María Pilar García-Guadilla

Profesora Titular e Investigadora del Postgrado en Ciencias Políticas y del Departamento de Planificación Urbana de la Universidad Simón Bolívar. Ph.D en Sociología Urbana de la Universidad de Chicago y Post-doctorado en Movimientos Sociales de la Universidad de Londres. Coordinadora del Laboratorio y Grupo de Investigación Interdisciplinario en Gestión Ambiental, Urbana y Sociopolítica (GAUS-USB). Ha publicado más de ciento veinte artículos sobre la sociedad civil y los movimientos sociales en América Latina, incluyendo la edición de dos libros sobre el tema. mpgarcia@usb.ve 

Resumen  

Los consejos comunales son organizaciones comunitarias decretadas por el Presidente Hugo Chávez en el año 2006 para avanzar la democracia participativa. A nivel local, una de sus finalidades es el mejoramiento de la calidad de vida mediante la autogestión de los servicios comunitarios; a nivel nacional, la de liderar las transformaciones sociales hacia el Socialismo del Siglo XXI  ya que se les  considera como el sujeto revolucionario por excelencia y como los protagonistas del Poder Popular. Mientras que los sectores populares adeptos a Chávez ven en ellos la posibilidad de mejorar su calidad de vida; la clase media opositora ha cuestionado su pretendida autonomía, su tendencia centralizadora, y sus prácticas clientelares. El presente trabajo ahonda en el alcance y los límites de los consejos comunales e intenta responder si éstos son espacios para la democratización y el ejercicio real de la soberanía popular o por el contrario, espacios para el clientelismo político y el populismo, si se trata de espacios para empoderar a las organizaciones sociales o espacios para-estatales para controlarlas.

 Palabras claves: poder popular, consejos comunales, democracia participativa, clientelismo, autonomía.

 The Functioning of the Communal Councils in Venezuela. Popular Power or Clientelism?

 Abstract  

Communal Councils (consejos comunales) are community social organizations created at the request of President Chávez in the year 2006, to advance participatory democracy. At the local level, one of the objectives is to improve their quality of life through self-management, in order to provide basic and social community services; at the national level, its purpose is to lead social transformations towards the Socialism of the XXI Century because they are supposed to be the revolutionary subject and the protagonist actor of Popular Power.  While pro-Chavez popular sectors see the possibility of improving their habitat; the middle and upper class political opposition has warned of the dangers of clientelism and corruption.  Are the Communal Councils spaces for democratization and the exercise of popular sovereignty? Are they spaces for the redistribution and decentralization of power or, on the contrary, for political clientelism and populism? Are they spaces for empowering social organizations or spaces for the government to control them?  

Key Words: Popular Power, Communal Councils, Participatory Democracy, Clientelism, Autonomy 

Los consejos comunales (CC) son organizaciones sociales creadas por iniciativa presidencial que encarnan a un nuevo actor comunitario surgido en medio de graves tensiones políticas y de una activa campaña electoral por parte del Presidente de la República con motivo de las elecciones de diciembre de 2006. Desde sus inicios se le han asignado dos tipos de funciones: la autogestión y resolución de los problemas de la comunidad y, a comienzos del 2007, el rol protagónico de servir de “combustible de los cinco motores constituyentes (…) en el marco de la constitución y profundización de la Revolución Bolivariana en el camino al Socialismo” (Minci, 2007, pág. 8)¹. Estas dos funciones que coexisten en su definición, en las praxis de los CC la mayoría de las veces no han podido combinarse y han entrado en conflicto.

La Alcaldía Metropolitana de Caracas los define como las “unidades primarias de un nuevo orden sociopolítico” de carácter autónomo, el cual está enfocado a la solución de los problemas de la comunidad. Según el presidente Chávez, son “… disparadores del ejercicio real de la soberanía popular y un instrumento de redistribución y descentralización del poder” (Chávez Frías, El Nacional 15-10-06: A- 4) pues tal como lo expresó en el ¡Aló Presidente! Nº. 252 (9 de abril de 2006) se trata “del poder popular en marcha, la democracia participativa. No es para nada esto de que allá cuatro o cinco personas van a decidir por mí; no, vamos todos a participar”. Por otro lado, al relanzar los CC en 2006, el Presidente les asignó un rol protagónico en lo que denominó el “quinto motor de la revolución” para llegar al socialismo del siglo xxi.

Las cifras oficiales estiman que para mediados de 2007 existían unos dieciocho mil (18.000) CC; no obstante, la cifra dada el 2 de agosto de 2007 por el presidente Chávez en el Tercer Gabinete Móvil sobre “La Explosión del Poder Popular”, celebrado en Caracas con motivo de la IV Cumbre Social por la Integración de Latinoamérica y del Caribe, fue de veintiséis mil (26.000) CC². Según información de la Alcaldía Mayor, para junio de 2007 en los cinco municipios que componen el Distrito Metropolitano existían 599 CC registrados ante esta instancia institucional; éstos estaban distribuidos de la siguiente manera: Sucre 148 (24,7%), Baruta 34 (5,7%), El Hatillo 30 (5,0%), Chacao 7 (1,2%) y Libertador 380 (63,4%). Con base en estas cifras, los CC constituirían hoy en día la organización social de base popular con mayor número de miembros.

Antes de que el presidente Chávez llegara al poder en 1999, algunas gobernaciones y alcaldías promovieron desde el Fides instancias organizativas semejantes a los CC. Sin embargo, en la Constitución de 1999 no existe el término “poder comunal” ni consejos comunales, aunque existen varios artículos que les sirven de sustento³. Aparecen adscritos originalmente al poder local municipal; es decir, a los Consejos Locales de Planificación Pública (CLPP) que se crean a partir de la promulgación de la Ley de los CLPP en el año 2002. Los primeros CC impulsados por los CLPP se constituyeron en el año 2003 en varias ciudades de Venezuela, pero su perfil fue bajo y tendieron a politizarse (González Maregot). Reaparecen en las discusiones de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal (Loppm) sancionada en 2005.

Desde sus inicios y hasta la promulgación de la Ley de los Consejos Comunales (2006), los CC estaban vinculados con la representación al nivel local o municipal; es decir con los CLPP y con Loppm. Sin embargo, la Ley de Los Consejos Comunales de 2006 si bien los legitimó como propuesta organizativa, terminó adscribiéndoles a las Comisiones Presidenciales del Poder Popular en los niveles nacionales, estadal y local, aun cuando en la reforma a la Ley de los CLPP, de diciembre de 2006, de nuevo se les vincula con la instancia municipal a través de la elección de representantes a los CLPP. Como resultado de este cambiante marco legal, en la actualidad existen solapamientos y conflictos vinculados con su adscripción presidencial y municipal.

Mediante esta figura se incorpora la posibilidad de que los ciudadanos participen directamente en la gestión de las políticas públicas y tomen decisiones en la solución de los principales problemas que los afectan; se les permite administrar de manera directa los recursos públicos en la ejecución directa de los proyectos comunitarios. La Ley de los CC los define de la manera siguiente:

Los consejos comunales en el marco constitucional de la democracia participativa y protagónica, son instancias de participación, articulación e interpretación entre las diversas organizaciones comunitarias, grupos sociales y los ciudadanos y ciudadanas, que permiten al pueblo organizado ejercer directamente la gestión de las políticas publicas y proyectos orientados a responder a las necesidades y aspiraciones de las comunidades en la construcción de una sociedad de equidad y de justicia social”( art. 2).

Además de haber surgido de arriba hacia abajo, los CC fueron adscritos a la Comisión Presidencial del Poder Popular que se creó con este fin⁴. Dada la relevancia que tienen en el proyecto sociopolítico del presidente Chávez, su activación ha traído como consecuencia que la participación popular para la gestión comunitaria en los sectores populares haya tendido a desplazarse hacia esta nueva figura de los CC: de hecho, contemplan la posibilidad de incorporar en su seno a través de comités a las otras instancias organizativas existentes en los espacios comunitarios de los sectores populares tales como los Comités de Tierra Urbana (CTU), las Mesas Técnicas de Agua, las Mesas Técnicas de Energía, los Comités de Salud, Deporte, Cultura y las cooperativas de servicios entre otras. Además al proponerse como la instancia de organización comunitaria legitimada en la Ley los CC también tienden a desplazar a las organizaciones ciudadanas que existen en las urbanizaciones de la clase media y alta tales como las Asambleas de Ciudadanos (AC) y las Asociaciones de Vecinos (AV). Estos desplazamientos podrían atentar contra el pluralismo organizativo.

