Human Rights and Women in Indigenous Communities Mexico

Carlos García Medina

Carlos García Medina. Doctor en Ciencias Geográficas, Especialidad en Geografía económica, social y política, Universidad Estatal de San Petersburgo, Rusia, 2004 Maestría en Planeación, Universidad Autónoma de México (UNAM) 1999. Licenciado en Geografía UNAM, 1997. Profesor-Investigador, Titular A. Docente en la Licenciatura de Administración Pública Universidad del Istmo, Campus Ixtepec, Oaxaca, México, 2009. Docencia en geografía económica y geopolítica. Investigaciones en Pueblos Indígenas y Planeación. Correo electrónico: garciayyo@yahoo.com.mx / cgarcia@bianni.unistmo.edu.mx / garciamedi@hotmail.com.

RESUMEN

En la actualidad es común encontrar trabajos que hablen de los derechos humanos, pero son pocos los que abordan el problema de los derechos humanos en las mujeres indígenas. Sobre todo en México, país rico en diversidad cultural; se reconoce que el estado mexicano tiene oficialmente 62 lenguas indígenas. Sin embargo, ésta riqueza cultural y pluricultural se ve opacada por la gran diferenciación social y económica en que viven. Por tal motivo, la presente investigación dará un esbozo de los derechos humanos de las mujeres indígenas del sur del país; es decir, de los estados de Guerreo, Oaxaca y Chiapas. Para tal análisis es necesario recurrir a algunos instrumentos normativos internacionales y nacionales, que tengan que ver específicamente con los derechos humanos de las mujeres indígenas. El trabajo está dividido en tres apartados, el primero, corresponde a los instrumentos internacionales; el segundo, a los nacionales, es decir la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el tercero, a las constituciones de los estados de Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Aunque existan a nivel internacional, nacional, estatal normas que defienden los derechos de las mujeres indígenas, la problemática específica de la mujer indígena muestra que existen carencias jurídicas aún pendientes en cada uno de los estados analizados.

PALABRAS CLAVE: Derechos Humanos, norma, mujeres indígenas, instrumentos normativos, México.

ABSTRACT

Academic papers on Human Rights are widely-available today; however there are relatively few papers on the Human Rights of women in Indigenous Communities. This is particularly true in Mexico. Mexico is a culturally-diverse country with 62 official Indigenous Languages. However this multicultural heritage is being diminished by the social and economic inequality that affects Indigenous Communities. For this reason the current study will outline the Human Rights of women in Indigenous communities in the southern states of Mexico: Guerrero, Oaxaca and Chiapas. To conduct this study it is necessary to draw on the national and international legal instruments that refer specifically to the Human Rights of women in Indigenous Communities. This study is divided into three sections. The first section examines international legal instruments. The second examines national legal instruments: the Constitution of the United States of Mexico. The third, and final, section examines the constitutions of the states of Guerrero, Oaxaca and Chiapas. Although indigenous women s rights are protected by state, national and international laws; the specific issues faced by women in indigenous communities prove that there are still unresolved legal issues in the state analyzed in this study.

KEY WORDS: Human Rights, Standars, Women in Indigenous Communities, Legal Instruments, Mexico.

Aceptado: 01-12-2009.

INTRODUCCIÓN

En la actualidad es común encontrar trabajos que se dedican a analizar los derechos humanos, pero son pocos los que abordan el problema de los derechos humanos en las mujeres indígenas. Aún cuando existen normas para proteger los derechos de las mujeres indígenas. Entre los instrumentos jurídicamente obligatorios a nivel internacional están los tratados y las convenciones, que una vez ratificados por lo gobiernos, se deben respetar. Para las mujeres indígenas, existen organizaciones que se dedican específicamente a dar seguimiento al avance de los derechos de las mujeres y de los pueblos indígenas, como son: Foro Permanente sobre Cuestiones Indígenas de las Naciones Unidas (FPCI) año de creación 2000; La Comisión sobre la Condición de la Mujer (CCM) año de creación 1946; El Grupo de Trabajo sobre Poblaciones Indígenas (GTPI) año de creación 1982; El Grupo de Trabajo encargado de elaborar un proyecto de Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, y los Relatores Especiales.

Entre los instrumentos nacionales, para el caso de México, están: la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; Ley General para la igualdad entre mujeres y hombres; Ley General de acceso para una vida libre de violencia; Ley Federal para prevenir y erradicar la discriminación; Plan Nacional de Desarrollo Sustentable 2007-2010. Sin embargo, para el presente estudio sólo analizaremos algunos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en la que se reconoce la diversidad de los Pueblos Indígenas que constituyen el país. Posteriormente, estudiaron constituciones de tres estados de la República Mexicana para focalizar aquellos artículos relacionados con la población y las comunidades indígenas del país; el objetivo del artículo es realizar un análisis del marco normativo a nivel internacional, nacional y estatal respecto a los derechos de las mujeres indígenas.

Desde nuestro punto de vista, las leyes se deben aplicar a todos los pueblos y comunidades indígenas del país, es decir, en donde cada garantía social esté bien desarrollada, que no de pauta a ambigüedades; así también como a sus derechos y obligaciones. Donde no sólo los estados que tengan población indígena sean los responsables de su desarrollo o de su exclusión social, sino que existan leyes a nivel nacional, que amparen a los pueblos y comunidades indígenas como parte de la población mexicana.

INSTRUMENTOS NORMATIVOS INTERNACIONALES

Entre los instrumentos jurídicamente obligatorios a nivel internacional están los tratados y las convenciones¹, los cuales establecen que una vez ratificados por los gobiernos, se deben respetar. Entre algunos tratados tenemos los siguientes: Pacto internacional de derechos civiles y políticos (PIDCP), Pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales (PIDESC), Convención internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial (CNUEDR), Convenio contra la tortura y otros tratados o penas crueles, inhumanos o degradantes (CCT), Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDM) y la Convención sobre los derechos del niño (CDN), entre algunos instrumentos a nivel internacional. Cada uno de estos instrumentos cuenta con su respectivo Comité, que se encargan de examinar periódicamente los informes presentados por los Estados-nación; por otro lado, las organizaciones de mujeres indígenas, al mismo tiempo, pueden presentar informes al margen de los que presentaron los Estados.

