Pobreza y ciudad: reflexiones desde la investigación* 

Cecilia Cariola 

Desde mediados de los ochenta la emergencia de la problemática social con carácter de crisis social en la Venezuela pos-rentista impulsó nuestro interés de investigación hacia una nueva área de estudio: la pobreza urbana.

Entendida ésta como un fenómeno social, económico y cultural con incidencia territorial, entre cuyos principales factores generadores se ubica el funcionamiento excluyente del mercado de trabajo, en tanto instancia básica de inscripción en la estructura social, y la retracción y carácter de la acción social del Estado. Ésta se expresa en la disminución de la cantidad y calidad de los bienes y servicios públicos para la protección y bienestar de la población postergada y en el refuerzo de las relaciones paternalistas y clientelares que moldean la cultura política de estos sectores.

Dicho interés se concretó en una línea de investigación sobre «Pobreza urbana, mercado de trabajo y segregación socioterritorial», a través de la cual se ha dado cuenta del avance de la pobreza como problema social y de su relación con las transformaciones urbanas. Esta línea de investigación se enmarca en los cambios que ha experimentado el modelo de desarrollo en el país. Se recogen desde los efectos sociales regresivos producto de la crisis económica relacionada con el endeudamiento externo y la caída de los precios petroleros bajo el modelo rentista, en la década de los ochenta, hasta la configuración de la crisis social precipitada con la aplicación del ajuste estructural que puso en marcha el modelo de apertura en los años noventa.

En esta línea de investigación se han inscrito diversos proyectos articulados en torno a dos ejes básicos de trabajo estrechamente interrelacionados:

Los proyectos de investigación desarrollados en este eje estudiaron:

El segundo eje de trabajo está centrado en los procesos de pauperización de la ciudad, con énfasis en la dimensión socioterritorial de la pobreza, a través del estudio de la segregación urbana como tendencia reforzadora de las desigualdades sociales y de la fragmentación metropolitana. El objetivo de este eje de trabajo apunta a la formulación de políticas urbanas y de lineamientos de planificación metropolitana. Hablamos de empobrecimiento de la ciudad como un fenómeno complejo al cual confluyen la pérdida de calidad de vida en diversas áreas de la ciudad, asociada al avance de la pobreza, y de los procesos de desintegración social, el deterioro de ámbitos públicos centrales en la construcción de ciudadanía (escuela, espacios públicos) y el debilitamiento de la sociabilidad y de las interrelaciones inherentes al concepto de lo urbano. La visión de la acción desde la problemática social de la ciudad tiene consecuencias directas sobre la orientación de la política urbana y gestión de la ciudad, para hacer de éstas instrumentos de desarrollo socioterritorial y de construcción ciudadana que trasciendan los alcances restringidos al ordenamiento urbanístico.

Las investigaciones desarrolladas en este eje han avanzado en:

La revisión de los trabajos realizados en la línea de investigación «Pobreza urbana, mercado de trabajo y segregación socioterritorial» nos permite sistematizar algunas reflexiones que dan cuenta de los avances logrados en el conocimiento de los procesos de empobrecimiento, de las desigualdades urbanas, de las políticas sociales y en el plano teórico-metodológico. Estas reflexiones hacen parte del debate actual sobre el tema y se enriquecen con los planteamientos desarrollados por otros investigadores en los últimos años.

Entre las conclusiones que se desprenden del estudio del avance de la pobreza, a raíz de los procesos de reestructuración y ajuste económico, así como de la reflexión teórico-metodológica que lo acompaña, se destacan las siguientes: 

  La pobreza y la exclusión son conceptos complementarios para comprender los efectos de la crisis social

Desde el planteamiento inicial de esta línea de investigación, el concepto de pobreza que utilizamos relacionaba las condiciones de existencia de los sectores pobres con los procesos excluyentes que operaban en diferentes ámbitos de reproducción de la sociedad: el mercado de trabajo, la acción social y protección del Estado, la escuela, la familia. La pobreza se constituía con base en una superposición de exclusiones, se expresaba en distintos niveles de carencias respecto a necesidades básicas y daba origen a distintas prácticas sociales impulsadas por los hogares y las comunidades populares. Era en las prácticas asumidas colectivamente para enfrentar necesidades comunes donde podíamos encontrar elementos propositivos para potenciar políticas orientadas a superar la pobreza.