Sus funciones y competencias fueran ampliadas con respecto a las figuras organizativas que le precedieron. Además de definir y jerarquizar las necesidades básicas de la comunidad, funciones que anteriormente habían sido asignadas a instancias organizativas como los círculos bolivarianos y los CTU de los cuales se hablará mas adelante, a los CC se les asignó las novedosas funciones de ejecutar directamente los recursos económicos que les transfiera el Estado central y ejercer la contraloría social de tales recursos.

Los CC han sido bienvenidos por parte de las organizaciones sociales populares que se sienten protagonistas del proceso de participación en las políticas públicas y ven en esta figura la posibilidad de mejorar su calidad de vida y sobre todo, de resolver las deficiencias de vivienda y servicios comunales que existen en los barrios populares. Algunas de las organizaciones populares que se constituyeron a partir de las preexistentes, consideran que además de gestionar los servicios comunitarios, los CC son la piedra angular para construir el poder popular y hacer las transformaciones necesarias para concretar la revolución bolivariana y, así, arribar al socialismo del siglo xxi, a pesar de que hasta el momento estos conceptos son sumamente vagos y vacíos de contenido.

Los miembros de la clase media que se interesan en los CC opinan que éstos no son realmente una instancia de participación ciudadana que beneficie el proceso de descentralización y, por el contrario, piensan que éstos pudieran contribuir al desmantelamiento de la institucionalidad local del municipio y de las parroquias; destacan también que pueden ser un mecanismo para el control político a nivel local. Sin embargo, una parte de la clase media vio en ellos el mecanismo para recuperar los espacios locales tradicionalmente defendidos por las asociaciones de vecinos y decidió incorporarse al proceso de constituirlos, aunque lo ha hecho más lentamente que los sectores populares⁵.

La actividad principal de los CC, tanto de los sectores populares como de la clase media, ha sido la formulación de proyectos que beneficien a su ámbito territorial con el fin de recibir los recursos que ofrece el gobierno. Desde la oposición política el, incluso, desde algunos de los voceros pro gubernamentales, se ha puesto en tela de juicio el manejo directo de los recursos otorgados por el Estado porque ello pudiera estimular el clientelismo y prestarse para la corrupción ya que no existe ni la experiencia ni la necesaria independencia de la función de contraloría social, la cual es realizada por los propios miembros de los CC. También se ha cuestionado su pretendida autonomía y se duda de su capacidad para incluir a todos los ciudadanos independientemente de su clase social.

¿Cuál de estas dos percepciones sobre los CC, las cuales resultan en ocasiones contradictorias, es la correcta? ¿Son los CC, tal como lo señala el presidente Chávez, espacios para el ejercicio real de las soberanía popular?; es decir, ¿se trata de espacios de redistribución y descentralización del poder o, por el contrario, son espacios de tutelaje y clientelismo político? ¿Espacios para la democratización o espacios para el populismo? ¿Espacios autónomos o espacios para-estatales? Dentro del contexto y tendencia recentralizadora que el gobierno ha desplegado en los últimos tiempos, ¿contribuyen estos CC a la descentralización regional y local o son instancias que obstaculizan la existencia de las gobernaciones, alcaldías y juntas parroquiales? Dada la elevada polarización social e ideológica existentes, ¿los CC sirven para la inclusión o pueden servir para discriminar a aquellas personas que no coincidan con el proyecto del presidente Chávez?; ¿se trata de espacios polarizados social y geográficamente o de espacios de integración? En el caso de que existan diferencias ideológicas y sociales en el mismo territorio asignado a un CC, ¿reproducen éstos las diferencias y los conflictos de clase social existentes o por el contrario, sirven para construir el interés colectivo de forma pluralista? Dado el ámbito microlocal en que actúan y el hecho que reciben financiamiento directo del nivel central, ¿cómo se garantiza su autonomía? y ¿cómo lograr una visión general que trascienda la escala microlocal de los CC y permita la gestión participativa a nivel regional y nacional? ¿Substituyen estos CC, elegidos mediante asambleas populares, a los poderes locales elegidos directamente por todos los electores en lugar de complementarlos? Finalmente, ¿son éstas las organizaciones más idóneas para lograr la democracia participativa y protagónica y construir el socialismo del siglo xxi?

Una perspectiva sociopolítica sobre los CC, que incorpore su supuesto potencial transformador y que trascienda la visión de los CC como instancias que sólo gestionan los servicios básicos y de infraestructura comunitaria, supone la definición por parte de estas organizaciones de un proyecto de ciudadanía y de sociedad propios. Por ello, en este trabajo se analizó si los CC que han surgido en los sectores populares y en algunas urbanizaciones de clase media comparten o no una identidad colectiva y una concepción de ciudadanía que trasciendan el carácter reivindicativo de las demandas por el mejoramiento del microterritorio que habitan. Se evaluó si los CC tienen la capacidad de movilizarse a favor de nuevas formas de ciudadanía incluyentes que trasciendan las diferencias de clase social activando la “democracia participativa” que se plasmó en la Constitución de 1999.

También se estudió su capacidad para “transformarse en el poder popular”; es decir, para generar transformaciones que vayan mas allá de su comunidad y que sirvan para enriquecer las identidades sociales y culturales y, de este modo, contribuir al pluralismo de los modos de vida urbanos; todo ello sin perder su autonomía y capacidad de movilización. La base de estas transformaciones debiera ser un proyecto alternativo de sociedad por lo que se trató de conocer si los CC pueden generar un proyecto de sociedad divergente del Estado, que trascienda los meros intereses reivindicativos y que permita la construcción de hegemonía para la transformación social.

Uno de los requisitos para que las organizaciones sociales puedan construir un proyecto social alternativo propio es su autonomía del Estado y de los partidos políticos, por lo que en este trabajo se analizó si los CC son autónomos o si por el contrario, están siendo presionados o cooptados políticamente sea por el gobierno o los partidos políticos que lo apoyan. La autonomía con respecto al Estado no quiere decir que estas organizaciones no puedan apoyar el proyecto bolivariano o recibir recursos del Estado; significa que sus acciones y praxis deben responder en primer lugar a los objetivos propios que se desprenden de su identidad y no a las presiones o proyectos del Estado. Sin embargo, dado que los CC surgieron mediante decreto presidencial, que el proyecto sociopolítico que les dio origen y en el cual enmarcan sus acciones los CC es el Proyecto Bolivariano promovido por el Presidente y que además reciben recursos directamente del Ejecutivo, la cooptación por parte del Estado podría facilitarse.

El análisis sobre si los CC han definido y comparten un proyecto de ciudadanía propio y, en caso afirmativo, si tal proyecto se formuló de manera autónoma, se focalizó en las praxis de los CC, entendiéndolas como el conjunto de relaciones sociales y políticas que se dan en estos espacios comunales. Dicho análisis partió de un autodiagnóstico de los CC y estuvo basado en entrevistas y material documental y hemerográfico de los distintos actores que participan en éstos. De la evaluación de sus praxis se desprendieron al menos tres miradas u ópticas desde y sobre los CC: la de los sectores populares que no forman parte de los movimientos sociales populares, la de los movimientos sociales populares y la de la clase media opositora al presidente Chávez. La interpretación de las praxis de los CC de los sectores populares y de las urbanizaciones de la clase media sirvió además para comprender críticamente el alcance y los límites de la denominada “democracia participativa” inscrita en la Constitución Bolivariana de 1999.

