Gioconda Espina

Cathy A. Rakowski

Profesora de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales y del Centro de Estudios de la Mujer de la Universidad Central de Venezuela. Fue investigadora visitante de El Colegio de México y de la escuela de Libre Enseñanza de Psicoanálisis de España. Ha vivido todo lo que tiene que ver con feminismo y reivindicaciones femeninas desde 1978

correo-e: espinagio@cantv.net.

Profesora de Sociología Rural y Estudios de la Mujer de la Ohio State University. Vivió en Venezuela entre 1969-1986. Desde entonces sigue sus investigaciones en Venezuela en el área de la lucha de mujeres, la descentralización y los procesos de cambio social.

correo-e: crakowsk@pop.service.ohio-state.edu rakowski.l@osu.edu    

Las autoras parten de las hipótesis de Verta Taylor, Suzanne Staggenborg y Sonia Álvarez sobre la transformación, declive y éxito de los movimientos de mujeres a través del tiempo. Las autoras se preguntan si en Venezuela puede hablarse de un movimiento de mujeres, más o menos solidario en su composición y en su activismo cotidiano, o si, más bien, debería hablarse de un core group o núcleo de activistas que han sostenido el discurso y los principios feministas entre uno y otro pico del que algunos teóricos y activistas llaman movimiento de mujeres. El período de estudio comprende desde 1990 hasta la actualidad, aunque no privan a sus lectores de un resumen de los antecedentes de la lucha reivindicativa de las mujeres venezolanas hasta 1990.

Palabras clave Núcleo de activistas / Movimiento social 

The authors draw on theories developed by Verta Taylor, Suzanne Staggenborg and Sonia Alvarez regarding the transformation, decline and success of women´s movements over long periods of time.The authors ask whether or not we can speak of a women´s movement in Venezuela, characterized by solidarity in its composition and day-to-day activism, or if we should speak of a core group of activists who have sustained a feminist discourse and principles between periods of mobilization that some theorists and activists refer to as a women’s movement. The period discussed is 1990 to 2001 although the paper also presents an overview of women’s organizing before 1990.

Core group of activists / Social movement

RECIBIDO: SEPTIEMBRE 2001   ACEPTADO: NOVIEMBRE 2001 

INTRODUCCIÓN

Los teóricos de los movimientos sociales se han interesado más en los orígenes y movilizaciones de los movimientos que en sus capacidades de adaptación para sobrevivir (Taylor, 1989). Más aún, generalmente han asociado el éxito con la sobrevivencia y el declive con la desaparición, particularmente después de un período de conflicto entre los participantes o después de lograr su objetivo (por ejemplo, el sufragio o la reforma de un Código Civil). En el caso de los movimientos de mujeres de Europa y Estados Unidos, hasta hace poco se aceptaba como un hecho que los movimientos de «primera ola» (la first wave de las primeras décadas del siglo XX) desaparecieron al lograr sus objetivos, en este caso el sufragio, y que, luego, apareció un nuevo movimiento (la segunda ola o second wave) de las décadas de los sesenta y setenta con otros objetivos y otras actoras.

Así que no todas las investigadoras están de acuerdo en que las actividades entre períodos de movilización representan la continuidad de un movimiento o la existencia de un core group o núcleo de activistas. Tampoco están de acuerdo sobre el rol que puede jugar el conflicto en la transformación o continuidad de los movimientos. Por ello, es importante estudiar con más detalle y en casos diversos, los cambios efectuados dentro de un posible movimiento, sus declives, desaparición, reaparición o sustitución por otro(s) movimiento(s). Con análisis múltiples y detallados, se podría responder a la interrogante de si hay «un» movimiento de mujeres continuo con picos y bajos de activismo o si hay un grupo pequeño de mujeres «en movimiento» (core group o núcleo de activistas) que actúan cuando se presenta la oportunidad política.

