Student repression in contemporary Venezuela case: Events of hoyo de la puerta, september 19th, 1984

Yuruari Borregales

Profesora de geografía e historia (Universidad Reverón Pedagógica Experimental Libertador-Instituto Pedagógico de Caracas). Cursante de la Maestría en educación mención enseñanza de la historia (UPEL). Diplomado en Historia Contemporánea de Venezuela (Fundación Rómulo Betancourt-UPEL). Caracas-Venezuela. E-mail: yuruari_a@hotmail.com

Resumen: Durante el siglo XX venezolano el movimiento estudiantil se ha hecho sentir en el devenir histórico nacional y la década de los 80’ no será precisamente una excepción, en ella grupos universitarios tildados como “generación boba”, emprendieron una serie de acciones en rechazo a las dificultades económicas que arrastraba el país, especialmente las posteriores al “viernes negro”. Los sucesos del 19 de septiembre de 1984 en el que un intento de protesta de estudiantes universitarios del núcleo de la Universidad Central de Venezuela de la ciudad de Maracay culmina con un saldo de heridos, constituyen un vivo ejemplo de represión por parte de los órganos de seguridad del Estado. El nutridísimo aporte de las fuentes hemerográficas resulta útil para develar el hecho y atisbar que aun cuando fuerzas militares acometieron una acción injustifi cada y desmedida, no fungen como únicos y absolutos responsables del mismo.

Palabras clave: Universidad Central de Venezuela, estudiantes universitarios, órganos de seguridad del Estado, represión estudiantil.

Abstract: During Venezuela’s 20th century, the student movement had been felt in national historical events and the decade of 1980 was no exception. In that decade, groups of university students called the “nitwit generation”, began a series of actions rejecting the economic diffi culties that affected the country, especially after “Black Friday” (18/02/83). The events of the 19th of September of 1984, when there was an intent of protest by university students on the campus of the Central University of Venezuela (UCV) in the city of Maracay, ending with a remnant of wounded, constitute a vivid example of repression by security agencies of the State. Th e abundant contribution of periodical sources becomes very useful in order to relate the deed and observe that even when the military forces committed an unjustified and excessive action, they did not function as the unique and absolute originator of the clash.

Key words: Central University of Venezuela, university students, security agencies of the State, repression of students.

Recibido: 28/12/2013. Aprobado: 29/01/2014.

1. Introducción

Siendo las protestas estudiantiles el tubo de escape a descontentos de toda índole, con o sin razón, muchas se vieron obstaculizadas y reprimidas por los órganos de seguridad del Estado. Independientemente del sistema político imperante en determinado momento (dictadura o democracia) o la situación socioeconómica ello constituía una desafortunada constante.

Se propone a continuación el bosquejo de uno de aquellos tantos casos de represión estudiantil en plena Venezuela contemporánea. El año de 1984 será el escenario temporal en el que un grupo de estudiantes de la UCV del núcleo de Maracay, que protestaban por las medidas administrativas aplicadas por del Rector Edmundo Chirinos, fue reprimido de forma desmedida e injustificada por efectivos de la Guardia Nacional. Pero lo interesante acá no será solo las causales del hecho o el determinar las responsabilidades, es un caso que a manera de retrovisor ilustra perfectamente el clima reinante en la Venezuela de los años ochenta.

2. Movilización y protesta estudiantil en la segunda mitad del siglo XX

Las movilizaciones y protestas estudiantiles más recordadas, luego de la segunda mitad del siglo XX, son quizás las que se mantendrán desde 1948 hasta el fin de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez en 1958. De acuerdo a las apreciaciones de Torres (2006) estos se opondrán a la ausencia de libertad de prensa y de reunión, a las intervenciones de la UCV y represión estudiantil adoptadas, entre muchas otras. Harán frente a la dictadura desde el exilio, la clandestinidad o la cárcel y participaran en la huelga general de 1957 o en las protestas populares de principios del siguiente año; en todo caso sus acciones constituirán parte de los eslabones detonantes de su caía.

Bajo la tutela inicial de Rómulo Betancourt y la variedad de acciones de los partidos políticos, se inaugura un periodo democrático que poco a poco restablecerá el ambiente necesario para el desarrollo educativo. La Ley de Universidades de 1958 que determinaba la autonomía universitaria, había sido el primer paso que permitiría que la comunidad estudiantil se fortaleciera y fuese vigilante de sistema democrático. Sin embargo, en 1969 “…se inicia un proceso de descomposición del movimiento estudiantil y de pérdida de influencia de los partidos políticos en la juventud universitaria” (Bermúdez, 2009). Empero como indica Hurtado (2004), la comunidad estudiantil no se pacifica fácilmente y sigue en pie de lucha.

Ejemplo de lo anterior lo serán los diferentes altercados gobierno-estudiantiles y la intervención universitaria que surgirá entre 1970 y 1971 como consecuencia del rechazo a la nueva Ley de Universidades (1970) y la creación del Consejo Nacional de Universidades (CNU). Durante esta década son los estudiantes quienes protagonizan la mayoría de las acciones de protestas realizadas en Caracas y encabezaran las calificadas como “violentas”, lo que implicó la represión por parte de los órganos de seguridad del Estado y la ocupación de diversas casas de estudios (López, 2003).

