Las cooperativas: organizaciones de la economía social e instrumentos de participación ciudadana

Fernández S., María Eugenia*

* Politólogo, Abogado. Magíster en Derecho Laboral y Administración del Trabajo, LUZ. Profesora de Derecho de la Seguridad Social, adscrita al Centro de Investigaciones y Estudios Laborales y Disciplinas Afines (CIELDA) de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad del Zulia. E-mail: mefernandez5@cantv.net, mfernand92@latinmail.com

Resumen

En el presente trabajo se hace una aproximación a la definición de economía social y a una de sus organizaciones, las cooperativas, relacionándolas con la participación, pues este no es sólo uno de los principios que orientan al cooperativismo, sino una condición de existencia a la economía social misma. Se trata de una investigación descriptiva y documental en la que se realizan precisiones sobre el movimiento cooperativo y las cooperativas, las que fundadas en un conjunto de valores y principios, constituyen un binomio muy particular, el de asociación y empresa, rasgos definitorios de la especificidad cooperativa. Asimismo, se estudia brevemente como ha sido la evolución del movimiento cooperativo y el impulso al mismo como política pública en Venezuela, para concluir que el sólo empuje proporcionando por el Estado no es suficiente, que las cooperativas deben nacer del deseo e interés colectivo de resolver problemas comunes, pues en caso contrario, se trata de organizaciones la mayoría de las veces oportunistas y en lo absoluto participativas ni democráticas, que sucumben rápidamente una vez que se reduce o desaparece el apoyo estatal, y lo más importante, que sólo puede haber participación a partir de la formación y capacitación de sus integrantes.

Palabras clave: Economía social, cooperativas, participación ciudadana.

Cooperatives: Social Economic Organizations and Instruments for Citizen Participation

Abstract

This paper offers an approximation towards the definition of social economy and one of its organizations, cooperatives, relating this to participation, since this is not only one of the principles that motivates cooperatives, but the very condition for the social economic existence of the same. This is descriptive and documentary research in which precisions are made as to cooperative movements and cooperatives, which are founded on a set of values and principles which constitute a very special duality, that of association and enterprise, which are definitive characteristics of cooperative specificity. In the same manner, we briefly study the evolution of the cooperative movement and its promotion as a public policy in Venezuela, in order to conclude that the efforts undertaken by the State are not enough, and that cooperatives must be born out of collective desire and interest in the resolution of common problems, and that if this does not occur, they become opportunist organizations the majority of the time and neither participative nor democratic, They quickly die, are reduced and/or government support disappears, and more important still, there can only be participation based on the formation and training of the participants.

Recibido: 05-02-28   Aceptado: 06-03-15

1. Economía social y cooperativismo

El concepto de Economía Social estuvo presente en la economía de países europeos desde la década de los ochenta del siglo XX (1), difundiéndose de manera más intensa durante los años noventa, y como apunta Bastidas-Delgado (2004b: 12), frecuentemente ha sido utilizado de manera confusa para referirse a ciertos procesos económicos u organizacionales que, justificados en lo social, buscan solucionar problemas socioeconómicos relacionados con los sectores populares, confundiéndose según los contextos con otros conceptos como economía popular, tercer sector, tercera vía, economía alternativa, economía indígena, economía marginal, economía de solidaridad, y economía solidaria o reduciendo su mundo sólo a las cooperativas.

De acuerdo con Defourny (citado por López, 2001: 4), se debe reconocer en primer lugar la ambigüedad terminológica de la noción Economía Social, pues la combinación de dos términos tan amplios permite a cada uno elaborar una concepción o definición propia de economía social, insistiendo más o menos en el aspecto económico o en el aspecto social: “En el límite, todo lo que en la economía, tiene un alcance social, o inversamente, podría ser calificado de economía social. Sin embargo, desde hace más de diez años, es un concepto más específico, el que se impone a escala internacional. Aunque las denominaciones o definiciones pueden variar de un país a otro, la idea de existencia de un tercer sector junto con el sector privado con fines de lucro y el sector público, aparece y reaparece en todas partes de Europa y América del Norte. Ciertamente, este tercer sector de la economía social no está separado de los otros por fronteras perfectamente definidas e impermeables, pero su dinámica propia es suficientemente original para no ser confundida con las otras dos” (López, 2001: 4).

Asimismo, la Comisión Científica del CIRIEC-España (citado por López y Ochoa, 2002: 424), define a la Economía Social, como la “integrada por empresas privadas que actúan en el mercado produciendo bienes y servicios, asegurando o financiando y cuya distribución del beneficio y toma de decisiones no están directamente ligadas con el capital aportado por cada socio. El peso y la toma de decisiones es igual para todos los socios y nunca en función del capital aportado por cada uno de ellos”.

De igual forma, en el I Congreso de la Economía Social celebrado en Madrid en 1992, en su Manifiesto-Programa definió a la Economía Social como “toda actividad económica, basada en la asociación de personas en entidades de tipo democrático y participativo, con la primacía de las aportaciones personales y de trabajo sobre el capital. Los modelos de sociedades que configuran este sector son: a) Las cooperativas y sociedades laborales; b) las mutualidades y mutuas; c) las asociaciones y fundaciones y otras entidades que respeten los principios de la Economía Social”.

