Luis Quintana Romero*

* Doctor en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM. Profesor de pre y post grado de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, UNAM. Correo-e: luquinta@apolo.acatlan.unam.mx

INTRODUCCIÓN

México, a diferencia de otros países latinoamericanos, ha impulsado desde principios de los años ochenta una estrategia de corte neoliberal que se ha mantenido prácticamente imper-turbable por más de treinta años. En el país, la rectoría política del Partido Revolucionario Institucional (PRI) ha sido la base institucional para la construcción del entramado sobre el cual descansan las políticas neoliberales. Solo se ha tenido un breve lapso de alternancia política de doce años, durante los cuales gobernó el Partido Acción Nacional (PAN), instituto político que no se alejó ni un milímetro de las políticas económicas impulsadas desde 1982 por los gobiernos priistas.

El saldo principal para México de esa estrategia ha sido el lento crecimiento económico, la precarización de la fuerza de trabajo y la profundización de la pobreza y la desigualdad. La Cepal (2016) muestra claramente que, en el caso mexicano, la desigualdad ha adquirido proporciones muy superiores a la media de la región y señala que, mientras la economía mexicana sólo creció a una tasa de 2.6 por ciento entre 2004 y 2014, la riqueza se incrementó en 7.9 por ciento para esos mismos años y el 10 por ciento de las familias más ricas del país concentraron dos terceras partes de todos los activos físicos y financieros.

Los saldos negativos del neoliberalismo no han sido un asunto exclusivo de México, sin embargo, en otros países de la región la recomposición de la izquierda y el ascenso de fuertes movimientos sociales permitieron victorias electorales para las fuerzas progresistas, durante los primeros años del presente siglo, en Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador, Uruguay, Venezuela y algunos otros países de la región. Este viraje político permitió el impulso de políticas económicas y sociales alternativas, cuyos resultados positivos se constatan en la marcada reducción del índice de Gini en más de diez puntos en Argentina y Bolivia y de siete a diez puntos en Brasil, Perú, Uruguay y Venezuela (Cepal, 2016).

Con la llegada de Donald Trump al gobierno de los Estados Unidos, se consolida una nueva alternativa a la crisis del modelo neoliberal, bajo la cual se ha fortalecido una tendencia hacia el neofacismo en América y Europa (Bellamy, 2017) que ha causado graves retrocesos en las conquistas laborales y sociales alcanzados hasta ahora por los trabajadores. En América Latina la crisis neoliberal estableció condiciones para romper con los procesos de transición política hacia la izquierda en la región; los casos de Brasil y Argentina resultan en este sentido emblemáticos. La vuelta de los gobiernos neoliberales en Latinoamérica se ha producido en un contexto de mayor desigualdad y crisis, lo cual se ha traducido en una ofensiva hacia los derechos sociales y laborales, derivando hacia el impulso de reformas laborales que propugnan por la flexibilización del mercado de trabajo.

En ese contexto, el gobierno que, bajo la bandera del Partido Revolucionario Institucio-nal (PRI), ha asumido el mando político de México en los últimos años, emprendió a partir de 2012 un proceso de reformas económicas dentro del cual la reforma laboral constituye una pieza clave, debido a que las ventajas del modelo exportador mexicano tradicional-mente se han sustentado en la reducción del costo laboral.  La reforma laboral mexicana, y sus consecuencias para los trabajadores, deben verse como el espejo de las reformas que a continuación se aplicarán en otros países de la región, bajo la nueva ola del neoliberalismo más extremo que ha cundido en el mundo.

En este trabajo revisamos los alcances de la reforma laboral mexicana y suponemos que, si en la región se siguen políticas similares, las consecuencias para nuestros países serán de mayor desigualdad salarial y deterioro de las condiciones laborales de los trabajadores.

A partir de la crisis de la deuda a nivel internacional en 1982, se detonaron procesos de reforma neoliberal por todo el mundo (Rodrik, 1996). El proceso de reforma económica en México responde también a esos reajustes del capitalismo a escala global.

El contexto económico, bajo el cual se realiza la primera oleada de reformas econó-micas en México, es el de una profunda crisis e incertidumbre: reducciones en el precio del petróleo, un déficit fiscal que en tan solo dos años había crecido en más del 100 por ciento y representaba ya en 1982 el 16.9 por ciento del PIB, una inflación que superaba los cien puntos porcentuales, la moratoria en la deuda externa y la nacionalización de la banca (Moreno-Brid y Ross, 2009; Ibarra, 2011).

