La democracia venezolana vista desde la relación triangular: fuerza, poder y derecho

Miriam Rincón de Maldonado

María Alejandra Fernández G.

Sección de Teoría del Derecho Instituto de Filosofía del Derecho. Universidad del Zulia miriamdem1@cantv.net - marialeja24@hotmail.com

Resumen

El Estado moderno tiene como sustento la relación triangular existente entre fuerza, poder y derecho. Se entiende que el sano equilibrio de estos tres elementos produce la estabilidad democrática, en virtud de la fuente legitimadora del Estado para aplicar sus normas, y su poder de coerción sobre los ciudadanos. En el proceso de transformación del poder en derecho y del derecho como respaldo de la fuerza interviene una lógica jurídica la cual obedece específicamente a mecanismos de Procesos Constitucionales de creación normativa. En el periodo de consolidación de la democracia venezolana desde el 23 de enero de 1958, y el proceso de cambio radical de 1999, intervinieron los elementos antes nombrados, por lo cual el siguiente papel de trabajo pretende la descripción de los mismos y el rol que jugaron en desarrollo de la democracia venezolana, durante su consolidación, mantenimiento, y cambio.

Palabras clave: Fuerza, Poder, Derecho, Relación Triangular, Democracia, Venezuela.

Venezuelan Democracy Seen from the Triangular Relationship: Force, Power and Right

Abstract

Key words: Power, force, law, triangular relationship, democracy, Venezuela.

Recibido: 19-01-2006 · Aceptado: 11-07-2006

1. Generalidades

La democracia debe ser pensada en términos políticos, manteniendo una definición “mínima” en la que mantenga su especificidad vinculada al régimen político imperante en el Estado.

Es evidente que, entender la dinámica de la democracia exige, analizar las relaciones entre el régimen político y otras esferas sociales, como la economía o la interacción social; sin obviar la intervención de algunos actores externos al sistema, que si bien se mueven en el espacio político, actúan desatendiendo las reglas del sistema. Es claro que la dinámica de la democracia es incomprensible sin tomar en cuenta otros sectores del acontecer nacional.

Sin embargo, las influencias de esos planos no son directas ni evidentes y requieren ser analizadas y especificadas. La crisis económica y la violencia generan efectos diferentes en contextos políticos heterogéneos. En suma, es en la misma política, donde se deben encontrar los efectos políticos de las presiones e influencias provenientes de otras esferas.

Ahora bien, la democracia como forma de gobierno se instaura de forma definitiva en suelo venezolano en el año 1958 cuando es derrocado el entonces dictador Gral. Marcos Pérez Jiménez. Sin embargo, hay que acotar que instaurar y posteriormente consolidar la democracia en Venezuela constituyó una difícil tarea debido a que para aquel entonces en América Latina prevalecían los gobiernos de facto que habían instaurado regímenes dictatoriales.

La democracia venezolana ha atravesado distintas etapas desde su instauración, su consolidación, sus vicisitudes, quebrantamiento y su transformación en este nuevo siglo con la instauración de la llamada quinta república.

Por lo antes descrito, se requiere hacer referencia a los elementos de fuerza, poder y derecho como factores indispensables para el análisis de las sociedades democráticas puesto que éstos, como lo afirman Rincón y Parra (2003) nacen de la necesidad de regular el uso de la fuerza por parte de los órganos del Estado para evitar que se realicen excesos por parte de las autoridades y que pueden llevan a los Estados democráticos a la anarquía logrando en consecuencia que el derecho se distancie de su ideal de justicia. “Se considera que la fuerza debe estar a disposición del Derecho y no a disposición de los gobiernos de turno despóticos en los cuales se aprecia el fenómeno psicológico de la obediencia claramente diferenciada: el cumplimiento del derecho fundado en el respeto y el uso de la fuerza fundado en el temor. El derecho no debe representar una fuerza salvaje que se traduzca en el ojo por ojo y diente por diente sino más bien, en una fuerza que respalda y monopoliza el estado y que se legitima en el mismo derecho” (Rincón y Parra, 2003:109).

De allí, que desde el punto de vista político y jurídico, se puede afirmar que cada uno de estos elementos que conforman la relación triangular se caracteriza por su bidireccionalidad dinámica. Se habla de bidireccionalidad porque comprende una interacción desde el gobierno hasta la comunidad y viceversa, en el entendido de trazar marcos legislativos de forma consensuada. Se dice también que es dinámica porque el Estado es el autorizado para ejercer el control de la fuerza que es la facultad de hacer cumplir las reglas de forma coercitiva y esa fuerza está regulada a su vez por el Derecho. Y, el derecho al ser positivizado a través del ordenamiento jurídico permite ejercer el poder a través de la autoridad legal competente o a través del uso de la fuerza pública (Rincón, Fernández y Rodríguez: 2005:133).

Es por todo lo descrito anteriormente que el presente trabajo busca abordar la democracia venezolana desde su instauración definitiva en 1958 hasta el presente, a objeto de determinar cómo ha sido la utilización de los elementos que conforman la relación triangular, para poder así definir el papel que dichos elementos han desempeñado en la instauración, consolidación y transformación de la democracia en Venezuela.

2. La Democracia Venezolana

A continuación se realizará una breve descripción de los principales acontecimientos que se han sucedido a lo largo de cada uno de los gobiernos de la democracia Venezolana, con la finalidad de poder determinar cuál ha sido el papel que la relación triangular ha desempeñado en la vida democrática del Estado venezolano.

2.1. Gobierno de Rómulo Betancourt (1959-1963)

El 23 de enero de 1958 representa para el pueblo venezolano un nuevo despertar y con él la llegada de la democracia al país. Con el derrocamiento del Gral. Marcos Pérez Jiménez, se instaura una junta cívico militar presidida por el contralmirante Wolfang Larrazabal. Esta junta cívico militar convoca a elecciones presidenciales en diciembre de 1958 donde resulta triunfador el Sr. Rómulo Betancourt.

Sin embargo, resulta conveniente acotar que la unidad nacional, como consigna para garantizar la transición a la democracia, constituía una gran presión para los principales partidos políticos y para sus líderes, debido a que representaba el clamor del pueblo venezolano.

La situación antes mencionada, conlleva al denominado Pacto de Punto Fijo firmado el 31 de octubre de 1958 en donde los principales actores políticos de entonces como lo eran los partidos políticos (AD, COPEI y URD), FEDECAMARAS, la CTV, la Iglesia, entre otros se comprometen en la lucha por el fortalecimiento de la democracia en el país. “Este documento de denso contenido político-filosófico, actúa sobre todas las variables que constituyen y conforman el nuevo sistema. Además precisa de los factores intersectoriales con afincada intención sobre los partidos políticos, proporcionándoles amplitud y autonomía y al poder militar defendiéndoles precisión y estrechez, con lo cual se le determina la función de guardián conservador que el liderazgo político consideró debía ser el nuevo papel que cumpliría el Ejercito ante la nueva realidad política (Machilanda, 1988:140).

Aunado a ello, el llamado Pacto de Punto Fijo, consagraba un clima de participación de todos los sectores del país en la defensa del régimen democrático, al igual, que hacía referencia a las conversaciones sostenidas por los partidos políticos para asegurar la consolidación de la unidad y de la tregua política. Igualmente, los firmantes del mismo, destacaban la participación de otras instituciones de la vida nacional, donde sobresalen los sectores independientes y las Fuerzas Armadas Nacionales.

En opinión de Toro Hardy (1986:22) este nuevo proyecto buscaba una concertación que abarcara a las principales fuerzas organizadas del país, puesto que dichas fuerzas constituyen las bases estructurales sobre las cuales se sustentaba la democracia emergente, era perentorio, elaborar un conjunto articulado de mecanismos institucionales y funcionales que garantizaran una fluida y permanente comunicación entre dichas fuerzas, o al menos, entre aquellas que apoyaban la institucionalidad democrática.