Las movilizaciones estudiantiles sufrirán una redirección más tarde, a fines de los ochenta, cuando adquieran un carácter individualista al atender específicamente la resolución de problemas supeditados a sus necesidades inmediatas, como consecuencia del desprestigio que van a atravesar las instituciones democráticas y los partidos políticos. Será justo durante la conformación de la llamada "Generación boba", que ocurren los sucesos de Hoyo de la Puerta del año 1984.

3. Contexto socioeconómico y político de principios de los ochenta

Los antecedentes inmediatos de la crisis económica que enfrenta el país en 1984, de acuerdo a las apreciaciones de Rada y Contreras (2010), radican en la convergencia de factores como la deuda externa, la fuga de divisas y la caída de los precios del petróleo, muy a pesar que constituye una problemática que en esencia se enraíza y arrastra desde los inicios de la democracia.

Esta panorámica de hechos originaría la desestabilización de nuestra moneda. El histórico tipo de cambio del bolívar a 4,30 frente al dólar que el país disfrutaba desde 1970 quedaría en el pasado en 1983 durante el gobierno de Luís Herrera Campins. Por si fuera poco, este mismo año otro problema serio se le agregaba al contexto nacional, se vencía al plazo de pago del 50% de la deuda externa y evidentemente el Estado no tenía como responder ante ello (Rada, 2010).

El punto fulminante de esta situación se suscitó el 18 de febrero de 1983, el episodio conocido como Viernes Negro se produce cuando “… una fuga acelerada de divisas, así como un déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos, hizo colapsar el nivel de las reservas internacionales…” (Caballero, 1998, p.197). Entonces se hizo necesaria la creación del Régimen de Cambio Diferencial (RECADI) con el fin de implantar, como su nombre lo indica, un control de cambios diferenciales y lo no menos importante, crear el clima favorable para la renegociación de la deuda.

En consonancia con lo anterior, y pese disfrutar de la mayor votación de la historia electoral venezolana, Jaime Lusinchi se hace con la Presidencia de la República en 1983 y al inicio de su mandato se ve obligado a decretar una serie de medidas de austeridad. Las cifras pudiesen hacer pensar que el sistema de partidos políticos continuaba fortaleciéndose, sin embargo, no en balde esto se produce luego de una crisis económica, para COPEI (partido derrotado electoralmente ese año) esto seguramente constituirá el costo político del manejo de la misma.

Durante su primer año de gobierno se crea la Comisión Presidencial para la Reforma del Estado (COPRE), el asidero de propuestas en torno a formas políticas de proceder más eficientes y modernización de un Estado en el que las instituciones democráticas y criterios políticos van perdiendo vigencia y confianza desde la población.

El gobierno establecerá, según gaceta oficial, un programa de medidas que comprenden básicamente las restricciones a la convertibilidad del bolívar, mecanismos de sustitución de importaciones, reorganización de la administración estadal y reducción del gasto público en 10 %. A la larga ello se tradujo en conflictos con los trabajadores del Estado (sobre todo en el área educativa y de la salud) o "el incremento sustancial los precios" de los productos de la cesta básica, que entre otras, originarían oleadas de reprobación desde los diferentes sectores de la vida nacional.

4. La crisis económica asiste a las aulas universitarias

Aunque Caballero (1998) enfatiza que las medidas económicas más radicales se producen durante el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez, y no antes, los conflictos presupuestarios entre universidades y gobierno no se hicieron esperar. Según Rada y Contreras (2010), diversas universidades mantenían conflictos con el ejecutivo, hasta que en marzo de 1983 este decidió negar las órdenes de pago a aquellas que se encontraban paralizadas desde el año anterior. El temor ante la privatización haría que la Universidad Simón Rodríguez prepara y sugiriera medidas que contribuyeran a su financiamiento, a la postre otras casas de estudios imitarían su ejemplo.

En julio de 1984 la Asociación Venezolana de Rectores Universitarios manifestará su intensa preocupación al considerar que la crisis del modelo de desarrollo del país, ha generado que “…el modelo de universidad vigente ha agotado sus posibilidades…” (El Nacional, 1984, p. C25). Enfatizan que la educación superior debía ser considerada como un verdadero asunto de Estado, en donde este pusiera a disposición del desarrollo de la nación los recursos del país, se democratizara su acceso y se analizara y consagrara la gratuidad de la misma.

A pesar de esto, en la UCV, el recién electo rector Edmundo Chirinos, en consonancia con las medidas adoptadas por otros jefes de casas de estudios universitarias, optó por “…aplicar medidas de restricción de gastos que en definitiva, recaerían casi completamente sobre los estudiantes.” (Rada y Contreras, 2010, p. 38). No sólo la situación económica del país pendía de un hilo, sino que por extensión, el poder adquisitivo de los estudiantes no debía ser menos precaria; era de esperarse que su prosecución de estudios se viera afectada y que realizaran acciones de protesta.

En consonancia con el contexto económico del país, serán dos los factores detonantes de los sucesos de Hoyo de la Puerta y que son intrínsecos a la vida universitaria dentro de la UCV.