En el caso de Venezuela, pocos estudios han analizado con profundidad las movilizaciones de mujeres. Hay algunos trabajos históricos que han enfocado la participación de mujeres en momentos importantes para la vida política del país y las luchas contra la dictadura (Carosio, 1991; Petzoldt y Bevilacqua, 1979; Friedman, 1998). Hay trabajos oportunos sobre eventos y movilizaciones más o menos recientes, como la campaña para la reforma del Código Civil de 1982 (Palumbo, 1988), la formación y trabajo de la Coordinadora de ONG de Mujeres-CONG (Friedman, 1998, 2000; Espina, 1994, 1997, 2000; Castañeda, 1996, 1998) y la participación de las mujeres en reformas legales recientes (Jiménez, 2001; Rojas, 1999; Rakowski, 1998, 2000)². Nuestro objetivo general en el presente trabajo es analizar y evaluar la evolución de la actividad reivindicativa de las mujeres en Venezuela, particularmente desde 1990 hasta hoy. En este período ha habido una serie de cambios legislativos y constitucionales que, vistos desde afuera, parecen representar los logros de un movimiento de mujeres amplio, bien organizado y con acceso a los sitios de poder (ver cuadro único al final). También representa el período en el que algunas mujeres identificadas con el feminismo en Venezuela han entrado en las cúpulas del poder, como lideresas de sus partidos y como femócratas³ (tanto electas como designadas por algún miembro de la cúpula gobernante: presidente, ministro, etc.). Este período es, pues, óptimo para considerar si los logros son indicadores de la continuidad de un movimiento o si representan las acciones oportunas de algunas mujeres que lograron insertarse en la burocracia o han tenido influencia sobre ella.

En la primera parte resumimos los antecedentes de la organización de mujeres en Venezuela hasta 1990. En la segunda parte analizamos algunos cambios importantes entre las organizaciones de mujeres que una vez conformaron la organización paraguas denominada Coordinadora de ONG de Mujeres, CONG, establecida en marzo de 1985 como red nacional de mujeres organizadas de la sociedad civil⁴. También resaltamos algunos logros y su posible rol como indicadores de un supuesto movimiento de mujeres. En la tercera parte consideramos el significado del caso venezolano para el concepto de movimiento de mujeres para, de seguida, respondernos si existe un movimiento de mujeres en Venezuela.

La mayoría de los estudios de las mujeres en Venezuela señalan la campaña para la reforma del Código Civil (1979-1982) como el primer momento en que hubo un verdadero movimiento de mujeres; el segundo momento habría sido con el funcionamiento de la CONG entre 1985-1990. En verdad, las venezolanas tienen una larga historia de lucha y participación pública. Algunas mujeres se destacaron como lideresas en la lucha para los derechos de la mujer y han habido importantes agrupaciones en toda la historia del país. Hubo heroínas en la Guerra de la Independencia (aunque muy pocas fueron incluidas en los libros de educación básica). En 1918, mujeres de la clase media y la clase trabajadora se incorporaron a los grupos clandestinos que luchaban contra la dictadura de Juan Vicente Gómez y, al morir éste en diciembre de 1935, las venezolanas organizaron el Primer Congreso Venezolano de la Mujer (Bethencourt, 1996). Muchas de las lideresas de los años treinta y cuarenta son reconocidas por las mujeres de 2001 como las «precursoras» de los movimientos recientes⁵. Aquellos grupos tenían nombres como Asociación Cultural Femenina (el más importante de todos), Asociación Cultural Interamericana, Asociación Venezolana de Mujeres, Sociedad Patriótica, Unión de Mujeres Americanas, entre otros. Muchas mujeres también se destacaron en la lucha contra Marcos Pérez Jiménez, en la guerrilla de los años sesenta y como cofundadoras y activistas de los partidos políticos de izquierda (Petzoldt y Bevilacqua, 1979) y los grupos feministas de los setenta (siendo el primero de ellos el Movimiento para la Liberación de la Mujer)⁶.

Mujeres profesionales y de las clases privilegiadas participaron en la formulación de las constituciones y reformas legislativas de finales de los años treinta y cuarenta. Ellas fueron congresistas, periodistas, maestras y familiares de hombres congresistas. Durante el trienio democrático 1945-48, hubo 16 diputadas (Petzoldt y Bevilacqua, 1979), más que en cualquier otro período posterior. El «feminismo» de entonces buscaba mejorar las condiciones de la doble jornada de las mujeres. Esas mujeres, algunas organizadas desde los años treinta, «obtuvieron el derecho al voto y a la protesta, así como la posibilidad de actuar públicamente con eficacia: crear un frente organizado alrededor de una agenda de intereses prácticos comunes a todas las agrupaciones» (Espina, 1994:173).

Mujeres organizadas e individuas contribuyeron a una mejora en los derechos femeninos en las reformas constitucionales de 1947 y 1961 y en la Ley del Trabajo y el Código Civil. Sin embargo, aunque la Constitución de 1961 garantizó igualdad de los sexos, otras leyes se quedaron atrás. Sería con la reforma del Código Civil en 1982, que las mujeres lograran igualdad de derechos y oportunidades. Pero todavía faltaba reformar otras leyes.

