Margarita López Maya Agosto 2008

Historiadora con doctorado en Ciencias Sociales (1996). Profesora-Investigadora titular del Centro de Estudios del Desarrollo de la Universidad Central de Venezuela. Fue directora de la Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales entre 1999 y 2004. Sus campos de investigación en los años recientes son la protesta popular y los actores políticos emergentes en la Venezuela de las últimas décadas. Entre las publicaciones de los últimos años destacan: Lucha popular, democracia y neoliberalismo: protesta popular en América Latina en los años de ajuste (Margarita López Maya editora, 1999, Caracas, Nueva Sociedad), Venezuela: entre protestas y contraprotestas el gobierno de Chávez se endurece y debilita, (Observatorio Social de América Latina, Clacso, Buenos Aires, Nº 4, 2002); Economics, Violence and Protest: A Preview of the Global Future? (Margarita López Maya, Luis E. Lander y Mark Ungar en Kenton Worcester, Sally Avery Bermanzohn y Mark Ungar (eds.), Violence and Politics. Globalization´s Paradox, New York, Routledge, 2002); Hugo Chávez Frías: His Movement and His Presidency (en Steve Ellner y Daniel Hellinger, Venezuelan Politics in the Chávez Era: Class, Polarization, and Conflict, Lynne Rienner Publishers, 2002); Del viernes negro al referendo revocatorio (Alfadil, Caracas, 2005) y Ideas para debatir el socialismo del siglo XXI (Margarita López Maya (ed.) Alfa, Caracas, 2007). malopez@reacciun.ve Venezuela.

Resumen

Este artículo intenta una caracterización del actual gobierno en Venezuela contestando las siguientes preguntas: a) ¿Qué tipo de izquierda es? b) ¿Por qué llega al poder y después de diez años sigue allí? c) ¿Cuáles son los rasgos básicos de su propuesta de sociedad? d) ¿Cuál es su visión y política internacional? e) ¿Hacia dónde se dirige el bolivarianismo después de la derrota de la propuesta de reforma constitucional de 2007? Termina argumentando que, en lo estructural, la economía venezolana ha cambiado poco. La revolución bolivariana parece haber revivido una vez más el llamado “Estado mágico”, que a lo largo de buena parte del siglo xx ilusionó con una modernización que las elites sólo supieron sostener con el excedente que la industria petrolera extrae del mercado internacional de hidrocarburos, sin ninguna contraparte nacional.

Palabras clave: Venezuela, Chávez, proyecto bolivariano, izquierda, modernización, política exterior, reforma constitucional

Venezuela: Hugo Chávez and Bolivarianism

Abstract

This article attempts to characterize the current Venezuelan government by responding to the following questions: a) What sort of Left-wing is it? b) Why did it achieve power and has been able to preserve it during ten years? c) What are the basic features of its proposal for society? d) What is its conception of international affairs and its foreign policy e) In what direction will the Bolivarian movement develop after the rejection of its proposed Constitutional Reform? The author concludes arguing that there has been little structural change in the economy. The Bolivarian revolution appears to have revived once again the so-called Magical State which during most of the twentieth century held out the promise of modernization while depending on the oil rent and failing to create a solid national basis for it.

Key Words: Venezuela, Chávez, Bolivarian Project, Left, Modernization, Foreign Policy, Constitutional Reform. 

El radicalismo discursivo que ha acompañado al bolivarianismo, los rasgos carismáticos que definen el liderazgo de Chávez, lo heterogéneo de la alianza política que lo sostiene, la calidad y direccionalidad de las políticas públicas que ha desarrollado desde el poder y la vocación de influir tanto en el devenir político de la región como en procesos del orden mundial, lo hacen un caso relevante y particular dentro de esa izquierda que recientemente ha llegado al poder en América Latina. En este artículo, desde una perspectiva histórica, buscamos tipificarlo contestando las preguntas siguientes a) ¿Qué tipo de izquierda es? b) ¿Por qué llega al poder y después de diez años sigue allí? c) ¿Cuáles son los rasgos básicos de su propuesta de sociedad? d) ¿Cuál es su visión y política internacional? e) ¿Hacia dónde se dirige el bolivarianismo después de la derrota de la propuesta de reforma constitucional de 2007?

¿Qué tipo de izquierda es el bolivarianismo?

Qué significa ser de izquierda en el tiempo actual no es sencillo de determinar. La crisis de los paradigmas de la izquierda que se produjo a fines del siglo pasado (Hobsbawm, 1999) abrió un espacio para la diversidad de referentes, permitiendo que circunstancias históricas y sociopolíticas vividas por las sociedades pasaran a tener un peso mayor que antes. El descrédito de las visiones teleológicas que orientaban los socialismos antes de la caída del muro de Berlín y el colapso de la URSS dieron, así mismo, preeminencia a referentes como la democracia procedimental, entendida antes como valor burgués y ahora considerada por muchos como componente clave para alcanzar sociedades poscapitalistas libertarias cuyos rasgos no están fijados de antemano (Roberts, 1998). Asimismo, el fracaso de economías estatificadas ha dado mayor juego a propuestas donde el mercado se combina con el Estado para encontrar un modelo productivo viable.

El bolivarianismo venezolano, como movimiento sociopolítico y como gobierno, posee particularidades dentro de la izquierda emergente en América Latina. Éstas le vienen principalmente de su origen y de las condiciones petrolero-rentísticas que caracterizan a la sociedad. Sin embargo, en muchos aspectos comparte rasgos similares con otros actores de izquierda del continente, que se derivan de su vínculo con parte de la izquierda latinoamericana del pasado, que continúa en él, y que ha influenciado su diagnóstico de los males de la sociedad así como los remedios que aplica. La alianza de militares y civiles que hoy conocemos como bolivarianos o chavistas, que gobiernan desde 1999, guarda características que pudieran encontrarse con mayor o menor énfasis en procesos de otros movimientos de izquierda en el continente. Aquí sostendremos que el bolivarianismo y su líder Hugo Chávez representan una izquierda nueva, surgida en el último cuarto del siglo pasado bajo el fragor de resistencias al capitalismo en su fase neoliberal, y que en él se evidencian también rasgos populistas, como señala la introducción de este libro, tanto en el tipo de liderazgo y movilización que lo definen, como también en su discurso (Laclau, 2005). La composición de los grupos que lo integran le otorga una heterogeneidad de corrientes de pensamiento y organizaciones, que lo mantiene en permanente tensión y movilización y le da al liderazgo carismático de Chávez su centralidad. A continuación diferenciamos tres períodos históricos distintos del movimiento bolivariano, que permiten despejar la causalidad que explica su complejidad.

El bolivarianismo en sus inicios

El movimiento bolivariano comenzó en los cuarteles venezolanos en los años 70, en un contexto socioeconómico caracterizado por el agotamiento del modelo industrialista de sustitución de importaciones (López Maya, 2003). Los problemas de la economía venezolana continuaron en los 80, sirviendo de base para una crisis global de la sociedad, que se expresó en la esfera sociopolítica en una creciente protesta callejera y un cuestionamiento al sistema político y sus actores hegemónicos. Hitos relevantes de esa crisis fueron el Caracazo de 1989, los golpes de Estado de 1992, la destitución del presidente Carlos Andrés Pérez en 1993, el derrumbe en 1993 del sistema bipartidista y la emergencia de nuevos actores sociopolíticos con propuestas, líderes y estrategias alternativas^[1].