En primer lugar, el equipo rectoral con el ánimo de dar la bienvenida al año académico 1984-1985 con una cara renovada, empleó a efectivos de la Fuerzas Armadas Nacionales (FAN) en las labores de pintura dentro de las instalaciones y fomentó la creación de un destacamento de la policía Metropolitana (PM) en el estacionamiento. El descontento de los estudiantes estribaba en que efectivos de los Órganos de Seguridad del Estado, que históricamente habían reprimido a la comunidad estudiantil, se mantuviesen dentro de la universidad.

En consonancia con lo planteado por Rada y Contreras (2010), el rector Chirinos habría ganado los comicios universitarios con ayuda de la coalición de izquierda, pero muy pronto en el cargo se mostraba simpatizante con el gobierno y sus fuerzas de seguridad (Rada y Contreras, 2010). De ser ello cierto, la UCV no solo estaría pacificada sino al servicio de aquellos, en los momentos de crisis económica que se vivía, era en extremo importante mantener la tranquilidad y el control en el recinto universitario.

El segundo factor está ligado a las medidas administrativas asumidas por el rectorado. En días previos al inicio de clases se comenta en los medios impresos el cobro por inscripción de semestre y retiros de materias, incremento del costo de comedor, suspensión de pasantías, cambio de becas por bolsas de trabajo o eliminación de las mismas, entre otras.

La tensión en el núcleo de Maracay cristaliza luego que los estudiantes se enteran que por disposición del Consejo Universitario se aumentaría el costo del comedor (aun cuando en plena campaña habían acordado con Chirinos que las mejoras en el mismo no implicarían incremento en el pago) y se les negara audiencia con el rector para la discusión de ello (Rada y Contreras, 2010).

En reunión de estudiantes de las facultades de Agronomía y Veterinaria acuerdan dirigirse a Caracas y aprovechar la reunión del Consejo Universitario, para fijar sus posiciones de desacuerdo sobre las medidas administrativas y de seguridad que se habían tomado; solicitan además ante los respectivos decanos el préstamo de autobuses para acometer los planes descritos.

Pues bien, el uso de los autobuses les fue negado, y esto de ninguna manera constituyó un motivo para la suspensión de la acción de la protesta. A continuación se trataran de reconstruir los acontecimientos previos y posteriores al 19 de septiembre de 1984 basándonos en las informaciones que recogen los diarios El Nacional, EL Universal y El Últimas Noticias en torno al mismo, así como sobre las declaraciones que ofrecen las diferentes personalidades implicadas en el hecho durante las interpelación que hiciera la Comisión Delegada que investigaría los sucesos.

La mañana prevista para la acción, los estudiantes tomaron cuatro autobuses propiedad de la UCV y dispusieron la marcha hacia Caracas con alrededor de 250 compañeros a bordo. Ya en la madrugada le había notificado al rector Chirinos las intenciones de los estudiantes, quien prontamente se comunica con el viceministro de relaciones interiores, Cesáreo Espinal, para manifestarle la irregularidad y solicitar la detención de los autobuses antes que transitaran por Tazón.

Por este motivo, cuando los buses llegan a Hoyo de la Puerta, son recibidos por más de 35 oficiales de la FAN. Mientras son detenidos, se hacen las revisiones de rigor y la orden de bajarse de los buses, se establece el diálogo entre los estudiantes y los oficiales de seguridad, con la mediación de Julio Casas presidente de la Federación de Centros de Estudiantes (FCU) quien respaldaría a los primeros.

En este instante surgen ineludiblemente dos versiones que explican el origen de los disparos. Por un lado los estudiantes afirman que se inició la balacera cuando pusieron en marcha los autobuses y admiten que los efectivos de las FAN primero realizaron detonaciones al aire y que incluso se les había dado orden de disparar solo a los cauchos, y no a la carrocería, aunque finalmente ambos fueron blancos de los proyectiles. Por otro lado, los miembros de las FAN aseguran que el ametrallamiento fue una respuesta a sonidos de disparos provenientes de un arma distinta a las empleadas por sus miembros.

El saldo del día fue 35 estudiantes y tres de los miembros de las FAN heridos, 15 de los dicentes mostraban perforación de balas, al igual que el capitán José Sánchez Vega quien había recibido impactos en ambas piernas.

6. No todo lo que brilla es oro

Ahora bien, aunque la descripción de los hechos del día 19 de septiembre pareciera no revestir de importancia frente sus consecuencias, se hace necesario mencionar ciertos aspectos con el fin de hacer consideraciones sobre las acciones y decisiones de cada uno de los involucrados. Los sucesos de Hoyo de la Puerta aunque desconcertantes, lamentables y francamente injustificables, eran relativamente fáciles de evitar y constituyen el resultado de una serie de movimientos y medidas tomadas por todo el conjunto de sus protagonistas, por tanto, las responsabilidades en el mismo, aunque varían en magnitud, no son únicas de un sector.

En primer lugar, una costumbre que puede pasarse por alto pero que jugó su papel durante estos hechos, fue expuesta por Chirinos y tiene que ver con lo que en sus palabra constituye “…la tradición anárquica del secuestro de autobuses en la UCV” (Landaeta, 1984). Es decir, los estudiantes no tomaron prestados los autobuses como hicieron ver en entrevista para El Universal, (Martínez, 1984), realmente secuestraron automóviles que son patrimonio de la UCV y por lo cual debían recaer sanciones contra estos.