A pesar de su importancia en la conquista y fortalecimiento de la democracia (Petzoldt y Bevilacqua, 1979; Friedman, 1998, 2000), los partidos políticos marginaron a las mujeres y las relegaron al «trabajo de base», otra extensión del trabajo de ama de casa. Las primeras en denunciar este trato fueron las mujeres de los partidos y sindicatos de izquierda. Algunas iniciaron una doble militancia, como feministas y miembras de sus partidos políticos. Otras salieron de los partidos a dedicarse a formar grupos de mujeres.

La campaña para la reforma parcial del Código Civil, lograda en julio de 1982, fue sólo el último paso en una lucha que duró más de cuarenta años. Fue liderado por las abogadas de la FEVA (Yolanda Poleo de Báez, Ana Lucina García Maldonado, Lisbeth Guevara y muchas otras) desde los años sesenta. En 1979, con el apoyo del presidente Luis Herrera Campins, la entonces ministra para la Participación de la Mujer en el Desarrollo, Mercedes Pulido, y las mujeres congresistas, convocaron a grupos de mujeres e individuas de todas las clases y sectores sociales del país -amas de casa, mujeres cristianas, sindicalistas, feministas militantes, académicas no feministas, periodistas, médicas, secretarias, mujeres de los movimientos vecinales, etc.- para constituir un frente único que luchara por la reforma⁷.

Fue ante la inminencia de la Primera Conferencia de la Mujer convocada en México en 1975, que las mujeres de Acción Democrática convencieron al presidente Carlos Andrés Pérez para que nombrara una Comisión Femenina Asesora de la Presidencia de la República, Cofeapre, que preparó el documento y la delegación que representaría a Venezuela⁹. Y fue por la urgencia en preparar un documento distinto al que llevaría el gobierno, representado por la ministra de la Familia Virginia Olivo de Celli, que un pequeño grupo de mujeres resolvió reunirse a comienzos de 1985 con la idea de preparar el documento a Nairobi. Este grupo se convirtió en una organización paraguas este mismo año, luego de apreciar el éxito de la convocatoria que hicieron a todos los grupos no gubernamentales de mujeres. En marzo de 1985 se creó la Coordinadora de ONG de Mujeres, CONG, una red que logró reunir unas veinticinco ONG entre 1985 y 1990. Al regresar de Nairobi, miembras de la CONG comenzaron a trabajar por la reforma de la Ley Orgánica del Trabajo. A pesar de las reservas que muchas tenían, en defensa de su autonomía, la CONG trabajó con la instancia del gobierno que diseñaba la política hacia las mujeres, el Ministerio de la Familia, así como con las mujeres de la Comisión Bicameral de Mujeres en el Congreso Nacional.

La historia de la CONG ha sido analizada ampliamente por Friedman (1999) y Espina (1994; 1997), quienes son de la opinión de que la CONG dejó de funcionar tal como fue concebida a partir de 1990. Sin embargo, desde 1990 y hasta hoy, al presentarse algunas de las mujeres que fundaron la CONG por los medios de comunicación y a las reuniones parlamentarias, gubernamentales, políticas y académicas a las que son invitadas, éstas se identifican como miembras de la CONG (Rakowski, 2000). De esta forma, sosteniendo públicamente el discurso feminista que tenían o adquirieron en la CONG, estas lideresas son consideradas, y de hecho lo son, notorias activistas de ese núcleo o core group del que hablábamos en la introducción. En esto están de acuerdo las investigadoras mencionadas en este párrafo: estas mujeres que se presentan en público como miembras de una CONG, que para algunas investigadoras ya no existe más que en sus siglas, sin duda alguna pertenecen al núcleo de activistas que mantiene viva la llama de la lucha contra todo tipo de discriminación a las mujeres.

En realidad, lo que ha habido es un cambio del agente organizador del core group o núcleo de activistas que ha venido conquistando reivindicaciones desde 1985: en vez de ser la CONG la que convoque y organice, son las instancias gubernamental y parlamentaria de mujeres (que trabajan unidas en momentos coyunturales) las que convocan y organizan, con la colaboración de las mujeres que pertenecían a la CONG. Muchas mujeres dejaron las ONG que integraron la CONG para incorporarse a la femocracia, mientras que algunas de las mujeres femócratas de gobiernos anteriores, al salir de cargos crearon ONG, se incorporaron a los organismos internacionales o volvieron a la vida académica, desde donde continúan sus luchas para los derechos de la mujer y la familia. figura1

