Magda Biavaschi**
* Este artículo forma parte del Proyecto Binacional: «Las reconfiguraciones del trabajo y las múltiples caras de la precariedad laboral. Un análisis comparativo entre Argentina y Brasil». Acuerdo de Cooperación Internacional entre el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina (CONICET) y la Fundação de Amparo á Pesquisa do Estado de Sao Pablo (FAPESP), dirigido por Andrea Del Bono y Marcia Leite.
** Doctora y posdoctora en Economía Social del Trabajo por el Instituto de Economía de la Universidad Estadual de Campinas (Unicamp), investigadora del Centro de Estudos Sindicais e de Economia do Trabalho del IE/Unicamp y profesora de varios de sus posgrados. Correo-e: magdabia@terra.com.br
Abstract
This article addresses the process of regulating subcontracting in Brazil in a dialogue with the realities of Argentina and Uruguay. Focusing on the Brazilian process and its dynamics, the text discusses the action of social actors linked to the resistance against lwa that expand the possibilities of subcontracting beyond the limitations set by the current regulation that limits that form of labor contract in the main activities of the executor of a service. It also discusses the legislative proposal elaborated by the trade union centers within the framework of the Ministry of Employment and Labor.
Key words: Regulation of outsourcing / Union resistance / Social actors
Resumen
Este artículo aborda el proceso de reglamentación de la subcontratación en Brasil en un diálogo con las realidades de Argentina y Uruguay. Centrado en el proceso brasileño y su dinámica, el texto discute la acción de los actores sociales vinculados con la resistencia contra los proyectos de ley que amplían las posibilidades de subcontratación, más allá de las limitaciones fijadas por la regulación vigente, la cual restringe esa forma de contratar en las actividades principales de la ejecutora de un servicio. En él se discute también la propuesta legislativa elaborada por las centrales sindicales en el marco del Ministerio del Empleo y Trabajo.
Palabras Clave: Reglamentación de la subcontratación / Resistencia sindical / Actores sociales
]]> Recibido: Agosto 2016 Aceptado: Noviembre 2016Introducción
Este artículo, escrito en tiempos de profundización de las desigualdades, de convulsión de las instituciones republicanas y de retroceso de los derechos sociales a escala universal –efectos deletéreos del capitalismo contemporáneo– aborda el proceso de reglamentación de la subcontratación en Brasil en un diálogo con las realidades de Argentina y Uruguay. Concentrándose en el proceso brasileño y su dinámica, el texto discute la acción de los actores sociales vinculados con la resistencia o defensa de los proyectos de ley que amplían las posibilidades de subcontratación, más allá de las limitaciones fijadas por la regulación vigente (Súmula 331, del Tribunal Superior de Trabajo, TST) que limita esa forma de contratar en las actividades principales. Las investigaciones que sustentan este texto se enmarcan en el eje «Subcontratación», del proyecto temático «Contradições do Trabalho no Brasil Atual. Formalização, Precariedade, Terceirização e Regulação».1 Aquí se discute también la propuesta legislativa elaborada por las centrales sindicales en el marco del Ministerio del Empleo y Trabajo MTE, que fue aceptada, con algunas adecuaciones, por el Forum Nacional em Defesa dos Direitos dos Trabalhadores Ameaçados pela Terceirização.2
La subcontratación ha ganado terreno cuando el desarrollo del capitalismo ha presionado hacia la liberalización de los mercados (Santos y Biavaschi, 2014; Biavaschi y Droppa, 2016), avanzando sobre las esferas públicas y privadas. La misma se ha expandido en América Latina especialmente desde la década de 1990, impactando negativamente en la vida de los trabajadores y sus organizaciones, y su existencia se traduce en un alto potencial de precarización del trabajo. Las empresas la adoptan, en general, como estrategia para reducir costos, compartir riesgos e incrementar la flexibilidad organizacional (Krein, 2007); por lo tanto, discutir su proceso de reglamentación en Brasil en un diálogo con otras experiencias de América Latina es un tema actual y de mucho interés.3 Este artículo comprende la subcontratación como una de las expresiones del movimiento del capitalismo contemporáneo, en un momento en que las cadenas de valor y las redes mundiales de producción han redefinido las relaciones laborales, fragmentando la organización de los trabajadores e impactando en la regulación social del trabajo.
En Brasil, varias investigaciones han evidenciado que los trabajadores subcontratados son los más proclives a sufrir accidentes de trabajo y que, especialmente en el sector textil,4 han sido sometidos a regímenes de trabajo análogos a la esclavitud.5 En los últimos años (Biavaschi y Droppa, 2016), las discusiones acerca de este modo de contratar se han intensificado y se expresan en la forma de dos movimientos contrastantes: de un lado, los que defienden la inviabilidad del desarrollo económico y la caída del desempleo en los marcos de la Constitución de 1988, juzgando necesaria la aprobación de medidas que profundicen los programas de ajuste fiscal; así mismo, en el plano de las relaciones laborales, se hacen propuestas que invierten las fuentes del derecho laboral, atribuyendo el predominio de los acuerdos negociados sobre la legislación, flexibilizando el concepto de trabajo y el de esclavitud y ampliando la subcontratación a cualquier actividad económica; tal es el caso del Proyecto de Ley 4330/04 (PL 4330/04), aprobado en la Cámara de Diputados en abril de 2015 y en discusión ahora en el Senado Federal como Proyecto de Ley de la Cámara 30/2015 (PLC 30/2015), y del PL 4302/98 que, aprobado por el Senado, ha regresado a la Cámara de Diputados, listo para ser votado.
La sínteses de esas propuestas será presentada enseguida, pero es importante señalar desde ya que, aún con especificidades, ambas amplian la subcontratación más allá de los límites colocados por la Súmula 331. En este terreno están, por un lado, economistas e investigadores liberales que defienden la subcontratación como una forma de incremento de la productividad, de ampliación de la competitividad y de generación de puestos de trabajo; por el otro lado, están economistas e investigadores de distintas áreas del conocimiento que afirman que no existe evidencia teórica ni empírica de que esta forma de contratación aumente la productividad y la competitividad, contribuyendo, por el contrario, a profundizar iniquidades y precarizar aún más las relaciones laborales (Santos y Biavaschi, 2014).