La información para este trabajo provino de diversas fuentes. En primer lugar, se llevó cabo un acompañamiento exhaustivo con observación participante que incluyó además entrevistas semiestructuradas en nueve CC de los sectores populares y en uno de clase media⁶. Adicionalmente, se entrevistaron tres consejos comunales de los sectores populares y cinco de clase media. Es decir, que el presente trabajo se basa en información primaria directa de dieciocho CC de los cuales doce pertenecen a sectores populares y seis a la clase media. Adicionalmente, se incorporó una amplia información secundaria de carácter documental, hemerográfica y electrónica, que incluía los resultados de las asambleas y encuentros realizados por los CC, manifiestos publicados, entrevistas periodísticas, opiniones digitales y otros documentos valiosos.

Desde 1958, fecha de la caída de la dictadura de Pérez Jiménez, hasta la llegada de Hugo Chávez al poder, las organizaciones comunitarias han seguido tendencias signadas por la polarización espacial y social. Además, en los barrios o sectores populares donde se conformaron a partir de 1958 los comités o juntas promejoras o prodesarrollo, los cuales fueron estimulados por los partidos políticos que buscaban obtener el apoyo político y/o electoral, estas instancias organizativas tuvieron dificultades con la autonomía; en la mayoría de los casos sirvieron para transferir recursos del gobierno de turno con el propósito de mejorar a las comunidades pobres.

En las urbanizaciones de clase media se dio un intenso movimiento ciudadano entre 1979 y 1989 de carácter más autónomo, el cual fue liderado por la Federación de Asociaciones y Comunidades Urbanas (FACUR) (García, 2006) y bajo el lema de la “participación para la profundización de la democracia”, este movimiento logró articular, además de a las asociaciones de vecinos de las urbanizaciones de clase media, a las organizaciones populares de base, al movimiento cooperativo y a los movimientos ecológico y de mujeres entre otros⁷. Sin embargo, ante la pérdida de legitimidad y de adeptos que sufrieron en la década de los noventa los partidos políticos, éstos intentaron, en algunos casos con relativo éxito, cooptar a las asociaciones de vecinos las cuales fueron perdiendo legitimidad como espacios para la democratización del sistema político y tendieron a regresar a los intereses como clase social; es decir, a la defensa y mejoramiento de los espacios microlocales.

Con la llegada del presidente Chávez al poder en 1999, el discurso de la democracia participativa y las figuras que lo encarnan se han ido modificando. La falta de una organización popular detrás del triunfo de Chávez y su rechazo a los partidos políticos tradicionales han originado nuevos discursos y sobre todo el surgimiento de organizaciones socio-políticas, la mayoría de las cuales han sido promovidas desde el gobierno. Estas organizaciones unas veces conviven y se complementan entre ellas y otras se confrontan y solapan en sus funciones y ámbitos territoriales.

Entre las primeras figuras creadas para la participación social y política a nivel local se encuentran los círculos bolivarianos (CB) creados por decreto del Presidente (Hawkins y Hansen, 2006). A los CB se les asignó muchas de las funciones de los comités o juntas de vecinos de los sectores populares y han tenido presencia fundamentalmente en estos sectores siendo vistos por la clase media como organizaciones políticas adeptas a Chávez. En la oportunidad del referendo revocatorio presidencial y de las elecciones, los CB fueron penetrados por los partidos políticos, en particular por el Movimiento Quinta República (MVR). Como consecuencia, los CB tendieron a abandonar sus funciones primarias para las cuales fueron creados y se transformaron en organizaciones parapolíticas incorporándose a las Unidades de Batalla Electoral y a otras figuras las cuales tuvieron como objetivo la búsqueda de adeptos al presidente Chávez con motivo del refererendo de 2005 y de las elecciones políticas de 2005 y 2006.

Otra de las instancias de participación social y política⁸ fueron los Consejos Locales de Planificación Pública (CLPP). En éstos se plasmó una visión descentralizadora del poder local, se combinaron los principios de representación y participación y se legitimó la participación de la pluralidad de organizaciones sociales existentes en el ámbito municipal (Bastidas, 2007). La participación de las organizaciones sociales en estos consejos reviste una gran importancia sobre todo en el proceso de decisión del presupuesto municipal. Como consecuencia del escenario polarizado que ha signado la puesta en marcha de los CLPP, muchos de los alcaldes y concejales, tanto de la oposición como oficialistas, que se sintieron amenazados en sus funciones, pusieron trabas para su conformación o nombraron a dedo a los miembros de los CLPP. Esto ha traído como consecuencia la penetración de los CC por el partido o gobierno local de turno. Con la llegada de los CC, los CLPP se sienten amenazados y podrían ser desplazados por éstos debido a que muchas de sus funciones han sido asignadas a los CC.

Algunas de las asociaciones de vecinos de las clases medias y media altas continuaron activas como formas de organización social del entorno comunitario aún después que Chávez asumió la Presidencia. De nuevo, dentro de la aguda polarización social, política y espacial (García-Guadilla, 2007, 2005), las profundas diferencias y la fuerte oposición al Presidente que tuvieron muchos de los miembros de este estrato social llevaron a las asociaciones de vecinos a buscar una figura constitucional con mayor potencialidad política para expresar sus desacuerdos. Desde fines de 2001, cuando se inician los conflictos entre la oposición política y el presidente Chávez, en las urbanizaciones de clase media se comenzaron a promover las asambleas de ciudadanos (AC) como una instancia de participación socio-política⁹ con rango constitucional. A pesar que se conformaron a partir de las asociaciones de vecinos existentes en las urbanizaciones, las AC transcendieron el objetivo y el ámbito espacial de las antiguas asociaciones de vecinos y se asociaron a los partidos políticos de la oposición a lo largo del conflicto de 2002 al 2005, siendo utilizadas por éstos como la forma organizativa para “salir de Chávez” (García, 2006).

Las AC, que se conformaron en los espacios de las urbanizaciones de clase media de las ciudades más populosas, como respuesta al conflicto con el Presidente, se politizaron al adscribirse a los intereses de la Coordinadora Democrática a lo largo de los conflictos que se expresaron en la huelga general de la oposición política y del referéndum revocatorio de 2004. Esta coordinadora reunía, además de a las organizaciones sociales de la oposición, a los partidos políticos y a organizaciones corporativistas como Fedecámaras y la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), los cuales también estaban enfrentados con el Presidente.

Dada la identificación de las AC con las clases medias y altas, esta figura organizativa apenas fue usada por sectores populares. Con la creación de los Comités de Tierra Urbana primero y de los CC, por parte del presidente Chávez, la AC se transformó de una “figura organizativa” con base constitucional a un “mecanismo o medio” para constituir y tomar decisiones en otras instancias organizativas, plasmándose ello en la normativa legal vigente sobre estas dos figuras. “Por ello, después de perder el referéndum revocatorio en agosto de 2004 y ante la ausencia de una Ley de Participación Ciudadana¹⁰ que normara a las AC como instancia organizativa, las AC tendieron a desactivarse distanciándose de los partidos políticos a los que culparon del fracaso¹¹ y regresando a defender sus espacios vecinales.

Los Comités de Tierra Urbana (CTU) se constituyeron por Decreto Presidencial con el objetivo de participar en la resolución de los problemas del hábitat (Contreras, 2005, 2006). El ámbito geográfico de los CTU es local, se circunscriben a los sectores populares. Aunque tienen funciones específicas, algunas de sus funciones son semejantes a las de los antiguos comités y juntas de vecinos y a las de los CB. Para el año 2006, el número de CTU se contabilizó en más de seis mil pero al igual que con los CLPP, los CTU han tendido a ser desplazados como figura organizativa para la democracia participativa con la entrada en vigencia en el año 2006 de la Ley de los Consejos Comunales (LCC) y el auge de éstos. Por otro lado, la propuesta de reforma constitucional presentada por el presidente Chávez el 15 de agosto de 2007 y rechazada en referendo el 2 de diciembre de ese mismo año, fundamentaba el Poder Popular en los CC y en sus instancias relacionadas como la comunidad y la comuna¹².

El pluralismo organizativo propuesto por el gobierno para concretar la democracia participativa también incluye organizaciones comunitarias para el mejoramiento de los servicios puntuales tales como las Mesas Técnicas de Agua y las Mesas de Energía (Lacabana y Cariola, 2005; Arconada, 2005; Antillano, 2005), así como el estímulo a las formas asociativas ya existentes tales como los Comités de Salud.