En otro orden de ideas, hay que señalar que Betancourt asumió las riendas de Venezuela cuando el escenario internacional se caracterizaba por ser un mundo bipolar signado por la guerra fría. Aunado a ello, 1959 es el año del triunfo de la llamada revolución cubana comandada por Fidel Castro quien “se hizo pasar por demócrata y luego se confesó francamente comunista, prosoviético y antidemocrático. Se transformó de inmediato en líder indiscutido de la política expansionista de Moscú en la América latina. Para los comunistas venezolanos Fidel fue desde entonces su ídolo, añorando una revolución similar en Venezuela” (Zuloaga, 2001:5).

De esta idea ya planteada, el gobierno tiene que hacerle frente a una serie de situaciones violentas llevadas a cabo por los grupos subversivos locales inspirados en la revolución cubana y apoyados, tanto por Fidel Castro en su idea de exportar su revolución al resto de América Latina y por el dictador dominicano Rafael Leonidas Trujillo. Esta posición anticomunista del presidente Betancourt, contó con el respaldo de las Fuerzas Armadas Nacionales y gracias a ello, pudo soportar el intento de magnicidio fraguado por el dictador Rafael Leonidas Trujillo en el paseo Los Próceres en 1960, la sublevación de Castro León en San Cristóbal y la insurrección militar conocida como el Barcelonazo en 1961 ambas de tinte derechista.

Igualmente, en al año 1962 se produjo la insurrección militar conocida como el Carupanazo la cual pudo ser sofocada gracias a las efectivas acciones militares desplegadas. Aunado a ello, y a pocos días de esta revuelta militar se sucedió el llamado Porteñazo, la cual puede ser considerada como la más importante y sangrienta intentona golpista desarrollada durante el mandato de Rómulo Betancourt debido a que este movimiento insurreccional “produjo más de cuatrocientos muertos y una depuración de los elementos con tendencia comunista en las Fuerzas Armadas de la época” (Zuloaga, 2001:7).

Por otro lado, es significativo acotar que durante el quinquenio 1959-1964 se lograron resultados positivos para la democracia en Venezuela, como afirmar el proceso electoral democrático y las libertades públicas, se combatió la corrupción para entonces incipiente y se impidió el acceso de los grupos comunistas al poder. Aunado a ello, la defensa y propagación de la democracia se erigió como lineamiento fundamental de la actuación de Venezuela más allá de sus fronteras.

En este quinquenio se evidencia una clara correlación de los elementos fuerza, poder y derecho puesto que los mismos fueron utilizados en su justa medida para obtener el objetivo fundamental de este gobierno que era lograr instaurar en forma definitiva la democracia como forma de gobierno en Venezuela.

2.2. Gobierno de Raúl Leoni (1964-1969)

El 11 de marzo de 1964 es elegido presidente Raúl Leoni, para quien era necesario gobernar bajo un esquema diferente al establecido en el llamado Pacto de Punto Fijo. Por ello, Leoni buscó un gobierno de entendimiento nacional y con la mayor amplitud posible y se comprometió a realizar un período de gobierno signado por el entendimiento, la concordia y el equilibrio. El gobierno de Leoni fue denominado gobierno de ancha base el cual se sustentaba en una coalición integrada por los partidos Acción Democrática (AD), Unión Republicana Democrática (URD) y el Frente Nacional Democrático (FND), y generó poco tiempo después una acelerada descomposición política y moral en aquel gobierno.

Durante el período de 1964 a 1969, la lucha armada de los guerrilleros comunistas de la izquierda revolucionaria continuó desarrollándose y se elevaron significativamente los atentados terroristas en tierras venezolanas.

Aunado a ello, la violencia guerrillera cobró nuevos bríos en el interior del país, lo cual obligó al gobierno a dictar medidas represivas con la finalidad de combatir a los insurrectos. Mientras tanto, la situación del país se complicaba cada vez más sin que el gobierno del Dr. Leoni diera muestras de poder controlar la situación (Fernández, 1995:139).

Sin embargo, es necesario precisar que con el paso del tiempo y ya en el ocaso del período presidencial del Dr. Leoni fue disminuyendo la violencia guerrillera debido a las diferencias existentes entre las fracciones guerrilleras. Esto condujo a que Leoni ante su promesa de pacificar el país, ofreciera la legalización del partido comunista y del llamado Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) al igual que fue promulgada una ley para la conmutación de la pena, la cual favoreció a un amplio número de subversivos que se encontraban privados de su libertad en las cárceles venezolanas. Estas actuaciones evidencian que es a través del derecho como se canalizan las luchas políticas, por cuanto un grupo o facción antisistema entra dentro de los canales institucionales del ejercicio de la lucha política, como lo son los partidos políticos.

2.3. Gobierno de Rafael Caldera (1969-1974)

A inicios de su gobierno Venezuela estaba signada en el plano político y militar por la violencia y la intolerancia generada por la lucha armada, cuyas arremetidas estaban destinadas a fomentar la guerra de guerrillas y el terrorismo. Para erradicar los focos guerrilleros que operaban en territorio venezolano, el gobierno de Rafael Caldera decretó una amplia amnistía para los líderes que habían comandado las arremetidas contra el régimen democrático instaurado en Venezuela desde 1958.

Aunado a ello y tal y como lo expresa Cartay (1987:321) hay que reseñar que las fuerzas guerrilleras que operaban en Venezuela se encontraban al inicio del mandato presidencial del Dr. Caldera derrotadas desde el punto de vista político y desde el punto de vista militar, sin embargo, a dichas fuerzas no se les había planteado claramente la alternativa de reincorporarse a la vida legal y en consecuencia, los grupos guerrilleros continuaban su actuación tanto en las zonas urbanas como en las rurales.

A este respecto, Toro Hardy (1992:71) al analizar la gestión del Presidente Caldera, afirma que en su opinión fueron tres los elementos que determinaron el quinquenio 1969-1974: la pacificación, el equilibrio de los poderes públicos y la disciplina fiscal.

Otra característica del primer gobierno del Dr. Rafael Caldera, fue el equilibrio de las fuerzas existentes entre los poderes legislativo y ejecutivo. El hecho de que el primer período presidencial del Dr. Caldera se caracterizó por su debilidad parlamentaria en el entonces llamado Congreso Nacional, constituyó un importante aporte para que el sistema democrático funcionara a cabalidad y de manera eficiente. También caracterizó a este gobierno el adecuado y ordenado manejo de los gastos gubernamentales.

Es por todo lo antes mencionado que se puede afirmar, que el primer período de gobierno del Dr. Rafael Caldera se caracterizó en el ámbito interno por la política de pacificación que facilitó la reincorporación a la palestra democrática del Partido Comunista de Venezuela y del Movimiento de Izquierda Revolucionario y por el control de los medios de comunicación, quienes tendieron un velo sobre los desaciertos del gobierno. La llamada reforma educativa; la nacionalización del gas y la regionalización del desarrollo; los programas de construcción de viviendas y de promoción popular y la denominada “Conquista del Sur” son algunos acontecimientos a resaltar de este período de gobierno enmarcado dentro de lo que fue definido como “nacionalismo democrático”.

2.4. Gobierno de Carlos Andrés Pérez (1974-1979)

Igualmente, al inicio del gobierno del presidente Carlos Andrés Pérez se sucedió un inusitado aumento de los precios mundiales del petróleo como consecuencia del embargo petrolero de los países de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), pasando el precio aproximadamente de 2,5 dólares por barril a aproximadamente 12 dólares por barril por tal motivo los ingresos fiscales de Venezuela se multiplicaron de manera importante (Zuloaga, 2001:15).

