Edgar C. Otálvora

Economista. Ha sido investigador en el IESA, Secretario Ejecutivo de la Comisión Presidencial de Asuntos Fronterizos, Viceministro de la Secretaría de la Presidencia de la República. Cumplió funciones diplomáticas en Colombia y Brasil. Columnista en diarios y revistas nacionales.

correo-e: ecotalvora@telcel.net.ve 

El artículo pasa revista a los giros de la política exterior venezolana hacia el Caribe a partir del establecimiento del régimen democrático en 1959, inscribiendo dentro de ella el tratamiento dado al contencioso que por razones territoriales mantienen Venezuela y Guyana. Se presentan las líneas de acción ejecutadas durante el período democrático representativo contrastadas con las del gobierno «bolivariano». Queda en evidencia que el Caribe permanentemente ha sido incluido en la agenda de acción exterior venezolana, primero dentro de un esquema de contención a las aspiraciones de expansión de Cuba, y desde 1999, como parte de la alianza del gobierno «bolivariano» con el gobierno comunista encabezado por Fidel Castro.

Política exterior / Gobierno bolivariano / Régimen democrático / Caribe / Cuba/ Guyana / Venezuela 

This article reviews the changes in Venezuelan foreign policy towards the Caribbean since the establishment of the democratic regime in 1959. The analysis also includes the position adopted concerning the territorial dispute with Guyana. The policies implemented during the period of representative democracy are presented and contrasted with those of the «bolivarian» government. It is shown that the Caribbean has been permanently included in Venezuela’s foreign policy agenda; first as part of a scheme to respond to Cuban expansionism, and since 1999, as part of the alliance between the «bolivarian» government and the communist government led by Fidel Castro.

Foreign policy / Bolivarian government / Democratic regime / The Caribbean / Cuba / Guyana / Venezuela

El 8 de febrero de 1999 Hugo Chávez Frías, quien asumiera la presidencia de la República de Venezuela seis días antes, llegaba a Jamaica para asistir a la IX Cumbre del Grupo de los Quince (G-15), grupo derivado del Movimiento de los Países no Alineados, el cual tiene como propósito la cooperación entre sus miembros, dentro de la óptica Sur-Sur de moda en los años setenta.

Durante las conversaciones oficiales y en declaraciones a los medios de comunicación, el presidente Chávez anunció la posibilidad de extender a todos los países del Caribe los beneficios del Acuerdo de San José, mecanismo establecido en 1989 mediante el cual Venezuela y México suministran petróleo a países del área caribeña en condiciones especiales de financiamiento. El anuncio del nuevo gobierno venezolano fue ratificado en el segundo viaje oficial de Chávez, realizado en abril de 1999, para atender la II Cumbre de la Asociación de Estados del Caribe (AEC). En Santo Domingo, donde se celebró el encuentro de la AEC, Chávez fue el orador durante el acto de clausura del evento. En esa oportunidad planteó la creación de una confederación de naciones latinoamericanas y convocó a un nuevo Congreso Anfictiónico a celebrarse en Venezuela. Durante sus conversaciones con otros mandatarios reiteró su ofrecimiento para extender el Acuerdo de San José «a los países del Caribe que estuvieran interesados» (López Martínez, 2000:49-53). De esta forma, Venezuela retomó una línea de acción internacional que ya había experimentado en los años setenta: la de apelar a sus disponibilidades financieras para generar programas de cooperación económica hacia el Caribe, procurando influencia política en la región.

En el lapso de los dos primeros años de gobierno «bolivariano», Venezuela ejecutó la política hacia el Caribe dibujada en aquellos pronunciamientos iniciales de 1999. El interés venezolano en la ampliación del Acuerdo de San José estaba en sus deseos de incluir al gobierno de Cuba entre los beneficiarios. La Habana se transformó en aliado internacional de primer orden del gobierno venezolano, y éste, en consecuencia, creó una nueva versión de los programas de apoyo económico y financiero hacia el Caribe.

Por otra parte, el tema del contencioso que Venezuela mantiene ante la vecina Guyana, miembro natural de la comunidad caribeña anglófona, fue puesto nuevamente en el tapete de la agenda externa venezolana a partir de 1999. Las aproximaciones de Chávez hacia el Caribe debieron confrontarse con el conflicto territorial entre Venezuela y Guyana, conflicto en el cual la comunidad caribeña anglófona no se ha mantenido neutral. El gobierno «bolivariano» intentó en el año 2000 relacionar su acción de cooperación con el Caribe al tema del contencioso con Guyana, en medio de una polémica pública escenificada por Caracas y Georgetown.

El contencioso Venezuela-Guyana está referido al reclamo que Venezuela hace del territorio localizado al oeste del río Esequibo, actualmente bajo dominio guyanés. Se trata de un conflicto territorial heredado por la actual República de Guyana del pasado colonial en el cual se mantuvo hasta el año 1966. En otras palabras, el contencioso Venezuela-Guyana es un reflejo en el siglo XXI del proceso de ocupación territorial que las potencias europeas efectuaron en América desde el siglo XV.

El inicio de la década de los años sesenta del siglo XX es el momento de un proceso político novedoso en Venezuela. En 1959 se estableció un régimen democrático basado en la existencia de partidos, el cual quedó consagrado en la Constitución aprobada en 1961.

El primer gobierno del período democrático (1959-1964) en su tratamiento de las relaciones internacionales, adelantó una política de alto contenido ideológico en rechazo a las opciones dictatoriales o totalitarias y, esencialmente, como ratificación en el ámbito internacional de los valores democráticos que soportaban el nuevo proceso venezolano. En ocasiones, por visiones limitadas o producto de la intensa polémica política del período, se ha expresado que la acción internacional del gobierno de Rómulo Betancourt habría sido pasiva, defensiva o hasta inexistente. Sin embargo, los temas de política petrolera, la descolonización, la integración latinoamericana, la definición de los nuevos esquemas mundiales de comercio, el respeto a la soberanía (Venezuela rechazó la invasión a Cuba conocida como «Bahía de Cochinos» o «Playa Girón» de 1961) y la activación del reclamo contra el Laudo sobre la Guyana Británica son ejemplos de la temática de la agenda exterior del gobierno de Betancourt (Cardozo, 1989:475-480).