Las características que diferencian a las organizaciones de la Economía Social frente a las empresas de capital, han sido puntualizadas por el Comité Consultivo de la Comisión Europea de las Cooperativas, de las Mutualidades, Asociaciones y Fundaciones (CMAF), ellas son: primacía del hombre y del objeto social sobre el capital, a excepción de las fundaciones, todas son empresas de personas; b) adhesión voluntaria y abierta y control democrático de sus miembros desde la base; c) conjunción de intereses de los miembros usuarios y del interés general; d) defensa y aplicación del principio de solidaridad y de responsabilidad; e) autonomía de gestión e independencia de los poderes públicos; f) aplicación de los excedentes al objeto social mediante su reinversión o distribución según los deseos de sus miembros para la creación de empleo, de actividades, de nuevas empresas, retornos sobre los capitales invertidos, servicios a los miembros, actividades socio-culturales, etc.

Un factor importante en la constitución de la Economía Social es el reconocimiento de un conjunto de organizaciones como pertenecientes a una misma categoría. Es un reconocimiento que tiene tres dimensiones: uno mutuo de las organizaciones, que consideran tener una identidad común entre ellas, uno político, por los poderes públicos, y uno por el medio científico.

En todo caso, y aunque se está lejos de lograr un concepto universal de Economía Social pues hasta ahora no se ha formulado una definición precisa de la misma, lo importante, y en ello si existe uniformidad, es en la inclusión en las distintas definiciones que existen, de las cooperativas, mutuales y asociaciones, como organizaciones propias de ella.

De acuerdo a Celis Minguet (2003: 15), el Cooperativismo es “un movimiento socioeconómico de carácter mundial constituido por asociaciones económicas cooperativistas en las que todos los miembros son beneficiarios de su actividad según el trabajo que aportan a la cooperativa”. El cooperativismo promueve la libre asociación de individuos y familias con intereses comunes, para construir una empresa en la que todos tienen igualdad de derechos y en las que el beneficio obtenido se reparte entre sus asociados según el trabajo que aporta cada uno de los miembros.

En cuanto a las Cooperativas, la Alianza Cooperativa Internacional (ACI) en 1995, las definió como “una asociación autónoma de personas que se han unido voluntariamente para hacer frente a sus necesidades y aspiraciones económicas, sociales y culturales comunes, por medio de una empresa de propiedad conjunta y democráticamente controlada” (http://www.mundocoop.com.ar/cooperativismo, 05.03.2004).

En opinión de Bastidas-Delgado (2004a:8), esta definición contiene dos elementos inescindibles que en conjunto configuran la cooperativa, pues ésta es al mismo tiempo una asociación autónoma de personas y una empresa de propiedad conjunta y gestión democrática, siendo su primera responsabilidad, satisfacer las necesidades de quienes la constituyen.

En este sentido, Celis Minguet (2003: 20), considera que son empresas de “… carácter económico social de consumidores o productores que unen su esfuerzo intencionadamente para su mutuo beneficio”. Se dice que son empresas o asociaciones económico-sociales porque ciertamente, persiguen un fin esencialmente económico y social, generando beneficios de manera directa o indirecta según su funcionamiento, y de acuerdo a las decisiones democráticas que tomen sus miembros en la asamblea.

La cooperativa es una empresa de producción, obtención, consumo o crédito, de participación libre y democrática, conformada por personas que persiguen un objetivo común, económico y social, pero que a diferencia de lo que ocurre en otras empresas, la participación de cada socio en el beneficio es determinado por el trabajo incorporado al objetivo común y no por la cantidad de dinero que haya aportado (Celis Minguet, 2003: 22).

El Decreto con Rango y Fuerza de Ley Especial de Asociaciones Cooperativas (LEAC) de 2001, en su Artículo 2, recoge los aspectos centrales de la definición de la ACI, disponiendo que las cooperativas son “… asociaciones abiertas y flexibles, de hecho y derecho cooperativo, de la Economía Social y Participativa, autónomas, de personas que se unen mediante un proceso y acuerdo voluntario, para hacer frente a sus necesidades y aspiraciones económicas, sociales y culturales comunes, para generar bienestar integral, colectivo y personal, por medio de procesos y empresas de propiedad colectiva, gestionadas y controladas democráticamente”.

Las cooperativas se clasifican según la actividad para la que fueron creadas, así pueden encontrarse, los siguientes tipos:

1. Cooperativas de Producción de Bienes y Servicios: generalmente se las conoce como cooperativas de producción y consisten en la agrupación de personas que realizan un mismo oficio o actividad económica, o que sencillamente persiguen un mismo fin, quienes con medios propios producen ciertos artículos o prestan algún servicio de manera directa, distribuyéndose entre ellos las ganancias.

]]> Aquí pueden ubicarse las cooperativas de producción industrial o artesanal, las de producción agropecuaria, pesquera, minera, las de transporte colectivo o de carga, las que realizan actividades de mantenimiento, reparaciones, etc. (Celis Minguet, 2003: 23).

2. Cooperativas de Consumo de Bienes y Servicios: Como su nombre lo indica son las que tienen por objeto la obtención de bienes y servicios y pueden desarrollar sus objetivos bien sea aprovechando los descuentos por compras al mayor, vendiendo los productos a sus miembros a los costos de adquisición, aumentados sólo en una pequeña proporción para cubrir los gastos generales de operación, teniendo el cooperador el beneficio de adquirir sus productos a más bajo precio; o bien, vender los productos a los precios corrientes en el mercado, distribuyendo las ganancias entre los socios, de acuerdo a la proporción de compras que haya realizado cada uno (Celis Minguet, 2003: 26).

Pueden desarrollarse cooperativas de consumo en distintas áreas, entre ellas, alimentaria, farmacéutica, de vestidos, muebles, de vivienda, etc., en todo caso, su finalidad es anteponer el interés del consumidor al del comerciante y el intermediario.