Como consecuencia del excedente de ingresos fiscales provenientes de la situación antes descrita, se creó el Fondo de Inversiones de Venezuela cuyo objetivo primordial sería canalizar esos ingresos extraordinarios provenientes de la renta petrolera y se habló en aquella oportunidad de administrar la abundancia con criterio de escasez. Sin embargo, en lo que respecta a este tenor Zuloaga sostiene lo siguiente: “En la práctica se hizo todo lo contrario… no sólo se gobernó la abundancia con ese criterio sino que se embarcó al país en una solicitud desenfrenada de créditos externos, que no pedía únicamente el gobierno central, sino todas las dependencias indiscriminadamente, para crear lo que el llamó “La Gran Venezuela”. Fue un verdadero carnaval de gastos públicos que endeudó al país en muchos miles de millones de dólares bajo el argumento de que teníamos que pedir crédito cuando teníamos plata” (Zuloaga, 2001:15).

Aunado ello, dos acontecimientos merecen ser resaltados durante el primer período de gobierno del Presidente Pérez como lo fueron la nacionalización de la industria del hierro en 1975 y la nacionalización de la Industria petrolera en 1976. Ambos acontecimientos jugaron un papel preponderante en el desarrollo económico, político y social del país y de la democracia venezolana.

En el año de 1978, el pueblo venezolano se volcó masivamente a las calles, en el ejercicio de su derecho al voto. Lo cual, de nuevo ponía de manifiesto la consolidación de las instituciones democráticas y la existencia del bipartidismo como sistema de partido imperante en la democracia venezolana al ser elegido como presidente de Venezuela para el período 1979-1984 el ciudadano Luís Herrera Campins, candidato del Partido Social Cristiano COPEI.

2.5. Gobierno de Luís Herrera Campins (1979-1984)

Con la frase de “recibo un país hipotecado” debido al incremento sufrido por la deuda externa durante el anterior gobierno del presidente Pérez, inicia su gobierno el presidente Herrera Campins.

Sin embargo, antes de profundizar sobre el desarrollo de este quinquenio resulta pertinente señalar que, el agotamiento del modelo de desarrollo establecido a partir del 23 de enero de 1958, el cual auguraba el bienestar social de los venezolanos y el disfrute absoluto de las libertades democráticas, comenzaba a mostrar un conjunto de expresiones en el orden político y social en torno a la participación de las grandes mayorías, lo que conllevó a que la democracia representativa venezolana cada día se fuese tornando más restrictiva y menos representativa.

El ámbito económico nacional estaba signado, entre otras cosas, por la apresurada tendencia recesiva e inflacionaria al lado de las medidas de signo antipopular aplicadas desde el mismo inicio de su administración, prestándose para el estímulo de posturas autoritarias en todos los órdenes de la vida nacional. Y se llegó en algunos momentos a tomarse conflictiva, si se toman en cuenta las innumerables promesas formuladas en el transcurso de la campaña electoral y las expectativas generadas en los grandes sectores del país, los cuales se vieron defraudados aceleradamente al mismo paso que avanzaba la aplicación de la política económica diseñada por las altas esferas oficiales.

La situación previamente descrita llevó al gobierno a niveles de impopularidad nunca antes vistos en las administraciones gubernamentales de los períodos democráticos anteriores; generándose en los distintos niveles estatales una actitud recelosa hacia los medios de comunicación social del país así como la aplicación de medidas y prácticas lesivas a la libertad de expresión y de información.

En lo atinente a este hecho, hay que acotar que el elevado monto de la deuda externa pública y privada jugó un papel determinante en la devaluación de la moneda nacional. Luego de la devaluación, se estableció un régimen de cambios diferenciales y se creó RECADI como el organismo encargado del manejo de las divisas preferenciales. Este organismo, en un corto tiempo se caracterizó en opinión de Zuloaga por presentar elevados índices de corrupción en la asignación de divisas. “…Los amigos del gobierno obtenían divisas preferenciales para comprar dólares baratos, cumplir sus compromisos en moneda extranjera a bajos intereses y competir con ventaja frente a los empresarios que carecían de padrinos influyentes. Para la obtención de divisas preferenciales los políticos inescrupulosos cobraban comisiones por cada dólar que obtengan con su influencia para sus clientes a tasa preferencial” (Zuloaga, 2001:17).

En otro orden de ideas, el gobierno del Dr. Luís Herrera Campins se caracterizó por “la búsqueda de la institucionalización de la libertad y la democracia en el continente americano, sabiendo que la homogeneidad del sistema político contribuye al propio fortalecimiento del sistema democrático venezolano; el otorgamiento de relevancia al nexo económico de las relaciones políticas del Estado Venezolano; el positivo aumento del papel protagónico de Venezuela en el orden internacional en general y en el orden latinoamericano en particular...son algunos de los principios fundamentales de la política exterior de este período presidencial” (Fernández, Morales y Rodríguez, 2003:108).

En diciembre de 1983, Venezuela celebra elecciones presidenciales libres, nuevamente el pueblo venezolano acude a las urnas electorales a expresar a través del voto universal, directo y secreto su voluntad de continuar viviendo en democracia. En esta oportunidad resulta electo como presidente el Dr. Jaime Lusinchi, candidato del partido Acción Democrática (AD) y es esta misma fracción parlamentaria (AD) la que adquiere nuevamente la mayoría de votos en el otrora denominado Congreso Nacional.

El relato de estos sucesos permite evidenciar como esa relación triangular que debe imperar en todo estado de derecho continuaba existiendo dentro del Estado Venezolano pero con significativas variaciones, ya no existía una correlación uniforme entre estos elementos, era el poder el que parecía comenzar a imperar sobre el derecho, lo que conllevaba a que los actores políticos olvidaran el bien común y se dedicaran a la búsqueda de sus intereses individuales.

2.6. Gobierno de Jaime Lusinchi (1984-1989)

Lusinchi inicia su gobierno con el anuncio de una política de austeridad. Para ello implementaría una reordenación del sistema financiero, reducción del gasto público, eliminación del déficit fiscal y estabilización del mercado de cambios. También prometió que al finalizar su gobierno Venezuela habría pagado la totalidad de su deuda externa.

El quinquenio de gobierno de Jaime Lusinchi, se enmarcó en tiempos difíciles. Los signos monetarios, fiscales y económicos eran negativos y existían contradicciones radicales entre las autoridades fiscales sobre los métodos para resolver la crisis, lo que producía incertidumbre. Las fallas en los servicios públicos y la corrupción administrativa hecha pública contribuían a obscurecer más el panorama económico y político del país. A todo esto, se le agregaba el problema de la deuda interna y externa.

A objeto de palear la situación antes descrita, el poder legislativo actuando ante su máximo representante el Congreso Nacional en el año de 1984, aprueba la llamada ley habilitante, la cual faculta al presidente de la república para tomar las medidas que considere necesarias para afrontar la grave crisis que atraviesa el país.

La política económica de este período de gobierno se caracterizó entre otras cosas porque en materia monetaria se modificó el esquema impuesto por el gobierno precedente. Se establecieron cuatro tipos diferenciales de cambio: a) el de Bs. 4,30 por dólar (fijado por la administración de Herrera Campins) se prorroga hasta diciembre de 1985, otorgado para el pago de cuotas de capital de las deudas externas, para los estudiantes en el exterior y para medicinas y alimentos especificados en resolución del Ministerio de Hacienda; b) el de Bs. 6 por dólar para la venta de divisas de los sectores petrolero y del hierro; c) el de 7,50 para las transacciones comerciales y financieras, privadas o públicas; y d) el dólar fluctuante”, cuyo tipo de cambio sería fijado por el libre juego de la oferta y la demanda.