La declinación de la CONG como agente movilizador de las mujeres se agravó con motivo de la preparación de la conferencia en Beijing, en 1995. Un minúsculo grupo de la CONG, erigido hacía tiempo en dirección informal de un espacio de convergencia al que cada vez asistía menos gente, se concentró en preparar los materiales y la delegación que viajaría. A diferencia de lo que ocurrió después de México y después de Nairobi, después de Beijing no se logró relanzar a los grupos de mujeres en Venezuela. En verdad, a partir de 1995 pueden contarse con los dedos de la mano las reuniones de las organizaciones y personas que originalmente conformaron la CONG y de las organizaciones diversas (Friedman, 1999). ¿Qué pasó en el medio? ¿Cuál o cuáles indicadores podrían señalarnos las razones de ese declive pos Beijing del que no se repuso más el abanico de grupos que asistieron en marzo de 1985 a la Universidad Central de Venezuela y fundaron la CONG? ¿Cómo han cambiado las relaciones entre mujeres de la sociedad civil y del gobierno? ¿Cómo explicar los logros que se registran en el cuadro al final de este artículo, si en la década de los noventa no hubo un movimiento amplio de mujeres organizadas?

Una revisión de la prensa o de los archivos de la CONG y de la instancia oficial que diseña los programas dirigidos a la población femenina (CONAMU primero y ahora Instituto Nacional de la Mujer) permite constatar que, incluso antes del año preparatorio de la Conferencia de Beijing, las actividades de las mujeres de organizaciones no gubernamentales que integraban la CONG se parecen mucho a las de la instancia gubernamental. Y es que, desde el trabajo para la redacción del título VI de la Ley Orgánica del Trabajo («De la protección laboral de la maternidad y la familia»), cuando la CONG coincidió y hasta participó en la elaboración de las propuestas con la ministra Virginia Olivo, todas las responsables de la instancia oficial han convocado a algunas de las lideresas de las ONG que integraban desde el inicio a la CONG.

Así como Virginia Olivo (ministra durante el gobierno de Jaime Lusinchi) también actuaron Evangelina García Prince, Aura Loreto (ambas en el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez, AD), María Guzmán (en el segundo gobierno de Rafael Caldera, fundador del partido Copei) y la actual presidenta del Inamujer, María León, comunista, una de las inventoras y fundadoras de la CONG. Hay dos formas de ver este cambio. Como se ha dicho ya en el punto anterior, esto podría demostrar la cooptación de las lideresas de las ONG por parte de la instancia oficial. Pero, por otra parte, podría entenderse como una alianza estratégica por parte de las lideresas de las ONG y las del gobierno, facilitando así la creación de un grupo de femócratas capaz de reformar y crear nuevas alternativas, tanto dentro de la burocracia como fuera de ella (como lobby o grupos de presión). Sea cual sea la interpretación, es necesario aclarar en este punto que las mujeres del que hemos llamado core group o núcleo de activistas no han variado su posición contra todo tipo de discriminación. Sólo han trasladado su lucha de un espacio no gubernamental al gubernamental y parlamentario, llegando, incluso, a ser las redactoras finales del Plan Nacional de la Mujer 1998-2003 (de 1997) y del que se escribe actualmente para sustituir al anterior, el año que viene (2002). En 1998 y 1999 fueron convocadas por parte de las «femócratas», algunas feministas de la que era la CONG para la redacción de la nueva Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Más aún, mujeres de gobiernos y parlamentos anteriores fueron convocadas por las mujeres del que todavía se llamaba Consejo Nacional de la Mujer (ahora Inamujer) y por la Subcomisión de Mujer, Juventud y Familia, de la Asamblea Nacional Constituyente, ANC, para que opinaran sobre las reivindicaciones que debían ser incluidas en la nueva Constitución. Las «femócratas» que convocaban desde el Inamujer y la ANC habían sido activistas de la CONG y, por experiencia, habían aprendido que la mejor política es siempre la actuación unitaria de las mujeres. Así fue como se llegó a un consenso para incluir en la redacción de la nueva Carta Magna, tanto las reivindicaciones conquistadas en las décadas anteriores, como otras por las que las mujeres no habían logrado introducir en la agenda legislativa, como los derechos sexuales y reproductivos (artículo 76), el reconocimiento del valor económico del trabajo doméstico (artículo 88) y la seguridad social para el ama de casa (artículo 88).

Este patrón de convocatoria y de traslado de mujeres de la sociedad civil a los cargos gubernamentales, y viceversa¹⁰, no es singular en Venezuela; se ha detectado en otros países de América Latina (Álvarez, 1999). Sin embargo, el caso de Venezuela ha sido señalado como uno de los éxitos más notables de mujeres organizadas y ha sido presentado por «femócratas» de las Naciones Unidas como un ejemplo a seguir (Rakowski, 1998).