Aquí también pueden ubicarse las cooperativas de Ahorro y Crédito, que se conforman con un grupo de personas que pueden pertenecer a una misma comunidad, empresa, etc., que se organizan para ahorrar periódicamente, creándose así un crédito mutuo, al cual tienen la posibilidad de acceder para solicitar préstamos sobre sus ahorros, en ella se cobran intereses bajos y se eliminan los altos costos de la usura en los créditos otorgados por los bancos comerciales (Celis Minguet, 2003: 28).

3. Valores y principios que orientan al cooperativismo

De acuerdo con Celis Minguet (2003: 17), los valores que orientan al Cooperativismo son los siguientes:

1. Ayuda Mutua: “El grupo que asume una cooperativa mantiene una interrelación de apoyo, de trabajo individual en función de la meta común”.

2. Responsabilidad: Todas las personas que conforman un grupo cooperativo, deben cumplir el trabajo que les corresponde, de manera que los logros de “equipo” no se detengan o se pospongan por el incumplimiento de alguna tarea.

3. Democracia Participativa: en la toma de decisiones participan todos los miembros o asociados, de allí que la Asamblea sea la máxima autoridad dentro de toda cooperativa.

]]> 4. Igualdad: “Todos los miembros de un grupo cooperativo tienen los mismos deberes y derechos y la asignación de cargos directivos tiene un fin meramente operativo, por lo que no deben existir diferencias entre los miembros ni privilegios para algunos de ellos”.

5. Equidad: en las cooperativas debe prevalecer la justicia y la equidad, entendida como dar a cada quien lo que le corresponde, comprendiendo además, que el reconocimiento del trabajo aportado por cada asociado, es la base del buen funcionamiento de una empresa cooperativa.

6. Solidaridad: Consiste en el apoyo que deben proporcionarse entre sí los miembros de la cooperativa, así como el que deben dispensar a la colectividad en general.

En cuanto a los principios doctrinarios del movimiento cooperativo, estos han venido caracterizándolo desde 1844 cuando se fundó la Cooperativa de Rochdale, y con algunas modificaciones han sido incorporados en la mayoría de las legislaciones. La más reciente reforma de estos principios fue realizada en 1995, cuando fueron reducidos a siete por la ACI, que integra a casi todas las cooperativas del mundo (http://www.alianzaaci.or.cr, 05.03.2004). Estos principios se encuentran contenidos en el Artículo 4 del Decreto con Rango y Fuerza de Ley Especial de Asociaciones Cooperativas (LEAC), y son los siguientes:

1. Asociación Abierta y Voluntaria: La incorporación o adhesión a una cooperativa es del libre arbitrio de una persona, de forma tal que nadie puede ser obligado a asociarse a una cooperativa y además, toda persona con capacidad legal, aún los menores de edad con autorización de sus representantes, pueden asociarse en cooperativas (Artículo 18, numeral 4 LEAC).

2. Gestión Democrática de los Asociados: Se relaciona con el valor de la democracia participativa al que antes se hizo referencia y supone la igualdad de todos los participantes en la cooperativa de manera que cada uno sin importar cuan grande o pequeño sea su aporte a la organización, representa un voto en la Asamblea, que como se dijo es la máxima autoridad de la cooperativa. “Predomina el hombre sobre el capital. Las cooperativas son organizaciones gestionadas democráticamente por sus asociados, quienes participan activamente en la fijación de sus políticas y en la toma de decisiones” (Esteller, 2002: 10). Cada hombre representa un voto, no obstante, en las cooperativas de dos o más grados puede variar esta característica, de acuerdo al estatuto o reglamento de las mismas.

3. Participación Económica de los Asociados: Los asociados contribuyen equitativamente al capital de sus cooperativas y lo gestionan de forma democrática. Realizan sus actividades económicas mediante el esfuerzo propio y la ayuda mutua, en provecho de ellos mismos y de la comunidad, con lo que contribuyen a su vez a crear disciplina, mejorar el trabajo y estimular a los asociados, reforzando el sentimiento de solidaridad.
En todo caso, las consecuencias positivas de sus labores no sólo benefician a sus asociados sino también a los no asociados que conviven en la misma comunidad donde operan las cooperativas.

4. Autonomía e Independencia: “Las cooperativas son organizaciones autónomas de auto ayuda, gestionadas por sus socios. Si firman acuerdos con otras organizaciones, incluidos los gobiernos, o si consiguen capital de fuentes externas, lo hacen en términos que aseguren el control democrático por parte de sus socios y mantengan su autonomía cooperativa” (Esteller, 2002: 11).

]]> 5. Educación, Entrenamiento e Información: Las cooperativas proporcionan educación y formación a los socios, a los representantes elegidos, a los directivos y a los empleados para que puedan contribuir de forma eficaz al desarrollo de sus organizaciones. “Informan al gran público, especialmente a los jóvenes y a los líderes de opinión, de la naturaleza y beneficios de la cooperativa. Esta educación comprende tanto la doctrina, la legislación y la jurisprudencia cooperativas, como los conocimientos técnicos requeridos, según el área de actividades de la asociación” (Esteller, 2002: 11-12).

6. Cooperación entre Cooperativas o Intercooperación: Para prestar un mejor servicio a sus asociados y a la comunidad, las cooperativas deben trabajar conjuntamente mediante estructuras locales, regionales, nacionales e internacionales, también mediante convenios entre esos diversos niveles.

7. Compromiso con la Comunidad: De acuerdo con este principio, las cooperativas deben trabajar por conseguir el desarrollo armónico y el bienestar de las comunidades donde operan.

Además, conforme al Artículo 4 de la LEAC, “las cooperativas se guían también por los principios y criterios de las experiencias y los procesos comunitarios solidarios que son parte de nuestra cultura y recogen la tradición solidaria ancestral que ha conformado nuestro pueblo”.