La cuestión estriba en que la apropiación de autobuses por parte de los estudiantes, cuando las autoridades se negaban a prestarlos, era común, y peor aún, las medidas que estos últimos empleaban lejos de execrar esa costumbre la hacían reiterativa. La falta de autoridad de los entes a cargo se conjuga con el abuso de parte de los estudiantes, nada más con leer las declaraciones del estudiante Alfredo Herrera hace a la fuente anterior, se puede ilustrar el caso:

Esta es una práctica bastante frecuente de la Facultad de Agronomía… En los cinco años que llevo en la Facultad…hemos tomado prestados los autobuses como seis o siete veces, con alumnos nuestros, que tienen licencia de quinta y todos sus papeles en regla. Nosotros en varias oportunidades hemos venido a Caracas y los hemos devuelto sin problemas. (1984, p. 1-34)

Es lógico pensar en el derecho a la protesta que tienen los ciudadanos, expresado en la Constitución Nacional (1961) vigente para del momento, pero definitivamente al secuestrar los autobuses se viola una norma institucional. Además, de ser ciertas las aseveraciones del general Sandoval, los estudiantes incurrían en una nueva falta al hacer uso de vehículos en la vía pública para los cuales no tenían documentos en regla.

Los Decanos de las Facultades de Agronomía y Veterinaria, parecieran estar exentos de responsabilidades, si bien intentaron evitar los planes de los estudiantes surgen interrogantes. Si desde la madrugada del día 19 ya tenían conocimiento de la intención de los estudiantes y la comunican al rector, ¿Por qué no implementaron otras medidas?, ¿Por qué permitieron que los autobuses salieran de la UCV?, ¿Dónde está su autoridad frente a los estudiantes y al resguardo del patrimonio universitario que tienen a cargo?. Las preguntas quedan sin respuestas.

Ambos Decanos simplemente coinciden en afirmar que la citada mañana no intervinieron porque a su juicio la situación ya quedaba a manos del rector y del vicerrector; fijémonos que ya antes se habían desentendido de los estudiantes al negarles recursos que tienen derecho a solicitar. Sus criterios y acciones se ilustran perfectamente en título del artículo de El Nacional (1984) en el cual se dan a conocer estas declaraciones: “Los decanos se lavan las manos” (p. D5).

En cuanto a la decisión del rector Chirinos la cuestión se reviste de diversos matices. Son lógicas las preocupaciones que manifestó al Ministro del Interior, y aunque grupos estudiantiles y diferentes sectores de la vida nacional, lo acusan del ametrallamiento de autobuses en días posteriores, no es el quien tiene jurisdicción sobre los órganos de seguridad del Estado, no tenía la competencia para dar la orden de disparar. Lo que pudiese reprochársele es que prefiriera la actuación de la fuerza pública, conociendo su carácter represivo, antes que recibir a los estudiantes.

Chirinos toma una decisión tildada como precipitada, quizás dada su experiencia y trayectoria en la UCV debió haber resuelto medidas más consensuadas y equilibradas. Si bien es cierto que tales disposiciones ya se habían dado en la UCV sin consecuencias que lamentar, era de esperarse que las reacciones de protesta de los universitarios estuviesen a la orden del día en plena crisis económica nacional y mientras las universidades inician recortes presupuestarios que los afectaban visiblemente.

Aunque el gobierno implementa mecanismos para apalear la crisis, en uno de sus primeros mensajes oficiales el presidente Jaime Lusinchi pone en marcha una serie de medidas de austeridad. Durante 1984 la prensa es clara: las medicinas escasean, artículos alimenticios de primera necesidad no se encuentran en los anaqueles y algunos son considerados para aumento de precio por la Comisión de Costos Precios y Salarios, se eleva el costo de la gasolina, lo mismo que el dólar que se sitúa el propio día de los sucesos de Hoyo de la Puerta en casi el doble de lo que habría estado en 1982. Por si fuera poco, se habla de graves y escandalosos delitos de corrupción.

Ya se expuso como la Asociación de Rectores de Venezuela (1984), que incluye universidades públicas y privadas del país, se había reunido en julio para fijar posición entorno a la crisis y realizar interesantes y desesperados planteamientos, que luego los llevarían a entablar conversaciones con el propio Presidente de la República en búsqueda de apoyo y soluciones. A la par, las universidades carecen de recursos suficientes, mientras que los estudiantes no pueden gozar a plenitud, ni siquiera, del derecho al pasaje preferencial estudiantil dentro del Metro de Caracas.

Como elementos que ilustran la situación del país, salta a la vista no solo la afectación en la clase media y baja sino especialmente en la comunidad estudiantil. Urgentes y necesarias o no, las medidas implementadas por el equipo rectoral, no garantizaban una asistencia adecuada al estudiantado que asegurara su máximo rendimiento escolar, y esta norma se encontraba vigente en el artículo 6° de la Ley Orgánica de Educación (1980).

La permanencia y prosecución de estudios de muchos estudiantes universitarios, sobre todo lo de las clases sociales más desprotegidas, se dificultaba enormemente; el sistema universitario en pleno manifestaba la necesidad de llevar a un nivel óptimo la calidad de la educación, pero por otro lado no parecía apoyar del todo a los estudiantes. Aunque tildados de pertenecer a la “generación boba” (Fuentes, 1984, p.4E), tenían pleno derecho a protestar.

