La protección social de los trabajadores asociados en cooperativas en Venezuela

María Eugenia Fernández S.

Politólogo, Abogado. Magíster en Derecho Laboral y Administración del Trabajo. Doctora en Derecho. Profesora de Derecho de la Seguridad Social, adscrita al Centro de Investigaciones y Estudios Laborales y Disciplinas Afines (CIELDA) de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad del Zulia. E-mai: mefernandez5@cantv.net.

Resumen

A pesar de la multiplicidad de instrumentos legales existentes en materia de Seguridad Social en Venezuela, los trabajadores asociados en cooperativas no cuentan con la protección que brinda el Sistema de Seguridad Social, ello se debe, a que el mismo se encuentra inacabado, no han sido dictadas leyes clave y tampoco se han creado las instituciones que deben operacionalizarlo. En la actualidad continua funcionando el seguro social, a través del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), al cual en principio, no podrían afiliarse los miembros de cooperativas. En la presente investigación documental se analizan las normas que regulan el Sistema de Seguridad Social, particularmente las que rigen el nuevo Sistema de Seguridad Social, todas ellas vigentes desde su publicación aunque algunas inaplicadas e inaplicables por su complejidad, por lo costoso que resultaría para los participantes en dicho Sistema y por la falta de voluntad política, entre otras razones. Asimismo, se mencionan los Fondos de Protección Social que las cooperativas deben crear para atender las situaciones especiales de los trabajadores asociados, los cuales la mayoría de las veces no se establecen por el desconocimiento de los interesados o sencillamente por la carencia de los recursos necesarios. Se concluye que aunque tales Fondos poseen carácter complementario a la protección que debe brindar el Sistema de Seguridad Social, en la práctica, cuando existen, constituyen casi el único mecanismo de protección social con que cuentan los socios de las cooperativas.

Palabras clave: Cooperativas, Sistema de Seguridad Social, Fondos de Protección Social.

Social Protection of Workers Associated in Cooperatives in Venezuela

Abstract

Despite the multiplicity of legal instruments existing in the Social Security area in Venezuela, workers associated in cooperatives do not have the protection the Social Security System offers; this is due, first to the fact that the system is unfinished, key laws have not been issued nor have the institutions been created that ought to make it operational. Currently, social security is functioning through the Venezuelan Institute of Social Securities (IVSS), with which members of cooperatives cannot affiliate on principle. This documentary investigation analyzes the norms that regulate the Social Security System, particularly those governing the new Social Security System, all of which have been in effect since their publication, although some are not applied or not applicable due to their complexity, the cost they would engender for participants in the aforesaid system and due to a lack of public will, among other reasons. Likewise, the study mentions the Social Protection Funds that cooperatives should create to take care of special situations for the associated workers; most of the time, these funds are not established due to lack of knowledge by the interested parties or simply due to a lack of the necessary resources. Conclusions are that although such funds have a complementary character to the protection the Social Security System should provide, in practice, when they exist, they are almost the only social protection mechanism that cooperative partners enjoy.

1. Definición de Cooperativa

Las Cooperativas, pueden definirse como “una asociación autónoma de personas que se han unido voluntariamente para hacer frente a sus necesidades y aspiraciones económicas, sociales y culturales comunes, por medio de una empresa de propiedad conjunta y democráticamente controlada” (http://www.mundocoop.com. ar/cooperativismo, 05.03.2004).

Celis Minguet (2003: 20), considera que son empresas de “… carácter económico social de consumidores o productores que unen su esfuerzo intencionadamente para su mutuo beneficio”.

Se dice que son empresas o asociaciones económico-sociales porque ciertamente, persiguen un fin esencialmente económico y social, generando beneficios de manera directa o indirecta según su funcionamiento, y de acuerdo a las decisiones democráticas que tomen sus miembros en la asamblea.

La cooperativa es una empresa de producción, obtención, consumo o crédito, de participación libre y democrática, conformada por personas que persiguen un objetivo común, económico y social, pero que a diferencia de lo que ocurre en otras empresas, la participación de cada socio en el beneficio es determinado por el trabajo incorporado al objetivo común y no por la cantidad de dinero que haya aportado (Celis Minguet, 2003: 22).

“Las cooperativas, en efecto, son empresas económicas de naturaleza popular, fundamentadas en la autogestión, solidaridad humana y ausencia de lucro, entre otros valores” (Molina y García, 2004: 25).

El Decreto con Rango y Fuerza de Ley Especial de Asociaciones Cooperativas (LEAC), en su Artículo 2, las define como “… asociaciones abiertas y flexibles, de hecho y derecho cooperativo, de la Economía Social y Participativa, autónomas, de personas que se unen mediante un proceso y acuerdo voluntario, para hacer frente a sus necesidades y aspiraciones económicas, sociales y culturales comunes, para generar bienestar integral, colectivo y personal, por medio de procesos y empresas de propiedad colectiva, gestionadas y controladas democráticamente”.

2. Clasificación de las Cooperativas

Las empresas cooperativas se clasifican según la actividad para la que fueron creadas, así pueden encontrarse, los siguientes tipos:

Como apuntan Molina y García (2004: 24), “las organizadas con este propósito son empresas propiedad de los trabajadores, manuales e intelectuales, que laboran en ellas”, de manera que los trabajadores son al mismo tiempo dueños del capital de la empresa y las ganancias se distribuyen entre estos (trabajadores-propietarios) en proporción a la labor realizada en la cooperativa. Asimismo, y a diferencia de lo que ocurre en la empresa capitalista tradicional, no puede haber socios capitalistas que no presten servicios en la cooperativa.

Aquí pueden ubicarse las cooperativas de producción industrial o artesanal, las de producción agropecuaria, pesquera, minera, las de transporte colectivo o de carga, las que realizan actividades de mantenimiento, reparaciones, etc.

