Temas relevantes de las relaciones laborales contemporáneas en Venezuela

Oscar Hernández Alvarez y Antonio Romero Milano

Abogado. Doctor en Derecho. Profesor de la Universidad Centro Occidental “Lisandro Alvarado” y otras universidades nacionales. Barquisimeto-Venezuela E-mail: ohernandeza@interlink.net.ve

Sociólogo. Magíster en Ciencias Sociales. Profesor de la Universidad Centro Occidental “Lisandro Alvarado”. Barquisimeto-Venezuela E-mail: armilano54@hotmail.com

Resumen

En este artículo se analiza la situación laboral venezolana, tomando como referencia los años 1999 y siguientes. Para la mayor compresión del tema por quienes no están iniciados en la historia venezolana se incluye un capítulo introductorio, con la finalidad de plantear el contexto histórico y socio económico en que se produce el actual proceso y sus antecedentes. Se parte de la premisa de considerar el tema del empleo como un problema fundamental  del acontecer contemporáneo venezolano. Simultáneamente se hace mención al desempleo, al subempleo  y a la informalidad, como fenómenos estructurales de largo alcance, en el marco de una economía en franco crecimiento. Se abordan de igual forma los tópicos de la seguridad social, la representatividad del sindicalismo nacional y la situación del modelo de relaciones laborales que se impuso en las últimas décadas en el país. La política social del Estado en materia de empleo es descrita a partir de los casos de las misiones y cooperativas. Las opiniones de informantes calificados de la academia, del sector privado y dirigentes sindicales, complementan la caracterización esbozada sobre el país. Al final se reflexiona en torno a las perspectivas de la sociedad venezolana. Un aspecto por resaltar es la necesidad de discutir el status del modelo(s) de relaciones laborales que podría(n) adoptarse para los próximos años en Venezuela.

Palabras clave: Empleo, desempleo, subempleo, seguridad social, relaciones laborales, Venezuela.

Topics Relevant to Contemporary Venezuelan Labor Relations

Abstract

Key words: Employment, unemployment, underemployment, social security, labor relations, Venezuela.

Recibido: 03-07-07 . Aceptado: 21-07-08

Introducción

A los fines de facilitar la comprensión de este artículo para quienes no tengan una información general sobre la realidad venezolana,  hemos redactado las siguientes notas introductorias, las cuales, advertimos, tienen un carácter muy básico  y no pretenden agotar una información completa sobre el país y su evolución histórica, política y social  que en  ellas apenas se esboza.

Venezuela esta situada al norte de América del Sur, limitando con el Mar Caribe, con Guyana, Brasil y Colombia. Su territorio es de 912.050 kilómetros cuadrados y su población estimada para finales de 2007 era de 27.483.200. Su Población Económicamente Activa  para esa fecha de 2.481.584 y su Producto Territorial Bruto de 198 billones de dólares americanos.  El principal ingreso del país está constituido por la minería, especialmente por el petróleo, que representa cerca de 30% del producto Territorial Bruto y  un 48% del ingreso del Fisco Nacional.  No obstante, la importancia del petróleo no es igual en cuanto a la generación de empleo. Para 2006 las estadísticas oficiales indicaban que el sector de hidrocarburos, minas y canteras, que comprende no solamente a la actividad petrolera sino también a otras actividades mineras, ocupaba a alredor del 7% de la Población Económicamente Activa del país (INE, 2006).

    Cristóbal Colón llegó a las costas venezolanas en su tercer viaje a América en 1.498. Venezuela fue una colonia relativamente poco importante dentro del Imperio español, que sólo alcanzó a ser Capitanía General en 1.777. Dependía de la Real Audiencia de Santo Domingo. Sus principales producciones durante la colonia fueron el café y el cacao, ya que las perlas y el oro, fueron explotados exhaustivamente durante  las primeras décadas de la conquista y las existencias minerales eran mucho menos importantes que las de otras colonias españolas.

  El movimiento de independencia de la Corona española se inicia, al igual que en muchos países hispanoamericanos, en el primer semestre de 1810. La guerra de independencia se prolonga hasta 1824, fecha en que fueron  derrotados los últimos contingentes de la Armada española. Los ejércitos venezolanos, conducidos por el Libertador Simón Bolívar  e integrados no sólo por soldados venezolanos, sino de otros países sudamericanos y con algunos pequeños contingentes europeos, pelearon y contribuyeron a la independencia de los territorios que hoy constituyen las repúblicas de Venezuela, Panamá, Colombia, Ecuador,  Perú y Bolivia. En 1819, inspirada por los ideales integracionistas  de Bolívar se constituyó la República de Colombia, integrada por los actuales territorios de Venezuela, Panamá, Colombia y Ecuador. Esta experiencia fracasó el mismo año de la muerte del Libertador, en 1830 y desde esa fecha Venezuela existe como República Independiente.

    La Venezuela del Siglo XIX, desvastada por la guerra de independencia, continuó siéndolo por las numerosas guerras civiles que caracterizaron el devenir histórico del país hasta que las dictaduras de dos militares  andinos (Cipriano  Castro y Juan Vicente Gómez, 1898-1935) pacificaron y unificaron el país. A partir de la muerte del General Gómez, se inicia un proceso de modernización y progresiva apertura democrática, que encuentra soporte  financiero en la explotación del petróleo, que había comenzado  a ser importante desde  la década de los veinte. El proceso de modernización se desarrolla desde 1936 a 1958  con la alternancia de gobiernos militares y con un trienio de gobierno civil, durante el cual, por primera vez en la historia republicana, se eligió un gobierno mediante el sufragio universal, directo y secreto, el cual tuvo apenas diez meses de vida.

  En 1958 es derrocado el dictador militar General Marcos Pérez Jiménez y desde entonces hasta la fecha se han sucedido en el ejercicio del poder gobiernos electos por sufragio universal, directo y secreto. La instauración de la democracia con la elecciones de 1958 fueron acompañadas de grandes acuerdos entre los actores sociales y los principales partidos políticos que generaron lo que algunos analistas han llamado un sistema de “conciliación de elites” (Oropeza:   ) o de “concertación social” (Hernández, 1992), que sirvió de soporte a un período de cuarenta años de gobiernos  civiles que impulsaron un proceso de desarrollo económico y social  en democracia que acentuó el proceso de modernización del país iniciado en 1936, alcanzando éxitos notables en temas como la reducción del analfabetismo, el aumento de la oferta educativa, la erradicación de enfermedades endémicas, la electrificación y dotación de instalaciones sanitarias especialmente en áreas rurales,   la mejora sustancial de los índices sociales, etc. Desde el punto de vista político este proceso tuvo  como eje fundamental a dos partidos políticos: Acción Democrática (social demócrata) y  Copei  (socialcristiano) que se alternaron en el ejercicio del poder.  Este proceso de alternancia civil y democrática constituye una experiencia inédita en la historia venezolana y no muy frecuente en la región latinoamericana, que desde los inicios de su independencia  y hasta hace pocos años cuando la democracia ha venido instaurándose en la mayoría de los países, vivió una trágica oscilación entre gobiernos militares  autocráticos y débiles y anárquicos intentos de gobierno civil.

No obstante en los logros positivos de esta etapa de cuarenta  años, es necesario señalar que el modelo político fue experimentando un agotamiento que dio lugar a la profundización de vicios que lo fueron desvirtuando, tales como la corrupción, el clientelismo, la ineficacia en las políticas públicas, las fallas de representatividad dentro de partidos políticos y organizaciones sociales, la pérdida de la mística y la ética de la función pública, etc.  Este tipo de fallas, unidas a circunstancias económicas tales como las de una persistente inflación y una inequitativa distribución de las riquezas generadas por el aumento de las materia primas importadas, especialmente del petróleo, explican el deterioro del modelo concertacionista y de reconciliación de élites, el cual tuvo su primera dramática expresión en la conflagración civil conocida como el “caracazo” ocurrida en Febrero de 1989 en la capital de la República como protesta frente a la implantación de un programa de ajuste económico y posteriormente en las tentativas de  golpe de estado en 1992 contra el Presidente Carlos Andrés Pérez, quien, posteriormente a las mismas, es separado del poder por la Corte Suprema de Justicia en virtud de una orden de enjuiciamiento penal. El sentimiento contrario a la hegemonía  bipartidista vigente desde 1958 se expresa electoralmente en 1993 con la reelección del ex-presidente Rafael Caldera, quien fue fundador de uno de los “partidos del sistema” (el social cristiano Copei), pero quien participó como candidato independiente en las elecciones de ese año,  separándose de su partido y presentándose como una opción alternativa al desprestigiado modelo político predominante.

La gestión presidencial de Caldera, dificultada por graves problemas del sistema financiero, bajo precio del petróleo, altos índices inflacionarios y falta de apoyo político, especialmente en el Parlamento, no logró consolidar una alternativa válida que permitiese  preservar el  modelo democrático iniciado en 1958, mediante un “refrescamiento”  correctivo de sus múltiples fallas. Ello explica que el propio gobierno no haya apoyado ninguna candidatura presidencial en las elecciones de 1998, en las cuales el descontento popular se manifestó mediante el triunfo del Teniente Coronel Hugo Chávez Frías, quien había sido dirigente de una de las intentonas golpistas de 1992. Chávez logró un 56,2% de los votos frente a un 39.97%  de su principal contendor Enrique Salas Rommer quien había sido Gobernador del importante Estado de Carabobo  y quien también se presentaba como un disidente o reformador del sistema bipartidista.

