INTRODUCCIÓN
En la actualidad, el derecho familiar en Ecuador ha experimentado una profunda transformación, particularmente en lo relacionado con los procesos de divorcio por mutuo consentimiento. Esta evolución responde a la necesidad de adaptar las instituciones jurídicas a las nuevas realidades sociales, donde los principios de autonomía de la voluntad y la protección de derechos fundamentales, especialmente los de los menores, deben articularse de manera equilibrada (Samaniego-Quiguiri et al., 2025). En este contexto, la transacción extrajudicial surge como un mecanismo alternativo que busca reducir la carga judicial y agilizar los procedimientos, garantizando al mismo tiempo la seguridad jurídica.
Desde una perspectiva normativa, el marco legal ecuatoriano establece que los divorcios por mutuo consentimiento con hijos dependientes requieren de la intervención de un acta de mediación o una resolución judicial que garantice los acuerdos sobre tenencia, visitas y alimentos (Asamblea Nacional del Ecuador, 2017). No obstante, esta exigencia ha sido objeto de debate, pues muchos especialistas consideran que constituye una carga adicional que ralentiza el proceso y afecta la eficiencia del notariado. El Código Civil ecuatoriano, por su parte, reconoce la transacción extrajudicial como un medio legítimo para resolver conflictos, atribuyéndole efectos de cosa juzgada, lo que permitiría su utilización en casos de divorcio cuando existe mutuo acuerdo (Ecuador, 2005).
En los últimos años la institución del divorcio ha evolucionado en América Latina. Autores como Zárate (2022) y Cerdeira Bravo de Mansilla (2024) han resaltado que la tendencia regional apunta a la desjudicialización de ciertos procesos familiares, bajo el principio de que la intervención estatal debe limitarse a la protección del interés superior del menor. En Ecuador, este principio se encuentra recogido en la Constitución de 2008, que obliga a garantizar de manera prioritaria los derechos de los niños, niñas y adolescentes (Ecuador, 2008). Así, la discusión sobre la viabilidad de la transacción extrajudicial en los procesos de divorcio con hijos dependientes, se enmarca en la tensión entre dos ejes: la autonomía privada de los cónyuges y el deber del Estado de proteger a los menores.
En el plano práctico, investigaciones previas muestran que la mediación obligatoria genera demoras y costos adicionales para las partes, quienes muchas veces ya han alcanzado acuerdos satisfactorios en torno a la custodia y pensión alimenticia (Enríquez Caicedo y Pozo Calderón, 2021). Los notarios entrevistados han señalado que, pese a contar con la fe pública como garantía de autenticidad, no tienen facultades suficientes para validar dichos acuerdos sin la intervención judicial. Esta limitación evidencia la necesidad de reformar la normativa, dotando al notariado de mayores competencias en la gestión de procesos familiares.
La doctrina del derecho notarial, concibe al notario como un auxiliar de la función judicial, encargado de dar fe pública y garantizar la validez de los actos jurídicos (Arellano, 2020). Asimismo, se apoya en la teoría de los métodos alternativos de resolución de conflictos, que plantean que la negociación, la mediación y la transacción constituyen mecanismos eficaces para evitar litigios prolongados y costosos (Enríquez Caicedo y Pozo Calderón, 2021). En el ámbito de los derechos de la niñez, se sustenta en el principio del interés superior del menor, reconocido por la Convención sobre los Derechos del Niño (Naciones Unidas, 1989) y por el ordenamiento jurídico ecuatoriano, como eje rector de toda decisión relacionada con los hijos dependientes.
Estudios realizados en países como Colombia y Chile han mostrado que la flexibilización de los procesos de divorcio mediante acuerdos extrajudiciales ha permitido reducir significativamente la congestión judicial y mejorar la satisfacción de las partes involucradas (Cárdenas Ortiz, 2024; Mangelsdorff Corbalán, 2017). Sin embargo, también se ha advertido que estos mecanismos deben ir acompañados de controles efectivos para garantizar la equidad y evitar situaciones de abuso o desprotección de los menores.