En este artículo, que se inserta en la segunda corriente,6 se entiende la subcontratación como una de las expresiones del capitalismo globalizado y hegemonizado por los intereses de las finanzas. El reto que hoy en día enfrentan los especialistas para conceptulizar la tercerización en su amplitud y complejidad es grande (Basualdo y Esponda, 2014). En parte, esta dificultad conceptual responde a que la tercerización se presenta de múltiples formas en el mundo del trabajo. Siguiendo a Krein (2007), esta puede ser reconocida en: la contratación de redes de proveedores con producción independiente; la contratación de empresas especializadas de prestación de servicios de apoyo; la administración de trabajadores temporales por las agencias de empleo; la contratación de personas jurídicas o autónomas para actividades esenciales; el trabajo en el hogar; las cooperativas de trabajo; o, aún, por medio del desplazamiento de parte de la producción o de sectores para ex empleados. En esta dinámica, puede ocurrir la «tercerización de la subcontratación» –cuando una empresa contratista subcontrata otras– o la «cuarterización» –cuando se contrata una empresa con función específica de gestionar contratos con las contratistas.
Jurídicamente, la subcontratación ocurre cuando un tercero cruza el binomio empleado/empleador, expresando un fenómeno tanto interno como externo al contrato de trabajo. Para esta clasificación, lo interno y externo están relacionados tanto con el local de prestación de los servicios como con el área de influencia de la empresa contratante (Basualdo y Esponda, 2014). En sentido interno (Viana, 2006), la subcontratación expresa una situación en la que alguien claramente se interpone entre el empleado y el tomador de servicios. En el sentido externo, la subcontratación surge de múltiples formas, como cuando alguien se interpone entre el empresario y el consumidor; en la adopción de formas simuladas por medio de un supuesto contrato de naturaleza civil, como los de arrendamiento, factoraje, suministro de productos terminados (contratos de facção, muy presentes en el sector de confecciones); en contratos de compra y venta; y en la contratación de «personas jurídicas» o cooperativas. Este artículo se acerca a la subcontratación de forma amplia, en las concepciones interna y externa, buscando tener en cuenta su complejidad.
Para entender el papel del Estado en la reglamentación de ese proceso, se adopta la teoría relacional del poder (Poulantzas, 1978). Esta teoría trata el Estado como una condensación material de fuerzas; es decir, la condensación material y específica de una relación de fuerzas entre clases y fracciones de clases, con el tema de la política ocupando un espacio relevante. Esta teorización contribuye a una mejor comprensión del rol de las instituciones públicas y sus contradicciones (Santos y Biavaschi, 2014). Si se comprende el Derecho también como relación, la estructura social –nivel del todo social complejo– resulta de su interacción con los demás niveles de este todo (Grau, 2002). En el Derecho Laboral se establece una relación de poder (Neumann, 1983), cuyo objeto es la relación entre trabajador y empleador.
Para profundizar en el desarrollo de estas ideas, el primer apartado del artículo se inicia con algunas consideraciones acerca del capitalismo contemporáneo y sus impactos en las relaciones de trabajo, entendiendo la subcontratación como una de sus expresiones. En las secciones posteriores se discuten los siguientes temas: el proceso de reglamentación de la subcontratación en Brasil, enfatizando en la Súmula 331 del TST; algunos proyectos de ley que están siendo tramitados en el parlamento, con foco en la PL 4330/04 que hoy se transformó en la PLC 30/2015, haciendo también algunas consideraciones sobre el PL 4302/98. También se discute la propuesta elaborada por las Centrales Sindicales en el ámbito del Ministerio de Trabajo y Empleo (MTE). Finalmente, en el artículo se dialoga con las experiencias normativas de Argentina y Uruguay, buscando traer elementos al debate acerca de la importancia de construir una ley específica de subcontratación para contribuir a la constitución de sociedades menos desiguales. A modo de cierre, el texto presenta algunas reflexiones finales.
]]> Subcontratación y capitalismo: algunas consideracionesLos capitales siempre van en búsqueda de ganancias extraordinarias, transformando esta acción en una verdadera «compulsión» (Schumpeter, 1975). Para eso, introducen, sin cesar, innovaciones en la forma de producir y organizar la empresa, y en su relación con las otras, creando nuevas formas de organización.
En las décadas de los ochenta y noventa, la circulación de riqueza financiera, hacia países garantes de mayor rentabilidad, invadió la gestión del sector productivo, especialmente en las grandes corporaciones, entretejiéndose el capital productivo y el ficticio (Braga, 1997). En este marco, ciertas formas consolidadas de organización se han cambiado en el ámbito de la estructura productiva. Las empresas han desplazado parte de los procesos de trabajo a proveedoras de servicios actuando de manera dispersa y fragmentada, estando las motivaciones económicas en el centro de las iniciativas (Biavaschi y Teixeira, 2015; Biavaschi y Droppa, 2016). Estos cambios se insertan en un conjunto de transformaciones a nivel mundial, aunque las especificidades regionales sean relevantes para comprender la libertad de acción de los Estados nacionales en la definición de sus políticas.
En la articulación entre sistema financeiro y productivo que direccionan las inversiones productivas y tecnológicas, los países desarrollados relegan a los menos desarrollados a la condición de exportadores de materias primas o de productores de bienes de bajo valor agregado (Ibidem). En un movimiento que los estudiosos han llamado de dislocamiento, las redes mundiales de producción y las cadenas de valor redefinen las relaciones de trabajo, y se constituye un proceso de fragmentación de las organizaciones sindicales y de deconstrucción de la red de protección social al trabajo. Por otro lado, en un contexto de gran competencia internacional, la gestión de los procesos de producción se concentra en las manos de grandes grupos económicos, acentuando la disputa entre los países periféricos por los recursos que, en general, están sometidos a las directrices mundiales de gestión. La subcontratación es una de las expresiones de este movimiento (Biavaschi y Teixeira, 2015; Biavaschi y Droppa, 2016).
Como resultado de estos cambios, la subcontratación se ha intensificado en el conjunto de países latinoamericanos en la década de 1990. Antes circunscrita a determinadas actividades económicas, se ha generalizado al conjunto de la economía, alcanzando a la industria, al comercio, a los servicios, a la zona rural y al sector público, donde ha logrado un considerable avance, expresándose de distintas formas, incluso a través de la contratación de cooperativas de trabajo y de organizaciones sociales (Uriarte y Colotuzzo, 2008). Brasil no está al margen de esta realidad (Teixeira y Coelho, 2014); las empresas en el país han adoptado la subcontratación como estrategia de reducción de costes y de búsqueda por mayores ganancias. Las promesas anunciadas de una mayor competitividad y ampliación de puestos de trabajo, de hecho, ocultan los deseos de disminución de costos del trabajo e incremento de las ganancias. Esto ocurre en un momento de retroceso de las conquistas sociales y de difusión de la idea de que la «liberación de las fuerzas que impulsan la acumulación de capital, es un movimiento ‘natural’ e ‘irreversible’ en dirección al progreso y a la realización de la autonomía del individuo» (Belluzzo, 2013:33).7
La reglamentación de la subcontratación en Brasil y su dinámica
Durante la dictadura civil-militar, la Ley 6019/1974 –«Ley del Trabajo Temporario»– había abierto las puertas a la subcontratación al introducir la posibilidad de que un tercero entrase en el binomio empleado-empleador, introduciendo la relación «trilateral» o «asimétrica», pero hasta la fecha no hay ley específica que discipline la subcontratación en Brasil. Frente a esta brecha y a las demandas judiciales, el TST buscó estandarizar la jurisprudencia con el Enunciado 256, de septiembre de 1986. Esto restringió la subcontratación al determinar que el empleador es el tomador del servicio, el que se beneficia con la actividad contratada, con excepción del trabajo temporal y los servicios de vigilancia, regulados por leyes específicas.