Respecto a la actuación de los órganos de seguridad del Estado hay que puntualizar ciertos elementos, dado que se pudo haber tomado otras previsiones. Es cierto lo que alegan el general Sandoval y el rector Chirinos, si los estudiantes se hubiesen accidentado, colisionado o hubiesen sufrido daños en la conducción de los vehículos, en una vía que históricamente ha sido peligrosa al manejo, en ellos hubiese recaído la culpa y fue lo que en primer momento trataron de evitar.

La acción en la que fueron manejadas las armas si resulta definitivamente cuestionable, aunque sucediera en un momento de confusión y para los cuales estos debían estar entrenados. Si el comandante dio orden expresa de disparar a los cauchos (opción viable pues detenidos los buses a fuerza de balas los estudiantes quedaban sin medio para el cual desplazarse, y las intenciones de llegar a Caracas se hubiesen dado al traste), ¿cómo es que estos descargan contra el resto de la carrocería de los autobuses?, ¿hubo falta de puntería acaso?, parece que no, la respuesta la da el citado General, en la que evidentemente trata de justificar la acción de las FAN:

…debo afirmar que si se hizo uso de la persuasión, si se dialogó, quizás demasiado. Pero los muchachos quebrantaron las reglas de juego, desencadenando los hechos posteriores. No se disparó de forma irracional; porque si se dispara un fusil con un ángulo de fuego levantado, no estaríamos hablando de heridos sino de una masacre… si se dispara irracionalmente se hubiera muerto medio mundo pues era un blanco fácil…Todo fue originado por una confusión en la cual los efectivos respetaron su disciplina de fuego al oír los disparos que no sabemos de dónde vinieron. No hubo orden de disparar, sino una respuesta lógica. (Sánchez, 1984, D1).

Si no se disparó de forma “irracional”, ¿cómo es posible que se haya dado orden de arremeter contra los cauchos y existiesen universitarios heridos de bala?. Es quizás por esto que el dirigente estudiantil Guillermo Colmenares, testigo presencial, lógicamente considerara que los guardias dispararon “ráfagas a lo loco” y calificara su acción como “descoordinada” (“La FCU ejercerá acciones penales contra los que resulten culpables”, 1984, D1). Es innegable que los miembros de las FAN actuaron de forma desproporcionada, excesiva, injustificada y descontrolada contra una acción civil desarmada. Por otro lado, resulta un poco abstracto pensar en que efectivos militares detonaran sus armas sin una orden directa aunque el General Sandoval en este caso lo considera correcto.

Pues bien, no puede pasarse por alto que los universitarios hicieron caso omiso a la autoridad presente, de una forma sorpresiva, arriesgada y bastante torpe, pero lo interesante es que en esta declaración se hace alusión a nada menos que un intercambio de disparos. El mismo día de los hechos surge la versión y será respaldada hasta por el mismo Presidente de la República, de hecho se afirmaba que desde el Volkswagen perteneciente a Las Casas habían venido los disparos, y por medios impresos se reiteró que quienes los efectuaron eran dirigentes de Bandera Roja.

Esta hipótesis parece quedar totalmente desacreditada a la luz de las experticias de la Policía Técnica Judicial (PTJ) de El Valle y que se incluye en un reportaje para El Nacional porque son los primeros en llegar al lugar y hacer las averiguaciones. Según los resultados del levantamiento planímetro realizado y las experticias en el sitio y a los cuatro autobuses y Volkswagen, el capitán herido de bala se había cruzado precisamente en la línea de fuego de sus propios compañeros y no había sido embestido ni arrollado por vehículo alguno (H.A, 1984).

Los estudiantes alegan no haber disparado, en su momento pidieron a la PTJ realizarles las pruebas de parafina y estos se habían negado, lo cual es ratificado por un vocero militar del Ministerio de la Defensa (“Muerto un encapuchado en la UCV”, 1984). Si realmente los estudiantes estaban armados ¿Dónde está el otro auto, los dirigentes de Bandera Roja implicados y las armas que usaron?, ¿Porque la PTJ no realizó la experticia al vehículo desconocido?. Esta versión carece de pruebas, y lo que es peor aún, es un ejemplo del manejo y manipulación política de la situación en la que el gobierno y funcionarios de seguridad del Estado se eximen continuamente de responsabilidades en el caso.

7. Tiempo de averiguaciones, reacciones, declaraciones y reuniones

El propio día del incidente, un juez penal y otro militar se avocarían a los hechos. De acuerdo a la Fiscalía General de la República (1985), el jefe de este órgano público Héctor Serpa Arcas, había comisionado a los fiscales 10, 21, 49 y 51 apersonarse en el lugar de los hechos y entrevistar a los estudiantes en los hospitales, así mismo solicitaría la apertura de las averiguaciones a un Juez de Primera Instancia en lo Penal de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Miranda.

Por su parte la Comisión Delegada del Congreso de la República creó una Subcomisión Especial para investigar los hechos (de intereses políticos y partidistas de variada procedencia), la cual quedaría integrada por los diputados Nelson Valera (AD) como presidente, Domingo Alberto Rangel (AD), Douglas Jatem (AD), Anselmo Natale (MAS) y Paciano Padrón (COPEI). Esta tendría una semana para preparar un informe al respecto y realizaría, entre otras acciones, un plan de interpelaciones a la mayoría de los involucrados.