Cooperativas de Consumo de Bienes y Servicios: Como su nombre lo indica son las que tienen por objeto la obtención de bienes y servicios y pueden desarrollar sus actividades bien sea aprovechando los descuentos por compras al mayor, vendiendo los productos a sus miembros a los costos de adquisición, aumentados sólo en una pequeña proporción para cubrir los gastos generales de operación, teniendo el cooperador el beneficio de adquirir sus productos a más bajo precio; o bien, vender los productos a los precios corrientes en el mercado, distribuyendo las ganancias entre los socios, de acuerdo a la proporción de compras que haya realizado cada uno.

Las cooperativas que se constituyen para obtener bienes o servicios, organizan económicamente a consumidores y usuarios que, de esa manera, logran adquirir bienes o servicios a precios justos, sin lucro, sin especulación y sin intermediarios innecesarios (Molina y García, 2004: 24).

Pueden desarrollarse cooperativas de consumo en distintas áreas, entre ellas, alimentaria, farmacéutica, de vestidos, muebles, de vivienda, etc., en todo caso, y como se indicó anteriormente, su finalidad es anteponer el interés del consumidor al del comerciante y el intermediario.

Dentro de este grupo también pueden ubicarse las cooperativas de Ahorro y Crédito, que se conforman con un conjunto de personas que pueden pertenecer a una misma comunidad, empresa, etc., que se organizan para ahorrar periódicamente, creándose así un crédito mutuo, al cual tienen la posibilidad de acceder para solicitar préstamos sobre sus ahorros, en ella se cobran intereses bajos y se eliminan los altos costos de la usura en los créditos otorgados por los bancos comerciales. Estas normalmente se conocen como cajas de ahorros, banco cooperativo, entre otras denominaciones (Celis Minguet, 2003: 28).

3. Evolución Histórica del Movimiento Cooperativo en Venezuela

Generalmente se considera a la década de los setenta del siglo XX como el inicio del movimiento cooperativo en Venezuela, no obstante, existen datos que confirman que dicho movimiento se inició con antelación, aunque se trata de una etapa poco conocida.

En efecto, durante el gobierno de Juan Vicente Gómez se promulgaron en 1910 y luego en 1917 las primeras leyes de Cooperativas de Venezuela, aunque la influencia de las mismas fue insignificante (Díaz, 1991: 33). Tras la muerte de Gómez, en el período de gobierno de López Contreras, comenzó el proceso de modernización del país, así como cierta actividad de promoción cooperativa por parte del Estado, encontrándose cooperativas de diversos tipos; sin embargo, no será sino durante el gobierno de Medina Angarita cuando se inicie la gran expansión de las cooperativas, con la creación de cooperativas de producción, agrícolas, de consumo, ahorro y crédito, vivienda y pesca, al punto que para diciembre de 1941, existían 347 cooperativas en todo el territorio nacional (Martínez Terrero, citado por Juan Alvarez, 2002: 108).

Luego de la caída de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, a comienzo de los años sesenta, se asiste al resurgimiento del cooperativismo venezolano, mediante la puesta en práctica de una política de promoción de cooperativas “… con el propósito principal de ofrecer una alternativa de contención ideológica contra las críticas izquierdistas y socialistas, ante el incumplimiento de las promesas y expectativas generadas por la democracia parlamentaria tras el derrocamiento de la dictadura de Pérez Jiménez. Ello coincidió con la propuesta política lanzada desde los Estados Unidos, a través de la Alianza para el Progreso, por la cual se pretendía, entre otras cosas, contrarrestar la influencia de la Revolución Cubana en América Latina” (Díaz, 1991: 34).

En este relanzamiento del cooperativismo en el país, cumplieron un importante papel, personalidades pertenecientes al clero católico, y que habían sido formadas en la filosofía del Instituto Coady de Antigonish. Además, numerosos organismos desarrollaron actividades de promoción de las cooperativas en esa época, entre ellos, varios ministerios, FUNDACOMUN, la Fundación de Capacitación e Innovación para el Desarrollo Rural (CIARA), el Centro Gumilla de los Jesuitas, el Instituto de Vivienda Cooperativa de Caritas (INVICA), varias universidades nacionales, así como federaciones cooperativas, en particular las de transporte y ahorro y crédito. Además, como consecuencia de la Reforma Agraria de 1961, el Estado promovió la organización de cooperativas cuando las tierras expropiadas se organizaron como explotaciones colectivas, lo que sólo ocurrió en pocos casos.

En 1966, se dicta una nueva Ley de Cooperativas y se crea la Superintendencia Nacional de Cooperativas (SUNACOOP), además de constituirse federaciones de cooperativas, pero con la declinación de la lucha armada, disminuye la promoción cooperativa oficial como instrumento de contención social, y comienzan a intervenir organizaciones cooperativas internacionales en la promoción y asistencia de las cooperativas del país, destacándose entre ellas la Credit Union National Association (CUNA) de los Estados Unidos y el Movimiento Antigonish de Canadá.

En opinión de Díaz (1991:34), durante la década 1960-1970, el cooperativismo venezolano trata de definir su espacio propio aunque bastante disperso y sin reflexión sobre si mismo, encontrándose ligado a la difusión doctrinal de grupos cristianos y lo que es más grave aún, con fundamentos que no parten de un examen científico de lo social en lo cual se insertan y se promueven, sino simplemente de considerar justo su planeamiento y por tanto válido.

En la década de 1970-1980, se dicta la Ley de Cooperativas de 1975, vigente hasta el año 2001, crece cualitativamente la asistencia financiera (aunque aún modesta) del Estado y se realizan importantes esfuerzos tendientes a coordinar programas del Instituto Agrario Nacional (IAN), y del Ministerio de Agricultura y Cría (MAC), entre otros, con vistas a incrementar el número de cooperativas de productores agrícolas del país. También se desarrollaron programas especiales de la Superintendencia Nacional de Cooperativas para la organización en cooperativas de productores de plátano del Sur del Lago de Maracaibo, de pescadores, y de productores de papa, en colaboración con el IAN y el MAC (Martínez Terrero, citado por Juan Alvarez, 2002: 110-111).