En este marco, el presente trabajo se planteó como objetivo analizar el impacto de la transacción extrajudicial en los procesos de divorcio por mutuo consentimiento con hijos dependientes en Ecuador, evaluando su eficacia en términos de tiempo, costo, satisfacción de las partes y garantía de los derechos de los menores. Con ello se busca aportar a la discusión académica y normativa, proponiendo mejoras que fortalezcan la función notarial y promuevan procesos más ágiles, seguros y respetuosos de los derechos fundamentales.
MÉTODO
La investigación adoptó un enfoque cualitativo, sustentado en el análisis crítico documental y complementado con entrevistas a notarios y abogados especializados en derecho familiar. Este enfoque permitió examinar en profundidad las disposiciones normativas, la jurisprudencia y la doctrina jurídica relacionadas con el tema, así como contrastar estos hallazgos con las percepciones de los profesionales del área.
El alcance de la investigación fue exploratorio y descriptivo. Exploratorio porque buscó indagar en una problemática jurídica poco abordada en Ecuador: la viabilidad de la transacción extrajudicial como alternativa a la mediación en los procesos de divorcio con hijos dependientes. Descriptivo porque se orientó a caracterizar los beneficios, limitaciones y percepciones de los actores involucrados.
La población estuvo conformada por notarios y abogados de familia del cantón Machala, provincia de El Oro. Se seleccionó a los ocho notarios en ejercicio en el cantón, considerados una muestra representativa por su experiencia práctica en la aplicación del derecho notarial y su relación directa con los procesos de divorcio.
Se emplearon dos técnicas principales: el análisis documental y la entrevista semiestructurada. El análisis documental se centró en la revisión de normativa nacional, jurisprudencia, doctrina, artículos académicos y tesis de posgrado relevantes al tema. Como instrumentos se diseñaron una guía de análisis documental y una guía de entrevista validadas por expertos académicos. Las entrevistas semiestructuradas permitieron captar la percepción de notarios y abogados sobre la utilidad y los límites de la transacción extrajudicial en la práctica.
La investigación se desarrolló en cuatro fases: (i) revisión bibliográfica y normativa; (ii) diseño de instrumentos; (iii) aplicación de entrevistas a los notarios seleccionados; y (iv) análisis e interpretación de resultados. Cada fase fue planificada para garantizar la validez interna y la confiabilidad de los datos obtenidos.
Se incluyeron documentos doctrinales, jurisprudenciales y normativos publicados en los últimos cinco años, salvo textos clásicos considerados indispensables para el marco teórico. Se incluyeron además artículos en idioma español con carácter científico y pertinencia temática. Se excluyeron publicaciones sin sustento académico o que se apartaran significativamente del objeto de estudio.
RESULTADOS
Resultados del análisis documental
El análisis documental permitió identificar que la transacción extrajudicial en los procesos de divorcio por mutuo consentimiento con hijos dependientes constituye un mecanismo reconocido en la normativa civil ecuatoriana, con efectos de cosa juzgada. Sin embargo, se constató que la normativa secundaria, en especial la Ley Notarial (Ecuador, 1966) y el Código de la Niñez y Adolescencia (Asamblea Nacional del Ecuador, 2017), impone requisitos adicionales que limitan su aplicación. Entre ellos destacan la necesidad de un acta de mediación previa y la intervención judicial obligatoria en la aprobación de acuerdos sobre custodia, visitas y alimentos. Estos hallazgos evidencian que, si bien existe un marco legal que respalda la transacción extrajudicial, en la práctica se generan barreras que restringen su eficacia (Cedeño-Castro y Bravo-Carrión, 2024).
Resultados de entrevistas y encuestas
Las entrevistas realizadas a notarios y abogados especialistas en derecho de familia evidenciaron percepciones diversas respecto a la utilidad de la transacción extrajudicial.