Por otro lado, durante el período de gobierno 1984-1989 los periodistas venezolanos elevaron su voz en señal de protesta ante la Sociedad Interamericana de Prensa debido a que a lo largo del período presidencial resultó muy espinoso para los medios impresos y no fue tarea sencilla mantener una posición independiente del gobierno o criticarlo modestamente, pues éste, era muy sensible y buscaba manejar la información según sus conveniencias. Las columnas de opinión de periodistas de oposición como José Vicente Rangel o Alfredo Tarre Murzi (Sanín) dejaron de salir temporalmente en los rotativos venezolanos.

La combinación de la represión, junto con una eficaz política de propaganda de gobierno dirigida desde la Oficina Central de Información, impidió que la mayor parte de las irregularidades administrativas y los abusos de poder salieran a la luz pública muy a pesar del ambiente de corrupción que atravesaba el país.

También, hay que acotar que Jaime Lusinchi, ya en el ocaso de su gobierno, debió enfrentar una baja en los precios del petróleo venezolano lo que condujo a que la economía doméstica se viese seriamente afectada por lo que su gobierno trató de manejar la crisis con medidas intervencionistas cada vez más profundas en el sistema económico y primordialmente en el sector privado. Zuloaga (2001) afirma que “No solo controló precios como Pérez, Herrera y Caldera, sino que incluso prometió al sector privado honrar compromisos financieros que nunca cumplió”.

En otro orden de ideas, durante el período presidencial de Jaime Lusinchi también se llevó a cabo una enmienda constitucional para permitir la elección directa de los gobernadores en el interior de cada estado del País. Este acontecimiento representa un significativo avance en el proceso de descentralización del poder en Venezuela.

Igualmente, es imperioso acotar, que durante este período presidencial se creó la Comisión Presidencial para la Reforma del Estado (COPRE) como institución autónoma y de amplia convocatoria y legitimidad. La finalidad de esta institución era realizar propuestas y recomendaciones que conllevaran a la democratización del sistema. Y, es a partir del surgimiento de la COPRE y de sus propuestas que se inicia el proceso de descentralización que se manifestó en las elecciones de alcaldes y gobernadores de Estado realizada en 1989.

El autor Martín Tanaka (2001:15), sostiene que para algunos la descentralización debilitó a los partidos políticos, mientras que para otros abrió oportunidades de renovación, pero lo que si no se puede negar, es que dichas reformas oxigenaron a los partidos políticos tradicionales y a la vez, permitieron el surgimiento de nuevos partidos y organizaciones políticas que podrían marcar el paso de un bipartidismo a un multipartidismo moderado.

En el ámbito internacional y como bien lo expresa Elsa Cardozo de Da Silva referida por Fernández, Morales y Rodríguez (2003:110) la política exterior venezolana durante este período de gobierno se debatía entre los compromisos políticos y la inestabilidad económica. Por ello, la política externa respondió a la vulnerabilidad interna y a la necesidad de transformación del régimen del estado paternalista. A su vez, en materia de política internacional este gobierno implementó cambios en la instrumentación de acción política, al utilizar la diplomacia como instrumento eje de la política exterior en lugar de instrumentos económicos persuasivos que dependen de la disponibilidad de los recursos económicos.

En otro orden de ideas, es importante señalar, que a finales de la década de los años 80’, Venezuela se presentaba al mundo como un país en el que un bipartidismo estable y competitivo sostenía una democracia que, en medio de sus problemas, evolucionaba paulatinamente.

2.7. El segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez y el gobierno provisional del Dr. Ramón J. Velásquez

Este programa auspiciado por el Fondo Monetario Internacional, fue calificado popularmente como “paquete económico”. Entre las primeras medidas, estuvo el aumento del precio de la gasolina y el consiguiente aumento del transporte colectivo, lo cual generó descontento general y protestas populares que desencadenaron disturbios masivos los días 27 y 28 de febrero de 1989 en Guarenas, Caracas, La Guaira, Valencia y otras ciudades del interior, con una cifra indeterminada de muertos y daños materiales que ameritó la intervención del ejército. Sin embargo, y a pesar de las expectativas de diversos sectores del acontecer nacional y del entorno internacional, el impacto social que generaron las medidas del llamado “paquete económico” del presidente Pérez conllevó a una explosión social caracterizada por protestas y saqueos a lo largo de todo el territorio nacional el 27 y 28 de febrero de 1989 (Fernández, Morales y Rodríguez, 2003:113).

En este mismo orden de ideas, Samuel Pérez sobre este acontecimiento sociopolítico comenta lo siguiente: “El 27 de febrero, que estalló por causa coyunturales, debe reconocerse como la expresión de las causas mas profundas del orden estructural: el agotamiento de una forma de vida, el desencanto de los políticos y la política, la incredulidad en el sistema y los partidos” (Pérez, 1996:35).

Asimismo, hay que acotar que esta protesta civil desplegada por la población venezolana, conllevó a una serie de atropellos por parte del aparato represivo del Estado Venezolano (la policía, la DISIP, la PTJ y las Fuerzas Armadas) para sofocar la situación y que a su vez constituyó una violación de derechos humanos por parte del gobierno venezolano, denunciado por la opinión publica tanto nacional como internacionalmente.

A partir de estos sucesos conocidos como el “Caracazo”, y la represión posterior del Estado, la popularidad del entonces presidente Carlos Andrés Pérez se vio fuertemente afectada desde su primer año de gobierno. Las frecuentes manifestaciones de los sectores gremiales y sindicales del país, así como las críticas de diversos actores de la sociedad venezolana hechas al programa económico, fueron socavando la base política del gobierno. Por otro lado, los ingresos provenientes de la renta petrolera ya no satisfacían las demandas de la economía doméstica, aunado a ello, la deuda externa crecía cada día más y la corrupción en las diversas esferas del poder público nacional era cada día mas evidente.

Las situaciones antes mencionadas, originaron en el país un grave clima de desconfianza social cada vez más marcado y que condujo a que en la madrugada del 4 de febrero de 1992, un regimiento de paracaidistas, acantonado en la ciudad de Maracay, intentó dar un golpe de Estado, justificándose sus líderes en el deterioro social que presentaba el país y la creciente corrupción administrativa.

En este orden de ideas, el autor Juan Rodríguez (2000:30) afirma que el movimiento militar insurgente del 4 de febrero de 1992 el cual estuvo liderizado por el hoy Presidente de la República Comandante Hugo Chávez Frías contra el sistema político venezolano y con Acción Democrática en el poder, se produce en el escenario “de una severa crisis que desde finales de los años ochenta presenta el país en todos los aspectos, pero sobre todo, en el sistema político y en el manejo de la administración pública lo cual generó fuertes tensiones sociales, cuya expresión más representativa fueron los hechos del 27 y 28 de febrero de 1989, caracterizados por la violencia política y la desorganización social”.

El gobierno de Pérez prometió algunos cambios que no se hicieron y la situación política continuó deteriorándose, hasta que nuevamente el 27 de noviembre del mismo año un nuevo intento de golpe de Estado, esta vez de corte cívico-militar (con mayor participación de sectores de la marina y la aviación) y comandada por Hernán Grûber Odremán trató de derrocar al Presidente Pérez.

También, la tensión social desencadenó los hechos del 27 y 28 de febrero de 1989, llamada el Carachazo producidas por las medidas económicas de choque (aumento del costo de la gasolina, paquete impositivo), las cuales impactaron a las clases sociales menos favorecidas. Pero es en el año 1992 cuando se evidencia que la crisis viene acompañada de un colapso político amplio, que lamentablemente no fue reconocido responsablemente por las élites políticas, económicas e intelectuales del país. “… No fue el golpe fallido del 4 de febrero de 1992 el punto de inflexión en la crisis política, social y económica que padecía Venezuela a finales de la década del 80. No se puede negar que aquel acontecimiento, estrictamente militar, fue una expresión más de la crisis social y política por la que atravesaba el país….” (Herrera Arvelo, 2006:1).