Pocos días antes de la finalización de la campaña electoral, Salas Rommer fue apoyado por “los partidos del sistema” (Acción Democrática y Copei) los cuales, ante la evidente mayoría que las encuestas vaticinaban a Chávez,  retiraron el apoyo a sus respectivos candidatos (un viejo caudillo de Acción Democrática y por Copei, una exitosa Alcaldesa de un municipio rico de la Capital que había sido reina mundial  de belleza). Juramentado Chávez como Presidente de la República, convocó a un proceso constituyente que dio lugar a la aprobación de una nueva Constitución y a la disolución del Congreso y de la Corte Suprema de Justicia y a su sustitución por nuevos órganos de poder público en los cuales el “chavismo” logró un control preponderante.  Desde entonces, el Presidente Chávez dio inició a la denominada Revolución Bolivariana, que concita el apoyo de importantes sectores de la población, al mismo tiempo que el rechazo de otros  importantes sectores. La confrontación, en ocasiones violenta, de ambos sectores es una característica fundamental del proceso histórico venezolano de la última década.

El presente artículo, sin tomar partido a favor ni en contra del proceso político bolivariano, pretende hacer un análisis objetivo  de la situación que caracteriza las relaciones de trabajo  venezolana dentro de este contexto.

Presentación

La tesis central que sustentó esta investigación señalaba que mas allá de lo que indicaba la agenda política del país, es decir, la confrontación Ejecutivo Nacional -sectores de la oposición-; cualquiera sea el desenlace entre las fuerzas en pugna, a mediano o largo plazo, la  variable empleo-desempleo constituye un tema fundamental para la normalización de la vida nacional.  Esta variable es de corte estructural y no se avizora en el mediano plazo una salida racional y aceptable de la misma. A todo esto se agregan los cambios permanentes que en materia económica y social se han establecido desde el Ejecutivo Nacional que tienden a invisibilizar la situación del desempleo y, al mismo tiempo, a crear una atmósfera que sugiere la creación de nuevas plazas de empleo como si fuese el producto del crecimiento de la economía. Desde esta perspectiva, nos dimos a la tarea de indagar con mayor detenimiento y tratamos de sustentar el análisis en la consulta a un grupo calificado de ciudadanos que mantienen distintas posiciones políticas ante el denominado Proyecto Bolivariano. El primer punto está focalizado en revisar el tema del desempleo como una variable estructural. Este fenómeno que presenta una línea ascendente en el tiempo, también se ha ido manifestando simultáneamente con la economía no estructurada o informalidad. Existen opiniones que apuntan a identificar al desempleo, como fenómeno presente en la sociedad venezolana desde hace más de cuatro décadas.  También se dice que la razón fundamental estriba, en la incapacidad de la economía formal, de absorber toda esa masa flotante presente que de una manera u otra gravita con gran peso en la demanda de empleo. Esta fuerza de trabajo  tampoco puede ser absorbida por  el Estado.  De allí aparece el refugio de la informalidad, como una estrategia de supervivencia  de los grupos sociales más vulnerables económicamente hablando. En este escenario, el Ejecutivo Nacional ha venido diseñando en los últimos tiempos una política social de empleo poco ortodoxa, que privilegia programas de tipo asistencial que ha denominado “ misiones” sociales y, en su momento,  las cooperativas. En  razón de estos programas, se llega a identificar un desempleo abierto en el país para el año 2006 de un 10,5%, lo cual significa una disminución en relación a años anteriores.  Este descenso del desempleo parece lógico en el entorno de  una economía que lleva 14 trimestres consecutivos creciendo. También se habla del repunte de los precios del petróleo y de un incremento de las reservas internacionales, como parte de este proceso que ha atenuado el desempleo. Pero todo esto pareciera no traducirse desde el punto de vista de lo social.

Un segundo aspecto a tratar dentro de este artículo, lo ocupa el tema de la seguridad social como otro tema clave en el mundo laboral venezolano. Si el crecimiento de la economía exhibe tasas positivas, ¿Por qué esto no se refleja en lo que concierne al sistema de seguridad social? Desde hace dieciocho años los distintos gobiernos le han dado una relevancia puramente teórica al tema de la seguridad social. La seguridad social es una muestra del grado de bienestar general que una sociedad puede mostrar en un momento determinado. Su organización, administración y cobertura son consecuencias de un determinado modelo de desarrollo económico por el cual esté transitando un país, pero sobre todo, por el tipo de futuro que prefigura dicho modelo para las generaciones que cumplen el ciclo productivo de trabajo.

También existe el criterio, de que el tema central no lo constituye el crecimiento económico, sino que éste se sustenta en la voluntad política de transformar o crear un nuevo sistema de seguridad social. Aquí aparece entonces el papel de los actores sociales como impulsores de los cambios y, en especial, interesa dentro de esta investigación, hacer una caracterización de éste y de su nivel de representatividad ante el país; vale decir referirnos al caso del movimiento sindical nacional. Como tercer tema a exponer se tiene la situación del presente del sindicalismo nacional y sus respectivos liderazgos. El país pasó de haber tenido un poderoso movimiento sindical durante décadas, expresado éste en la Confederación de Trabajadores de Venezuela, CTV, a la existencia de varias organizaciones obreras y gremiales, que se disputan ese liderazgo, pero que entre  todas juntas no alcanzan el 10% de afiliación. La agenda política domina la acción de estas organizaciones, pero ninguna es capaz de conseguir un modesto aumento general de salarios, pues esta decisión las toma directamente el Ejecutivo Nacional. Lo que se conoce como mesa de negociación laboral en el país, sin duda constituye una ficción. Las movilizaciones de obreros, trabajadores y gremios que ocurrían en otros tiempos, han devenido en marchas heterogéneas de ciudadanos con intereses contrapuestos, pero unidos por un factor político, que en lo fundamental consiste en el apoyo o la oposición a las políticas oficiales.  Se tiene la impresión de la existencia, por una parte, de un liderazgo sindical tradicional desencajado del presente histórico, sin agenda social, sin capacidad de convocatoria y, por la otra, de fuerzas emergentes que tienen como característica fundamental la de organizarse alrededor de un proyecto político,  el denominado Proyecto Bolivariano auspiciado por el gobierno del Presidente Chávez,– como prioridad fundamental. Este encuadramiento de las fuerzas sindicales coloca en segundo orden los temas centrales, a saber: empleo, desempleo, informalidad, educación, salud, seguridad, vivienda, etc. Del mismo modo se ha venido dejando  a un lado, el instrumento básico de articulación entre los actores sociales, como lo son las relaciones laborales. No es un exabrupto sostener que en el presente existe una confusa idea acerca de lo que significan las relaciones laborales, en parte, por cuanto la agenda laboral la impone la confrontación política.

El equilibrio de una sociedad en términos del modelo capitalista, es producto del grado de madurez y de aceptación reciproca que demuestren los principales actores de las relaciones laborales. Estado, empleadores y trabajadores son los que hacen posible el funcionamiento de la estructura productiva y de servicios de un país. Este aspecto está reservado para su tratamiento en el cuarto punto. En Venezuela en los últimos años, el diálogo tripartito se debilitó considerablemente. Hay quienes sostienen que el mismo no existe. También se señala que las iniciativas empleadoras de los programas asistenciales oficiales denominados “Misiones”, así como las de las  cooperativas y las que se desarrollan en los  proyectos  de cogestión impulsados por el Gobierno, están concebidas para la creación de un modelo de relaciones laborales alterno al que funcionó previamente a la Constitución Bolivariana de 1999, es decir  durante el período que en el lenguaje oficialista se llama Cuarta República¹. El anuncio de un Proyecto Socialista del Siglo XXI, en el marco de unas relaciones sociales de producción capitalistas que continúan intactas, crea confusión en relación a la concepción y al  funcionamiento en la práctica del sistema de relaciones de trabajo.