El proceso de reforma económica se inicia en esos años con la apertura unilateral del país y la eliminación del marco de protección comercial proveniente del período previo de sustitución de importaciones. En 1987 se intensifica el proceso de apertura a partir de la entrada al GATT y se consolida a principios de los años noventa con la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, buscando la consolidación de un sector exportador altamente competitivo.

El proceso de reforma de los años ochenta y noventa no consiguió resolver los pro-blemas que enfrentaba el país y el optimismo gubernamental se vino abajo en 1994, con el estallido de una crisis política sin precedentes, al levantarse en armas comunidades indígenas en Chiapas y la posterior devaluación del peso frente al dólar, como manifestación de una severa crisis en la economía mexicana.

La evidencia más clara de que los procesos de reforma hasta ahora han sido limitados, se expresa sobre todo en su insuficiencia para detonar el crecimiento. En el cuadro 1 se muestran las tasas de crecimiento por períodos en la economía mexicana; en ellas se ob-serva que el fuerte dinamismo experimentado en el período de industrialización del país de 1940 a 1970 –con una tasa anual media del 6.2 por ciento– se agota a partir de los años setenta y con ello se inicia un largo período de lento crecimiento para laeconomía nacional.

Los resultados de las reformas aplicadas en México elevaron la capacidad exporta-dora del país, pero a costa de: la fractura de los encadenamientos productivos locales, la desintegración de la capacidad productiva de los sectores primario y secundario nacionales, la emergencia de un gran sector terciario informal, la precarización del trabajo y una mayor desigualdad en el ingreso (Rojas y Salas, 2008).

El regreso del PRI al poder político de la nación con Enrique Peña Nieto, en diciembre de 2012, volvió a revivir la vieja historia de la necesidad de nuevas y mayores reformas; bajo el argumento de que las emprendidas antes fueron incompletas y de que era necesario elevar la productividad a través de una segunda generación de las mismas, se lanzaron sendas propuestas de reforma para los sectores energético, telecomunicaciones, financiero, salud, educación y laboral (Presidencia de la República, 2013).

La reforma laboral propuesta se limitó a buscar propiciar una mayor flexibilización del mercado de trabajo, centrándose en la reducción del costo salarial y en la precarización laboral, al permitir nuevas modalidades de contratación como: la subcontratación, los perío-dos de prueba, los contratos de capacitación inicial y el trabajo temporal (Quintana, 2003; Salas, 2012). A continuación, se analiza lo que consideramos son sus elementos centrales.

1. Acceso al mercado laboral y creación de empleos.

2. Transparencia y democracia sindical.

3. Fortalecimiento de las facultades normativas, de vigilancia y sancionatorias de las autoridades del trabajo.

4. Equidad de género, inclusión y no discriminación en las relaciones laborales.

5. Modernización de la justicia laboral.

También la reforma incorpora un concepto de trabajo digno o decente, lo cual ha quedado plasmado en el artículo segundo de la Ley Federal del Trabajo:

]]> Se entiende por trabajo digno o decente aquél en el que se respeta plenamente la dignidad humana del trabajador; no existe discriminación por origen étnico o nacional, género, edad, discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, condición migratoria, opiniones, preferencias sexuales o estado civil; se tiene acceso a la seguridad social y se percibe un salario remunerador; se recibe capacitación continua para el incremento de la productividad con beneficios compartidos, y se cuenta con condiciones óptimas de seguridad e higiene para prevenir riesgos de trabajo.

El trabajo digno o decente también incluye el respeto irrestricto a los derechos colectivos de los trabajadores, tales como la libertad de asociación, autonomía, el derecho de huelga y de contratación colectiva (Ley federal del Trabajo, 2015:1).

Sin embargo, tanto los objetivos como la declaratoria de trabajo decente no dejan de ser mera retórica cuando se les contrasta con las reformas centrales estipuladas en la nueva Ley Federal del Trabajo, que da carácter legal a estas en materia de trabajo y que a continuación se enumeran:

• Nuevas modalidades de contratación: contratos a prueba, de capacitación inicial y de temporada.

• Criterios para ocupar vacantes y ascender en el empleo: deja de ser relevante la antigüedad y se prioriza una mayor capacitación, aptitud y productividad.

