientado a satisfacer las necesidades operativas de las instituciones estatales. Sin embargo, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) ha enfatizado que esta función cumple además con objetivos de utilidad pública, al responder a las necesidades ciudadanas, garantizar la transparencia, controlar el gasto público y dinamizar la economía mediante adquisiciones eficientes. No obstante, los gobiernos han comenzado a alejarse de una visión meramente procedimental para adoptar políticas orientadas a las compras sostenibles, con el fin de fortalecer la confianza ciudadana y mejorar la administración de los recursos estatales.

En esta línea, ^{Morelli Ferreira (2023)} afirma que la adjudicación constituye un acto administrativo mediante el cual se selecciona, bajo un procedimiento competitivo, la oferta más adecuada, otorgando al adjudicatario un derecho subjetivo. Por ello, es necesario que dicho proceso se gestione con razonabilidad, en respeto a los principios de igualdad y legalidad, considerando que está sujeto a revisión jurisdiccional por los tribunales competentes, quienes pueden confirmar o anular las decisiones adoptadas.

Por su parte, ^{Bolívar-Gacitúa (2023)} advierte que la colusión en los procesos de contratación pública, manifestada en la escasa participación de oferentes, atenta contra la libre competencia. En consecuencia, resulta indispensable analizar las disposiciones del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), a fin de legitimar las sanciones frente a prácticas anticompetitivas. Además, resalta la importancia de establecer reglas claras sobre publicidad, condiciones de participación y lineamientos para modificaciones y resoluciones contractuales.

^{Bastos y Vidal Marcílio Pompeu (2023)} examinan las adquisiciones públicas de alimentos desde un enfoque racional y sostenible, alineado con los lineamientos de la Agenda 2030 para erradicar el hambre a nivel mundial. Subrayan la necesidad de fortalecer los sistemas productivos y aplicar técnicas agrícolas resilientes, especialmente frente a los desafíos actuales en las contrataciones públicas alimentarias, que afectan la seguridad alimentaria y el consumo adecuado de productos nutritivos. Para ello, proponen una metodología basada en el razonamiento inductivo y deductivo, de tipo cualitativo, centrada en el análisis normativo e institucional.

En esta misma línea, ^{Aponte Ríos et al. (2023)} analizan la integridad y segmentación en las contrataciones con el Estado, identificando factores como la inobservancia normativa, la limitada capacidad técnica de los funcionarios y los actos de corrupción, que derivan en la resolución anticipada de contratos. Frente a esto, proponen fortalecer las competencias del personal encargado de las contrataciones, para prevenir conductas ilícitas que afectan la prestación de servicios esenciales a la población.

El (^{Banco Mundial (2022)} ) estima que los gobiernos destinan anualmente cerca de 13 billones de dólares a contratos públicos, de los cuales, aproximadamente una cuarta parte se pierde por adquisiciones ineficientes. Estos recursos podrían invertirse en el desarrollo de una economía verde, inclusiva y resiliente. Por ello, se hace imperativo profesionalizar la gestión de la contratación pública, promover buenas prácticas, y establecer sistemas continuos de evaluación y verificación que aseguren resultados efectivos y beneficios sociales.

En el caso de Colombia, ^{Vásquez Santamaría (2018)} identifica importantes deficiencias en la fase de planificación contractual, debido a una normativa débil que propicia desviaciones en la conducta de los servidores públicos. La falta de valoración de la planificación incide negativamente en la ejecución contractual y en el cumplimiento de los fines del Estado.

En Perú, durante la década de 1990, no existía un sistema consolidado de compras públicas, y las normas eran insuficientes para garantizar procesos eficientes y transparentes. Fue recién en 1999 cuando se creó un organismo adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros para supervisar las contrataciones estatales. Posteriormente, en 2008 se fundó el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), a través del Decreto Legislativo Nº 1017. En 2014 se promulgó la Ley N.º 30225, la cual ha sido modificada en diversas ocasiones junto con su reglamento (^{Carhuancho Mendoza, (2018)}.

A partir del 22 de abril de 2025, entra en vigor en Perú la Ley N.º 32069, Ley General de las Compras, orientada a reformar el sistema de contrataciones públicas. Esta norma busca articular, modernizar y simplificar la cadena de gestión de compras, conforme a las recomendaciones de la OCDE. Desde la etapa preparatoria, se promueve la valorización del recurso monetario, priorizando la calidad sobre el menor costo, bajo los principios de economía, eficiencia, eficacia y sostenibilidad.

