Resumen
El presente ensayo pretende identificar los rasgos cuantitativos y cualitativos más resaltantes del poder nacional. Siendo una dimensión de referencia conceptual y metodológica relativamente reciente en ciencia política, se le entiende como un conjunto de componentes que permite a un determinado país planificar, ejecutar y percibir los beneficios de sus capacidades nacionales, materializadas como políticas públicas domésticas y externas, en pro de intereses nacionales preestablecidos. Mediante el análisis de sus orígenes históricos y de sus componentes más esenciales, tanto permanentes como coyunturales, se busca también determinar la factibilidad de su medición en términos cuantitativos, cualitativos o en novedosa forma «cuantilativa». Las conclusiones enfocarán los usos y abusos del poder nacional como concepto teórico y en términos de la práctica política nacional e internacional.

Palabras clave
Poder nacional / Componentes / Medición cuantitativa y cualitativa ]]>
Abstract
This article seeks to identify the salient quantitative and qualitative aspects of the national power. As a relatively new theme in political science, national power is defined as a combination of components that will permit a given country to plan, execute and reap the benefits of its national capacities (of both public and private origin), applied as public policies in the domestic and external sphere of action, in pursuit of predeterminated national interests. Based on the analysis of its historical origins and essential, structural-permanent and/or relational-circumstantial components, it also seeks to determine the feasibility of measuring it, be it in quantitative, qualitative or even in novel «quantilative» terms. The conclusions will focus mainly on the uses and abuses of national power as a theoretical concept and as a practical dimension in national and international politics.

Key words
National power / Components / Quantitative and qualitative meassuring

RECIBIDO: ENERO 2006   ACEPTADO: MARZO 2006

]]> Introducción
El fenómeno conocido como «poder nacional» es un concepto de aplicación relativamente reciente en la ciencia política y en las relaciones internacionales. Es imposible tratar de explorar adecuadamente un tema dado en la política, ya sea local, estadal, nacional, regional o internacional, sin abordar de alguna forma el poder, sea cual sea su forma y/o intensidad. La relación entre el poder y la política es tan intrínseca que se puede afirmar que ambos conceptos son en gran medida sinónimos, en el sentido de que poco se puede lograr en la política sin contar con alguna forma de poder. Toda manifestación de poder lleva a implicaciones políticas y, por ende, termina siendo políticamente relevante, pero no toda política se realiza necesariamente en función de alcanzar, maximizar y/o perpetuar el poder. Aparte de ser un fenómeno conceptual filosófico de alto valor teórico, práctico, epistemológico y ciertamente ético-moral, el poder forma per se una dimensión de enorme trascendencia práctica para todo ámbito de interacción política, socioeconómica, cultural y/o de seguridad, entre otras importantes interacciones, tanto nacionales como internacionales.
    El poder puede ser tanto una meta por sí mismo como un fin para lograr otras metas. Sin poder no se puede ni complementar, ni delimitar ni neutralizar otro(s) poder(es). Los orígenes conceptuales y definitorios del poder bien pueden ubicarse en los escritos de todo historiador y analista político, comenzando con Tucídides en el siglo V a.C. y hasta la modernidad. Podemos afirmar también que la definición más universalmente aceptada del poder como un fenómeno holístico es aquella adelantada por el sociólogo alemán Max Weber, en la cual él lo describe como la probabilidad de que un actor dado en un determinado contexto social logre imponer su propia voluntad pese a toda resistencia a la misma, independientemente de la base sobre la cual descansa esta probabilidad (Weber, 1947:152).
    Fue a principios de los años setenta del siglo pasado cuando se comenzó a debatir sobre la relevancia empírica del concepto del poder en su vertiente nacional y sobre la factibilidad de su medición y la utilidad de la misma, tanto para la investigación teórica como para la praxis política nacional, regional, así como internacional. En este sentido, y como todo concepto teórica y empíricamente relevante en la ciencia política, el poder nacional inició su vida académica como el centro del debate: si vale analizarlo como un objeto de estudio exclusivamente cuantitativo o si interesa investigarlo como una unidad de análisis netamente cualitativa. No obstante la dicotomía cuantitativo-cualitativa, la operacionalización del poder nacional, siendo expresión de la capacidad de un sistema político nacional para conceptuar, formular y ejecutar políticas públicas en el nivel doméstico, pronto pasó a ser objeto de interés más allá de lo nacional. El hecho de que ningún poder actúa en un vacío societal y espacial, y que toda apreciación y medición, ya sea cuantitativa o cualitativa, de un poder nacional determinado necesita compararse y verificarse ante el trasfondo de otros poderes nacionales, evidenció que el ámbito regional e internacional representa una esfera de análisis politológico más apta y factible para estudiar el impacto del poder nacional.
    El presente ensayo pretende identificar los rasgos más resaltantes, tanto de forma como de fondo, tanto cuantitativos como cualitativos, en los diversos niveles e intensidades de la aplicación del fenómeno del poder nacional. Siendo una dimensión de referencia conceptual y metodológica relativamente reciente en la ciencia política, el poder nacional se entiende como el conjunto de componentes de diversa naturaleza que permite a un determinado país planificar, ejecutar y percibir los beneficios de su capacidad estatal, materializada como políticas públicas tanto domésticas como externas, en pro de consumar satisfactoriamente sus intereses nacionales previamente definidos. El poder nacional no se refiere en este contexto a la constitucionalidad y legalidad operativa doméstica de un país determinado en el sentido de que equivalen a sus poderes públicos, sino representa una combinación de capacidades estatales en términos políticos, económico-financieros, tecnológico-industriales, comerciales y/o militares reflejadas tanto hacia dentro como hacia fuera del país en cuestión.
    La mera existencia de esta combinación de capacidades más su operacionalización en la arena regional e internacional concretas son los que le permite a su Estado protagonista hacer valer su importancia e influencia político-diplomática, económico-financiera e industrial-comercial, a fin de lograr y resguardar sus metas en esos ámbitos. Es por ello que el poder nacional se aprecia cada vez más como una herramienta analítica para calificar la competitividad y la influencia regional e internacional de un Estado dado. Mediante el análisis de los orígenes históricos del poder nacional, así como de sus componentes más esenciales, tanto permanentes como coyunturales, se aspira también a determinar la factibilidad de su medición, ya sea en términos cuantitativos, cualitativos o quizás en forma combinada. Las conclusiones del presente ensayo enfocarán también los usos y abusos del poder nacional como concepto teórico en términos de la práctica política nacional, regional e internacional.