4. Breve reseña histórica del movimiento cooperativo venezolano

Generalmente se considera a la década de los setenta como el inicio del movimiento cooperativo en Venezuela, no obstante, existen datos que confirman que dicho movimiento se inició con antelación, aunque se trata de una etapa poco conocida. En efecto, durante el gobierno de Juan Vicente Gómez se promulgaron en 1910 y luego en 1917 las primeras leyes de Cooperativas de Venezuela, aunque la influencia de las mismas era insignificante (Díaz, 1991: 33). Tras la muerte de Gómez, en el período de gobierno de López Contreras, comenzó el proceso de modernización del país, así como cierta actividad de promoción cooperativa por parte del Estado, encontrándose cooperativas de diversos tipos; sin embargo, no será sino durante el gobierno de Medina Angarita cuando se inicie la gran expansión de las cooperativas, con la creación de cooperativas de producción, agrícolas, de consumo, ahorro y crédito, vivienda y pesca, al punto que para diciembre de 1941, existían 347 cooperativas en todo el territorio nacional (Martínez Terrero, 2002: 108).

En ese mismo año, un grupo de intelectuales vinculado a la Sociedad Bolivariana de Venezuela fundó el Centro de Estudios Cooperativos con el objeto de impulsar el desarrollo del cooperativismo mediante charlas, publicaciones y jornadas. El Centro reunía a destacados profesionales de la economía y otras carreras, estableció sucursales en distintas ciudades del país y llegó a publicar una revista trimestral durante dos años; sin embargo, su actividad se redujo a la especulación teórica sin lograr ejercer el impulso que necesitaba el movimiento cooperativo nacional, cesando ésta en 1946. En todo caso, y a pesar de la Ley de Cooperativas que se dictó en 1942, “el entusiasmo de la década de 1940-1950 no continuó y así la actividad cooperativa quedó reducida prácticamente a la nulidad hasta finales de la década 1950-1960” (Martínez Terrero, 2002: 108).

Luego de la caída de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, a comienzo de los años sesenta, se asiste al resurgimiento del cooperativismo venezolano, mediante la puesta en práctica de una política de promoción de cooperativas “… con el propósito principal de ofrecer una alternativa de contención ideológica contra las críticas izquierdistas y socialistas, ante el incumplimiento de las promesas y expectativas generadas por la democracia parlamentaria tras el derrocamiento de la dictadura de Pérez Jiménez. Ello coincidió con la propuesta política lanzada desde los Estados Unidos, a través de la Alianza para el Progreso, por la cual se pretendía, entre otras cosas, contrarrestar la influencia de la Revolución Cubana en América Latina” (Díaz, 1991: 34).

En este relanzamiento del cooperativismo en el país, cumplieron un importante papel, personalidades pertenecientes al clero católico, y que habían sido formadas en la filosofía del Instituto Coady de Antigonish. Además, numerosos organismos desarrollaron actividades de promoción de las cooperativas en esa época, entre ellos, varios ministerios, FUNDACOMUN, la Fundación de Capacitación e Innovación para el Desarrollo Rural (CIARA), el Centro Gumilla de los Jesuitas, el Instituto de Vivienda Cooperativa de Caritas (INVICA), varias universidades nacionales, así como federaciones cooperativas, en particular las de transporte y ahorro y crédito. Además, como consecuencia de la Reforma Agraria de 1961, el Estado promovió la organización de cooperativas cuando las tierras expropiadas se organizaron como explotaciones colectivas, lo que sólo ocurrió en pocos casos (Martínez Terrero, 2002: 109).

En 1966, se dicta una nueva Ley de Cooperativas y se crea la Superintendencia Nacional de Cooperativas (SUNACOOP), además de constituirse federaciones de cooperativas, pero con la declinación de la lucha armada, disminuye la promoción cooperativa oficial como instrumento de contención social, y comienzan a intervenir organizaciones cooperativas internacionales en la promoción y asistencia de las cooperativas del país, destacándose entre ellas la Credit Union National Association (CUNA) de los Estados Unidos y el Movimiento Antigonish de Canadá (Díaz, 1991: 34).

En la década de 1970-1980, se dicta la Ley de Cooperativas de 1975, vigente hasta el año 2001, crece cualitativamente la asistencia financiera (aunque aún modesta) del Estado y se realizan importantes esfuerzos tendientes a coordinar programas del Instituto Agrario Nacional (IAN), y del Ministerio de Agricultura y Cría (MAC), entre otros, con vistas a incrementar el número de cooperativas de productores agrícolas del país. También se desarrollaron programas especiales de la Superintendencia Nacional de Cooperativas para la organización en cooperativas de productores de plátano del Sur del Lago de Maracaibo, de pescadores y de productores de papa, en colaboración con el IAN y el MAC (Martínez Terrero, 2002: 110-111).

Para los años setenta las cooperativas que predominan en el país son las de ahorro y crédito que alcanzan para esta fecha 118. También se desarrolló un sector de cooperativas de vivienda con 23 existentes para 1970 y 1.284 viviendas construidas, según cifras de la Superintendencia Nacional de Cooperativas (Martínez Terrero, 2002: 112).

En la década de 1980-1990, se mantiene la misma tendencia, auspiciándose la organización de cooperativas durante el gobierno de Herrera Campins y de Jaime Lusinchi, especialmente en éste último, pues dentro del Pacto para la Democracia Social, estaban planteadas un conjunto de políticas que en combinación “… con la ejecución de programas concretos, facilitarían la consolidación de un tercer sector de la economía, el Sistema Económico de Cooperación” (Lusinchi, citado por Díaz, 1991: 34).

