Modernización reflexiva y democratización en Venezuela*

Edith Mabel Cuñarro Conde

Instituto de Estudios Políticos y Derecho Público de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad del Zulia. Maracaibo, Venezuela. E-mail: mabelc18@hotmail.com

Resumen

En el devenir de las corrientes reformistas que se extendieron por doquier en la región latinoamericana durante la década de los 80, la Comisión Presidencial para la Reforma del Estado (COPRE, 1984-1999) impulsó en Venezuela un proceso de modernización reflexiva, un proceso de cambio -motorizado “desde abajo”- por las fuerzas sociales (Salamanca, 1997; Beck, 1995; Blanco, 2002). Las estrategias negociadoras (Jessop, 1999) de la institución reformista hicieron posible que se desbloqueara el monopolio representacional instaurado en Venezuela por los partidos políticos tradicionales Acción Democrática y COPEI (Rey, 1990; Cuñarro, 1989; Guevara, 1989; Penfold, 2002; Alvarez, 2003). Se concluye que el “estilo de hacer política” de la COPRE, que consistió en sumar consensos y disensos, constituyó una experiencia histórica que puede usarse como horizonte normativo para los actuales intentos de superación del conflicto social en Venezuela, coadyuvando a profundizar la democracia que tanto costó construir y en cuya consolidación se debe perseverar.

Palabras clave:Modernización reflexiva, democratización, Venezuela, Estado.

Reflexive modernization and democratization in Venezuela

Abstract

In conjunction with the development of reformist currents that extended throughout the Latin American region in the 1980s, the Presidential Commision for State Reform (COPRE, 1984-1999) promoted a process of reflexive modernization, a process of change that was motorized from below through the movement of social forces (Salamanca, 1997; Beck, 1995; Blanco, 2002). The negotiating strategies (Jessop, 1999) of institutional reform made possible an un-blocking of the representational model set up in Venezuela by the traditional political parties, Accion Democratica and COPEI (Rey, 1990; Cuñarro, 1989; Guevara, 1989; Penfold, 2002; Alvarez, 2003). The conclusion in reference to this process was that the political style of COPRE, that basically coinsisted of adding together concensus and dissension, constituted a historical experience that could be used as a normative horizon in the present attempts to oversome social conflict in Venezuela, and would at the same time deepen this democratic system which cost so much to consolidate and which should be preserved.

Recibido: 12 de diciembre de 2003 • Aceptado: 15 de marzo de 2004

INTRODUCCIÓN

Ya avanzado el siglo XX, la crisis de representatividad política así como la crisis fiscal, perfilaron la crisis del Estado, constituyéndose para muchos países de América Latina en el estímulo inicial de los procesos de reforma del Estado, orientados en general a transformar el orden Estadocéntrico. La rearticulación de las relaciones del Estado con la economía en un contexto internacional caracterizado por la globalización (1), que apareció como objetivo de la reforma en un primer momento, daría paso a un objetivo ulterior dirigido a la rearticulación más de fondo del Estado con la sociedad en su conjunto. Tales impulsos, que a mediados de los años 80 desencadenaron los procesos de reforma del Estado, también darían un nuevo contenido a la agenda de la reforma de los países de la región.

La globalización transformó las estructuras fundamentales del mundo y en su contexto retomó vigencia el debate teórico sobre las transformaciones posibles del modelo político (2) que se debía impulsar por medio de los lineamientos reformistas. En los inicios de los procesos de la Reforma del Estado en América Latina, se evidenciaron dichas transformaciones, las cuales activaron determinados factores, tanto endógenos como exógenos (Consenso de Washington) (3). Los primeros, estuvieron dados por la búsqueda de revitalizar la modernización del Estado, profundizando la democracia existente y mejorando la precaria eficiencia alcanzada. Los segundos, emergieron de la complejización del panorama mundial que planteaba nuevas exigencias a los diferentes países para integrarse a la dinámica global (4).

No obstante, es importante destacar que las formas que asume la “reforma del Estado” como estrategia a aplicar, muestra diferencias considerables entre los distintos países de la región, y pasó a tener la máxima prioridad en las agendas políticas a medida que hubo que enfrentar los resultados económicos y sociales de las políticas de ajuste.

Sin embargo, estos países se plantearon en un comienzo diversas estrategias para hacer frente a la crisis del Estado, atendiendo a sus particulares coyunturas internas. En tal sentido, se distinguieron las reformas del Estado cuyo acento fue puesto en la democratización y modernización de las instituciones políticas, de aquéllas que enfatizaron en las reformas económicas, bajo la presión de las agencias multilaterales que condicionaron la asistencia financiera a la aplicación de programas de ajustes estructurales. Entre los países que adoptaron el primer tipo de reformas destaca Venezuela, a partir de la creación de la Comisión Presidencial para la Reforma del Estado en 1984 (5), precisamente porque este país no se vio agobiado -para esa fecha- de la misma forma por la crisis fiscal que afectó a los demás países de la región (6).

Para ubicar el episodio de la Reforma del Estado en Venezuela se esbozan a continuación algunos lineamientos teóricos destinados a esclarecer el sentido que se otorga a procesos, relaciones y conceptos que resultan básicos para exponer el tema enunciado. Se explican, al efecto, las principales corrientes acerca de los límites del Estado y se reseña el desarrollo histórico de las conceptualizaciones de “modernización”, así como las particularidades del sistema de partidos en Venezuela.