1. Empleo-Desempleo en Venezuela

Mediante una investigación intitulada “Dilemas de la situación laboral venezolana” iniciada en el año 2005, seleccionamos, lo que en nuestro criterio constituían, los cinco (5) ejes fundamentales que conforman el ámbito laboral del país. A saber: empleo–desempleo, informalidad, seguridad social, representatividad y modelo(s) de relaciones laborales. En la versión original consignada al CDCHT, partíamos de considerar el tema de lo laboral en Venezuela, como un elemento fundamental para la comprensión de todas las instancias y colectividades que en el país se asientan. Para aquel entonces, se señalaba que la coyuntura histórica de Venezuela, se caracterizaba por una alta complejidad, inédita, difícil de comprender y explicar. Situación que seguimos pensando que no ha variado, en especial, cuando de lo laboral se trata. Desde esta perspectiva se tenía y, se sigue teniendo, la siguiente premisa de reflexión: “Lo laboral se ubica en el epicentro de la coyuntura nacional, mas allá de las manifestaciones que la confrontación política-ideológica pretende conferirle”. En tal sentido se advertía, percepción que retomamos en el presente, “que la resolución de la denominada crisis del país, estaba condicionada en buena parte a lo que se hiciese o dejara de hacer en el campo de lo laboral”. A partir de este señalamiento, la variable empleo-desempleo en el país, ocupó nuestra primera tarea de reflexión teórica. El desempleo-desempleo-informalidad, actúa y, viene haciéndolo desde décadas, como una  variable fundamental de todo cuanto acontece en el país. De ella irradian factores que condicionan el comportamiento de los principales segmentos que conforman el sistema laboral de la sociedad venezolana. Del tipo de tratamiento y abordaje que se le ha dado a este trinomio, bien sea por el Estado o por el sector privado, devienen nuestras fortalezas o debilidades como sociedad. Importante es señalar que la interpretación de este fenómeno obliga, en muchas oportunidades, a no perder de vista otras variables como el desempeño de la economía, los proyectos políticos y la denominada economía no estructurada, esto es,  el mundo de la informalidad. Tenemos, en consecuencia, tres realidades que se conjugan y se confunden para dar lugar a la configuración del ámbito laboral venezolano: empleo, desempleo e informalidad, siendo posible señalar que existe un segmento importante de la PEA que se desempeña en condiciones de subempleo, el cual se ubica tanto en el sector formal como en el sector informal de la economía.

Es importante recordar la dinámica que ha tenido el desempleo en períodos anteriores, porque ella pone de manifiesto que estamos ante un fenómeno de carácter estructural. Fenómeno este que se vincula, sin lugar a dudas, al comportamiento del sector informal o economía no estructurada, según la versión de la Organización Internacional del Trabajo, OIT. Hace 14 años, 1993, la tasa de desempleo abierto en Venezuela se ubicaba en un 6,6%. Tal vez una cifra baja. Pero cuando se tiene simultáneamente para ese mismo año una informalidad en el orden del 40%, entonces debemos orientar la reflexión en otra dirección y preguntarnos: ¿Por qué era tan abultada la informalidad del país para ese momento, casi la mitad de la población económicamente activa, sumergida en actividades de baja productividad? Los años posteriores a 1993 nos indican una tendencia en el alza de estos dos aspectos que corroboran el carácter estructural de tales fenómenos. El siguiente cuadro ilustra el fenómeno en cuestión.

Como puede observarse, se trata de dos fenómenos de acentuado crecimiento en el tiempo que revelan la incapacidad, tanto del Estado como empleador y del aparato productivo privado, de absorber a tan importante volumen de personas en sus respectivas instancias. Empleo y subempleo que casi acaparan a las 3 cuartas partes de la PEA desde el año 1993 al 2003.  A partir del año 2004 la sumatoria de ambos fenómenos sufre un descenso, pero sigue afectando más de la mitad de la población.  El descenso de la tasa de desocupación de los últimos tres  años parece tener una explicación tanto en el incremento del número de beneficiarios de los programas asistenciales denominados “misiones”, que son considerados estadísticamente como ocupados aun cuando no desempeñen un papel activo dentro del sistema productivo²,   como en el importante número de personas incorporadas al trabajo por las cooperativas. Es de señalar en estas actividades no existe cobertura social, ni contratación colectiva y mucho menos organización sindical (Hernández y Romero, 2005:5).

Evolución de indicadores de la fuerza de trabajo (1993-2006)

En este escenario se consultó la opinión de un selecto grupo de venezolanos respecto a la percepción que ellos tenían sobre el particular. La pregunta guía estuvo formulada de la siguiente manera: ¿Cómo Ud. caracterizaría el fenómeno del desempleo en Venezuela, el cual ya tiene más de 15 años en ascenso?

“Creo que el fenómeno tiene mas de 15 años gravitando en el mercado laboral del país. Se trata de una estructura que viene conviviendo desde hace más de 40 años con el fenómeno de la informalidad. Existe una fuerte presencia de la informalidad con todas sus variantes, lo cual se viene agravando desde la década de los 80 por el deterioro de la economía en general. A esto se agrega la caída del salario real, el cual está por debajo de lo que ganaba un peón de la construcción en los años cuarenta” (Francisco Iturraspe. Profesor Asociado de la UCV. Laboralista. Mayo. 2005).

Para mi se trata de una tendencia histórica que ya tiene de unos 30 a 40 años en movimiento. Esto tiene que ver, el desempleo e informalidad, con el agotamiento de la capacidad del sector estructurado o economía informal para generar puestos de trabajo. Todo esto se ha complicado por la imposición de las políticas macroeconómicas globales, llámense estas, apertura de fronteras, disminución de barreras arancelarias e impacto de las nuevas tecnologías” (Jacqueline Richter. Profesora Agregada. UCV. Doctorante de la Universidad Autónoma de Barcelona. Junio 2005).

Desde otra perspectiva la interpretación del fenómeno referido adquiere otras tonalidades. En este caso se incluye la visión desde el mundo sindical.

“Desde la Confederación de Trabajadores de Venezuela, CTV, se tiene la idea de que en Venezuela no hay una política de generación de empleo. Por el contrario, es una política de quiebra permanente de empresas, Desde el año 2000 hasta el presente, 6000 empresas pequeñas y medianas han cerrado. De un millón de cesantes que teníamos en 1999, en este momento tenemos una tasa de desempleados que supera los 2 millones...esto lo que ha hecho es aumentar el índice de trabajadores informales” (Dick Guanipa. Miembro del Comité Ejecutivo de la CTV. Septiembre 2005).

“El actual gobierno tiene una inmensa suma de dinero proveniente del petróleo y, en lugar de solucionar los males que aquejan a la masa trabajadora, se va por una política clientelar. No existe una política de creación de empleos productivos, sino una política de la inmediatez. Allí tienen las misiones, las cooperativas o los reservistas. Es cierto que generan más consumo, pero hasta cuando durarán estos recursos...Los ferrocarriles, los trenes, pueden generar empleos, sin embargo lo que se observa son personas barriendo las autopistas (Gregorio Salazar. Presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa. SNTP. Septiembre 2005).

Cuatro enfoques de interpretación de un fenómeno pero que muestran un elemento convergente: El desempleo abierto y su heredero directo, el sector informal, ocupan un eje central en la vida económica y social del país. Sus impactos en todo el tejido de la sociedad venezolana resultan inocultables. Un ejemplo de ellos se tiene en el poder adquisitivo del salario mínimo. El mismo  es objeto de aumentos anuales. En  2005 fue aumentado a 405.000 bolívares mensuales  y se puso fin a la distinción salarial entre trabajadores urbanos y rurales. No obstante, para ese mismo año, la familia venezolana recibía menos de dos salarios mínimos, lo que implicaba que una familia promedio no podía cubrir la Canasta Básica normativa, lo cual comporta que, pese a los aumentos constantes de salarios mínimos,  buena parte de la población vive en condiciones de pobreza, lo cual se explica, entre otras cosas, porque Venezuela tiene el índice inflacionario más alto de la América Latina. Un analista señalaba  que para ese año 2005 un 43,09% de hogares venezolanos vivían  en condiciones de pobreza extrema (Wyssembach, 2006: 70). Las estadísticas oficiales arrojan porcentajes más bajos, pero que siguen siendo considerables.

En los cuadros siguientes se muestran tanto las cifras oficiales como las levantadas por el Programa de Estudios sobre la Pobreza en Venezuela de la Universidad Católica Andrés Bello. Más allá de la diferencia, que ofrecen una y otra fuente, hay un hecho objetivo, cual es, que el fenómeno de la pobreza en Venezuela sigue siendo importante, no obstante el elevado incremento de los ingresos petroleros del país  en los últimos años (el precio promedio del petróleo producido por Venezuela pasó de  siete a  más de cien dólares americanos por barril. La producción promedio se encuentra alrededor de dos millones doscientos mil barriles diarios).

Ante el panorama de alza en el desempleo y la informalidad, el Ejecutivo Nacional  ha venido ejecutando su política de empleo, la cual le confiere a las misiones y cooperativas el mandato de absorber a toda esa masa de personas flotantes que no podían acceder al mercado laboral formal. Exhibidas ante el país como parte de una política social de Estado, estas estructuras, una especie de “Estado paralelo”, se concentraron en áreas como la salud, vivienda, transporte, economía social, capacitación para el deporte, cultura y deporte. En cuanto a las cooperativas³ como receptoras de mano de obra se las vinculó al conocido proyecto de cogestión. Esto es, la recuperación o compra de ciertas empresas nacionales, administradas en combinación con sus antiguos propietarios o bajo la tutela absoluta de los nuevos cooperativistas. Importante es mencionar que estas cooperativas, en tanto políticas de empleo, han surgido en buena medida estimuladas desde el propio Estado y financiadas con dinero público. No han sido el producto de la iniciativa de las personas que las componen. Este hecho por supuesto que no invalida, en modo alguno, el rol positivo que puedan  tener las cooperativas como fuentes de empleo. El empleo que así se genera, bueno es advertirlo, no es un  empleo bajo la óptica de la solidaridad espontánea, sino un empleo asalariado bajo la tutela del Estado. En este sentido Héctor Lucena observa:

Fuente: Oficina Central de Estadística e Informática, OCEI, /Instituto Nacional de Estadística, INE.