Otro costo ha sido perder el lugar desde el cual colocar propuestas reivindicativas distintas a las que proponen las mujeres de las instancias del Estado. Propuestas como la despenalización del aborto o la libre orientación sexual, antiquísimas reivindicaciones de las mujeres de la mayoría de los países latinoamericanos, jamás fueron posibles en la Coordinadora de ONG de Mujeres por falta de acuerdo entre los grupos y tampoco lo son en las instancias del Estado. La posibilidad de plantear esas discusiones y llegar a un acuerdo sobre esas dos reivindicaciones desapareció cuando grupos miembro y líderes de la CONG comenzaron a adaptar su agenda a la agenda gubernamental, desechando o posponiendo una agenda propia¹³.

En medio del viraje que concluyó con la desintegración de la CONG como fue concebida, ocurrió el alzamiento popular llamado «Caracazo», en febrero de 1989, que de golpe y porrazo metió a Venezuela en la lista de países pobres financiables y así los y las venezolanas pudieron acceder a financiamiento internacional para programas y proyectos dirigidos a los más necesitados, particularmente los niños, niñas, adolescentes y, desde luego, las mujeres. Por ello, no es coincidencia la entrada de mujeres de ONG en cargos donde fueron contratadas o participaron como voluntarias en los programas sociales dirigidos a mujeres y niños, tales como el programa de hogares de cuidado diario, el de distribución de leche y otros alimentos, etc., como fue el caso de las mujeres de los Círculos Femeninos Populares en los barrios de Caracas y otras ciudades (Rakowski, 2000).

Quizás aún sea necesario agregar una última información sobre el progresivo desplazamiento de las lideresas de la CONG a la arena oficial: sólo reciben financiamiento de los organismos financieros aquellas ONG que reciben el visto bueno de la instancia oficial, especie de intermediaria que garantiza que el dinero va a las manos correctas. Con este cambio, la balanza de poder e influencia ha pasado aún más rápido de la sociedad civil a las femócratas. Podría suponerse que la contratación de mujeres de las ONG podría ayudar a garantizar las reivindicaciones feministas desde adentro de las instituciones del Estado; sin embargo, muchas veces, su contratación o el financiamiento que reciben mediante sus ONG puede crear conformismo, pues dada la crisis económica necesitan garantizar sus futuros ingresos y contratación.

Pareciera que es por todo lo anteriormente resumido que, desde aquella lucha por la inclusión de reivindicaciones específicas que protegieran a las madres trabajadoras y sus familias, en el título VI de la Ley Orgánica del Trabajo (desde 1985 a 1990) no ha habido ninguna reivindicación de las mujeres dirigida desde una ONG. Todo lo que se ha logrado en materia de leyes se ha logrado desde una acción coordinada desde las instancias gubernamentales de las mujeres y desde la instancia del Poder Legislativo (que en este momento se llama Comisión Permanente para los Asuntos de la Mujer, la Juventud y la Familia). Inclusive, en el caso de la Ley contra la Violencia hacia la Mujer y la Familia, aunque ONG como la FEVA (Federación Venezolana de Abogadas), Avesa (Asociación Venezolana para una Educación Sexual Alternativa) y los CFP (Círculos Femeninos Populares) lideraron la convocatoria pública, fue en alianza con las mujeres de la Comisión Bicameral. Fueron apoyadas por las asociaciones de mujeres que lucharon y lograron reformas similares en otros países de América Latina, es decir, la movilización en Venezuela para dicha ley formaba parte de un movimiento internacional en su momento¹⁴.

Llama mucho la atención el hecho de que estas reivindicaciones hayan sido, como ha sido, tradición en Venezuela desde 1936, en materia legal. La lucha se ha centrado, casi en forma exclusiva, en la elaboración de leyes y políticas que establecen los derechos de la mujer. Para divulgarlos se acude a los medios de comunicación y a foros, talleres, seminarios y otros eventos nacionales e internacionales. Esto es importante y bueno pero tiene muy poca incidencia cotidiana y directa en las beneficiarias de esas leyes y acuerdos, pues en Venezuela continúa muy difícil la posibilidad para que las mujeres (también las «oficialistas») puedan hacer cumplir esas leyes. Éste es el espacio de lucha que podría llenar la sociedad civil, el equivalente de lo que fue hasta fines de los ochenta la CONG: un espacio que confronte a los administradores de las leyes y denuncie su incumplimiento. Por los momentos, ese espacio parece estar vacío y no se vislumbra quién pueda llenarlo.