En general, tanto en los gobiernos socialdemócratas como en los socialcristianos, en este período de democracia parlamentaria, se estimuló o al menos no se cerró la promoción cooperativa, aunque durante la mayor parte del tiempo se le dio un trato marginal. No obstante, el auspicio y promoción de cooperativas que ha habido en muchos casos, responde más a los propósitos políticos del Estado, que a las expectativas sentidas de la población” (Díaz, 1991: 34-35).

Además, el bajo nivel educativo de los socios de muchas cooperativas, la escasez de promotores calificados y con sentido de servicio al pueblo, así como el excesivo énfasis en la dimensión social, descuidándose la dimensión económica constituyeron en el pasado y en la actualidad, amenazas para el desarrollo futuro de estas organizaciones.

5. El desarrollo cooperativo como política pública en Venezuela

Desde los años treinta se vienen conformando cooperativas en Venezuela, existiendo cierto impulso por parte del Estado durante los años cuarenta y luego en la década de 1950-1960. Ciertamente, en Venezuela a lo largo del período en el que tuvo vigencia el Pacto de Punto Fijo (1958-1998), existieron políticas nacionales de promoción a las cooperativas y al sector productivo de escasos recursos (pequeñas empresas familiares y artesanales), así como también, regulaciones y estímulos a las actividades de las organizaciones no gubernamentales, aunque de modo marginal. Con la reestructuración neoliberal de la economía iniciada en 1989, durante la segunda presidencia de Carlos Andrés Pérez, y gracias al incipiente proceso de descentralización, se observó la implementación de estas políticas públicas en los niveles subnacionales de gobierno, concretamente en las gobernaciones estadales, haciendo mayor énfasis en el apoyo a las microempresas (López y Ochoa, 2002: 424).

Posteriormente, a partir de 1999, desde que se inició el gobierno de Hugo Chávez, se ha observado un mayor interés y apoyo del Estado al desarrollo cooperativo en el país, cuyas raíces, se encuentran en la Constitución de 1999, pues en el Capítulo VII De los Derechos Económicos, el Artículo 118 dispone que: “se reconoce el derecho de los trabajadores y trabajadoras, así como de la comunidad para desarrollar asociaciones de carácter social y participativo, como las cooperativas, cajas de ahorro, mutuales y otras formas asociativas. Estas asociaciones podrán desarrollar cualquier tipo de actividad económica de conformidad con la ley. La ley reconocerá las especificidades de estas organizaciones, en especial, las relativas al acto cooperativo, al trabajo asociado y su carácter generador de beneficios colectivos. El Estado promoverá y protegerá estas asociaciones destinadas a mejorar la economía popular y alternativa”.

De igual forma, en el Título VI Del Sistema Socioeconómico, Capítulo I Del Régimen Socioeconómico y de la Función del Estado en la Economía, el Artículo 308 establece que: “El Estado protegerá y promoverá la pequeña y mediana industria, las cooperativas, las cajas de ahorro, así como también la empresa familiar, la microempresa y cualquier otra forma de asociación comunitaria para el trabajo, el ahorro y el consumo, bajo el régimen de propiedad colectiva, con el fin de fortalecer el desarrollo económico del país, sustentándolo en la iniciativa popular. Se asegura la capacitación, la asistencia técnica y el financiamiento oportuno”.

La primera tiene por objeto crear, estimular y desarrollar el Sistema Microfinanciero, entendiendo por ello, al conjunto de entes u organizaciones públicas o privadas que mediante el otorgamiento de servicios financieros y no financieros fomenten, promocionen o financien tanto a microempresarios como personas naturales autoempleadas o desempleadas. Con la entrada en vigencia de este instrumento legal fue creado el Fondo de Desarrollo Microfinanciero (FONDEMI), adscrito al Ministerio de Finanzas, cuyo principal objetivo es apoyar las políticas de fomento, desarrollo y fortalecimiento del Sistema Microfinanciero; y la segunda, contiene las normas generales de funcionamiento y organización de las cooperativas así como también, los mecanismos de relación, participación e integración de dichos entes en los procesos comunitarios, con los sectores público, privado y con la Economía Social y Participativa, constituida por las empresas de carácter asociativo que se gestionen de forma democrática. Asimismo, en ella se establecen las acciones del Estado en materia de control, promoción y protección de las cooperativas.

El apoyo a la Economía Social también se encuentra en las Líneas Generales del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2001-2007, de acuerdo con el cual, mediante el Equilibrio Económico se pretende desarrollar la economía productiva a través de la diversificación productiva, teniendo como sub objetivo “desarrollar la economía social”, siguiendo para ello como sub estrategia “la democratización del capital y la legitimación del mercado” (Panorama, 18.10.2001: 1-6 a 1-7).

Logrando el Equilibrio Social, se pretende alcanzar la justicia social, garantizar el disfrute de los derechos sociales de forma universal y equitativa, mejorar la distribución del ingreso y la riqueza, y fortalecer la participación social, generando poder ciudadano en espacios públicos de decisión. La estrategia principal para lograr estos objetivos no es otra que la incorporación progresiva (inclusión), considerándose como sub estrategias la disminución progresiva de las inequidades sociales, priorizando las necesidades sociales y profundizando la descentralización, el desarrollo de procesos de articulación entre la política social y económica para el impulso de acciones de economía social y la articulación del proceso de descentralización y participación en las políticas sociales (Panorama, 18.10. 2001: 1-6 a 1-7).

Además de estos objetivos, estrategias y sub estrategias, el Plan formula varios sub objetivos para este equilibrio, entre los cuales, destacan “fortalecer la economía social, incentivar el desarrollo de redes sociales y promover organizaciones de base” (Panorama, 18.10.2001: 1-7). Efectivamente, durante los últimos seis años el gobierno nacional ha insistido en el desarrollo de la economía social, a la que también ha denominado economía popular (2), siendo una de sus principales estrategias el apoyo a la conformación de cooperativas, con lo cual al mismo tiempo se estimularía la participación ciudadana y se reforzaría la democracia.