Comparación entre Niveles de Pobreza INE-UCAB Nivel Hogares, Primer Semestre de cada Año (Porcentajes)

1S= Primer Semestre, 2S= Segundo Semestre.

* Los indicadores de pobreza se calculan según ingreso total de los hogares: ingresos por trabajo más ingresos por otros conceptos diferentes al trabajo.

** Estimación. Supuestos:

Hipótesis (IIES-UCAB): el ingreso per cápita aumenta en 21% desde el primer semestre 2004 al primer semestre de 2005. Este es el incremento del Índice de Remuneraciones del BCV.

Fuente:

- Cálculos IIES-UCAB.

- INE, “Encuesta de Hogares por Muestreo” y “Estimaciones del Costo de Vida”.

- CISOR. “Procesamiento Especial de la Encuesta de Hogares por Muestreo para IIES-UCAB, Primer Semestre 1975 a 1997”. Julio de 1998.

- Ramadas, K., D. van der Mensbrugge y Q. Wodon (2002). “SimSip Povery: Poverty and Inequality Comparisions using Group Data”. World Bank, Washington, DC

“Cuando en un país se pasa en apenas pocos años de 2.500 cooperativas en el año 2000 a mas de sesenta mil, apenas cuatro y medio años mas tarde, es un fenómeno relevante y significativo, pero también riesgoso para esta institución” (2007:73).

Es de advertir que el auge de las cooperativas encontró un tope desde que el Presidente Chávez anunció en su programa televisivo que este modelo se abandonaría para dar paso al de las empresas socialistas.

Al plan de empleo que viene ejecutando el Ejecutivo Nacional se le han venido añadiendo otros elementos. Otros apellidos u otros sustantivos. Vemos como se introdujeron el desarrollo endógeno⁴, la cogestión, economía social-popular, y el que más ha desatado polémicas nacionales, el enunciado del Socialismo del siglo XXI, acompañado del ideal Bolivariano. Sobre esta materia mucho se ha dicho y escrito. Oficialmente no se ha establecido el concepto de lo que se entiende por Socialismo del siglo XXI, en especial al tema de los medios de producción y el trabajo, en tanto componentes esenciales de la teoría marxista. En consecuencia se tienen apreciaciones tales como: “...en el socialismo se modifica profundamente la lógica del mercado y se tiende a destruir las cadenas de la alineación que se crean cotidianamente” (Posani, 2005:6). Para otros el Socialismo del siglo XXI debe girar alrededor de lo colectivo y de la intensificación de la organización, sin apartar al individuo como ser creativo (Estacio, 2005:5). También es entendido como un estado de desarrollo deseado de la sociedad, caracterizado por la igualdad entre las personas... y se afianza en la propiedad social (colectiva) de los medios de producción como garantía de una progresiva distribución de la renta nacional (Finol, 2005:9). Algunos le añaden al Socialismo del siglo XXI una suerte de raíces étnicas al señalar que se trata de una triple espiritualidad que conduce a la tolerancia (indígena, africana, cristiana); y a su vez, con el pensamiento ecológico-consustanciado con el desarrollo endógeno (Soto, 2005:29).⁵

Mientras la dinámica del país continúa, en términos de generación de empleos por la vía de las misiones y las cooperativas, así como el comportamiento del desempleo y la informalidad siguen presentando síntomas preocupantes; otros elementos del ámbito laboral venezolano parecieran haberse estancado o diferidos en el tiempo como materias de la política social del Estado. Nos referimos en lo particular al caso de la seguridad social.

2. La seguridad social: otro tema laboral

Nos gustaría dar inicio a este punto, a los efectos de ubicar al lector respecto al estado actual de la seguridad social en Venezuela, transcribiendo la percepción que sobre la materia expone un calificado experto como lo es el Dr. Luis Eduardo Díaz, profesor Titula de la Universidad del Zulia, LUZ. Estas son sus observaciones:

“En la realidad, se desarrolla un paralelismo entre la seguridad social formal, incompleta y compleja, tal como está planteada, y políticas asistenciales masivas que se traducen en percepciones salariales equivalentes o cercanas al salario mínimo urbano o servicios médicos ambulatorios al margen del seguro social contributivo. La seguridad social y la reforma emprendida, se encuentra en un punto muerto y cubierta de inconsistencias. No existe equipo de gobierno para el cambio y es previsible otra reforma debido a las dificultades para instrumentar la actual” (Febrero de 2006).

Durante los años 2004 y 2005 fueron materia de análisis, una serie de instrumentos jurídicos por la AN, algunos de los cuales aún están  pendientes por su aprobación. La Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social (LOSSS) está pensada en términos de una mayor protección y cobertura para toda la población. Durante el año 2005 se aprobaron las leyes del Régimen Prestacional de Vivienda y Hábitat, del Régimen Prestacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (Ley de Reforma de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo), del Régimen Prestacional de Empleo y del Régimen Prestacional de Servicios Sociales al Adulto Mayor y Otras Categorías de Personas (Ley de Servicios Sociales). (Ídem:72). Están pendientes por aprobarse la Ley del Régimen Prestacional de Salud y la del Régimen Prestacional de Pensiones y otras Asignaciones Económicas (PROVEA, 2005:71). Pero más allá de todas estas iniciativas, continúa la incertidumbre de lo que sería el modelo de seguridad social para las futuras décadas en el país. Para algunos especialistas el estancamiento de la seguridad social obedece a factores políticos. Absalón Méndez Cegarra, profesor titular de la UCV, así lo advierte:

“No existe en el país voluntad política alguna y liderazgo para emprender una reforma plena de las instituciones de la seguridad social que haga posible que toda persona, sin discriminación, tenga derecho a la seguridad social. Cada día, según se observa, esta posibilidad de ejercer el derecho constitucional a la seguridad social se hace más remota...” (Ídem:74).

El acento conferido, desde el punto de vista ideológico-partidista, al tema de la seguridad social se ha convertido en un serio obstáculo, que no permite que otras leyes sean aprobadas. También habría que agregar que el peso que ejercen el desempleo y la informalidad, imposibilitan que vastos sectores puedan acceder, por ejemplo, al Sistema de Previsión Social. Con un salario mínimo devaluado y la existencia de un 43,9% de hogares en situación de pobreza extrema, lo único factible es un sistema de subsidio por parte del Estado que podría significar montos inimaginables. Lo que advierten los especialistas, es que el  cotizante venezolano no tiene la capacidad de participar en el actual sistema y, mucho menos, si se piensa en otros escenarios para los próximos 10 años. Esta situación se observa entre el número de potenciales cotizantes y los futuros beneficiarios.

“Partiendo de las proyecciones de población por grupos de edad del INE, la relación entre potenciales contribuyentes-población entre 20 y 60 años -y potenciales beneficiarios- población de 60 años y más -, lo cual es un indicador del cociente de dependencia, debe pasar de 7,5 a 1 en el año 2001 a 5,2 en el 2015. Esto indica que la dinámica demográfica esperada requeriría de incrementos importantes en la tasa de cotización o de crecientes contribuciones fiscales para sostener financieramente al sistema en sus condiciones actuales...” (Muñoz, 2005:397).

Como puede observarse el tema financiero resulta clave en lo que a previsión social se refiere. A ello debe agregarse, el natural envejecimiento de la población y, como se apuntaba en líneas anteriores, el aumento de la tasa de desocupación coloca al margen de este derecho a muchos ciudadanos. Un caso de preocupación se tiene en la cobertura que ofrece el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. A pesar de haberse elevado en el año 2005 el gasto social en un 23,8%, tan solo un 9,5% de la población está asegurada. La población asegurada en el IVSS respecto a la PEA en el año 2005 alcanzó un 20,5%. Este monto es bajo respecto al 35,8% de población asegurada que existía en 1993. Finalmente la población beneficiaria del IVSS (que incluye, además de las personas aseguradas, a sus familiares) respecto a la población total del país, para el año 2005 es de tan sólo el 38,3% (Wyssembach, 2006:69). Lo antes expuesto y, por un simple procedimiento matemático, nos indica que un 61,7% de la población venezolana se encuentra excluida de este derecho social⁶. Es un grave contraste para una economía que exhibe un crecimiento anual del 9% y con unas reservas internacionales de 33 mil millones de dólares.

La bonanza que se observa en el consumo, no se traduce en beneficio en materia de seguridad social. Es cierto que el morbo de la corrupción y el aparato burocrático han hecho del IVSS un ente inmanejable. Pero no hay que olvidar que el venezolano ha tenido una cultura positiva ante este organismo, y que siempre ha tenido la expectativa de que el mismo mejore en su servicio y cobertura. La pensión de vejez, homologada al salario mínimo nacional, sigue constituyendo una esperanza para el conjunto de la población. Todo este esfuerzo se viene erosionando, entre otras causas, por el no cumplimiento en los aportes que por ley está obligado tanto el Estado como el patrono privado. Pero el asunto no se limita al caso exclusivo del IVSS, en cuanto al aporte patronal. Este es uno de los factores que ha contribuido al debilitamiento de este organismo nacional como otro componente de la seguridad social. Visto en perspectiva el tema de la seguridad social obliga a focalizar la acción en lo atinente al empleo. Proteger en términos globales al empleo, es lo que efectivamente puede garantizar el que el mismo pase a ser un hecho concreto. Así lo describió un empresario venezolano que nos opinó  sobre el tema:

“Debemos partir de la siguiente idea: darle un justo valor al empleo formal. De allí arranca el círculo ascendente de hacer que un país se desarrolle. Cuando se pone todo el empeño en la formación del trabajador, en su educación, obviamente que aumenta la productividad de la empresa. Esto trae una consecuencia lógica, y es que tendremos mas recursos para invertirlos en la salud, y podremos garantizar en el futuro, una justa pensión de vejez para todo aquel ciudadano que haya cumplido con su ciclo de vida útil como trabajador. La garantía para que exista un sólido sistema de seguridad social, radica en la protección que debemos hacer al trabajo formal” (Enrique Machado. Presidente de SIVENSA. Sept. 2005).