Todo lo anterior no significa que no haya sido acertado sentarse a discutir el contenido y redactar esas leyes. Ni que todas las leyes no se cumplan. En algunos casos la aplicación correcta ha tardado años; en otros casos, simplemente no se asignan recursos para ello. El cumplimiento ha dependido, en buena parte, de la presión selectiva y las oportunidades que representan alianzas con algunos organismos internacionales que ofrecen financiamiento para su divulgación y seguimiento. En algunos casos, instancias gubernamentales regionales y locales han asumido responsabilidad para algunos programas mediante las «casas» u oficinas para las mujeres. En otros casos, ONG con financiamiento han podido prestar servicios y coordinar programas. En ambos casos, falta mucho para responder a la demanda real para dichos programas y servicios.

En conclusión, los logros obtenidos en materia legal por las mujeres venezolanas en la década de los noventa demuestran su estrecha relación con los acuerdos de las conferencias internacionales (convocadas por la ONU y sus órganos, así como por la Organización de Estados Americanos y la Unión Europea) de los noventa. Con la excepción de la reforma de la Ley de Trabajo, fueron motorizados por las mujeres de las instancias legislativa y ejecutiva, apoyadas por las mujeres provenientes de las ONG, aprovechando la oportunidad política que les brindó el hecho de que el gobierno venezolano hubiera «asistido a esas reuniones (...) comprometido a instrumentar los acuerdos(...) ratificarlos como leyes nacionales y, además, crear la infraestructura necesaria para el avance de los mismos» (Jiménez, 2001:17).

Staggenborg (1998) sugiere el concepto de comunidad de movimientos sociales (social movement communities) para replantear una definición de movimiento social como «movimiento de movimientos». Al movimiento lo conformarían esas organizaciones que, a pesar de tener diversos intereses, en determinado momento se ponen de acuerdo en relación con una reivindicación puntual. Es interesante la propuesta, pero entendemos que Staggenborg -al igual que otras autoras angloparlantes- utiliza el término «movimiento» como sinónimo de «grupo» u «organización», vocablos que en español sugieren un universo mucho más restringido que «movimiento».

Hay cierta continuidad promovida por el núcleo de activistas, tanto aquellas que han entrado a la femocracia como aquellas que actúan con autonomía, aun cuando sean convocadas y contratadas por las femócratas. Bastaría revisar los nombres de las protagonistas de la historia reciente resumida en los dos puntos anteriores, para verificar que hay nombres que se repiten en esos núcleos de mujeres de distintas luchas. Tales núcleos se parecen a los que Taylor (1989) define como grupos pequeños que en algún momento forman parte de una movilización mayor (un movimiento de mujeres organizadas) pero que -entre un momento y otro- están a la espera (in abeyance) de oportunidades políticas que les permitan volver a actuar. Estudios de este tipo de grupos en otros países han mostrado su alta eficacia, en parte debido a la motivación personal de algunas de esas mujeres de los grupos a la espera y su aprovechamiento oportuno de cada ocasión que permita la colocación de una reivindicación en la arena política.

Testimonios recientes (Jiménez, 2001; Friedman, 2000; Álvarez y Acosta, 2000), así como otros anteriores (Petzoldt y Bevalacqua, 1979) demuestran que algunas de las más notorias mujeres del core group o núcleo de activistas venezolanas, han estado en la actividad política desde que tenían 12 o 13 años y entraron al bachillerato¹⁵. Muchas se hicieron militantes de partidos (fundamentalmente de la juventud de AD y de la Juventud Comunista) y participaron en movimientos estudiantiles contra la dictadura. Mucho tiempo después, algunas formaron grupos de mujeres dentro y fuera de la universidad. La mayoría de estas mujeres de los testimonios recogidos en los cuatro textos mencionados, son mujeres educadas que en la actualidad ejercen cargos académicos, son femócratas o asesoran las instancias de mujeres del Estado.

Estas mujeres del núcleo que ha llevado adelante la reivindicación de las mujeres en todo el período de estudio, también fueron claves en la redacción de la nueva Constitución, la cual prevé absoluta igualdad de hombres y mujeres en un texto en el que, por añadidura, se usan sistemáticamente las formas femeninas de todos los vocablos que se venían usando sólo en su forma masculina en todas las leyes (Espina, 1997). Como ya se dijo antes, estas mujeres participaron en movilizaciones oportunas en otros momentos. Se unieron para defender al CONAMU cuando durante los primeros meses del gobierno de Hugo Chávez, el Ministerio de la Secretaría (al cual estaba adscrito el CONAMU) cortó su presupuesto y amenazó con cerrarlo. Se unieron para proponer a María León para el cargo de Presidenta del CONAMU y ahora de nuevo actúan unitariamente (con la importantísima ayuda del correo electrónico) en la defensa de la seguridad social del ama de casa (en la Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social Integral) y en la despenalización del aborto en ciertos casos (en la reforma del Código Orgánico Procesal Penal). Así, pues, se verifica un patrón de reencuentros de las mujeres del núcleo de activistas cuando hay necesidad de defender derechos adquiridos o cuando se presenta alguna oportunidad para lograr nuevas reivindicaciones.