Para los años setenta las cooperativas que predominan en el país son las de ahorro y crédito que alcanzan para esta fecha 118. También se desarrolló un sector de cooperativas de vivienda con 23 existentes para 1970 y 1.284 viviendas construidas, según cifras de la SUNACOOP.

En la década de 1980-1990, se mantiene la misma tendencia, auspiciándose la organización de cooperativas durante el gobierno de Herrera Campins y de Jaime Lusinchi, especialmente en éste último, pues dentro del Pacto para la Democracia Social, estaban planteadas un conjunto de políticas que en combinación “… con la ejecución de programas concretos, facilitarían la consolidación de un tercer sector de la economía, el Sistema Económico de Cooperación” (Lusinchi, citado por Díaz, 1991: 34).

En general, tanto en los gobiernos socialdemócratas como en los socialcristianos, en este período de democracia parlamentaria, “se estimuló o al menos no se cerró la promoción cooperativa, aunque durante la mayor parte del tiempo se le dio un trato marginal. No obstante, el auspicio y promoción de cooperativas que ha habido en muchos casos, responden más a los propósitos políticos del Estado, que a las expectativas sentidas de la población” (Díaz, 1991: 34-35).

Desde 1999, cuando se inició el gobierno de Hugo Chávez, se ha observado un mayor interés por parte del Estado en impulsar el desarrollo cooperativo en el país, cuyas raíces, se encuentran en la Constitución dictada ese año y en las Líneas Generales del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2001-2007.

Sin embargo, no fue sino durante el paro cívico de diciembre de 2002 y enero de 2003, cuando se intensificó la creación de cooperativas o la organización del trabajo bajo esta modalidad, pues el gobierno nacional las planteó como una salida a la crisis generada por la negativa a prestar servicios de diversas empresas contratistas de Petróleos de Venezuela Sociedad Anónima (PDVSA), en especial, las de transporte de combustible. Desde entonces y hasta el presente el número de cooperativas se ha multiplicado de manera exponencial en el país.

4. Seguridad Social y Protección Social

Son múltiples las definiciones que pueden encontrarse sobre la Seguridad Social, estas varían según la época y el lugar en el que fueron dictadas, las hay restringidas y también amplias, en todo caso, lo importante, es tener en cuenta que es posible definir la Seguridad Social desde dos perspectivas distintas, a saber, desde una perspectiva política y desde una perspectiva jurídica.

Desde una perspectiva política, se entiende a la Seguridad Social como un fin que se persigue, un fin que interesa a toda la colectividad y que corresponde cumplir al Estado como misión fundamental.

“La liberación de las necesidades sociales, en tal sentido, en cuanto afectan a la sociedad entera, implica de suyo la provisión de los suficientes bienes materiales, morales y espirituales encarnados en el bien común, cuya realización supone la erradicación de las necesidades sociales. Desde esta perspectiva difusa se explica que la Seguridad Social haya sido entendida como política en general o bien como política económico social” (Almansa Pastor, 1989: 58).

Dentro de esta perspectiva es posible ubicar la definición de Fernández Pastorino (1989: 29-30), para quien la Seguridad Social

“constituye una función social del estado con dos grupos de fines inmediatos: unos generales, esto es, el amparo contra la miseria o la liberación de una necesidad, garantizando la continuidad de un determinado nivel social; y otros específicos, cuales son proteger contra ciertas contingencias: la enfermedad, maternidad, vejez, paro o desempleo, la carga familiar y facilitar los medios precisos para conseguir una mejora en el nivel profesional, económico y cultural”.

Desde una Perspectiva Jurídica, en lugar de privilegiar el aspecto teleológico, es decir, el fin perseguido de protección de la necesidad social, se considera a la Seguridad Social como el medio o instrumento con el que se pretende alcanzar tal finalidad, a la organización normativa instrumental, y a las relaciones jurídicas a las que esta última de lugar (Almansa Pastor, 1989: 59).

Esta perspectiva concretiza el plano de observación, por cuanto la seguridad social, como instrumento dirigido a liberar de las necesidades sociales, no puede estudiarse en abstracto, sino en el plano real de ordenación jurídica en cada país y en cada momento determinado.

Otra definición que puede enmarcarse en la perspectiva jurídica es la de Antonio Zelenka (citado por Uzcategui, 1995: 29), de acuerdo con el cual, “la Seguridad Social es el conjunto de medidas adoptadas por la sociedad y en primer lugar por el Estado, para garantizar a todos, los cuidados médicos necesarios y los medios de vida en caso de pérdida o reducción importante de sus medios de existencia, causadas por circunstancias no dependientes de su voluntad”.

Por su parte, la Organización Internacional del Trabajo (OIT), define a la Seguridad Social como “la protección que la sociedad proporciona a sus miembros, mediante una serie de medidas públicas contra las privaciones económicas y sociales que de otra manera derivarían de la desaparición o de una fuerte reducción de sus ingresos como consecuencia de enfermedad, maternidad, accidente de trabajo o enfermedad profesional, desempleo, invalidez, vejez y muerte; y también la protección en forma de asistencia médica y de ayuda a las familias con hijos” (1992: 3).

En todo caso, cuando se habla de Seguridad Social debe recordarse que esta se compone de diferentes elementos o instrumentos, a saber, el seguro social, la asistencia social, las prestaciones que se financian con cargo a los ingresos generales del Estado, las prestaciones familiares y los fondos de previsión; estos instrumentos, deben relacionarse con las prestaciones complementarias de los empleadores y con programas complementarios que se desarrollan en torno a la Seguridad Social (OIT, 2001: 10).

Ahora bien, durante los últimos años, se ha desarrollado una nueva expresión que va más allá de lo que se entiende por Seguridad Social, se trata de la Protección Social.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) la define como “el conjunto de políticas y programas gubernamentales y privados con los que las sociedades dan respuesta a diversas contingencias a fin de compensar la falta o reducción sustancial de ingresos provenientes del trabajo, brindar asistencia a las familias con hijos y ofrecer atención médica y vivienda a la población” (http://www.juridicas.unam, 26.06.2006).