Sin embargo, las intentonas golpistas sufridas por el gobierno del presidente Pérez, causaron un efecto negativo en el escenario internacional, debido a que, con estos sucesos se evidenciaba que la que parecía, desde la década de los años 60’ una de las democracias más sólida del continente americano, se encontraba amenazada.

Al ser destituido Carlos Andrés Pérez, asumió la presidencia de la República por unos días, el entonces presidente del Congreso Nacional Dr. Octavio Lepage. Posteriormente el Congreso Nacional siguiendo el procedimiento establecido en la Constitución Nacional del año 1961 para tal coyuntura, designó con una mayoría determinante de los partidos Acción democrática y COPEI como presidente de la República al Dr. Ramón J. Velásquez para que culminara el período presidencial iniciado por el Sr. Carlos Andrés Pérez.

2.8. El segundo gobierno del Dr. Rafael Caldera

En 1994 y con un país signado por un contexto sociopolítico fragmentado, un sistema paternalista ya en decadencia y con la necesidad de subsistencia del Estado de cara al nuevo sistema económico imperante, inicia su segundo período de gobierno el Dr. Rafael Caldera.

Las prioridades de su segundo gobierno, estuvieron enmarcadas en la restitución de la armonía de una nación alterada en sus cimientos por dos intentos de golpe de Estado en 1992 (4 de febrero y 27 de noviembre) y por la apertura de un proceso judicial al presidente saliente Carlos Andrés Pérez, intentando además la recuperación de la grave crisis económica en la cual le correspondió asumir su segundo mandato.

Rafael Caldera, en opinión de Martín Tanaka significaba la posibilidad de una paulatina evolución del bipartidismo al pluripartidismo moderado, “Caldera como persona simbolizaba claramente esto en su condición de líder fundador del orden puntofijista encabezando la pretensión de renovación y superación de sus vicios. Sin embargo, el gobierno de Caldera, lejos de mejorar la situación del país, continuó con su agravamiento. Caldera heredó un contexto en el que un manejo fiscal restrictivo se imponía, sin embargo se resistió y postergó la implementación de medidas de ajuste” (2001:30).

La situación previamente mencionada se agravó con la debacle del sistema financiero venezolano en los primeros meses de 1994. Esta crisis del sistema bancario nacional, fue en gran parte, acarreada por el mantenimiento de medidas de corte intervencionista y por la no utilización de los mecanismos de mercado.

Asimismo, es durante el segundo mandato presidencial del Dr. Caldera que se produce el indulto presidencial a los militares que se encontraban detenidos por su activa y comprobada participación en las intentonas golpistas acaecidas en Venezuela durante el año de 1992. “…El acontecimiento político más importante ocurrido bajo esta segunda presidencia de Rafael Caldera fue el perdón a Hugo Chávez y a los otros golpistas del 4 de febrero y del 27 de noviembre de 1992, antes de que fueran sentenciados, es decir, devolviéndoles sus derechos políticos. Este acontecimiento probó ser el origen de la siguiente presidencia de Hugo Chávez…” (Zuloaga, 2001:23).

Por otro lado, la actuación del segundo período gubernamental del Dr. Rafael Caldera, también se sustentó en la imagen de gobernabilidad democrática a objeto de atraer las inversiones extranjeras. Sin embargo, la promoción de la democracia no contó con un diseño estratégico claro sino que simplemente se abocó a lucha contra la corrupción.

2.9. 1998. Llegada al poder de Hugo Chávez Frías

El status quo de los grupos de poder (oligarquía) y de los principales actores políticos que dominaron la escena nacional durante 50 años, comienza a sentirse desplazado por la llegada de Chávez, en donde con su llamada revolución era visto por las masas populares y amplios sectores de la clase media como el candidato del cambio radical de la democracia venezolana.

Su principal propuesta era el llamado a un proceso constituyente el cual fue llevado a cabo, para así en diciembre de 1999 y mediante el sufragio popular, pero con una abstención del 55%, Chávez logra sustituir la Constitución de 1961 por una nueva y su promulgación significó para muchos el logro político más importante de Hugo Chávez.

La Constitución Venezolana de 1999 trajo un profundo cambio en el sistema político venezolano, en donde en su discusión y aprobación intervino la casi mayoría de los sectores del país, y la misma es considerada como una constitución de avanzada, en materia de derechos humanos, garantías individuales y de cambio de las relaciones económicas y políticas.

Por otra parte, la implementación de las leyes habilitantes en materias tan delicadas como tributos, régimen de propiedad de la tierra, regulación económica, entre otras, trajo una profunda movilización social que manifestaba su oposición a tales medidas. Así devinieron los hechos del 11 y 12 de abril de 2002, del poder en los cuales Chávez fue desplazado por 72 horas, mediante un golpe de Estado, delimitado por decisión del Tribunal Supremo de Justicia, para luego en diciembre de ese mismo año, los sectores de oposición al gobierno de Hugo Chávez, liderados por la Coordinadora Democrática, hicieron un llamamiento a paro de todas las actividades económicas del país, a la cual se sumó la estatal de los hidrocarburos PDVSA, situación que se mantuvo por más de sesenta días, los cuales el Gobierno aguantó la embestida y permaneció en el poder legitimo.

Estos dos acontecimientos apuntalaron a Chávez en el poder, ya que con los sucesos del carmonazo y el paro, pudo dominar tanto a las Fuerzas Armadas como a la estatal petrolera PDVSA con el despido masivo de más de 18.000 personas.

Actualmente el escenario político, que en el plano institucional es dominado por el partido de Gobierno, tendrá lugar una próxima elección Presidencial en diciembre del 2006, luego que en las últimas elecciones para diputados de la Asamblea Nacional, los actores políticos de la oposición decidieron retirarse de las elecciones, alegando su desconfianza en el árbitro (CNE), dejando el espacio político electoral al partido de gobierno y sus aliados.

Dicho escenario, con una renta petrolera que ha alcanzado niveles nunca vistos debido al aumento de los precios del petróleo en el mercado mundial, que lógicamente le da gran margen de maniobra al gobierno por medio de la expansión del gasto público, para el control de elementos macroeconómicos como inflación, empleo, gastos sociales, inversión, y salud; se prepara a la batalla por la reelección presidencial por parte del Partido del MVR y sus liados contra la coalición opositora, que en caso de resultar vencedor el actual Presidente Chávez, permanecería otros seis (6) años más en el Gobierno.

3. La Relación Triangular en la consolidación y transformación de la Democracia Venezolana

La democracia venezolana puede hoy en día analizarse desde dos momentos históricos: desde el período que va de 1961 hasta 1998 y de 1998 en adelante. Actualmente dicha división se encuentra acorde con los análisis políticos realizados hasta la fecha en donde de un sistema bipartidista sólido se dio paso a un esquema de régimen de partido único mayoritario con partidos opositores con escasa fuerza política.

El esquema bipartidista de Acción Democrática y COPEI, se debilita, no sólo en las elecciones de 1993, sino en las de 1998, cuando queda electo el presidente Chávez con su partido MVR y el Polo Patriótico. La merma en la votación de estos partidos llamados tradicionales, es el aspecto más importante de esa transición, ya que desde 1958 cuando se restaura la democracia, AD y COPEI no obtienen entre los dos, los suficientes votos para controlar el sistema político. Es en los procesos electorales de 1993 y 1998, cuando se produce una polarización del voto, que trae como consecuencia la disminución hacia el voto presidencial, para los dos principales partidos del status quo venezolano, en un 65,75% y un 56,81%, para AD y COPEI respectivamente, en relación con los obtenidos en las elecciones de 1988. Este resultado constituye un duro golpe, a la institucionalidad tradicional del sistema político y es, sin lugar a dudas una muestra de la perdida de credibilidad de los actores sobre los cuales estuvo estructurada la democracia venezolana. Desde 1998 el cambio que ha sufrido la democracia venezolana ha sido notable, y también se han vivido momentos de intensa fragilidad institucional, estando a punto de quiebre la institucionalidad democrática. Así entonces, la democracia venezolana venia funcionando en base a pactos, que para algunos autores (Carvallo y Maya, 1996) este estaba constituido por un modelo hegemónico, producto de la concertación de los grandes actores y los cuales fueron los principales factores de poder y mediación en la sociedad venezolana, tales como: Los partidos políticos tradicionales Acción Democrática y COPEI; La central empresarial FEDECAMARAS; La Confederación de Trabajadores de Venezuela C.T.V; Las Fuerzas Armadas y La Iglesia.