DE LA CONCEPCIÓN ESTADOCÉNTRICA A LA CONCEPCIÓN SOCIOCÉNTRICA

Después de la Segunda Guerra Mundial, el cambio de la relación Estado-Sociedad, fue el objetivo cardinal de las reformas político institucionales y económicas, que se impulsaron, de manera más o menos coincidente, en América Latina, a raíz de la “crisis de la deuda” (7). Las diferentes orientaciones que se le imprimieron a los procesos reformistas consiguientes obedecían a distintas concepciones acerca de los límites de la entidad estatal; entre las fundamentales se encuentran las “corrientes liberales” y las “corrientes estatistas” (8). Ambas tendencias en torno al papel del Estado surgieron en el devenir histórico en el cual se inscribieron las transformaciones de las instituciones políticas occidentales que se desarrollaron desde el siglo XVI al XX (9).

En América Latina, durante la década de 1980, -sobre todo en los países que venían de dictaduras y estaban interesados en democratizar-, se desarrolló una doctrina de reforma del Estado, que le daba prioridad a lo institucional. La Reforma del Estado en Venezuela se inscribe dentro de esa corriente doctrinaria que impulsaba cambios políticos (Quintín, 2002: 25).

La concepción reinante en América Latina durante la década de los ochenta enfatizaba la reforma económica, especialmente la referida al proceso de ajustes mediante las recomendaciones sistematizadas en el llamado Consenso de Washington, mientras que la noción que se estructuró en Venezuela puso el énfasis en la indispensable relación entre las reformas económicas y las político-institucionales, conocidas después como reformas de primera y segunda generación, respectivamente.

La renuncia a la visión economicista no fue fácil, ni fue consecuentemente aplicada por el gobierno que se instaló en 1989, pero significó una ruptura con la visión imperante, que tenía una fuente de inspiración y expansión en las agencias multilaterales financieras y de cooperación. La puesta en primer lugar de la política y de las relaciones de poder en la sociedad significó concebir el proceso de reformas como expresión de una indispensable movilización de la sociedad para su pronta y adecuada consecución (Blanco, 2002: 41-42).

Estas reflexiones de Carlos Blanco contribuyen a delinear la perspectiva de la COPRE, en cuanto a la conceptualización de los límites del Estado. Por un lado, se diferencia de la concepción reduccionista que minimiza al Estado, y por otro lado, se diferencia también de la concepción intervencionista tradicional, pues pone en primer lugar la movilización de la sociedad. Por eso es que al referirse a la modernización se la califica de reflexiva, pues está abierta al aprendizaje social y acepta el error como parte del camino a recorrer en el transcurso de la acción social, es decir, se pugna por reemplazar el paradigma Estadocéntrico por una orientación Sociocéntrica.

LA “MODERNIZACIÓN REFLEXIVA” COMO PROCESO ABIERTO AL APRENDIZAJE SOCIAL

El concepto de “modernización” irrumpe en el contexto de las transformaciones aceleradas que despuntan en el siglo XIX. Su significado tematiza el problema del cambio social, más, con el pasar del tiempo, el concepto de “modernización” evoluciona de acuerdo a los diferentes procesos históricos que iba atravesando el mundo occidental. Al producirse la crítica a dichos paradigmas, el esquema evolucionista fue cuestionado desde diversos ángulos.

El replanteamiento teórico de la modernización contextualizó el fenómeno y teorizó la movilización social (incorporación a la política de nuevos contingentes de población, aparición de grupos reformistas o revolucionarios y de una élite política que cabalgando sobre la movilización social trató de sustituir a las viejas élites). En el período de crecimiento de postguerra basado en la producción en masa y el “efecto deslumbramiento” del consumo generalizado (llamado “fordismo Atlántico”) cuando la economía mixta era un paradigma predominante, el tema acerca de la fuerza de la movilización social que presionaba fuertemente al Estado, se convirtió en una de las claves más importantes de la modernización (10).

El paradigma de la modernización fue universalista, teleológico, evolucionista y lineal; postuló la existencia de un sólo modo general de desarrollo social y político que seguiría las pautas Occidentales. Para fines del siglo XX, la discusión sobre posmodernidad y modernización en América Latina, cobra fuerza y el debate prosigue enriqueciéndose con aportes provenientes de todos lados, aunque subsistan importantes desacuerdos (Lanz, 1998: 77).

En el marco de estos desarrollos, la vida social se torna “incierta”, pues la posmodernidad implica la instalación de la contingencia. La ruptura de los paradigmas tradicionales abre el abanico de imaginarios correspondiente a la época que atraviesa el mundo con sus diferentes temporalidades y especificidades, dando lugar a un caleidoscopio de utopías conformado por los horizontes posibles y sus incertezas.

El hombre, como animal político y social, enfrenta el problema de la supervivencia, es decir, cómo lograr soluciones a las antinomias y los conflictos, a través de procesos de negociación incluyentes que ofrezcan una perspectiva de diálogo abierta y que apunten a evitar la posibilidad de “otro” holocausto (ello implicaría ser capaces de incorporar el diálogo y la negociación como modo de vida al acontecer democrático, privilegiándolo por encima de la guerra, que ha sido, sin lugar a dudas, la forma tradicional que han adoptado las sociedades al enfrentarse a las contradicciones tanto nacionales como mundiales). Se trata de poner en relación mutua las subracionalidades, sólo aparentemente “autorreferenciales” y aplicar unas a otras en un experimento mental metarracional: no en el sentido del “todo vale”, sino en el de una refundamentación centrada o de una reorientación de racionalidades que se han hecho obsoletas e históricamente irracionales (Beck, Giddens y Lash, 1995: 50).