Orígenes históricos del análisis del poder nacional
Pese a su etiqueta descriptiva de nacional, el poder nacional como dimensión y unidad de análisis en la ciencia política anglosajona no se detuvo en el estudio del ámbito doméstico de los países, sino que a medianos del siglo pasado pasó sorprendentemente rápido a formar parte íntegra del análisis cuantitativo y cualitativo de las relaciones internacionales. Siendo el conjunto de componentes coherentes y de diversa naturaleza que permite a un determinado sistema político nacional desarrollar y operacionalizar capacidades estatales en pro de resguardar sus intereses nacionales previamente definidos, el poder nacional encontró relativamente poco eco en los análisis académicos referentes al funcionamiento, eficacia y durabilidad de los sistemas políticos. Por considerar que todo poder nacional solo adquiere sentido práctico si su presencia territorial y proyección política se refleja entre iguales, es decir hacia fuera y ante otros poderes nacionales, este fenómeno se estableció más en la arena de las relaciones internacionales que en la política nacional.
    Es importante anotar en este contexto que los inicios de los estudios académicos del poder nacional en las relaciones internacionales y su envergadura para el equilibrio interestatal de poder y la paz entre las naciones pueden encontrarse en el acercamiento estrictamente legalista que el filósofo holandés Hugo Grotius había adelantado en el siglo XVII para fundamentar la necesidad de contar con una soberanía hacia fuera para los Estados recién creados en la Europa de esa época. Acto seguido, los filósofos ingleses David Hume, Jeremy Bentham y el alemán Immanuel Kant aportaron en el siglo XVIII un complemento ético-moral a la explicación legalista, política y territorial de Grotius para abordar el fenómeno del poder nacional. Para finales del siglo XIX, los ensayos del politólogo sueco Rudolf Kjellén sobre la geopolítica recalcaron la importancia del poder nacional para la proyección geográfico-política, económica y militar, tanto regional como mundial, de toda nación interesada en asegurar recursos naturales, materias primas y mercados de exportación para sus productos industriales. Posteriormente, el surgimiento del énfasis geopolítico del poder nacional en las relaciones internacionales acentuó la relevancia de las diversas vertientes de la geografía nacional, regional o mundial para lograr la proyección del poder nacional. De este modo, los ensayos de Halford Mackinder (la teoría de la masa terrestre crítica), Nicholas Spykman y Alfred Thayer Mahan (la dimensión marítimo-naval del poder nacional), Frierdrich Ratzel y Karl Haushofer (la teoría del espacio vital), entre otros importantes autores en la materia, constituyeron inestimables aportes a este ámbito de estudios. ]]>     A partir de los años cuarenta del siglo XX, los escritos politológicos clásicos de Robert Dahl, Harold D. Lasswell y Abraham Morton, David Easton, y Karl Deutsch resaltaron la trascendencia del sistema político nacional como el único factor non plus ultra que planifica y ejecuta toda actuación nacional, ya sea doméstica y/o externa. Con este planteamiento, la discusión teórica, normativa y en especial analítico-empírica sobre la trascendencia del fenómeno del poder nacional se enfocó, y prácticamente se quedó, más en el campo de las relaciones internacionales que en la política doméstica. La razón más obvia para la «internacionalización» del análisis del poder nacional de un país dado radica en la mayor factibilidad y utilidad de su comparación y medición frente al poder nacional de otro(s) país(es).
    Al intentar explorar la utilidad práctica del análisis empírico de un poder nacional dado hacia el propio ámbito sistémico-nacional, rápidamente se vislumbra la falta de un marco referencial adecuado ante el cual pueda apreciarse el impacto del poder nacional, ya sea de modalidad cuantitativa o cualitativa. Es por ello que los estudios dedicados a evaluar el impacto del poder nacional hacia dentro, es decir hacia el propio ámbito nacional, se desenvuelven primordialmente en el área de la evaluación de las políticas públicas (Dunn, 1994; Weimer y Vinig, 1993), así como en el análisis sistémico de la eficacia gubernamental. Es imprescindible enfocar a la vez el papel de la sociedad civil al complementar política, social, económica, militar y/o culturalmente el poder gubernamental, a fin de prestarle a éste la muy necesaria «cobertura legitimizadora» nacional. La sociedad civil, por emprender actividades económicas por iniciativa propia y de índole privada, contribuye frecuentemente con su productividad tecnológico-industrial, intelectual y/o económico-comercial a las capacidades estatales de su país, favoreciendo así el desarrollo nacional general.
    Siendo la representación ejecutiva del ámbito nacional, el poder nacional implica la inserción de factores más allá del propio sistema político como una estructura gubernamental-decisional. Tales factores abarcan los elementos nacionales de todo país, es decir aquellos aspectos históricos, políticos, geopolíticos, económicos, sociales, culturales, tecnológico-industriales y/o militares que le proporcionan la nacionalidad. Es importante recalcar en este punto la relevancia del sistema político de cada país para crear, sostener y aumentar el poder nacional. El sistema político nacional, por su fundamento constitucional, diseño y funcionamiento operativo, representa la voluntad política de la población y autoridades correspondientes para determinar la naturaleza, las prioridades y la agenda del desarrollo del país en cuestión. Al entablar un determinado tipo de sistema político nacional, este se vuelve el principal motor y sostén del desarrollo nacional deseado. En cierto sentido, y como se recalcará más adelante, el sistema político nacional representa el programa de computación (software) que determina la calidad y la productividad del país (hardware) para el cual dicho programa fue creado e instalado.