Para Rey (1998) el consenso fue catalogado de Sistema Populista de Conciliación de elites, el cual constituyó un mecanismo para legitimizar una democracia naciente en 1958 con el llamado Pacto de Punto Fijo, y del cual dependería de un mecanismo jurídico formal en su consolidación como lo fue la Constitución de 1961. Con ello se buscaba el pleno consenso en un programa mínimo de gobierno y en el cual imperaran las reglas del sistema democrático, ya que el régimen democrático naciente en principio no contaba con el apoyo de diversos grupos y sectores.

En consecuencia se logró una estabilidad social y política, que tuvo como sustento una renta petrolera abundante con lo cual el Estado con su distribución premiaba selectivamente a los distintos sectores de la sociedad, y se minimizaban los conflictos antagónicos o de clase. El Sistema democrático venezolano en el periodo de su instauración en 1958 debía garantizar el ejercicio del gobierno y su alternabilidad por medio de las elecciones; y a su vez, evitar el derrocamiento del mismo por medio de un golpe militar o una subversión armada. En este caso el modelo de desarrollo fue un factor importante por la naturaleza y cuantía de los recursos que permitían al Estado redistribuir la renta petrolera. De esta forma se controlaron los antagonismos de clase, ya que se permitía el Estado por medio del gasto, lograr el crecimiento y la redistribución.

A partir de 1958 el sistema político aseguró el mantenimiento de gobiernos democráticos, especialmente en circunstancias difíciles, frente a insurrecciones militares, en otras; con gobiernos que tenían bloques de partidos de oposición en la mayoría del Congreso, específicamente en la administración de Caldera en su primer gobierno y en la administración Herrera Campins.

El pueblo venezolano socializó las reglas de la democracia representativa, tomando como sus representantes a los principales actores de los partidos políticos, y dicha socialización se formó sin reserva alguna. La principal consecuencia de dicha socialización fue lograr el funcionamiento de la alternabilidad del poder, en donde los partidos de oposición ganadores han recibido el poder sin traumas mayores.

El sistema de partidos se consolidó de manera fuerte y se hizo altamente institucionalizado, lo cual permitió el avance de la democracia en elecciones libres con arraigo en los partidos políticos tradicionales, para movilizar a las masas mediante el voto directo y secreto, siendo entonces estos los mediadores de las demandas de los ciudadanos y el Estado.

El orden jurídico normativo como lo fue la constitución de 1961, sirvió en esa relación dinámica entre fuerza poder y derecho, de base fundamental del orden social, político y económico en los cuales se sustentó la base del nuevo orden democrático respaldado en el sistema representativo, alternativo, y presidencialista, sustentado en el sufragio libre y los partidos políticos tradicionales canalizaban las elecciones con bastante aceptación dentro de la sociedad, tanto que el bipartidismo logró una estabilidad en la sucesión de los gobiernos por medio del voto.

Igualmente la Constitución de 1961, como todo orden constitucional contemplaba los estados de excepción como medida extraordinaria para el mantenimiento del orden; instrumento que sirvió como mecanismo de control de los grupos y sectores anti-sistema, ya que en dicho periodo se presentaron en par de ocasiones intentos de golpe de estado, uno de corriente marxista, y otro de tinte de derecha, además se intento un magnicidio contra el Presidente Rómulo Betancourt y luego la insurgencia de la guerrilla que azoto al país hasta entrada la década de los 70.

La fuerza era desplegada mediante el acuerdo de los grupos o actores principales, para el mantenimiento del régimen, y el apoyo brindado para el mantenimiento del orden, se mantenía entonces con la fuerza para lograr el objetivo de preservación; desplegada por el instrumento del Estado como lo era la fuerza armada. Así, por medio de los estados de excepción la fuerza armada era la encargada de mantener el orden, y sofocar las alteraciones de orden institucional y social.

El Pacto de Punto Fijo comprometía expresamente a los dirigentes partidistas para usar sus organizaciones para moderar el conflicto político, y aunque Betancourt fue claro ganador, en la elección presidencial de 1958, cedió para lograr un gobierno de unidad nacional en donde estuvieran representados por igual los tres partidos principales del país en gabinete ejecutivo.

Es así que los acuerdos previos de la nueva iniciativa política instaurada en el país ocasionaban un pacto tácito previo a la firma del Pacto de Punto Fijo, para mantener el éxito del orden político de nuevo nacimiento que resguardara los intereses de los sectores implicados en el sistema democrático y en el programa de gobierno de la burguesía naciente. En esta etapa, ante la caída del régimen de Pérez Jiménez surge un nuevo reacomodo de la clase dominante, todo ello en virtud del apoyo y grandes beneficios que tuvieron sectores empresariales con el régimen dictatorial, ya que con la cuantía de recursos que manejó la dictadura y la intención de modernizar al país, amplios sectores de la industria y de la construcción tuvieron grandes beneficios.

El acuerdo consociativo sirvió para respaldar el uso de la fuerza en contra de los enemigos del sistema, así tenemos siguiendo a Coppedge (1991), que los términos de dicha formula presentaron, 1) La participación inclusiva de A.D. y COPEI que representaban a todos los grupos sociales de país; 2) Competencia electoral, los ciudadanos podían acudir libremente al sufragio movilizados por los partidos políticos; 3) Disciplina dentro de los partidos empezando desde ese momento la practica de los cogollos; 4) Concertación de los lideres políticos que se habituaron a consultarse el uno al otro, así como a lideres de otros partidos y organizaciones, así se garantizaba el pleno respaldo en la respuesta del gobierno en cuanto temas de la defensa nacional, asuntos exteriores, materia petrolera, y económica; y 5) La ampliación de las relaciones estratégicas con otros factores de la sociedad, además de los militares, específicamente con el sector privado.

Entonces así el acuerdo adeco copeyano garantizaba la gobernabilidad que controlaba todo el espectro social y político del país, debido a que se tenia toda la autoridad para negociar acuerdos vitales y estratégicos, de esta forma el régimen se convirtió en un sistema partidocrático que luego vería sus deficiencias que lo llevarían a su desplazamiento por otros actores.

El poder se ejerció directamente, con las fuerzas armadas para repeler cualquier intento de tratar de desestabilizar al gobierno. Los militares demostraron apego a la institucionalidad democrática, lograda por el acercamiento del Presidente Betancourt a la alta oficialidad, luego que los movimiento guerrilleros amenazaron a la democracia inspirados por la Revolución Cubana, los presidentes civiles de Acción Democrática lanzaron brutales campañas para derrotar a los movimientos guerrilleros de izquierda, y en este proceso se ganaron el respeto y respaldo de las fuerzas armadas.

La expansión rápida de las políticas sociales para el sector agropecuario, específicamente con una reforma agraria que beneficiaba de manera directa al sector campesino y puesto en marcha con el respaldo político de todos los sectores del país, facilito el apoyo al régimen logrando así desmantelar el apoyo que buscaban los sectores insurgente en el campesinado. Así se lograba la generación de apoyo popular al sistema democrático recién instaurado, por la adopción de políticas concretas, con lo cual se logro el crédito necesario para la socialización del nuevo régimen democrático que llevaba a la aceptación de los actores políticos en el gobierno.