Creemos que la experiencia venezolana (desde 1990 y hasta el presente) no puede definirse como una de «picos y bajas» de un movimiento continuo y amplio. Las actoras -del que llamamos core group o núcleo de activistas- no siempre son las mismas en cada lucha (las de la ley contra la violencia no son las mismas de la seguridad social del ama de casa, por ejemplo) y cada logro, en cada tema, ha sido resultado de un grupo muy pequeño de mujeres. Sólo puede hablarse de «movimiento» cuando muchos grupos se han convocado y puesto de acuerdo para actuar a favor de una reivindicación de consenso. En el caso de Venezuela, los acuerdos son entre individuas más que entre grupos y en el período de estudio y cada vez más, las mujeres son convocadas por femócratas, no por las mujeres de la sociedad civil que en 1985 fundaron la CONG.

Lo que ha sucedido en los últimos dieciséis años con aquella veintena de grupos que en marzo de 1985 fundaron la CONG (luego se sumaron otras, pero más nominalmente que al activismo siempre sustentado por algunas de las mujeres de la veintena original), se parece mucho a lo que Sonia Álvarez (1999) ha encontrado en los países latinoamericanos que ha estudiado. Las mujeres de esos núcleos que repetidas veces, desde 1985, se han puesto al frente de una lucha reivindicativa de género, una vez alcanzado el logro se han ido a «hibernar» (Taylor, 1989) a sus frentes domésticos, sus partidos políticos o, más frecuentemente, dado que la mayoría son profesionales universitarias, a sus aulas de clase o a sus cubículos de investigadoras en un centro de educación superior o una oficina de asesoría.

Las más activas de ellas han «mutado» en expertas, asesoras o consultoras de organismos internacionales con sede en Caracas o en otra ciudad latinoamericana (aunque algunas también han entrado a las filas de las femócratas de las instancias gubernamental y legislativa). En el caso de las expertas, puede decirse que estas «mutantes» en tiempos de reflujo de la acción reivindicativa, son asistentes de las «femócratas» originales, es decir, de las feministas políticas (militantes de partido o no) que han sido elegidas por el voto popular o designadas por la cúpula masculina de los partidos que toman el poder después de las elecciones. La diferencia entre femócratas y expertas está en que las primeras en su mayoría están en sus cargos por la cercanía al proyecto del líder o del grupo que ejerce el liderazgo en cada nivel de la administración pública, independientemente de su identificación y los méritos que como feministas tienen. En cambio, las expertas son convocadas por las femócratas (generalmente sus amigas) por sus méritos como profesionales feministas y, algunas veces, son contratadas por un período determinado para una tarea específica. Las principales femócratas actuales provenientes de la CONG inicial son María León (ex secretaria femenina de la Central Única de Trabajadores de Venezuela, hoy presidenta del Instituto Nacional de la Mujer); Nora Castañeda (ex coordinadora del Frente Continental de Mujeres, hoy presidenta del Banco del Desarrollo de la Mujer); Marelis Pérez Marcano (ex dirigente de Liga Socialista, hoy coordinadora de la Comisión Permanente «Mujer, Juventud y Familia» de la Asamblea Nacional -que sustituye a la Comisión Bicameral de la Mujer del anterior Congreso); Reina Arratia (ex coordinadora de la Unión de Mujeres Negras, segunda al mando del Inamujer) y Blanca Nieve Portocarrero, de la Federación Venezolana de Abogadas (ONG de mujeres por excelencia y cofundadora de la CONG), actual ministra del Trabajo.

Femócratas y expertas asalariadas o no, trabajaron en la redacción de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, junto con las mujeres que se habían retirado a hibernar desde la última jornada (por la Ley contra la Violencia hacia la Mujer y la Familia de 1998). Éste es el lado positivo de la solidaridad entre mujeres con diversos intereses y actividades cotidianas. El lado negativo es que, tal como precisa Álvarez (1999), una vez más en Latinoamérica los estados y las agencias intergubernamentales y las internacionales han convertido a aquellas ciudadanas -que luchaban por todas las mujeres en forma voluntaria, gratuita y, en consecuencia, por pura convicción igualitarista, feminista (que es como entonces se llamaba a las mujeres con «conciencia de género»)- en «especialistas en género», en «mujerólogas», que es como las bautizó hace muchos años la feminista mexicana Marta Lamas¹⁶.