Siguiendo esa línea, para la OIT la Protección Social consiste en “la intervención colectiva de la sociedad a fin de proteger a sus ciudadanos de diversos riesgos y vulnerabilidades, mantener su bienestar y aumentar su capacidad de hacer frente a los riesgos” (http://www.juridicas.unam, 26.06. 2007).

Bajo el enfoque de la ONU y de la OIT, la Protección Social representa las respuestas de la sociedad a niveles de riesgo o privación considerados inaceptables. Implica un acceso seguro a mecanismos que permitan satisfacer necesidades básicas y ejercer derechos fundamentales como el ingreso, medios de vida, empleo, servicios de salud, educación, alimentación y vivienda, porque la Protección Social tiene múltiples dimensiones y no se refiere únicamente a compensar las variaciones de los ingresos; comprende también programas de atención social, creados para garantizar un nivel mínimo de dignidad para los grupos vulnerables más desasistidos.

En suma, el objetivo final de la Protección Social es aumentar la capacidad y las oportunidades de la población excluida y por ende, promover el desarrollo humano sostenible, de ahí que entre sus elementos, la OIT destaca los siguientes: seguridad del ingreso, seguridad y salud en el trabajo y el medio ambiente, condiciones de trabajo y cuestiones de familia, pensiones y jubilaciones, igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, migración internacional, la pandemia del VIH/SIDA y exclusión social (http://www.juridicas.unam, 26.06. 2007).

5. Mecanismos de Protección Social Previstos en la Legislación Venezolana para los Trabajadores Asociados en Cooperativas

5.1 Ley del Seguro Social: Esta Ley cuya última reforma tuvo lugar en 1991, prevé la protección de los miembros de cooperativas por parte del principal instrumento de la Seguridad Social en Venezuela, en los siguientes términos: “Los miembros de las cooperativas de producción y de servicios y las administraciones obreras estarán sujetos al régimen de la presente Ley (Artículo 4).

No obstante, el mismo Artículo en su primer aparte dispone que “El Ejecutivo Nacional dictará las condiciones y requisitos para la aplicación del Seguro Social Obligatorio a las cooperativas y administraciones mencionadas”, lo que todavía no ha ocurrido, y se encuentra reforzado por lo establecido en el Artículo 7 del Reglamento de la Ley del Seguro Social (RLSS), reformado en 1993, donde se consagra el Seguro Social Facultativo para los miembros de las asociaciones de conductores de autos de alquiler libres y por puesto. De acuerdo con dicha norma, “… Los miembros de otras cooperativas de producción y de servicios o de las administraciones obreras, quedarán sujetos al Régimen del Seguro Social conforme a lo que disponga el Ejecutivo Nacional en Decretos Especiales”.

En consecuencia, los trabajadores asociados en cooperativas de producción o de servicios, es decir, cooperativas de primer grado, no podrán afiliarse ni aún facultativamente al Seguro Social, esta aclaratoria es importante, toda vez que el Artículo 8 del citado Reglamento, consagra el Seguro Facultativo para los miembros de Asociaciones Cooperativas y otras Entidades Gremiales, lo que genera confusiones, aunque es evidente que el Reglamento está haciendo referencia a cooperativas de segundo o tercer grado, a las que equipara con gremios, donde cabrían igualmente los colegios profesionales, dado que estos buscan defender los intereses de sus miembros, más no producir ningún bien o prestar servicio alguno.

En todo caso, gracias a una mala interpretación del Artículo 8 del RLSS se ha permitido la inscripción en el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) a miembros de cooperativas de primer grado, motivado igualmente, por el cambio en la denominación de la Ley que rige actualmente a las cooperativas en Venezuela.

En efecto, las diferentes leyes que desde comienzos del siglo XX han regulado el funcionamiento de las cooperativas en el país, se han denominado Leyes de Cooperativas, así pueden encontrarse la de 1910, 1917, 1942² hasta la de 1975, pero en el año 2001 se dictó el Decreto con Fuerza de Ley Especial de Asociaciones Cooperativas. Este cambio en la denominación de la Ley, ha generado malos entendidos que a su vez han conllevado a la incorporación al IVSS de trabajadores asociados en cooperativas, lo que a simple vista resulta positivo, pues se trata de la extensión de la cobertura del seguro social, no obstante, en la práctica se transforma en un gran problema, toda vez que la mayoría de los cooperativistas no se encuentran en condiciones de cancelar las cotizaciones al seguro social, lo que genera una deuda con la institución y la correspondiente insolvencia que atenta contra la posibilidad de obtener créditos, subvenciones o cualquier otro tipo de apoyo económico ya sea del sector público o privado.

Cuando se trata de los Miembros de Asociaciones Cooperativas (Cooperativas de segundo y tercer grado) y Otras Entidades Gremiales, previstos en el Artículo 8 RLSS, la Asociación Cooperativa o Entidad Gremial se comporta como patrono, es decir, asume frente al IVSS el papel y las obligaciones que habitualmente corresponden al patrono, como lo son la inscripción de los miembros de la asociación cooperativa o entidad gremial, la recaudación de las cotizaciones y su entrega al Instituto, la realización de los avisos necesarios tanto al propio IVSS, como los que éste último estime necesario realizar a los afiliados, entre otras tareas, pero siempre el cooperativista debe cancelar el cien (100) por ciento de la cotización.

En este caso, de acuerdo con el Artículo 8 RLSS, los requisitos para que los Miembros de Asociaciones Cooperativas y otras Entidades Gremiales puedan afiliarse facultativamente al IVSS, son los siguientes:

• Deben estar domiciliados en zonas de Régimen General.

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A los efectos del cálculo de la cotización se considera como ingreso mensual la cantidad equivalente a salario mínimo.