Los militares que conformaron el núcleo primario del bolivarianismo provienen en su mayoría de los sectores humildes de la población, cuyas familias vivieron el empobrecimiento provocado por esta crisis. Ellos, a diferencia del resto de los sectores populares, mantuvieron su acceso a educación superior de calidad en tiempos en que la educación pública se fue deteriorando. Por su oficio, eran cercanos y conocían bien a las elites en decadencia, y el contraste entre el gasto suntuoso y/o corrupto de éstas y la miseria de allegados a ellos, tendió a sensibilizarlos ante las desigualdades y abusos de poder (Harnecker, 2003). Por otra parte, los militares por formación son nacionalistas, educados en el culto a Bolívar, cuyo ejército les ha hecho creer que continúan. Además, en Venezuela los gobiernos militares fueron la regla antes de los años 50 y los sectores de izquierda penetraron las Fuerzas Armadas en el tiempo de la lucha armada, dejando raíces desde entonces (López Maya, 2003). Por estas razones, se fue dando en los cuarteles desde temprano la constitución de grupos de discusión y crítica, y aun de conspiración contra el sistema político (Marcano y Barrera, 2004: 78-80). En el grupo donde estaba Chávez se tomó la iniciativa en 1983 de constituirse en una organización clandestina denominada Movimiento Bolivariano Revolucionario 200 (MBR 200), con el propósito de rescatar los valores patrios, dignificar la carrera militar y luchar contra la corrupción (Zago, 1992).

Además de nacionalistas y bolivarianos, muchos militares también comulgan con ideas de un “nacional-desarrollismo”, que se había expresado con nitidez durante la dictadura militar de Marcos Pérez Jiménez (1952-1958) en su proyecto político del “Nuevo Ideal Nacional” (Sucre Heredia, 2007, 90). Estas ideas giran en torno de la construcción de un país poderoso, cuyo eje central sería la industria militar y la industria pesada de bienes de capital, desarrollando a las Fuerzas Armadas como centro del poder y buscando que Venezuela se erija en una potencia regional. La presencia de estas ideas se constata, ya el bolivarianismo en el gobierno, con la unificación de las Fuerzas Armadas en una “Fuerza Armada” (como lo fue con Pérez Jiménez) y en el papel activo en el desarrollo nacional que les fuera conferido en la Constitución de 1999 (artículo 328) y en distintas leyes y normativas que regulan la vida militar desde entonces (ibíd., 91)^[2].

Los vínculos civiles del MBR 200 fueron inicialmente escasos, pero con el tiempo se ensancharon e influenciaron significativamente la concepción política e ideológica del movimiento y sobre todo de Chávez. Los oficiales entraron inicialmente en contacto con militantes de partidos de izquierda derrotados en la lucha armada, principalmente el Partido de la Revolución Venezolana (PRV), que lideraba Douglas Bravo, el comandante guerrillero más renombrado del país. Al PRV perteneció también Alí Rodríguez Araque, futuro ministro de Energía y Minas y presidente de Pdvsa en el primer gobierno de Chávez. Otros contactos desde los 80 fueron con La Causa R, Liga Socialista y Bandera Roja, (Medina, 1999, 93-95; Garrido, 2000, 81 y ss), pequeñas organizaciones de izquierda radical, creadas de la fragmentación partidista provocada por el fracaso de la lucha armada. Algunos de éstos siguieron justificando la necesidad de la violencia para alcanzar el poder y hacer la revolución.

Adicionalmente, prominentes intelectuales y activistas con trayectorias políticas también de izquierda –como José Vicente Rangel, Luis Miquilena o José Rafael Núñez Tenorio– fueron contactados o irían acercándose a los militares bolivarianos desde 1992. Si bien el bolivarianismo también ha incorporado grupos y personalidades civiles no vinculados a la izquierda en distintos momentos a lo largo de estos años, éstos terminaron alejándose o siendo expulsados^[3]. Este conjunto militar-civil heterogéneo explica algunas de las principales tendencias ideológicas y programáticas del bolivarianismo.

Cambios con el arribo al gobierno

En la campaña electoral de 1998 el MBR 200 creó el MVR como estructura electoral que le permitiría, sin contaminar su vida interna, establecer alianzas con grupos y organizaciones de signo ideológico diverso, que deseaban apoyar la candidatura de Chávez (Núñez Tenorio, entrevista, 1996). Sin embargo, los éxitos electorales del MVR en sucesivos comicios entre 1998 y 2000 terminaron por crear condiciones para que el MVR relevara al MBR 200 como partido del movimiento (López Maya, 2005). A diferencia del MBR 200, el MVR era una estructura electoral vertical y centralizada, al servicio de la candidatura de Chávez, sin espacios de debate, ni pretensiones de formar ideológicamente a sus miembros. Su heterogeneidad era mayor a la del MBR 200, facilitando una gestión donde el componente personal de la autoridad se fue haciendo determinante. Pese a los esfuerzos que en distintos momentos hicieron Chávez y otros dirigentes para cambiar la lógica electoral del MVR, creando condiciones para que emergiera un partido de masas con una dirección colectiva, esto no ocurrió. No sólo el creciente personalismo y concentración de poder en la figura del Presidente producían una acentuada asimetría entre él y otros líderes, también se combinaban otros factores que reforzaban estos desequilibrios, como la variedad y heterogeneidad misma del movimiento, que colocaba a Chávez como el único capaz de mediar o acallar las diferencias internas, lo que reforzaba el carácter imprescindible del líder e imprimía a la acción de gobierno las directrices ideológicas de éste. Las confrontaciones políticas vividas por el gobierno con las fuerzas de oposición entre 2001 y 2002 fueron otro factor reforzador de estas tendencias “cesaristas” (Biardeau, 2007). Los partidos de la alianza patriótica mostraron ser poco eficaces para coordinar la defensa del Presidente y de su gobierno, produciéndose en los hechos una estrategia exitosa que vinculó directamente al Presidente con sectores populares movilizados desde arriba y desde abajo, aliados con la Fuerza Armada y sin articulación con el MVR u otras organizaciones de la alianza.

Las tensiones entre estos grupos heterogéneos también produjeron escisiones en los partidos de la alianza. En 2001 se dio una división en el MAS, yéndose del gobierno una parte y otra manteniéndose hasta 2006 con el nombre de Podemos, que luego también tomó distancia. El PPT rompió con Chávez en 2000 para en 2001 regresar y sellar una alianza estable (López Maya, 2005). En 2007, ya en el segundo gobierno del Chávez, el PPT sufrió un significativo debilitamiento cuando una porción de su dirigencia se separó para incorporarse, a instancias del Presidente, en el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). La mayoría de los otros partidos de la alianza, salvo el PCV, todos de poca significación electoral, y muchos de ellos creados para apoyar al Presidente en los años conflictivos de 2001-2004, se disolvieron en 2007 para integrarse al PSUV.

Los militares del MBR 200, en situación de retiro o desincorporados después de los golpes de 1992, se adhirieron al MVR. El golpe de Estado de 2002 y sobre todo el paro petrolero de diciembre 2002-febrero 2003, reforzaron la importancia de los militares, activos y retirados, en la supervivencia tanto del movimiento como del gobierno. Esto ha redundado desde entonces en una acentuación del protagonismo militar y en lógicas militaristas en el funcionamiento de la administración pública. Ocupan posiciones de gobierno en todos los niveles, en entes nacionales y empresas del Estado, en gobernaciones y alcaldías. En las elecciones regionales de 2004, ocho de los veinticuatro gobernadores electos provinieron del mundo militar y en los gabinetes ministeriales de Chávez figuraron en estos años militares de la misma o cercana generación del Presidente. En los niveles medios los militares activos son más numerosos, calculando algunos que hacia 2007 controlaban unos dieciocho ministerios (Sucre Heredia, consulta, 2008). En el primer gobierno se produjeron separaciones de militares del movimiento y algunos retornos^[4]. Durante el golpe de 2002 oficiales que ocuparon posiciones prominentes en el gobierno tuvieron papeles protagónicos.