Vale recalcar aquí que la «internacionalización» del poder nacional en los círculos académicos se impuso desde una perspectiva teórico-realista, por la necesidad de encontrar un marco referencial equitativo para fines de comparar, comprender y medir empíricamente el poder nacional de un determinado país, es decir de un Estado. Siendo el primordial emisor de la legitimidad del propio gobierno y del sistema político decisor, y siendo el objeto principal de su autoridad ejecutiva, la sociedad civil de un país no representa ni un objeto satisfactorio ni un marco referencial adecuado para indagar el impacto del propio poder gubernamental.
    El poder nacional de un país sólo se estudia y se mide observando su interacción internacional con otros poderes nacionales. De allí que el poder que, en sus diversas modalidades, emana de un país más allá de sus fronteras ha de denominarse poder nacional, en el sentido de que su trascendencia conceptual y práctica resulta sentida más internacional que nacionalmente. Ya para los años cuarenta del siglo pasado, tanto Quincy Wright (1942), Harold y Margaret Sprout (1945) y Martín Wight (1946), como Hans J. Morgenthau (1948), estipularon que vale llamarse «poder nacional» a lo que se estudia como «poder» en las relaciones internacionales, puesto que tal «poder» está siendo representado y reflejado por la actuación de uno o varios países. Los Estados aspiran a maximizar su poder nacional no tanto para aseverar su autoridad hacia dentro de su territorio y frente a su propia población, sino más bien para contrarrestar y protegerse del poder nacional de otros Estados, percibidos correcta o incorrectamente, subjetiva u objetivamente, como una amenaza para la propia seguridad nacional.
    Siguiendo esta línea realista de conceptualizar el poder nacional y sus usos internacionales, otros autores como Ernst B. Haas (1953), Edward V. Gulick (1955) e Inis L. Claude (1962) recalcaron la necesidad imperiosa de contar con una distribución equitativa de los países más poderosos interactuando en forma conflictiva, a fin de preservar cierto equilibrio cualitativo de poder (nacional) entre los mismos, siendo tal balance de poder sinónimo de la paz interestatal. Al igual que en aquellos años pioneros del estudio del poder nacional como elemento indispensable de las relaciones internacionales, se aplicaron los términos «influencia», «recursos», «capacidades estatales», «coerción», «disuasión», «control», «fuerza», entre otros similares, para indicar la imposibilidad de tratar el tema de la política regional o internacional sin abordar adecuadamente el factor del poder nacional. Vale recordar que para aquellos inicios toda apreciación del poder nacional se realizaba principalmente en función del análisis cualitativo mas no cuantitativo. Esta tendencia a estudiar el poder nacional en términos cualitativos siguió hasta los años sesenta y setenta del siglo pasado con autores de la escuela realista como Arnold Wolfers (1962), Brian Barry (1976) y Kenneth N. Waltz (1979), quienes estudiaron las diversas dimensiones del poder nacional en su operacionalización regional e internacional en pro de los intereses nacionales de sus respectivos Estados protagonistas.
    Posteriormente y comenzando los años setenta, se hizo énfasis también en la medición cuantitativa de los fenómenos políticos, ya sean de índole netamente doméstica, como las elecciones, la participación y la cultura política y el análisis de la eficacia de las políticas públicas, entre otros ámbitos similares de estudios, o de proyección regional e internacional, como la interacción comercial con otros países, su uso militar en intervenciones internacionales humanitarias o políticas, y aportes a organismos mundiales, entre otros ámbitos. Paralelo a ello se había iniciado el debate en los círculos académicos de Estados Unidos y Europa occidental sobre la dicotomía cuantitativo-cualitativo en la metodología de las ciencias sociales. En esencia, dicho debate giraba alrededor de las interrogantes ¿cuánta calidad se necesita para asegurar cierta veracidad cuantitativa? y ¿cuánta exactitud matemática se precisa para lograr cierta calidad analítica? De allí en adelante proliferaron en el campo de la ciencia política las investigaciones en torno a la medición matemática y la descripción cuantitativa de las diversas dimensiones políticas. Autores como Edward R. Tufte (1974), Charles Tilly (1984) y Mancur Olson (1986) originaron esta primera onda del énfasis en los términos matemáticos para explicar y analizar fenómenos políticos. No obstante, numerosos autores defensores del análisis cualitativo en la ciencia política, tales como Jerome Kirk (1986), Charles C. Ragin (1987), Harry F. Wolcott (1990) y Martha S. Feldman (1994), no tardaron en volver a resaltar los múltiples méritos del acercamiento cualitativo en el análisis político.
    En lo referente especialmente al campo del poder nacional, la «revancha cualitativa» no tuvo en realidad mayor impacto en la gestión productiva sobre aspectos específicamente cuantitativos del poder nacional. Para los años setenta y ochenta del siglo pasado, el creciente interés por parte de los gobiernos occidentales y el ambiente de la Guerra Fría impulsaron un considerable interés académico en los determinantes tanto cuantitativos como cualitativos del poder nacional, siendo este el promotor y el garante del resguardo de los intereses nacionales. Los proyectos de investigación, en especial en las universidades e instituciones de investigación (think tanks), tanto gubernamentales como privadas, engendraron importantes obras sobre diversas metodologías para las mediciones cuantitativas del poder nacional, tales como las de Ray S. Cline (1994), Ashley J. Tellis (2000), así como de Kelly M. Kadera y Gerald L. Sorokin (2004). No obstante esta alta motivación y productividad en cuanto a la cuantificación del poder nacional, su apreciación cualitativa sigue estando más presente en la conceptualización y la medición que en el acercamiento cuantitativo. La mayoría de los análisis sobre las capacidades estatales de los países, ya sean estructurales o relacionales, se ubican en la tendencia cualitativa, como lo demuestran las obras de Joseph I. Coffey (1971), Leopold Kohr (1978), John F. Copper (1980) y Albert O. Hirschman (1981), entre otros numerosos autores más contemporáneos. Es bastante factible que el relativo predominio del análisis cualitativo en la ciencia política en general y en los estudios del poder nacional en particular se deba a que todo análisis cuantitativo precisa de un potente entrenamiento científico-matemático, conocimientos que no cada politólogo posee.