El mencionado acuerdo fue suscrito en febrero de 1966, luego de un proceso de conversaciones entre Gran Bretaña y Venezuela cumplidas desde 1963. A los pocos meses, en mayo de 1966 la colonia Guayana Británica recibía su independencia pasando a denominarse República Cooperativa de Guyana y heredando los compromisos adquiridos a su nombre en el Acuerdo de Ginebra. En lo sucesivo, el reclamo de Venezuela para recuperar territorios al oeste del río Esequibo ya no tendrá como contraparte a una potencia imperial europea, sino a una nación pobre, recién creada en el proceso de descolonización de los años sesenta y con evidente identidad caribeña. En lo sucesivo, Venezuela no sería el país víctima del expansionismo colonial europeo, sino el país rico que pretende apropiarse de una extensión equivalente a dos terceras partes del territorio de la nueva República Cooperativa de Guyana.

Lo pactado en Ginebra establecía la creación de una Comisión Mixta de Límites, la cual tendría un plazo de cuatro años para definir una solución al conflicto territorial. En caso de cumplirse el plazo sin haberse arribado a una solución limítrofe, las partes contratantes estarían obligadas a escoger, sin demora, uno de los procedimientos de solución de controversias contempladas en la carta de las Naciones Unidas. El ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, J.A. Zambrano Velasco diría ante el Congreso de la República, el 17 de junio de 1982, que «Durante los cuatro años de operación de la Comisión Mixta, entre 1966 y 1970, Guyana obstinadamente rehusó considerar cualquier posibilidad de dar una solución práctica y satisfactoria a la disputa; se limitó a declarar que la Decisión de 1899 era un hecho consumado y que en tanto Venezuela no obtuviese su anulación no había nada más que discutir» (citado en Romero, 1986:267).

Consumido infructuosamente el lapso de cuatro años, Caracas y Georgetown suscribieron el Protocolo de Puerto España, mediante el cual se suspendió por un plazo de doce años la obligación fijada en el Acuerdo de Ginebra, de escoger un mecanismo para la solución de la controversia. La firma del Protocolo durante el primer gobierno de Rafael Caldera, el 18 de junio de 1970, fue fuente de intensa polémica interna, por quienes vieron en el congelamiento del contencioso la oportunidad para que la naciente Guyana fortaleciera su posición negociadora basada en el statu quo de su efectiva posesión territorial. En contrario, el gobierno de Rafael Caldera alegó que el Protocolo daba tiempo para que el país se preparara para una mejor defensa de sus intereses. Simultáneamente el gobierno se vio obligado a dedicar esfuerzos de política exterior al tema de la reclamación colombiana sobre el golfo de Venezuela. «Las dificultades asociadas con la apertura de un ‹segundo frente› en las negociaciones limítrofes, así como la naturaleza de las demás prioridades del gobierno –incluyendo, en especial, la política de acercamiento al Caribe– condujeron a la decisión de ‹congelar la reclamación del Esequibo›» (Guerón, 1992:51).

En primer término debe reseñarse la propuesta hecha oficialmente por el primer ministro Forbes Burham a Caracas, contentiva de una oferta de transacción sobre el reclamo territorial venezolano. Burham había logrado el compromiso del Banco Mundial para financiar parcialmente un importante proyecto hidroeléctrico, a ser desarrollado sobre el curso del alto Mazaruni, en medio del territorio reclamado por Venezuela. Habiendo el Banco Mundial condicionado su aporte a que Guyana obtuviera el capital restante y garantizara clientes para la energía eléctrica, Burham propuso a Carlos Andrés Pérez canjear parte del territorio esequibo a cambio del compromiso venezolano de adquirir electricidad guyanesa. «Importantes núcleos de poder dentro de Guyana se oponían al otorgamiento de concesiones territoriales por parte de ese país. Por su parte, también en Venezuela se generó una fuerte resistencia dentro de importantes sectores del partido de gobierno. La razón de esto último era simple: la represa del alto Mazaruni se encontraba enclavada dentro del territorio esequibo en reclamación. Motivo este por el que se argumentaba que su construcción cerraría definitivamente las puertas a la recuperación del territorio en disputa. A finales del período de Pérez se había llegado, por tanto, a un punto muerto en relación con el tema» (Toro Hardy, 1991:34).

El embajador Isidro Morales Paúl da testimonio de un segundo intento de negociación directa. «Fui designado por el presidente Pérez como negociador en el problema limítrofe con ese país. Como resultado de ese esfuerzo se intercambiaron puntos de vista con el ex presidente de Guyana, Forbes Burham, sobre la posibilidad de someter a estudio de ambos países un proyecto de solución que contemplaba una amplia área marítima en el área atlántica unida a una moderada solución en el área terrestre, que podía fluctuar entre 14.000 y 18.000 kilómetros cuadrados, de no poca importancia estratégica para nuestro país. Los cambios políticos ocurridos en ambos países congelaron el proyecto» (Morales Paúl, 1993:114).

La llegada a la Presidencia de la República del socialcristiano Luis Herrera Campins (1979-1984) marcó cambios en la política exterior del país. El tema del Esequibo fue retomado como parte de la agenda exterior de dominio público, ratificando la aspiración venezolana de recuperar el territorio bajo reclamación. Caracas notificó a Georgetown su intención de no prorrogar la vigencia del Protocolo de Puerto España, de no aceptar soluciones transaccionales como la propuesta por Burham y de reiterar el compromiso establecido en el Acuerdo de Ginebra de 1966. En consecuencia, el gobierno venezolano procedió, en septiembre de 1982, a solicitar al Secretario General de las Naciones Unidas su intervención en el contencioso mantenido con Guyana. Este país, tras largos debates políticos internos, haría lo propio en febrero de 1983. Desde entonces el caso se encuentra de mutuo acuerdo en manos de la Secretaría General de la ONU.

La política exterior sufre un nuevo cambio de intensidad y agenda durante el gobierno del socialdemócrata Jaime Lusinchi (1984-1989). La crisis de la deuda externa, la reducción de la capacidad financiera del Estado venezolano, acompañado de la notoria atenuación de la pugna Este-Oeste en la región, hicieron que el gobierno de Lusinchi asumiera una política de bajo perfil, continuando el esquema de acercamiento cooperativo hacia el Anglocaribe. En este ambiente, Venezuela dejó en manos del Secretario General de las Naciones Unidas la selección del mecanismo para la solución del contencioso por el Esequibo, lo que contribuyó a un clima de distensión con Guyana y con la región. De este período data (1986) un acuerdo bilateral mediante el cual Venezuela comenzó a suministrar hidrocarburos a Guyana, en condiciones análogas a las aplicadas en el Pacto de San José.

Ya durante el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez, ambos gobiernos «saludaron» la designación de Alliston McIntyre, como representante personal del Secretario General de la ONU, con carácter de Buen Oficiante en el contencioso Venezuela-Guyana.