• El porcentaje de cotización es variable, puede ser de 13, 14 ó 15%, dependiendo del riesgo (mínimo, medio o máximo) que suponen las actividades que lleva adelante la asociación cooperativa o entidad gremial, esta determinación la realiza el IVSS (Artículo 109 RLSS).

• Si dejaren de pagar la cotización correspondiente por más de un (1) mes se le suspenderá al asegurado y a sus familiares calificados el derecho a la asistencia médica integral con excepción de los tratamientos en curso.

• Si dejaren de cotizar por seis (6) meses pierden el derecho a continuar afiliados.

5.2 Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social (LOSSS): Como se sabe, desde 1997 se inició en Venezuela un proceso de Reforma Estructural del Sistema de Seguridad Social, y para ello fue dictada la Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social Integral (LOSSSI), derogada en 2002 por la LOSSS, que en consonancia con lo dispuesto en el Artículo 86 de la Constitución Nacional de 1999, establece un modelo de Seguridad Social solidario de tres (3) pilares: el primero, no contributivo, financiado por el Fisco Nacional a través de impuestos (Asistencia Social); el segundo, contributivo, de financiamiento tripartito, beneficio definido, con un régimen de prima media general uniforme; y el tercero, de carácter complementario y voluntario, financiado exclusivamente a través de las cotizaciones de los trabajadores.

Dentro del pilar no contributivo, Asistencial, se ubican los Regímenes Prestacionales de Salud, Régimen Prestacional de Servicios Sociales al Adulto Mayor y Otras Categorías de Personas y en parte, el Régimen Prestacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, ya que toda la población es potencialmente beneficiaria de sus prestaciones y la totalidad o gran parte del financiamiento de cada uno de ellos será responsabilidad del Estado mediante impuestos.

El pilar contributivo está integrado por los Regímenes Prestacionales de Pensiones y Otras Asignaciones Económicas, Empleo, la mayor parte del Régimen Prestacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, y el Régimen Prestacional de Vivienda y Hábitat, puesto que para obtener las prestaciones de los mismos, es necesario aportar directamente mediante cotizaciones.

El tercer pilar, estará conformado por los Regímenes Voluntarios de Pensiones Complementarias administrados por el sector privado, público o mixto, regulados por el Estado, a los que previa afiliación al Sistema de Seguridad Social podrá incorporarse cualquier persona (Artículo 65). Asimismo, está prevista la conformación de Regímenes Especiales de Salud, a partir de los Regímenes Especiales preexistentes a la vigencia de la LOSSS en el sector público, pero quienes deseen permanecer en ellos “deberán contribuir a su financiamiento con un porcentaje de su salario, cuya cuantía deberá ser igual o superior a la que se fije para las personas que coticen obligatoriamente al nuevo Sistema de Seguridad Social. La cotización a estos regímenes no exime de la cotización al Sistema de Seguridad Social” (Artículo 126).

El campo de aplicación personal del nuevo Sistema de acuerdo al Artículo 4 de la LOSSS abarca a toda la población del país, tanto nacionales como extranjeros residenciados legalmente, sin ninguna discriminación,

“… independientemente de su capacidad contributiva, condición social, actividad laboral, medio de desenvolvimiento, salarios, ingresos y rentas, conforme al principio de progresividad y a los términos establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en las diferentes leyes nacionales, tratados, pactos y convenciones suscritos y ratificados por Venezuela”.

En consecuencia, los miembros de las cooperativas o los trabajadores asociados en cooperativas, estarían amparados por el Sistema, concretamente por el Régimen Prestacional de Salud, por el Régimen Prestacional de Pensiones y Otras Asignaciones Económicas, siempre y cuando coticen al mismo, y en este sentido, la LOSSS prevé la posibilidad de un subsidio a la cotización de los trabajadores independientes en los casos en que sea necesario (Artículo 67); por el Régimen Prestacional de Empleo, por el Régimen Prestacional de Seguridad y Salud en el Trabajo y por el Régimen Prestacional de Vivienda y Hábitat, aunque su incorporación a éste último es facultativa.

5.3 Ley del Régimen Prestacional de Empleo (LRPE): Expresamente el Artículo 4 de esta Ley incluye dentro de su ámbito de aplicación subjetivo a “Los miembros de las asociaciones cooperativas y otras formas asociativas comunitarias de carácter productivo o de servicio”.

Asimismo, el Artículo 29 establece la obligación para las cooperativas y otras formas asociativas comunitarias de carácter productivo o de servicio de “… registrase y afiliar a sus asociados y asociadas y a los trabajadores y trabajadoras bajo su dependencia en la Tesorería de la Seguridad Social y a cotizar conforme con lo establecido en la Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social, en esta Ley y su Reglamento”.

Los beneficios correspondientes a los trabajadores afiliados al Régimen Prestacional de Empleo son muy similares a los que establecía el Reglamento del Seguro Social a la contingencia de Paro Forzoso, a saber: una prestación dineraria mensual equivalente al sesenta por ciento (60%) del monto resultante de promediar el salario de cotización durante los últimos doce (12) meses anteriores a la cesantía; capacitación laboral para facilitar el mejoramiento o recalificación del trabajador y coadyuvar a su reinserción en el mercado de trabajo; orientación, información, intermediación y promoción laboral; y los demás servicios que la Ley garantiza (Artículo 31).

En el caso de trabajadores independientes, donde están incluidos los trabajadores asociados en cooperativas, deben haber perdido involuntariamente la fuente de ingresos y estar afiliados al Sistema de Seguridad Social, haber acreditado cotizaciones por un mínimo de doce (12) meses durante los últimos veinticuatro (24) y cumplir con las obligaciones derivadas de los servicios de intermediación, asesoría, información, orientación laboral y capacitación para el trabajo.