Desde luego, y como acota Álvarez, quienes tienen determinadas especialidades pueden ser contratadas para los programas prioritarios de gobierno (en áreas como el empleo femenino, economía popular, violencia intrafamiliar, etc.), pero quienes no las tienen no. Esto ha acelerado la desaparición de muchas ONG de la Coordinadora inicial. Algunas salieron en parte por querer mantenerse alejadas de la política, como los grupos feministas que leían y discutían para luego hacer revistas, libros, teatro y videos. Es el caso de La Mala Vida, Miércoles, el Movimiento de Mujeres de Mérida, el Grupo Escrito por Ellas de Guayana, y algunas miembras del Teatro de Calle 8 de Marzo y la Liga Feminista de Maracaibo. En otros casos, algunas miembras de estos grupos feministas prestaron servicios a otras mujeres pobres mediante «casas» de la mujer (el caso de las mujeres del Teatro de Calle 8 de Marzo de Maracay y la Liga Feminista de Maracaibo) u oficinas donde ofrecían consultas (AVESA, FEVA). Algunas de las mujeres de estos grupos ahora trabajan en casas y oficinas asociadas con gobiernos regionales y otras son expertas convocadas o contratadas por las femócratas, pero no en representación de algún grupo.

El caso de Venezuela demuestra que los logros que algunos teóricos señalan como indicadores de un movimiento social no necesariamente requieren de un movimiento, sino de un grupo pequeño de «mujeres en movimiento» comprometidas y capaces de organizarse y de formar alianzas cuando la necesidad o la oportunidad se presentan. En el caso de Venezuela, en una primera etapa (1985-1990) hubo logros políticos, algunos enmarcados en los acuerdos internacionales en contra de la discriminación contra las mujeres suscritos por el gobierno, pero hubo otros, decididos por las mujeres de la sociedad civil. Se comenzó la modificación del discurso patriarcal público (aunque no necesariamente el privado) y algunas lideresas de esta etapa fueron parte importante del núcleo o core group que garantizaron la continuidad de la lucha por la reivindicación en la segunda etapa.

En una segunda etapa (particularmente pos 1992), hubo logros políticos siempre en el marco de los acuerdos internacionales en contra de la discriminación a las mujeres suscritos por todos los gobiernos, de Lusinchi a Chávez. Se reconstituyó la militancia, ahora apoyada por el funcionarato de las instancias legislativa y gubernamental, alrededor de nuevos objetivos puntuales (Ley de Igualdad de Oportunidades, artículo 144 de la Ley Orgánica del Sufragio y la Participación Política, Ley contra la Violencia hacia la Mujer y la Familia y Constitución de la República Bolivariana de Venezuela) y ha habido financiamiento (por parte del PNUD, Unicef, Banco Mundial y BID, entre otros organismos) de las actividades por las instancias convocadoras que han coordinado las acciones. Han continuado las modificaciones en el discurso patriarcal público (aunque sigue siendo menor el efecto en el privado, como puede verse en los medios de comunicación y, muy especialmente, en la radio y la televisión). Un punto alto en la modificación del discurso patriarcal comenzó al conocerse, a través de los medios de comunicación masivos, la redacción final de la Constitución actual. Ha sido controversial y la controversia no ha cesado con los meses, particularmente porque muchos y muchas de los funcionarios y funcionarias del gobierno -incluido el Presidente de la República- usan en sus alocuciones públicas las formas femeninas de los vocablos que hasta ahora sólo se usaban en su forma masculina (vicepresidenta, ministra, concejala, diputada, ciudadana, jueza, estudiante, fiscala, contralora, procuradora, etc.).

El caso Venezuela es interesante para conocer los procesos de cambio que llevaron al solapamiento entre mujeres de la sociedad civil y del gobierno. Es interesante por las diferencias que surgieron en las estrategias y las actoras que lograron cada una de las reformas o reivindicaciones legales. Pero las circunstancias descritas y el mismo solapamiento lleva a la conclusión de que no ha habido «un movimiento» continuo de mujeres de la sociedad civil. Hemos indicado algunos de los factores que han incidido en esa situación. Sin embargo, todavía hay mucho por conocer a través de análisis futuros que pueden enfocar las experiencias de diferentes grupos que alguna vez formaron parte de la CONG. Por ejemplo, ¿cuáles serían las diferencias y lo compartido en las trayectorias de -sólo para dar un ejemplo- los Círculos Femeninos Populares, la FEVA y algunos grupos feministas? Sus casos podrían esclarecer todavía más el proceso de transformación del movimiento de mujeres a una situación de mujeres en movimiento.

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NOTAS