Así se fue armando una red corporativa, creado por un sistema de representación y participación, en donde se privilegiaba unos intereses privados o de grupos económicos, así las reglas del juego propias de la democracia de participación y representación puramente democrática en donde la regla de la mayoría se impusiera, difícilmente podían ser aceptadas por los sectores minoritarios pero poderosos, si la regla de la mayoría giraba, en cada caso concreto, en contra de sus intereses. Así se creo un sistema perverso en donde los actores de la red corporativa discutían grandes temas económicos y sociales al margen de la regla de la mayoría, ya que este era paralelo al sistema de participación y de representación democrática, en consecuencia se buscaba evitar la adopción de medidas populistas que técnicamente afectaba intereses de sectores especiales. Este sector de participación no solo se limitaba a sectores económicos, sino también englobaba a actores sociales como la CTV, sectores profesionales y gremiales, y a otros grupos de intereses diversos que buscaban apoyo para la preservación del régimen, o contrarrestar cualquier factor de perturbación hacia el mismo.

Así el sistema corporativo produce la toma de decisiones mediante un complejo sistema, en donde todos los actores interesados entran en una negociación, y en donde las relaciones de poder son determinantes para la decisión final, y aunque el Gobierno aparece como un arbitro entre los diversos intereses privados este se constituye de hecho en un poder mas, pues en la practica no podrá tomar una decisión de manera unilateral, sino que por el contrario deberá negociar con los factores que integran los intereses corporativos.

De esta manera, para el período de consolidación democrática después de la dictadura de Pérez Jiménez los actores políticos promulgaron la Constitución de 1961, que daba marco institucional al régimen democrático, alternativo, representativo y responsable, con un marco normativo que en su fundamentación ideológica era tan amplio que el mismo era inclusivo y plural de todas las corrientes políticas, en lo social y en lo económico; salvo para la izquierda venezolana que no se sintió incluida ideológicamente, en consecuencia, ésta asumió una visión antisistema y se lanza a la aventura insurgente, la cual por el mecanismo de la fuerza, el derecho y el poder, los actores enfrentaron a los enemigos del sistema, con legitimidad y apoyo otorgado por los sectores sociales.

En este trance, existe un desequilibrio en la bidireccionalidad entre fuerza, poder y derecho, debido a que la deslegitimación de las instituciones políticas venezolanas fue palpable, notándose en encuestas y en la baja participación electoral. Todo ello conllevó a que el sistema democrático instaurado en 1961 se sintiera agotado, era de esperarse la instauración de un nuevo modelo o de su relanzamiento, situación que nunca pudo lograrse, aún con el esfuerzo hecho por los actores políticos en la llamada “reforma constitucional”, de la cual no recibió el apoyo político deseado y esperado por la mayoría de la población.

Es a finales de 1.998 cuando en el nuevo escenario electoral del país sale electo por una coalición política, en el cual predomina el MVR, el candidato Hugo Chávez, actual presidente, quien se avoca a impulsar los cambios estructurales de nuestro sistema político democrático.

4. La nueva Constitución Venezolana: La legitimidad como equilibrio entre la fuerza, el poder y el derecho

Una de las premisas más interesantes que deben estudiarse en el periodo democrático venezolano a partir de 1998 es el término Revolución, el cual es usado con holgura por el actual presidente de la República, entendida esta como un cambio en el orden político, económico y social, por cuanto es sabido que en la etapa de 1958 hasta Diciembre de 1999, se presenta la crisis terminal del Estado centralizado de partidos, en donde los partidos políticos y sus cogollos tomaron el poder absoluto de todos los espacios societales, dejando a los ciudadanos sin el poder de participar activamente dentro de la política, lo cual a su vez, trajo como consecuencia que los partidos políticos perdieran el carácter de intermediarios entre el Estado y los ciudadanos. No se debe dejar de mencionar que el proyecto político de la democracia naciente en 1958 ideado por el liderazgo político de la época se desarrollo y el país indudablemente se democratizó, pero ese mismo liderazgo y sus partidos políticos que contribuyeron al mantenimiento y consolidación de la democracia, no entendieron los cambios avisados que solicitó la sociedad venezolana, es decir, ideológicamente la sociedad democrática progresó al pedir cambios, pero los partidos políticos no respondieron a este síntoma de madurez política y de modernidad social que los tiempos requerían.

Así para finales del mandato del Presidente Caldera, la crisis institucional era evidente, y ante la negativa de la elite política del momento de proceder a realizar cambios en el sistema democrático, el candidato popular Hugo Chávez y su proyecto político de cambio radical, era el ganador de la contienda electoral y fue, proclamado presidente de la Republica.

La vía democrática deja abierto el camino para el cambio político, es decir que sin el uso de la violencia y de la fuerza propio de las revoluciones, la nueva elite política dominante presidida por Chávez comienza con las iniciativas primarias para llevar a cabo una Asamblea Nacional Constituyente. La legitimación de tal iniciativa vino dada por el fallo de la Sala Político Administrativa de la extinta Corte Suprema de Justicia de fecha 19 de Enero de 1999, mediante la cual si podía convocarse una Asamblea Nacional Constituyente mediante un referéndum consultivo, establecida la materia refrendaria en la Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política en su Artículo 181, ya que dicha instancia política no se encontraba regulada en el texto constitucional de 1961.

Así, el poder de reforma quedo dilucidado por el fallo, debido a que con dicha sentencia quedó abierta la tercera vía para reformar la Constitución de 1961, por un mecanismo distinto al de la enmienda y al de la reforma general prevista en los artículos 245 y 246 de la C.N. de 1961, mediante la cual, por una consulta popular, podía el pueblo pedir la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente.

El planteamiento entonces fue el de crear un nuevo ordenamiento jurídico, el cual seria el principal cometido de la Asamblea Constituyente, que tenga como virtud principal el de consolidar el Estado de Derecho a través de un mecanismo que permita la práctica de una democracia social y participativa, debiendo la nueva Constitución satisfacer las expectativas del pueblo, y al mismo tiempo, que dicho requerimiento cumpla con las exigencias del Derecho Constitucional moderno para el mantenimiento de los principios filosófico políticos del Estado de Derecho, con sus estructuras de poder y cometidos específicos.

Una connotación importante de la relación fuerza poder y derecho del proceso constituyente de 1999, lo expresó la Corte Suprema de Justicia, en otra sentencia de fecha 21 de Julio de 1999, mediante la cual se decidió un recurso de interpretación intentado por Jorge Olavaria y Alberto Franceschi, y en donde precisó la Corte lo siguiente: “Lo novedoso -y por ello extraordinario- del proceso constituyente venezolano actual, es que el mismo no surgió como consecuencia de un suceso fáctico (guerra civil, golpe de estado, revolución, etc.) sino que, por el contrario, fue concebido como un “Proceso Constituyente de Iure” esto es, que se trata de un proceso enmarcado dentro del sistema jurídico venezolano” (CSJ-SPA, 21-07-1999).

Debe señalarse que el elemento de la fuerza, en el nuevo orden político imperante se ha mantenido dentro de los cauces de la Constitución Vigente de 1999, es decir, nunca se ha usado la facultad extraordinaria de suspensión de garantías, ni en los momentos mas difíciles para el Gobierno de Chávez, como lo fueron los día 11 y 12 de abril de 2001 y durante el paro petrolero de diciembre de 2001 y de comienzos de 2002. Al contrario durante el periodo de la Constitución de 1961, las garantías constitucionales se suspendieron en varias ocasiones, durante las intentonas golpistas del carúpanazo y el porteñazo, y luego en 1992 y noviembre de ese mismo año, así como también durante los disturbios civiles del 27 y 28 de Febrero de 1989.