El procedimiento para acceder a la prestación dineraria está consagrado en los Artículos 35 al 38 de la Ley, y resulta interesante la obligación impuesta al empleador que no se afilió o no afilió a su trabajador al Régimen Prestacional de Empleo, de pagar al trabajador cesante las prestaciones y beneficios que le correspondan conforme a la Ley del Régimen Prestacional de Empleo, más los intereses de mora. Además,

“Si el empleador o empleadora no enterare oportunamente hasta un tercio (1/3) de las cotizaciones debidas, estará obligado al pago de las prestaciones y beneficios que correspondan al trabajador o trabajadora cesante en proporción al defecto de cotización y el tiempo efectivo de servicio, más los intereses de mora correspondientes.

Si la mora excediere ese porcentaje, el empleador o empleadora, de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social, estará obligado al pago íntegro de las prestaciones previstas en esta Ley, más los intereses de mora correspondientes” (Artículo 39).

En todo caso, no se establece esta obligación para las cooperativas y otras formas asociativas comunitarias de producción o de servicios, que puedan incurrir en no afiliación de sus miembros y trabajadores o retraso en la cancelación de las cotizaciones.

5.4 Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (LOPCYMAT): La Cooperativa es una empresa social y tal y como ocurre en la empresa capitalista tradicional, sus actividades suponen determinados riesgos, que pueden dar lugar a accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales.

La LOPCYMAT es la Ley que regula lo relativo a los riesgos laborales, consagrando las medidas que deben aplicarse para prevenirlos, así como las indemnizaciones que independientemente de las establecidas por la Seguridad Social y por el régimen supletorio establecido en la LOT, debe cancelar el patrono cuando se verifica un accidente de trabajo o una enfermedad ocupacional, como consecuencia de la no corrección de una condición insegura previamente advertida, de su negligencia, imprudencia o impericia, de su dolo y en general, de la comisión de un hecho ilícito.

De igual forma, la LOPCYMAT regula lo correspondiente al nuevo Régimen Prestacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, y aunque puede pensarse que se trata de una ley nueva, en el año 2005 sólo se procedió a reformar por mandato de la LOSSS (Artículo 146), la LOPCYMAT original de 1986.

Hasta la modificación de la LOPCYMAT, ocurrida en 2005, si bien es cierto que los trabajadores subordinados de las cooperativas debían estar inscritos en el IVSS, como todavía ocurre en la actualidad, y estaban amparados por el Régimen de los Infortunios en el Trabajo previsto en la LOT, y por las disposiciones de la propia LOPCYMAT, ninguno de estos instrumentos legales se refería expresamente a las Cooperativas como tal y menos aún a sus miembros.

En consecuencia, las cooperativas deben cumplir con las obligaciones impuestas a los patronos en dicha ley, en lo que a prevención, condiciones y ambiente de trabajo seguro y saludable se refiere, así como en todo lo relacionado con el descanso, la recreación y el uso del tiempo libre.

En primer lugar deben registrarse en la Tesorería de la Seguridad Social y afiliar a sus asociados y a sus trabajadores subordinados, en el Sistema de Seguridad Social y cotizar al Régimen Prestacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (Artículo 6). La afiliación de los trabajadores debe realizarse dentro de los tres (3) días siguientes al inicio de la relación laboral y en el caso de los asociados, la Ley no precisa cuando, pero podría interpretarse que tal afiliación debe tener lugar igualmente dentro de los tres (3) días siguientes al ingreso a la cooperativa.

Esta obligación es reafirmada por el Artículo 7 de la Ley, referido al financiamiento del Régimen Prestacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, según el cual,

“Las cotizaciones correspondientes a este Régimen Prestacional, estarán a cargo exclusivo del empleador o empleadora, la cooperativa u otras formas asociativas comunitarias de carácter productivo o de servicio, según sea el caso, quienes deberán cotizar un porcentaje comprendido entre el cero coma setenta y cinco por ciento (0,75%) y el diez por ciento (10%) del salario de cada trabajador o trabajadora o del ingreso o renta de cada asociado o asociada a la organización cooperativa y otras formas asociativas comunitarias de carácter productivo o de servicio”.

Asimismo, están en el deber de constituir Servicios de Seguridad y Salud en el Trabajo, propios o mancomunados, conformados de manera multidisciplinaria y con carácter preventivo (Artículo 39). El Reglamento Parcial de la LOPCYMAT, define estos Servicios “… como la estructura organizacional de los patronos, patronas, cooperativas y otras formas asociativas comunitarias de carácter productivo o de servicios, que tiene como objetivos la promoción, prevención y vigilancia en materia de seguridad, salud, condiciones y medio ambiente de trabajo, para proteger los derechos humanos a la vida, a la salud e integridad personal de los trabajadores y trabajadoras…” (Artículo 20).

En todo caso, las cooperativas estarán obligadas a constituir tales Servicios cuando cuenten con entre cincuenta (50) y doscientos cincuenta (250) o más de doscientos cincuenta (250) trabajadores y trabajadoras, o asociados y asociadas, según el caso (Artículo 22 RPLOPCYMAT).

En cuanto a los Comités de Seguridad y Salud Laborales, previstos en los Artículos 46 al 50 de la Ley, pareciera en principio que las cooperativas no se encuentran obligadas a conformarlos, en primer lugar porque el propio Artículo 46, dispone que los mismos deben constituirse en todo centro de trabajo, establecimiento o unidad de explotación de las diferentes empresas o instituciones públicas o privadas, como órgano paritario y colegiado de participación destinado a la consulta regular y periódica de las políticas, programas y actuaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo, sin mencionar expresamente a las cooperativas y otras formas asociativas comunitarias de carácter productivo o de servicios, como ocurre en otras disposiciones de la mencionada ley. Igualmente, pareciera no tener sentido la conformación de tales Comités en el seno de las cooperativas, pues de acuerdo a la LOPCYMAT estos deben estar integrados por representantes de los trabajadores (Delegados de Prevención) y por el empleador o empleadora o sus representantes, en igual número al de los delegados o delegadas de prevención (Artículo 46). Si se parte de la idea según la cual la Cooperativa es una empresa social, pareciera que deben conformarse estos Comités en cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 46 antes citado, sin embargo, por tratarse de una empresa en la que no existe un patrono, pues los trabajadores no se encuentran subordinados a nadie, pareciera inútil además de imposible, la creación de Comités de Seguridad y Salud Laborales en su seno.