El bolivarianismo se ha ido ensanchando también con organizaciones populares, algunas autónomas del Estado y existentes antes del ascenso de Chávez, pero la mayoría impulsadas por el Presidente para su defensa. Entre las últimas, las más importantes desde el punto de vista político han sido los Círculos Bolivarianos, las Unidades de Batalla Electoral (UBE) y ahora los batallones del PSUV. Entre los movimientos sociales destacan los indígenas y afrodescendientes, fortalecidos o creados por el apoyo y el reconocimiento que el Estado ha hecho a sus derechos. Entre organizaciones populares se encuentran desde grupos autónomos de vieja data, como los Tupamaros y Alexis Vive en el oeste de Caracas, hasta organizaciones creadas desde el gobierno con distintos grados de dependencia como Comités de Tierra Rurales y Urbanos y Consejos Comunales, pasando por organizaciones de sectores de trabajadores informales, mujeres y grupos espontáneos para enfrentar coyunturas particulares (Hansen y Hawkins, 2004; López Maya, 2005; García Guadilla, 2006, Nava, 2007).

Cambios a inicios del segundo gobierno

Después de su victoria electoral en diciembre de 2006, Chávez lanzó una nueva fase del proceso de cambios que calificó de transición acelerada hacia el “socialismo del siglo xxi”. Como parte de los pasos estratégicos para alcanzar este fin llamó a crear el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), demandando la disolución de todos los partidos de la alianza, incluido el MVR, y advirtiendo que de no hacerlo deberían irse del gobierno (Chávez, 2006). Este llamado intensificó las pugnas en la siempre conflictiva vida interna del movimiento. Los partidos Podemos, PPT y PCV se negaron a desaparecer, lo que se tradujo en agresiones, tensiones y conflictos con el Presidente a lo largo de 2007. Ello contribuyó a la derrota electoral que se produjo en diciembre sobre el referendo de la reforma constitucional, lo que a su vez resultó en una rectificación del Presidente, quien en 2008 aceptó la permanencia de otros partidos en la alianza de gobierno.

La reforma constitucional impulsada por Chávez buscó adecuar las instituciones del Estado a un modelo socialista que se dijo inédito y “endógeno”. El rechazo de sus contenidos produjo rupturas como la del partido Podemos y la del general Raúl Isaías Baduel, quienes expresaron diferencias relevantes con el modelo expresado en dicha reforma. La separación de Baduel, fundador del MBR 200, actor clave del regreso de Chávez al poder en abril de 2002 y ministro de la Defensa hasta julio de 2007, puso en evidencia una grieta en las filas del bolivarianismo militar. Baduel, en velada crítica al socialismo propuesto por el Presidente, se pronunció por un socialismo netamente venezolano, democrático, que evitara los errores de experiencias socialistas pasadas, en particular la de la Unión Soviética, que dijo haberse transformado en un capitalismo de Estado (Baduel, 2007). En noviembre, expresó su rechazo a los contenidos de la propuesta y llamó a votar en contra (El Nacional, 7-11-07)^[5]. Por su parte Podemos sostuvo que en la propuesta quedaba confuso el derecho a la propiedad privada, se acentuaban rasgos estatistas quitándole poder al pueblo, era poco democrática y los tiempos para la discusión eran insuficientes para conocerla a fondo. En el debate adelantado en la Asamblea Nacional sus diputados se opusieron a la propuesta de reforma de 36 artículos adicionales y terminó sumándose al bloque del NO (El Nacional 8-9-2007 y 7-11-2007).

El bolivarianismo, liderado por Chávez y aglutinado en el Polo Patriótico, llegó al poder en las elecciones presidenciales de 1998, galopando sobre la crisis de la sociedad. Una economía estancada y desorientada, descomposición del tejido social por el empobrecimiento, creciente informalización de la población económicamente activa, tasas de desempleo abierto en aumento, inseguridad y corrupción, minaron las bases de la democracia construida por partidos políticos, instituciones y factores de poder desde 1958. Luego del Caracazo de 1989, con la represión brutal que el Estado “democrático” ejerció contra las masas populares con el respaldo de partidos, empresarios y organizaciones de la sociedad civil, se consolidó el rechazo de la población a los actores hegemónicos. El desmoronamiento de AD y Copei en los años 90 abrió un espacio de oportunidades para actores emergentes y propuestas sociopolíticas diferentes.

El primer beneficiado del derrumbe institucional fue el gobierno de Caldera y su movimiento de Convergencia Nacional, que ganaron las elecciones nacionales de 1993 apoyados por un discurso antineoliberal y antipartidista. Sin embargo, no respondieron a las expectativas populares. Caldera, acosado por una crisis bancaria financiera de grandes proporciones, optó en su primer año de gobierno por apoyarse en AD e implementó un segundo paquete de ajustes y reestructuración de orientación neoliberal (López Maya, 2005). Este expediente no detuvo las tendencias al deterioro social e institucional que continuaron a lo largo de su mandato. Además, Caldera continuó y profundizó la política petrolera de corte neoliberal conocida como “Apertura Petrolera”, debilitando al Estado en su capacidad de formular y gestionar esa industria y provocando una significativa reducción del ingreso fiscal petrolero. La política de apertura también significó un aumento de volúmenes de producción en detrimento de precios, con lo cual Venezuela se alejaba de la OPEP, la organización de países productores que había creado en 1960 junto con Arabia Saudita y otros grandes productores del Medio Oriente (ver Mommer, 2003).

En 1998, año electoral, se produjo un descalabro económico y fiscal provocado por la abrupta baja de los precios petroleros en el mercado internacional, donde la política petrolera venezolana de Apertura tuvo incidencia, pues contribuyó a una pérdida de control de la OPEP sobre los volúmenes de producción de sus miembros. La renta petrolera cayó a su más bajo nivel histórico (ver gráfico 1), creando entre los venezolanos un sentimiento de frustración y profundizando en ellos el rechazo a las elites tradicionales, a los partidos, y a soluciones moderadas. Esto dio viabilidad a una salida política audaz en las elecciones presidenciales de ese diciembre. Chávez con un discurso antineoliberal radical, ofreciendo freír las cabezas de las elites envejecidas y corrompidas y sacar al país de la crisis, apoyado en la amplia plataforma electoral constituida por movimientos y agrupaciones de distinto cuño pero todas identificadas como opuestas al bipartidismo tradicional, el Polo Patriótico, ganó con 56,2 por ciento de los votos. A partir de allí se comenzaron a concretar las difusas promesas electorales de un modelo nuevo de democracia que, alejado de soluciones de corte neoliberal, sacara al país de la crisis.

El proyecto en sus inicios

La llegada de los bolivarianos al poder se produjo de manera rápida, por lo que muchas propuestas de su proyecto eran vagas, con poca claridad y consenso sobre cómo se implementarían. Aun así, el movimiento era vigoroso, abierto y dinámico, recogiendo y expresando demandas que desde los 80 la sociedad venía debatiendo. En la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV), sancionada en 1999 por referendo popular, se incorporaron diversas aspiraciones de cambio que se estuvieron formulando y debatiendo en los lustros anteriores en espacios institucionales como la Copre^[6], en el seno de organizaciones de la sociedad civil, o fueron expresadas en la lucha callejera (López Maya y Lander, 2001). Algunas propuestas de participación directa habían sido ensayadas por gobiernos locales y regionales de izquierda^[7].

Tuvo centralidad y consenso importante la profundización de la democracia para hacerla “participativa y protagónica”. La CRBV mantuvo la autonomía de los poderes públicos y los instrumentos de la representación política liberal, pero combinándolas con nuevos instrumentos para la participación ciudadana directa y semidirecta tanto para la toma de decisiones como para la consulta y gestión de políticas públicas. Se incorporaron al texto constitucional cuatro tipos de referendo popular (consultivo, aprobatorio, abrogatorio y revocatorio), las iniciativas legislativas, asambleas y consejos locales de planificación pública entre otras modalidades. Los partidos políticos pierden su nombre y pasan a llamarse “organizaciones con fines políticos”, expresando el rechazo que hacia ellos tienen los nuevos actores. Buscando asegurar su debilitamiento y prevenir la corrupción del pasado, se prohibió su financiamiento con dineros públicos.