En otras palabras, la modernización reflexiva significa también y esencialmente una “reforma de la racionalidad” que haga justicia al a priori histórico de la ambivalencia en una modernidad que está aboliendo sus propias categorías de ordenación. En este trabajo se sostiene que los procesos de negociación impulsados por la COPRE -en el marco de la Reforma del Estado iniciada en 1984 en Venezuela- contribuyeron a hacer posible el cuestionamiento de la racionalidad partidista tradicional y sus categorías de ordenación a través de una ola de movilización social modernizadora, que puso en el escenario político la urgencia de cambios y ha privilegiado la concertación como vía de superar el enfrentamiento político.

EL SISTEMA DE PARTIDOS EN VENEZUELA

La creación de una comisión plural (la COPRE) destinada a reformar el Estado venezolano, rearticulándolo con la sociedad, se debió a la presencia de determinadas turbulencias en el sistema político venezolano, que fueron las que cuestionaron la estabilidad de las relaciones de poder y produjeron renovadas demandas de cambio. El desequilibrio en las relaciones de poder causado por la exclusión de amplios sectores sociales del sistema de toma de decisiones produjo las perturbaciones que evidenciaron la crisis.

En la clásica evaluación de Rey -en la cual se califica a la democracia venezolana como ambivalente-, se afirma que en la trayectoria democrática se han desarrollado tanto rasgos positivos como rasgos negativos (Rey, 1989: 562).

Como rasgos positivos el autor señala: “Es en lo referente a los objetivos políticos y, sobre todo, en el que fue considerado fundamental y prioritario -el lograr la preservación del régimen democrático- donde los resultados son más francamente positivos” (Rey, 1989: 562).

En cambio, los negativos aparecen cuando, “junto a la crisis de los mecanismos tradicionales de articulación y agregación de intereses, se produce una agudización de la crisis económica” y las “demandas se convierten en inmanejables” (Rey, 1989: 562).

En la evaluación referida, por un lado se señala como logro positivo de la democracia venezolana, el mantenimiento -durante más de tres décadas- del sistema democrático, y por otro lado, como promotora de perturbaciones que condujeron a exigencias que el sistema no tuvo capacidad de articular (por su “modo” característico de funcionamiento), se destacan, la crisis económica y el desequilibrio en las relaciones de poder. “La crisis referida se relaciona con la erosión de los mecanismos en que se basó su funcionamiento (los pactos entre direcciones partidistas), y el gran problema que está planteado es el de si, pese a ello, podrá sobrevivir la democracia venezolana” (Rey, 1989: 562).

Dichos partidos pueden definirse como un conjunto de hombres organizados que luchan mediante procedimientos distintos por obtener todo o parte del poder político de una sociedad, para desempeñar con él una serie de funciones y que comparten un cuerpo de creencias, ideas, valores y principios acerca del orden político que consideran más conveniente para dicha sociedad.

Diversos autores señalan que este tipo moderno de organización partidista tiende a la oligarquización y al poder de las camarillas que dirigen su organización y funcionamiento (Duverger, 1981: 3). Robert Michels fue quien sentó las bases científicas para el estudio de los fenómenos relativos a la oligarquización en los partidos; él sostiene que, en el devenir de la estructuración de los partidos se invierte la relación entre el “dirigente” y la “masa”.

Los dirigentes que al principio son tan sólo ejecutores de la voluntad de las masas, se hacen ahora autónomos al independizarse de ellas. La organización consuma definitivamente la división de todo partido en una minoría directora y una mayoría dirigida (Robert Michels, 1971: 68).

Por su parte, Duverger afirma que:

La organización de los partidos no está, ciertamente, de acuerdo con la ortodoxia democrática. Su estructura interior es esencialmente autocrática y oligárquica: los jefes no son realmente designados por los miembros, a pesar de las apariencias, sino nombrados por el centro, tienden a formar una clase dirigente, aislada de los militantes, una casta más o menos cerrada sobre sí misma (Duverger, 1981: 448).

Sartori opina que en los partidos:

]]> “la democracia interna se encuentra desvirtuada por mecanismos burocráticos” y “... el fraccionalismo de muchos partidos es un testimonio de que los partidos no son unidades monolíticas que, rígidamente dirigidas por burocracias partidistas y líderes elitistas, hacen ondear en la arena política la bandera de la democracia, pero prefieren en sus propias filas un estilo de dirección autoritario. En todo caso, está muy difundida la imagen de los partidos como una organización oligárquica” (Sartori, 1987:65).

Esto es más cierto aún en el caso venezolano, contexto en el cual los partidos modernos como Acción Democrática y el Partido Comunista surgen bajo fuertes influencias leninistas (11). El populismo venezolano tuvo una raíz partidista. Se puede explicar así: Acción Democrática fue creada de acuerdo con un esquema leninista, el partido, “la organización de los mejores” debía conducir a un frente de clases a la lucha por la liberación. Dicho partido detentaba una ideología nacional popular orientada a la implantación de la democracia burguesa, que planteaba la defensa de un proyecto industrialista, modernizador y democrático, del cual se favorecerían, teóricamente, todas las clases productoras de la nación (Cuñarro, 1989: 16).