No obstante, el Artículo 57 del RPLOPCYMAT al referirse a los trabajadores y trabajadoras que pueden elegir y ser electos Delegados o Delegadas de Prevención, establece las siguientes excepciones:

“1. Los y las representantes del patrono o la patrona.

3. Los trabajadores y trabajadoras de confianza.

4. Las personas que tengan vínculos por consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado, ascendente o colateral, con el patrono o la patrona.

5. La persona que mantenga una unión estable de hecho con el patrono o patrona.

6. El amigo o amiga íntima del patrono o patrona.

7. La persona que mantenga amistad manifiesta con el patrono o patrona.

En el caso de empresas familiares, cooperativas u otras formas asociativas comunitarias de carácter productivo o de servicio, no aplicarán los numerales 4, 5, 6 y 7 del presente artículo”.

De lo transcrito se deduce que en las cooperativas deben constituirse Comités de Seguridad y Salud Laborales, sin embargo, en la actualidad, el INPSASEL de acuerdo a lineamientos emanados desde la sede central y a través de las Direcciones Estadales de Salud de los Trabajadores (DIRESAT), sólo está exigiendo la conformación de dichos Comités y la elección de Delegados de Prevención en las cooperativas, cuando cuenten con trabajadores subordinados, quedando éste integrado por un (1) miembro de la Directiva de la Cooperativa actuando como representante del patrono y uno (1) de los trabajadores contratados.

En cuanto a las prestaciones a otorgar por el Régimen Prestacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, este dispondrá de dos componentes, a saber: el Componente de Prevención, Seguridad y Salud Laborales, y el Componente de Recreación, Utilización del Tiempo Libre, Descanso y Turismo Social (Artículo 115).

El primero suministrará las siguientes prestaciones dinerarias: Indemnizaciones Diarias por Discapacidad Temporal (Artículo 79), Prestaciones por Discapacidad Parcial Permanente (Artículo 80), Prestaciones por Discapacidad Total Permanente para el Trabajo Habitual (Artículo 81), Pensión por Discapacidad Absoluta Permanente para Cualquier Tipo de Actividad Laboral (Artículo 82), Prestaciones en caso de Muerte de un trabajador activo (Artículo 85), Pensión de Sobrevivientes (Artículos 86 al 89).

En cuanto a las prestaciones del Componente Recreación, Utilización del Tiempo Libre, Descanso y Turismo Social, están organizadas básicamente en tres servicios, los que a su vez incluyen otro conjunto de servicios, a saber:

1. Servicio de Asesoramiento y Divulgación de la recreación, utilización del tiempo libre, descanso y turismo social del trabajador (Artículos 102 al 104), que comprende educación y divulgación, promoción e incentivo del desarrollo de programas de utilización del tiempo libre y disfrute del descanso y asesoramiento a trabajadores y empleadores.

2. Servicio de coordinación institucional y planificación de la infraestructura urbana en recreación, utilización del tiempo libre, descanso y turismo social (Artículos 105 al 110). Este incluye: administración, mercadeo y prestación de servicios; convenios, contratos o acuerdos; incorporación de pequeñas y medianas empresas, cooperativas y asociaciones productivas; coordinación con organismos y empresas en la promoción de programas de turismo social; asesoramiento a los Consejos Locales de Planificación Pública; promoción de planes para la construcción, dotación, mantenimiento y protección de infraestructura.

3. Vigilancia y control de las actividades de promoción de recreación, utilización del tiempo libre, descanso y turismo social (Artículos 111 al 114). Abarca la vigilancia del derecho al descanso y uso del tiempo libre; el sistema de información de recreación, utilización del tiempo libre, descanso y turismo social; recepción de denuncias sobre programas e instalaciones para la recreación, utilización del tiempo libre, descanso y turismo social; documentación, seguimiento de las estadísticas y realización de estudios e investigaciones.

5.5 Ley del Régimen Prestacional de Vivienda y Hábitat (LRPVH): Regula la obligación del Estado venezolano de garantizar el derecho a la vivienda y el hábitat dignos, y asegurar su protección como contingencia de la seguridad social (Artículo 1). De igual forma, rige el Régimen Prestacional de Vivienda y Hábitat, el cual está orientado a la satisfacción progresiva del derecho humano a la vivienda (Artículo 2).

Este Régimen fue diseñado fundamentalmente para los trabajadores subordinados quienes junto a sus patronos o empleadores deben cotizar a un Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda, cuyo objeto es facilitar al ahorrista habitacional, mediante el aporte individual y de los patronos, el acceso progresivo al crédito para la adquisición, construcción, liberación de hipoteca, sustitución, restitución, reparación y remodelación de la vivienda; y generar una masa de dinero reproductiva cuyo beneficio sirva de incremento a los recursos financieros a ser aplicados a los ahorristas habitacionales en el proceso de adquisición, construcción, liberación de hipoteca, sustitución, restitución, reparación y remodelación de la vivienda (Artículo 170).

Sin embargo, los trabajadores asociados en cooperativas podrán afiliarse facultativamente al mismo, a través de su aporte al Fondo de Ahorro Voluntario para la Vivienda, dirigido a fomentar el ahorro para la adquisición, construcción, autoconstrucción, liberación de hipoteca, sustitución, restitución, reparación y remodelación de la vivienda única y principal; servicios básicos esenciales, urbanismos y habitabilidad, de aquellas personas que tengan o no relación de dependencia, sin tomar en consideración sus condiciones laborales, económicas o sociales, mediante un esquema de incentivos no restrictivo, abierto y de libre acceso que determine el Estado (Artículo 177).