En lo social, la CRBV amplió los derechos humanos para incluir los derechos de los pueblos indígenas a su autodeterminación y al respeto a sus culturas (capítulo 8), los derechos ambientales (capítulo 9), el reconocimiento del trabajo del hogar como actividad económica que crea valor agregado y el derecho de las amas de casa a la seguridad social (artículo 88). Los militares adquirieron el derecho al voto, sin que se les permitiese optar a cargos de elección, ni tener militancia o hacer proselitismo político (artículo 330). Reflejando una debilidad del componente civil en la nueva hegemonía, se sustrajo del parlamento el control de los ascensos militares, que pasaron a ser responsabilidad exclusiva de la institución y del Presidente (artículo 331).

En lo institucional, la CRBV reafirmó la centralidad del Estado, la vigencia del principio universal de los derechos sociales, el deber insoslayable del Estado de crear las condiciones para garantizar tales derechos. Se reasentó la propiedad estatal del recurso petrolero (artículo 303) deteniendo así las tendencias privatizadoras abiertas por la política de apertura. En lo económico, se respetó la propiedad privada introduciendo dispositivos nuevos para que el Estado impulsase la economía social y reconociese formas de propiedad colectiva. En materia internacional se señalaron principios orientadores como la democratización del orden internacional, la integración latinoamericana y la “solidaridad entre los pueblos en la lucha por su emancipación y el bienestar de la humanidad” (artículos 152 y 153). La propuesta bolivariana se dio en un contexto latinoamericano inicialmente bastante adverso a estas ideas, donde predominaban enfoques neoliberales de reducción del papel interventor del Estado y privatización de servicios públicos, lo que la hizo ver como muy radical. Sin embargo, la CRBV respondía a una propuesta estatista moderada en lo económico, distributiva en lo social, independiente en lo internacional y a medio camino entre la moderación y la radicalidad en sus instituciones democráticas. Tanto en la nueva Carta Magna como en las Líneas Generales de Desarrollo Económico y Social de la Nación que se aprobó en 2001 –que serviría de orientación en las políticas públicas del gobierno– subyacía una concepción de democracia sustantiva, que el Presidente caracterizó, influenciado por el gobierno británico de Tony Blair, como una “tercera vía” –ni capitalismo ni socialismo.

El desempeño económico y social fue sólo discretamente positivo, destacándose el viraje de la política petrolera que contribuyó a una mejoría del ingreso fiscal petrolero en un contexto de incipiente aumento de los precios en el mercado internacional (Lander, 2003). En los años 2000 y 2001, gracias a los mejores precios del crudo en los mercados y un esfuerzo de disciplina fiscal, se reinició el crecimiento de la economía de manera moderada (3% de variación interanual) (Baptista, 2007). Este discreto crecimiento no revirtió los altos niveles de desocupación abierta, ni retrocedieron significativamente los índices de pobreza y pobreza extrema (ver Provea, informes anuales de 1999-2002). Hubo un crecimiento numérico de las cooperativas como formas de la economía social. A fines de 2001 estas incipientes tendencias se paralizaron por la creciente conflictividad política, que desencadenó una fuga de capitales presionando el tipo de cambio y afectando todo el proceso productivo. En el segundo semestre de 2001 diversas encuestas presentaban un sostenido debilitamiento del apoyo popular de Chávez (El Universal, 19-1-2002). Si bien las encuestadoras también se dejaban influenciar por la polarización política reinante, la áspera confrontación activaba miedos, rechazos y un debilitamiento del piso político del gobierno que esos datos reflejaban.

El proyecto después de 2002

Los sucesos de 2002, cuando la pugna política entre gobierno y oposición alcanzó su clímax, van a tener consecuencias sobre el proyecto bolivariano. La secuencia ininterrumpida de enfrentamientos que se iniciaron con el paro cívico del 10 de diciembre de 2001, pasaron por el golpe de Estado de abril de 2002 y culminaron en la huelga general con paralización de Pdvsa de fines de año, tuvo efectos catastróficos sobre la economía y la política, modificando la concepción inicial del modelo de sociedad que los bolivarianos venían forjando^[8].

En lo económico, 2002 y 2003 fueron de severa recesión. Según el BCV, la variación porcentual del PIB de 2002 respecto del año anterior fue de -8,9% y en 2003 de -7,8%. El PIB petrolero se redujo -14,8% y -1,9%. Según cálculos del Baptista, el PIB del sector petrolero no rentístico real sufrió en 2002 una reducción porcentual de -38,1% (2007). En 2003 la tasa de desempleo abierto alcanzó 18,9%, y en 2004 15,1% (BCV, 2008). Como consecuencia del paro-sabotaje petrolero, protagonizado por la nómina ejecutiva de la empresa, que se resistió a una reversión de la política de apertura, el gobierno despidió a cerca de 18.000 empleados de Pdvsa, 60% de los cuales eran ejecutivos de niveles altos y medios, con lo cual perdió un capital humano que no podría recuperar rápida ni totalmente. El gobierno acentuó su previa desconfianza y distanciamiento con los sectores empresariales nacionales y ejerció una intervención creciente sobre los procesos productivos. En enero de 2005, en el 5º Foro Mundial de Porto Alegre, el Presidente habló de abandonar la “tercera vía” y dirigirse hacia un “socialismo del siglo xxi” (Wilpert, 2006).

Pero más que una visión global o estratégica nueva, en 2003 el gobierno lo que buscaba eran fórmulas concretas y rápidas que le permitieran reactivar el aparato productivo y enfrentar las profundas secuelas sociales dejadas por la confrontación. Fue allí cuando aparecieron en lo económico los “núcleos de desarrollo endógeno” (Nudes).

El concepto de desarrollo endógeno fue tomado de Oswaldo Sunkel, quien lo acuñó en la Cepal (1991). Pero Sunkel lo usó para referirse al desafío de las economías latinoamericanas para superar el modelo de sustitución de importaciones, generando algún mecanismo propio de progreso técnico, que les permitiera capacidad para crecer con dinamismo y productividad^[9]. Las Nudes, en contraste, son instrumentos pensados para solucionar problemas sociales inmediatos como la formación para el trabajo, abrir oportunidades de empleo en el sector industrial manufacturero y agrario dentro de la concepción de la democracia participativa. Por ello, el término cepalino es más bien un préstamo discursivo, de impacto simbólico, pero usado desde una visión operativa para disminuir el agudo déficit de empleo e ingresos de los sectores populares. Las Nudes los fundos zamoramos, creados antes, y la Misión Vuelvan Caras, luego llamada Misión Che Guevara, están dentro de la misma búsqueda conceptual del bolivarianismo por encontrar fórmulas que fortalezcan la economía social y estimulen la participación. La idoneidad o viabilidad económica de las mismas juegan un rol secundario.

También en 2003 comienzan a operar las “misiones”, inicialmente concebidas como operativos de emergencia para solucionar las carencias generadas por el paro petrolero en las condiciones de vida de amplios sectores pobres^[10]. Las misiones, adicionalmente, tuvieron desde sus inicios propósitos electorales, primero con vista al referendo revocatorio de 2004 y posteriormente a otros procesos que se han venido dando como la reelección presidencial de 2006. Ellas promueven estructuras de la administración pública paralelas a las tradicionales, de cuyos funcionarios el gobierno desconfía. Estas innovaciones comportan como requisito la organización y participación de las comunidades en la gestión misma del servicio, accediendo por esta vía a un derecho social negado en el pasado. En muchas misiones participa la Fuerza Armada, considerada una de las pocas estructuras del Estado que funcionan y son leales al bolivarianismo, dentro de la concepción de la alianza militar-civil.