Componentes del poder nacional ]]> Los componentes del poder nacional deben clasificarse en diversas categorías, dependiendo de su naturaleza, orígenes, recursos y posibilidades de uso. Al sumarse los factores físico-geográficos, poblacionales, materiales, intelectuales, y/u organizacionales de un determinado país, la totalidad del conjunto de dichos factores debe, al menos en términos teóricos, alcanzar la dimensión de su poder nacional, tanto estructural como relacional (v. Anexo, pp. 146-148). Sin embargo, en el caso de la medición del poder nacional y especialmente en el paradigma cualitativo de la misma, la suma de las partes no equivale a su totalidad. Aparte de los factores «recursos materiales» y «proeza militar», las dimensiones políticas, psicológicas, socioculturales e históricas desempeñan un importante papel en la determinación de la operacionalización del poder nacional contemporáneo. En el caso particular de conflagraciones bélicas regionales no basta con contar con los recursos financieros, tecnológicos y militares para iniciar y sostener una guerra de cierta duración y alcance. Más importante es establecer si el liderazgo político del país cuenta con la legitimidad y voluntad política necesarias para tal menester. Las ecuaciones correspondientes al cálculo matemático del poder nacional de algunos analistas cuantitativos le prestan cierta atención al factor político-psicológico, indicando la seriedad con la cual los «cuantólogos» toman en cuenta los factores cualitativos (Cline, 1994:97-112; Scott, 2001:92-109; Tellis, 2000:25-33).
    Podemos afirmar también que los componentes del poder nacional no representan un conjunto estático ni duradero. Se trata de cualidades inconsistentes en su naturaleza, duración e intensidad. Los países bien pueden compararse con las computadoras, en el sentido de que constan de dos ingredientes básicos: el hardware y el software. Cuentan con su masa físico-geográfica crítica, materias primas y recursos naturales (hardware), e igualmente con su población organizada y motivada, así como con un liderazgo planificador, dedicado, ambicioso, preparado (programado y programable como un software) para alcanzar ciertas metas nacionales compartidas. Al igual que una computadora debe tener una alta compatibilidad entre su hardware y software para cumplir óptimamente con su función, un Estado que aspire a maximizar su poder nacional tiene que sincronizar las capacidades intelectuales y profesionales de su población con sus recursos materiales, tanto existentes como asegurables a futuro, a fin de optimizar el desarrollo nacional del país. Los ejemplos dados por diversos países de alto desarrollo industrializado, en particular aquellos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) apuntan a que tal sincronización no es tarea imposible y que ello depende en alto grado del liderazgo político, de la estabilidad sociopolítica y sociocultural del país, de sus recursos financieros adecuadamente disponibles y administrados, así como de su (relativa) seguridad ante amenazas militares (Cutts, 1997; Itzkoff, 1991; Johnson, 1998; Olson, 1986).
    Por sus propias características, el poder nacional cuenta, primero, con la vertiente del poder por sí mismo, y luego por su naturaleza nacional. El poder, siendo una dimensión nada monolítica y mucho menos unidimensional, unifacética o estática, debe abordarse desde la perspectiva de un dinamismo más coyuntural que permanente, especialmente si su base es más de carácter relacional que estructural. El poder nacional en sus aspectos estructural-permanentes tiende a basarse en aspectos geofísicos de orden relativamente duradero como son los recursos naturales de considerable abundancia, así como la ubicación geográfica, de significado geoestratégico para el país en cuestión. Los análisis del poder nacional comenzaron a tornarse más sofisticados y acertados cuando abandonaron la visión rígida del mismo como una cualidad fija y estable de un país dado (Baldwin, 2002:178). El énfasis que se le dio al factor relacional del poder nacional, gracias a la anteriormente mencionada obra de Lasswell y Morton (1950), era ya un signo de los tiempos cambiantes, en el sentido de que la ascendente complejidad de la política internacional, su estratificación horizontal (niveles) y vertical (estructuras y jerarquías de poder), además de la creciente cantidad de otros factores que contribuyen al poder nacional de los países, como los patentes industriales, la propiedad intelectual, la nanotecnología y las telecomunicaciones, entre otros, hicieron sentir su importancia para la operacionalización del poder nacional.
    Esta estratificación no es solo vertical ni horizontal, sino más bien diagonal, es decir una combinación no lineal, indirecta, y a menudo poco proporcional, pero igual de relevante, compuesta por diversos factores de poderes que interactúan para prestarle en su totalidad cierto grado de poder nacional al país en cuestión. El cuadro 1 a continuación demuestra en forma gráfica las posibles combinaciones y los respectivos resultados de cruzar los factores permanentes o coyunturales del poder nacional con aquellos estructurales o relacionales.
 