En 1993, frente a sustantivas presiones de sectores patronales y también de organizaciones de trabajadores tercerizados (Biavaschi y Droppa, 2011), el Subprocurador-General del Trabajo del Ministerio Publico del Trabajo canceló el Enunciado 256, reemplazándolo por la Súmula 331, legitimando la subcontratación en las actividades secundarias y prohibiéndola en las actividades principales, estableciendo como subsidiaria la responsabilidad de la contratante (Biavaschi y Droppa, 2014). En 2000, esta responsabilidad se extendió a las entidades públicas que subcontratan.
Aunque en aquel momento la Súmula 331 representaba un retroceso respecto al Enunciado 256, los sectores más conservadores de la sociedad siguieron presionando para eliminar las limitaciones a la subcontratación contempladas en aquella. En noviembre de 2010, el Supremo Tribunal Federal (STF), por mayoría, juzgó la Acción Declaratoria de Constitucionalidad del artículo 71, § 1 de la Ley de Licitaciones (Adcon n°16). Este artículo exime de responsabilidad laboral a la entidad pública que subcontrata. La decisión ha estimulado la ampliación de la subcontratación en el servicio público (Biavaschi y Droppa, 2015) aunque, al revisitar la Súmula, el TST haya mantenido la entidad pública como responsable en caso de evidente culpa in eligendo e in vigilando, situaciones ya instituidas en el Código Civil.8
Ahora bien, incluso después de este cambio, las presiones continuaron; esta vez, en el sentido de la cancelación de la Súmula 331. En medio de este proceso, el TST convocó a una Audiencia Pública,9 en octubre de 2011, con participación de empresas, direcciones sindicales, economistas, sociólogos, juristas e investigadores. La iniciativa demostró la disposición de este Tribunal de promover un diálogo más amplio con agentes envueltos en las cuestiones que afectan la sociedad brasileña (Biavaschi y Teixeira, 2015). Al final de la Audiencia, el Presidente del TST se enfocó en uno de los puntos que consideró esencial para mejorar la reglamentación: la responsabilidad solidaria del tomador del servicio respecto de las obligaciones laborales, así como la limitación del uso de la subcontratación, como lo describe la Súmula 331 del TST.10 En seguida, entidades y direcciones sindicales, investigadores, economistas, sociólogos y juristas presentes en la Audiencia Pública, y con posicionamiento crítico respecto a la subcontratación, elaboraron un Manifiesto acerca del tema (entonces llamado Manifiesto del Fórum). Es asi que el Fórum, convertido en actor político en la Cámara Federal, se ha destacado en la resistencia contra la liberalización de la subcontratación. En ese manifiesto se señalan los pilares que deben ser considerados en cualquier proyecto de ley que busque regular la subcontratación.
]]> Los eventos siguientes evidencian la continuidad de las disputas y de la tensión subyacente. Mientras las fuerzas sociales resistentes buscaban frenar la votación del PL 4330/04, los defensores de su aprobación elegían otro espacio para sus ataques contra cualquier límite a la subcontratación: el STF (Supremo Tribunal Federal). En 2014, un Ministro del STF propuso analizar el Recurso Extraordinario (RE) presentado por Celulose Nipo Brasileira S/A (CENIBRA) en el ámbito de Repercusión General,11 en contra de un acuerdo del TST, según el cual la empresa había sido reconocida como real empleadora de trabajadores subcontratados. Seis Ministros respaldaron la propuesta de aceptar enjuiciar la cuestión bajo la forma de Repercusión General; la cuestión de fondo no fue resuelta.En suma, lo que está en discusión es si el TST, al prohibir la subcontratación de las actividades principales, estaría o no violando la «libertad de contratar» o el «principio constitucional de libre iniciativa», que está garantizado por la Constitución de 1988 (Biavaschi y Teixeira, 2015:10). Además de este juicio, el STF discute la subcontratación en los call centers de empresas de telecomunicaciones bajo la forma de Repercusión General. En septiembre de 2015, frente al pedido de Contax S/A, Associação Brasileira de Telesserviços (Asociación Brasileña de Teleservicios) y la Federação Brasileira de Telecomunicações (Federación Brasileña de Telecomunicaciones), se suspendió la continuación de todos los procesos en marcha que discutiesen la subcontratación en call centers (Biavaschi y Teixeira, ibidem).
En referencia a estas iniciativas de suspensión de procesos, en agosto de 2014, la Associação Brasileira do Agronegócio (Asociación Brasileña de Agronegocios) utilizó una Argumentación de Incumplimiento del Precepto Fundamental (ADPF 324) para suspender todas las acciones en tramitación en la Justicia del Trabajo acerca de la subcontratación. Pidió, además, reconocimiento de la inconstitucionalidad de la interpretación de la Justicia del Trabajo al limitar la subcontratación «... en evidente violación de los preceptos constitucionales fundamentales de la legalidad y de la libre empresa».12 El parecer del Procurador General de la República fue por el no seguimiento de la argumentación y, en el mérito, por la improcedencia (Biavaschiy Droppa, 2016: 238).13 Las cuestiones de fondo, sin embargo, no han sido juzgadas por el STF.
Mientras tanto, el Fórum ha convocado una reunión para discutir estrategias, incluso respecto a la posibilidad de solicitar la realización de una audiencia pública en el STF. El tema propuesto era la Súmula 331 del TST, para definir si este, al prohibir la subcontratación en las actividades principales, estaría o no violando la libertad de contratación prevista en la Constitución de 1988.
De los proyectos de ley en curso en el Parlamento brasileño
Para establecer un diálogo entre las leyes sobre subcontratación en Argentina, Brasil y Uruguay, este texto analiza algunos proyectos de ley que se han presentado al Parlamento acerca de la subcontratación. El foco es, como se dijo inicialmente, el PL 4330/04, aprobado en la Cámara de Diputados y en discusión en el Senado Federal, donde se tramita como el PLC 30/2015 y el PL4302/98, proyecto ya aprobado en el Senado y listo para ser votado en la Cámara, después de haber estado detenido por mucho tiempo. Ambos eliminan límites a la subcontratación para permitirla en cualquier actividad, en visible retroceso en cuanto a la Súmula 331 del TST.