A partir del cuestionamiento de los pobres como «sujetos de necesidad» y de la crisis del Estado para responder a las funciones de bienestar e integración social comenzamos a vincular el problema de la pobreza con el de los derechos sociales y de los límites de la ciudadanía en una sociedad tendientemente más desigual e inequitativa (Fernández et al., 1998; Bethencourt et al., 1998; Cariola y Lacabana, 1999-2001). Desde esta perspectiva, la pobreza puede y debe ser comprendida en el contexto más amplio de la exclusión social, entendida esta última como la imposibilidad o inhabilitación para acceder a los derechos sociales sin ayuda (Minujin, 1998), y enfrentarla supone asumir a los pobres como «sujetos de derecho», que no solamente sean objeto de intervención pública, sino actores que luchen por conquistar y ejercer dichos derechos. La población excluida tiene serias limitaciones para ejercer la ciudadanía, desde el punto de vista de las condiciones materiales básicas que la ubican en una condición que podríamos calificar de preciudadana (Calderón y Smukler, 1997), mientras la carencia de códigos valorativos que posibilitan dicho ejercicio se extiende a toda la sociedad. En este sentido, como se enfatiza en el desarrollo de la línea de investigación, el empleo y los ingresos son dimensiones esenciales de la ciudadanía, así como lo es la creación de valores básicos para ponerla en práctica. 

El análisis de la pobreza urbana nos ha mostrado que la dimensión socioeconómica referida al empleo y a los ingresos es central para explicar la reproducción de los sectores sociales afectados. Reproducción que tiene un nivel objetivo referido a las condiciones materiales de existencia y otro subjetivo relativo a las percepciones, aspiraciones, valores y representaciones orientadores de las prácticas desplegadas para enfrentar la pobreza. Sin embargo, el empobrecimiento no es solamente un fenómeno social y económico, sino también ambiental, político, cultural, dimensiones estrechamente interrelacionadas entre sí. El empobrecimiento ambiental se relaciona con el deterioro de las condiciones de vida en los hábitats populares y de sectores medios, tanto desde un punto de vista material como de las relaciones de sociabilidad. También podemos hablar de un empobrecimiento cultural asociado al desarrollo de modos de vida ligados a la supervivencia y alejados del acceso a la modernidad, así como la retracción de la sociabilidad en las comunidades, la carencia de condiciones materiales básicas y de códigos para la emancipación, la carencia de conceptos de cooperación, reciprocidad y del sentido de la otredad, son factores que nos indican la pobreza de ciudadanía (Bustelo y Minujin, 1998).

Un aporte de la línea de investigación en este sentido ha consistido en complementar el enfoque cuantitativo con el cualitativo en el estudio de la pobreza. Hemos podido dar cuenta no solamente de indicadores de pobreza, exclusión, desigualdad y deterioro de las condiciones del mercado de trabajo comparables con los de otros estudios, sino enfatizar la forma como se perciben y se viven estos procesos mediante la utilización de diferentes métodos cualitativos. Más que adoptar uno u otro paradigma metodológico hemos optado por una combinación de métodos que nos ha permitido aprehender diferentes aspectos de estos procesos y de sus interrelaciones.

Otro aporte metodológico radica en la articulación de enfoques microsociales con enfoques macrosociales a través del desarrollo de conceptos que permiten relacionar los cambios en el nivel de los hogares o de grupos sociales específicos, como los jóvenes, con los grandes procesos de transformación social y económica o bien relacionar cambios en el nivel de los hogares y de las comunidades con transformaciones urbanas y metropolitanas.