Las primeras misiones se hicieron bajo la asesoría del gobierno de Cuba, que a partir de 2002 se vuelve un socio central del gobierno bolivariano. Las primeras serían Misión Robinson I y II, dirigidas a superar el analfabetismo y permitirle a la población adulta culminar la educación básica; Misión Barrio Adentro I, para garantizar el derecho de los pobres a la salud mediante la colocación en los barrios populares de servicios de atención preventiva, principalmente con médicos cubanos. Y Misión Mercal I y II, para distribuir y comercializar alimentos en los sectores populares, que con el tiempo resultará en una distribuidora estatal de alimentos que satisface esta demanda a aproximadamente la mitad de la población a precios subsidiados. En la medida en que los ingresos fiscales se multiplicaban, gracias al aumento de los precios petroleros en el mercado internacional combinado con la aplicación de la reforma petrolera nacionalista del gobierno, se fueron ampliando estas misiones. Para 2006 se contaban unas 20 misiones, entre ellas: Misión Identidad, para garantizar un documento de identidad a todos los venezolanos. Misión Guaicaipuro, para el acceso de los indígenas a sus derechos; Misión Cristo, para corregir la pobreza extrema, Misión Milagro, para servicios oftalmológicos, Misión Sucre y Ribas, para el acceso a educación secundaria y universitaria, todas financiadas con los ingresos extraordinarios de la renta petrolera (ver gráfico 1).

El gobierno tendió así mismo a centralizar los recursos y sustraerlos al escrutinio público. Desde 2003 creó fondos especiales que son administrados directamente por el Presidente. Por esta razón, la información sobre la cuantía gastada en ellas es imprecisa y dispersa (Aponte, 2006). Las declaraciones del Ministerio de Finanzas en 2006 lo situaron ese año en el orden de 4.500 millones de dólares, 3% del PIB y 10% del presupuesto ordinario. En años anteriores, diversas fuentes han calculado entre 3% y 5% del PIB (ibíd.). En 2007 si bien no conocemos cifras, siendo un año intensamente electoral y continuando el aumento de los precios petroleros, debe haber permanecido en esos porcentajes o aun aumentado.

Chávez es reelecto en 2006

En diciembre de 2006 Chávez fue reelecto para un segundo mandato de seis años. Recibió el voto de más de siete millones de venezolanos, 63% de los votos válidos. Fue una victoria sin precedentes. El bolivarianismo desde 1998 en once procesos electorales no hizo más que crecer, pareciendo consolidarse como la fuerza política más importante del país con un proyecto crecientemente consensual.

Esta victoria fue posible principalmente por la combinación de un vigoroso y sostenido crecimiento económico desde 2004, acompañado por un creciente gasto fiscal en múltiples políticas sociales novedosas y participativas. Gracias al auge de los precios petroleros en el mercado internacional y a la reforma petrolera que pudo desarrollarse una vez que el gobierno controló Pdvsa, al fisco ingresaron cantidades crecientes de renta petrolera (ver gráfico 1). En 2004, la economía remontó la recesión de los años precedentes con un crecimiento del PIB de 18,3%. A partir de allí, en los dos años siguientes, el PIB promedió un crecimiento superior a 10% (ver cuadro 1). Después de casi dos décadas de estancamiento, comenzaron a ceder los índices de pobreza y pobreza extrema, así como la tasa de desocupación. El cuadro 2 trae las cifras oficiales, ilustrando por qué Chávez y su movimiento obtuvieran el favor de las mayorías.

Cuadro 1 PIB 1999-2006

Fuente: BCV, 2008

Cuadro 2 Algunos Indicadores Socioeconómicos 2003-2006

* tercer trimestre

** primer semestre

Fuente: Instituto Nacional de Estadística INE (2006).

Estos desarrollos se sustentaron casi exclusivamente en la renta petrolera. De acuerdo con el BCV, en 2006, 89% de las exportaciones fueron de petróleo. La relación Estado-Pdvsa con respecto a los ingresos que arroja la empresa es en 2006: 68% del total lo tomó el Estado y 32% quedó para la compañía. El sector petrolero representó 14% del PIB (Pdvsa en Últimas Noticias, 21-1-2007). Con estos triunfos, Chávez concibió radicalizar la revolución bolivariana.

El socialismo del siglo xxi

La oferta del socialismo del siglo xxi, uno de los ejes temáticos del Presidente durante la campaña electoral de 2006, era un concepto vago asociado a valores como la solidaridad, la fraternidad, la justicia, la libertad y la igualdad. Ese año Chávez afirmó que no estaba predeterminado pues de trataba de “transformar el modo de producción hacia un nuevo socialismo al que hay que construir todos los días” (Wilpert, 2006). En ese sentido calzaba bien con el concepto de “significante vacío” de Ernesto Laclau, propio del discurso populista. Era un concepto “hueco”, que sirvió para unificar y movilizar, y que cada cual llenó según sus particulares demandas no satisfechas y/o sus aspiraciones^[11].

Pero una vez alcanzada la victoria electoral, el Presidente comenzó a verter contenidos concretos a su propuesta socialista. En tres discursos clave que dio en las semanas siguientes a su triunfo precisó ideas, estrategias e instrumentos para provocar la transformación revolucionaria de la sociedad (Chávez, 2006 y 2007). En estos textos, se da un giro más estatista a las orientaciones económicas del gobierno y se expresan más claramente tendencias a socavar las instituciones liberales que se habían aprobado en la Constitución de 1999. Asimismo, la dimensión participativa tiende a restringirse para localizarse principalmente en formas de gestión popular de políticas públicas en el nivel micro, a través de los consejos comunales como privilegiadas modalidades participativas, articuladas y dependientes del gobierno central. Se trata, en cierta medida, de institucionalizar tendencias que se venían fortaleciendo después del golpe de Estado de 2002, teniendo como base material la bonanza petrolera.

Los motores constituyentes

Con la finalidad de acelerar cambios para ir al socialismo, el Presidente anunció cinco “motores constituyentes”. El primero sería una Ley Habilitante, que de acuerdo con la Constitución de 1999 le permitiría a la Asamblea Nacional delegar en el Ejecutivo por un período delimitado la capacidad de elaborar leyes (artículo 203). Chávez la consideró la “ley de leyes revolucionaria, madre de leyes”. El segundo motor consistiría en una “integral y profunda” reforma de la CRBV, con la cual el Presidente podría, entre otros aspectos, modificar artículos que en lo económico o en lo político obstruyeran el camino hacia el socialismo. Chávez consideró que estos dos motores debían marchar juntos, designando a la presidenta de la Asamblea Nacional, Cilia Flores, para presidir y coordinar la Comisión Presidencial de Reforma Constitucional (CPRC). El tercer motor lo llamó “jornada de moral y luces”, y comprendía una campaña de educación en todos los espacios de la sociedad. Chávez denominó el cuarto motor “la geometría del poder”, donde propondría una nueva manera de distribuir los poderes político, económico, social y militar sobre el espacio nacional, para generar sistemas de ciudades y territorios federales más cónsonos, según él, con las aspiraciones del socialismo. Chávez planteó como un quinto motor –y el más importante– la “explosión revolucionaria del poder comunal”, según la cual se conformaría en el Estado un Poder Popular que cambiaría la naturaleza de éste y lo haría socialista. Habló de no ponerle límites a los consejos comunales (CC), una innovación participativa que venía impulsando desde 2006, por ser los instrumentos del poder popular constituyente. Consideró que todos estos motores estaban interconectados entre sí, y que la explosión creadora del poder comunal dependería para su desarrollo, expansión y éxito, de todos los anteriores (Minci, 2007 en http://www.mci. gob.ve/alocuciones/4/ bajado el 26-05-07). El Presidente puso de relieve la necesidad de “acelerar el tiempo y trascender los espacios rumbo a esta nueva era que hoy comienza”.