La creación de cooperativas o la organización del trabajo bajo esta modalidad se intensificó a partir del paro cívico de diciembre de 2002 y enero de 2003, durante el cual el gobierno nacional, planteó como salida a la crisis generada por la negativa a prestar servicios de diversas empresas contratistas de Petróleos de Venezuela Sociedad Anónima (PDVSA), en especial, las de transporte de combustible, la creación de “Cooperativas Populares” (3), que pudieran adelantar este trabajo, lo que de acuerdo con la SUNACOOP, “…representa un cambio en la relación de la principal empresa del país con las necesidades del pueblo y una forma de organización alternativa para el desarrollo integral humano en todos los ámbitos de sociedad” (http://www.sunacoop.gov. ve, 07.05.2004).

En todo caso, más allá de los instrumentos legales y planes dirigidos a facilitar y regular la creación y funcionamiento de las cooperativas y otras organizaciones de la Economía Social, es importante identificar las estrategias que suelen ser utilizadas por el Estado para la promoción de cooperativas, cada una de las cuales destaca un aspecto importante que constituye y contribuye a construir una condición necesaria, pero no suficiente, para lograr generar la existencia y reproducción del cooperativismo como sujeto social autónomo. En este sentido, Díaz (1991: 35-37), reconoce cuatro de estas estrategias, a saber:

1. La inyección y/o relativamente fácil disposición de dinero para los asociados: Consiste en otorgar préstamos a socios que individualmente no podrían obtenerlos. La participación del socio aquí obedece a razones puramente instrumentales de facilidad económica individual inmediata, pero al cesar la posibilidad de obtención de dinero cesa también la participación del socio.

2. La educación como clave de la organización: Esta estrategia ha sido impulsada fundamentalmente por el Centro Gumilla que desarrolla un método basado en el sistema de educación de adultos, el cual consta de siete pasos y distingue dos niveles de acción, la base y los directivos, prestando mayor atención a estos últimos. La acción de este método se fundamenta en considerar que “nosotros no somos pobres por falta de recursos, nosotros somos pobres porque no estamos capacitados para el trabajo, porque no sabemos utilizar nuestras manos (…), que no basta quitar a los demás lo que tienen y que tenemos que progresar, sobre todo, trabajando unidos, produciendo más …” (Echeverría, citado por Díaz, 1991: 35).

]]> 3. El trabajo conjunto con las organizaciones comunales: Esta estrategia ha sido difundida en el medio urbano y especialmente entre los pobladores de los llamados cinturones de miseria y entre los esfuerzos de promoción que la integran, pueden contarse los emprendidos desde grupos culturales en los barrios, juntas de vecinos, grupos cristianos de base, algunos organismos oficiales de asistencia a la comunidad, hasta activistas provenientes del mismo seno del movimiento cooperativo.

4. La intervención del Estado como condición de existencia: Esta estrategia supone la intervención del Estado para promover y/o facilitar las condiciones necesarias para la promoción, fundación y mantenimiento de las cooperativas como sujeto social, de ahí que dependan altamente de la acción de las políticas estadales específicas, tanto en asistencia, tecnificación, desarrollo organizacional, legitimación de su espacio social, facilitación educativa, financiamiento, como en la realización de su producción o actividad operacional particular. 

En este caso, no hay suficiente participación activa de los socios y se produce un reforzamiento del paternalismo estatal, que sustrae al ciudadano de la necesidad de intervenir para gestionar la búsqueda de soluciones a sus problemas, pero cuando el Estado por razones económicas, ideológicas y/o políticas disminuye su capacidad y/o disposición para atender las demandas de los sectores de la población con mayores carencias y urgencias, se ven afectadas las cooperativas así promovidas y la población que se encuentra en espera pasiva.

“En general, la participación del Estado resulta valiosa para facilitar la promoción cooperativa, pero no ha de suplantar la iniciativa de la población potencialmente participante del cooperativismo como medio de gestión para construir alternativas de superación de la situación” (Díaz, 1991: 37).

En Venezuela, tanto en el pasado como en la actualidad, han sido privilegiadas la primera y la cuarta estrategia, es decir, la inyección y/o relativamente fácil disposición de dinero para los asociados y la intervención del Estado como condición de existencia, pues producto de ciertas políticas se ha estimulado desde el Estado, desde el gobierno, la conformación de cooperativas, al tiempo que se proporciona el financiamiento, las orientaciones y en general, un conjunto de facilidades que permiten a los individuos organizarse, lo cual ciertamente no es negativo, por el contrario es sumamente positivo, toda vez que se pretende suministrar herramientas a los individuos para que desarrollen sus potencialidades y mejoren su calidad de vida.

El problema se presenta cuando termina el apoyo del Estado, bien porque surgen otras necesidades y se atiende a otros sectores o simplemente porque se produce un cambio de gobierno y no hay continuidad en las políticas que venían implementándose, es entonces cuando se pone a prueba la “calidad” de las cooperativas constituidas gracias a ese empuje desde arriba, puesto que si sus miembros no se encuentran compenetrados con los valores y principios del cooperativismo, si no se están consustanciados con estos y realmente creen en dicho movimiento, tales organizaciones seguramente desaparecerán, como de hecho ya ocurrió en el pasado, una vez que cesa el flujo de recursos provenientes del Estado. Es por esto que no existe certeza de que las más de 90.000 (4) cooperativas que se han constituido en el país durante los últimos 6 años, no corran la misma suerte de aquellas que nacieron en los años cuarenta y setenta, períodos en los que el movimiento cooperativo ganó un importante terreno en el país.