En junio de 1993, Ramón J. Velásquez fue designado por el Congreso Nacional para concluir el período presidencial, ante la apertura de un juicio a Carlos Andrés Pérez. El gobierno de Velásquez asumió en política internacional el criterio de transición. «RJV llegó a Miraflores entendiendo la política exterior como una de las áreas temáticas argumentales de la crisis política del año 93. La política exterior no podía privar sobre los graves problemas nacionales. Los aspectos críticos en materias limítrofes debían posponerse hasta que existiera un nuevo gobierno nacido de la voluntad popular, los compromisos internacionales debían honrarse, la apertura económica debía respaldarse, y el país debería mantener un perfil discreto y serio ante la comunidad internacional. El Ministerio de Relaciones Exteriores volvería a ser el operario de la política exterior y se declaraba el receso definitivo de la diplomacia directa, en tanto significara la salida reiterada del Presidente de tierra patria» (Otálvora, 1994:79).

El segundo gobierno de Rafael Caldera (1994-1999) nació bajo el estigma de los temas de política exterior, como parte de la crisis política iniciada tras los fallidos intentos de golpe de Estado del año 1992. Importantes funcionarios del gobierno de las áreas militar y ambiental, no así desde la Cancillería, expresaron posiciones de alta beligerancia contra el gobierno de Colombia, y en general, sobre los temas de integración. Las comisiones de integración y de negociación limítrofe con Colombia prácticamente cesaron en sus funciones, hasta que fueran reactivadas como respuesta a un sangriento ataque que la guerrilla colombiana (ELN) realizara contra el puesto fluvial «Cararabo» de la Armada venezolana, en las orillas del limítrofe río Meta. En tanto, el tema de los reclamos territoriales ante Guyana se mantuvieron en un perfil bajo, con reclamos diplomáticos eventuales en rechazo a concesiones forestales otorgadas por Georgetown que llevaron a Caracas a proponer la firma de un acuerdo de protección ecológica del territorio.

En mayo de 1994, recién iniciado el gobierno de Caldera, el buen oficiante Allister McIntyre visitó Caracas, para iniciar una ronda de contactos. De acuerdo con la Memoria y Cuenta del Ministerio de Relaciones Exteriores correspondiente al año 1994, «En esa oportunidad, el Dr. McIntyre declaró a la prensa nacional que el gobierno de Guyana había manifestado su voluntad para lograr un entendimiento con Venezuela pero igualmente indicó que ‹lo más probable es que el proceso se prolongue, porque se trata de un asunto delicado y sensible para ambos gobiernos›» (MRE, 1995:177).

El gobierno de Caldera propuso aplicar al contencioso con Guyana un esquema similar al practicado en las negociaciones con Colombia por la delimitación de áreas marinas y submarinas en el golfo de Venezuela. Dicho mecanismo, establecido en 1989, consiste en la ampliación de la agenda de negociación bilateral para impedir que el asunto territorial frustre otros temas de potencial mutuo interés. Esta tesis oficialmente fue denominada durante el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez como de «globalidad», asumiendo un concepto expuesto por Juan Carlos Rey a lo largo de la década de los ochenta (Rey, 1988:177) y continuó siendo una guía en las negociaciones con Colombia durante el segundo gobierno de Rafael Caldera (Burelli Rivas, 2001:221-222).

En julio de 1998, la presidenta de Guyana Janet Jagan realizó una visita oficial a Venezuela. En dicha ocasión ambos gobiernos dispusieron la creación de una Comisión Binacional de Alto Nivel (COBAN), que vendría a reemplazar la preexistente Comisión Mixta Venezolano-Guyanesa, repitiendo Caracas un esquema relativamente exitoso con otros países de la región. El tema de la controversia territorial se mantuvo, durante el período de Rafael Caldera, dentro del mecanismo de buenos oficios. Al final del período dicho mecanismo no había logrado resultado alguno en cuanto a una resolución del contencioso, pese a los esfuerzos de la diplomacia venezolana para desentropezar las negociaciones. El gobierno de Caldera, retomando la línea intentada por el negociador Isidro Morales Paúl a finales de los años setenta, invitó insistentemente al gobierno de Guyana a «delimitar el mar territorial como aproximación a otros entendimientos» (Burelli, 2001:10), lo cual no prosperó.

El gobierno «bolivariano» es la concreción de un proyecto político organizado inicialmente dentro de las Fuerzas Armadas Nacionales con el apoyo de militantes de organizaciones de extrema izquierda, quienes planearon y ejecutaron dos intentos de golpes de Estado contra el gobierno de Carlos Andrés Pérez en 1992 (Garrido, 2000:5-13). Ese movimiento se transformó en gobierno, a partir de febrero de 1999, cuando Hugo Chávez Frías toma posesión de la Presidencia de la República. Probablemente la primera declaración de política exterior de ese movimiento se encuentre en el Programa Mínimo del MBR-200, cuya autoría generalmente se remite a Kleber Ramírez, elaborado en alguna fecha entre 1990 y 1992. «En política internacional nuestra posición se fundamentará en los principios universales de Paz, Amistad, colaboración y libre determinación de los pueblos. Los objetivos bolivarianos de la integración continental serán prioridad de nuestra política, en especial con Colombia». Entre las acciones a cumplir en materia de «política internacional», el documento del MBR-200 enuncia: «Fortalecer las relaciones con los países de nuestras áreas de influencia natural, así como con los principales mercados del mundo, como son el norteamericano, el alemán y el japonés» (citado en Garrido, 2000:221-280).

El segundo documento sobre la visión de política exterior del grupo de militares insurrectos del año 1992 fue emitido el 28 de marzo de aquel año. Los firmantes del texto permanecían en aquel momento, presos en instalaciones militares, como consecuencia del proceso disciplinario que se les seguía. El documento fue esencialmente un pronunciamiento sobre las negociaciones con Colombia. Los militares golpistas acusaban al presidente Carlos Andrés Pérez de «traición a la patria», y exigían la disolución de las comisiones de negociación de temas limítrofes y fronterizos que desde 1989 se mantenían con el gobierno de Colombia². El movimiento «bolivariano» se mostraba, así, poco amigo de las negociaciones territoriales, en sintonía más con posiciones radicales antiintegracionistas existentes dentro de las Fuerzas Armadas y menos con el credo integracionista «bolivariano» expresado por el movimiento.