En 1998, el Ejecutivo encaminó el PL 4302-B/1998 para cambiar reglas de la ley del trabajo temporario. El proyecto regresó a la Cámara con una sustitutiva, aprobado por el Senado. Ese Proyecto de Ley legaliza, con plazo indeterminado, la subcontratación en las actividades secundarias y principales, o sea en servicios de cualquier naturaleza, manteniendo la responsabilidad subsidiaria de la contratante y amplíando la contratación temporaria de 90 a180 días, prorrogable sin limitación mediante acuerdo o convención colectiva. Es importante destacar que, en 2003, al inicio del primer año del gobierno de Lula, ese PL se tramitaba con régimen de urgencia. Frente a la inmensa reacción de sindicatos, movimientos sociales, estudiosos del derecho y entidades representativas, el Presidente dirigió un pedido con la cancelación del trámite, cosa que no ocurrió, aunque el régimen de urgencia fue retirado. Sin embargo, en 2007 la urgencia fue retomada y en 2008 el relator designado emitió su aprobación en el Senado.
Entre tanto, en 2004, se presentó el PL 4330/04, tratando de la misma manera la subcontratación. Tal como el PL4302, representa un verdadero retroceso respecto a la Consolidación de Leyes Laborales (Consolidação das Leis do Trabalho, CLT), a las conquistas de la Constitución de 1988 y al entendimiento de la Súmula 331 del TST. El proyecto, además de permitir la «cuarterización», trae dificultades para el reconocimiento de la contratante como empleadora directa, exceptuándola de responsabilidad en las subcontrataciones irregulares anteriores a la ley. En 2011, un nuevo relator del PL 4330/04 presentó una sustitutiva, divulgada como apoyada por las centrales sindicales, pero una parte del movimiento sindical se ha posicionado en contra de la misma, porque no cambia el contenido de la propuesta original y porque permite la ampliación de la subcontratación a cualquier actividad.
En reacción a todo ello, la Central Única de los Trabajadores convocó un acto político en el cual se constituyó el Fórum, que definió las condiciones indispensables para la aprobación de cualquier ley sobre el tema: que sea prohibido el alquiler de mano de obra y la subcontratación en actividades permanentes a la empresa contratante; que en las subcontrataciones permitidas la responsabilidad sea solidaria, siendo asegurada la identidad de derechos y condiciones de trabajo entre empleados directos y subcontratados; y que se garantice la representación sindical por el sindicato más representativo, condicionantes no incluídos en el PL 4330/04.
El Fórum pasó a ser um importante espacio de resistencia a la subcontratación y a ese proyecto de ley. De otro lado, las fuerzas favorables al Fórum también se movilizaron.
]]> En ese escenario de movilizaciones contrapuestas, el 11 de junio de 2013 se suspendió el trámite del PL 4330/04, con apertura de debates con el poder Ejecutivo. Se ha definido la constitución de una Comisión Cuadripartita con el objetivo de construir una propuesta alternativa al PL 4330/04, contemplando los intereses en disputa, con la siguiente composición inicial: Ejecutivo, Legislativo, sector Industrial y financiero, y centrales sindicales. Poco después, también se integró el Ministerio Público del Trabajo.En virtud de las posiciones antagónicas participantes no hubo espacio para el consenso, aumentando, por un lado, la presión de los sectores económicos para la votación del PL; y por el otro, la de los trabajadores y sus organizaciones en sentido contrario al proyecto. Como alternativa, el Fórum recolocó la discusión sobre el encaminamiento del proyecto de las centrales sindicales. Asimismo, se organizaron varias manifestaciones públicas y paros contra el proyecto, señalando los efectos destructores de la subcontratación.
En ese momento, un video,14 divulgado en las redes sociales con actores del MHud (Movimento Humanos Direitos) –realizado en asociación con Anamatra (Associação Nacional dos Magistrados do Trabalho) y con colaboración del Fórum–, se hizo muy relevante porque difundió los efectos deletéreos de la subcontratación. En este cuadro de presiones en contra, el proyecto fue retirado de pauta. Sin embargo, la presión de sectores patronales por su aprobación ha continuado y sigue siendo intensa, motivo por el cual se aprobó en el Parlamento la urgencia en el trámite del PL 4330/04.
En abril de 2015, fue aprobada una enmienda sustitutiva global que sacó de la propuesta las empresas públicas, sociedades de economía mixta y sus subsidiarias. El 22 de abril de 2015, tras una maniobra regimental del Presidente de la Cámara, se aprobó el PL 4330 y fue remitido al Senado, a pesar de las intensas movilizaciones en contra que tomaron las calles. Con esa decisión se permitió la subcontratación para cualquier actividad, posibilitándola en las actividades principales, disminuyendo la cuarentena para empleadores que le obligan al empleado constituirse como persona jurídica para la realización del trabajo (pejotização, en portugués), entre otras medidas. Además, permite –más allá de las empresas especializadas– la contratación a través de una persona jurídica, cooperativas, fundaciones, asociaciones y empresas individuales (las llamadas "PJ’s", abreviatura de "personas jurídicas"), ampliándose las posibilidades de fraude y lesión a derechos, pero ahora apoyadas en la ley. Sin embargo, nada dispone acerca da la igualdad de derechos y condiciones de trabajo ante la ley, ni acerca de la representación sindical por la actividad preponderante o la prevalencia de la norma más favorable. En el Senado Federal ha recibido el número PLC 30/2015.
El tema ha ganado las calles, incorporándose a la agenda de las universidades, organizaciones sindicales y entidades de representación laboral (como el Fórum). Han sido realizados artículos, entrevistas y declaraciones de los contra y los pro del proyecto.15
A pesar de la gran movilización contraria al PLC 30/2015, el presidente del Senado, lo colocó en pauta prioritaria y aguarda el trámite. Mas recientemente el PL 4302/98, referido anteriormente, que estaba olvidado en una de las Comisiones de la Cámara de Diputados, fue rápidamente reabierto y tiene grandes posibilidades de ser votado antes del PLC 30/2015.