La organización de los mejores se identificó con la “vieja guardia adeca” liderizada por Rómulo Betancourt, estructurando una élite política que trazó un modelo de Estado. Además, se repartieron las “parcelas de poder institucional” bajo distintas maneras de estímulos y de incentivos selectivos y de monopolio representacional, adoptando ciertos rasgos a los cuales se ha calificado de semicorporativos. A nuestro entender, el modelo populista semicorporativo logró consolidarse en Venezuela debido a dos rasgos que le fueron específicos.

• El fenómeno populista lo liderizó un partido y no un hombre providencial, y este partido se organizó de acuerdo con férreos y disciplinados engranajes leninistas, que le permitieron permear a todas las capas sociales y alcanzar una dimensión realmente nacional en su carácter territorial.

• A pesar de las distintas épocas y coyunturas críticas por las que ha pasado el país y el partido, el modelo logró sobrevivir cuatro décadas (1958-1998) gracias a la riqueza petrolera que cíclicamente produjo períodos de sorpresiva prosperidad (Cuñarro, 1989: 20).

Se creó así un Estado de compromiso que se podría calificar de semicorporativo, de acuerdo con los siguientes lineamientos:

]]> El corporativismo es un concepto peculiar, se podría decir dialéctico, en el sentido de que puede significar tanto A como no-A. En la terminología científico social se refiere a la concertación, compromiso y colaboración entre grandes grupos de interés y entre ellos y el Estado (Therborn, 1985: 40).

Pero el corporativismo puede, según el mismo autor, hacer referencia a otro tipo de actitudes:

... a la lucha por distinciones y privilegios especiales para grupos pequeños o segmentos particulares de una clase, sin considerar la clase en toda su amplitud y los intereses nacionales. El corporativismo, en esta última acepción, es lo opuesto a la orientación de clase, y es una expresión de divisiones dentro de una clase y de su debilidad. Ese tipo de corporativismo tiene una dinámica propia de grupos de interés, y también tiene efectos de exclusión social y marginalización de aquéllos que están afuera (Therborn, 1985: 41).

La existencia del Buró obrero en Acción Democrática expresa con claridad la forma en que opera esta cooptación en Venezuela, cooptación (12) que es ejercida por un partido que se reconoce como pluriclasista. La articulación entre centralismo democrático y rasgos semicorporativos habría ocasionado la debacle del sistema de partidos en Venezuela y puesto en peligro la supervivencia de la democracia (Petkof, 2003:2).

Las anteriores conceptualizaciones sobre los rasgos semicorporativos del sistema político venezolano tienen interés para este trabajo, a efectos de explorar la posibilidad de que los mecanismos de concertación semicorporativos constituyan uno de los factores decisivos en el funcionamiento no democrático de los partidos y de la sociedad venezolanos.

Coincidiendo con dichas razones, en este trabajo se afirma que la manera específica en que se procesaban las exigencias, articulando a través de diversos acomodamientos cupulares los intereses de los anillos o roscas de poder, orientaba los mecanismos de conversión hacia la filtración de las demandas de manera asimétrica y excluyente, permitiendo sólo ingresar a aquéllas que no lesionaban los intereses de la élite política adscrita a los partidos tradicionales.

Este particular entrabamiento de estructuras y actores configura el “modo de funcionamiento” característico del sistema político venezolano y es el que lo llevó a una situación de estrangulamiento viabilizado por un particular estilo de hacer política, y este particular estilo de hacer política se encuentra entre los factores principales que condujeron a la creación de la COPRE.

En resumen, entre las razones que pudieron conducir al colapso del sistema de partidos en Venezuela, se ha enfatizado la importancia de factores organizativos; en particular, las características de la estructura interna de partidos políticos como Acción Democrática y COPEI, que eran extremadamente jerárquicos y poco democráticos, y su efecto sobre las preferencias del electorado. Se ha argumentado, al respecto, que el exhaustivo control que los líderes partidistas ejercieron sobre sus miembros, acompañado de los efectos sociales de un bajo desempeño económico, hicieron que los votantes comenzaran a percibir a los políticos como actores que no respondían a sus demandas, produciendo un gran descontento electoral (dealignment) que permitió abrirle espacios a nuevos liderazgos políticos que lograron desplazar gradualmente a los liderazgos tradicionales (Molina y Baralt, 1999: 35).

También se han atribuido los trastornos del sistema de partidos al faccionalismo. Guevara, por ejemplo, refiriéndose al caso venezolano, entiende por facción, un grupo que lucha pragmáticamente por la consecución de poder dentro de un partido, para la satisfacción de sus intereses particulares y explica cómo la lucha interna en AD fue perdiendo su orientación ética e ideológica, dejándose ganar por el pragmatismo y la competencia por el poder en un contexto de relaciones donde privó en última instancia la competencia y la desconfianza. Stambouli, por su parte, afirma que:

Cuando las ambiciones personales o grupales se sobrepusieron a la orientación colectiva de los partidos, en ese momento, el faccionalismo comenzó a operar como un cáncer que devoró a los partidos mismos. El pragmatismo, el cortoplacismo, el burocratismo, comenzó a operar tanto dentro como fuera de los partidos y lo más importante del caso no es que se debilitó la institución partidista, sino que indirectamente, eso sirvió para debilitar a la democracia (Stambouli, 2003:3).