6. Cooperativismo y Participación

La participación puede ser definida de diferentes formas, pero para la mayoría de los autores, consiste en “influir” en los procesos de toma de decisiones que de alguna manera se vinculan con los intereses de los participantes. Se trata del involucramiento en determinadas actividades, que pueden abarcar desde la firma de una petición hasta votar en la elección de quienes habrán de ocupar determinados cargos.

En otras palabras, participar es “intervenir en la toma de decisiones tendentes a planificar, gestionar y controlar el uso de los recursos” (Barriga, citado por Sánchez, 2000: 34); o también, tomar parte en la decisiones de instituciones, programas y acciones que afectan los intereses de los individuos que participan.

La participación es una condición imprescindible para proporcionar legitimidad a los sistemas políticos y gobiernos, ya que por medio del compromiso del individuo en actividades colectivas, y su efecto en la construcción de redes de confianza recíproca, que no sólo tienen impacto en la comunidad en la que el sujeto reside, sino que pueden impactar en la sociedad como un todo, se fundan virtudes cívicas y por esta vía se posibilita, el fortalecimiento de la democracia.

La Constitución vigente en el Capítulo IV De los Derechos Políticos y el Referendo Popular, Artículo 70 consagra como “medios de participación y protagonismo del pueblo en ejercicio de su soberanía, en lo político: la elección de cargos públicos, el referendo, la consulta popular, la revocación del mandato, (…), entre otros; y en lo social y económico: las instancias de atención ciudadana, la autogestión, la cogestión, las cooperativas en todas sus formas incluyendo las de carácter financiero, las cajas de ahorro, la empresa comunitaria y demás formas asociativas guiadas por los valores de la mutua cooperación y la solidaridad…”

En este sentido, Martin-Fiorino (1999: 17), apunta que: “la casi totalidad de los regímenes políticos ensayados en América Latina han proclamado su vocación como promotores de la participación, incluso algunos de los más autoritarios. Sin embargo, más allá de la retórica, la situación actual de los regímenes democráticos latinoamericanos hace que estos encuentren cada vez más difícil, si no imposible conciliar la aplicación de políticas de drásticos ajustes económicos y de empobrecimiento con una práctica participativa de esa misma población llevada a límites inéditos de regresión económica, cultural y moral”.

De igual forma, Sánchez (2000: 30) sostiene que el contexto político, económico y social latinoamericano exige la transformación del Estado tradicional omnipotente, paternalista y sus relaciones con los ciudadanos, pasando a un nuevo modelo en el que se faciliten los espacios para la participación de los individuos en las decisiones públicas que afectan sus intereses, y de hecho, esa participación comienza a asumirla el discurso oficial “como estrategia para abordar los inmensos problemas sociales de la población, en un clima de restricciones económicas y deterioro severo de las condiciones sociales con lo cual hay que considerar el riesgo de que sea utilizada para contener la conflictividad social”.

Sin duda alguna, las cooperativas constituyen instrumentos de participación ciudadana, toda vez que en ellas se reúnen un grupo de personas que padecen los mismos problemas, o que tienen las mismas inquietudes o intereses, y que quieren de forma colectiva encontrar soluciones, aprovechando “las iniciativas de unos, las prudencias de otros y las opiniones de todos” (Da Ros, 2005: 65). Es imposible una cooperativa conformada por una sola persona, ni siquiera por dos, pues en ellas deben converger un conjunto de sujetos. Además, pueden constituirse cooperativas de segundo y tercer grado, capaces de influir organizadamente en la toma de decisiones por parte de los poderes públicos.

Ahora bien, para que exista participación es necesaria la capacitación, la formación de los miembros de la cooperativa, lo que permitirá que “asuman sus responsabilidades y puedan dar lugar a un ejercicio democrático del poder. Sin formación profunda y continua no hay avance y progreso en el proceso participativo, pues la carencia de formación comporta limitaciones a la hora de tomar decisiones y rechazo a ocupar cargos de responsabilidad en la organización” (Mozas, citado por Da Ros, 2005: 65).

La falta de formación suele conllevar a estilos de gerencia conservadores o poco dinámicos que impiden que la cooperativa sea competitiva en el mercado; asimismo, es a través de la formación y capacitación que este tipo de organizaciones tiene la posibilidad de formar líderes y reforzar el trabajo en equipo, incentivando las relaciones interpersonales, la autoestima y la identidad cooperativa (Da Ros, 2005: 66).

Precisamente, la falta de formación de los socios, la ausencia o no presencia de los principios o valores del cooperativismo en la asociaciones de este tipo que se han venido formando en los últimos años, y los métodos o estrategias del gobierno nacional para impulsar el cooperativismo, son las que hacen surgir dudas respecto a los cimientos que soportan a dichas organizaciones, pues muchas de ellas no han surgido por la iniciativa de sus miembros, sino que han sido el resultado de una especie de reclutamiento por oportunistas, que pretenden aprovechar la coyuntura y obtener apoyo básicamente financiero por parte del Estado, o bien simular relaciones de trabajo, para despojar a los trabajadores subordinados de los beneficios que legalmente les corresponden, y/o para encubrir actividades mercantiles generadoras de lucro, con el ánimo de evadir impuestos.