En la Memoria y Cuenta del Ministerio de Relaciones Exteriores correspondiente a 1999, primer año del gobierno de Hugo Chávez, se presenta una definición de la forma como el gobierno «bolivariano» entiende el contencioso con Guyana. «La cuestión del reclamo del Territorio Esequibo es un problema de primordial importancia para Venezuela y para Guyana, razón por la cual es un elemento siempre presente en las relaciones bilaterales, así como en las relaciones internacionales de ambos países. Hoy en día, la reclamación sigue manteniendo para Venezuela el mismo valor que en el pasado, pero en el devenir de las relaciones con este vecino país, se han vigorizado las acciones en otras áreas, lo que ha permitido crear un clima de confianza y entendimiento, en beneficio tanto de la reclamación, como de otros objetivos nacionales en la región» (MRE, 2000:165).

Con motivo de la presencia de la Presidenta de Guyana en los actos de la toma de posesión de Hugo Chávez, en febrero de 1993, ambos gobiernos acordaron impulsar la Comisión Bilateral de Alto Nivel –COBAN– creada durante el gobierno de Caldera.

Con relación al contencioso, el gobierno de Chávez confirmó el mecanismo preexistente del Buen Oficiante y ratificó la posición de calificar como nula e írrita la sentencia contenida en el Laudo de París. El 20 de septiembre de 1999 se produjo en New York un encuentro de los ministros de Relaciones Exteriores y los facilitadores de ambos países, para revisar junto al buen oficiante Alister Mclntyre el estado de las actividades del mecanismo. Casi simultáneamente Mclntyre presentó su renuncia al cargo, siendo reemplazado en octubre por el diplomático de Barbados, Oliver Jackman, designado por el Secretario General de la ONU, Kofi Annan. Jackman realizó una visita a Caracas en marzo de 2000 para cumplir una nueva ronda de consultas.

Pese a la continuidad del mecanismo del Buen Oficiante, las relaciones entre el gobierno «bolivariano» y el guyanés han sido conflictivas. Así, el 13 de julio de 1999, el gobierno de Hugo Chávez emitió una Nota de Protesta ante Georgetown, como respuesta a concesiones costa afuera otorgadas a empresas petroleras por Guyana, frente al estado venezolano de Delta Amacuro y en la zona bajo reclamación. En octubre de 1999 se produce un intercambio de notas entre ambas cancillerías, referidas a la preocupación del gobierno guyanés por movimientos de las Fuerzas Armadas de Venezuela en zonas fronterizas.

En 2000, el gobierno guyanés anunció su disposición para suscribir un contrato con la empresa norteamericana Beal Aerospace Tecnologies, mediante el cual se otorgaba una concesión territorial para la instalación de una base destinada al lanzamiento de cohetes espaciales. El tema fue ampliamente difundido durante la campaña electoral presidencial de mediados de año. El presidente Chávez en procura de la reelección, en acto proselitista ante 400 militares retirados «exhortó al pueblo y a la Fuerza Armada a presionar contra la base en Guyana». En cuanto a la práctica diplomática, la Cancillería venezolana emitió «un Comunicado de Prensa en el cual expresaba su rechazo al referido contrato y dirigió una nota de protesta al Canciller guyanés en términos enérgicos» (MRE, 2001:206). La base finalmente no fue construida ya que la empresa texana Beal se declaró en quiebra en octubre del año 2000, alegando dificultades para obtener subsidios oficiales estadounidenses, así como permisos ambientales y de transferencia tecnológica (Otálvora, 2001:70-73).

Pareciera usual y necesario que en la literatura sobre el tema «Caribe», deba partirse de una definición inicial específica del concepto. A los efectos del presente análisis, se asume el concepto de Caribe insular, buscando ahondar en la relación de Venezuela con la realidad geopolítica nacida a partir de la creación de pequeños estados en el Caribe oriental, a lo cual se agregarían las Guyanas y Belice. «La idea del Caribe como región insular comprende, además de las Antillas, a las Guyanas y a Belice, por asimilación de la «insularidad de la geografía humana» a la «insularidad de la geografía física»» (Giménez, 1991:98-99). A nuestros efectos el enfoque básico se hará sobre la comunidad de países de habla inglesa, conocida como el Anglocaribe.

Las relaciones de Venezuela hacia el Caribe se iniciaron en fecha temprana con respecto al proceso de conformación del espacio geopolítico del Caribe, en medio de los procesos de descolonización de la década de los sesenta. Ya a finales de dicha década Venezuela comenzó a perfilar una política de aproximación privilegiada hacia el Caribe no hispánico. «Yo siempre fui partidario de la idea, expresada a finales de la década de los sesenta y principios de los setenta por el Canciller Arístides Calvani en el primer gobierno de Rafael Caldera, de que la presencia venezolana en el Caribe oriental principalmente, es de gran importancia geopolítica para el país. En primer lugar, las Antillas Menores constituyen una zona de paso hacia Venezuela y desde Venezuela hacia el exterior, por ello es una zona de seguridad donde debemos tener amigos y no enemigos. Para aquel momento los países de habla inglesa eran países nuevos, que necesitaban protección. Si Venezuela lograba, en aquel momento histórico, convertirse en la gran amiga y protectora de esas islas teníamos ganada una zona de influencia admirable, cerca de nuestras costas, una primera línea de defensa contra cualquier ataque de fuera, un trampolín nuestro hacia fuera, un mercado para productos no tradicionales. Así lo veíamos en aquellos años»³.

La política de acercamiento al Caribe anglófono iniciada durante el primer gobierno de Caldera, sería fortalecida durante el gobierno de Carlos Andrés Pérez. La política exterior venezolana se sumó a una línea de acción política internacional que procuraba disminuir las notables diferencias en los niveles de bienestar entre las poblaciones de los países pobres y desarrollados. Así, alimentada por el sensible aumento en su capacidad financiera de origen petrolero, Venezuela procuró un liderazgo regional enmarcado en los discursos tercermundistas que aupaban la cooperación Sur-Sur y exigían el diálogo Norte-Sur.

Desde la década de los setenta, Venezuela adelantó una permanente política de cooperación económica hacia la cuenca del Caribe en general, y hacia el Caribe anglófono en particular. Esta cooperación sólo se modificaría en cuanto a la modalidad (multilateral o bilateral), a los montos (dependiendo de las posibilidades fiscales en razón de la coyuntura petrolera) y a los destinatarios (dependiendo de la circunstancia política), pero manteniéndose como una tendencia de la política exterior venezolana.