La Constitución Bolivariana de 1999 y el surgimiento de nuevas formas organizativas para promover la participación ciudadana no cambiaron las diferencias existentes en la composición por clase social de las organizaciones sociales comunitarias, las cuales reflejan intereses y necesidades asociados con la clase de pertenencia: mientras que los sectores populares tendieron a organizarse alrededor de los CTU y/o de otras organizaciones comunitarias preexistentes, las urbanizaciones de clase media lo hicieron, primero, alrededor de las AV y a partir de 2002, alrededor de las AC. Por otro lado, la creación de algunas de las instancias de participación de los sectores populares posteriores a la Constitución de 1999 y que antecedieron a los CC, tales como los círculos bolivarianos, los CTU y las Mesas Técnicas del Agua entre otras, tuvo al menos dos objetivos: uno explicito que fue la organización de estos sectores para dar respuesta a las múltiples demandas vinculadas con la sobrevivencia y servicios básicos y sociales, y uno implícito que fue la necesidad de contar con una base de apoyo político organizada distinta de los partidos políticos.

2. La praxis de los CC: alcances y límites

1. Clase social y polarización política

Los CC surgidos al amparo de la Constitución de 1999 no escapan a las diferencias de clase y a la fuerte polarización espacial y social existente en las organizaciones ciudadanas a la que se sumó la polarización político-ideológica. Tampoco han escapado a los intentos de cooptación política, bien sea por parte del gobierno de turno en el caso de los sectores populares o de los partidos políticos de la oposición, en el caso de las clases medias y medias altas.

Fueron las organizaciones sociales preexistentes en sectores populares y en urbanizaciones de clase media tales como los CTU, Comités de Salud, las AV y las AC la base para conformar los CC. Por ejemplo, en Bucarito, sector popular del municipio Baruta, los CTU sirvieron de apoyo constante para la conformación del CC Bucarito en julio de 2006 y, una vez constituido, las demás organizaciones existentes tales como los Comités de Salud, las Mesas Técnicas de Agua y los Comités de Seguridad, se transformaron en comités dependientes de los CC. De la misma forma, en las urbanizaciones de clase media de Santa Rosa de Lima, Santa Fe o El Cafetal, la comunidad se organizó alrededor de las AC.

A diferencia de los CTU que estuvieron orientados hacia los sectores populares, los CC fueron propuestos como mecanismo participativo para todos los niveles sociales; sin embargo, las desigualdades socioeconómicas y en la dotación de los servicios básicos y de infraestructura que existen entre los barrios populares y las urbanizaciones de clase media y alta, hacen que los sectores populares hayan sido los más activos en su conformación por ser los más beneficiados. No obstante, después de intensas dudas y discusiones y debido a que las AV dejaron de tener la relevancia del pasado y que las AC no cuentan con ámbito territorial definido, la clase media y media alta decidió "montarse en la dinámica de los CC" (Escuela de Ciudadanos, 2007).

Dado que los CC pueden tener tantas y variadas funciones como les sean asignadas por la asamblea que los constituye, los objetivos esperados varían, no sólo según la clase social de pertenencia de los miembros, sino también de acuerdo con la posición político-ideológica. Según Manuel Rosales, candidato a la Presidencia de la Republica por la oposición en las elecciones de diciembre de 2006, se deberían crear 30.000 frentes para exigir mejores servicios públicos, la defensa de la libertad de expresión, defender los municipios y la descentralización (…) pero también les asignó otras funciones al hacer un llamado a:

… integrar y a crear consejos comunales para la movilización de lucha y de trabajo, a crear las asambleas de vecinos para el debate popular en las urbanizaciones, mercados y plazas para hablar de la reforma constitucional, la ley habilitante y la reforma educativa. (El Nacional - viernes 2 de febrero de 2007, p. A/2).

Los temas alrededor de los cuales se constituyen las comisiones o comités de trabajo que especifica la Ley de los CC pueden ser semejantes tanto en los sectores populares como en las urbanizaciones de clase media y media-alta; sin embargo, el contenido de las demandas refleja las  necesidades y los intereses de la clase social a la cual se pertenece. Por ejemplo: el CC de la urbanización Santa Rosa de Lima, ubicada en el sureste de Caracas definió tres comisiones básicas: a) Parques, jardines y deportes; b) Salud, urbanismo y ambiente; y c) Educación y seguridad, mientras que el CC del sector popular de Sisipa, ubicado también en el sureste, definió también tres comisiones: vivienda, agua y salud. Sin embargo, en el caso de la Comisión de Salud en que ambos coinciden y está orientada al mejoramiento de la calidad de vida, tal mejoramiento tiene distintos contenidos, pues, para la clase media de Santa Rosa de Lima, significa implantar campañas para "vacunar a los ancianos de gripe o instrumentar el programa de prevención de osteoporosis", mientras que el sector popular de Sisipa le da prioridad a los problemas de desnutrición y prevención de enfermedades infecto-contagiosas de la población infantil, las cuales están vinculadas con las condiciones de pobreza en que viven.

Sin embargo, no todos los sectores de la ciudad son homogéneos en términos de clase social lo que significa que en algunos espacios conviven los dos grupos como en el caso de la parroquia La Pastora. En estas situaciones, el grupo más numeroso por lo general impone su poder de mayoría para excluir al otro grupo. Mientras que, en la calle Las Mercedes de La Pastora, un grupo de profesionales de clase media tomó la iniciativa de promover la creación de un CC, otro grupo de escasos recursos, pertenecientes al sector popular denominado la Quebrada de Pedro Primero, decidió organizarse sin convocar al primer grupo y constituyeron un CC del que quedaron excluidos los de la calle Las Mercedes a pesar que ambos comparten el mismo ámbito geográfico. Este caso muestra la forma en que se repiten los imaginarios de exclusión en presencia de la polarización social (García-Guadilla, 2006, 2005).

Otra práctica de exclusión se observó entre los CC de Playa Colorada, comunidad del estado Sucre (Pinzón, 2007) donde menos de diez familias se apropiaron de la franja de playa para explotarla con fines turísticos excluyendo a los otros miembros de los demás CC de esta entidad. Ello fue posible debido a que la normativa señala que para constituir un CC indígena hacen falta sólo 10 familias bajo el supuesto que se trata de familias extendidas. Sin embargo, las familias de los dos CC indígenas que existen en Playa Colorada están criollizadas, lo que significa que son familias nucleares en vez de extendidas. Este hecho otorga a los CC indígenas una ventaja diferencial en la composición y la toma de decisiones con relación a los cinco CC criollos que también existen en Playa Colorada pues a estos últimos se les exige 50 familias para constituirse. Con la autodemarcación de las tierras indígenas, los ámbitos de las familias criollas e indígenas con frecuencia se solapan creando conflictos y roces al interior de la comunidad que no favorecen a la integración.

2. La cuestión del poder popular o el empoderamiento¹³: tensión entre los objetivos técnicos y políticos

Las praxis internas de los CC de clase media revelan el surgimiento de un debate alrededor de los objetivos; es decir, acerca de si sus objetivos son el empoderamiento y la movilización o si, por el contrario, son instancias “técnicas” reñidas con la movilización política. Por ejemplo, en Santa Rosa de Lima, una de las urbanizaciones que promovieron las AC a lo largo del periodo 2002-2005, la mayoría de los miembros aboga por la neutralidad política de los CC y opinan que su rol es de carácter técnico; sin embargo, otro grupo minoritario percibe a los CC como un espacio político para hacer el seguimiento y debatir el estado de la democratización y otros procesos políticos. El primer grupo enfatiza los objetivos “técnicos” del CC y por tanto se dedica a preparar proyectos comunitarios para solicitar recursos ante el Estado, restándole importancia a la construcción del “poder comunal” mientras que el segundo grupo, visualiza a los CC como un espacio de debate político para movilizarse en pro de la democracia y construir el poder popular.