Este Fondo estará constituido por,

“1. El ahorro voluntario de los trabajadores con o sin relación de dependencia. 2. Los aportes fiscales o parafiscales que determine el Ejecutivo Nacional como incentivo al Ahorro. 3. Las recuperaciones de capital de los préstamos otorgados con los recursos de este Fondo. 4. Los rendimientos de las colocaciones financieras del Fondo. 5. Los intereses generados por los préstamos otorgados. 6. Los recursos provenientes de las colocaciones en el mercado monetario de capitales, de renta fija o de cualquier otro título valor con garantía de la cartera de crédito hipotecario, otorgados por el Fondo. 7. Préstamos provenientes de organismos públicos o privados, nacionales o internacionales. 8. Otros aportes públicos y privados destinados a satisfacer los objetivos de esta Ley…” (Artículo 178).

“por su cuenta, en unión con otras o en coordinación con sus organismos de integración, podrán establecer sistemas y mecanismos de Protección Social, para sus asociados, especialmente a los que aportan directamente su trabajo. Estos sistemas serán financiados con recursos propios de los asociados, de la cooperativa, o provenientes de operaciones y actividades que realicen éstas o los organismos de integración cooperativa, así mismo, con los recursos que puedan provenir del Sistema Nacional de Seguridad Social, para atender las necesidades propias de la previsión social”.

De igual forma, y en el marco de los dispuesto en el Artículo 40 LEAC, el Artículo 54 establece la creación de un Fondo de Protección Social que se financiará como mínimo con el diez (10) por ciento de los excedentes y estará dirigido a atender las situaciones especiales de los asociados trabajadores y de los asociados en general, el cual es complementario al Sistema Nacional de Seguridad Social.

En este sentido, Molina y García (2004: 131), consideran conveniente la creación de un “Fondo de Capitalización del Trabajo Prestado” por los asociados durante su vida laboral, constituido con aportes económicos reintegrables cuando se retiren de la cooperativa. Se trataría de un fondo que otorgaría el equivalente a las prestaciones sociales o antigüedad que conforme a la LOT corresponde a los trabajadores subordinados a la terminación de la relación de trabajo.

Consideraciones Finales

Durante los últimos nueve años, especialmente a partir de 2003, las cooperativas han recibido un fuerte impulso por parte del Gobierno Nacional, con el propósito, al menos aparente, de generar empleo y cambiar el modo de producción capitalista por uno solidario, participativo y democrático, en el que los trabajadores no sólo sean dueños de su fuerza de trabajo, sino también de los medios de producción.

Este impulso ha consistido fundamentalmente en el otorgamiento de créditos a los cooperativistas y en general a quienes desean constituir estas empresas de tipo social, así como en la imposición a organismos públicos y empresas del Estado de contratar servicios casi exclusivamente con estas organizaciones.

El apoyo que el Gobierno Nacional ha venido proporcionando a las Cooperativas, no es nuevo, en el pasado no tan lejano se han conocido procesos de promoción similares atendiendo a dos estrategias, las que Benito Díaz (1991) denomina, inyección y/o relativamente fácil disposición de dinero para los asociados y la intervención del Estado como condición de existencia, lo que ha dado lugar a la proliferación de cooperativas, que para el año 2006 totalizaron 181.000 (http:// www.sunacoop.gov.ve, 26.09.2007), mientras que para el primer trimestre de 2008 alcanzaron la astronómica cifra de 241.000 cooperativas registradas (Pacheco, 2008).

Más allá de este elevadísimo número, que podría considerarse como un éxito, habría que investigar cuantas de estas cooperativas efectivamente se encuentran en funcionamiento y entre ellas, cuantas han establecido mecanismos de protección social para sus socios, lo que escapa de los objetivos del presente trabajo.

La legislación venezolana consagra expresamente la protección de los miembros de las cooperativas por parte del Sistema de Seguridad Social, pero se sabe que ese Sistema se encuentra inacabado⁴ y en la actualidad, a pesar de todas las normas antes indicadas, los trabajadores asociados en cooperativas se encuentran al margen tanto de las instituciones del Sistema anterior (Seguro Social) como de las pocas que se encuentran operativas en el nuevo Sistema de Seguridad Social, a las que incorporarse resultará muy costoso dado que únicamente cotizaría el trabajador asociado, volviéndose ilusoria dicha protección.

No obstante, podría pensarse que la mayoría de ellas no disponen de tales mecanismos, entre otras razones porque muchas veces no alcanzan a cubrir las necesidades de la organización para continuar trabajando o los anticipos societarios de sus miembros, que pueden constituir los ingresos básicos o los únicos de sus asociados. A estas limitaciones económicas se suman además, el desconocimiento de la normativa en la materia, en particular de la LEAC, o simplemente su mala interpretación, tal y como ha ocurrido con el Artículo 8 RLSS, así como la imprevisión, característica de los venezolanos.

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Notas

1 Para estos fines fue creado en 2004 el Ministerio para la Economía Popular (MINEP), actualmente, Ministerio del Poder Popular para la Economía Comunal (MINEC).

2 Este instrumento normativo se denominó Ley de Sociedades Cooperativas, y estuvo inspirada en la ley mexicana (Molina y García, 2004: 23).

3 Resulta interesante la inclusión en forma expresa del retiro justificado como una situación que da derecho a las prestaciones por desempleo, toda vez que el Reglamento del Seguro Social a la Contingencia de Paro Forzoso, aunque se refería a la “terminación de la relación de trabajo por cualquier causa”, es decir, por despido justificado o injustificado, expresamente excluía de los beneficios a quienes renunciaban a sus puestos de trabajo, sin mencionar a quienes se retiraban justificadamente, situación que desde el punto de vista laboral equivale a un despido injustificado en lo que a efectos patrimoniales se refiere.

4 Aún no han sido dictadas la Ley del Régimen Prestacional de Pensiones, ni la Ley de Salud y del Sistema Público Nacional de Salud, que regulará el Régimen Prestacional del mismo nombre, y también se encuentra pendiente la creación de la Tesorería y la Superintendencia de la Seguridad Social.