El primer gobierno de Carlos Andrés Pérez convocó en 1974 a una Cumbre de Jefes de Estado de Centroamérica y el Caribe. A partir del encuentro celebrado en Puerto Ordaz, Venezuela definió el «Primer Programa de Cooperación Financiera con América Central y el Caribe», con el cual buscaba institucionalizar su decisión de apoyar financieramente a los países de la región. Este programa es un antecedente directo para el Acuerdo de San José, suscrito con México en 1980 y renovado anualmente hasta el presente, mediante el cual se suministra hidrocarburos a los países centroamericanos y del Caribe, en condiciones financieras preferenciales.

El aparato gubernamental venezolano se actualiza para atender esas líneas de acción exterior. Una de las modificaciones fue la creación del Fondo de Inversiones de Venezuela (FIV). Esa institución financiera, creada en 1974 y liquidada en 2001, tenía tres objetivos, uno de ellos el de realizar programas de cooperación financiera internacional. El FIV se transformó en la caja de caudales para los aspectos financieros del apoyo venezolano directo a diversos gobiernos, básicamente del Caribe. Además del FIV, diversas instancias del Estado venezolano adelantaron acciones hacia el Caribe, en procura de crear, mantener e incrementar la presencia en los pequeños países anglófonos. En las tres últimas décadas del siglo XX, dichas acciones abarcaron un abanico amplio de modalidades, desde la presencia cultural por medio de la creación de sedes del «Instituto Venezolano de Cultura y Cooperación», hasta acuerdos comerciales no recíprocos de claro beneficio para los países caribeños. En diversos momentos, Venezuela garantizó vuelos aéreos a Guyana, transporte marítimo periódico a las islas orientales, construcción de parques infantiles, gimnasios deportivos y una Facultad de Medicina.

Desde los años setenta, el contenido ideológico ha sido uno de los determinantes del esquema de las relaciones de Venezuela hacia el Caribe.

El interés de la política exterior venezolana por el Caribe, iniciado por Rafael Caldera y seguido por Carlos Andrés Pérez, respondió a razones de interés estratégico, tal como se comentara previamente. Pero, adicionalmente, se corresponden con un giro general en la orientación ideológica de la política exterior venezolana de los años setenta, con respecto a la vigente en la década anterior.

Durante los primeros dos gobiernos del período democrático (Rómulo Betancourt y Raúl Leoni), la política exterior estuvo signada por el criterio central de consolidación y preservación del sistema recién establecido. Este criterio quedó estipulado en la «Doctrina Betancourt», mediante la cual Venezuela ejecutó políticas de distanciamiento y ruptura con todo gobierno no nacido de la voluntad popular. «Entre quienes han escrito sobre relaciones internacionales de Venezuela es común afirmar, al referirse a la Presidencia de Rómulo Betancourt, que durante ese período no sólo se dio primacía a la política interior sobre la exterior, sino que esta última fue concebida como un simple instrumento al servicio de los objetivos de la primera. Dentro de esos objetivos, lo prioritario había sido la defensa del régimen democrático frente a las graves amenazas de golpe militar de derecha o de insurrección izquierdista; y la Doctrina Betancourt, en la que se expresaría lo fundamental de la política exterior del período, debería ser entendida como un instrumento (para muchos poco efectivo) al servicio de ese objetivo. Es más, de acuerdo con tal interpretación, la Doctrina Betancourt, que podía, si no justificarse, al menos explicarse a partir de tales propósitos defensivos, pierde toda razón de ser a medida que la democracia se consolida, lo cual llevó a que fuera abandonada a partir de la Presidencia de Caldera» (Rey, 1989:465).

El gobierno de Caldera impulsó en lo interno el proceso de reinserción a la actividad política legal, de sectores radicales de izquierda alzados en armas durante la década de los años sesenta. Reflejo de ello, ese gobierno iniciaría los primeros pasos que luego concretaría Carlos Andrés Pérez, en el sentido de restablecer relaciones con el gobierno comunista de Cuba, el cual había apoyado política, financiera y técnicamente a la guerrilla venezolana. La política exterior de los primeros años setenta se basó en un sentido de amplitud ideológica («pluralismo ideológico» de Caldera), con aproximación a regímenes no democráticos e incorporación del temario de reivindicaciones del Tercer Mundo como parte de la agenda internacional venezolana. El país dio sus primeros pasos hacia el Caribe oriental con la perspectiva de un país del Sur, coyunturalmente favorecido por los precios internacionales del petróleo, y que protegía a sus hermanos del Sur buscando reducir el impacto que sobre ellos tenían los precios petroleros. Como parte de esta línea analítica y argumental, Venezuela a mediados de los años setenta se convirtió en uno de los abanderados del diálogo Norte-Sur en la búsqueda de mejor valoración para las exportaciones de los países pobres.

A propósito, Demetrio Boersner en la entrevista realizada, afirmó que «Durante los primeros gobiernos de Rafael Caldera y Carlos Andrés Pérez, concebíamos a Venezuela como una tercera fuerza entre la influencia cubana y la influencia norteamericana. Nacionalista frente a los Estados Unidos, y al mismo tiempo, defensiva contra el radicalismo extremista cubano. Esa orientación ideológica no quedó muy clara. Se diluyó cuando el gobierno de Luis Herrera Campins se inclinó a una alianza ideológica completa con el Occidente, en la visión más o menos maniqueísta de Occidente contra el comunismo».

El gobierno de Luis Herrera Campins (1979-1984) asumiría una política exterior que reflejaba directamente la renovada pugna Este-Oeste, con lo cual se dejó a un lado la visión Norte-Sur del primer gobierno de Pérez. La acción hacia el Caribe se hizo menos multilateral, para convertirse en parte de una nueva estrategia venezolana en defensa de la democracia continental. Este direccionamiento ideológico fue perdiendo fuerza a medida que la presencia soviética en la región fue mermando.

El inicio del segundo período presidencial de Carlos Andrés Pérez en 1989 marcó un nuevo giro de la política exterior venezolana, afectando igualmente su reflejo sobre el Caribe. El programa de liberalización económica impulsado por Pérez tenía entre sus presupuestos los procesos de integración económica con los países vecinos. Lo económico adquirió alto rango en los objetivos de la política exterior y Venezuela, a la vez que adelantaba reformas estructurales internas, comenzó a abrir sus puertas comerciales profundizando el esquema integracionista con Colombia. El sentido de esta línea de pensamiento, común a diversos países de la región, quedó patente en las acciones, tanto de la comunidad del Caribe como de Venezuela, Colombia y México para dar cuerpo institucional a una alianza donde lo económico fuera su razón de ser.

Como parte de la acción venezolana hacia el Caribe se produjo un proceso de institucionalización creciente de las relaciones intergubernamentales. El mismo queda en primer término referido al reconocimiento de los nuevos estados caribeños en la década de los sesenta, seguido de los intentos venezolanos para ingresar a la naciente estructura multilateral caribeña y, finalmente, se centraría en la creación de un aparato multilateral con participación del Caribe ampliado en el cual Venezuela tuviera participación efectiva.