    La etiqueta nacional que se le atribuye a un poder dado debe por definición incluir aquellos componentes del Estado que le proporcionan al mismo sus factores más básicos, es decir el territorio, la población, así como su soberanía hacia fuera, es decir ante otros países, y hacia dentro, o sea su legitimidad doméstica. Ningún país puede crear, cultivar y maximizar su poder nacional sin una apta y oportuna sincronización de todos los recursos disponibles, ya sean geofísicos y/o humanos, planificada, proporcionada y ejecutada por el aparato gubernamental. Si bien es cierto que el poder de un determinado Estado implica su independencia y autonomía de recursos naturales y/o humanos foráneos, ya sean estos estructurales o relacionales, cierto es también que tal independencia y autonomía no existe en términos absolutos, completos y duraderos, sino más bien en forma relativa, parcial y cíclica. De modo que lo más cercano que un Estado puede llegar a un poder nacional ideal es alcanzar una situación de mínima dependencia de recursos naturales y/o humanos foráneos, ya sean estos estructurales o relacionales. En este mismo contexto se puede invocar el concepto de la seguridad nacional como sinónimo del poder nacional, en el sentido de que mientras más seguridad nacional pueda garantizarle un Estado a su territorio, población y soberanías (hacia fuera y hacia dentro), con el mínimo de costos y sacrificios, más poder nacional puede reclamar. Así que todo factor y componente a disposición de un Estado que pueda contribuir constructivamente a su seguridad nacional es también íntegro e intrínseco componente de su poder nacional.
    Por otra parte, y en un contexto igualmente relevante, tanto la conceptualización como la operacionalización del poder nacional requieren y dependen en primer y alto grado de la disposición correspondiente, tanto estratégica como táctica, del liderazgo político al mando del momento. Ningún país contemporáneo puede aspirar a crear, cultivar o maximizar su poder nacional sin contar con una serie de condiciones imprescindibles, especialmente en el campo de la infraestructura organizacional, tecnologías informacionales y telecomunicacionales, base y capacidad tecnológica e industrial, todas sujetas a constante innovación y mejora en calidad y cantidad (Tellis, 2000:36-38; Anexo A). Es indudable que el promotor, planificador y ejecutor de toda política pública que conduce a la aplicación y continua mejora de las condiciones anteriormente señaladas es siempre el gobierno nacional. Es igualmente lógico esperar que éste actúe de acuerdo con un consenso nacional, ya sea explícito o implícito, directo o indirecto, en función de un conjunto de intereses nacionales consensualmente acordados por la población en general, relativamente libres de conflictos divisivos en lo político-ideológico y/o sociocultural. Tal armonía y concordia funcional, por idealista que suene, es per se otra condición imprescindible para lograr las bases de cooperación gubernamental-societal tan indispensables para sincronizar, introducir, preservar y maximizar el conjunto de recursos y capacidades que moldean el poder nacional.
    Cada poder nacional, especialmente en su actuación hacia fuera ante otros Estados, está representado por los gobiernos nacionales. Sin embargo, los gobiernos no siempre representan su propio poder nacional, ya que en ciertos casos, específicamente el de los países altamente industrializados, sus respectivas sociedades civiles, con sus empresas privadas, contribuyen significativamente a su poder nacional con un mínimo de intervención y/o apoyo gubernamental. Es primordial analizar el papel específico de los factores y variables igualmente trascendentes que inciden desde la perspectiva de la sociedad civil sobre la creación, conservación y crecimiento del poder nacional en todas sus formas y modalidades de aplicación. Siendo el estado de la tecnología, comunicación, información y producción industrial en gran parte producto del esfuerzo de la sociedad civil, los gobiernos tienden a beneficiarse igualmente de todo avance concebido y realizado por los sectores que la componen. De allí que vale recalcar que el poder nacional bien puede considerarse desde tres perspectivas: o netamente gubernamental, o netamente societal o mixta, siendo ésta última la configuración más cercana al poder nacional en su expresión más neta e incluyente, es decir verdaderamente nacional. ]]>     La vertiente netamente gubernamental del poder nacional se expresa en la totalidad de los recursos y capacidades de toda clase a disposición del gobierno nacional, representado éste por la institucionalidad, legitimidad, calidad de gobernabilidad y por la eficacia de las políticas públicas correspondientes. Igualmente, la ideología y los valores socioculturales que un gobierno nacional dado profesa y aplica en nombre suyo y de su respectiva sociedad civil son elementos de su poder nacional doméstico, siempre y cuando estén reflejados en la actuación de sus instituciones gubernamentales, tanto hacia dentro como hacia fuera del país. En este sentido, el poder nacional de índole netamente gubernamental se manifiesta a través del Estado, es decir mediante la actuación de las instituciones que componen y sostienen al gobierno nacional: el sistema político, su rama legislativa, ejecutiva y judicial, así como toda institución creada, administrada y financiada por el gobierno nacional. En esta categoría cabe definitivamente el manejo de los recursos naturales, la fortaleza fiscal y la adecuada distribución del gasto público, de acuerdo con los Planes de Desarrollo de la Nación, así como la creación y maximización de los recursos humanos mediante las políticas de educación, de empleo y de salud pública. El poder nacional militar es también dominio del poder nacional gubernamental, no solamente en términos cuantitativos, sino también y especialmente en términos cualitativos.
    En su modalidad netamente societal, el poder nacional tiende a ubicarse en la productividad y en la respectiva proyección internacional que emana de la sociedad civil, es decir de esfuerzos productivos de índole privada orientados al exterior. Allí podemos ubicar proyectos y empresas de actividad económico-comercial, incluyendo aquella basada en tecnología y producción industrial, de propiedad privada. La riqueza y la productividad financiero-industrial generadas por esfuerzos de individuos y/o grupos privados de la sociedad civil tienden por lo general a beneficiar también al gobierno nacional, en el sentido de que aseguran empleos y fuentes de ingresos a otros ciudadanos, contribuyendo así a cierta estabilidad socioeconómica, la cual termina siendo un importante aspecto en generar legitimidad y estabilidad sociopolítica para todo gobierno nacional que apoya la actividad económica privada productiva. Aquellos aspectos de la actividad económica societal-privada que tenga incidencia positiva, tanto directa como indirecta, sobre la creación y perfeccionamiento de los recursos del país, tales como la economía, la educación, la salud pública, así como la ciencia y tecnología, constituyen, al menos teóricamente, un trascendental factor en reforzar el poder nacional gubernamental y también cohesionar el poder nacional mixto.
    El poder nacional en su esquema más pan-nacional, llamado aquí mixto, abarca los componentes del poder nacional gubernamental así como societal. El poder nacional mixto engloba en su proyección externa la suma de los recursos, bienes, capacidades y modalidades de productividad que un país ostenta en un momento dado, independientemente de que si tales recursos y capacidades deben atribuirse al poder nacional gubernamental o al societal. Aunque todo gobierno se responsabiliza por el «inventario» geofísico y natural del país, de la administración adecuada de los bienes públicos y de asegurar la seguridad y bienestar socioeconómico de la población, entre otros trascendentes menesteres gubernamentales, el poder nacional gubernamental se beneficia de los logros privados de sus ciudadanos, incluyendo aquellos de nacionalidad extranjera, tales como empresas exitosas, innovaciones tecnológicas, patentes intelectuales y hasta diversos servicios públicos e infraestructurales, de modo que tales logros se traduzcan en una capacitación externa ventajosa, también llamada competitividad internacional, para el país en su totalidad. El poder nacional de todo país, específicamente de tipo mixto, representa en cierto grado el producto de la exitosa sincronización entre su hardware por un lado y su software por el otro, teniendo en cuenta la absoluta relevancia de la planificación estratégica gubernamental, la calidad humana y ejecutiva del liderazgo sociopolítico del país, la motivación hacia un desarrollo equitativo y la madurez sociocultural.