Bajo este enfoque se desarrolló el concepto de estrategia de sobrevivencia con un sentido amplio «de manera de integrar los diferentes planos del proceso de reproducción de los sectores populares urbanos, rescatando, tanto las prácticas colectivas como las domésticas en las diferentes dimensiones que éstas abarcan, así como la temporalidad en la cual se insertan» (Cariola, 1994:148). Este concepto ha sido ampliado posteriormente como estrategias de reproducción para incluir las prácticas y relaciones que desarrollan los sectores medios empobrecidos y ha generado conceptos complementarios, como el de estrategias residenciales, de utilidad para analizar los comportamientos de los diferentes sectores sociales para resolver sus necesidades de vivienda en la ciudad asociados a los procesos de fragmentación metropolitana¹. 

La puesta en marcha de las políticas de ajuste para llevar adelante la reestructuración económica y política del país en el marco de la globalización ha reforzado la expansión de la pobreza urbana, en términos de ampliar el número de hogares pobres; la intensificación de los niveles de pobreza, expresada en el incremento de la pobreza crítica; y la heterogeneización de la pobreza con la incorporación de nuevos contingentes de sectores empobrecidos provenientes de las capas medias de la población. La emergencia de este nuevo segmento de pobres da cuenta de un fenómeno diferente al de la pobreza estructural. Los sectores empobrecidos, si bien comparten con los pobres estructurales el deterioro de sus condiciones de empleo e ingresos, disponen de medios para atenuar su caída o, dicho de otra manera, tienen acumulados ciertos recursos culturales y sociofamiliares disponibles para satisfacer sus necesidades en algún grado. La disponibilidad de estos recursos es variable y permite a los hogares de los sectores medios empobrecidos incorporarse a ciertos ámbitos de reproducción y no a otros, entrar y salir de la situación de pobreza, enfrentar una mayor o menor intensidad en sus carencias: se encuentran en una situación de permanente vulnerabilidad que constituye el rasgo central de su condición social (Minujin 1998; Cariola y Lacabana, 1999-2001).

Por otra parte, la crisis social producto del ajuste no se manifiesta a través de un proceso lineal de empobrecimiento, sino que operan diversos efectos desintegradores sobre distintos grupos sociales, los cuales generan problemáticas específicas, como la de los jóvenes excluidos, las mujeres solas, los niños de la calle, y otras que requieren de análisis y respuestas diferenciadas.

Es decir, el avance del empobrecimiento afecta a diversos sectores y grupos sociales configurando un cuadro complejo y heterogéneo que traspasa los límites de la pobreza estructural localizada en áreas segregadas de nuestras ciudades. 

El funcionamiento excluyente del mercado de trabajo a través del desempleo, la precarización y el deterioro de las condiciones de empleo, el retroceso del trabajo asalariado y el avance de la informalidad asociada a la sobrevivencia, afecta las condiciones materiales de reproducción, no solamente a través de la caída de los ingresos reales, sino también por reducir la adscripción a la seguridad social y a la protección de la salud. Desde el punto de vista de la subjetividad, estos procesos conllevan un sentimiento de inseguridad (particularmente el temor al desempleo) y de frustración ante la exclusión laboral (deterioro de las condiciones laborales y el cierre de las oportunidades de empleo). La precarización laboral y el desempleo con sus efectos en la desigualdad de ingresos entre personas que tienen iguales capacidades, así como el estancamiento de la movilidad social ascendente refuerzan la percepción de la desigualdad como un fenómeno injusto que contribuye al malestar social (Calderón y Smukler, 1997; PNUD, 1998).

Por otra parte, si vamos más allá del mercado laboral legal vemos cómo operan otras dinámicas excluyentes asociadas al avance de la economía del delito que se caracterizan por la incorporación económica con desintegración social. Develar esta otra cara del mercado laboral ha sido necesaria para entender cuál es la opción de trabajo para un segmento de jóvenes pobres, cuya dimensión cultural está referida a la conformación de un modo de vida asociado a la transgresión y la violencia (Cariola, 1996). Ha sido importante también para entender las formas como se construye y se vive la ciudad, donde la violencia y la inseguridad ciudadana constituyen factores esenciales para la configuración de los modos de vida urbanos en la actualidad (Cariola y Lacabana, 2000). 