No sólo los implicados en los sucesos de Hoyo de la Puerta condenaron inmediatamente el hecho y en especial la acción de la guardia, sino que un sin número de entes, organizaciones y personalidades hicieron lo propio en los próximos días y se avocarían a realizar declaraciones, fi jar posición al respecto, solicitar que fuese exhaustiva las averiguaciones del caso y que fuesen sancionados los responsables. A continuación describimos algunas de las posiciones más distintivas y representativas que ilustran el ambiente de los días posteriores.

En comunicado oficial de Miraflores se menciona que se trató de un “intercambio de disparos” (“Determinar responsabilidades ordenó el Ejecutivo”, 1984, p. D1). El presidente de la república, Jaime Lusinchi, llama a los estudiantes a no dejarse manipular ni prestarse a hacer el papel de “tontos útiles”, y que advierte que hay gente en el país interesada en provocar acciones subversivas (“El presidente invitó a los estudiantes a dialogar con él”, 1984, p.1-12).

Por su parte, el ministro de relaciones interiores Octavio Lepage manifiesta no sentirse responsable de los hechos ya que el ministerio que preside y su cuerpo policial, la Dirección General Sectorial de los Servicios de Inteligencia y Prevención (DISIP), no actuó durante los mismos, señala que lo único que le parece “extraño e inaceptable” fue el tiroteo (“No me siento responsable”, 1984, p. D1).

La posición del gobierno y sus personeros es clara y tajante, pretenden eludir sus responsabilidades en el caso, obviar el uso excesivo y descoordinado de sus fuerzas de seguridad, y atribuir a priori el germen de la violencia a una supuesta actitud beligerante de los estudiantes. La intención de ilustrar al grupo estudiantil con armas y sin pruebas al respecto será, no sin razón, objeto de censura y constituirá la comidilla de los diputados y periodistas, sobre todo de izquierda, por varios días. La manipulación política de los hechos bien pudo servir para desviar la atención hacia cuestiones mucho menos trascendentes, como por ejemplo, la intención de renuncia de Chirinos.

Los planes subversivos y el llamado a la violencia de la que hablan al parecer tiene su origen en el estallido de niples en varias zonas de Maracay con propaganda de Bandera Roja incitando a la violencia, en días anteriores a los hechos (Peñalver, 1984). Aunque pudiese ser cierto, constituían excusas del gobierno para relacionar ambos sucesos y darle plena justificación a la acción de las FAN. Catalogar una protesta estudiantil como un acto subversivo es una exageración tremenda, aunque sin duda tal manejo de la información le otorgaba los dividendos que necesitaba el gobierno en el plano comunicacional.

Por otro lado, las declaraciones de Lepage intentaron desviar la atención sobre la participación del Vice Ministro del Interior, a pesar que el rector Chirinos se encargó de difundir a vox populi que había recurrido a él, no sale declarando por los medios impresos en los días subsiguientes y por si esto resultara extraño, ni siquiera será interpelado más tarde por la Comisión Delegada. El gobierno puso a su merced una cortina de humo que lo sacara del tormentoso escenario.

Si bien es cierto Chirinos no fue quién ordenó disparar ni tenía competencia para ello, son algo ilusas las declaraciones de Tiburcio Linares y Fernando Valarino (H.L.M, 1984, p.C7) Secretario y Vicerrector de la UCV y del presidente de AD, Gonzalo Barrios (Villegas, 1984, p. D14) según la cual existía una campaña para sabotear la gestión del rector. Sus colegas dentro y fuera de la UCV, condenarían su acción y le reprocharían que hubiese decidido enviar a la fuerza pública antes que recibir a los estudiantes. En este sentido, José Vicente Rangel rechazaría lo que califica como “pretensión de extender su autoridad más allá del ámbito universitario” y una concepción “estúpida” del orden público y de los principios de autoridad (I.R, 1984, p. D10).

Que luego de los hechos de Hoyo de la Puerta las miradas reprobatorias recayeran, dentro del Alma Mater, sobre Chirinos era cuestión de tiempo y de absoluta lógica, además lo acontecido lastimaba el prestigio de un gobierno adeco y un rector que simpatizaban con estos. Estas aseveraciones dificilmente podrían ir en un camino diferente al del apoyo y defensa de índole política.

Por una parte era de esperarse que Valarino y Linares hicieran defensa dentro del seno del CU de la actuación del rector, pero la omisión de la que hablamos pudiese tener la lectura siguiente. La Ley de Universidades (1970), en su artículo 12, expresa que el rector tiene la potestad de tomar medidas necesarias que procuren el orden y la disciplina dentro de la universidad solo en casos de emergencia, y que luego debe rendir cuentas al CU.

El secuestro de los autobuses no puede ser calificado como hecho de emergencia, entre otras razones, porque no era la primera vez que sucedía, era práctica habitual solapada por estudiantes y autoridades. Ofrecer una postura en torno a la decisión de Chirinos implicaba entonces reconocer que el rector había violado la dichosa ley, además de aceptar y censurar el que este no hubiese consultado la decisión con el CU. La tela de juicio puesta sobre el mismo hubiese sido aún más difícil de llevar, e indirectamente el máximo ente de la UCV sufriría tal vez críticas a su proceder.