Factibilidad de la medición empírica del poder nacional
La factibilidad de la medición empírico-cuantitativa del poder nacional ha ocupado a relativamente pocos autores interesados en este tema. Aparte de los trabajos específicos anteriormente señalados de Cline, Singer y Small (proyecto «Correlaciones de las guerras», 1972), así como de Kadera y Sorokin, otros autores elaboraron valiosos esquemas cuantitativos sobre las capacidades bélicas de los diversos países a lo largo de los siglos XIX y XX, a fin de determinar aquellos factores y condiciones, empíricamente cuantificables, que han contribuido directa y linealmente a la supremacía de unos sobre otros con base en sus recursos conflictivos.¹ No obstante este importante esfuerzo académico y este apreciable cúmulo de datos empíricos, el problema de encontrar una fórmula matemática única capaz de resolver la cuantificación del poder nacional de un determinado país sigue siendo un serio desafío a la comunidad politológica internacional. Vale recalcar en este contexto que el interés por desarrollar tal fórmula matemática no solo representa un anhelo de los decisores nacionales ansiosos por simplificar y sincronizar la toma de sus decisiones, sino que también corresponde a una legítima curiosidad académica y científico-social en cuanto a la factibilidad empírica de medir fenómenos sociopolíticos mediante ecuaciones y fórmulas matemáticas.
    Dado que las obras indagadas y mencionadas anteriormente arrojaron tan solo dos de tales fórmulas, una de índole aritmética y la otra geométrica, podemos afirmar que la tendencia hacia la apreciación cualitativa, aunque apoyada considerablemente en estadísticas y otros datos empíricos del poder nacional, ya sea en su proyección unilateral o bilateral (dual-dyadic), sigue prevaleciente en la bibliografía especializada anglosajona. Es de anotar aquí que los autores Cline, Kadera y Sorokin se destacaron por sus respectivos esfuerzos para intentar expresar las capacidades nacionales en ecuaciones cuantitativas, pese a que aparentemente no tuvieron mayor impacto en los estudios politológicos sobre el poder nacional. La fórmula de Cline se basa más en la percepción subjetiva del poder nacional y en su modalidad unilateral (estructural) que en su apreciación aritmética y objetiva (Cline, 1994:27-30). El poder nacional de un país dado existe en la medida en que otro país perciba su poder como tal. En su ecuación al respecto, Cline enfatiza el aspecto percibido del poder nacional unilateral y desarrolla su valor de la siguiente manera: Pp = (C + E + M) x (S + W), donde Pp corresponde al poder nacional percibido, C es la masa crítica (población y territorio) del país en cuestión, E la capacidad económica, M la capacidad militar, S el propósito estratégico/interés nacional, y W la voluntad política para realizar el propósito estratégico.
    Mientras que la ecuación de Cline se refiere exclusivamente a las variables propias de un país, el proyecto «Correlaciones de las guerras» enfatiza la naturaleza relacional del poder nacional de determinados países y expresa su poder nacional en términos de seis indicadores matemáticamente calculados para representar el poder nacional relativo de esos países (Small y Singer, 1982). La fórmula utiliza los indicadores de los gastos militares (Gm), personal militar (Pm), la producción nacional de hierro y acero (PNha), el consumo nacional energético (CNe), la población nacional urbana (PNu), y la población nacional total (PNt). Esta ecuación se titula «indicador compuesto de las capacidades nacionales» (ICCN) y se calcula de la siguiente forma (Singer y Small, 1972:317):
 