En la vigencia de la Constitución de 1999 nunca, hasta ahora, se ha hecho uso de facultades extraordinarias para la preservación del sistema democrático; pero debe dejarse claro, que mas bien por el contrario, algunos sectores sociales han proclamado el derecho de la fuerza por medio del derecho a la rebelión y la resistencia cívica con la invocación del Artículo 350 del vigente texto constitucional, el cual consagra que: “el pueblo de Venezuela fiel a su tradición republicana, a su lucha por la independencia, la paz y la libertad, desconocerá cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticas o menoscabe los derechos humanos”. Sobre esta situación pudo el Tribunal Supremo de Justicia en Sala Constitucional pronunciarse en fecha 22 del mes de enero de dos mil tres, en el cual el tribunal estableció que sería un contrasentido pretender como legítima la activación de cualquier medio de resistencia a la autoridad, legislación o régimen, por encima de los instrumentos que el orden jurídico pone a disposición de los ciudadanos para tales fines, por cuanto ello comportaría una trasgresión mucho más grave que aquella que pretendiese evitarse a través de la desobediencia, por cuanto se atentaría abierta y deliberadamente contra todo un sistema de valores y principios instituidos democráticamente, dirigidos a la solución de cualquier conflicto social, como los previstos en la Constitución y leyes de la República, destruyendo por tanto el espíritu y la esencia misma del Texto Fundamental.

Este fallo puso fin a la diatriba política del llamado de la desobediencia cívica promovido por sectores opositores a Chávez, y de lo cual hoy en día ya no se menciona pero era necesario traer a colación el fallo para que pueda el lector meditar sobre su contenido y alcance, especialmente dentro del contexto del uso de la fuerza legítima para desconocer un gobierno, siendo que se analizan los elementos de la relación triangular en el presente artículo.

Así el elemento de la fuerza ilegítima para desconocer el actual Gobierno fue desestimado por la máxima instancia judicial del país, en donde la interpretación dada por sectores opositores al artículo 350 quedo desvirtuada, pero no obstante, se sostiene por grupos no afectos al gobierno, que en el actual momento se vive una dictadura moderna, en virtud de que todos los poderes del Estado están controlados por el partido político del gobierno, señalándose que los poderes no son independientes y que uno de los mas importantes como el Poder Judicial no es autónomo.

En la actualidad política, los factores de poder de la oposición se han retirado de la contienda y se prepara el camino para las elecciones de diciembre de 2006, período de reelección de Chávez, y de cual en las pasadas elecciones para Diputados de la Asamblea Nacional la oposición decidió retirarse dejando los espacios institucionales del ejercicio de la política en manos del partido mayoritario y la pequeña coalición de partidos que los acompaña. Existe una situación preocupante, la cual es el control total de la Asamblea Nacional por el partido de gobierno en virtud del abandono que hizo la oposición en las elecciones parlamentarias. Institucionalmente se puede decir, que no existe una minoría representada en los canales políticos formales, sino que esta que quedo reducida a mantener su espacio dentro del colectivo, por mecanismo de participación fuera del ámbito político. El retiro de la oposición de las elecciones parlamentarias de 2005, producto de la desconfianza en el Consejo Nacional Electoral, tuvo el impacto político de provocar una deslegitimación de las autoridades electas, lo cual lógicamente los sistemas electorales en la democracia se fundamentan en elecciones libres, con candidatos plurales, y al producirse el retiro de un sector evidentemente que no existe motivación al voto en virtud de que no hay competencia electoral.

Institucionalmente esto debilita el sistema de partidos, lo cual lógicamente quiebra en cierto sentido la legitimidad del procedimiento formal del sufragio, todo bajo las acusaciones de sectores opositores de no tener confianza en el arbitro electoral (Consejo Nacional Electoral), como se señaló con anterioridad, y aún así la oposición, ya ha planteado ir a las elecciones, incluso con la búsqueda de un candidato único que aglutine a todas las fuerzas opositoras, en el venidero proceso de elecciones presidenciales de 2006. Esto manifiesta el apego institucional a las vías democráticas, lo cual otorga legitimidad al procedimiento electoral que se avecina en el mes de diciembre. En tal sentido, en el país la legitimidad democrática, pudiera verse menoscabada si la oposición vuelve abandonar la contienda electoral, aun cuando en el plano institucional el procedimiento formal de la elección se lleve a cabo con absoluta normalidad.

El poder judicial, expresado en el Tribunal Supremo de Justicia, y específicamente la Sala Constitucional, es la que ha tenido la responsabilidad de la aplicación e interpretación de la Constitución Vigente, dentro de un programa político establecido por el actual gobierno, es decir, que el derecho ha tenido una efectividad resguardada por el Poder Judicial en donde, tanto la definición e interpretación de sus artículos, quedo constitucionalmente represada en la Sala Constitucional como máximo interprete de la misma; y el carácter vinculante de sus fallos para todos los órganos del poder judicial, y los demás poderes del Estado garantizan una plena vigencia de los postulados normativos.

Conclusiones

La relación triangular entendida como la vinculación existente entre la fuerza, el poder y el derecho se traduce en una complementariedad entre estos tres elementos los cuales son necesarios para alcanzar una convivencia pacífica, la estabilidad y la seguridad jurídica del componente social al cual regula. El derecho como orden regulador de la conducta humana, posee estrecha vinculación con el ejercicio de la fuerza y la detentación del poder, siendo ésta relación necesaria para la consecución del Estado Democrático liberal. Cuando se define el Estado como Estado Social, de Derecho y de Justicia, no puede ser otra la afirmación de que en dicho concepto hace vinculación a la relación de los elementos antes indicados, cuya regulación lleva el único objetivo de resguardar el orden y la justicia con mecanismos reguladores.

Desde el comienzo del período democrático en 1958 en Venezuela, la vinculación de los elementos fuerza, poder y derecho se dado de manera tangible, en virtud de que el ensayo democrático desde sus inicios tuvo fuertes presiones y todo su proceso de instauración y consolidación el estado legítimamente constituido, acudió al uso de la fuerza, el poder y el derecho para regular la subsistencia del régimen democrático. Desde esta perspectiva de trabajo de la relación triangular, se observa que durante los inicios de la democracia Venezolana se hizo uso de la Fuerza legítima para el mantenimiento del orden democrático, específicamente en las insurrecciones militares de los años sesenta y con el surgimiento de la guerrilla, se fueron perfilando las iniciativas del Estado para atacar estos focos de desestabilización con el único propósito del mantenimiento de la Democracia.

Los órdenes constitucionales de 1961 y la nueva Constitución de 1999 constituyen las bases jurídicas fundamentales de todo el proceso democrático vivido desde 1958 hasta el presente, lo cual evidentemente en la dinámica histórica se evidencia la relación triangular entre el derecho, el poder y la fuerza, evidenciada en momentos históricos tales como en el derrocamiento de Pérez Jiménez, Los golpes de Estado de los años sesenta, el movimiento guerrillero de la década de los sesenta y comienzos del setenta, la crisis política y económica de los años noventa, y la etapa del proceso constituyente de 1999 hasta el presente.

Dicha interrelación entre estos tres elementos se da de manera bidireccional, y la misma debe darse de manera equilibrada, para el mantenimiento de la legitimidad del Estado ya que al momento de producirse un desequilibrio en los mismos, el sistema político democrático entra en tensión pudiendo incluso llegar al extremo del quiebre de la democracia. La aceptación del grupo o comunidad de cómo el Estado despliega los elementos de fuerza, poder y derecho, se verifica en la legitimidad de desempeño del sistema, y es por ello que el mantenimiento del cauce de la acción política debe ajustarse a los límites preestablecidos en el ordenamiento constitucional, para así evitar el autoritarismo o la implementación de gobiernos autoritarios.

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