El abandono por parte de la clase media de espacios organizativos tales como las federaciones de asociaciones de vecinos o las propias AC desde las cuales en el pasado promovieron la defensa de las concepciones liberales de democracia¹⁴ y la adopción de la visión “técnica” sobre los CC, la cual está siendo incluso promovida por la Escuela de Ciudadanos, pudiera traer como consecuencia la desmovilización política de la clase media. A ello contribuye el fuerte rechazo a los partidos políticos que aún persiste y la falta de un proyecto de sociedad consensuado. Debe desatacarse que esta visión técnica es la que parece tener mas adeptos entre la clase media que tiende a conformar los CC.

Al igual que los CC de la clase media, la mayoría de los CC de los sectores populares definen los objetivos como “técnicos” y no políticos lo cual favorece su desmovilización, logren o no los objetivos. Sin embargo, al interior de estos CC también existe un debate entre mantenerlos como espacios para ejecutar recursos o como espacios para construir el poder popular. Al respecto, en las conclusiones del Primer Encuentro Nacional de los Consejos Comunales (2007), de los sectores populares, realizado en Caracas se alerta sobre “la peligrosa tendencia de asumir los consejos comunales como simples planificadores y ejecutores de obras, castrando su potencial real de constructor de la nueva sociedad y el nuevo estado comunal”.

De acuerdo con el discurso presidencial y la normativa vigente, los CC son espacios de empoderamiento por ser el medio privilegiado para construir el Quinto Poder, es decir, el poder popular. Sin embargo, a pesar que la percepción desde algunos CC sea de empoderamiento, el énfasis desde el gobierno ha sido en crear CC, es decir, en el número o cantidad más que en el empoderamiento de dichos sectores (Denis, 2001).

En síntesis, se pueden definir dos tendencias con respecto a la percepción sobre el empoderamiento: una de carácter técnico-clientelar y otra de empoderamiento. La tendencia técnico-clientelar, que es mayoritaria, se expresa en aquellos CC que se autoperciben como una correa de transmisión para el otorgamiento de recursos del gobierno. La visión del empoderamiento está representada por aquellos CC que se constituyeron a partir de organizaciones sociales preexistentes, se autodefinen como movimiento popular y perciben a los CC como los instrumentos del poder popular y el medio para lograr las transformaciones sociales.

No se reconocen intereses comunes porque cada sector define sus necesidades más inmediatas, las cuales frecuentemente se perciben de forma individual como, por ejemplo, “arreglar mi rancho” (Entrevistas, 2007). La percepción de problemas puntuales a veces en un mismo espacio geográfico hace que se definan diferentes prioridades lo que dificulta la integración o federación de los CC para delimitar una “comunidad”. Por ejemplo la definición de prioridades del sector de Sisipa no se vincula con las del sector La Mata a pesar de que son parte de un mismo ámbito geográfico o comunidad.

Existe un grupo reducido de CC que provienen de algunos de los movimientos sociales de base popular que existían antes de la llegada del presidente Chávez y que se han reconfigurado de una manera autónoma alrededor de instancias tales como el Frente Nacional Comunal y Frente Nacional Campesino Ezequiel Zamora o las radios comunitarias entre otras. Estos grupos que se autodefinen como movimientos sociales populares, propugnan la visión de empoderamiento de los CC y su objetivo es convertirse en el Poder popular para supuestamente construir “el socialismo del siglo XXI”. Una de las conclusiones del Primer Encuentro Nacional de Consejos Comunales realizado en Caracas en marzo de 2007 destaca lo siguiente:

Compartimos con el compañero presidente, comandante Hugo Chávez Frías que por primera vez en toda la historia de la república el poder real se pone en manos del pueblo mediante la explosión del poder comunal.

Consideramos que dado el desarrollo de las contradicciones de clase que atraviesan el gobierno y el proceso mismo, el camino correcto que tenemos como pueblo combatiente es construir una corriente revolucionaria de base y autónoma que acompañe concientemente al Presidente en toda iniciativa tendiente a construir el socialismo bolivariano y derrotar al reformismo y la contrarrevolución.

Creemos como consejos comunales que la vía más expedita para construir el estado comunal es asumir el poder, a partir del ámbito local, desde una perspectiva económica, político, militar, cultural y social; por ello, debemos actuar en bloque, dotándonos de niveles superiores de organización y coordinación, siendo fundamental constituir un movimiento que nos dé voz, cuerpo y rostro como poder comunal, en todo el proceso de construcción del socialismo en Venezuela. 

Los promotores de los CC de la clase media los ven como una de las escasas posibilidades que tienen de participar; la Comisión de Vecinos de la urbanización de clase media alta de Lomas de La Alameda, que fue creada para promover el CC, los define como la única posibilidad que ofrece el gobierno de participar. Señalan textualmente lo siguiente:

Los Consejos Comunales son una forma de organización vecinal para el ejercicio del derecho de participación comunitaria. La participación en el ámbito público es un mandato de soberanía y son los Consejos Comunales la única figura que nos ofrece el gobierno bolivariano de la Republica de Venezuela para ejercer este derecho (Boletín Informativo, junio, 2007).

Este boletín informativo de la urbanización Lomas de La Alameda hace un llamado a incorporarse en los términos siguientes: “opina, incorpórate y participa, de lo contrario, la Comisión Presidencial del Poder Popular lo hará por ti”. (Convocatoria 23 de julio 2007) reflejando así la desconfianza que se tiene de la instancia de la cual dependen.

Una dificultad para el empoderamiento de los CC es al tamaño reducido de las unidades básicas que lo definen (un máximo de 200 familias en áreas urbanas, de 50 en áreas rurales y de 10 en comunidades indígenas) y su estrecha vinculación con decisiones o problemas cotidianos y puntuales de carácter local que no trascienden el ámbito comunitario. Este tamaño es sumamente pequeño para la autogestión de un barrio urbano o de una urbanización que en algunos casos pueden alcanzar miles de familias. Por otro lado, el esquema organizacional propuesto para los CC no cuenta con una instancia que coordine las labores de los comités de trabajo y de las unidades de gestión y que permita trascender el ámbito micro-local.

Para que las organizaciones sociales puedan construir un proyecto social alternativo a partir de sus identidades, se requiere de autonomía entendida como la capacidad de tomar decisiones de manera independiente del gobierno y/o de otra forma institucional u organizativa como los partidos políticos, los sindicatos y otras organizaciones sociales¹⁵.

Entre los factores que facilitan o dificultan la autonomía se encuentran: i) la mayor o menor dependencia de los recursos otorgados por el Estado, ii) a definición técnica o política sobre los CC y iii) la vulnerabilidad a las presiones políticas para que los miembros se inscriban en el PSUV y/o como “reservistas”. Cuanto mayor sea la dependencia de los recursos del Estado, cuando los objetivos del CC se definan como “políticos” en vez de “técnicos” y cuando exista mayor vulnerabilidad de los miembros que componen el CC a las presiones políticas para que se inscriban, en el PSUV o en las reservas, menor será el grado de autonomía del CC.

La adscripción de los CC al nivel central del gobierno del cual dependen para el otorgamiento de recursos pudiera facilitar una relación con el Ejecutivo de tipo clientelar, donde los afectos al Presidente y a su proyecto reciban los recursos prometidos con mayor frecuencia que quien lo adversa. De hecho, los resultados de las entrevistas realizadas indican que los CC formados por las personas no afectas al Presidente tienen mayores dificultades para que se les apruebe su solicitud y deben enfrentar innumerables procedimientos burocráticos que disfrazan la razón de la negativa final que reciben a sus solicitudes. De esta forma, el factor que mantiene activados a los CC de los sectores populares es la obtención de los recursos económicos; una vez que los mismos se ejecutan o dejan de llegar, los CC tienden a desactivarse. En el municipio Sucre, donde se estimó que para mediados de 2007 existían más de 150 CC, se reportó que más de 40 por ciento se encontraban desactivados para esa fecha por “deserción de los miembros” (El Nacional, 16-7-2007). Entre las causas se mencionaron la demora en recibir los recursos solicitados. Esta relación clientelar afecta a la autonomía que es uno de los rasgos fundamentales para definir a los movimientos sociales. Quizás por esta razón, los CTU que han demostrado tener un mayor potencial de autonomía se opusieron en el pasado a la transferencia de recursos desde arriba (García-Guadilla, 2006).