La Junta Directiva de la Asociación de Profesores Universitarios de la UCV emitiría un comunicado bastante contundente, en el que fijan posición similar a la que sería adoptada por los principales rectores del país (Ortega, 1985). En el que manifiestan que:

El Rector, al delegar sus funciones en entes externos a la institución, sin agotar todos los recursos internos y sin prever el carácter represivo de los órganos de seguridad del estado, provocó los trágico sucesos ocurridos en Tazón, generándose así una crisis institucional caracterizada por la pérdida de la confianza en el Rector al haber deformado y hecho mal uso del principio de autoridad. (“Comunicado Junta Directiva de la Asociación de Profesores Universitarios de la UCV”, 1984, C3)

Véase que aunque responsabilizan a Chirinos de los hechos no plantean su renuncia y además convocan al Claustro a discutir la situación; es cierto que su dimisión era innecesaria, para nada solucionaría la situación, aunque si la aplacaría al reconocer su error. Los continuos reclamos de en torno a su salida del rectorado, vendrían especialmente de la FCU y estudiantes, como quizás era de esperarse y desde el mismo día de los hechos (Federación de Centros de estudiantes, 1984).

La reacción de las masas estudiantiles no solo de la UCV sino del resto país, iniciarían el mismo día 19 de septiembre y se prolongarían por los días posteriores, a la par de las reuniones que se van a producir entre miembros de la FCU y el Presidente de la República, los ministros del interior y de defensa, entre otros, con el fin de ofrecer la imagen de un gobierno y entes de seguridad que aparte de repartir plomo eran capaces de dialogar.

Posteriormente, en la Plaza las Tres Gracias se registraron actos violentos de encapuchados que incluso efectuaron intercambios de disparos con los órganos de seguridad, uno de ellos resultó muerto (Pérez, 1984), y por consiguiente efectivos de la Guardia Nacional y de la Disip ocuparon ciertos espacios de la universidad. Estos actos si constituyeron actos de agresión, y los órganos de seguridad más tarde aclaran que no fueron ejecutados por estudiantes de la UCV.

A partir del día siguiente, comienzan a registrarse manifestaciones de protesta en las principales ciudades del país. En Mérida y Valencia estudiantes de la Universidad de los Andes (ULA) y de Carabobo emprenden disturbios con saldos de daños en bienes y heridos. Acciones pacíficas las realizan en Maracay, San Cristóbal y Maturín estudiantes de la UCV, de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) y de la Universidad de Oriente (UDO), los primeros alternaran su protesta con el traslado a la sede principal en Caracas y el envío de sus representantes a la fiscalía. Posteriormente se les unirían otros estudiantes como los de la Universidad del Zulia (LUZ) y representantes de la FCU emprenden reuniones y convocatorias a un paro nacional.

Mientras tanto, en la UCV el rector Chirinos formalizaría su renuncia temporal al Consejo Universitario la cual le sería finalmente aceptada, estando fuera del cargo por espacio de un mes (Rada y Contreras, 2010). Resulta inevitable realizar comparaciones, el CU acepta el aislamiento autoimpuesto de Chirinos, así como el gobierno habría prácticamente ocultado a Cesáreo Espinal en los días posteriores al incidente de Hoyo de la Puerta.

Ambas constituyen acciones, que cual cortinas de humo, constituían indudablemente estrategias que evitaban enfrentamientos, permitían ganar tiempo y servían de espera a que las cosas se calmasen y se concluyesen las averiguaciones de los entes gubernamentales que atribuirían las responsabilidades definitivas.

8. El veredicto final: Una verdad a medias

Finalmente el 26 de septiembre la Subcomisión Delegada presentó un informe (Congreso de la República, s.f) en el que se deplora la actitud de los estudiantes y su desinterés para negociar, y se les hace un llamado a cumplir la ley, por otro lado se califica de negligentes a los rectores de la Facultades de Agronomía y Veterinaria dado que las medidas que tomaron resultaron insuficientes. Menciona que el rector Chirinos pretendía evitar un enfrentamiento entre autoridades y estudiantes y que la Guardia Nacional demostró disposición de diálogo.

Diputados como Anselmo Natale (MAS), Paciano Padrón (COPEI) y Adelso González del Movimiento Electoral del Pueblo (MEP), en acaloradas intervenciones y con inminente carga partidista, solicitaron fuese también censurada la actuación del Ministerio de Relaciones Interiores, de la fuerza pública y la de los grupos de ultraizquierda que pretendieron aprovecharse de la situación en la noches posteriores al hecho. Se reprochó enérgicamente la omisión de interpelar al Viceministro de Asuntos Interiores Cesáreo Espinal quien era pieza clave y se propuso que el congreso permitiera darle mayor amplitud temporal a las averiguaciones.

Las solicitudes fueron básicamente ignoradas, a excepción de la referente a la actuación de los revoltosos de izquierda, alegando que en una de las recomendaciones del informe se solicita a los entes pertinentes determinar las responsabilidades del caso. Es decir, con esa formalidad trascrita no se fijaba posición en torno a la actuación desmedida de los órganos de seguridad del Estado.