• La multihabilidad: los patrones asignarán a sus trabajadores tareas complemen-tarias a su labor principal.

• Regulación de la subcontratación u outsourcing. Se definió la figura de «régimen de subcontratación laboral».

• Reducción de salarios vencidos: se limita la generación de salarios vencidos hasta por un periodo máximo de 12 meses.

• Salario por unidad de tiempo: pago por hora.

• Nuevos criterios para declarar ilícita una huelga, como el hecho de que, si afecta servicios públicos y no se notificó con 10 días de anticipación a los tribunales laborales o cuando haya violencia generalizada en contra de personas y propie-dades, la huelga será ilícita.

• Pago por enfermedad: se aprobó un dictamen que modifica la Ley del Trabajo, estableciendo que, ante una enfermedad laboral, los trabajadores, en lugar de percibir el 100 por ciento de su salario, solo obtendrán el 50 por ciento. Además se estableció que las tablas de enfermedades y de incapacidades permanentes sean modificadas por una comisión consultiva, lo cual abre la puerta para que sean los empresarios quienes determinen cuáles enfermedades son susceptibles de pago.

Un aspecto que se ha considerado positivo de las reformas es la desaparición de las Juntas de Conciliación y Arbitraje, a través de una reforma al artículo 123 de la Constitución Política Mexicana en materia de justicia laboral, ya con ello se crea un nuevo organismo federal encargado de llevar a cabo el registro de los sindicatos y contratos colectivos. Esta parte de la reforma brinda posibilidades para combatir la corrupción imperante en las Juntas de Conciliación, en las que se registraban sindicatos blancos y de protección, y se impedía el libre ejercicio de los derechos laborales de sindicalización. Sin embargo, también es posible que se pueda dar lugar a procesos más largos y costosos en los nuevos tribunales laborales.

El efecto principal de la Reforma Laboral será una mayor contracción del costo salarial, lo cual ante el progresivo deterioro de los salarios en México impactará negativamente a la demanda interna y al mercado doméstico. Tal y como menciona Salas (2012), estas modifi-caciones tienen como centro la flexibilización de las condiciones de despido y contratación, por lo que el gobierno sigue aplicando la máxima de «que todo cambia para seguir igual», ya que, como afirma este último autor, las causas del desempleo y bajos salarios no están en esos factores, sino en la baja capacidad de crecimiento del país.

Los resultados de la reforma laboral

Aún es temprano para poder realizar una evaluación integral de los resultados de la reforma laboral mexicana. Sin embargo, bajo su promesa de crear nuevos empleos y mejorar las condiciones de los trabajadores, sí es posible señalar que esas metas no las ha logrado cumplir sino que, al contrario, se han deteriorado más las condiciones laborales en el país.

Con el fin de establecer los principales cambios ocurridos en el proceso de reforma laboral, a continuación realizaremos algunas comparaciones entre el período previo y el posterior a dicha reforma, utilizando para ello los datos provenientes de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE).

En primer lugar, es posible observar que la estructura ocupacional es muy estable desde 2005 hasta 2016, como se muestra en el cuadro 2; el trabajo por su cuenta y el trabajo sin pago han disminuido levemente, mientras que el trabajo asalariado se ha incrementado representando actualmente el 66 por ciento de la ocupación.

Los datos previos podrían indicar una mejora, si bien muy marginal, al elevarse el trabajo asalariado y reducir el trabajo sin pago y el por cuenta propia, pero es necesario indagar más sobre el tipo de trabajo que ha crecido en el país.

En el cuadro 3 se muestra la estructura ocupacional por sectores y ahí es evidente que en el período de reforma laboral ha disminuido la participación del trabajo por cuenta propia, principalmente en el sector primario y en el comercio al por menor, en tanto que el trabajo sin pago ha disminuido su peso principalmente en el sector primario. Sin embargo, el rasgo más relevante de estos datos es que las formas más precarizadas de trabajo han elevado su participación en la construcción, la manufactura y los transportes, en tanto que el trabajo asalariado ha elevado más su participación en el sector manufacturero.