Siguiendo esta premisa como norte, es decir, darle toda la protección y blindaje que requiere el trabajo como un derecho humano, es importante detenerse en lo que a higiene, seguridad y condiciones se aprecian, al interior de un número importante de empresas y establecimientos en el país. Para ello la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (LOPCYMAT), resulta de un instrumento legal de obligada referencia, aun cuando, por lo que muestran algunos datos oficiales, se sigue observando una omisión patronal -pública y privada- en el cumplimiento de dicha ley. De acuerdo al Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales (INPSASEL), durante cada hora del año 2004 se produjeron 32 accidentes laborales. Esto significa más de 700 accidentes diarios. De éstos, el 10% generaron discapacidad equivalente a 27.600 trabajadores, y cerca del 1% ocasionaron  la muerte de las víctimas, vale decir, alrededor de 2.760 trabajadores (PROVEA, 2005: 102). El mismo instituto reporta en su informe correspondiente al año 2006 la existencia de 43.363 accidentes; 41.236 han sido leves y 280 mortales. Entre enero y abril ocurrieron 12.056 accidentes. Es de observar que una de las causas del gran aumento estadístico de los accidentes, es que la LOPCYMAT reformada en 2005 enfatiza la obligación de denunciar al INPSASEL los accidentes y establece severas sanciones a aquellos empleadores que no lo hagan. Sobre este particular, la caracterización que hace el Dr. Francisco González, ex-presidente de INPSASEL, es una contundente alerta:

“En materia de seguridad, higiene y condiciones laborales estamos ante un problema grave...históricamente grave. Desde el año 1976 cuando vino a Venezuela una misión de la OIT, en el informe que éste grupo de expertos redactó sobre el caso de Venezuela, recomendó declarar en situación de emergencia las condiciones de seguridad y salud ocupacional en el país... Para ese momento no existía en Venezuela ni una Ley o un organismo rector que atendiera estos casos. La actividad del Estado sobre esta materia era dispersa y sin coordinación alguna. Durante el 1er gobierno de Carlos Andrés Pérez se nombra una comisión presidida por el Dr. Emilio Cañizales Guedes, la cual recomienda que se redacte una ley específica. En el año de 1986 se aprueba la ley, pero todo es letra muerta por las presiones de FEDECAMARAS... Pero después de haber retomado el tema y con el apoyo de las universidades y sindicatos, y, en el marco de un nuevo escenario político, creo que continúan las razones como para declarar en emergencia el tema de la higiene y seguridad ocupacional en el país... Las condiciones de trabajo son precarias y un gran desconocimiento por parte de los trabajadores de sus derechos fundamentales, incumplimiento por parte de los empleadores, comenzando por el sector público. Vemos con preocupación todos estos temas en la pequeña y mediana industria...” (Febrero de 2006).

Expuesto de esta forma, trataremos de abordar la actuación sindical, como elemento importante, dentro de lo que hemos tipificado como un tema clave  del mundo laboral en el país. Una acción sindical y unas centrales que parecieran haber perdido la brújula, con unas prioridades en el campo de la política y no dedicados a sus actividades naturales.

3. Sindicatos, Centrales y Liderazgo

El tema sindical en Venezuela presenta muchas aristas. La interpretación que pueda hacerse del mismo  en el presente, no es una tarea de fácil desempeño. En el tema de la representación de los trabajadores convergen los sindicatos de base, las conocidas centrales sindicales y federaciones, y los liderazgos que a diario reseñan los medios de información. Todos los anteriores hacen vida cotidiana en un espacio dominado por el factor político. La confrontación de intereses y visiones que vive el país desde el año 1999, momento en el cual asume la presidencia Hugo Rafael Chávez Frías, ha sido el elemento que más han socavado el mundo sindical venezolano. La agenda reivindicativa laboral quedó en un segundo plano. La confrontación política ocupa un lugar central cuando de acción sindical se trata. Obreros, trabajadores, empleados y profesionales, indistintamente de sus simpatías políticas, no se ven reflejados en sus respectivas organizaciones sindicales o gremiales. Los que en el pasado fueron tildados de ejercer un sindicalismo corporativista, hoy le endilgan a las fuerzas afectas al Proyecto Bolivariano, el mismo calificativo.

“La situación que vive el sindicalismo venezolano, hoy es altamente interesante. Se tiene por un lado un sindicalismo estatista, un sindicalismo corporativista, que está al servicio del Estado y al servicio del gobierno… El sindicalismo cetevista por su parte, es la expresión de la pluralidad de fuerzas políticas. En la CTV hacen vida AD, COPEI, la Causa R, es decir el nuevo sindicalismo, Bandera Roja, el movimiento socialcristiano representado por Carlos Navarro… Desde esta perspectiva se reconstruirá el sindicalismo cetevista, desde los conceptos de autonomía y de independencia sindical” (Dick Guanipa. Miembro del Comité Ejecutivo de la CTV. Septiembre, 2005).

En el otro extremo se encuentra la Unión Nacional de Trabajadores, UNT, la cual surge en los primeros años de gobierno del Presidente Chávez. En ella existen cinco tendencias. Sus figuras mas representativas vienen a ser Marcela Máspero (Corriente Colectiva de Trabajadores en Revolución, CTR) y Orlando Chirinos (Corriente Clasista, Unitaria Revolucionaria y Autónoma, CURA). Desde la UNT señalan tener 1.700.000 afiliados, así como el control de 25 federaciones, que representan al menos el 80% de sus afiliados⁷. La percepción de Orlando Chirinos ante el tema de la representatividad sindical y el reclamo constante por parte de la CTV de ser la central mas grande del país, queda resumida de esta manera:

“Hemos conseguido documentos que demuestran que la CTV ahora no tiene ni 300.000. Como un intento de justificar su colapso, dicen que el Presidente Chávez los ha aplastado… Hay una verdadera revolución sindical, una revolución en la base, cuya expresión más clara es la UNT. Un dato significativo: aquí en Carabobo (uno de los principales centros industriales y obreros del país) hubo 27 referendos sobre los convenios colectivos y la UNT ganó 22 de ellos” (23/04/05).

Este tipo de polémicas, en cuanto al número de afiliados, tanto por la CTV y UNT, y en consecuencia, en términos de quien es más representativa, se repiten cada vez que se aproxima la Asamblea General de la OIT en Ginebra, y como bien se conoce, debe existir un pronunciamiento oficial en torno a cual central sindical encabezará la delegación que represente a Venezuela. La guerra de cifras y de afiliados no cesará por un buen tiempo. No obstante, las cifras oficiales hablan de un total de 1.157.310 trabajadores afiliados a la UNT y de 306.000 trabajadores que respaldan a la CTV⁸. En cualquiera de los casos, el debate en torno a la representatividad sindical no puede limitarse a la elemental exhibición de cifras de afiliados por cada una de estas centrales. El tema de la legitimidad y representatividad trasciende el umbral de las estadísticas. Lo irremediablemente cierto, es que el sindicato nacional y su liderazgo, sea éste el que acompañó al proyecto de la CTV y el que hoy representa la UNT, se encuentran desencajados del presente tiempo histórico. No es temerario señalar que en el primero de los casos, su accionar es consecuencia del apoyo irrestricto recibido por los principales medios de información que disienten del Proyecto Bolivariano. Respecto al segundo, su presencia ante la opinión pública, es el producto del indiscutible liderazgo político del Presidente Chávez. Si los medios de información privados en Venezuela y el presidente Chávez, decidiesen al unísono, distanciarse de estas dos centrales sindicales, otra sería la historia. Puede que este señalamiento sirva para una hipótesis de investigación futura, pero no es menos cierto que, mientras continúe la confrontación política en el país, ambas centrales sindicales seguirán siendo oxigenadas por sus respectivos mentores⁹.

También es importante recordar que el desgaste del sindicalismo tradicional, es consecuencia de la crisis institucional que viene experimentando el país en los últimos años. Este proceso de descrédito de los partidos tradicionales y, de instituciones hoy desaparecidas como el Congreso Nacional, las Asambleas Legislativas o los Concejos Municipales, también involucró a la CTV. A esta central sindical se la identificó, como parte del liderazgo que ejerció durante décadas  la hegemonía política y cultural en todo el territorio nacional. La estrecha vinculación de esta dirigencia sindical con los factores de poder resultaba inocultable. En alguna oportunidad, un connotado sacerdote jesuita del país, advertía que era más fácil llegar a ser Presidente de la República que presidente de la CTV. Fue tanto el poder político y económico que la CTV concentró, que terminó siendo una especie de corporación del Estado venezolano. Como bien lo sintetiza Francisco Iturraspe, cuando se refiere a la influencia de la CTV dentro de los factores de poder durante décadas en el país: “El Presidente y el Secretario General de la principal central sindical, por ejemplo, comenzaron a tener teléfonos interministeriales, ¡Como si fueran ministros!” (2002: 453).