    La investigación realizada por Kadera y Sorokin, apoyándose en otras investigaciones similares, arroja dudas en cuanto a la validez universal del cálculo del ICCN, específicamente cuando se trata de aplicarlo en términos más relacionales (bilaterales) y no estructurales (unilaterales), es decir, cuando un país aspira a operacionalizar sus capacidades nacionales adquiridas en actuación bilateral-conjunta con otro(s) país(es) (Kadera y Sorokin, 2004:212-221). En su obra conjunta, estos dos autores plantean otra fórmula, aunque similar en contextura, pero que resalta la proporcionalidad geométrica al calcular el promedio de las capacidades nacionales de los países. En lugar de una simple división de la suma de las capacidades nacionales –Gm + Pm + PNha + CNe + PNu + PNt– por la cifra seis (6), vale aplicar el promedio geométrico de la suma de las mismas capacidades nacionales, incorporando para cada capacidad nacional su relación proporcional con el total (t) de la misma capacidad para el dúo (dyad) de los países involucrados, planteando la fórmula del «indicador geométrico de las capacidades nacionales» (IGCN) de la siguiente manera:
 

    Considerando que la fórmula del ICCN reseñada anteriormente ha gozado de cierta aceptación en la comunidad académica politológica anglosajona desde su publicación en 1982, podemos afirmar que tal aceptación se basaba en cierto consenso entre los estudiosos de la materia en cuanto a la factibilidad de evaluar el poder nacional, ya sea estructural (unilateral) o relacional (bilateral), en términos numéricos, siempre y cuando no existan serios cuestionamientos de los datos empíricos y estadísticos utilizados en los análisis correspondientes. Las revisiones que aparecieron gradualmente a partir de 1982, en especial las críticas de A. F. K. Organski y Jacek Kugler, contribuyeron a que la fórmula del ICCN evolucionara a aquella de la IGCN en 2004, la cual pareciera ser la única aceptada y usada con casi ninguna objeción. Ello no significa, a nuestro modo de ver, que el debate sobre la factibilidad de la medición cuantitativa del poder nacional se haya aclarado satisfactoria y definitivamente a favor de ecuación IGCN, sino indica más bien que los «cuantólogos» al menos encontraron una fórmula que, aunque parezca temporal, se ha establecido como poco controversial.
    Por parte de los analistas cualitativos, tal como lo demuestran la investigación de Ward y Stoll de 1989, de Ashley J. Tellis et al. del año 2000 y de John Scott de 2001, la tendencia sigue en enumerar, clasificar y comparar los diversos componentes del poder nacional, inclusive acudiendo a términos cuantitativos, a fin de determinar las ventajas que un país dado pueda poseer frente a otro u otros. No obstante la cantidad y calidad de componentes que se suele abarcar en esta materia, llama la atención el énfasis que se pone no tanto en las capacidades militares de los Estados bajo estudio, sino en las inversiones en educación, investigación y desarrollo e industria manufacturera, así como en la ciencia y tecnología crítica (v. Anexo). La naturaleza mayormente civil de los componentes señalados y la incertidumbre relativa a cuantificar cada uno de ellos de modo certero y definitivo invitan a pensar en la posibilidad de emplear términos mixtos de evaluación –posiblemente «cuantilativos»–, que combinan y juntan metodológicamente la dimensión cualitativa (para componentes relacional-coyunturales) con la cuantitativa (para componentes estructural-permanentes), mediante el uso intensivo de programas tridimensionales altamente sofisticados de computación. Dadas las inmensas oportunidades del uso de tales computadoras, la perspectiva real de contar con métodos científicos «cuantilativos» para reseñar fenómenos sociopolíticos, como lo es el poder en general y el poder nacional en particular, ya sea estructural (unilateral) o relacional (bilateral), no es del todo ni ficticia ni remota.

Conclusiones: utilidad práctica de la medición empírica del poder nacional
En la altamente jerarquizada y endeblemente regulada arena de las relaciones internacionales contemporáneas, cada Estado cuenta con recursos y capacidades, ya sean estructurales, unilateral-propias y/o relacionales, bilaterales y/o coyunturales, a fin de poder proseguir sus intereses nacionales. Este conjunto de recursos y capacidades gubernamentales y societales, llamados aquí el poder nacional mixto, solo puede sostenerse si los Estados en cuestión procuran cultivarlo y agrandarlo permanentemente, en sus vertientes tanto cuantitativas como cualitativas, puesto que los demás Estados suelen hacerlo también con los mismos fines. De hecho, observamos que los poderes nacionales se encuentran en competencia permanente por asegurar y maximizar sus ventajas corporativas (también llamadas competitivas) al ingresar a alianzas bi o multilaterales, y a organismos regionales y/o internacionales. En un mundo cada vez más globalizado y globalizante, el poder nacional hoy por hoy pasa a ser más bien un conjunto de ventajas competitivas inconsistente en cantidad y calidad. Para evitar que esta situación de competencia permanente degenere en rivalidades destructivas, ya sean bilaterales o multilaterales, en crisis, conflictos y hasta guerras, vale aplicar el poder nacional en forma cooperativa, conciliatoria, complementaria: transiciones, transferencias y distribución negociada de los poderes nacionales. ]]>     El poder nacional debe analizarse por separado de las intenciones, metas e intereses nacionales de los Estados interactuando en la arena internacional. La problemática de la medición confiable del poder nacional –ya sea cuantitativa, cualitativa o «cuantilativa»– puede ser bastante manejable, o sea «medible», por contar con componentes cuantificables. Pero al incluir factores empíricamente imposibles de medir, como los son las intenciones, la voluntad política y la disposición psicológica de los decisores claves, la medición se desprende de lo cuantificable. Sólo al combinar el potencial del poder nacional de un determinado Estado con sus objetivos e intenciones internacionales más cuantificables podemos apreciar el valor práctico, en especial su versión bilateral y relacional, de tal poder en las relaciones internacionales. Las fórmulas anteriormente presentadas, es decir la aritmética (Cline, 1994; Singer y Small, 1972) y la geométrica (Tellis et al., 2000) simbolizan hasta la fecha el cúmulo relativamente exitoso de los esfuerzos de los «cuantólogos». No obstante este importante logro académico y teórico-científico, evaluar su impacto práctico resulta irrealizable, ya que no existen estudios que demuestren sus aplicaciones en la toma de decisiones en materia de política exterior de los diversos países, lo cual hace dudar de su practicabilidad, al menos en este particular campo de estudio que es la ciencia política.
    A manera de conclusión del presente ensayo, nos interesa abordar el tema de los usos y abusos del poder nacional. Las modalidades de tal uso varían conforme al cruce de las capacidades estatales relevantes y disponibles, y a la voluntad política del liderazgo del país en cuestión para operacionalizar tales capacidades en la arena de las relaciones internacionales en pro de ciertos objetivos políticos. Los objetivos nacionales más importantes incluyen sus intereses nacionales y tomar en cuenta las normas de conducta institucional y ética, así como las del derecho internacional público. De allí que tal aplicación pudiese realizarse mediante instrumentos «suaves» y/u otros «duros». No obstante la determinación de aplicar el poder «suave» (presiones diplomáticas, sanciones económicas) o el poder «duro», (intervenciones militares directas o indirectas), todo decisor nacional toma las decisiones correspondientes muy de acuerdo con el esquema realista-racional pertinente en materia de política exterior, es decir balanceando los intereses nacionales y beneficios deseables de tales decisiones contra sus posibles costos, tanto a corto como a largo plazo.
    Presentamos en la página siguiente una matriz (cuadro 2), denominada «campos de aplicación del poder nacional en la política internacional», que ilustra el cruce entre los diversos campos de uso (y también de abuso) de las capacidades estatales, principalmente gubernamentales, con los distintos criterios y niveles de legitimización ante otros entes y/o actores, tanto estatales como no estatales.
 