Junto al avance de la pobreza se acentúa la tendencia a la desigualdad socioeconómica expresada no solamente en la regresiva distribución de los ingresos y en el acceso a los bienes y servicios sociales, sino también en la emergencia de nuevas desigualdades producto de diferenciaciones al interior de un mismo sector o campo social, como el laboral, profesional, de género y otras que inciden en una mayor polarización social, ampliando las brechas a unas dimensiones tales que han llevado a algunos a plantear la tendencia a la dualización de las sociedades (Calderón y Smukler, 1997).

Nuestros hallazgos muestran una mayor complejidad en este proceso, ya que la polarización social, producto del distanciamiento de los sectores sociales extremos (los que concentran proporciones crecientes de riqueza y los que se empobrecen), va acompañada, como decíamos anteriormente, de una gran heterogeneidad social asociada al empobrecimiento de los sectores medios. Éstos se desplazan hacia la zona de pobreza con características diferentes a las de los pobres estructurales y se integran a la sociedad con distintos niveles de vulnerabilidad.

Este proceso es central para entender la génesis de la pobreza y las posibilidades de superarla. Considerar que la desigualdad es un factor reforzador de la pobreza y que la redistribución es un factor clave en una política orientada a erradicarla, nos ubica en una posición antagónica a la sustentada por la política social prevaleciente en los últimos años, donde la pobreza es un problema solamente de productividad y de crecimiento económico y se trata de «gotear» los beneficios del crecimiento hacia los pobres. Considerar la perspectiva de la desigualdad supone que la política social debe ser más que el apéndice de una política económica orientada hacia un crecimiento económico general, independiente de los principios de equidad y justicia social, y requiere orientarse por objetivos de desarrollo social que busquen la igualdad de oportunidades para el conjunto de la población (Bustelo y Minujin, 1998).

Por otra parte, el avance de la desigualdad social ha estado asociado a la profundización de las desigualdades urbanas. Mientras algunos estudios desarrollados recientemente apuntan hacia la tesis de la dualización metropolitana (Ciccolella y Mignaqui, 2000), como producto de la especialización funcional y de la profundización de la polarización social en las ciudades latinoamericanas, nuestros trabajos la discuten con base en los efectos socioterritoriales de los procesos de heterogeneización social, planteando, más bien, la diferenciación socioterritorial pero acompañada de una fuerte fragmentación social, socioterritorial e institucional en las áreas metropolitanas.

  Las respuestas de la gente frente a la pobreza tienen un carácter principalmente adaptativo-defensivo y se concentran en el ámbito privado

El estudio de la pobreza estructural y de los sectores medios empobrecidos nos muestran que las respuestas ante la pobreza y la exclusión se concentran en el ámbito privado: es cada vez más un problema de los hogares y no de los grupos sociales organizados (Cariola et al., 1992; Cariola y Lacabana, 2000). También otros estudios dan cuenta de la retracción de la sociabilidad al ámbito doméstico, del hogar y de la red familiar, cuando ésta cuenta con los recursos básicos para alimentar las relaciones recíprocas entre los miembros que la componen (Feijóo, 1992; PNUD, 1998; Minujin y Kessler, 1995).

El estudio de la pobreza y la desigualdad en las áreas metropolitanas nos ha permitido avanzar en la comprensión de los procesos de segregación socioterritorial, que ahora adquieren un significado cualitativamente diferente, asociado no solamente con la calidad diferencial del espacio urbano, sino con la yuxtaposición de diversos modos de vida en la ciudad y de relación con la ciudad, correspondiente a la diferenciación social en marcha. Modos de vida que se mueven entre la sobrevivencia y la incorporación al modelo globalizador, la modernidad y las culturas de transgresión, la estigmatización y la valoración positiva de la identidad y, más allá de sus diferencias, convergen en propiciar la atomización y el repliegue al ámbito privado en los distintos ámbitos de reproducción, incluido el territorial. Condicionadas por el funcionamiento excluyente del mercado de la vivienda y la creciente inseguridad ciudadana ante la expansión de la violencia, las respuestas de los diferentes sectores sociales van siendo más defensivas y se expresan en la puesta en marcha de modelos socioterritoriales de encierro y aislamiento para grupos sociales relativamente homogéneos, ya sea de sectores incluidos de medianos y altos ingresos o bien de pobres estructurales, junto a modelos más abiertos donde predomina una relativa heterogeneidad social al convivir sectores medios vulnerables con sectores altos o bien sectores medios empobrecidos con pobres ascendentes.