El Congreso Nacional para el momento tenía una superioridad de diputados de AD (partido que había llevado a Lusinchi a la presidencia). Aún dentro de la Comisión Subdelegada existían tres integrantes del buró político adeco, quienes evidentemente no consideraron realizar crítica alguna o censura a las actuaciones y pronunciamientos del gobierno y sus respectivos entes.

Si bien son innegables las responsabilidades que estudiantes y decanos de Maracay tenían al respecto, al eximir al rector y a las FAN se aplaude la conducta del Chirinos y la de una fuerza pública que actuó precipitadamente, sin control y en forma desmedida, convirtiendo en responsables quienes habían sido las primeras víctimas. Por otro lado, una pieza clave en cuanto a la atribución de responsabilidades se refiere, no fue interpelada, haciendo del informe un texto verdaderamente incompleto, injusto y parcializado. Empero lo anterior, fue aprobado por mayoría simple, a pesar que COPEI y el MAS expresaron su negativa ante el mismo.

El manejo de los medios por voceros oficiales y el de la información por los entes comunicacionales impresos indiscutiblemente promulgaron una visión del hecho. El diario Últimas Noticias se afanó por mostrar los sucesos como una masacre (que no hacía más que aumentar el escándalo y desinformación), la cual no puede ser calificada como tal, puesto que tal término, según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española (2013) a una matanza que carece de fundamento por la usencia de fallecidos. Este diario es el responsable que en la actual web, los sucesos de Hoyo de la Puerta sean conocidos por el término de “masacre”, por una reiteración errada del término que los demás medios impresos se negaron a copiar.

Los sucesos de Hoyo de la Puerta de 1984 constituyen el otro cariz de una sociedad que se precisa de democrática. En la que las concepciones de autoridad y sus límites se difuminan con intereses propios y el uso excesivo de la fuerza por parte de los órganos de seguridad del Estado aun no perdía vigencia. Donde es cuestionable el respeto a los derechos humanos, y las versiones oficiales y el manejo de la información por estos y los medios de comunicación impresos no son para nada letra muerta, pues perfectamente son capaces tanto de proyectar luces como sombras.

Aunque con tropiezos, una crisis económica que les juega en contra, un apodo característico, y la desazón de un gobierno que los responsabiliza de los Hechos de Hoyo de la Puerta aun cuando fueron sus principales víctimas, el movimiento estudiantil venezolano se hizo presente en su realidad nacional inmediata.

Conclusiones

El contexto socioeconómico y político nacional de 1984 necesariamente constituye el fundamento de las acciones de los universitarios del núcleo de la UCV de Maracay. La crisis derivada del Viernes Negro y el problema de la deuda, en conjunto al conglomerado de medidas económicas aplicadas por los gobiernos de Luís Herrera Campins y Jaime Lusinchi, tuvieron una afectación directa en los diferentes entes a su cargo y por demás en los sectores sociales.

Los recortes presupuestarios realizados a las universidades y las directrices administrativas similares adoptadas por estos para con sus estudiantes, atentaban contra su posibilidad de permanencia de estudios. Y esto constituía solo una muestra del penoso y franco deterioro institucional que venía enfrentado, el sistema educativo de educación superior, desde las últimas décadas.

Los hechos que han sido descritos son un hito en la Venezuela democrática en la que los principios básicos de derechos humanos se difuminan ante los intereses de políticos y partidos que se suponen deberían defender las garantías constitucionales. Un hecho en el cual un grupo de estudiantes desarmados, si bien torpes e impulsivos, son literalmente barridos de la vía pública a punta de metralla en un intento de manifestación pacífica por órganos de seguridad del Estado que poseen armas de guerra y no equipos antimotines como suelen responder antes las acciones estudiantiles, merecen no menos que un rotundo repudio.

Tomando en cuenta que desde el mismo seno del congreso se eludió toda responsabilidad que pudiera recaer dentro del Ministerio de Relaciones Interiores o el rector Chirinos, y a juzgar por el manejo político y mediático de los hechos pareciera que los hechos de Hoyo de la Puerta constituían una advertencia. Ante la situación de crisis y el delicado panorama político, el gobierno y el rectorado de la principal universidad del país, no iban a permitir ningún acto que pusiera en tela de juicio sus labores, antes serian catalogados como en efecto se pretendió, de subversivos y censurados aun antes de manifestar su descontento.

Los sucesos de Hoyo de la Puerta son sólo un ángulo, que tomado como ejemplo, permite comprender (en parte) el por qué de la disminución progresiva de la participación política de los universitarios en el devenir histórico de finales del siglo XX y el agotamiento de un modelo político, una forma de hacer democracia, en el cual las universidades, sus estudiantes y por supuesto que la sociedad en pleno, tratan de sobrevivir con los medios a su alcance y con una áspera crisis económica a cuestas.

Sean cuales fueran las condiciones universitarias a las cuales los estudiantes se hallan inmersos, en harto complicadas en el caso de estudio que se viene presentando, los elementos que pudiesen favorecer el pleno goce de la educación superior trascienden inevitablemente los linderos físicos del alma mater. Indiscutiblemente es el Estado quien debe ser el primer garante del derecho a la educación, crear las condiciones propicias para tal e impulsar los procesos de perfeccionamiento y actualización de sus sistemas. La realidad socioeconómica y política tiene una afectación directa en los jóvenes que en el mañana tomaran las riendas del país.

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