La propuesta de las Centrales Sindicales
En un acto novedoso, el Ministerio de Trabajo y Empleo (MTE) ha hecho factible la elaboración de propuestas por parte de las Centrales Sindicales.16 En aquel momento, el texto expresó el entendimiento al que se había llegado acerca de una ley de subcontratación. La propuesta ha sido mantener las restricciones a la subcontratación en las actividades principales de la empresa contratante y en la relación directa de empleo con esta, cuando se configura personalidad directa y subordinación, asegurándole al subcontratado los derechos que integran la convención colectiva de trabajo o el convenio colectivo de empresa de la categoría profesional preponderante en la contratante, más beneficiosa para el trabajador. Asimismo, para el proyecto, se configura la relación de empleo directo con la empresa contratante cuando se presenten los requisitos del articulo 3º de la Consolidación de Leyes Laborales, CLT, o sea, cuando hay prestación personal de servicios en forma no eventual, subordinada y remunerada, o si se desempeñan actividades distintas a las descritas en los contratos. Aún más, la empresa contratante se convierte en responsable solidaria por las obligaciones laborales, de seguridad y cualquier otra que advenga del contrato, independientemente de la existencia de culpa.
Esta propuesta está aún en la Casa Civil de la Presidencia de la República e incluye los pilares estructurantes hacia una ley civilizatoria, como la que se plantea el manifiesto del Fórum, incluyendo los condicionantes para la aprobación de la subcontratación anteriormente referidos.
La subcontratación y los sectores económicos y financieros
]]> La presión de los sectores empresariales para la aprobación del PL 4330/04 ha sido intensa, con la producción de evidencias que apoyan sus aspectos positivos. De manera general, los motivos económicos y la búsqueda de la reducción de costos están en el centro de las iniciativas de la subcontratación. Sin embargo, el discurso neoliberal enfatiza esta práctica considerándola un estímulo para la generación de puestos de trabajo y, muy especialmente, para el incremento de la competitividad, tal como consta en el documento de la Confederación Nacional de la Industria (Confederação Nacional da Indústria, CNI) que incluye las propuestas de esa entidad para la llamada «modernização trabalhista».17La campaña por la aprobación del proyecto de ley 4330/04 se ha intensificado con materiales y videos divulgados por la Confederación Nacional de Agricultura (Confederação Nacional da Agricultura, CNA), la Confederación Nacional de Comercio (Confederação Nacional do Comércio) y la CNI, enfatizando que los servicios subcontratados crecieron un 36.4 por ciento entre 2003 y 2010, con la generación de 65 veces más puestos formales que informales. Ellos argumentan que el empleo subcontratado respeta las normas, asegura beneficios de las convenciones colectivas y es la principal puerta de entrada al mercado de trabajo para jóvenes, mujeres, discapacitados y personas con más de 40 años, y en ningún momento reconocen que la subcontratación conlleva desigualdad y discriminación para los trabajadores subcontratados.
En 2009, la CNI hizo una encuesta entre empresarios acerca del uso de servicios subcontratados en la industria. El 91 por ciento de los que subcontratan han considerado la reducción de costes como el principal determinante para la subcontratación; el 46 por ciento ha afirmado que disminuiría la competitividad si no utilizara servicios subcontratados; el 47 por ciento ha señalado inseguridad jurídica y pasivo laboral como problemas potenciales.18 Además de las encuestas, distintas confederaciones patronales han producido en forma conjunta la cartilla «Eficiencia en las relaciones laborales»,19 destacando los aspectos positivos de la subcontratación y defendiendo el PL 4330/04. Esta cartilla ha sido ampliamente divulgada por sus signatarios, en una intensa campaña nacional.
Subcontratación: notas acerca de la legislación argentina y uruguaya
En Argentina, la subcontratación se regula en la actualidad mediante el artículo 30 de la Ley de Contrato de Trabajo n° 20.744 (LCT). Originalmente, estaba regulada mediante el artículo 32 de esta misma ley, promulgada en 1974, que luego en 1976 se convirtió en artículo 30 con la Ley n° 21.297, sin alteraciones significativas en el contenido. Sin embargo, los impactos de la dictadura y, posteriormente, del neoliberalismo también tuvieron efectos regresivos sobre esta regulación específica. Con la Ley n° 25.013, del 2 de septiembre de 1998, se logró disminuir la responsabilidad de la empresa contratante y algunas limitaciones contenidas en la legislación anterior en torno a la subcontratación, con consecuencias perjudiciales para los trabajadores. Específicamente, se incluyó en el artículo 30 un párrafo que exime a la empresa contratante de la responsabilidad de vigilar la contratista, distorsionando así al instituto de la solidaridad e inaugurando un movimiento de desconstrucción de derechos que ha repercutido negativamente en la jurisprudencia (Lozano y Casirachi, 2013).
Aunque la legislación anterior no contenía restricciones a la subcontratación –a diferencia de Brasil, con la Súmula 331– aseguraba la responsabilidad solidaria, sin restricciones. El cambio provocado por las alteraciones de la Ley 25.013, como dan cuenta algunos analistas, ha sido sustantivo (Del Bono, 2014; Basualdo y Morales, 2014). Aunque el texto haya mantenido la responsabilidad solidaria y se les haya asegurado tratamiento semejante a trabajadores directos e indirectos, esa responsabilidad quedó restringida al trabajo subcontratado desempeñado en las actividades principales, normales y específicas de la contratante, excluyendo así a un gran contingente de trabajadores. Como destaca Del Bono,20 «esa alteración de 1976, que limitó el alcance de la solidaridad, trajo una significativa degradación de los derechos de los trabajadores».
Por su parte, también resulta importante subrayar que, en la formulación original de 1974, se establecía que el trabajador en empresas subcontratadas sería incluído en el convenio colectivo de los trabajadores en la empresa principal, cuando desempeñara tareas en las instalaciones de dicha empresa. La nueva redacción suprimió esas garantías jurídicas. La figura siguiente muestra la evolución de la legislación en Argentina:
Los debates, acerca de los perjuicios de la subcontratación para los derechos de los trabajadores y sus organizaciones, se profundizaron en la última década en Argentina. El asesinato del militante político Mariano Ferreyra el 20 de octubre de 2010 fue un episodio relevante para esta profundización, trayendo esta discusión a la agenda pública (Lozano y Casirachi, 2013). El motivo de este asesinato, «a manos de un grupo de choque enviado por el sindicato la Unión Ferroviária» (Basualdo, Morales y Cabello, 2014:157) fue la lucha en contra la subcontratación. Mariano Ferreyra participaba de una manifestación de empleados subcontratados que exigían la reintegración de los trabajadores despedidos de empresas contratadas para proveer servicios a la Unidad de Gestión Operativa Ferroviaria de Emergencia (Ibidem). En el proceso penal que se instaló ante al asesinato, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) asumió la representación de Beatriz Otilia Rial, madre de Mariano (Basualdo, Morales y Cabello, 2014:157). En medio de este proceso se ha ampliado la discusión acerca de la necesidad de modificar la regulación vigente, sucediéndose la presentación de proyectos de ley con este objetivo, como el del diputado Héctor Recalde (presentado el 23 de mayo de 2013).