El relator que es básico para nuestro estudio, es el Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas (REPI), año de creación 2001, su trabajo es complementario a los organismos de GTPI y el FPCI; entre sus principales actividades están: primera, investigación temática sobre la situación de los pueblos indígenas, es decir, evaluar el impacto de proyectos de desarrollo, derechos de las comunidades, derechos culturales etc.; y como segunda actividad, visita a los países en donde se han localizado problemas, tratando de establecer un diálogo constructivo; por último, en el momento en que los gobiernos soliciten, establecer comunicación cuando existan violaciones de los derechos de los pueblos indígenas.

Para este estudio, sólo se analizará el FPCI, ya que en éste, los pueblos indígenas expresan sus necesidades e inquietudes. Sin embargo, no debemos soslayar que otras instituciones contienen demandas importantes que corresponde a los pueblos indígenas y sobre todo a las mujeres indígenas.

Las mujeres indígenas de todo el mundo, tanto aquellas que pertenecen a sociedades tradicionales como no tradicionales, coinciden en que uno de sus grandes temas de preocupación es el efecto negativo que produce el hecho de que instituciones locales, estatales, intergubernamentales o civiles, las excluyan de los procesos para tomar decisiones que les afectan. Es muy importante la contribución de las mujeres indígenas en todos los niveles de negociación y planificación que estén relacionados con sus familias y comunidades, ya sea en tiempos de paz o en situaciones de conflicto. En general, el hecho de incluirlas se traduce en resultados mejores y más sostenibles ecológicamente, que preservan la salud de sus comunidades y su identidad cultural (ONU, 2004: 2).

La situación deprimida de sus zonas, ubicadas principalmente al sur del país ocasiona que poco a poco se pierda su cultura, sus bienes, hasta su tierra, y condiciona que muchas mujeres indígenas busquen un trabajo, donde puedan obtener rápidamente ingresos. El Foro Permanente para las cuestiones indígenas de las Naciones Unidas, menciona que las pérdidas de las tierras de las mujeres indígenas, las obliga al trabajo sexual, sobre todo en América latina, destacando los países Brasil y Guatemala en este problema (ONU, 2004:2).

La condición de pobreza en que están la mayoría de los pueblos y comunidades indígenas, provoca que emigre el hombre en busca de otras oportunidades de ingreso²; pero al no contar con educación, no hablar la lengua oficial del país y al agotarse sus recursos, tiende a trabajar nuevamente en el sector primario o en el sector de los servicios, recibiendo a cambio poco ingreso. Dada esta situación, la mujer indígena tiene que buscar la forma de vivir, cambiando toda la estructura de sus hábitos, de su comunidad, ahora ella tiene que hacerse cargo de todo. El abandonar la tierra es la última medida extrema que pueden tomar.

Cabe señalar, que las maquiladoras se aprovechan de las condiciones de las mujeres indígenas para pagarles menos, ya que como no conocen sus derechos y obligaciones jurídicas, se les imponen trabajos de más de ocho horas al día, amenazándolas con el despido³. El no conocer las leyes en sus idiomas y al no contar con acceso a la educación las hace vulnerables a atropellos. “Ha sido ampliamente documentada (…) donde son víctimas de humillación, acoso e intimidación sexual, agresiones sexuales, palizas, cacheos sin ropa, pruebas de embarazo forzadas, despido de las embarazadas y violencia contra las que organizan sindicatos” (ONU, 2004: 3).

Aunque existan a nivel internacional varias organizaciones que defienden los derechos de las mujeres indígenas, todavía falta mucho por hacer, ya que el problema se quiere focalizar sólo en la mujer, pero en realidad el conflicto está en la sociedad fragmentada, es decir, para que un ser humano sea completo y sea feliz, es necesaria la compañía de sus semejantes, pero si estos viven en condiciones deplorables, en la pobreza, en la discriminación, en el desempleo, esto va a traer consigo una desintegración de sus comunidades y de sus pueblos indígenas, por eso, el problema que afecta a la sociedad debe verse en su totalidad y así darles a todas las mismas oportunidades y derechos que les corresponden.

La mujer indígena ha participado activamente en la escena internacional, ejemplo de ello, en la Cumbre para la Tierra de Río en 1992, en la Conferencia Mundial de Derechos período extraordinario de sesiones de seguimiento de la Asamblea General en 2000 (ONU, 2004). Sin embargo, aún queda mucho por hacer, porque revisando otros instrumentos internacionales como el IX informe de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer (1995), se menciona sólo cinco veces la palabra mujer indígena⁴, en el texto, “Mujer indígena” es una frase, y puede calificarse como una expresión o una denominación. En el punto 32 de dicho informe se señala:

32. El pasado decenio ha presenciado también un reconocimiento cada vez mayor de los intereses y las preocupaciones propios de la mujer indígena, cuya identidad, tradiciones culturales y formas de organización social mejoran y fortalecen las comunidades en que vive. Con frecuencia la mujer indígena enfrenta barreras tanto por su condición de mujer como por ser miembro de comunidades indígenas (Instituto Nacional de la Mujeres, 2008: 180).

]]> Se dice que hay un mayor reconocimiento a los intereses y preocupaciones propios de la mujer indígena, pero no dice cuáles son, y sigue indicando las barreras; en donde cabría la misma pregunta ¿cuáles? Porque la identidad, las tradiciones culturales (…), y el idioma benefician a las mujeres indígenas, es decir, a la mujer en general, en cualquier región donde se encuentre y en cualquier país.