La ^{Contraloría General de la República (2023)} ha documentado múltiples irregularidades y casos de corrupción en contrataciones públicas, evidenciando prácticas de favoritismo, falta de transparencia y distorsiones en la asignación de recursos. Estas situaciones han deteriorado la finalidad pública de los contratos, especialmente en el ámbito de las obras, donde la mala aplicación metodológica genera serias deficiencias. En este contexto, se hace urgente una reforma integral de la contratación pública basada en una filosofía colaborativa y con enfoque sostenible, especialmente en sectores como la ingeniería civil y la construcción.

Por consiguiente, el objetivo de esta investigación es analizar las contrataciones públicas desde el enfoque de las compras sostenibles y su normalización en el entorno latinoamericano, así como su vinculación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), particularmente los objetivos 5, 8 y 12.

Metodología

La presente investigación se desarrolló bajo un enfoque cualitativo con paradigma interpretativo, orientado al análisis documental. Se aplicó una metodología de revisión sistemática de literatura científica y normativa, con el propósito de examinar el estado actual de las contrataciones públicas sostenibles en América Latina y el nivel de avance en su normalización y alineación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). La elección del enfoque cualitativo permitió interpretar y comparar, desde una perspectiva crítica, los marcos normativos, las herramientas técnicas disponibles y los niveles de implementación registrados en los distintos países de la región.

El proceso metodológico incluyó la recopilación de información proveniente de fuentes primarias y secundarias, tales como legislación nacional vigente, políticas públicas, manuales institucionales, informes emitidos por organismos internacionales -como la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial-, así como artículos académicos y estudios especializados en compras públicas sostenibles.

A partir de esta información se elaboró una matriz comparativa que permitió sistematizar y analizar cuatro dimensiones clave: (1) existencia de normativas específicas relacionadas con las compras sostenibles; (2) herramientas institucionales disponibles y debilidades identificadas en los marcos operativos; (3) nivel de implementación de las compras públicas sostenibles (CPS); y (4) grado de alineación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, particularmente los objetivos 5 (igualdad de género), 8 (trabajo decente y crecimiento económico) y 12 (producción y consumo responsables).

La selección de los países incluidos en el análisis -un total de 23- se basó en su representatividad regional y en la disponibilidad pública de información normativa y técnica relacionada con las CPS. Cada caso fue evaluado de forma individual y sistemática, integrando los hallazgos en una tabla resumen que permitió identificar tendencias comunes, brechas estructurales y buenas prácticas regionales. Esta sistematización constituye la base para la discusión crítica y la formulación de recomendaciones orientadas al fortalecimiento de las políticas públicas de contratación con enfoque sostenible en América Latina.

Resultados

Como resultado del análisis regional sobre la implementación de las Compras Públicas Sostenibles (CPS) en América Latina y el Caribe, se elaboró una tabla comparativa que sintetiza la situación de 23 países en relación con cuatro dimensiones clave: (1) la existencia de normativa en materia de CPS; (2) las herramientas disponibles y debilidades institucionales identificadas; (3) el nivel de implementación alcanzado; y (4) su alineación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Esta matriz permitió observar de forma clara y estructurada los avances, desafíos y vacíos existentes en la región, así como identificar patrones comunes y diferencias significativas entre los países evaluados. La información contenida en ella constituye un insumo esencial para formular estrategias de fortalecimiento institucional, cooperación regional y mejora continua en la gestión de las compras públicas con enfoque sostenible.

En términos generales, se evidencia un compromiso regional creciente hacia la sostenibilidad en las contrataciones públicas, aunque persisten notables diferencias en el grado de avance entre los países. Una primera observación relevante es que la gran mayoría de los países analizados (19 de 23) cuenta con algún tipo de normativa que regula o incorpora principios de sostenibilidad en sus sistemas de compras. No obstante, existen excepciones significativas, como Bahamas, Belice, Surinam y Guyana, que aún no han desarrollado un marco normativo sólido en esta materia. Esta carencia normativa suele coincidir con un bajo nivel de implementación de CPS y una débil alineación con los ODS.

En cuanto a las herramientas operativas, países como Chile, Brasil, Colombia y Uruguay presentan desarrollos más avanzados, incluyendo manuales de catalogación, matrices de evaluación y guías de buenas prácticas. En contraste, otros países que cuentan con normativa vigente -como México, Jamaica o Panamá- carecen de dispositivos técnicos específicos que faciliten la implementación práctica de estas políticas. Además, se identificó una ausencia recurrente de mecanismos de monitoreo y evaluación, lo que representa una barrera significativa para medir el impacto de las CPS y estimar beneficios concretos, como ahorros económicos o mejoras en eficiencia energética.