Ciertamente, se puede afirmar que los proyectos en curso en el parlamento argentino se acercan al texto original de la LCT –considerado «demasiado avanzado para la época»21 – en cuanto a la solidaridad sin restricciones y constituyen un avance significativo en relación con la legislación vigente. Sin embargo, en ninguno de ellos se limita la subcontratación debido a la naturaleza de la actividad y, de este modo, no se avanza respecto a la Súmula 331 del TST brasileño. Al respecto, algunos entrevistados nos han planteado que la legislación vigente en Argentina, al no poner límites al uso del trabajo subcontratado, favorece la posibilidad de su proliferación. Desde su perspectiva, debería prohibirse la subcontratación en las tareas habituales, ya que hay un sentimiento de necesidad de prohibición de la subcontratación en ellas. Así lo han expresado, por ejemplo, la abogada22 y el secretario general del gremio aceitero,23 cuyo caso paradigmático de ampliación de derechos de los subcontratados en convenio colectivo va a ser planteado más adelante. Para el secretario general del gremio aceitero, en Argentina ya existirían condiciones para avanzar en la construcción de una ley nacional impidiendo a las subcontratadas realizar tareas habituales y normales de los trabajadores de la empresa contratante. Sin embargo, también reconoce que existen dificultades políticas para alcanzar este fin, vinculadas, sobre todo, con la fragmentación del movimiento obrero argentino.
]]> En lo que respecta a Uruguay –así como pasó en Brasil y Argentina, aunque con diferencias respecto a sus especificidades– este país adoptó la agenda neoliberal en la década de 1990. Como ha subrayado Hugo Barreto, destacado especialista en la temática entrevistado en el marco del estudio,24 durante este período Uruguay también vivió una profundización de la subcontratación, a pesar de la significativa resistencia sindical de esos años, que por ejemplo pudo frenar los procesos de privatización de empresas públicas. Según Barreto, hubo dificultades en la organización de la resistencia a la subcontratación de ese entones que, en sus términos, fue la promotora de grandes niveles de desprotección del trabajo, no solamente en cuanto a los salarios, sino también en cuanto a las modalidades de contratación y a los derechos básicos como el tiempo de trabajo y los periodos de descanso. Como ha sido corriente en otras latitudes, Barreto destaca que esta forma de contratar la mano de obra ha afectado de modo patológico las actividades productivas y de servicios, iniciándose por los sectores y actividades auxiliares, como limpieza, vigilancia, mantenimiento y evolucionando gradualmente hacia las actividades principales de la empresa.Sin embargo, a partir de 2005 hubo un cambio sustantivo en el contexto político, cuando la coalición Frente Amplio, con posición política antagónica al pensamiento neoliberal, asumió el poder. Así, las condiciones materiales para cambiar la realidad fueron modificadas. Con base en el apoyo de fuerzas progresistas, partidos tradicionales, la democracia cristiana, el partido socialista, el comunista, entre otros, el Frente Amplio ha implementado un programa laboral de sesgo reformista que ha ampliado la red de protección para la actividad sindical, para las negociaciones colectivas y para el trabajo doméstico y agrícola. En este contexto, nuevas reglas han regulado el uso de la subcontratación, tal como examinaremos a continuación. La novedad, sin embargo, es la reciente presentación de un proyecto de ley al parlamento, que tramita en la Comisión de Legislación de Trabajo, prohibiendo la subcontratación, pero que todavía está en votación. Esta iniciativa representa importante avance respecto de la legislación existente, poniendo en el debate la necesidad de establecerse frenos a la profundización de la subcontratación y a sus formas burladas.
Hasta el momento, en Uruguay existen tres leyes acerca del trabajo subcontratado: la Ley n°18.089/2007, con normas de contratación de subcontratados por el organismo estatal; y las Leyes n° 18.099/2007 y n°18.251/2008, con normas de protección a los procesos de desconcentración empresarial. Estas leyes, sin embargo, así como ocurre con la legislación argentina ya examinada, aunque reconozcan la solidaridad, no ponen límites a la subcontratación. La Ley n°18.099/2007 reconoce la responsabilidad solidaria de la tomadora respecto a las obligaciones laborales de las subcontratadas, a la seguridad social, al accidente de trabajo y a las enfermedades ocupacionales. La Ley n° 18.251/2008 define y clasifica las actividades hechas por las subcontratadas, previendo la posibilidad de que la responsabilidad solidaria se convierta en subsidiaria si la contratante exige el cumplimiento de las obligaciones laborales de las subcontratadas y las fiscaliza.
Podemos sostener entonces que Uruguay, a partir de 2005, ha evolucionado hacia un sistema de protección social más amplio e inclusivo, como señaló Hugo Barreto. Sin embargo, si se comparan las leyes uruguaya y argentina con la norma brasileña contenida en la Súmula 331 del TST, esta Súmula corresponde a un nivel civilizatorio más amplio porque, limita la adopción de esta forma de contratar a las actividades secundarias, prohibiéndolas en las actividades principales, es decir, en aquellas necesarias a la contratante.25
La figura siguiente ilustra la evolución de las leyes acerca de la subcontratación en Uruguay:
En el ámbito colectivo, sin embargo, los avances en torno a los derechos de los subcontratados en Uruguay y Argentina han sido significativos si se los compara con las negociaciones colectivas brasileñas. Según un relevamiento desarrollado sobre las cláusulas vinculadas con la subcontratación en el período de 2005 a 2009, Marilane Teixeira sostiene que existe «… poca incidencia de cláusulas relativas a la subcontratación en los instrumentos colectivos [y en varios existe] legitimación de la subcontratación, aunque la Súmula 331 sea explícita respecto al que se puede o no subcontratar». Asimismo, a partir del análisis más detallado de los contenidos de estas cláusulas, sugiere que «sectores del movimiento sindical ya incorporaron la subcontratación como parte de las novas formas de contratación» (Teixeira, 2014: 38).
En el caso paradigmático de los aceiteros argentinos, según fuentes consultadas, hoy en día el 100 por ciento de los trabajadores de la industria está cubierto por el convenio aceitero y su convenio colectivo de trabajo impide que el trabajo normal y habitual de la contratante sea desempeñado por subcontratados.