    La matriz aborda de manera esquemática, por un lado, la relación tanto causal como funcional existente entre las modalidades del uso –y posiblemente abuso– de los diversos recursos y capacidades disponibles para los Estados, y por otro, las cuatro normas básicas de tal uso/abuso en el marco internacional. Es preciso afirmar en este contexto que pocos países actúan en la política internacional contemporánea sin el mínimo de alguna forma de justificación, es decir algún nivel y/o intensidad de argumentación legitimizadora de tal actuación. Independientemente de la forma y alcance del poder nacional real que un Estado posea, la justificación de uso para fines de su política exterior e internacional siempre tiende a ser selectivamente aplicada en pro de un papel geopolítico internacional de máximo beneficio y mínimo de costos. A sabiendas de que cualquier actuación exterior le puede traer ciertas consecuencias no siempre beneficiosas y a menudo hasta perjudiciales, la justificación del uso/abuso del poder nacional de un determinado país en contra de otro se torna un proceso trascendentalmente integral de tal actuación. La legitimación basada netamente en el interés nacional casi nunca se utiliza sola, sino que viene acompañada de cualquiera de las otras tres, ya sea por separado o en cualquier combinación, es decir, las normas institucionales, las éticas o las del derecho internacional público.
    Aceptando que todo poder nacional emana de y se sustenta en las capacidades domésticas de cada país, la actuación internacional de los Estados hoy por hoy tiende a ser justificada, apoyada y complementada por las políticas publicas nacionales. En este sentido y a manera de ejemplo, el uso de la fuerza militar en intervenciones internacionales, ya sean humanitarias o políticas, sirve por lo general para que las potencias interesadas y capaces de tales intervenciones puedan probar y mantener actualizadas sus diversas innovaciones tecnológicas y/o capacidades en el campo militar, ya sean armas especiales (misiles «inteligentes», sensores químicos o aviones no-tripulados), telecomunicaciones informacionales avanzadas («internet táctico»), o doctrinas militares novedosas, entre otras necesidades. La medición acertada de un poder nacional dado, ya sea cuantitativo, cualitativo o «cuantilativo», comienza ciertamente en el ámbito de las capacidades domésticas, siendo sus diversos componentes producto de la voluntad y de la capacitación nacional para lograr una provechosa y sostenible proyección externa. Esta medición le sirve no solamente a los propios decisores nacionales, sino también, y sobre todo, a sus rivales en la arena de la política internacional, a fin de intentar predecir los resultados de sus futuras interacciones.

Referencias bibliográficas

Rendimiento nacional ]]> Capacidad infraestructural
• Proporción de impuestos directos e indirectos (internacionales) sobre comercio
• Proporción de ingresos tributarios y no tributarios
• Capacidad actual de ingresos tributarios medida en relación a países comparables

Capacidad intelectual
• Rendimiento nacional en exámenes de aptitud académica
• Niveles de apoyo financiero público para programas de investigación y desarrollo en tecnologías críticas
• Niveles de apoyo financiero público para inversiones en la formación de capital humano
]]> Capacidad militar
• Tamaño absoluto del presupuesto de la defensa
• Tamaño del presupuesto de la defensa con relación al PTB y a otros países comparables
• Niveles de educación logrados por cadetes y oficiales
• Cantidad de instituciones relacionadas con investigación, desarrollo, entrenamiento y educación de unidades de combate
• Cantidad de instalaciones de entrenamiento avanzado
• Cantidad disponible de sistemas de combate sofisticados

Capacidad de conversión
• Nivel y alcance de entrenamiento militar en el exterior ]]> • Cantidad de ejercicios militares conjuntos de alto nivel

Eficacia de combate
• Existencia de indicadores de uso eficaz de tecnología y de integración en situaciones de combate

NOTAS:

1 Bueno de Mesquita y Lalman, 1992; Geller y Singer, 1998; Hart, 1976; Kadera, 2001; Kugler y Lemke, 1996; Singer y Small, 1972; Siverson y Starr, 1991; Small y Singer, 1982.