De lo anteriormente  expuesto podría también suscitarse una interrogante: ¿No está la UNT reeditando el papel representado por la CTV, como elite de poder, en una nueva circunstancia política-económica de Venezuela? No creemos que resulte una tarea fácil la construcción de un movimiento sindical en apenas tres años que se erija como alternativa al liderazgo tradicional personificado en la CTV.  Es probable que se beneficie de un conjunto de atributos y recursos oficiales. Es factible que la aprobación y apoyo que les brinda el Presidente Chávez, les depare unos cuantos éxitos, pero su fraccionamiento interno es de tal magnitud, que hasta la fecha, la UNT no ha podido celebrar sus elecciones internas a los efectos de conformar su Junta Directiva. Cuando el Ejecutivo decidió convocar el referéndum sindical en el año 2001, los dirigentes gremiales que subscriben el Proyecto Bolivariano no tuvieron la suficiente capacidad de convocatoria como para anotarse una victoria contundente, similar a las que el presidente Chávez ha obtenido en los nueve años que tiene en Miraflores. “El fracaso fue total, tanto para el gobierno como para la misma CTV: sólo un 22% de la población acudió al llamado” (Hernández y Romero, 2005:6). Fue este hecho el que le mereció al Ejecutivo Nacional una denuncia ante la OIT por intromisión y violación de la libertad sindical. -Convenio No. 87 sobre la Libertad Sindical-. En síntesis, no se avizora un crecimiento de la UNT como fuerza sindical autónoma que pueda llenar el vacío por la CTV.  Su capacidad de movilización está ligada al liderazgo que ostenta el Presidente Chávez y, mientras que ese sea su base de sustentación, no podrá ejercer con libertad el genuino rol de intermediario, entre los que dice representar y los empleadores nacionales, sean estos últimos públicos o privados. Mientras que la pugna por quien en la práctica es más representativa entre la CTV y la UNT, el país sigue su curso y los trabajadores empleados y, también desempleados, están a la espera de que un cambio en sus niveles de vida mejore. La agenda política domina el quehacer cotidiano de estas dos centrales sindicales y, por lo tanto, las necesidades mas sentidas de la población, como lo es el empleo, la vivienda, la salud y la educación, siguen diferidas en su tratamiento y resolución. Incluso la política oficial en materia de creación de empleo no ha sido lo suficientemente analizada por estas centrales sindicales. Un caso particular se tiene con las cooperativas, que si bien contribuyen a descender las tasas de desempleo abierto, no es menos cierto que las mismas no garantizan ningún tipo de beneficio socio-económico, así como tampoco contemplan la creación de sindicatos.

En tal sentido debe preocupar…

“...Que desde el Estado se practique y generalice este mecanismo de contratación de personal, por tratarse de mecanismos que vulneren no solo los derechos laborales de estas personas, sino que atenten contra las leyes de contratación de personal en el Estado... Es posible que esas modalidades se usen para encubrir patrones discriminatorios, en la contratación por parte del Estado y particulares. Además, esta forma de contratación debilita a la organización sindical de los trabajadores” (PROVEA, 2005:94).

Un problema que llama la atención es que en los sectores en los cuales el Gobierno Nacional ha estimulado la ocupación, como lo fueron las cooperativas y lo siguen siendo los programas sociales denominados “Misiones”, se emplean formulas desreguladoras, ya que en los mismos no se aplica la Ley Orgánica el Trabajo. En estos casos la contratación de personas al margen de lo establecido en las leyes del país, pueden estar creando expectativas en torno a específicos beneficios socio-laborales. Estas iniciativas del Estado como parte de una política social, indiscutiblemente que han tenido un impacto positivo en sus beneficiarios directos, pero queda la duda en cuanto al estatus de las personas que se contratan. ¿Bajo que régimen de contratación estarán en el futuro estos funcionarios de las referidas misiones? Este es un tema que merece especial atención para su estudio.

Un último aspecto sobre la representatividad sindical en el país y las mejoras obtenidas por la población en materia laboral, el Ejecutivo Nacional ha promulgado ciertas medidas como la homologación de las pensiones con el salario mínimo, así como el aumento de este, sin que nada de ello fuese producto de la acción sindical. Así se tiene que los trabajadores rurales hayan sido equiparados a los trabajadores urbanos respecto al salario mínimo, los conserjes también se equiparan con mas de 20 trabajadores e igual tratamiento recibieron los trabajadores domésticos, sin importar si viven o no en la vivienda (SIC, 2005: 240). De igual forma decidió subsidiar aquellos ciudadanos que no habían completado las cotizaciones requeridas para acceder a la pensión por vejez. En reiteradas oportunidades por la vía de decretos ha prolongado la inamovilidad laboral. Los programas de cogestión y la nacionalización de la CANTV, entre otras medidas, han sido tomadas de manera unilateral. Esto indica que en buena medida, la Presidencia de la República cabalga sola en cuanto a reivindicaciones laborales sin el concurso de los sindicatos y las centrales sindicales. Desde este ángulo, quien recibe un beneficio socio-laboral brinda su agradecimiento al Presidente Chávez, no al liderazgo sindical. Cabe preguntarse ¿Esta unilaterización de las políticas sociales  representa el fin de la negociación tripartita o del modelo de relaciones laborales que caracterizó a la denominada Cuarta República? sobre este aspecto versa el siguiente punto.

4. Relaciones Laborales en Venezuela, presente y futuro

Vamos a iniciar este punto con una precisión conceptual respecto a las relaciones laborales en general. Luego trataremos de describir el comportamiento de las mismas en los últimos tiempos en el país.

Un primer punto refiere a la ubicación del trabajo como un hecho social histórico, como el ordenador fundamental de la vida humana. El trabajo como un hecho global, diferente del empleo, a partir del cual se materializan los elementos que sustentan en la práctica a toda relación laboral. Relaciones laborales condicionadas a un tipo de estructura económica, a una historia vivida, a una cultura y sus valores -ética y religión, y a unas formas políticas que le dan un perfil a una sociedad- democracia, dictadura, fascismo, socialismo, comunismo, formas híbridas, etc.-. En consecuencia, es dentro de estas variables que un modelo o modelos de relaciones laborales, se estructura para dar lugar al funcionamiento de todo el proceso productivo de una sociedad. En esta dinámica cada actor -Estado, empleador y trabajador- tiene un rol específico que cumplir. Relaciones laborales que funcionan en base a normas.

“... y mecanismos de regulación colectiva de las relaciones contractuales o de empleo... Las relaciones laborales se refieren al conjunto de procedimientos y reglas, formales e informales, de cómo una sociedad capitalista predominada por el trabajo asalariado se regulan, entre otros aspectos, salarios, tiempos de trabajo, condiciones de contratos de empleo, protección en seguridad e higiene en los puestos de trabajo, derecho de negociación colectiva y de huelga, participación de los trabajadores en las empresas, derechos de trabajadores y de empresarios de formar agrupaciones de intereses” (Pries, 2002:11).

Como puede verse, en teoría, las relaciones laborales hacen posible el funcionamiento de toda la estructura económica que sustenta a la sociedad, obviamente, como todo un proceso histórico en permanente construcción (Lucena, 2005:134). Toda esta articulación de distintos factores se produce en el marco de una alta complejidad de intereses -económicos e ideológicos-, en donde el conflicto y el consenso intervienen de manera permanente. De la forma que adquieran unas relaciones laborales o un modelo de relaciones laborales, dependerá en buena parte todo el funcionamiento de la sociedad. En el caso de Venezuela, las relaciones laborales que se establecieron en la últimas cuatro décadas (1958-1998), estuvieron marcadas por un equilibrio relativo, en el marco de una democracia representativa, sostenida por la renta petrolera. El consenso político-ideológico de esa sociedad que emerge después de la dictadura militar (1948-1958), dio lugar a que se estructuraran unos nexos entre trabajadores empleadores y Estado que permitieron el funcionamiento del país. Una hegemonía que se extendió al resto de toda la sociedad, en donde el peso de la acción sindical de la CTV, en tanto operador político del partido social demócrata  Acción Democrática y del partido socialcristiano COPEI, resultó clave para el mantenimiento de todas las instituciones.

Para comenzar, el diálogo Estado, sindicatos y empleadores, quedó silenciado. Por lo tanto el tema laboral se define y se asume de manera unilateral desde el Ejecutivo Nacional. Todo esto se produce en el marco de una sociedad capitalista, en donde no se han alterado ni las relaciones sociales de producción ni el resto de las instancias propias de un sistema como este. Tal vez podría decirse que, en Venezuela, en la actual coyuntura, se esta produciendo un fenómeno dual; de un lado una superestructura, a decir de la interpretación clásica marxista, que maneja un discurso socialista -con variados matices- del otro, una estructura económica que funciona con las típicas lógicas del capital, esto es, propiedad privada, privilegio de la ganancia, maximización de la plusvalía, producción, distribución y consumo, capital financiero que actúa conforme a una lógica capitalista, etc. De esta perspectiva las relaciones laborales se expresan un tanto confusas. Por momentos se observa un apego al marco regulatorio laboral tradicional, en otros, se ensayan método - cogestión, misiones y cooperativas -, que no encajan en las aceptadas reglas de negociación. Esto hace pensar en un híbrido de relaciones de trabajo, en situaciones atípicas que podrían estar vulnerando los más elementales derechos laborales de los ciudadanos.