El documento señala lo siguiente: “(…) hacer participar a la mujer, especialmente la mujer indígena y la mujer de las comunidades locales, en la determinación de las prioridades y la preparación de programas de atención de salud; y suprimir todos los obstáculos que impiden el acceso de la mujer a los servicios de salud y ofrecer toda una serie de servicios de asistencia sanitaria” (Instituto Nacional de la Mujeres, 2008: 202). Muchas veces no es que la mujer indígena no quiera participar, si no que tiene mucho que hacer en casa, en labores del campo, en educación de sus hijos. Muchas de las regiones indígenas no cuentan con la infraestructura hospitalaria correspondiente, ni con el personal calificado, sólo se les puede brindar ayuda en casos no “complicados” de accidentes, los hospitales principalmente se ubican en ciudades. La falta de instrumentos sofisticados para las atenciones correspondientes, así como de medicamentos y la accesibilidad a ellos; son factores que influyen en que las mujeres indígenas no “participen” de estos beneficios. Se fomenta una mayor intervención de la mujer indígena a través de “alentar una mayor participación de la mujer indígena en la adopción de decisiones a todos los niveles” (Instituto Nacional de la Mujeres, 2008: 239).

Si las necesidades básicas de la población indígena, y sobre todo de las mujeres estuvieran resueltas, ésta participaría activamente en la toma de decisiones, como se ve reflejado en los casos siguientes:

La mujer, y en particular la indígena, tienen conocimientos especiales de los vínculos ecológicos y de la ordenación de los ecosistemas frágiles. En muchas comunidades, la mujer es la principal fuerza de trabajo para la producción de subsistencia, por ejemplo, la recolección de mariscos; así pues, su función es fundamental para el abastecimiento de alimentos y la nutrición, la mejora de las actividades de subsistencia y del sector no estructurado y la protección del medio ambiente (Instituto Nacional de la Mujer, 2008: 259).

Para el caso de México, se analizó el documento llamado objetivos de desarrollo del milenio en México (2006), en su contenido, sólo se mencionan una vez la frase mujer indígena y mujeres indígenas.

Que las instituciones encargadas de atención a la salud (federales, estatales, tradicionales) establezcan un esquema de vigilancia a la mujer indígena embarazada para su atención oportuna ante emergencia obstétrica (el esquema debe considerar la condición de lejanía y/o inaccesibilidad de la localidad donde resida la mujer, así como las condiciones culturales e idiomáticas que podrían dificultar una comunicación fluida, certera y respetuosa) (ONU y Gobierno de la República, México, 2006: 73).

Las instituciones correspondientes de salud, en sus tres niveles deben establecer un esquema de seguimiento a la mujer indígena embarazada, haciendo énfasis en el esquema y la atención oportuna, considerando la lejanía de las zonas indígenas. Nuevamente no se aborda al problema desde su origen, es preferible señalar, construir hospitales y clínicas en las zonas indígenas para darles vigilancia a las mujeres indígenas embarazadas con atención certera y respetuosa.

]]> Asimismo, el Programa Organización Productiva para Mujeres Indígenas (POPMI), de la CDI, apoya acciones orientadas a mejorar las condiciones de vida y posición social de las mujeres indígenas, fortaleciendo su participación como impulsoras de su propio desarrollo, mediante la ejecución de proyectos de organización productiva (ONU y Gobierno de la República, México, 2006: 78).

En forma general, se puede mencionar que: tal vez sea difícil definir a una mujer indígena, pero se pueden caracterizar sus condiciones sociales, necesidades, etc., que van a ser diferentes según el país en que se encuentren e incluso entre regiones de un mismo país.

En los trabajos analizados, sólo se menciona a la mujer en forma general, hacen poca referencia a los problemas que atañen a las mujeres indígenas, sólo se utiliza el término mujer indígena para decir: “y también a la mujer indígena”. Las intenciones de los instrumentos internacionales van con el fin de aminorar la desigualdad de género en forma general. Llevar a la práctica sus recomendaciones se dificulta, sobre todo si es un país donde su democracia está en desarrollo; ya que no existen instituciones consolidadas que vigilen su cumplimiento.

INSTRUMENTOS NORMATIVOS NACIONALES

Entre los instrumentos nacionales tenemos: la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; Ley General para la igualdad entre mujeres y hombres (año de creación 2006); Ley General de acceso para una vida libre de violencia (año de creación 2007); Ley Federal para prevenir y erradicar la discriminación, (año de creación 2003); Plan Nacional de Desarrollo Sustentable 2007-2010 (Instituto Municipal de la Mujer Ixtepecana, 2008-2010). Pero para el fin del estudio se enfoca sobre la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En la que se reconoce la diversidad de los pueblos indígenas que constituyen el país. En su artículo dos dice:

La Nación Mexicana es única e indivisible. La Nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas que son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o partes de ellas (Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2008: 1).

Según el diccionario de uso del español, define a la nación de la siguiente forma: “Comunidad de personas que viven en un territorio regido todo él, por el mismo gobierno y unidas por lazos étnicos o de historia” (Moliner, 2007: 2027- 2028). Cabe señalar, que esta comunidad puede compartir tradiciones, religión, idioma, entre otros elementos. Pero el término sólo hace referencia a un conjunto de personas que comparten características semejantes, no hace mención a una diversidad de naciones; para ocultar esta ambigüedad, la Carta Magna, retoma a los pueblos indígenas, los cuales de una manera independiente cumplen con las características referidas.

Antes de la llegada de los españoles, para los pueblos indígenas no existían las fronteras, ya que se veían como integrantes del espacio geográfico, es decir, de la superficie de la tierra; pero en nuestro artículo señalado, se les limita con el término territorio, el cual implica límites.