La preocupación por el debilitamiento de la democracia, que encontramos en Rey (1989) (ver supra), es factor común a varios autores venezolanos; en ese sentido, se proponen diferentes enfoques acerca de la probable salida a la crisis. Unos argumentan que la conflictividad, siempre creciente a partir de 1992, condujo al cambio radical de régimen político, con el triunfo electoral de Hugo Chávez Frías en 1998 (Blanco, 2002). Otros piensan que tales conflictos deben ser concebidos como parte natural del proceso de renovación del sistema (Álvarez, 2003: 215).

En este trabajo se comparte la argumentación sostenida por Penfold Becerra, en el sentido de que la debacle vivida por el sistema de partidos en Venezuela es el resultado de una serie de factores. Éstos serían: la caída de los ingresos fiscales petroleros, que puso en evidencia las contradicciones del sistema populista de conciliación; el cambio de preferencias electorales que condujo a la desalineación electoral, manifestada en los altos niveles de abstención y en la disminución de la identificación partidista hacia AD y COPEI, y el proceso de descentralización que aumentó la competencia electoral y posibilitó la reelección de los gobernadores (Penfold, 2002: 8).

Frente a los rasgos semicorporativos de la articulación concertada que caracterizaba al escenario político venezolano, la COPRE propició la incorporación de diversos actores para lograr una base consensual más amplia, dado que la sociedad venezolana se había hecho más compleja, y se necesitaba abrirles a aquéllos, nuevos espacios de consulta y negociación. La COPRE partía del supuesto de que la legitimidad del sistema se renovaría en la medida en que la relación entre el gobierno y los gobernados se basara en un nuevo sistema de pactos, que permitiera participar a sectores anteriormente no consultados. Es decir, la COPRE trabajaba sobre el supuesto de que la legitimidad de la norma se genera en un proceso democrático donde los destinatarios debían tener participación, tanto directa como indirecta, para que se respetaran cabalmente sus derechos de acceso político en los procesos de adopción de decisiones.

A través de la difusión y la deliberación pública de las propuestas reformistas de la COPRE se deseaba estimular la construcción de una contracultura, que coadyuvara en el desplazamiento de la hegemonía de los partidos políticos, para dar lugar a una cultura más democrática de la cual los ciudadanos “formaran parte”. Es por eso que se consideraba necesario el cambio cultural, ya que el poder político no resultaba suficiente para conservar la unidad de la sociedad, sino que debía añadírsele el consenso. Haciendo un balance del devenir histórico y de las dificultades que hubo que superar en el camino y refiriéndose a la situación política en Venezuela en el PRIE se sostiene acerca del sistema político venezolano:

Es esta democracia incompleta, aun con los privilegios que ha anidado, la que nos capacita para los nuevos desafíos. Ella no es, entonces, negociable. Al comienzo de su instauración hubo el recuerdo de una eficacia dictatorial que convocó a algunos, y la crítica que llegó hasta la violencia, pensando que era posible y necesario tomarle atajos a la historia con la ilusión de ahorrar penurias. Poco a poco, entre el trauma y el diálogo, la inmensa mayoría del país ha convenido en el pacto democrático (Blanco, 2002: 28).

Se reconoce que el sistema democrático aún es rudimentario, pero se señala que, a través de una serie de vicisitudes que pautan una peculiar experiencia histórica, puede explicarse el camino que ha recorrido Venezuela para llegar a escoger la fórmula contractual como vía fundamental en la resolución de los conflictos políticos, superando las tentaciones autoritarias y violentas, buscando establecer, a través del diálogo, un nuevo pacto de convivencia democrática. Es en la medida en que se superen las viejas racionalidades y se establezcan nuevos y sucesivos pactos que incluyan a todos los sectores de la sociedad venezolana, en esa medida, podrá sobrevivir y consolidarse la democracia venezolana.

LA LABOR DE LA COPRE

La base de ésta es un estudio del quehacer de la Comisión Presidencial para la Reforma del Estado, seguimiento a través del cual se analizó su influencia como impulsora de consensos y facilitadora de proyectos que propiciaron medidas dirigidas al mantenimiento del sistema. En una época en la cual tanto factores endógenos como exógenos presionaban a los países latinoamericanos por transformaciones en la relación Estado-sociedad, la COPRE resultó ser una institución que promovió en la sociedad venezolana una racionalidad reflexiva, otorgándole nueva beligerancia a los grupos emergentes y a los ciudadanos, contribuyendo con su acción difusora y negociadora a propiciar cambios importantes en el anquilosado sistema partidista.

Las medidas contempladas desde el principio de la gestión de la COPRE como urgentes y plasmadas en las denominadas PRPI (13) (marzo de 1986), constituyeron uno de los primeros acuerdos a los cuales llegó la comisión por unanimidad, y que constituyeron el núcleo de ideas aglutinador, sobre el cual se tejieron: el Acuerdo Nacional de los Partidos en 1988, el Foro para la Reforma en 1989, el Pacto para la Reforma en 1990, el Acuerdo para la Descentralización y la aprobación de la normativa que lo regulaba (1993). El conjunto de reformas antedichas, que se dirigían a la modernización de la relación Estado-sociedad en el plano político, fueron las propuestas concertadas de mayor importancia, ya que en ellas se concentró el esfuerzo negociador de la COPRE con los demás sectores de la sociedad, así como con los partidos tradicionales que, a pesar de su apoyo retórico, se resistieron a su aprobación como instrumentos legales.