Desde 2007, se observa un distanciamiento de las organizaciones ciudadanas de la clase media de los partidos políticos de la oposición lo cual se debe probablemente a su experiencia negativa con la Coordinadora Democrática donde participaron activamente los partidos de la oposición y a la cual se adscribieron muchas de esas organizaciones a lo largo del conflicto por el referendo revocatorio. Contrastando con el distanciamiento que han tenido los nuevos CC de la clase media con respecto a los partidos políticos de la oposición, los CC de los sectores populares han tendido a vincularse en mayor grado con los partidos políticos afectos a Chávez; mas recientemente, se han vinculado al surgimiento del Partido Socialista Unido¹⁶. Los resultados de las entrevistas realizadas en los sectores populares urbanos, rurales e indígenas indican que en ocasiones se les exige a los voceros de los CC su inscripción en el PSUV para poder ser oídos y someter proyectos ante las instancias gubernamentales con las cuales se vincula el CC; a decir de tres de los entrevistados: “tuvimos que inscribirnos para ser oídos”. Por otro lado, los CC de los sectores comunales también se vinculan con las misiones y otros programas gubernamentales de carácter populista cuyo propósito ha sido “movilizar políticamente a la población” a costa de la autonomía.

Un factor adicional que afecta la autonomía de los CC de los sectores populares es la presión ejercida por el Ejecutivo para militarizarlos mediante su incorporación como reservistas del ejército. En el acto del 5 de julio de 2007 con motivo del 191 Aniversario de la firma del Acta de la Independencia, tres mil doscientos sesenta y cuatro (3.264) representantes de los CC desfilaron como reservistas al lado de las Fuerzas Armadas Nacionales en el Paseo Los Próceres, bajo la consigna “Patria, socialismo o muerte”

En síntesis, existen diferencias entre los sectores populares y los de clase media en lo que respecta al tema de la autonomía. En el caso de los CC de clase media que se crearon, éstos rechazan la injerencia del gobierno y de los partidos políticos de la oposición, lo que pudiera favorecer su autonomía, política; no obstante, este rechazo no garantiza que se de tal autonomía pues, tal como se explicará mas adelante, ello depende de las características, percepciones y objetivos de cada CC. Por otro lado, la afinidad ideológica de los CC con el proyecto político promovido por el gobierno que les dio origen, si bien teóricamente no debería atentar contra la autonomía, ya que el gobierno y las organizaciones pueden relacionarse de distintas formas incluyendo modalidades autónomas tales como promoción de las identidades colectivas¹⁷, las praxis de los CC de muchos de los sectores populares indican que el tema de la transferencia de recursos por parte del Estado resulta fundamental a la hora de explicar la posibilidad de ser cooptadas por parte del gobierno.

4. El dilema ¿descentralización o re-entralización?

La Ley de los CC dificulta en gran medida la vinculación entre los CC y el poder municipal pues se da un solapamiento y usurpación de competencias entre los CC y el concejo municipal. Ello se debe, tal como se ha señalado, a que de acuerdo con su estructura funcionallos CC no dependen de los concejos municipales, sino de una Comisión Presidencial Local que es designada por la Comisión Regional y a su vez, depende de la Comisión Presidencial Nacional erigida por mandato de la Presidencia de la República. Por esta razón, los CC debilitan la idea de un gobierno municipal autónomo con propiedad sobre el espacio geográfico en donde tiene jurisdicción y no promueven la descentralización.

En el distrito Capital, los alcaldes Bernal de la alcaldía Libertador y Barreto de la alcaldía Metropolitana, ambos fichas clave del chavismo, han aceptado sin ningún cuestionamiento los CC. Por el contrario, los alcaldes de Chacao, El Hatillo y Baruta, pertenecientes a la oposición, han sido mucho mas cautelosos en tal aceptación debido a la “supuesta” tendencia centralizadora, a su adscripción a la Vicepresidencia y no a la alcaldía como se esperaría dentro del modelo descentralizado vigente y al solapamiento de algunas de sus funciones con las que le corresponden a la alcaldía. Estos alcaldes de la oposición también opinan que los CC compiten con los municipios en lo que se refiere a los recursos que provienen del Ejecutivo y al posible desplazamiento de la instancia municipal en los procesos de decisión local.

5 La lógica de la participación versus la lógica de la representación

La democracia asamblearia de los CC se plantea como substituto de la representación estatuida a través de los concejos municipales y de las juntas parroquiales. Tal como lo expresó un miembro de los CC del estado Zulia: “… pasemos de ser representativos a ser participativos del futuro de nuestra patria” (Rosello, 2007). Una dificultad que se deriva es cómo se va a garantizar la participación que dice la Constitución en el caso de las personas que no disponen del tiempo para participar por razones de trabajo o salud o que simplemente no deseen hacerlo.

La casi obligatoriedad que se le asigna a la participación en las asambleas de ciudadanos de los CC que supone que “quien no participe no tiene derecho a oponerse a las decisiones además que las decisiones resultantes son vinculantes”, vulnera el principio de representación. Son los alcaldes, concejales y representantes de las juntas parroquiales electos en elección universal en última instancia quienes deben responder por los intereses de los ciudadanos a nivel local y no una asamblea que puede ser minoritaria en caso que haya apatía. Por otro lado, el poder popular debería expresarse en la pluralidad de todas y cada una de las organizaciones de base que existen en el espacio comunitario en lugar de circunscribirse a una en particular.

Por ejemplo, el alcalde del municipio El Hatillo utilizó mecanismo participativo al convocar directamente a la AC para la discusión del Plan de Desarrollo Urbano (PDUL) (alcaldía El Hatillo, 24-6-2007). Las razones tienen que ver, en primer lugar, con el hecho de que la AC es una figura constitucional mientras que los CC no lo son. Otra razón es que si la consulta se hiciera a través de los CC, éstos tendrían primero que llamar a las asambleas que los componen. Una tercera razón para convocar directamente a las AC en vez de los CC es que la escala de estos últimos es muy pequeña para las discusiones de un PDUL y se requeriría de una asamblea que federara a todos los CC del municipio El Hatillo la cual no existe ni en la normativa del concejo municipal ni en la ley actual. Es posible que una razón adicional sea el hecho que no todo los ámbitos geográficos del municipio están cubiertos por CC por lo que las asambleas a nivel de barrios y urbanizaciones, que son ámbitos relativamente homogéneos tienen mayor capacidad de cobertura. Esta convocatoria a los “ciudadanos” se vincula con el proceso de “consultas”, y se supone que una vez completada esta etapa, será el concejo municipal de El Hatillo a través de los representantes políticos o concejales elegidos mediante elecciones, quienes tomarán las decisiones finales y así se habrán incorporado los dos tipos de mecanismos: el participativo y el representativo.

La combinación de las dos lógicas, la representativa y la participativa, como se hizo en la experiencia de Porto Alegre, Brasil e incluso en el municipio Caroní, en Venezuela, resolvería algunos de los inconvenientes como “la falta de tiempo”, “la necesidad de una constante movilización” o la “apatía“ para participar que tiene el uso exclusivo de la participación. Tal como lo expresaran los entrevistados, “resulta difícil estar movilizado constantemente; para eso existen los representantes” (Entrevistas GAUS-USB, 2007)

6. El dilema eficiencia-burocratización

La centralización implícita en los CC acarrea problemas de eficiencia en el funcionamiento. La pregunta mas frecuente sobre los CC es ¿cómo van a asumir la cantidad de funciones que se les ha asignado? El presidente Chávez en el discurso con motivo de la explosión del poder comunal (Cumbre Social, 2007) señaló que además de las funciones que ya tienen, los CC podrían encargarse de la salud, la niñez, el agua, la energía, la educación y todas las funciones propias de la comunidad que en este momento están siendo desempeñadas bien sea por las instituciones educativas, de salud, del agua y de la energía con el apoyo a nivel local de los Comités de Salud, las Mesas Técnicas del Agua y de la Energía y en general otras instancias de la sociedad organizada. Para el desempeño de esta multiplicad de funciones se contempla el “voluntariado”; por ejemplo, en el artículo 151 de la Lopna se señala que “los representantes de la sociedad” (que en la nueva versión de la ley fueron substituidos por los CC) en los respectivos Consejos de Derechos no tienen, por su condición de consejeros, el carácter de “funcionarios públicos” y, por tanto, son ad-honorem. Por otro lado, la inclusión de los integrantes de los CC en la nómina de funcionarios públicos acentuaría la posibilidad de cooptación.