En el mismo artículo se menciona “La conciencia de su identidad indígena deberá ser criterio fundamental para determinar a quiénes se aplican las disposiciones sobre pueblos indígenas” cabe preguntarse ¿qué es la identidad indígena?; como respuestas podrían ser: el hablar su idioma, conservar sus costumbres, sus instituciones o parte de ellas, su vestimenta, vivir en la comunidad.

El derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación se ejercerá en un marco constitucional de autonomía que asegure la unidad nacional. El reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas se hará en las constituciones y leyes de las entidades federativas, las que deberán tomar en cuenta, además de los principios generales establecidos en los párrafos anteriores de este artículo, criterios etnolingüísticos y de asentamiento físico (Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2008: 2).

Este punto es importante, para nuestro estudio, ya que les otorga a los estados de la República Mexicana, la autoridad para reconocer o no a los pueblos y comunidades indígenas utilizando criterios etnolingüísticos y de asentamiento físico. Pero, en líneas anteriores se reconoce que la “nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas (…)”, entonces ¿por qué se les da a los estados la facultad de reafirmar los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, bajo criterios etnolingüísticos y de asentamiento físico? En el mismo artículo inciso A, se reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía para:

I. Decidir sus formas internas de convivencia y organización social, económica, política y cultural.

II. Aplicar sus propios sistemas normativos en la regulación y solución de sus conflictos internos sujetándose a los principios generales de esta Constitución, respetando las garantías individuales, los derechos humanos y, de manera relevante, la dignidad e integridad de las mujeres. La ley establecerá los casos y procedimientos de validación por los jueces o tribunales correspondientes (Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2008: 2).

En este apartado del artículo 2° de la Carta Magna se hace mención a la dignidad e integridad de las mujeres, es decir, que los sistemas normativos de los pueblos indígenas y sus comunidades las respeten. Pero en los casos y procedimientos de validación, éstos serán realizados por jueces o tribunales correspondientes, es decir, no conforme a los usos y costumbres de los pueblos y comunidades indígenas.

III. Elegir de acuerdo con sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales, a las autoridades o representantes para el ejercicio de sus formas propias de gobierno interno, garantizando la participación de las mujeres en condiciones de equidad frente a los varones, en un marco que respete el pacto federal y la soberanía de los estados (Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2008: 2).

Los puntos siguientes, que son del mismo artículo 2° de la Carta Magna, son importantes porque en ellos se reconocen las carencias sociales en los pueblos y comunidades indígenas, cuando dicen que: “IV. Preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los elementos que constituyan su cultura e identidad” (Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2008: 2), porque como la mayoría de las personas versadas en el tema saben que, aquellas que hablan el idioma español tendrán más oportunidades que los indígenas monolingües. “V. Conservar y mejorar el hábitat, y preservar la integridad de sus tierras en los términos establecidos en esta Constitución” (Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2008: 2); porque algunas de sus tierras han sido sobreexplotadas o por las condiciones sociales, muchos de ellos optan por abandonarlas. El punto VI hace referencia a las formas y modalidades de tenencia de la tierra, garantiza el uso y disfrute de los recursos naturales a las comunidades y a terceros. Acá se deja sin explicación quiénes son estos terceros, sin embargo, quedan exentas las áreas estratégicas. Cabe preguntarse ¿Qué es una área estratégica? Y sí lo fuera y con el tiempo dejara de ser estratégica o por el contrario, posteriormente adquiere importancia estratégica.

El punto VII, refiere a los municipios con población indígena, señala que tendrán representantes ante los ayuntamientos con el fin de “fortalecer la participación y representación política de conformidad con sus tradiciones y normas internas” (Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2008: 2). Pero sería importante apuntar que existen municipios con poca población indígena y otros con mucha. Si tan sólo por existir población indígena tienen representantes ante el Ayuntamiento, beneficiaría a los pueblos y comunidades indígenas.

En el punto VIII, menciona que el Estado garantiza los juicios y procedimientos en forma individual o colectivamente, tomando en cuenta sus costumbres y especificidades culturales de los pueblos indígenas, a su vez también se les otorga a los indígenas el derecho a ser asistidos por intérpretes y defensores que tengan conocimiento de su lengua y su cultura (Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2008: 2).

En el inciso B, del artículo 2°, hace referencia a promover la igualdad de oportunidades para los indígenas y erradicar la discriminación a nivel federal, estatal y municipal; los tres niveles de gobierno establecerán las instituciones correspondientes y determinarán las políticas que garanticen los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, así como su desarrollo integral; estas políticas deben de ser diseñadas y operadas por las instituciones de gobierno junto con los pueblos y comunidades indígenas (Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2008: 3).

Esto es una buena propuesta, ya que en años anteriores lo que se buscaba era que los pueblos y comunidades indígenas se acoplaran a los proyectos de gobierno.

En el mismo inciso B del artículo 2°, con el fin de abatir las carencias y rezagos que presentan los pueblos y comunidades indígenas, las autoridades, tienen la obligación de: “I. Impulsar el desarrollo regional de las zonas indígenas con el propósito de fortalecer las economías locales y mejorar las condiciones de vida de sus pueblos, (…)” (Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2008: 3) Necesidades que son básicas y que ellos aún carecen de estos beneficios sociales.

En el punto II. Garantizar e incrementar los niveles de escolaridad, apoyando la “educación bilingüe e intercultural, la alfabetización, la conclusión de la educación básica, la capacitación productiva y la educación media superior y superior; establecer un sistema de becas para los estudiantes indígenas en todos los niveles (…). Impulsar el respeto y conocimiento de las diversas culturas existentes en la nación” (Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2008: 3) Cabe señalar, que se han abierto mecanismos para becar a alumnos, por ejemplo, en las universidades públicas del país se otorgan becas para los jóvenes estudiantes indígenas.