El análisis también revela que 17 de los 23 países se encuentran en un nivel avanzado de progreso (Nivel 3), lo que indica que, al menos en el diseño institucional, la sostenibilidad está siendo incorporada formalmente. Solo dos países -Belice y Honduras- presentan un nivel intermedio de implementación, mientras que cuatro -Bahamas, Guyana, Haití y Surinam- muestran un nivel bajo. Estos últimos no solo carecen de normativas robustas, sino también de herramientas técnicas, datos públicos y estrategias de capacitación, lo que limita de forma considerable su capacidad para avanzar en esta materia.

En relación con la alineación con los ODS, los más frecuentemente incorporados en las políticas de CPS son el ODS 8 (trabajo decente y crecimiento económico) y el ODS 12 (producción y consumo responsables). Algunos países han vinculado también sus políticas con el ODS 5 (igualdad de género), como Costa Rica, El Salvador, México, Nicaragua, Perú y República Dominicana. Sin embargo, otros países aún no han logrado establecer una relación clara entre sus sistemas de compras y los objetivos globales, como es el caso de Bahamas, Guyana, Haití y Surinam.

En conclusión, América Latina y el Caribe evidencian un compromiso creciente con la implementación de las compras públicas sostenibles, aunque con notables disparidades entre los países. La mayoría ha dado pasos importantes al incluir principios de sostenibilidad en su normativa y al alinear sus políticas con los ODS. No obstante, persisten brechas relevantes en la implementación efectiva, especialmente en lo referente a la disponibilidad de herramientas operativas, estrategias de monitoreo y mecanismos de formación técnica. En este contexto, el fortalecimiento institucional, la cooperación regional y la sistematización de buenas prácticas se presentan como elementos clave para cerrar estas brechas y avanzar hacia sistemas de contratación pública más responsables, inclusivos y eficaces.

Discusión

La gestión de compras representa una fase estratégica que permite alcanzar propósitos políticos y promover la innovación, al facilitar la provisión de servicios que responden a las necesidades de la ciudadanía ^{Ramírez Rodríguez, (2022)}. En este sentido, los procesos de adquisición deben desarrollarse con una actuación adecuada, protegiendo los intereses públicos y garantizando la competencia de forma autónoma, para asegurar un proceso íntegro. La presencia de veedores u observadores se vuelve clave, pues actúan como barrera frente a conductas no competitivas ^{López Miño & Valcárcel, (2013)}.

Según ^{Tornos Mas (2020)}, toda implementación efectiva de las adquisiciones públicas tiene un impacto positivo en la calidad de vida de la ciudadanía. El cumplimiento de los acuerdos por ambas partes durante el período contractual favorece el equilibrio económico. En ese marco, los procedimientos de selección constituyen una serie de etapas dirigidas a determinar con quién se suscribirá un contrato para la provisión de bienes o servicios (^{Menor Llamo & Menor Llamo, (2023)}.

La contratación pública sostenible permite integrar objetivos sociales y ambientales en las decisiones de compra, lo que a su vez tiene un efecto positivo en la economía. Este enfoque contempla criterios ecológicos en la adquisición de bienes y servicios, con el objetivo de minimizar los impactos negativos sobre el ambiente ^{Cardoso, (2023)}.

^{Carneiro de Araújo y Teixeira (2018)} destacan que las adquisiciones sostenibles orientan a una utilización racional de los recursos, favoreciendo tanto la economía como la preservación de los ecosistemas. En esa misma línea, ^{Oliveira y Santos (2015)} sostienen que es posible contribuir al desarrollo sostenible a través de la contratación pública. Aunque los avances se dan de manera progresiva, se busca fortalecer modelos enfocados en la inclusión social, el bienestar, la justicia y la simetría ambiental, elementos clave de una economía solidaria.

Para ^{Paes et al. (2019)}, la contratación sostenible contribuye a minimizar las emisiones contaminantes y la generación de residuos, mejora la calidad del aire y del agua, así como las condiciones laborales y la inclusión de grupos desfavorecidos. Además, promueve el comportamiento ético de los contratistas. Sin embargo, aún persisten barreras, como la falta de información, las limitaciones financieras y el enfoque tradicional de la legislación en cuanto a priorizar la propuesta de menor costo. Por ello, se hace necesario garantizar una competencia adecuada entre proveedores y una evaluación integral del valor en las adquisiciones.

De acuerdo con ^{Prieur et al. (2022)}, es indispensable evaluar nuevos prototipos y modelos en la administración pública. Las reformas deben alinearse con la normativa vigente y con los objetivos públicos, respetando principios de neutralidad y competencia entre los proveedores, y evitando restricciones injustificadas en los procesos de compra estatales.