La reforma constitucional

Las renacionalizaciones de empresas estratégicas como la compañía telefónica Cantv, o las nacionalizaciones, como el caso de La Electricidad de Caracas, anunciadas por el Presidente en estos discursos y poco después ejecutadas, se podían llevar a cabo sin necesidad de una reforma constitucional. La Constitución de 1999 es bastante amplia en las prerrogativas que tiene el Estado para limitar por razones de interés social el derecho a la propiedad privada. Por ello, los primeros anuncios presidenciales estaban más bien dirigidos a buscar principalmente un cambio de profundidad en las instituciones políticas con las cuales hasta entonces había operado.

La solicitud y expedita aprobación de la Ley Habilitante por parte de la Asamblea Nacional levantó mucha polémica. Fue considerada inconstitucional por algunos, alegando que el carácter genérico de los once ámbitos y el período tan largo que se demandaba violaba la función legislativa misma (http://www.juri.ucv.ve/cambioconstitucional/pagina2.htm.). Pero, más allá de los aspectos legales, la rápida delegación de la función legislativa al Ejecutivo por parte de la Asamblea profundizó la tendencia a su subordinación frente a éste, o más específicamente al Presidente. Resultaba además sorprendente que, contando Chávez con una Asamblea que controlaba en su totalidad, no permitiese que este espacio funcionara para el debate en torno a estos cambios. Contradiciendo el principio de la democracia participativa, el Presidente alegó urgencia, lo que no permitía perder tiempo en debates legislativos.

La misma tendencia a acentuar la subordinación de los poderes públicos al Ejecutivo Nacional, erosionando las instituciones de la democracia liberal, se expresó en el nombramiento de la CPRC con la integración de la magistrada y posterior presidenta del Tribunal Supremo de Justicia como Secretaria Ejecutiva, el Fiscal General y el Defensor del Pueblo como integrantes y la presidenta de la Asamblea Nacional como presidenta, además de otros funcionarios de gobierno o diputados. El decreto de constitución de esta comisión hacía explícito que debía guardar un mandato de confidencialidad con el Presidente, no divulgando su trabajo sin el permiso de éste. De nuevo la iniciativa pareció ir a contracorriente del principio participativo.

El proyecto de reforma constitucional que presentó Chávez en agosto, constaba de 33 artículos, que la Asamblea Nacional elevó a 69 en el breve tiempo en que lo discutió. Entre los cambios relevantes, destacaban: la reelección indefinida para el Presidente y un aumento del período presidencial de seis a siete años (art. 230); la potestad del Presidente para crear regiones especiales con fines estratégicos y nombrar autoridades especiales con el fin de garantizar la soberanía y defensa del territorio en situaciones de contingencia o desastres (art. 11); la ciudad como unidad política primaria de organización territorial en vez del municipio (art. 16); la reducción de la jornada laboral a seis horas diarias y treinta y seis semanales (art. 90); la creación de un fondo de seguridad social para trabajadores por cuenta propia (art. 87); la institucionalización de las misiones como una segunda administración pública paralela a la tradicional (art. 141). Asimismo el proyecto propuso elevar todos los porcentajes de firmas necesarios para activar los distintos mecanismos de participación popular (art. 72, 74 y 348) con lo cual los hacía prácticamente inviables; la creación del poder Popular como una nueva forma del poder público, conformado a partir de las “comunidades” (núcleo espacial del Estado socialista) (art. 16). Este poder “no nace del sufragio ni de elección alguna, sino de la condición de los grupos humanos organizados como base de la población” (art. 136). Otras propuestas serían la potestad del Presidente para nombrar los vicepresidentes que estimara necesarios (art 125); la sustitución del Consejo Federal de Gobierno por un Consejo Nacional de Gobierno; la eliminación de la autonomía del Banco Central de Venezuela (art 318); la denominación sin clara conceptuación de cinco tipos de propiedad: social directa e indirecta, pública, mixta, privada y colectiva; la eliminación del texto que indicaba que el Estado garantiza el “derecho” a la propiedad por “reconoce” tal derecho (art. 115). En lo militar se propusieron varias reformas, incorporando un nuevo componente de la Fuerza Armada, la Milicia Nacional Bolivariana, cambiando el nombre de la Fuerza Armada Nacional por Fuerza Armada Bolivariana y otorgando a los militares actividades de seguridad interna (art. 329).

La propuesta de 2007 expresó la voluntad política de ir a una radicalización del proyecto bolivariano tanto en lo económico como en algunos de los aspectos de la dimensión política. La Asamblea abrió audiencias y aplicó el parlamentarismo de calle^[12] para recoger observaciones y el 2 de noviembre aprobó la nueva versión de 69 artículos. El Consejo Nacional Electoral (CNE) convocó el referéndum aprobatorio para el 2 de diciembre. La propuesta de reforma se dividió en dos bloques atendiendo solicitudes, ya que estaba permitido por la Constitución (art. 344). En el bloque A se encontraban todas las propuestas del Presidente, con algunas modificaciones incorporadas por la Asamblea, además de otros artículos. En el bloque B se incluyó la tercera parte de los artículos propuestos a modificar^[13].

La celeridad que el oficialismo quiso imprimirle a la aprobación de la reforma suscitó confrontaciones, no sólo con las fuerzas opositoras sino con aliados políticos como Podemos, sectores militares, organizaciones sociales, personalidades, expertos e intelectuales cercanos al bolivarianismo, que hicieron visibles dudas y críticas (Maza Zavala, El Nacional 19-11-2007; E. Lander, 2006 y 2007, y Biardeau, El Nacional 10-9-2007). En noviembre, el general Baduel criticó la reforma, considerando que de aprobarse sería un “golpe de Estado” contra la Constitución y llamó a rechazarla.

El 2 de diciembre de 2007 la propuesta fue rechazada. Según el segundo boletín del CNE, que abarcó 94% de las mesas electorales, el voto por el NO fue de 4.521.494 (50,65% del total), frente al voto por el SI de 4.404.626 votos (49,34%). La diferencia fue de 1,31% del total de votos. En el Bloque B la diferencia fue ligeramente mayor. La abstención estuvo en el orden de 44% (CNE, 2008). En perspectiva comparada, el voto en apoyo al bolivarianismo sufrió una merma de 14 puntos porcentuales, casi tres millones de votos con respecto a los resultados electorales de la contienda presidencial de 2006. La oposición por su parte aumentó su votación previa en apenas unos 211.000 votos. Más que un triunfo de las fuerzas opositoras, fue una derrota proveniente de las propias fuerzas del bolivarianismo que en magnitud importante se quedaron en sus casas ese día.

La derrota y sus causas

Durante el complicado año 2007, cuando Chávez impulsó esta reforma desde el gobierno, comenzaron a verse procesos de resistencia que apuntan al inicio de una dinámica política distinta a la de años anteriores, aunque resulta difícil prever la dirección que finalmente tomará. Uno de esos procesos fue el desencadenado por el cierre de Radio Caracas Televisión (RCTV) en mayo, una emisora televisiva que durante 2002 había participado de las acciones insurreccionales para derrocar al Presidente. Chávez hizo el anuncio de cerrarlo en diciembre de 2006, desde un cuartel y ataviado como militar. Después fue difícil convencer, dentro y afuera del país, que no era una retaliación política sino el derecho legal que asiste al Estado de negarle la renovación de una concesión del espacio radioeléctrico a una empresa que ha violado normas institucionales. Desde que Chávez hiciera la amenaza de cierre, se produjeron protestas por grupos empresariales, organismos de derechos humanos e incluso simpatizantes del gobierno. Cuando se ejecutó la medida se dieron manifestaciones violentas y pacíficas en todo el país, emergiendo un renovado movimiento estudiantil, que ha seguido jugando desde entonces rol de peso como factor fortalecedor de sectores que se oponen al bolivarianismo.