Por lo tanto, resulta imperioso analizar el proceso de conformación de las cooperativas que se han constituido recientemente, lo que escapa a los objetivos del presente trabajo, pues como apunta Díaz (1991: 38-39), en Venezuela al menos hasta comienzos de los años noventa fue posible observar dos orientaciones básicas en la promoción de cooperativas: la primera de ellas consistió en tratar de transferir obligaciones institucionales del Estado a la población para disminuir el gasto social, más no para hacer crecer la conciencia y participación en la toma de decisiones sobre sus asuntos, a las comunidades organizadas. Su propósito básico fue hacer disminuir la conflictividad social, hacer creer la ilusión de participación y legitimar la acción de gobierno regida por la lógica empresarial neoliberal; y la segunda, pretendió organizar la fuerza de los poderes creadores del pueblo para la solución de sus problemas, partiendo de la atención a sus necesidades más sentidas y elevando su conciencia, educación y disciplina, en esfuerzos autogestionarios.

Pareciera que la intención del gobierno nacional al promocionar la conformación de cooperativas atiende a la segunda orientación, procurando unir a consumidores y productores primarios para crear redes distintas de organización, relación, comunicación y distribución de bienes, servicios e información, y buscar la integración real de diferentes sujetos sociales que intentan construir una sociedad más justa, sin embargo, al tratar de ir al trasfondo de dichas políticas de promoción, la mayoría de las veces podría pensarse que las mismas apuntan a las prácticas clienteleras, populistas y demagógicas de siempre, o como sostiene Sánchez (2000: 30), funcionan como instrumento de contención de la conflictividad social.

Estos números sirven para colocar a Venezuela en el segundo lugar de los países con más cooperativas (5), ostentando dos récords, el del mayor número de cooperativas constituidas en seis años en el mundo, y el del mayor cementerio de cooperativas del orbe, pues muchas han muerto ya. “Se ha superado a los sandinistas, que constituyeron 3.500 cooperativas agropecuarias de las que hoy quedan menos de trescientas, y a los cubanos, que en casi 50 años de revolución no llegan a siete mil cooperativas” (Bastidas-Delgado, 2005).

7. A manera de Conclusión

La economía social supone la conformación de organizaciones, empresas o asociaciones en las que prevalece o tiene primacía el trabajo aportado por cada miembro más que el capital económico y donde cada uno es igual al otro, en lo que a toma de decisiones se refiere, siendo la participación, condición sine quanon para que la economía social pueda existir y marchar.

De ahí la importancia de estimular una verdadera participación, es decir, una que vaya más allá de la mera asistencia a los comicios electorales, se trata de la conformación de redes sociales que planteen alternativas y medidas concretas para la solución de problemas que afectan a la comunidad o para el logro de objetivos que interesan a la misma, convirtiéndose así en mecanismo para profundizar la democracia, garantizar la gobernabilidad de los sistemas políticos y la legitimidad de los gobiernos popularmente elegidos.

En el caso concreto de Venezuela, existen serias dudas respecto al éxito de las cooperativas y otras organizaciones de la economía social que se han venido conformando durante los últimos seis años, dudas que giran en torno a si existe participación en la toma de decisiones por quienes las conforman y en consecuencia, dudas respecto a cuan democráticas son realmente. Además, se teme que no sean capaces de cumplir sus objetivos en términos de los servicios que deben prestar o de las tareas que deben cumplir y lo que es más grave aún, se piensa que al reducirse o finalizar por cualquier razón el apoyo que les brinda el Estado, necesariamente van a desaparecer pues no están bien cimentadas en los valores y principios del cooperativismo, no son competitivas, carecen de mercado, y lo más grave, se trata de organizaciones “oportunistas” que están aprovechando la coyuntura. Asimismo, el que existan casi cien mil cooperativas en el país no es garantía de participación ciudadana dado su reducido número de afiliados.

Por lo tanto, será necesario observar el desenvolvimiento de las cooperativas y otras organizaciones de la economía social y esperar que transcurra cierto tiempo para comprobar tanto las opiniones expuestas por sus defensores, como por sus detractores, insistiendo además, en la importancia de recurrir a dos de las estrategias menos utilizadas en el país para promover cooperativas, como lo son la educación como clave de la organización y el trabajo conjunto con las asociaciones comunales, las que sin duda deben conducir a organizaciones más estables.

Notas

1. La economía social es un concepto heredado del Siglo XVIII luego de la emergencia y expansión del capitalismo. “En su origen se trataba esencialmente de un movimiento de resistencia a la puesta en marcha de una economía de comerciantes que intentaba establecer una división entre lo social y lo económico y de ofrecer una solución de recambio a la hegemonía del modelo de un individuo racionalista y egoísta, movido por sus estrictas necesidades. De un proyecto de sociedad, las comunidades de vida y de producción de Owen y Fourrier, el concepto de economía social evolucionará hacia una especialización sectorial: cooperativas, sindicatos, mutuales” (Girard, 2001, citado por Bastidas-Delgado 2004b).

2. Para estos fines fue creado en 2005 el Ministerio para la Economía Popular (MINEP).

4. De acuerdo con cifras oficiales de la SUNACOOP, desde 1998 hasta junio de 2005, se han registrado las siguientes cooperativas: hasta 1998, 877; en 1999, 33; en 2000, 94; en 2001, 1.154; en 2002, 2.280; en 2003, 17.939; en 2004, 36.765; y en 2005, 50.630, para un gran total de 94.098 Cooperativas. Asimismo, las cinco entidades que concentran mayor número de cooperativas son: 1. Distrito Capital (10.108); 2. Aragua (8.262); 3. Miranda (7.965); 4. Carabobo (7.215); y 5. Guárico (7.133) (http://www.sunacoop.gob.ve, 20.02.2006).

5. Primero se encontraba China, luego Estados Unidos, la India y finalmente Brasil, que tiene cinco millones de cooperativistas que aportan 6% al PIB (Bastidas-Delgado, 2005).

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