En el punto III. Fortalecer el acceso a los servicios de salud, mediante la ampliación de la cobertura del sistema nacional, utilizando la medicina tradicional, haciendo énfasis en la nutrición de los indígenas especialmente para niños, mediante programas de alimentación (Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2008: 3). Este es un punto, en el cual se debe trabajar aún más, ya que gran parte de la población indígena, influenciada por la televisión nacional, en lugar de ingerir comida casera, compra comida “chatarra” como son frituras: Ruffles, Doritos, Chetos, entre otros, o en su caso sólo harinas.

En el punto IV. Se hace referencia a “mejorar las condiciones de las comunidades indígenas y de sus espacios para la convivencia y recreación, mediante acciones que faciliten el acceso al financiamiento público y privado, para la construcción y mejoramiento de vivienda, así como ampliar la cobertura de los servicios sociales básicos” (Ibidem, 3).

Para la asignación de los recursos productivos, es necesario que las mujeres indígenas se organicen y soliciten los recursos, pero previamente, deben presentar propuestas que son evaluadas por las dependencias correspondientes; las iniciativas deben estar escritas en idioma español, lo que ocasiona que mucha población indígena, que es monolingüe, quede fuera de los apoyos otorgados por el gobierno; la mayoría de los pueblos y comunidades indígenas desconocen los mecanismos para solicitar los apoyos.

Otro problema que deben afrontar las zonas indígenas es el aislamiento, por lo tanto en el punto VI. Se pretende extender la red de comunicaciones que permita la integración de las comunidades, mediante la construcción y ampliación de vías de comunicación y telecomunicación (...) (Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2008: 3). Ya que en el territorio nacional las carreteras mejor conservadas y con mantenimiento constante son las de cuota; las carreteras que llegan a poblados indígenas por lo regular son de terrecería, es decir de tierra, y en la época de lluvias algunos poblados quedan incomunicados, porque los vehículos no pueden pasar, se quedan atascados. Bajo la misma línea en el punto VII, se aspira a “apoyar las actividades productivas y el desarrollo sustentable de las comunidades indígenas (…), la incorporación de tecnologías para incrementar su propia capacidad productiva, así como para asegurar el acceso equitativo a los sistemas de abasto y comercialización” (Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2008: 3). Esperando que dentro de algunos años podamos evaluar estas buenas intenciones, dado que actualmente en las zonas indígenas se puede observar que sus productos son acaparados por intermediarios, por tanto, tratar que ellos sean productores, comercializadores y vendedores los beneficiaría en mucho.

Los migrantes de los pueblos indígenas serán protegidos por políticas sociales, según punto VIII, tanto en el territorio nacional como en el extranjero, “mediante acciones para garantizar los derechos laborales de los jornaleros agrícolas; mejorar las condiciones de salud de las mujeres; apoyar con programas especiales de educación y nutrición a niños y jóvenes de familias migrantes (…)” (Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2008: 3). Como lo hemos visto en el desarrollo del presente trabajo, esta población vulnerable necesita apoyos (subsidios), ya que al emigrar se encuentran “solos” y a expensas de sufrir abusos de diferentes tipos.

Por último, en el mismo artículo 2°, en el punto IX, del apartado hace mención de “consultar a los pueblos indígenas en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo y de los estatales y municipales y, en su caso, incorporar las recomendaciones y propuestas que realicen” (Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2008: 4) . Este inciso es de vital importancia, ya que los pueblos y comunidades indígenas expresan sus necesidades e inquietudes, sin embargo, deberían tomar en cuenta sus recomendaciones y propuestas, y eliminar de su texto la redacción que dice “en su caso”, es decir, si el gobierno lo considera conveniente, la recomendación por parte de los pueblos y comunidades indígenas será escuchada.

Los artículos, incisos y puntos tratados en este apartado hacen referencia a las garantías sociales plasmadas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por ejemplo, el artículo 3°, trata el tema de la educación; el artículo 4°, la salud, medio ambiente y la vivienda; en el artículo 21°, la imposición de penas que es propia y exclusiva de la autoridad judicial y la seguridad pública que está a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los estados y municipios; el articulo 25°, indica garantizar el desarrollo nacional de una forma integral y sustentable; el artículo 27°, refiere de la propiedad de las tierras, aguas y el agro mexicano, que pertenecen originariamente a la nación y por último, el artículo 123°, toca los derechos laborales (Azuela, 2005). Pero, como es conocido para el caso de la población y comunidades indígenas, éstos derechos aun no han encontrado su refracción, por lo que queda todavía mucho por hacer en los derechos sociales de la población indígena y sobre todo de las mujeres indígenas.

Al revisar la Carta Magna, sólo en el artículo dos se indica acerca de la mujer indígena, en los demás artículos se utiliza solo en nombre genérico de mujer. Por ejemplo, en el artículo 18°, sólo por delito que merezca pena privativa de la libertad habrá lugar a prisión preventiva. (…), y se agrega las “mujeres compurgarán sus penas en lugares separados de los destinos de los hombres (…)” (Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2008: 10). En el artículo 34°, en donde señala la ciudadanía “Son ciudadanos de la República los varones y mujeres...” (Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2008: 27). Artículo 123, inciso “V. Las mujeres durante el embarazo no realizaran trabajos que (...)” (Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2008: 89), y el inciso XV, de dicho artículo, versa sobre el mismo tema; en su apartado B, inciso XI, subíndice C, dice “Las mujeres durante el embarazo no realizarán trabajos que exijan un esfuerzo considerable (...)” (Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2008: 95).

Como se aprecia, son muy pocos los artículos de la Condtitución mexicana, que hacen referencia a las mujeres indígenas. Claro que este problema se subsana con las diferentes leyes que existen sobre el tema de la mujer. Sin embargo, desde nuestro punto de vista, hace falta un código para los pueblos y comunidades indígenas del país. Es decir, en donde cada garantía social esté bien desarrollada, así como todas las garantías sociales, sus derechos y obligaciones, que sea sólo para los pueblos y comunidades indígenas que constituyen parte importante de la población de México. No sólo los estados donde exista población indígena sean los responsables de su desarrollo o de su exclusión social, sino que tengan leyes a nivel federal que los amparen, dado que son cambiantes en el tiempo y espacio.