En el marco de los procesos de transformación económica y política, las desigualdades urbanas se refuerzan con nuevas dinámicas provenientes de los procesos de especialización funcional, ligados a las transformaciones en la producción y el consumo, y de la gestión atomizada de la ciudad, intensificada por la descentralización, dando como resultado una fuerte fragmentación metropolitana. Este fenómeno dificulta la gobernabilidad de la ciudad, así como la posibilidad de avanzar en la equidad sociourbana. De la misma manera, los valores implícitos en los modos de vida predominantes en la ciudad, se transforman en serios obstáculos para impulsar políticas que busquen desarrollar la cultura ciudadana y la construcción de ciudadanía. 

El Estado ha dejado de lado la visión estratégica del desarrollo social para asumir políticas de enfrentamiento de la pobreza con un marcado corte asistencial y compensatorio, focalizadas en los más pobres. Estas políticas, al igual que otras similares puestas en práctica en países de la región, han sido totalmente incapaces de frenar los procesos de empobrecimiento, no solamente por su carácter parcial o porque se han implementado desconociendo las actitudes y visiones de los destinatarios, sino principalmente porque no han actuado sobre los factores generadores de pobreza, exclusión y desigualdad.

Desde el ángulo de la sociedad civil, si bien algunas de las experiencias desarrolladas en un nivel local han tenido un enfoque integral y participativo, no han logrado superar el carácter puntual y, a veces intermitente, de su actuación al carecer de una estrategia que les dé coherencia y les permita trascender, replicándose en otras comunidades (Cariola y Fernández, 1998). Más poderosas han sido las dinámicas desintegradoras de la sociabilidad que los esfuerzos puntuales expresados en las experiencias para mitigar la pobreza. Sin embargo, no debemos desconocer las enseñanzas que se desprenden de su puesta en marcha y entre las que se destaca, en primer lugar, la importancia de la acción colectiva en la perspectiva de construir ciudadanía en torno a problemas del desarrollo local de las comunidades.

Esta constatación pone en evidencia la centralidad del papel del territorio en dicha construcción. La potencialidad del territorio para construir ciudadanía radica no solamente en constituir un espacio de pertenencia, sino también es un ámbito de participación para ejercer los derechos ciudadanos. Se extiende a la construcción de relaciones, de identidad, de memoria y nos permite imaginar el futuro: es en la posibilidad de incidir para el cambio donde se construyen las relaciones asociativas que permiten el desarrollo del capital social que retroalimenta la cultura y el ejercicio ciudadano. 

Apoyándonos en los resultados de nuestras investigaciones podemos señalar algunos lineamientos para la formulación de políticas sociales urbanas:

Éstos son algunos elementos para aportar al debate de un tema central en la actualidad. El desafío de construir una propuesta de política social urbana no se enfrenta solamente desde el quehacer académico, es esencialmente una tarea política en la cual deben participar los múltiples actores que hacen y viven la ciudad.

1.Bethencourt, Luisa, coord.; Cariola, Cecilia; Carquéz, Livia y Rivas, José Félix (1998) «Mujeres jóvenes excluidas. Un estudio cuantitativo y cualitativo. Diagnóstico de la oferta». Informe al Ministerio de la Familia. Caracas.        [ Links ]

2.Bustelo, Eduardo y Munujin, Alberto (1998) «Prólogo». Todos entran. Propuesta para sociedades incluyentes. Editorial Santillana, Colombia.        [ Links ]

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