En su mayoría, los puestos de trabajo de la economía mexicana siguen siendo gene-rados por microunidades económicas de no más de cinco trabajadores; es decir, por un tipo de empresas caracterizado por una mayor precarización laboral (Salas, 2003). En el cuadro 4 se observa que en este tipo de unidades se sigue generando más del 50 por ciento de la ocupación total del país, aun y cuando haya disminuido ligeramente su peso después del 2012, sobre todo por las reducciones en el trabajo sin pago. Las microunidades, de acuerdo con el mismo autor, tienen un doble papel en la economía: absorben un número considerable de trabajadores y generan mercancías baratas para los grupos de menores ingresos. Debido a ese doble rol, operan como un amortiguador anti-cíclico de la economía y mantienen condiciones de productividad e ingresos muy precarias.

En el cuadro 5 se observa que se eleva ligeramente, en 2.2 por ciento, el número de trabajadores con contrato, aunque sigue siendo muy elevado el porcentaje de trabajadores sin contrato por escrito, ya que representa al 43.4 por ciento de los trabajadores; asunto que no es menor, en virtud de que a partir de un contrato por escrito se derivan derechos sociales.

Dentro de los contratos, sigue siendo muy elevada la participación de los temporales o por tiempo definido. De acuerdo con los datos del cuadro 6, el 17.6 por ciento de los contratos son de este tipo.

El deterioro de la temporalidad en los contratos de trabajo se asocia también al deterioro de los salarios reales: la caída salarial entre 2005 y 2006 es de 12 por ciento en los ingresos mensuales y de 14 por ciento en el salario por hora. Después de la reforma laboral, el salario real no ha mejorado en absoluto: en tan solo tres años ha perdido un 5 por ciento de su poder adquisitivo, como se ve en el siguiente cuadro.

Al examinar los ingresos por género, es notable el deterioro de los niveles salariales, tanto para hombres como para mujeres; sin embargo, las condiciones de las mujeres han empeorado mucho más. En el cuadro 9 se observa que de 2012 a 2015, el salario por hora de los hombres disminuyó prácticamente un 4 por ciento, en tanto que el de las mujeres cayó 8 por ciento. Esta situación elevó la brecha salarial, ya que en el primer año el salario por hora de las mujeres representaba el 58 por ciento del de los hombres y para 2015 esa participación era sólo del 56 por ciento.

Aunque en México la protección sindical ya se había reducido sustancialmente en los años previos a la reforma laboral, su descenso ha continuado con esta. De acuerdo con los datos del cuadro 10 se puede observar que a partir de dicha reforma ha seguido disminu-yendo el número de trabajadores sindicalizados en el país.

La menor temporalidad de los contratos, la caída salarial, las reducciones de la tasa de sindicalización se conjugan con la fuerte participación de las microunidades en la ocupación total para constituir un marco de elevada precarización laboral en el país.

Consideraciones finales

Las nuevas propuestas de reforma, emprendidas por la administración actual del Pre-sidente Peña Nieto, no han podido romper la camisa de fuerza de las restricciones impuestas por los preceptos del Consenso de Washington y se corresponden plenamente con lo que la OCDE ha recomendado para el país (OCDE, 1994; Williamson,1998):

• Elevar el aprovechamiento educativo

• Reducir la protección al empleo sujeto a contratos formales

• Eliminar las barreras de entrada y a la competencia

• Eliminar las restricciones sobre la inversión extranjera directa

En el terreno laboral, la reforma ha tendido a consolidar institucionalmente el marco de flexibilización que se ha seguido en el país a partir del impulso del modelo exportador en los años ochenta. Los efectos más claros de la reforma laboral no son los pregonados por el gobierno, en cuanto a un aumento del empleo y el mejoramiento de las condiciones de vida de los trabajadores, sino al contrario, dichas medidas han llevado al agudizamiento en el deterioro de las condiciones de vida de los trabajadores y al incremento de la preca-rización laboral.

El trabajo precario se refleja en indicadores económicos como: la ausencia de contratos escritos, la reducción de la sindicalización, la reducción de la temporalidad de los contratos, pero sobre todo en la caída salarial que alcanza niveles alarmantes.

Las reformas parciales que se han estado impulsando por el PRI no van al centro del problema, que es la reconstitución de la capacidad productiva de la Nación y sus regiones (Isaac y Quintana, 2012). La tarea de transformar al país no es fácil; para ello se requiere de un Estado legítimo y auténticamente democrático, con amplia participación popular y dispuesto a enfrentar los intereses que los grandes grupos oligopólicos del poder han construido en tres décadas de reforma neoliberal en México.

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