Como bien se apuntaba al inicio de este punto: las relaciones laborales funcionan con base en normas, de lo contrario el proceso productivo en su conjunto no podría sostenerse.  Desde este ángulo, se dice que Venezuela se caracteriza por la existencia de una normativa laboral, extremadamente rígida, a diferencia de otros países latinoamericanos que han vivido procesos de flexibilización e incluso de desregulación laboral.  En los últimos años el Ejecutivo ha promulgado una serie de leyes y normas  de naturaleza que han tenido en el sector empleador, sindical y político reacciones diversas¹¹, pero que, en general, se caracterizan por acentuar la mencionada rigidez. Como casos emblemáticos se tienen la LOPCYMAT, los decretos de Inamovilidad Laboral y la denominada solvencia laboral¹², esta última, muy cuestionada por el sector empleador.

En fecha reciente la polémica se entabló entre el Ejecutivo y el ala sindical de la oposición, respecto al proyecto de Ley Especial de los Consejos de Trabajadores y Trabajadoras. De esta iniciativa resalta el artículo 3; en donde se define el perfil de estos Consejos Laborales:

“Es la instancia de participación protagónica de los trabajadores y trabajadoras constituida para ejercer real y efectivamente el control social sobre los diferentes procesos de gestión en los centros de trabajo: planificación, administración, producción y comercialización, entre otros, con el fin de avanzar en el establecimiento de las bases materiales y espirituales para la construcción de relaciones sociales de producción basadas en valores y principios socialistas, de responsabilidad social, equidad y justicia social” (Quinto Día. 27 de Abril al 4 de Mayo de 2007. Pág. 20. Caracas)”.

Este proyecto de ley que explícitamente reivindica el carácter socialista del Proyecto Bolivariano, postula un cambio en el seno del proceso productivo asistido por nuevos valores, distintos a lo que suponen definen la naturaleza de la propiedad privada. A esta nueva orientación, la CTV la ha catalogado como la suplantación del rol de supervisión de todos los sindicatos de base, y eventualmente su respectiva eliminación. Por su parte el Viceministro del Trabajo, Rafael Chacón, afirma que los Consejos de Trabajadores y Trabajadoras no tiene  como función sustituir a los sindicatos... su objetivo fundamental es garantizar la formación política sindical de la clase trabajadora del país (Diario Vea, 16/04/07. Pág. 19. Caracas).  Como puede observarse, en esta dinámica de confrontación de posiciones, entre un sector del Ejecutivo y las organizaciones sindicales afectas a la CTV, cada vez se agregan nuevos elementos, que sin lugar a dudas imposibilitan tener una idea precisa en torno a un modelo o tipo de relaciones laborales, que pueda considerarse como referencia en el presente del país.

A la  lista de nuevas definiciones políticas en lo que, hipotéticamente, podrían contribuir a la gestación de un modelo alterno de relaciones laborales en el país, se le suma ahora la existencia de un grupo de empresarios que suscriben la idea del Proyecto Bolivariano. De esta manera, algunos pequeños y medianos empresarios han dado inicio a una ruptura con  la central empresarial tradicional Fedecámaras,  Empresarios por Venezuela, Empreven, y la Confederación de Empresarios Socialistas de Venezuela, se presentan como nuevos actores que aspiran “... construir un movimiento empresarial global que se convierta en una bisagra que una al sector productivo con el gobierno” (Últimas Noticias. 08/05/07. Pág. 25. Caracas). Este tipo de respaldo o consenso sin duda  benefician al Proyecto Bolivariano, pero este paso no es suficiente como para recomponer el diálogo social que era uno de los rasgos que permitieron identificar a el sistema de relaciones laborales de Venezuela como uno sustentado en el tripartismo. Habría que tomar en cuenta cuáles serían las posiciones por asumir tanto por el resto de empleadores agrupados en las organizaciones tradicionales Fedecámaras y Consecomercio, así como el caso de la dirigencia de la CTV, ante acuerdos realizados exclusivamente entre el Gobiernos y las nuevas organizaciones profesionales que le apoyan. Incluso, el mismo paso adelantado por el Estado, Ejecutivo Nacional, de nacionalizar empresas como CANTV y la Electricidad de Caracas; parece ser una iniciativa en donde no se consultó a los trabajadores de estas empresas, como tampoco parece ser que la opinión de la UNT jugó papel alguno.

Estos son datos que podrían adelantar un esquema de accionar en donde el modelo a “construir” de relaciones laborales o de relaciones de trabajo, funcione conforme a una óptica vertical. Se desconoce si el Ejecutivo en esta decisión, respecto a la CANTV, no fue sorprendido por una de las consecuencias inmediatas que produjo la estatización de la telefonía nacional. Con esta compra, el Estado venezolano se convierte en la práctica en un importante franquiciante del país: 500 centros de comunicaciones -CANTV y Movilnet-  que operan bajo el sistema de franquicias. A esto habría que agregarle que ya el Estado es dueño de 14.000 puntos de venta de Mercal (abastos para el consumo popular), 850 estaciones de PDV ( estaciones de gasolina con sus respectivas tiendas de consumos varios), y 300 infocentros (centros de servicios informativos)  (El Nacional. 10/02/07. A/16. Caracas). Con todos estos activos el Estado se presenta como otro empresario más en el sector de las franquicias. Habría que indagar qué tipo de relaciones laborales prevalecerán dentro de estos esquemas de negocios, pues debe recordarse que dentro de este sector de los servicios, la precarización del salario, del empleo y el desconocimiento de los derechos laborales suelen ser predominantes.  En efecto, en esta nueva faceta de franquiciante, el Estado como patrono ensancha su ámbito de acción.  El tema a dilucidar ante este nuevo escenario, es si el Ejecutivo Nacional impondrá una política de flexibilización laboral con sus nuevos empleados y trabajadores, o si los mismos estarán amparados por toda la normativa laboral vigente en el país, en tanto personal dependiente y subordinado. En estas practicas ya el sector de la Educación Superior Oficial, tiene su experiencia. En muchas universidades públicas los sistemas de vigilancia y limpieza se contratan con cooperativas que están eximidas de aplicar la legislación laboral a sus trabajadores asociados, como un rasgo que pone en evidencia un enfoque de flexibilización de las relaciones de trabajo desde la perspectiva del Estado. Pero en donde mayor pareciera estar desarrollándose una política social de Estado en materia de contratación de mano de obra, a través de estas cooperativas, se ubica en la empresa petrolera estatal  PDVSA. Esta empresa, según Fedepetrol, contrató 283 cooperativas que cumplen funciones análogas a su fuerza laboral. Los miembros de estas cooperativas no están amparados por la convención colectiva petrolera, ni reciben prestaciones sociales, ni ningún otro beneficio socio-laboral. (PROVEA, 2005:95). En situación similar se encuentran los trabajadores del denominado Plan de Empleo Rotativo (PER) diseñado por Petróleos de Venezuela, S.A.; que de acuerdo a denuncias hechas por dirigentes de la CTV, son contratados tan sólo por un período de tres meses. A estos trabajadores no los ampara el contrato colectivo petrolero y tampoco gozan de seguridad social (PROVEA, 2005:94).

En síntesis, en estos últimos años se viene observando en Venezuela una fractura del modelo tripartito. Según sea el enfoque ideológico que se utilice, ese modelo de relaciones laborales pudo haber sido provechoso tanto para los empresarios como para los trabajadores. De igual manera podría señalarse que el Estado, como otro actor de las relaciones laborales, en el marco de este modelo, contribuyó a la creación de un clima político que sirvió de apoyo para el funcionamiento de la democracia representativa. Otra interpretación de esta nueva fase política y económica por la que transita Venezuela, es la de que se está frente a la confrontación de dos modelos de concebir el desarrollo que, sin lugar a dudas, se expresa en el plano concreto de las relaciones de trabajo. Los proyectos de cogestión, nacionalización, uso de cooperativas y misiones como políticas sociales como para atenuar el desempleo, podrían estar conduciendo a formas contractuales, en donde el Estado propicia una evidente flexibilización de las relaciones laborales, y, simultáneamente, va redefiniendo un marco regulatorio que encuentra un franco rechazo en un importante sector de los empleadores, Por otro lado, el sector  sindical tradicional, en particular la CTV, es excluido del diálogo, dándose al movimiento de los trabajadores que apoyan al Proyecto Bolivariano, un rol protagónico. No es aventurado señalar que estamos en presencia de un modelo de relaciones laborales híbrido, contradictorio y, por momentos, confuso. Prefigurar un tipo específico de modelo de relaciones laborales a futuro no sería tarea fácil. Pero también es importante recordar, que la variable empleo-desempleo, la forma de cómo se aborde esta, podría influir en el cese de la confrontación política que hoy nos caracteriza como sociedad. De esta resolución, tal vez se genere un nuevo modelo de relaciones laborales.