En cuanto al rol de la Justicia de Trabajo en la jurisprudencia argentina, existen, de manera general, dos corrientes interpretativas –restricta y amplia (Arece, 2008)– que se reflejan en la exégesis del artículo 30. El 15 de abril de 1993, en un caso que involucraba un trabajador de la Compañía Embotelladora Argentina S.A. y otro, el Supremo Tribunal argentino adoptó una posición restrictiva, al decidir que la contratación o la subcontratación prevista en el artículo 30 de la Ley de Contrato de Trabajo se refiere solamente a aquellos casos en que la contratante encomienda a una tercera la realización de servicios inherentes a sus actividades esenciales, desarrolladas en el ámbito de la empresa, comprendiendo que, en cuanto a las demás, no existe contratación de servicios en los términos del art. 30 de la Ley de Contrato de Trabajo.26 Desde los fines del año 2002, sin embargo, un proceso de renovación del Supremo Tribunal ha influenciado directa y positivamente la interpretación de los dispositivos legales.27
Analizándo estas normas en perspectiva comparada, se puede concluir, desde luego, que la brasileña, representada por la Súmula 331 del TST, ha avanzado al ofrecer límites a la subcontratación; avance que las organizaciones de trabajadores, investigadores del tema y el Fórum reivindican que se amplíen. Sin embargo, como tratamos de argumentar, el proyecto de ley en tramitación en el Senado –PLC 30/2015– y, ahora, el proyecto nuevamente puesto en la agenda de la Cámara de Diputados –PL 4302/98–, retroceden tanto al ser comparados con la propuesta de las Centrales elaborada en el ámbito del MTE como al hacerlo con los pilares definidos por el Fórum en su Manifiesto. Los dos proyectos de ley retiran los límites puestos a la subcontratación, permitiéndola en cualquier actividad sin discriminación, situación que se reveló perjudicial a los trabajadores argentinos y uruguayos, quienes discuten la necesidad de frenar esta forma de contratación. En el caso del PLC 30/2015, se hace bajo el eufemismo de la contratación de empresas especializadas y, en el caso del PL 4302/98, se permite en las actividades principales, manteniendo la responsabilidad como subsidiaria y ampliando las hipótesis de trabajo temporario.
]]> Se viven momentos de profundo retroceso en Brasil, escenario cuyos reflejos van a ser negativos para los trabajadores si el Senado Federal aprueba este proyecto de ley regresivo –el PLC 30/2015–, así como otros en discusión en el parlamento, tales como: la reducción de la edad mínima para trabajar de 16 a 14 años, la flexibilización del concepto de trabajo esclavo, el predominio de los acuerdos negociados sobre la legislación y otros tantos que no respetan los principios de dignidad humana y de valor social del trabajo, cimientos del Estado de Derecho brasileño.Consideraciones finales
De hecho, como dijo J. Schumpeter, los capitales están siempre en una verdadera «compulsión» de búsqueda de ganancias extraordinarias. Movidos por un impulso que los mantienen en marcha, van generando nuevas formas de organización buscando satisfacer el deseo insaciable de acumulación de riqueza abstracta (Belluzzo, 2013). A fin de aumentar las ganancias, las empresas no vacilan en cambiar formas consolidadas de organización, desplazando parte de los procesos de trabajo para proveedoras de servicios que actúan de manera dispersa y fragmentada (Teixeira y Freitas, 2013). Las investigaciones han evidenciado que los resultados han sido el debilitamiento de las organizaciones sindicales, salarios más bajos, menor cumplimiento de las obligaciones laborales por parte de los contratistas, aumento de los accidentes de trabajo de los subcontratados, así como más desigualdad y discriminación.
Comprendiendo la subcontratación desde esta complejidad, el artículo ha abordado el dinámico proceso de su reglamentación en Brasil, registrando el rol de la Justicia del Trabajo, donde el Tribunal Superior de Trabajo (TST), en la ausencia de ley específica, la ha normalizado. Inicialmente, se la prohibió en la práctica; después, en medio de un proceso de presión de intereses contrapuestos, se la ha legitimado en las actividades secundarias y prohibido en las actividades principales, definiéndose como subsidiaria la responsabilidad de la contratante.
Por otro lado, se evidenció que, aunque en 1993 el TST hubiera retrocedido respecto al entendimiento de 1986, han sido intensas las presiones, sobre todo de los sectores y financiero, a fin de eliminar las restricciones a la subcontratación. Estas fuerzas desarrollan un conjunto de acciones buscando la aprobación de leyes que legitimen la subcontratación en cualquier actividad, como el PLC 030/2015 o PL 4302/98. En el Supremo Tribunal Federal (STF), estos actores buscan suprimir, mediante Repercusión General, las restricciones a la subcontratación de la Súmula 331, argumentando que viola el principio constitucional de «libre empresa». Tras evaluar esta dinámica, el artículo ha buscado iluminar los movimientos de resistencia liderados por las Centrales Sindicales, entidades de representación laboral e investigadores contrarios a las propuestas que no contribuyen a estructurar relaciones laborales fundamentadas en los valores de justicia e igualdad, decisivos para la construcción de una sociedad democrática.
En cuanto a las legislaciones de Argentina y Uruguay, si se las compara con la de Brasil, demuestran que, con todas sus dificultades, la reglmentación brasileña que se expresa en la Súmula 331 del TST ha avanzado respecto a aquellos países, en el sentido de restringir las posibilidades de subcontratación. Las realidades de los países vecinos evidencian que el hecho de que la ley asegure la responsabilidad solidaria entre contratante y contratista, sin limitar las posibilidades de subcontratación y sin mecanismos de representación por el sindicato de la empresa contratante y la igualdad de derechos y condiciones de trabajo, no reduce los efectos dañinos de la subcontratación.
Es importante considerar que mientras en Uruguay el momento es de recuperación de las políticas inclusivas en un movimiento antagónico a los tiempos neoliberales en que los derechos sociales del trabajo fueron profundamente afectados, en Brasil y Argentina, los tiempos son de gran retroceso. En el caso de Brasil, las consecuencias serán negativas para los trabajadores y la sociedad en el caso de que el Senado de la República o la Cámara de Diputados aprueben proyectos de ley regresivos comparados con la regulación vigente, que se expresa en la Súmula 331 que, con sus innegables contradicciones, logró colocar frenos a una forma de contratar la mano de obra con potencial altamente precarizador.
Los ataques de los sectores empresariales de los tres países analizados, en relación con el mantenimiento o la expansión de la contratación externa, es algo que está presente en cada una de las situaciones nacionales analizada. Por otra parte, las formas de resistencia al fenómeno también han sido importantes. En Argentina, como ha señalado la jueza Alcira Paula Isabel Pasini, aunque no hayan sido exitosos los intentos por modificar la legislación en los parámetros de la ley de 1974, este es un tema que gana prominencia en los círculos académicos y políticos de esa sociedad. En Uruguay, en la situación política actual, los signos son favorables para los trabajadores, tal como lo demuestra el envío del proyecto al Parlamento para prohibir la subcontratación.