Otro factor que atenta contra la eficiencia es el supuesto erróneo de que la población cuenta con la experticia técnica para: a) encargarse de la ejecución de obras y del mantenimiento de los servicios básicos y de infraestructura, incluyendo la vivienda; b) evaluar la viabilidad técnica y financiera de los proyectos; c) llevar a cabo el seguimiento, evaluación y la rendición de cuentas y d) hacer la contraloría social. En ocasiones falta una visión integral que permita la definición de los proyectos a escala comunitaria o bien su ejecución y seguimiento. Por ejemplo, los tanques de agua que recibió la comunidad de Sisipa después de un arduo cabildeo aún no se han instalado a pesar de la gran necesidad del preciado líquido porque no existe un experto en la comunidad que pueda hacerlo. Lo mismo ha ocurrido en otros sectores con el programa de “cambia tu rancho por una casa”, pues a pesar de haberse otorgado los materiales y las herramientas o el kit para construir las casas solicitadas, nadie sabe “cómo armarlas”.

La contraloría social es un tema no resuelto, pues se le asigna a los propios miembros de los CC. Una de las percepciones sobre los CC que orienta la praxis es “la desconfianza entre los miembros” (Entrevistas GAUS-USB, 2007) Esta desconfianza se vincula con las acusaciones de “corrupción y falta de transparencia” y ocurre con mayor frecuencia en aquellos casos donde no se cuenta con contraloría social como en el caso de Sisipa, donde el programa “cambia el rancho por una casa” se dio sin contar primero con una unidad de contraloría social.

Tal, como lo expresó un entrevistado, la realidad es que los CC sirven “para todo” pues cada vez se les intentan trasladar más funciones: la red Mercal en crisis, la seguridad de los barrios, etc. El presidente de Mercal señaló que “los consejos comunales juegan un papel importante en el reimpulso de la Misión Alimentación, el cual se llevará a cabo mediante la creación de los mercales comunales (El Universal, 17-02-2008: 4-6); explicó que “los puntos de venta de la red que han sido cerrados serán substituidos por estas bodegas que serán gerenciadas por la comunidad”. Cuanto más la ineficiencia de parte del gobierno, mayor la presión para trasladar los servicios y demás actividades a las comunidad y evadir la responsabilidad que le corresponde; ello es independiente de la capacidad que tenga la comunidad para manejar estas tareas.

IV. Incertidumbres finales

De manera semejante a las demás organizaciones comunitarias que han surgido al amparo de la Constitución de 1999, los CC propician la aparición de un actor comunitario con capacidad de autodiagnosticar los problemas de su entorno, estimulan el fortalecimiento de las comunidades y su arraigo por el espacio geográfico que habitan y potencian la organización de las agrupaciones comunitarias que han surgido como consecuencia de la política del presidente Chávez.

Los objetivos y el discurso de la mayor parte de los actores gubernamentales, políticos y sociales alrededor de los CC no coinciden con las praxis. Mientras que los objetivos y el discurso presidencial hablan de empoderamiento, transformación y democratización, las praxis observadas apuntan hacia el clientelismo, la cooptación, la centralización y la exclusión por razones de polarización política. Entregar recursos a las comunidades, sin que exista la experticia ni los mecanismos para garantizar la transparencia, hace a los CC más vulnerables a demandas reivindicativas, a prácticas de clientelismo, dependencia y cooptación alejándolos de la posibilidad de construir el poder comunal.

A pesar que los partidos políticos de oposición perdieron legitimidad ante la sociedad civil y los partidos que llevaron al Presidente al poder perdieron relevancia, éstos continúan teniendo vigencia a través de su penetración en las organizaciones sociales que han surgido al amparo de la Constitución de 1999. Desde 2000, la mayoría de las organizaciones sociopolíticas creadas por el presidente Chávez o por la oposición política para concretar la democracia participativa se han visto penetradas por los partidos políticos a lo largo del período 2002-2007. Esta cooptación ha sido unas veces temporal (caso de los CTU y de las AC) y otras permanente (caso de los CB). Como consecuencia de la penetración de los partidos políticos, estas nuevas figuras no han sido capaces de mantener la autonomía que caracteriza a las organizaciones de la sociedad civil. Los CC se debaten entre dos tendencias: ser cooptados o convertirse en el poder popular autónomo; hasta el momento, las praxis apuntan hacia la cooptación bien sea del gobierno del PSUV, el cual se vincula estrechamente con el gobierno. De mantenerse esta tendencia, los CC servirán para el control social y no serán reflejo de la soberanía popular.

El modelo de democracia directa propuesto para la constitución de los CC prescinde de la representación a favor de la participación directa tipo asamblearia, cuyas decisiones son vinculantes. Este tipo de participación entra en ocasiones en conflicto con la “representación” que señala la Constitución actual, la cual se encuentra encarnada a nivel local en los gobiernos municipales y parroquiales.

El ámbito territorial microlocal de los CC, el cual no se corresponde ni con el ámbito político-territorial de la parroquia ni del municipio, lleva a que la democracia directa local que propugnan tenga graves dificultades para articularse hacia arriba y así, ascender en la escala de decisiones. En el corto plazo y dada la competencia por los recursos económicos del Estado que existe entre los CC, también se dificulta el desarrollo de una red organizativa alrededor de la participación que trascienda este tipo de reivindicaciones microlocales y sea capaz de definir intereses colectivos a escala más amplia. En casi ninguno de los CC, ya sean de los sectores populares o los de la clase media, se piensa este espacio como el más idóneo para debatir un proyecto alternativo, democrático y descentralizado de sociedad En consecuencia, aun cuando los CC son percibidos como espacios de empoderamiento, no lo son en la realidad actual.

Al interior de los CC, se libra una lucha entre constituirse en una instancia paraestatal clientelar o ser un movimiento social; es decir, entre la posibilidad de ser cooptado por el gobierno que otorga los recursos y presiona para someterlos al PSUV y la autonomía y permanencia como movimiento social a costa de entrar en conflicto con el gobierno. En la mayoría de los casos estudiados se ha observado que las prácticas tradiciones perviven; las personas siguen llevando a ese espacio “las listas de problemas individuales” pero no existe un empoderamiento ni una verdadera participación debido a que no se ha roto la estructura de relaciones tradicionales clientelares. La existencia de recursos económicos inmediatos dirigidos a los CC crea un conflicto entre el corto plazo o el tiempo político que exige resultados inmediatos y el tiempo social que requiere del desarrollo de una verdadera cultura cívica y política democrática, y de valores tales como el pluralismo, la aceptación del otro, la transparencia y la solidaridad entre otros, que suponen un mediano y largo plazo.

La mayoría de los CC analizados no son espacios donde se construyan nuevas subjetividades ni espacios donde se promuevan ciudadanías y proyectos de sociedad divergentes. No parecen tener la capacidad de movilizarse a favor de nuevas formas de ciudadanía o de derechos basados en la democracia participativa que fuera sancionada en la Constitución de 1999. Tal como se ha señalado, las movilizaciones que realizan tienen un carácter reivindicativo y tienden a responder a las presiones del gobierno lo que lleva a cuestionar su pretendida autonomía.