5. Conclusiones

La creación de empleos estables, dignamente remunerados y protegidos socialmente, debe constituirse en un horizonte impostergable. Una política social de empleo debe complementar las iniciativas que encierran las Misiones y las cooperativas; pero siempre bajo el criterio de fomentar prácticas que no vulneren los más elementales derechos adquiridos de los trabajadores. Resulta importante el modo de complementar un sólido marco regulatorio laboral, pero este proceso debe procurar el concurso de todos los actores que conforman las relaciones laborales en el país. Es saludable que se repiense el modelo de relaciones laborales que en el país se dió en las ultimas décadas. El Socialismo del Siglo XXI, los modelos cogestionarios, el desarrollo endógeno, no deben ser obstáculos para recomponer el diálogo entre todos los actores de las relaciones de trabajo. Sobre estos tópicos debe afinarse el análisis, pues la confusión conceptual sobre los mismos es generalizada. No hay claridad en cuanto a la postulación de una economía socialista  y unas relaciones sociales de producción capitalistas, que se mantienen inalterables.

En la búsqueda de recomponer el diálogo entre los distintos actores de las relaciones laborales, el rol del movimiento sindical resulta clave, pues su fraccionamiento y poca capacidad de convocatoria ante sus afiliados, lo aleja del centro de las grandes decisiones que se vienen tomando respecto a los temas laborales. Las mejoras que ha experimentado el salario mínimo en los últimos años, no han sido el producto de acciones organizadas por el movimiento sindical del país. Esta materia, lamentablemente, la ha decidido el Ejecutivo Nacional de manera unilateral, lo cual corrobora una evidente fractura de las relaciones laborales en la actual coyuntura por la que transita la sociedad venezolana. Desde esta perspectiva surge la necesidad de reflexionar en cuanto, a lo que en teoría, se dispone en Venezuela en materia de relaciones laborales. Prefigurar un modelo, o modelos de relaciones laborales, constituye una tarea impostergable, pues de ello dependerá el funcionamiento de la sociedad venezolana en términos del futuro. En esta tarea, Estado, empleadores y trabajadores tienen una gran responsabilidad. La academia venezolana debe hacer sus aportes en esta urgente materia.

Referencias Bibliográficas

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Referencias Web

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Entrevistas

Dr. Francisco Iturraspe. Profesor Asociado UCV. Laboralista. Mayo 2005.

Dick Guanipa. Miembro del Comité Ejecutivo de la CTV. 2005.

Gregorio Salazar. Presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa. SNTP. Septiembre 2005.

Dr. Luís Eduardo Díaz. Profesor Titular de la Universidad del Zulia, LUZ. Febrero de 2006.

Dr. Francisco González. Expresidente de INPSASEL. Profesor de la UCLA. Febrero de 2006.

Notas

1 En la historia de Venezuela se conoce tradicionalmente como Primera República el período que se inicia con la proclamación de la independencia de España en 1811  y que culmina el año siguiente con la derrota del movimiento patriota. La Segunda República correspondería  al período que se inicia con la reconquista del territorio venezolano y la entrada triunfal del Libertador  Simón Bolívar en Caracas en 1813  y concluye al año siguiente con la derrota de las fuerzas patriotas y su  huida al oriente del país desde donde Bolívar inició su segundo exilio. La tercera República sería la  iniciada  en 1819 con la creación de la República de Colombia  (integrada por los territorios  actuales de Venezuela, Colombia y Ecuador),  y su disolución en 1830, año en que se crea la República de Venezuela como Estado autónomo. La historiografía venezolana no ha empleado la expresión  “Cuarta República”, la cual vino a ser utilizada por primera vez en forma generalizada por el actual  Presidente Hugo Chávez Frías y el movimiento político que lo apoya,  el cual constituyó un partido político, posteriormente disuelto para integrarse en el Partido Socialista Unificado de Venezuela, denominado Movimiento Quinta República, para denominar como tal al período que se inicia con su triunfo electoral.  La expresión Cuarta República no distingue con precisión la fecha de inicio de este período (la cual si se siguiese la mencionada sucesión cronológica, podría ubicarse en 1830, con la separación de Venezuela de la República de Colombia y su creación como un Estado independiente), pero en su uso cotidiano hace generalmente referencia al período iniciado con el derrocamiento de la dictadura militar de Marcos Pérez Jiménez, en 1958  y que culmina con la elección de Hugo Chávez en 1998 y la promulgación de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en 1999. Durante esos cuarenta años se  alternaron sucesivamente en el ejercicio del poder  ocho gobiernos electos por sufragio universal, directo y secreto, experiencia sin precedentes en la historia de Venezuela y no muy frecuente en la de América Latina.

2 Podrían definirse como el conjunto de nuevos programas asistenciales implementados a partir del año 2003, orientados a brindar atención a los sectores sociales menos favorecidos, por una parte, y a impulsar la economía popular, por otra. “Con las misiones sociales se aspira a un proceso de adiestramiento productivo, atención a la salud, alimentación, prestación de servicios básicos y en general a la creación de condiciones iniciales para la incorporación de toda la población a una función socialmente productiva” (Giordani, 2004:34).

3 El Ministerio para la Economía Popular, MINEP, estableció para el mes de Mayo del año 2005, seis líneas gruesas de lo que se conoció como el Plan de Desarrollo Económico y Social, a saber: desarrollar la economía social, fortalecer las microempresas y las cooperativas, implementar programas masivos de capacitación, incorporar a las cooperativas a los programas de compra del Estado, organizar el sistema de microfinanzas y darle a las cooperativas acceso a los recursos financieros y a la asistencia técnica (Ultimas Noticias. 22-05-05. P.48. Caracas). Petróleos de Venezuela, PDVSA, dispone de los servicios de cooperativas para la vigilancia, la gestión de comedores, servicio de mantenimiento y transporte de combustible (PROVEA, 2004:88).

4 La idea del desarrollo endógeno tiene como eje central atacar el desempleo y la pobreza. Se trata de un esquema que plantea sustituir el modelo rentista por un modelo productivo, desde abajo, con la participación protagónica de los ciudadanos. Este modelo pretende impulsar a las comunidades a tomar sus propias iniciativas. El mismo fomenta el beneficio individual y colectivo. Cada región del país debe descubrir sus propias potencialidades y estar en capacidad de aprovechar y transformar sus recursos naturales (Vladimir Villegas, 2005. A/G).

6 “La población pensionada por vejez es el 27,3%.-  72,7% de la población mayor de 60 años no tiene acceso a una pensión de vejez... En la actualidad existen aproximadamente 1.200.000 personas a la espera de su inclusión en el sistema de seguridad social” (Ídem:69). Según el IVSS, el número de pensionados para Junio de 2007 es de 1. 097.032 pensionados.

7 La UNT dice controlar los sindicatos de las empresas de electricidad, petróleo, empleados públicos, textiles, transporte, aluminio, hierro, minería, petroquímica, automóviles, cauchos, construcción y salud (UNT, 2004. Documento mimeografiado).

8 Según datos de la Dirección General de Estadísticas del Ministerio del Trabajo, las otras dos centrales sindicales del país, CODESA, mantiene una afiliación de 5.000 trabajadores, y la CUTV afilia 2.517 trabajadores. Un 2,11% de trabajadores en Venezuela sus sindicatos respectivos no están afiliados a ninguna de las 4 existentes centrales sindicales nacionales (PROVEA, 204:108).

9 Es importante señalar que esta situación no ocurre con la mayoría de los sindicatos de base de todo el país. Independientemente de los matices políticos que puedan existir en muchos de estos sindicatos, lo cierto es que han mantenido por décadas posiciones clasistas en defensa de sus agremiados. Para citar ejemplos de constancia, tenemos los sindicatos de CADAFE, CANTV, PDVSA, SIDOR, salud, educación y otros tantos más. Por  otra parte, en la sociedad venezolana existe un importante señalamiento crítico en cuanto al liderazgo tradicional de la CTV.

10 Nombre con el que se conoce usualmente la explosión social que ocurrió en Caracas el 27 de Febrero de 1989 con motivo de la aprobación de un paquete neoliberal y la cual produjo centenares de muertos y heridos.

11 Ley del Régimen Prestacional del Empleo, Ley de Alimentación para los Trabajadores, Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, Ley de Estatuto de la Función Pública, Ley para las Personas Discapacitadas, Decreto de Inmovilidad, Proyecto de Ley de Protección a la Familia, la Maternidad y la Paternidad -permiso de posparto a los padres remunerado por 14 días- , Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación -esta ley permitió al Estado captar 5,37 billones de bolívares, provenientes de grandes empresas públicas y privadas-, Fondo de Ahorro Obligatorio de Vivienda.

12 Una solvencia emitida por el Ministerio del Trabajo es exigida como requisito indispensable para realizar contrataciones con el Estado, tramitaciones administrativas, solicitudes de divisas ante el organismo encargado del control de cambio que rige en el país, etc. Algunos sectores empresariales han considerado que la exigencia de solvencia laboral se ha convertido en un elemento   de presión y un obstáculo para la realización de gestiones necesarias para la producción.