INSTRUMENTOS NORMATIVOS ESTATALES

En este apartado, analizaremos constituciones de tres estados de la República Mexicana, para localizar aquellos artículos que se relacionen con la población y comunidades indígenas del país. Primeramente, se consideró la constitución del estado de Guerrero, posteriormente Oaxaca y Chiapas.

Los poderes del Estado y los Ayuntamientos, en sus respectivos ámbitos de competencia y en el marco de la Constitución General de la República y de la Constitución Política del Estado de Guerrero, proveerán a la incorporación de los pueblos indígenas al desarrollo económico y social y a la preservación y fomento de sus manifestaciones culturales (Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, 2008: 13).

Se quiere incorporar a los pueblos indígenas al desarrollo económico y social, pero si ellas tienen sus propias formas de organización social y económica, será contraproducente incorporarlos a los modelos neoliberales, justificando su desarrollo. Lo cual puede provocar su rechazo e incrementar su desigualdad social y económica, en lugar de impulsarla. Por supuesto, que la preservación y fomento de sus manifestaciones culturales, permitirá conservar su identidad como pueblos indígenas.

Más adelante, el artículo 76° Bis., propone la creación de una Comisión de Derechos Humanos dentro del Poder Ejecutivo, tendrá autonomía técnica y su objetivo será establecer “el procedimiento en materia de desaparición involuntaria de personas (…) definirá las prioridades para la protección de los Derechos Humanos tratándose de indígenas internos en centros de readaptación social; menores de edad y mujeres de extrema ignorancia o pobreza; e incapaces (…)” (Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, 2008: 47).

Cabe señalar que, la Comisión de Derechos Humanos sólo tiene la facultad para dar solución a indígenas internos en centros de readaptación social, es decir, los demás indígenas que tengan problemas en otros ámbitos esta Comisión, no tienen la facultad de intervenir, por tanto deben recurrir a otras instancias para hacer valer sus derechos.

La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, sólo en estos dos artículos hace mención a la población indígena. Por lo que desde nuestro punto de vista, debería ampliarse el quehacer de la Comisión de Derechos Humanos a todos los problemas legales que puedan afectar a los pueblos y comunidades indígenas del Estado de Guerrero. De lo contrario, la población de origen indígena seguirá siendo vulnerable y pueda ocasionar de manera acelerada su reducción.

En el Estado de Oaxaca existe un número importante de población indígena, se puede observar en los artículos de su constitución dedicados a ellos, caso contrastante con el estado de Guerrero. En el artículo 12°, de su constitución se retoma “el tequio” como una expresión de solidaridad según los usos de cada pueblo y comunidad indígena.

Los tequios⁵ encaminados a la realización de obras de beneficio común, derivados de los acuerdos de las asambleas, de las autoridades municipales y de las comunitarias de cada pueblo y comunidad indígena, podrán ser considerados por la ley como pago de contribuciones municipales; la ley determinará las autoridades y procedimientos tendientes a resolver las controversias que se susciten con motivo de la prestación del tequio. (Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, 2008: 6).

A los pueblos y comunidades indígenas, sus formas de organización social, política y de gobierno, sus sistemas normativos internos, la jurisdicción que tendrán en sus territorios, el acceso a los recursos naturales de sus tierras y territorios, su participación en el quehacer educativo y en los planes y programas de desarrollo, sus formas de expresión religiosa y artística, la protección de las mismas y de su acervo cultural y en general para todos los elementos que configuran su identidad. Por tanto, la ley reglamentaria establecerá las normas, medidas y procedimientos que aseguren la protección y respeto de dichos derechos sociales, los cuales serán ejercidos directamente por las autoridades de los pueblos y comunidades indígenas o por quienes legalmente los representen. (Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, 2008: 9-10).

El reconocer a los pueblos y comunidades indígenas no garantiza que se respeten sus derechos, por eso en este apartado se hace énfasis en la ley reglamentaria.

El artículo 16° es rico en el tema indígena, ya que continúa señalando que se castigarán las diversas formas de discriminación étnica, las conductas etnocidas, el saqueo cultural en el Estado, se protegerá a los pueblos y comunidades indígenas contra los reacomodos y desplazamientos; se asegurará el acceso de los indígenas a la protección jurídica del Estado; en los juicios se procurará que los precursores de justicia sean hablantes de la lengua del indígena o haya un traductor bilingüe. En lo que respecta a los límites de tierras: ejidales, municipales o de bienes comunales, el Estado promoverá la conciliación y concertación para la solución definitiva. Se reconocen los sistemas normativos internos de los pueblos y comunidades indígenas, así como sus autoridades; también se les reconoce el uso y disfrute de los recursos naturales de sus tierras y territorios, asimismo se procurará su desarrollo económico, social y cultural.

Como podemos ver en este artículo, el estado de Oaxaca recoge muchas demandas que habían solicitado los pueblos y comunidades indígenas. Sin embargo, si no se crean las instituciones correspondientes para el desarrollo económico, social y cultural, sólo habrá un pequeño cambio en los pueblos y comunidades indígenas sin modificar la estructura de dependientes de los apoyos de gobierno.

En su artículo 112°, refiere a la Jurisdicción indígena, la cual se ejercerá por las autoridades comunitarias conforme a los usos y costumbres de los pueblos y comunidades indígenas (Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, 2008: 50). Este punto es importante, porque marca los límites que permiten a las autoridades indígenas ejercer su jurisdicción, sólo dentro de su ámbito territorial, conforme a los usos y costumbres. No lo pueden ejercer más allá de su territorio.