Tabla 1. Resultados cuantitativos de las encuestas aplicadas.
| Pregunta | Muy de acuerdo | De acuerdo | En desacuerdo | Muy en desacuerdo |
|---|---|---|---|---|
| ¿Considera que la transacción extrajudicial es efectiva para resolver conflictos en divorcios? | 6 | 3 | 1 | 1 |
| ¿La transacción ayuda a proteger los derechos de los hijos dependientes? | 5 | 4 | 2 | 0 |
| ¿Se siente satisfecho con el proceso de transacción extrajudicial? | 7 | 2 | 1 | 1 |
| ¿Considera que este tipo de transacción es más rápido que un proceso judicial? | 8 | 2 | 1 | 0 |
| ¿Cree que la mediación es necesaria en estos casos? | 4 | 5 | 2 | 0 |
| ¿Recomendaría este tipo de transacción a otras personas que están pasando por un divorcio? | 9 | 1 | 1 | 0 |
| ¿Considera que la información recibida durante el proceso fue suficiente para tomar decisiones? | 6 | 3 | 2 | 0 |
Elaboración: Los autores.
Resultados jurisprudenciales y doctrinales
La revisión de jurisprudencia reveló que los jueces de familia aplican criterios disímiles al evaluar los acuerdos extrajudiciales. En algunos casos se respetaron los pactos alcanzados entre los progenitores, siempre que no afectaran a los menores, mientras que en otros se impusieron condiciones más estrictas, generando inseguridad jurídica (Corte Constitucional del Ecuador, 2025). En cuanto a la doctrina, se identificó consenso en torno a que la transacción extrajudicial podría fortalecer la eficiencia del sistema judicial si se dota a los notarios de mayores competencias para supervisar estos acuerdos, especialmente en lo referente a la protección de los derechos de los hijos dependientes (Conlago Gualpa, 2024).
Los resultados muestran un nivel alto de aceptación del mecanismo, destacando su rapidez y menor costo frente a los procesos judiciales. Sin embargo, también se señaló que la falta de uniformidad en la revisión judicial de acuerdos constituye una fuente de incertidumbre.
Interpretación global de los hallazgos
De manera general, los resultados evidencian que la transacción extrajudicial se percibe como una herramienta con gran potencial para agilizar los procesos de divorcio por mutuo consentimiento en Ecuador. No obstante, su aplicación en casos con hijos dependientes aún enfrenta limitaciones jurídicas y prácticas. Mientras que los beneficios en términos de tiempo y costos resultan claros, persiste la necesidad de mayor uniformidad en la jurisprudencia y de reformas legales que permitan a los notarios validar acuerdos parentales con mayores garantías. Estos hallazgos constituyen una base sólida para la discusión académica y normativa sobre la viabilidad de fortalecer este mecanismo.
DISCUSIÓN
Los hallazgos obtenidos en la presente investigación permiten reflexionar sobre el papel de la transacción extrajudicial en los procesos de divorcio por mutuo consentimiento con hijos dependientes en Ecuador. En primer lugar, se evidenció que el mecanismo es percibido como una herramienta útil para agilizar los procesos y reducir costos, en concordancia con lo planteado por Cárdenas Ortiz (2024), quien señala que los métodos alternativos de resolución de conflictos fortalecen la eficiencia procesal. Esta percepción fue compartida por la mayoría de los notarios y abogados entrevistados, quienes reconocieron que la transacción extrajudicial ofrece mayor autonomía a las partes y disminuye la sobrecarga de los tribunales.
Sin embargo, los resultados también muestran que el principal obstáculo radica en la falta de uniformidad en la aplicación judicial de los acuerdos alcanzados extrajudicialmente. Como sostiene Chenás Martínez (2021), esta disparidad en los criterios judiciales genera inseguridad jurídica para las partes, lo que limita la confianza en el mecanismo. De hecho, se constató que en algunos casos los jueces respetaron los acuerdos parentales, mientras que en otros los modificaron de forma restrictiva, incluso cuando no se advertían perjuicios para los menores.