Como producto derivado del rechazo a esta reforma, sectores de oposición comenzaron a remontar la situación de fragmentación y debilidad en que habían quedado después de la fase insurreccional. Se hicieron visibles personalidades y partidos que lograron dejar atrás estrategias inmediatistas y radicales, y aunar esfuerzos para unificarse en el bloque del NO, desarrollando acciones conjuntas. Pese al desequilibrio de la competencia electoral por el uso que hizo el gobierno de cuantiosos recursos fiscales para su campaña, esta oposición jugó de acuerdo con las reglas. Al ganar el NO, si bien más por errores del gobierno que por méritos propios, obtuvieron dividendos que pueden ir reconstruyendo su credibilidad entre quienes se han mantenido opuestos a la alternativa bolivariana.

El nuevo eslogan gubernamental “patria, socialismo o muerte”, que la Fuerza Armada debe gritar como saludo por decisión de Chávez desde 2007, junto a otras decisiones como la creación de la reserva militar, han producido, no sólo el distanciamiento de Baduel, sino también un menos visible flujo de oficiales que han estado pidiendo su baja de la institución (Barráez, Quinto Día, marzo 2007, julio 2008 entre otros). La propuesta de reducir la importancia del ejército profesional en aras de una milicia popular es fuente de tensiones difíciles de medir con la información disponible. La campaña del SI, personalizada, enfocada en convertir la aprobación de la reforma en un plebiscito a Chávez, terminó por ser contraproducente, y contribuye a explicar por qué tres millones de simpatizantes del bolivarianismo prefirieron quedarse en casa. Otros poquitos hasta votaron por el NO.

La derrota también abrió un postergado debate crítico dentro del movimiento^[13]. A diferencia de 2007 donde toda crítica era percibida como traición, después de la derrota los análisis circularon iluminando el complejo de factores que según el bolivarianismo produjo este revés. Además de lo defectuoso de la propuesta misma, desde Aporrea, un portal al servicio del bolivarianismo, se señalaron la creciente y peligrosa intolerancia frente a las diferencias de opinión dentro de las filas chavistas. Este talibanismo provocó zozobra, desaliento y desmoralización. La estigmatización de aliados políticos como Podemos o el PPT, por no querer disolverse; presiones hacia fuerzas sindicales que se resistieron a perder su autonomía para formar consejos socialistas; regaños a organizaciones populares o a intelectuales que disentían de propuestas u opiniones del Presidente; expulsiones en un partido que aún no existía, estos desarrollos pusieron en evidencia una propensión autoritaria, que de proseguir imposibilitan que el proceso pueda corregir sus desaciertos y seguir avanzando para consolidar hegemonía.

Otro factor importante fue el creciente deterioro en la calidad de vida en las grandes ciudades venezolanas, en donde ganó el NO con más ventaja que el promedio nacional. La movilización por la reforma paralizó la administración pública y con urbes sucias, inseguras, con severos problemas en servicios básicos como luz, transporte, con las familias pobres y de clases medias sufriendo una inflación que pareció sin control, con desabastecimiento de productos básicos, ningún gobierno puede ganar elecciones. Los bolivarianos, ensimismados ese año en su retórica revolucionaria, descuidaron su obligación de gobernar.

El posreferendo

Pasadas las primeras reacciones, la lectura que el Presidente y sus aliados comenzaron a darle al revés se ha ido expresando en acciones que apuntan a buscar recuperar los apoyos perdidos a través de una estrategia, que en lo esencial trata de no alterar el objetivo de avanzar hacia el socialismo propuesto el año 2007, aunque en términos tácticos se ejerzan algunas acciones y palabras de moderación y apertura.

En este sentido, en diciembre de 2007, Chávez otorgó indultos y firmó una amplia ley de amnistía mediante la cual quedaron libres de juicios la mayoría de quienes participaron en las acciones insurreccionales de 2002 y 2003. También hizo cambios de gabinete, que obedecieron al objetivo de mostrar mayor eficiencia en la gestión de políticas de seguridad, abastecimiento alimentario, vivienda, comunicaciones y relaciones con las organizaciones populares, que fueron debilidades de la gestión que afectaron los resultados electorales. En enero de 2008 en el programa Aló Presidente, Chávez afirmó que este año se guiaría por lo que llamó la política de las tres R: revisión, rectificación y reimpulso. Conminó a sus bases a prepararse para los comicios de gobernadores y alcaldes de noviembre de ese año, indicando que las candidaturas "deben venir como producto de las decisiones de las bases populares y no como producto de reuniones en conciliábulos, acuerdos de un partido con el otro, y al final el dedo de Chávez" (El Nacional, minuto a minuto, bajado el 6-1-2001).

Chávez también anunció un relanzamiento del PSUV con la preparación del Congreso Fundacional y planteó revivir el Polo Patriótico, cosa a la que se había opuesto agresivamente en 2007. Dijo que hay que dar la bienvenida a todos los sectores y hacerle la guerra al sectarismo y al extremismo, "porque la revolución tiene que abrirse".

Como jefe de Estado, el Presidente consideró positivamente sus acciones para colocar a Venezuela en el escenario internacional. En ese sentido enumeró iniciativas como el ALBA y Petrocaribe, el canje humanitario en el conflicto colombiano, esfuerzos por la integración latinoamericana y caribeña, el uso de la energía como aporte al desarrollo equilibrado y justo de la humanidad. De su rol como jefe de la revolución también se mostró satisfecho. Consideró que el socialismo está sembrado en Venezuela y ya nada lo detendrá. La revolución se ha hecho con “respeto a la diversidad cultural, predilección por el diálogo, valoración por la democracia participativa”. Pero encontró muchas debilidades como jefe de gobierno.

Chávez señaló la brecha entre lo que se publicitaba y la forma como los venezolanos palpan la gestión en la vida cotidiana. Asumió su responsabilidad, pero a diferencia de cuando habló de los otros roles, éste lo compartió junto con ministros y el resto de las autoridades regionales y locales. Mencionó la inseguridad, el desabastecimiento, la falta de planificación, la situación en las cárceles, la impunidad, la corrupción, la pesadez burocrática de la administración pública, todo ello –reconoció– ha venido haciendo perder la confianza del pueblo en su gobierno. Este discurso indicó que Chávez buscaría recuperarse en 2008 mediante un manejo más eficiente de la gestión pública, pero sin alterar su propuesta de socialismo. Ilustrativo de esto fue su declaración en ese discurso sobre que, si la oposición no lo hace, convocará en 2010 un referendo revocatorio en su contra con dos preguntas: "1) ¿Está usted de acuerdo con que Hugo Chávez siga siendo presidente de Venezuela? Y, 2) ¿Está usted de acuerdo en hacer una pequeña enmienda en la Constitución para permitir la reelección indefinida? (con carácter vinculante)" (Últimas Noticias, 13-1-2008).

No obstante pensarse en un cambio táctico, mas no estratégico, la complejidad del proceso sociopolítico abierto por la derrota de la propuesta constitucional abrió una estructura de oportunidades donde la interacción de los actores y los vaivenes internacionales no permite certidumbres. Si las elecciones de noviembre 2007 muestran una recuperación poco contundente del caudal electoral chavista, habrá presión hacia el Presidente para que lo táctico se haga estratégico y el desmontaje de la polarización comience a ceder. En ese escenario el bolivarianismo pudiera suavizar algunos de los desarrollos radicales más recientes.