En el artículo 113°, inciso V. se menciona que los municipios del Estado y comunidades indígenas podrán asociarse libremente, pero para ello deben tomar en cuenta su procedencia étnica e histórica. Los pueblos y comunidades indígenas sólo podrán asociarse para:

a) El estudio de los problemas locales.

]]> b) La realización de programas de desarrollo común.

c) El establecimiento de cuerpos de asesoramiento técnico.

d) La capacitación de sus funcionarios y empleados.

e) La instrumentación de programas de urbanismo, y

f) Las demás que tiendan a promover el bienestar y progreso de sus respectivas comunidades y pueblos (Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, 2008: 54).

Además de los puntos anteriores, se les debería permitir la asociación para buscar recursos monetarios, sociales, culturales, educativos, deportivos, de salud, entre otros, dentro del territorio nacional o fuera de él, ya que existen organizaciones humanitarias, de educación, de salud, culturales etc., que podrían ayudar a resolver algunos de sus problemas, no con esto se quiere decir, que el Estado abandone sus compromisos sociales con sus ciudadanos.

El artículo 114° fomenta la protección y promoción de los derechos humanos en el Estado; estarán a cargo de un organismo público, autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio, llamado Comisión para la Defensa de los Derechos Humanos y tiene por objeto “la defensa, promoción de la cultura del respeto, estudio y divulgación de los derechos humanos (…), así como en el resto del orden jurídico mexicano y fomentar el respeto a la identidad y derechos de las comunidades y pueblos indígenas del Estado” (Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, 2008: 55).

El artículo 126° menciona que en las comunidades indígenas bilingües, la enseñanza conservará el idioma español y las lenguas indígenas propias de la región, es decir, se impulsarán a todas las lenguas propias del estado de Oaxaca.

Por último se hace referencia a la promoción de turismo en el artículo 127°, aprovechando los atractivos del Estado, pero procurando que su realización conserve el patrimonio cultural de los pueblos y comunidades indígenas.

Como se puede observar la población indígena existente en el estado de Oaxaca, ve reflejada algunas de sus demandas en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, dado que ésta designa en forma amplia siete artículos para los pueblos y comunidades indígenas. Sin embargo, la ley reglamentaria será la encargada de facultar a las autoridades de los pueblos y comunidades indígenas para establecer las normas, medidas y procedimientos que coadyuven a la protección y respeto de sus derechos sociales.

En el mismo artículo se señala, que el estado de Chiapas promoverá los derechos de uso, disfrute y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, flora y fauna de las comunidades indígenas; pero con participación de las comunidades indígenas se instrumentarán los planes y programas para impulsar el desarrollo socioeconómico. Por otra parte, los procedimientos o juicios en los que éste involucrada población indígena, se tomará en cuenta: su cultura, usos costumbres y tradiciones; además, se les apoyará con un traductor y defensor que hablen su lengua y conozcan su cultura.

Respecto a los ayuntamientos, la constitución menciona que, los municipios del estado que cuenten con población mayoritariamente indígena, los trámites y resoluciones de las controversias que se susciten entre ellos, serán resueltos por sus respectivas autoridades, pero respetando los derechos emanados de la Carta Magna mexicana y el respeto a los derechos humanos.

Se buscará que sus castigos sean realizados de preferencia en lugares cercanos a sus comunidades; “queda prohibida la discriminación étnica en cualquiera de sus aspectos, es decir, por la lengua, sexo, religión, costumbre o condición social” (Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas, 2008: 10). Sin embargo, en los estados del sur, gran parte de la población emplea el término indio para designar ignorancia, pobreza, estúpidez y otras palabras peyorativas. Además, la mayoría de la población perteneciente a los pueblos indígenas trabaja en el sector de la construcción, de los servicios y en la agricultura, recibiendo bajos salarios, lo que los hace vulnerables a ser llamados “indios”.

En el artículo 32°, se hace mención a la creación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, como un organismo de carácter público, con autonomía técnica, administrativa y jerárquica, con personalidad jurídica y patrimonio propio y tendrá como objetivo primordial: la protección, defensa, respeto, estudio y divulgación de los Derechos Humanos, haciendo énfasis en la legalidad, respeto de la cultura, costumbres y tradiciones de las comunidades indígenas del estado. La Comisión Estatal de Derechos humanos sabrá de quejas en contra de actos, hechos u omisiones que tengan origen administrativo, de autoridades y servidores públicos estatales y municipales exceptuando al poder judicial del Estado. La Comisión también podrá proponer recomendaciones públicas autónomas, no vinculatorias, denuncias y quejas, ante las autoridades correspondientes” (Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas, 2008: 26). La Comisión Estatal de Derechos Humanos, sólo se limita a resolver problemas que tengan como origen la administración o la omisión de los servidores públicos, y sólo puede proponer soluciones, no le compete la resolución de los problemas, de esta forma deja de lado muchos de los problemas que afectan a los pueblos y comunidades indígenas del estado.

En el artículo 55° se citan a los Jueces de Paz y Conciliación, de Paz y Conciliación Indígenas y los Jueces Municipales, que serán nombrados por el Consejo de la Judicatura del Estado, en base a la propuesta de los ayuntamientos respectivos (Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas, 2008: 40).

Después del movimiento zapatista de 1994, en el estado de Chiapas se reformó el sistema judicial, con la creación de los Jueces de Paz y Conciliación, de Paz y Conciliación indígena, es decir, Jueces y abogados que hablarán las lenguas indígenas con el fin de respetar los usos y costumbres; y se impartiera justicia rápida y efectiva. Esto planteó, una nueva relación entre el Estado mexicano y los pueblos y comunidades indígenas. Entre los derechos que se acordaron están: el derecho a asociarse en cada municipio, promover el desarrollo económico y social, apoyar a la educación indígena con la participación directa de las comunidades. Sin embargo, no debemos pasar por alto la masacre de Acteal, Chiapas, ocurrida en el año de 1997, en donde murieron 47 civiles, y todavía no hay una respuesta clara de los hechos; el 18 de agosto de 2009 el representante en México de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, exhortó a las autoridades mexicanas a realizar una investigación rigurosa de lo ocurrido. Con lo cual podemos observar que hace falta que el sistema judicial mexicano sea más eficiente.