Para que las organizaciones sociales puedan construir un proyecto social alternativo propio, se requiere definir una identidad propia, autónoma del Estado y de los partidos políticos y empoderarse a través de su transformación en un verdadero poder popular. Estos requisitos se vislumbran lejanos a la luz de que el proyecto sociopolítico que dio origen a los CC es el Proyecto Bolivariano promovido por el presidente Chávez, el cual se gestó desde arriba y no necesariamente responde a las aspiraciones, necesidades y definiciones de las organizaciones sociales aquí analizadas; más aún, hasta el momento, la relación que alimenta esta figura organizativa es una relación eminentemente clientelar que supedita los intereses colectivos a la lealtad política.

Por último, si bien resulta prematuro pronunciarse sobre el potencial que tienen los CC para desarrollar las múltiples e importantes funciones que se les han asignado en las leyes y sobre todo en el discurso del Presidente, si regresamos a la definición de los CC que combina múltiples y heterogéneas funciones y expectativas, se verá que el despliegue de tales funciones se ve limitado por los factores que se han analizado a lo largo del trabajo; se verá también que el discurso está muy lejos de la realidad y las prácticas actuales de los CC. El corolario, tal como lo expresó Roland Denis (2007), es que el poder popular no se construye desde arriba. Al referirse al fracaso del referendo sobre la reforma constitucional de diciembre de 2007 donde se legitimarían los CC como los recipiendarios del poder popular, señala textualmente: “... ni una brizna de participación popular en su construcción y redacción. Es, si una propuesta del Presidente y luego de asambleístas que vieron a este pueblo no como un sujeto constituyente, sino como un instrumento de sus sueños personales” (Denis, 2007).

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Notas

2 Para definir la cobertura poblacional de los CC, se asume que aproximadamente el 90% de la población es urbana y debe regirse por la norma de 200 familias para conformar un consejo mientras que el 10% es rural y se rige por la norma de cincuenta familias; también que el promedio de habitantes por hogar es aproximadamente de cinco miembros. Ello supondría la cobertura de unos 4.680.000 de familias y de 23.400.000 de personas involucradas dentro de una población reportada por el Censo de Población y Vivienda de 2001 de unos 24.000.000. Esta cobertura no es realista y los resultados pueden deberse a errores, sea en el número de los miembros que efectivamente componen los CC, sea en el monto total estimado de CC. Sea en la relación de familias/miembros.

3 “La soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, quien la ejerce directamente en la forma prevista en esta Constitución….” (Art. 5); “Son medios de participación y protagonismo del pueblo en ejercicio de su soberanía, …. en lo social y económico, las instancias de atención ciudadana, la autogestión, la cogestión, las cooperativas en todas sus formas incluyendo las de carácter financiero, las cajas de ahorro, la empresa comunitaria y demás formas asociativas guiadas por los valores de la mutua cooperación y la solidaridad” (Art. 70);  “…La participación del pueblo en la formación, ejecución y control de la gestión pública es el medio necesario para lograr el protagonismo que garantice su completo desarrollo, tanto individual como colectivo. Es obligación del Estado y deber de la sociedad facilitar la generación de las condiciones más favorables para su práctica.” (Art. 62) y “La ley creará mecanismos abiertos y flexibles para que los Estados y los Municipios descentralicen y transfieran a las comunidades y grupos vecinales organizados los servicios que éstos gestionen previa demostración de su capacidad para prestarlos, promoviendo: 1.La transferencia de servicios en materia de salud, educación, vivienda, deporte, cultura, programas sociales, ambiente, mantenimiento de áreas industriales, mantenimiento y conservación de áreas urbanas, prevención y protección vecinal, construcción de obras y prestación de servicios públicos….2. La participación de las comunidades y de ciudadanos o ciudadanas, a través de las asociaciones vecinales y organizaciones no gubernamentales, en la formulación de propuestas de inversión ante las autoridades estadales y municipales encargadas de la elaboración de los respectivos planes de inversión, así como en la ejecución, evaluación y control de obras, programas sociales y servicios públicos en su jurisdicción. 3. La participación en los procesos económicos estimulando las expresiones de la economía social, tales como cooperativas, cajas de ahorro, mutuales y otras formas asociativas” (Art. 184). También los artículos 52, 182 y 299 entre otros.

4 Chávez comparte las ideas de Ceresole quien destacó la importancia de la relación Líder-Pueblo; por tanto, la estructura que decretó para los CC fue de tipo vertical. La relación de los CC directa con Chávez y sin pasar por las intermediaciones de los partidos o de otro actor replantea el rol que tienen los partidos políticos tales como le recientemente creado Partido Socialista Unido (PSU) en los CC particularmente a la luz de las presiones que tienen los miembros de los CC  para inscribirse en el PSU.

5 Los CC de la clase media se han focalizado principalmente en las grandes ciudades: Caracas, Valencia y Maracaibo y sobre todo, en las urbanizaciones o espacios donde se activaron las Asambleas de Ciudadanos durante el conflicto por sacar al Presidente Chávez del poder en el periodo de 2002-2005.

6 levantamiento de la información necesaria para este trabajo. Por tanto, debo de agradecer a Maria Gabriela Pinzón y Elba Julieta García quienes hicieron estos acompañamientos. En algunos casos, el acompañamiento supuso la ayuda para constituir y/o legitimar el CC de la zona en cuestión.  Maria Gabriela Pinzón y Verónica Contreras acompañaron las experiencias de los CC populares y Elba Julieta García, líder fundador del CC de la urbanización Santa Rosa de Lima, fue la encargada de acompañar y recolectar la información primaria en dicha urbanización y de hacer las entrevistas en el resto de las urbanizaciones de clase media.

7 El movimiento ciudadano constituido alrededor de las luchas por “la profundización de la democracia” se diferencia de las asociaciones de vecinos que respondían a intereses particulares clasistas (Lander,1966) .

8 Los CLPP son figuras mixtas; es decir, de participación y representación. Al respecto, véase Bastidas (2007)

9 De acuerdo con la Constitución de 1999, las AC no tienen un ámbito geográfico definido

10 La Ley de Participación Ciudadana se encuentra en primera discusión.

12 En el Proyecto de Reforma Constitucional de 2007, la comunidad se definía como el conjunto de CC que se federan porque comparten un espacio y problemática y la comuna como el conjunto de comunidades dentro de la nueva unidad político-territorial propuesta, como lo es la “ciudad”.  El término de “ciudad” se deslastra de su contenido demográfico; se entiende por tal cualquier asentamiento humano independientemente del tamaño poblacional que tenga.

13 Aun cuando los términos “poder popular” y “empoderamiento” proceden de distintas concepciones teóricas, los usaremos como sinónimos interpretando el empoderamiento como un requisito para “construir colectivamente el poder popular”.

14 Estas concepciones generalmente se referían a la defensa de los principios, derechos y valores de la democracia liberal.

15 Katsiaficas (2007) define autonomía como la “toma de decisiones independientes de lideres centrales e implementadas de acuerdo a su propia autodisciplina”: en este sentido, los procesos de decisión autónomos implican el ejercicio de la democracia directa Dentro de esta concepción de autonomía, las organizaciones sociales pueden coincidir con el proyecto socio-político de un gobierno o un partido político determinado, sin que por ello, supediten sus objetivos, intereses o valores a estas instancias.

16 Desde la ascensión al poder del presidente Chávez, el espacio de las decisiones políticas en la Asamblea Nacional, ha estado ocupado por los partidos afines a su proyecto los cuales originalmente conformaron el Polo Patriótico y de los cuales los principales fueron el MVR, Podemos, PCV y PPT. Al igual que con los CC, los CLPP e incluso los CTU (García-Guadilla, 2006), estos partido políticos afectos al gobierno han tratado de penetrar a los CC de los sectores populares como en los casos del referéndum revocatorio presidencial y las elecciones presidenciales de 2006. Parte del fracaso de los CLPP fue la competencia política entre los partidos presentes en las Alcaldías, Consejos Municipales y Parroquias y los intentos por cooptar a las organizaciones sociales que participaron en los CLPP. A través de operativos como el Comando Maisanta y la UBES, estos partidos fueron los encargados de movilizar a las organizaciones sociales de base para apoyar política o electoralmente al Presidente Chávez.

17 Además, la cooptación es el resultado de los comportamientos de las dos partes puesto que las organizaciones sociales pueden resistirse a ser cooptadas por el gobierno.