En agosto de 1989 se produce en Tobago una reunión conjunta al nivel de los jefes de Estado de Venezuela, Barbados, Guyana, Jamaica, San Vicente y Granadinas, y Trinidad y Tobago, estos últimos como miembros del Caricom⁴. En dicha oportunidad, Carlos Andrés Pérez solicitaría el ingreso de Venezuela a la organización caribeña, con carácter de observador. En esta reunión, donde sus participantes no conformaban un grupo formal, fueron suscritos dos documentos: uno de ellos referido a la vigencia de la democracia, y el segundo, acordando establecer un grupo de trabajo entre Caricom, Venezuela y «otros países latinoamericanos» para estudiar la integración de América Latina y el Caribe. A finales de julio de 1990, la Cumbre del Caricom reunida en Jamaica, aprobó el ingreso de Venezuela como observadora en los comités permanentes de agricultura, educación y cultura, ciencia y tecnología, trabajo, transporte, salud y medio ambiente. Igual decisión tomaría el Caricom con respecto a México y Puerto Rico.

Venezuela, junto a Colombia y México, acodados dentro del llamado Grupo de los Tres (G-3), en 1990 convinieron una estrategia de aproximación hacia el Caribe, con lo cual la institucionalización de las relaciones venezolanas con el Caribe adquirió un carácter multilateral. Por su parte, los países miembro del Caricom venían estudiando estrategias para la profundización y ampliación de dicho mecanismo. En un informe presentado en 1992 a consideración de los jefes de Estado del Caricom, la Comisión Independiente de las Indias Occidentales planteó la creación de la AEC. Al asumir la propuesta, los jefes de Estado caribeños definieron al Caricom como «el centro del proceso de integración del Caribe». «Para darle forma y contenido a este compromiso, Caricom acordó lanzar propuestas para el establecimiento de una Asociación de Estados Caribeños, con miras a lograr la integración económica y cooperación funcional con los otros países de la Cuenca del Caribe y que ‹dicha asociación› sería abierta a todos los Estados miembros de Caricom, los otros Estados Insulares del Caribe, Suriname, los Estados de Centroamérica y los latinoamericanos del litoral caribeño y permitiría un abanico de arreglos que corresponden a su membresía» (Carrington, 1994:1-4).

La creación de la AEC fue, en definitiva, producto de la confluencia de intenciones del G-3 y de Caricom.

En octubre de 1993 se celebró en Puerto España, la «Reunión Cumbre Presidencial del G-3 y de Caricom», a la cual asistió Ramón J. Velásquez en su condición de Presidente de Venezuela. De esta cumbre emanó la decisión de crear una organización bisagra entre los países del G-3 –los de mayor desarrollo dentro de la cuenca del Caribe– y los miembros del Caricom. El 24 de julio de 1994 se produce en Cartagena, Colombia, la «Reunión Constitutiva de la Asociación de Estados del Caribe» (AEC). Dicha asociación fue definida por el gobierno venezolano en los siguientes términos: «La AEC tiene como objetivo principal fomentar la creación de un espacio económico ampliado que contribuya a incrementar la competitividad en los mercados internacionales, mediante la liberalización comercial, de inversiones, la discusión de asuntos de interés común que faciliten la participación activa y coordinada de la región en los foros multilaterales; la formulación e instrumentación de políticas y programas para cooperación; la preservación del medio ambiente y conservación de los recursos naturales de la región, en particular del mar Caribe y el fortalecimiento de las relaciones amistosas entre los pueblos y gobiernos del Caribe» (MRE, 1995:413).

Si bien los planes iniciales de Caricom contemplaban la participación de Puerto Rico y las Islas Vírgenes, dichos propósitos quedaron frustrados básicamente como rechazo a la inclusión de Cuba dentro de la AEC⁵.

En agosto de 1995 se realizó en Trinidad la «Primera Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la AEC». La delegación venezolana estuvo encabezada por Rafael Caldera. En esta reunión se formalizaría un primer temario de trabajo para la naciente organización. Dichos temas fueron el turismo, el comercio y el transporte, a los cuales se sumarían los de medio ambiente, ciencia, tecnología, educación, cultura. El venezolano Simón Molina Duarte fue designado como el primer Secretario General de la AEC, por un período de cuatro años.

El gobierno «bolivariano» de Hugo Chávez promueve una expresa modificación de los contenidos ideológicos del Estado venezolano, con alta incidencia en su acción exterior, la cual además ha retomado un intenso ritmo de «diplomacia directa» y «en la cumbre». La política exterior venezolana durante el gobierno presidido por Hugo Chávez ha estado ideológicamente signada por tres elementos no del todo coherentes entre sí: la hermandad política con el «Foro de São Paulo»⁶, del alineamiento del Presidente con el gobierno comunista de Cuba y los aportes teóricos del sociólogo argentino Norberto Ceresole⁷. «La evidencia sugiere que el Jefe del Estado simpatiza con las tesis del sociólogo argentino. Así lo pone de manifiesto, por un lado, el antiyanquismo de nuestra actual política exterior, la defensa de la revolución castrista, la búsqueda de un mundo geopolíticamente ‹multipolar› (contra Estados Unidos), y la fantasiosa concepción de una ‹OTAN del Sur› para responder ante amenazas que nadie parece tener claras, y que más bien apuntan hacia la famosa unidad de los ‹ejércitos revolucionarios› en América Latina. Por otro lado, desde luego, el impacto ceresoliano se plasma en la visión de la ‹postdemocracia› plebiscitaria del caudillo-ejército-pueblo, en franca ruptura con la tradición occidental de la democracia representativa» (Romero, 2001:12).

La multipolaridad, al menos en los contenidos discursivos usuales en el presidente Hugo Chávez, se ha ido transformando en una versión renovada de las propuestas de alianza Sur-Sur y de diálogo Norte-Sur ya comentadas arriba y que señalaron el rumbo de la política exterior venezolana durante el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez. Al efecto, en mayo de 2001 al asumir la presidencia rotatoria del G-15, Hugo Chávez hizo un llamado para retomar el diálogo Norte-Sur.

La alianza con el gobierno de Cuba⁹, junto al discurso izquierdista de los movimientos asociados al bolivarianismo, han agregado a la política exterior venezolana expresiones de nacionalismo socialista, de oposición a la «globalización», representada regionalmente en la concreción del Acuerdo de Libre Comercio de las Américas (ALCA), y de aproximación a regímenes con líneas duras contra Estados Unidos, tales como Libia, Irak e Irán.