Según lo planteó la COPRE en el PRIE (14), las reformas no debían limitarse a transformar el aparato público, sino que debían abarcar la articulación Estado-Sociedad bajo la idea de totalidad, es decir, que manejaba una concepción de Estado ampliada, lo que diferenciaba este proyecto de reforma de los anteriores que sólo se habían dirigido a modernizar la administración pública. Se reconocía como labor fundamental de la COPRE la de impulsar “una cultura para la transformación y una transformación capaz de producir una nueva cultura”; de allí la importancia de movilizar fuerzas y consolidar una opinión pública favorable, pues la transformación del modelo no se concebía como posible, si no prevalecía el nivel de la sociedad civil como terreno de la construcción social. Estos lineamientos trazados por la COPRE en el PRIE son de importancia, pues configuran gran parte de sus aciertos: la profundización de una cultura política democrática en la sociedad venezolana, que fue viabilizada por el aprendizaje interactivo que estableció a través de múltiples estrategias negociadoras.

Desde sus inicios en 1985, la COPRE, para afrontar su trabajo de impulsar las prácticas negociadoras, decidió ir planteando compromisos a corto, mediano y largo plazo, de manera que sus logros fueran visualizables y no se apagara el entusiasmo de las corrientes reformistas.

El monitoreo de los acuerdos, que buscaba superar el egoísmo de AD y COPEI, que aceptaban compromisos para incumplirlos, operó como mecanismo de desenmascaramiento progresivo, obligando a estas organizaciones partidistas, a mostrar cuál era su verdadera actitud hacia las reformas. En este período, gracias a la acción de la COPRE, quedó claro, con el monitoreo de las Reformas Políticas Inmediatas (PRPI) y del Pacto para la Reforma, que el discurso de apoyo a las reformas que pronunciaban los partidos políticos tradicionales, tenía como fin último aprovechar la oportunidad para ganar votos entre los electores, sin importarles la profundización de la democracia ni el rediseño del Estado.

La COPRE, frente al dilema de la excesiva adhesión a la cooperación que pudiera frenar sus potencialidades innovadoras, buscó atajos para que su labor no se trabara, a través del mencionado recurso de establecer compromisos a diferentes escalas temporales. No obstante, las discrepancias la llevaron a la inacción en el plano de la estrategia económica, en la cual no pudo ponerse de acuerdo. Otros temas que no lograron consenso fueron diferidos, entre ellos: la nominalidad para las listas electorales, la Reforma de los Partidos Políticos y de su Financiamiento, la Reforma de la Administración Central, la Reforma Judicial, la Ley de Licitaciones, la Ley de Contraloría, la Reforma Fiscal integral y otros.

A estos sucesivos desengaños de la opinión pública sobre los compromisos políticos contraídos para impulsar las reformas, les siguió el descrédito de los partidos, el cual fue responsabilidad exclusiva de sus direcciones. Fueron estos anillos de poder los culpables de que los partidos hayan llegado a simbolizar el incumplimiento de todo compromiso ante los ciudadanos.

El quehacer de la COPRE llevó su hálito reformista a todos los rincones de la sociedad política venezolana, haciendo comprender la imperiosa necesidad de rediseñar la relación Estado-sociedad, en el sentido de su democratización y modernización. Su labor abrió nuevos caminos de reflexión y mostró la viabilidad de las estrategias negociadoras para incorporar diversos actores al proceso de formulación de políticas públicas, con lo cual dio fuerza al desplazamiento de las cúpulas partidistas, demostrando a través de novedosas prácticas concertadoras, la posibilidad de transformar el proceso de toma de decisiones jerárquico en uno dialógico y dando nuevos bríos a la consolidación de una cultura política participante.

Lo fundamental del legado de la COPRE es que, a través de prácticas consensuales (foros, eventos seminarios, consultas con diversas organizaciones y concreción de algunos acuerdos), difundió y convirtió en temario de debate público, puntos de la vida política nacional que antes de su existencia se resolvían, al decir de Trino Márquez, entre “ Caldera y Gonzalo Barrios”. En este sentido, su acción fue precursora de la segunda ola de cambios institucionales más importantes ocurridos durante el siglo XX. La primera, promovida por la “Generación del 28”, tuvo su cresta más alta durante el “trienio adeco”, siendo su núcleo transformador la formación de los partidos modernos que condujo a la universalización del sufragio. La segunda, acompañada y promovida por la COPRE, tendría como centro difusor la Ley de Elección y Remoción de Gobernadores de Estado (1988), extendiéndose hacia la reforma del régimen municipal, los cambios en los mecanismos electorales y la aprobación de una profusa normativa para viabilizar la descentralización, que tuvo su auge con el Acuerdo para la Descentralización que se concretó con la Habilitante de Velásquez en agosto de 1993.