Por su parte, ^{Sturmer et al. (2022)} afirman que los procesos de contratación obligan a los gestores públicos a buscar una gobernanza más eficaz sobre el gasto público. Uno de los desafíos más relevantes es la debilidad en la planificación y el escaso conocimiento técnico en materia de adquisiciones. Frente a ello, se hace urgente la implementación de programas de formación continua que permitan reducir riesgos, clarificar objetivos y aplicar políticas sostenibles de manera eficiente.

^{Ferreira Júnior (2022)} subraya que los contratos públicos son instrumentos clave para la promoción e implementación de políticas públicas. Para lograrlo, es fundamental establecer fases claras que enmarquen los procedimientos de licitación y contratación, permitiendo así una gestión sistemática y coherente con los objetivos del desarrollo sostenible.

Asimismo, ^{Urgilés Pineda (2022)} señala que Ecuador cuenta con un marco normativo sólido en materia de contratación pública sostenible, con un enfoque social, económico y ambiental. Gracias a su compromiso con la mejora continua y la adopción de buenas prácticas, el país ha logrado reconocimientos internacionales, posicionándose en el cuarto lugar en América Latina, y encaminándose hacia una transición ecológica efectiva.

Del estudio de ^{López Moreno (2020)} se desprende que tanto en Colombia como en España se impulsa la sostenibilidad en la contratación pública, con el objetivo de consolidar políticas responsables orientadas a reducir los impactos ambientales de la provisión de bienes y servicios. Estas políticas promueven patrones sólidos de producción y consumo sostenible en la sociedad.

De igual forma, ^{Magela et al. (2025)} destacan el rol protagónico de Brasil en el escenario internacional, al haber priorizado la sostenibilidad en su agenda pública y haber promovido conferencias donde se reafirmó el compromiso mundial con el respeto ambiental. Además, subrayan que la gestión pública brasileña ha experimentado transformaciones significativas, pasando de un modelo tradicional a uno enfocado en resultados, con énfasis en la transparencia, la eficiencia y la eficacia en los servicios que brinda al ciudadano. Esta evolución ha dado lugar a una nueva administración más ágil y orientada al bien común.

Conclusiones

A nivel latinoamericano persiste una notable carencia de normativas actualizadas en materia de compras públicas que integren de manera efectiva los principios de sostenibilidad. Las implementaciones recientes aún presentan debilidades importantes y los enfoques ambientales, cuando están presentes, no siempre cuentan con mecanismos de cumplimiento efectivo. Esto evidencia la necesidad urgente de fortalecer criterios técnicos y normativos en sostenibilidad, así como de actualizar, en el corto plazo, los marcos regulatorios que rigen los procesos de adquisición pública. Estas actualizaciones deben enfocarse en cerrar brechas estructurales e incorporar de manera transversal requisitos sociales y ambientales en todas las etapas del ciclo de compra.

Asimismo, la prevención y sanción efectiva de prácticas colusorias en las contrataciones públicas, junto con el cumplimiento riguroso de la normativa vigente, son factores determinantes para garantizar procesos de compra más eficientes, que contribuyan a la reducción de desigualdades sociales y a la protección del medio ambiente. En este contexto, es imperativo que los Estados promuevan un uso eficiente de los recursos públicos, fomentando el ahorro y la transparencia como ejes rectores de la gestión.

Otro aspecto relevante es la necesidad de fomentar una mayor participación de oferentes en los procesos de contratación, evitando que las licitaciones se declaren desiertas o se generen condiciones que favorezcan a ciertos postulantes. Para ello, es fundamental revisar las bases de los procesos de compra, asegurando que no se conviertan en barreras artificiales a la competencia debido a exigencias poco razonables. En consecuencia, se recomienda implementar mejoras continuas en los procesos de contratación bajo enfoques sostenibles e inclusivos.

Además, resulta prioritario desarrollar e institucionalizar buenas prácticas en materia de adquisiciones, tomando como referencia las experiencias exitosas de países que ya han implementado políticas sostenibles. Esto debe reflejarse en los pliegos de condiciones, términos de referencia y especificaciones técnicas, considerando criterios de innovación, inclusión social y protección ambiental.

Finalmente, es esencial reconocer que todos los actores del sistema -tanto públicos como privados- tienen un rol activo en la transformación hacia un modelo de compras públicas sostenibles. Para ello, se requiere contar con herramientas sólidas, apoyadas en tecnologías emergentes, que permitan enfrentar con eficacia los desafíos sociales y ambientales contemporáneos. Las compras públicas deben ser vistas no solo como una herramienta de gestión, sino como una oportunidad estratégica para generar alianzas público-privadas orientadas al desarrollo sostenible de la región.