La política exterior venezolana hacia el Caribe tuvo durante el período democrático como uno de sus propósitos, compensar la proyección cubana («el peligro cubano») sobre los pequeños países del área¹⁰. Incluso, la apertura hacia Cuba a principios de los años setenta y los programas de ayuda económica que se aplicaron a favor de ese país, se hicieron bajo el criterio de que ello facilitaría el reingreso cubano a la comunidad latinoamericana, lo que a su vez permitiría un pronto cambio político en la isla¹¹. Con el arribo de Hugo Chávez y la aplicación de su línea ideológica, Venezuela se tornó un aliado político de Cuba en su proyección hacia el mundo. En paralelo, la ayuda económica venezolana se ha incrementado notablemente como garantía para mantener al ahora «hermano» régimen de Cuba, el cual, además, forma parte junto a Venezuela de la Asociación de Estados del Caribe.

Pese al cambio ideológico, el gobierno de Hugo Chávez no ha puesto en entredicho la institucionalidad regional preexistente, y por el contrario, ha tendido a utilizar sus foros a los efectos de la difusión de su pensamiento «bolivariano».

La II Reunión Cumbre de la Asociación de Estados del Caribe, realizada en abril de 1999 en República Dominicana, contó con la presencia de Hugo Chávez. En aquella oportunidad, Venezuela votó favorablemente la «Declaración y el Plan de Acción» de la AEC, documentos donde se desarrollaron los temas usuales de la Asociación. Posteriormente, en julio del mismo año, el Presidente venezolano asistió a la XX Cumbre Anual de Caricom. Para diciembre de 2001 está prevista la realización de la III Cumbre de la AEC, la cual tendrá como sede a Venezuela.

El gobierno «bolivariano» desde el primer momento manifestó su intención de retomar el esquema diplomático hacia el Caribe basado en ayuda y cooperación. Así, durante la II Cumbre de la AEC y en la XX Reunión de Caricom, Hugo Chávez expuso su intención de ampliar la lista de países beneficiarios del Pacto de San José. Igualmente anunció la creación de la «Universidad Regional del Caribe», la cual tendría sede en Venezuela y estaría destinada a la formación de recursos humanos para la región caribeña. En señal de lo que sería su política exterior hacia la región, realizó en junio de 1999 un préstamo de emergencia por un monto de US$ 100 millones al gobierno de Leonel Fernández en República Dominicana¹². Consultado por los medios de comunicación sobre dicho préstamo, el presidente Hugo Chávez afirmó: «Esa pregunta también puede hacérsela al presidente de Estados Unidos que también le ha prestado dinero a muchos países» (Otálvora, 2001:16).

De esta forma, el gobierno «bolivariano» dejó establecida su disposición para utilizar recursos fiscales dentro de programas de ayuda financiera directa, emulando las acciones de los países más ricos del planeta. Como consecuencia de movimientos sísmicos en India y El Salvador en el año 2000, Venezuela realizó donaciones de 1 millón de dólares en cada caso, además de enviar personal civil y militar a El Salvador en tareas de salvamento y reconstrucción.

Desde los primeros días del gobierno, la diplomacia venezolana intentó infructuosamente un cambio en la posición mejicana, país reacio al ingreso de Cuba en el Pacto de San José. Igualmente desde el primer día de gobierno, los medios de comunicación comenzaron a informar sobre la inminencia de acuerdos de cooperación que Venezuela suscribiría con Cuba, en materia de suministro petrolero en condiciones preferenciales, así como en asuntos tales como salud y educación.

El esquema de cooperación bolivariana hacia el Caribe privilegia lo bilateral ante lo multilateral, y pareciera estar en proceso de revisar los acuerdos comerciales suscritos por Venezuela con el Caricom. Así, en el marco de negociaciones comerciales que se siguen en 2001 entre Venezuela y República Dominicana, el gobierno de Caracas ha manifestado su deseo de modificar los términos de los acuerdos no recíprocos por considerarlos como «desequilibrados». En tanto, la Armada venezolana mantiene aún el servicio de transporte marítimo hacia puertos del Caribe, el cual se institucionalizó a principios de la década de los años noventa, como un servicio autónomo del Ministerio de Defensa¹³. 

Las relaciones entre Venezuela y el Caribe, pese a la permanente política de cooperación económica, y en ocasiones a causa de esa misma política, no han sido generalmente armónicas.

En primer término, la cooperación hacia el Caribe fue señalada como muestra de una intención imperialista hacia las pequeñas economías del Caribe. Quien fuera primer ministro de Trinidad y Tobago, Eric Williams, fue el principal publicista de una definición insular del Caribe que rechazaría la inclusión de países de origen hispano dentro de los límites de la región caribeña. Igualmente sería Williams quien vocearía intensas denuncias contra las supuestas pretensiones de «recolonización del Caribe» por parte de Venezuela. Amén de una posible incomprensión de la política de cooperación venezolana hacia el Caribe en los años setenta, en la postura de Williams se reflejaba las aspiraciones trinitarias de atender la demanda caribeña de hidrocarburos. Consideraba el gobierno de Trinidad y Tobago que el rosario de islas del Caribe era el mercado natural para sus exportacions energéticas, por lo cual Venezuela aparecía como una amenaza económica. «Para algunos, los vecinos caribeños continentales, especialmente Venezuela, México, Brasil y Colombia eran percibidos, hasta los primeros años de la década de los 80, como potencias regionales y, en el mismo sentido, como amenazas latentes para la afirmación de la soberanía política de las jóvenes repúblicas caribeñas» (Giménez, 1991:113).

La imagen de potencia con aspiraciones de dominación territorial se hizo patente en lo tocante al tema del contencioso de Venezuela ante Guyana. Las respuestas negativas que Forbes Burham obtuvo de Caracas en sus intentos por negociar territorio a cambio de ayuda económica, tuvieron como respuesta una intensa movilización diplomática guyanesa en los diversos foros multilaterales en los cuales Guyana participaba activamente, y a los cuales Venezuela procuraba acceso14. Ejemplo de ello fue la acción diplomática de Guyana mediante la cual impidió a finales de los años setenta, el ingreso de Venezuela al Movimiento de los Países no Alineados. Guyana alegó la conducta belicosa, racista e imperialista venezolana. Esta reacción de los no Alineados a favor de la posición de Guyana se reproduciría permanentemente en el foro regional por excelencia, el Caricom.