CONCLUSIONES

Desde el distanciamiento que permite la perspectiva histórica, aunque excesivamente corta pero no por eso menos válida, la COPRE cumplió con su rol innovador al haber hecho posible la autorregulación del sistema, dotándole de nuevos recursos y actores que ampliaron su repertorio de respuestas frente a la complejidad de una situación nacional y global vertiginosamente cambiante, a través de mecanismos de concertación, consulta y difusión que propiciaron el aprendizaje interactivo, haciendo posible hasta el momento, en alguna medida el cambio incremental así como la supervivencia del sistema, con algunos movimientos a nivel de la élite política y su base de reclutamiento. Aun después de decretada su clausura, la COPRE sigue viva a través de las experiencias de los individuos, grupos y asociaciones, que vivieron la fundamental experiencia concertadora.

A pesar de la intención manifiesta de la COPRE desde sus inicios, de transformar los mecanismos electorales y ampliar la participación para incorporar los intereses plurales de partidos y movimientos minoritarios, así como su empeño en democratizar a los partidos políticos, su vida institucional culmina en febrero de 1999, sin haberse aprobado en su integralidad, “como cuerpo orgánico”, las reformas políticas consideradas urgentes en 1986 y destinadas a ser sancionadas expeditamente durante la Administración Lusinchi. La postergación sucesiva de las medidas reformistas consideradas urgentes (reforma de los partidos políticos, reforma del Poder Judicial, reforma Electoral, reforma de la Administración Central y descentralizada entre las propuestas más importantes) puso en evidencia la miopía de la dirigencia político-partidista y conllevaría el desplazamiento de la élite tradicional y a su sustitución por una nueva de “vocación popular”, que llevó al poder a Hugo Chávez Frías, quien decretaría la disolución de la COPRE, para abocarse a la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente.

La escogencia de la fórmula contractual como vía fundamental para la resolución de los conflictos políticos que atravesó Venezuela durante las décadas de los 80 y 90, hizo posible iniciar un proceso de cambios que superó (aunque con dificultad) las tentaciones autoritarias y violentas y propició un nuevo pacto de convivencia democrática. Es en la medida en que se superen las viejas racionalidades y se establezcan nuevos y sucesivos pactos que incluyan a todos los sectores de la sociedad venezolana, en esa medida, podrá sobrevivir y consolidarse la democracia venezolana. El aprendizaje interactivo que la COPRE llevó a cabo es una de las experiencias democráticas más importantes de la sociedad venezolana, a la cual le marca el camino como referencia normativa. El “estilo de hacer política” de la COPRE señaló las vías a seguir para profundizar la democracia que tanto costó construir y en cuya consolidación se debe perseverar.

Bibliografía

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Fuentes Documentales:

Actas de las reuniones Plenarias de la COPRE (período 85-89)

Actas del Comité Coordinador de la COPRE (período 88-98)

Memorias de la COPRE, años: 86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96 y 97.

Notas

*Este artículo constituye un avance del Programa de Investigación: “Hacia un nuevo modelo político en América Latina”. Financiado por el Consejo de Desarrollo Científico y Humanístico de la Universidad del Zulia (CONDES). Maracaibo, Venezuela.

2. Sobre el abordaje del debate contemporáneo acerca de las transformaciones que atraviesa el Estado y el sistema político en el marco de la globalidad, confróntese Edith Cuñarro, “Hacia un nuevo modelo político en el marco de la globalidad” en Revista Ciencias de Gobierno, Instituto Zuliano de Estudios Políticos, Económicos y Sociales (IZEPES), Maracaibo, 2000.

3. La reestructuración económica de las últimas décadas respondió a una variedad de factores, los cuales pusieron de relieve el agotamiento del Estado proveedor de bienes y servicios que, con variantes populistas , existía en la mayor parte de los países de la región. (...) Para superar la crisis se diseñó una serie de lineamientos que recibieron el nombre de “Consenso de Washington”, por la coincidencia de recomendaciones de política económica formuladas por los organismos propulsores de reformas, todos ellos domiciliados en la capital de Estados Unidos. Consistía en varios ingredientes: disciplina fiscal, priorización del gasto público en áreas de alto retorno económico, reforma tributaria, tasas positivas de interés fijadas por el mercado, tipos de cambio competitivos y liberalización financiera, políticas comerciales liberales, apertura a la inversión extranjera, privatizaciones, desregulación amplia, protección a la propiedad privada. Carlos M. Vilas “Más allá del Consenso de Washington. Un enfoque desde la política de algunas propuestas...” en Reforma y Democracia No. 18, CLAD, 2000, p.30.

4. El fenómeno de la globalización y su dinámica es un asunto sumamente polémico. Ni siquiera a nivel mundial existe acuerdo. En la reunión del G 8, celebrada en Okinawa (2000), donde los jefes de Estado y Gobierno de los principales países industrializados del planeta llegaron a la conclusión de que convendría potenciar la introducción de Internet en el Tercer Mundo para “reducir la brecha tecnológica” que separa al Norte del Sur. Por otro lado, el Banco Mundial optó a su vez por recurrir a la Red para lanzar un cyberforo sobre los pros y los contras de la internacionalización de la economía. Durante tres semanas, varios centenares de personas -economistas, politólogos, investigadores, empresarios, estudiantes- tuvieron la oportunidad de intercambiar ideas sobre los informes cuidadosamente preparados por la secretaría del Banco, dedicados a los temas de Globalización, pobreza y desarrollo. A pesar de lo amplio de la convocatoria, no se llegó, a nivel mundial, a ningún acuerdo sobre la caracterización del fenómeno. www.g8ciberforo.com

5. La COPRE fue creada por el Decreto 403 del 17 de diciembre de 1984 y sus líneas directrices fueron modernización y democracia.