Reflexiones finales

En Venezuela, a diferencia de otros países de la región, el agotamiento del modelo de industrialización por sustitución de importaciones no provocó una salida autoritaria. La renta petrolera permitió manejar la crisis hasta fines de los años 80 dentro del régimen democrático, acudiendo a soluciones coyunturales como el endeudamiento externo (Karl, 1995). Cuando estos procedimientos se hicieron insostenibles, se dio un agudo proceso de deslegitimación de los partidos políticos y del sistema bipartidista, tanto porque comenzaron a aplicar las recetas neoliberales que habían criticado, profundizando el empobrecimiento y la desigualdad social, como porque cambiaron su discurso de armonía y unidad nacional por uno individualista y excluyente (Coronil y Skurski, 1992). El derrumbe del bipartidismo venezolano significó la disolución de los vínculos clientelares y corporativos tejidos entre ellos y los diversos sectores de la sociedad, en particular los sectores populares, creándose un vacío de mediaciones que facilitó la vuelta a discursos y esquemas populistas de liderazgo y movilización de masas.

En los años 80, en medio de los signos de una crisis creciente, se desarrolló un proceso de movilización y debate institucional, principalmente por parte de sectores medios organizados, que planteaban la necesidad de ir a una profundización de la democracia mediante mecanismos que recuperaran la soberanía popular y permitieran un relevo del liderazgo de los partidos políticos hegemónicos. El proceso de reforma del Estado canalizado por la Copre construyó importantes consensos entre estos grupos emergentes y algunas elites políticas, alrededor de la descentralización y de reformas políticas que personalizaran el voto y abrieran los espacios de la administración pública y la toma de decisiones a la participación ciudadana directa (López Maya, 2008). Esto también contrasta con experiencias de otros países de la región, que para esa época experimentaban procesos de transición desde dictaduras a democracias, donde el debate tendió a privilegiar las virtudes de la democracia procedimental, posponiendo la sustantiva o profunda para más adelante.

Cuando el movimiento bolivariano llega en 1999 al gobierno es un amplio movimiento cívico-militar de naturaleza progresista y nacionalista, que aglutina y moviliza diversos sectores de la sociedad que buscan un cambio de elites y tienen como común denominador su rechazo a las políticas de ajuste y reestructuración neoliberales aplicados en los años 90. El nuevo gobierno abre un proceso constituyente, que culmina con la CRBV, cuyos contenidos expresan el embrión de un proyecto político alternativo al neoliberal y recoge las demandas que han venido elaborándose tanto en la política de la calle como en los espacios institucionales.

La CRBV establece la participación y la descentralización como nuevos principios orientadores del Estado, junto a la democracia, alternancia, electividad, responsabilidad y pluralismo (artículo 6). Esto no es una ruptura con la Constitución de 1961. Al contrario, expresa una reafirmación de las orientaciones del anterior proyecto nacional desarrollista y democrático, ajustado a los nuevos tiempos de la globalización y en consonancia con la búsqueda de la profundización de la democracia demandada por diversos sectores y movimientos sociales. En términos de la relación Estado-economía, la CRBV también reafirma el rol del Estado en la vida económica del país, la propiedad nacional de los recursos y bienes estratégicos, en especial de los hidrocarburos, pero también añade, por ejemplo, el agua, reconoce la propiedad privada y las libertades públicas, pero al mismo tiempo reafirma la responsabilidad del Estado para regularlas preservando el interés general. Como novedad, reconoce formas de propiedad privada distintas a la individual, como la colectiva de las comunidades indígenas.

En su política petrolera, el proyecto bolivariano reafirma la propiedad estatal sobre el subsuelo y busca recuperar para el Estado el control de esa industria planteando en las Líneas Generales del Plan de la Nación una renovada industrialización mediante un proceso aguas abajo de esta industria (Lgdesn, 2001). Asimismo planteó una conexión orgánica de Pdvsa con el resto de la economía, en contraste con el funcionamiento tipo enclave con que ésta había funcionado tanto antes como después de la nacionalización (López Maya, 2006). Estas orientaciones iban a contracorriente de la lógica neoliberal, pero eran consecuentes con la política petrolera nacionalista del Estado venezolano desde al menos 1943. En definitiva, el proyecto expresado en los documentos oficiales iniciales del bolivarianismo anunciaba una voluntad política comprometida con la reconstrucción del Estado nacional, una estrategia que ha sido señalada por algunos como apropiada para el avance en la lucha de los pueblos contra el capitalismo neoliberal (De Sousa Santos, 2003). Igualmente, la CRBV ha sido considerada como parte de un nuevo constitucionalismo latinoamericano, que busca preservar los derechos del soberano mediante mecanismos de democracia participativa, marginando el poder constituyente derivado, que en el pasado confiscó estos derechos (Viciano y Martínez, 2008). Estas propuestas respondían al peculiar contexto venezolano, donde el neoliberalismo nunca pudo arraigar, el rentismo petrolero le permite al Estado un juego financiero mayor que en otros países, la democracia representativa pagó la crisis de los 80 y la sociedad nunca padeció un Estado autoritario que al ser derrocado, dejara bases para que la población valorara una reducción de orientaciones estatistas, en aras de un fortalecimiento de la sociedad civil.

Siendo un aspecto central y clave de la legitimidad del proyecto bolivariano la búsqueda de una democracia profunda o sustantiva con la devolución al soberano de su poder constituyente y su creciente participación en las decisiones y gestión públicas como medio para alcanzar su plena ciudadanía, las tendencias del proceso político venezolano desde 2006 muestran tendencias contradictorias. La reforma constitucional propuesta por el Presidente y la Asamblea –y rechazada por los electores– planteó una elevación de los porcentajes de firmas a recoger para activar los mecanismos participativos del soberano en las leyes y decisiones sobre políticas públicas. El Poder Popular, por su parte, fue concebido como estructura del Estado, lo que tiende a debilitar su potencial para actuar como contrapeso del poder. Y se asentaron dispositivos que revertirían el proceso de descentralización político-administrativo, propiciando la concentración de facultades y toma de decisiones en el Presidente de la República, el cual designaría directamente a autoridades especiales de regiones estratégicas y al cual se vincularía el Poder Popular. Las formas de propiedad fueron confusas, y nunca se aclararon. En lo social, propuestas como la reducción de la jornada laboral o la creación de un fondo para los trabajadores por cuenta propia sí expresaron la voluntad de profundizar en los contenidos distributivos de la renta petrolera para ampliar la inclusión y justicia social. Sin embargo, hoy como ayer, las magnitudes de los recursos fiscales que se distribuyen son básicamente originadas por la renta petrolera, la más alta per cápita que haya recibido Venezuela en toda su historia. Gracias a mecanismos como las misiones, los CC y otras políticas públicas, la distribución de estos recursos es hoy más eficiente para llegar hasta los sectores pobres, y les ha permitido un aumento en el consumo y el acceso a derechos como la educación y salud pública que por lustros la crisis fiscal y las políticas de corte neoliberal habían reducido (López Maya y Lander, 2007).

La elevada renta petrolera que disfruta el Estado venezolano actual pudiera seguir por algún tiempo, dada la complejidad de factores que en los años recientes han impulsado un sostenido aumento de los precios del barril petrolero en el mercado mundial. Pero, en lo estructural, poco ha cambiado la economía venezolana, que siempre necesitó para sostenerse de la intervención del Petroestado. La revolución bolivariana parece haber revivido una vez más al llamado “Estado mágico”, que a lo largo de buena parte del siglo xx ilusionó con una modernización que las elites sólo supieron sostener con el excedente que la industria petrolera extrae del mercado internacional de hidrocarburos, sin ninguna contraparte nacional (Coronil, 1997). Ahora financia un “socialismo” tan frágil como aquél. Cuando esta renta disminuya o no crezca suficientemente, se volverá a la condición real de un país sin capacidad de crear riqueza, y las fantasías se evaporarán. El gráfico que se presenta a continuación permite ilustrar cómo, en términos estructurales, casi diez años de bolivarianismo no han podido conjurar una estructura económica que repite los mismos vicios del pasado: la producción y el consumo no guardan desde mediados de los años 50 ninguna relación entre sí. La brecha entre ambos es satisfecha por la renta petrolera vía importaciones.

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Notas