La reducción del poderío financiero del Estado venezolano, la ampliación progresiva de la agenda de temas entre Venezuela y cada país del Caribe, la firma del Tratado de Áreas Marinas y Submarinas con Trinidad y Tobago en 1989, la desaparición de la influencia de las posiciones de Williams y Burham, y la distensión con Guyana durante los gobiernos de Jaime Lusinchi, Carlos Andrés Pérez y Ramón J. Velásquez, lograron aparentemente compensar la imagen negativa que a Venezuela le habían enrostrado. La creación de la AEC pareciera ser la prueba al respecto. Sin embargo, el permanente acercamiento venezolano hacia el Caribe no pareciera haber servido para obtener respaldos coherentes hacia iniciativas venezolanas. Esta apreciación fue palpable en 1994 cuando Venezuela optaba a la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos, con la candidatura de Miguel Ángel Burelli Rivas. El Caribe en bloque votó a favor de la candidatura del colombiano César Gaviria, en lo que se entendió como un claro apoyo del gobierno estadounidense a la opción colombiana y el seguimiento por parte de los países anglocaribeños de la seña emanada desde Washington. El Caribe ha sido parte, además, del juego no declarado de posiciones estratégicas y geopolíticas de Venezuela ante Colombia¹⁵.

En lo atinente directamente al contencioso con Guyana, Venezuela ha buscado tener acceso al Caribe, quizás procurando un cambio de posición, pero esencialmente tratando de neutralizar el impacto que la solidaridad caribeña puede tener a favor de Guyana. En opinión de Demetrio Boersner: «Cuando nos ponemos a pelear con Guyana, peleamos con el Caribe de habla inglesa. Es una ilusión y un desconocimiento de la realidad caribeña, creer que esos países podrían abandonar a Guyana, que es su hermana, que es parte de su patria grande. A pesar de que los caribeños de habla inglesa tienen divergencias entre ellos, rivalidades entre una isla y otra, pero ante el exterior de habla española, de una cultura, un idioma y una etnia distinta, ellos cierran filas y actúan como una sola comunidad. Eso ha sido así desde su independencia política, a pesar incluso de las diferencias ideológicas de los gobiernos».

En definitiva, la aproximación venezolana al Caribe no ha favorecido su posición negociadora en el contencioso ante Guyana. Por el contrario, el reclamo territorial venezolano ha sido motivo para frenar el acercamiento venezolano hacia el Anglocaribe, lesionando o frustrando el logro de otros objetivos que Venezuela tendría en el área.

El reinicio de la cooperación económica como principal filón de aproximación al Caribe, trajo como consecuencia una renovación del discurso antivenezolano en el área.

A mediados del año 2000, ante el anuncio del gobierno venezolano de pretender extender la aplicación del Pacto de San José a otros países del Caribe, surgió en Guyana el interés por beneficiarse de dicho programa. La disputa alrededor del contrato que Guyana se disponía a suscribir con la empresa Beal sucede en paralelo a los contactos que Venezuela realiza con los países del área para definir el «Acuerdo Energético de Caracas».

La exclusión de Guyana en la oferta venezolana originó reacciones oficiales por parte del Caricom y del gobierno guyanés. Este último mantuvo la posición de denuncia contra Venezuela, calificando la decisión del gobierno de Caracas como «altamente discriminatoria» y urgiendo a las naciones caribeñas favorecidas para que rechazaran el ofrecimiento petrolero «bolivariano». A juicio de Georgetown, Venezuela pretendía dividir al Caricom buscando aislar a Guyana.

En esta coyuntura, el Ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela manifestó expresamente el carácter que el gobierno «bolivariano» da al petróleo como «arma política»¹⁶. Esta declaración oficial sirvió como prueba a manos de Guyana, sobre las intenciones venezolanas para debilitar su posición negociadora utilizando el chantaje petrolero.

La respuesta obtenida por el gobierno «bolivariano» ante su maniobra, fue el apoyo incondicional de la comunidad caribeña del Caricom a Guyana. Finalmente, Venezuela dejó abierta la puerta para que Guyana ingresara al Acuerdo Energético de Caracas. El gobierno venezolano señalaría en su evaluación del estado de las relaciones con Guyana, que la posición fuerte ante ese país había permitido bloquear la construcción de la base aeroespacial. Pero el fracaso de esa concesión no se debió al uso del arma petrolera por parte de la diplomacia bolivariana, sino a una ajena realidad financiera: las cuentas en rojo de una desahuciada empresa texana que se la jugó en una operación de alto riesgo y dudosa materialización. 

La política exterior venezolana hacia el Caribe ha procurado diversos objetivos estratégicos, tanto económicos como referidos a la seguridad y defensa del país. En ese sentido, el interés hacia el Caribe ha sido una constante de la agenda exterior venezolana, modificándose en cuanto a intensidad e interlocutores.

Durante los primeros diez años del período democrático, la acción externa hacia el Caribe tuvo un fuerte acento ideológico, de rechazo a los regímenes no democráticos, de contención a los intentos de penetración cubano-comunista en la región, luego se fue produciendo una relativa distensión del conflicto ideológico que procuraba estimular la democratización de la región, incluso en el caso cubano. El gobierno «bolivariano» ha realizado modificaciones de fondo en el tratamiento venezolano hacia el Caribe. Esencialmente, se ha producido un cambio ideológico y político como efecto de la alianza del gobierno de Hugo Chávez con el gobierno comunista de Cuba. Si durante el período 1959-1999 la acción exterior venezolana en el Caribe procuraba compensar y frenar la proyección política y militar cubana sobre el área, esa línea ha sido invertida, transformándose en una alianza política a la visión política y estratégica cubana, con apoyo financiero venezolano.

En cuanto herramienta de política exterior, la cooperación económica se ha practicado en relación directa con las disponibilidades fiscales del Estado venezolano. Así, los gobiernos de Carlos Andrés Pérez y Hugo Chávez son muestra de iniciativas hacia el Caribe nacidas en momentos de crecientes ingresos petroleros venezolanos.

La presencia venezolana en organismos regionales caribeños no pareciera haber compensado la inclinación de los gobiernos del Caribe de apoyar a Guyana en su causa ante Venezuela. Por el contrario, la institucionalización de las relaciones multilaterales en el Caribe ha significado nuevos apoyos formales a la posición guyanesa de negarse a adelantar conversaciones concretas sobre las aspiraciones territoriales venezolanas. La estrategia guyanesa de dar largas a las negociaciones, mientras consolida acciones concretas de ejercicio soberano en la zona en reclamación, pareciera ser la situación dominante, ante la cual Venezuela pareciera no contar con opciones de respuesta.

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