Otro aspecto relevante es la tensión entre la autonomía de la voluntad de los cónyuges y la intervención del Estado en defensa del interés superior del niño. La Constitución ecuatoriana y el Código de la Niñez y Adolescencia obligan a que todo acuerdo sobre custodia, visitas y alimentos sea supervisado judicialmente, lo que responde a una lógica de protección de derechos. No obstante, esta obligación puede convertirse en un trámite que retrasa los procesos y afecta la celeridad que caracteriza a la transacción extrajudicial. En este sentido, autores como Congalo Gualpa (2024) sugieren la necesidad de crear mecanismos de control posterior, en lugar de obligar a una validación previa en todos los casos.
La investigación también reveló una brecha entre la teoría y la práctica. Mientras la doctrina reconoce a la transacción extrajudicial como un mecanismo con efectos de cosa juzgada (Ecuador, 2005), en la práctica los notarios carecen de competencias para validar acuerdos parentales sin intervención judicial (Baque y Márquez, 2020). Esta limitación evidencia la necesidad de reformas normativas que fortalezcan el rol notarial, de modo que puedan garantizarse procesos más ágiles y eficientes sin sacrificar la protección de los derechos de los menores.
En cuanto a la percepción de los padres entrevistados, la mayoría manifestó satisfacción con el proceso, destacando su rapidez y bajo costo. Sin embargo, también se reportaron preocupaciones en relación con la falta de asesoría adecuada sobre los derechos de los hijos, lo que podría derivar en acuerdos desventajosos. Este hallazgo se corresponde con lo señalado por Cedeño-Castro y Bravo-Carrión (2024), quienes destacan que la educación legal de las partes es un elemento esencial para garantizar la equidad en los acuerdos familiares.
Finalmente, la comparación con experiencias en otros países latinoamericanos refuerza la idea de que la transacción extrajudicial puede constituir una herramienta valiosa para reducir la congestión judicial, siempre que esté acompañada de controles efectivos y de un marco normativo claro y uniforme (Cerdeira Bravo de Mansilla, 2024; Alburquerque, 2019). En este sentido, la investigación realizada aporta evidencia empírica y teórica que respalda la necesidad de reformas orientadas a potenciar la eficacia de este mecanismo, asegurando simultáneamente la protección del interés superior del menor.
CONCLUSIONES
El análisis realizado sobre la transacción extrajudicial en los procesos de divorcio por mutuo consentimiento con hijos dependientes en Ecuador permitió arribar a varias conclusiones relevantes. En primer lugar, se constató que este mecanismo posee un alto potencial para mejorar la celeridad y reducir los costos de los procedimientos, lo que se traduce en una mayor satisfacción para las partes involucradas. Asimismo, se evidenció que la transacción extrajudicial constituye una alternativa válida frente a la mediación obligatoria, siempre que se adopten medidas que aseguren la protección del interés superior del menor.
En segundo lugar, se identificaron limitaciones estructurales relacionadas con la falta de uniformidad en los criterios judiciales y con la ausencia de facultades suficientes para que los notarios validen los acuerdos parentales sin la intervención de los jueces. Estas barreras generan incertidumbre jurídica y reducen la efectividad del mecanismo, lo que evidencia la necesidad de una reforma normativa que otorgue mayor autonomía al notariado y garantice un marco jurídico más coherente.
En tercer lugar, los resultados mostraron que, aunque los padres valoran positivamente la rapidez y simplicidad de la transacción extrajudicial, persisten preocupaciones sobre la suficiencia de la información y el acompañamiento recibido durante el proceso. Esto pone de manifiesto la importancia de reforzar la asesoría legal y la educación jurídica de las partes para evitar acuerdos desventajosos que puedan afectar a los hijos.
Finalmente, se concluye que la transacción extrajudicial puede consolidarse como un instrumento eficaz de modernización del derecho de familia en Ecuador, siempre que se acompañe de un marco normativo claro, una capacitación especializada para notarios y abogados, y mecanismos de control adecuados. Estas acciones permitirán fortalecer la confianza en el sistema, garantizar la seguridad jurídica y asegurar la plena vigencia de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.