6. El segundo prototipo lo representa México, el cual emprende en 1982 un intenso proceso de reformas económicas como consecuencia de la severa caída de la producción interna y de la consecuente necesidad de reorganizar el aparato productivo estatal. Menno Vellinga “El cambio del papel del Estado en América Latina” en Vellinga (coord..) op. Cit. p.18.

7. La crisis de los años 80 puso en evidencia una serie de debilidades y de defectos de las economías Latinoamericanas; dichas deficiencias potenciaron los efectos de la recesión mundial, de manera que la caída de los precios de las materias primas y el aumento de los intereses (decretado por la Reserva Federal para contrarrestar la inflación en Estados Unidos) produjeron la catástrofe económica de la llamada década perdida de América Latina. Las medidas y políticas para combatir tal estado de cosas no apuntaron a resolver los problemas del continente, sino a superar la crisis de la deuda que estalló en 1982, cuando Argentina y México suspendieron el pago de intereses. La ofensiva neoliberal hizo llegar a América Latina la propuesta antes referida, a la cual se le daría el nombre de “Consenso de Washington”. Editorial en Nueva Sociedad, No. 160, Marzo-abril de 1999: 2. Caracas, pp.186.

8. Esta clasificación es una simplificación de un debate sumamente complejo sobre Teoría del Estado, tema de gran importancia, pero cuya trascendencia escapa a los límites de este trabajo. Lineamientos sobre esta polémica pueden leerse en: “Libertad de Elegir” de Milton Friedman, “La política y el Estado Moderno” de Antonio Gramsci, la “Teoría del Estado” de Herman Heller y “Democracia Personalista” de Emmanuel Mounier, “Estado de Derecho, crisis y renovación” de Ricardo Combellas, entre otros. Para una síntesis, ver Pedro Bracho G. (1993) Fundamentos de Derecho Público, Vadell Editores, pp 72-73.

9. Las corrientes liberales se aglutinan en torno a un conjunto de nociones que le dan su unidad. Éstas son, entre otras: en cuanto a lo que a la noción de ley se refiere, el concepto puramente negativo (de la ley), se limita a prohibir toda tentativa (del Estado, de grupos o de individuos) por impedir que el ciudadano goce de sus libertades dentro de los límites en que sean compatibles con las libertades de los demás: una ley que prohíbe impedir y cuya función tiene como meta la democracia procedimental. El Estado y la Sociedad son considerados como esferas autónomas que se interrelacionan, pero que cada una tiene su propia dinámica. Propugna esta corriente la democracia formal o política, concebida como un mecanismo constituido por diversos procedimientos que regulan la alternancia y renovación de los gobiernos, de los cuáles el fundamental es el voto.
]]> Las corrientes estatistas tienen en común un abanico de ideas que las caracterizan. Consideran fundamentales a los derechos créditos o sociales, los cuales se espera que el Estado defienda mediante sus leyes en la esfera social, sobre todo para asegurar el mejor reparto de las riquezas y corregir las desigualdades: la función positiva de la ley es la de tomar parte en la actividad de engendrar una democracia social tendiente no ya sólo a la igualdad política, sino hacia la igualación, por lo menos parcial, de las condiciones de vida mediante la redistribución del ingreso. Bajo esta concepción, Estado y Sociedad conforman una unidad dialéctica que funciona como “totalidad”, la cual es motorizada por las fuerzas antagónicas que perviven en su seno. Como forma de régimen político propicia la democracia sustantiva o “democracia social”. Ferry y Renaut (1990), Filosofía Política. De los derechos del hombre a la idea republicana, pp. 18-19 Fondo de Cultura Económica, México.

10. Sobre el cambio social y la modernización ver de Apter Estudio de la Modernización; de S.N. Einsestadt Ensayos sobre el cambio social y la modernización; de Nisbet, Khun y otros Cambio Social; de O’Donnell Modernización y Autoritarismo; de Almond y Verba The Civic Culture; de Deutsch Los nervios del gobierno; de Giddens y otros Modernización reflexiva (...); de Salamanca Crisis de la modernización y crisis de la democracia en Venezuela.

11. El modelo leninista se impuso con matices en el mundo occidental y particularmente en América Latina, donde el socialismo se extendió en medios intelectuales y obreros, a través de textos de divulgación difundidos por la Tercera Internacional. Ver Cuñarro, Edith (1989) Tesis Maestría Ciencia Política, Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Universidad del Zulia, mimeo.

12. El término cooptación que describe el mecanismo de elección por “llamado” de un órgano de dirección que de esta forma amplía sus rangos, es usado aquí metafóricamente para señalar la tendencia invasora o dirigista de una parte del sistema político sobre todo el sistema social. Pedro Bracho, El Partido contra la sociedad, Valencia, Vadell, p. 21.

13. Propuestas para Reformas Políticas Inmediatas en adelante PRPI (1986), son aquellas medidas que se consideraron “urgentes” pues, se esperaba, produjesen un proceso de retroalimentación del sistema político.

14. El Proyecto de Reforma Integral del Estado (PRIE, 1988) fue seleccionado en virtud de su importancia como rearticulación del proyecto nacional, documento cuya elaboración había sido expresamente encomendada a la COPRE en el Decreto 403 del 17 de diciembre de 1984.