En su artículo 57° hace referencia al Consejo de Judicatura, órgano del poder judicial del estado y entre algunas de sus funciones está la vigilancia, disciplina y carrera judicial del Supremo Tribunal de Justicia, y de los Juzgados de Paz y Conciliación indígenas, entre otros; a su vez, determina a los Distritos Judiciales en que se divida el estado, los Juzgados de Paz y Conciliación indígena etc.” (Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas, 2008: 42- 44). La función del Consejo es de vigilar que los Juzgados de Paz y Conciliación indígena realicen sus funciones administrativas correspondientes con honestidad, objetividad, imparcialidad, independencia, profesionalismo y excelencia. Factores que son importantes para las zonas indígenas, donde anteriormente sólo se beneficiaba a unos cuantos.

CONCLUSIONES

La existencia de muchas organizaciones que defienden los derechos de las mujeres y de las mujeres indígenas no garantiza que estos se respeten. Es necesario que los problemas que afectan a las mujeres indígenas se aborden de forma global, es decir, que no sólo se restringa a ellas, sino al total de la población que conforman los pueblos y comunidades indígenas del país de México.

Los artículos, los incisos y los puntos analizados hacen referencia a las garantías sociales plasmadas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sin embargo, para el caso de la población y las comunidades indígenas, estos derechos aún no han encontrado su total refracción, por lo que queda todavía mucho por hacer en los derechos sociales de la población indígena y sobre todo de las mujeres indígenas.

La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero dedica sólo dos artículos a la población indígena. Por lo que desde nuestro punto de vista, debería ampliarse el quehacer de la Comisión de Derechos Humanos a todos los problemas legales que puedan afectar a los pueblos y comunidades indígenas del estado de Guerrero.

Para el caso del estado de Oaxaca, la población indígena existente, ve reflejada algunas de sus demandas en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano, ya que les designa en forma amplia siete artículos, para los pueblos y comunidades indígenas. Sin embargo, la ley reglamentaria será la encargada de facultar a las autoridades de los pueblos y comunidades indígenas para establecer las normas, medidas y procedimientos que coadyuven a la protección, respeto a sus derechos sociales.

Para el caso de Chiapas, la constitución del estado reconoce cuatro artículos dedicados a los pueblos y comunidades indígenas, se reconoce la pluricultural del estado. Además, garantiza el acceso pleno a la justicia, a los servicios de salud, a la educación bilingüe y la plena vigencia de los derechos de los indígenas, basados en sus usos, costumbres y tradiciones. La Comisión Estatal de Derechos Humanos sólo se limita a resolver problemas que tengan como origen la administración o la omisión de los servidores públicos, y sólo puede proponer soluciones, no le compete la resolución de los problemas, de esta forma deja de lado muchos de los problemas que afectan a los pueblos y comunidades indígenas del estado. Los Juzgados de Paz y Conciliación indígena se crearon para que llegue la justicia a los pueblos indígenas del estado en forma eficaz, sin embargo, aún existen áreas donde se debe trabajar con mayor profundidad.

Desde nuestro punto de vista, hace falta un código para todos los pueblos y comunidades indígenas del país, es decir, donde cada garantía social esté bien desarrollada, que no de pauta a ambigüedades; así también como sus derechos y obligaciones. Que no sólo los estados que tengan población indígena sean los responsables de su desarrollo o de su exclusión social, sino que existan leyes a nivel federal que amparen a los pueblos y comunidades indígenas ya que son parte importante de la población mexicana.

Para el tema de los apoyos a propuestas productivas, es indispensable que las mujeres indígenas se organicen y soliciten los recursos en sus idiomas, ya que muchas de ellas son monolingües, lo que dificulta su participación, además las propuestas productivas, son presentadas en idioma español; la mayoría de los pueblos y comunidades indígenas desconocen los mecanismos para solicitar ayudas. Si bien la situación de las mujeres indígenas se inserta en la problemática general de los pueblos indígenas, la problemática específica de la mujer indígena muestra que existen carencias jurídicas: tipos de derechos sociales aún pendientes en cada uno de los estados analizados.

AGRADECIMIENTOS

Se agradece al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) y a la Secretaria de Desarrollo Social, por los apoyos prestados para la ejecución de la investigación en la Universidad del Istmo, Campus Ixtepec, Oaxaca, México. “Mujeres del Sur de México: evaluación de usos y costumbres indígenas con enfoque de género para desarrollar estrategias de protección y promoción de sus derechos humanos, con clave 0000000000095426.

Notas

2 Para mayor información del tema ver el trabajo de Ramiro Arroyo Sepúlveda y Lourdes Sánchez Muñohierro, Zonas rurales de migración indígena y trabajo jornalero, Instituto Nacional Indigenista y Programa de las Naciones Unidas para el desarrollo, 2002, México.

3 Ver el trabajo de la Federación Internacional de los Derechos Humanos, Los Desc de los pueblos indígenas en México. Comisión de Derechos Humanos 58 periodo de sesiones, 2002.

4 Ver IX. Informe de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, Beijing, 4 a 15 de septiembre de 1995 páginas 180, 202, 239, 259. En Instituto Nacional de la Mujeres (INMUJERES). Compilación de los principales instrumentos sobre derechos humanos, México D.F. 2008.

5 Tequio: es una forma organizada de trabajo voluntario en beneficio colectivo, el cual consiste en que los miembros de una comunidad aportan materiales o su fuerza de trabajo para realizar o construir una obra en beneficio de la comunidad, por ejemplo, la construcción de una escuela, una calle, recolección de la cosecha etc.

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