En Brasil, las acciones organizadas por el Fórum, incluso en un entorno político desfavorable para los trabajadores, han puesto barreras significativas para la adopción de disposiciones legales que permitan la expansión de la contratación externa, con un ligero cambio en los últimos meses en el fortalecimiento de las fuerzas que sostienen que el desarrollo económico y la reducción del desempleo no son viables en el marco de la Constitución de 1988. Estas fuerzas proponen y defienden reformas que, entre otras, revierten las fuentes del derecho laboral para atribuir la prevalencia de lo negociado por encima de lo legislado, flexibilizan el concepto de trabajo análogo a la esclavitud y expanden la externalización para cualquier actividad económica.
Finalmente, aunque se tenga claro que el dinamismo de la economía resulta importante para fortalecer la estructura del mercado y las relaciones de trabajo, este entendimiento no impide que se reconozca la importancia de una regulación que asegure un nivel civilizatorio mínimo, contribuyendo en la construcción de una sociedad más inclusiva y menos desigual.
]]> Notas:1 El proyecto cuenta con el apoyo de la Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, Fapesp.
2 El Fórum fue organizado en 2011, en un momento en que fuerzas conservadoras presionaban para cancelar la Súmula 331. El congrega todas las Centrales Sindicales, además de varias Federaciones y Confederaciones de Trabajadores, Sindicatos, entidades de representación del mundo del trabajo, movimientos sociales, investigadores y centros de investigación.
3 Ver Informes: Biavaschi y Baltar (2009) y (2010).
4 La prensa ha mostrado casos de trabajo análogo al esclavo en dos grandes marcas de la industria têxtil: Zara y Le Lis Blanc - http://www.cartacapital.com.br/economia/zara-e-autuada-por-nao-cumprir-acordo-para-acabar-com-trabalho-escravo-8409.html, Consultado el 16/09/2015.
5 Ver: http://www.prt1.mpt.gov.br/informe-se/noticias-do-mpt-rj/204-pl-da-terceirizacao-prejudica-combate-ao-trabalho-escravo- e-cota-para-pessoas-com-deficiencia, http://cidadeverde.com/noticias/190315/terceirizacao-aumentara-casos-semelhantes-a-trabalho-escravo-diz-procurador, Consultado el 16/09/2015.
6 Ver también reporter del Dieese (2007).
7 Este proceso está en el medio de las transformaciones en los estándares de producción y de organización laboral en los países centrales en marcha tras el período de 30 años gloriosos de la Posguerra.
8 Culpa in eligendo se justifica en la mala elección respecto a la contratista; culpa in vigilando se origina de ausencia de fiscalización por parte de la contratante respecto al cumplimiento de las obligaciones por la contratista.
9 Ver Informes referidos en: http://www.trt4.jus.br/portal/portal/memorial/textos. Consultar también: Biavaschi, Magda B.; Teixeira, Marilane Oliveira; Droppa, Alisson. A Terceirização e desigualdade: abordagem crítica sobre os projetos de lei 4330/04 e 87/2010. Uma nova visão para o movimento sindical brasileiro, Seminário Internacional: 1º de Maio, organizado por União Geral dos Trabalhadores e Cesit/IE/ Unicamp, São Paulo, 2014. En: http://www.cesit.net.br/wp-content/uploads/2014/11/Seminar1_CESIT.pdf, Cnsultado el: 05 de Sep. 2015.
]]> 10 Consultado el 05 de Sep. 2015, disponible en: http://ext02.tst.jus.br/pls/no01/NO_NOTICIASNOVO.Exibe_Noticia?p_cod_noticia=12975&p_cod_area_noticia=ASCS11 La Repercusión General es un instrumento jurídico procesual por medio del cual el STF define si hay o no existencia de un impacto general, o sea, el juicio bajo la forma de repercusión general será aplicado por las instancias inferiores en casos idénticos. Para examinar la Repercusión General, consultar: http://migre.me/uSSmK, http://migre.me/uSSlB; http://migre.me/uSSjG. Consultado el: 05 de sept. 2015
12 Disponible en: http://migre.me/uSSnI, Consultado el: 05 de Sept. 2015.
13 Disponible en los autos de ADPV 324, firmado 18 de mayo de 2015, Brasília, digital.
14 Disponible en www.anamatra.org.br
15 Ver Pochman, 2015 y Biavaschi y Teixeira: « A terceirização e o PL 4330: Suprimindo direitos e ampliando iniquidades». Disponível na Internet via: http://cartamaior.com.br/?/Editoria/Politica/A-terceirizacao-e-o-PL-4330-Suprimindo-direitos-e-ampliando-iniquidades/4/33316. Consultado el: 02 de junio, 2015.
16 Central Única dos Trabalhadores, Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, União Geral dos Trabalhadores, Nova Central Sindical dos Trabalhadores, Central Geral dos Trabalhadores e Força Sindical.
17 La Confederação Nacional da Indústria, CNI, en 2012 publicó sus tesis para la modernización de las relaciones de trabajo que se fundamentan en ese ideario. Ver CNI. 101 Propostas para Modernização Trabalhista. Brasilia, 2012.
18 Ver «Sondagem Especial, año 7, n° 2, abril de 2009»
19 Disponible en: http://migre.me/uSrE6
]]> 20 Entrevista realizada a Andrea Del Bono, investigadora especializada en la temática, realizada en agosto de 2014 en Buenos Aires.21 Entrevista realizada a Alcira Paula Isabel Pasini, jueza jubilada, asesora del Diputado Recalde. Buenos Aires, 03.07.2015.
22 Entrevista realizada a Paula Lousana, abogada del sindicato de los aceiteros. Buenos Aires, 02.07.2015.
23 Entrevista realizada a Daniel Yofra, Secretario General de la Federación Aceitera Argentina. Buenos Aires, 02.07.2015.
24 Entrevista realizada en Montevideo, 25 de abril 2014.
25 No en vano, esta Súmula y el propio TST siguen siendo blanco de cuestionamientos junto al STF, en recursos que van a ser juzgados en sede de Repercusión General, como se ha visto.
26 http://www.csjn.gov.ar/data/dertrab.pdf, p. 471-472.
27 Mateos (, Marcos Miguel. El alcance de la solidaridad en el art. 30 de la LCT http://www.infojus.gob.ar/marcos-miguel-mateos-alcance-solidaridad-art-30-lct-dacf130393 -2013-12-02/123456789-0abc-defg3930-31fcanirtcod#CT002, 19.09.2015
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